300.000 euros de sueldo no fue suficiente para los anteriores reyes
Los reyes eméritos han cobrado más de tres millones de euros en salarios públicos en la última década, pero su desorbitado tren de vida se cubría con aportaciones de empresarios y líderes de dictaduras, que ahora motivan investigaciones por blanqueo en los tribunales.
Los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, han disfrutado en la última década de sueldos públicos que superan los tres millones de euros. El cobro de estas cantidades –cuya cuantía la Casa Real solo empezó a hacer pública a partir de 2011, tras el estallido del caso Nóos, la causa de corrupción que llevó a la cárcel a Iñaki Urdagarín– responde al mandato constitucional que establece que «el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma». Este montante bruto, sujeto a retención del IRPF, está incluido por tanto en la asignación pública que recibe la Corona para su funcionamiento, que ronda los ocho millones de euros anuales.
En sus últimos años en el trono, Juan Carlos I cobró un sueldo oficial de alrededor de 300.000 euros anuales. Esta cantidad se redujo apenas un 30% tras su abdicación, cuando empezó a percibir alrededor de 200.000 euros anuales. El pasado marzo Felipe VI intentó aplacar el eco de las sospechas cada vez más fundadas de que su padre se benefició de comisiones millonarias de Arabia Saudí retirándole esa asignación. Tres meses después, la Casa Real reconoció que el dinero que Juan Carlos I tenía pendiente de cobrar durante ese ejercicio –161.034 euros– no se devolvió a Hacienda, sino que fue a engrosar el fondo de contingencia destinado a atender imprevistos de la propia Jefatura del Estado. El dinero no se movía de la Casa Real. Sí sigue cobrando un sueldo público la reina emérita. En 2020 tenía fijada una asignación de 111.854,88 euros.
Las asignaciones que ha recibido Juan Carlos I, dentro y fuera del trono, han estado muy por encima de lo que cobran otras altas autoridades del Estado. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Constitucional, el cargo público mejor pagado, recibirá el año que viene 157.576,58 euros, según el último proyecto de Presupuestos. Un sueldo que casi duplica al del presidente del Gobierno, que cobrará 85.608,72 euros en 2021. Pese a ello, estas remuneraciones no han sido suficientes para sufragar el desorbitado tren de vida de Juan Carlos de Borbón, tal y como ponen de manifiesto diferentes investigaciones periodísticas y judiciales.
elDiario.es ha revelado esta semana que la Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace más de un año gastos de Juan Carlos I y otros familiares –entre ellos, la reina Sofía y algunos de sus nietos– con tarjetas opacas que se nutrían de fondos no declarados a Hacienda. Se investiga un posible delito fiscal, lo que requiere un fraude superior a los 120.000 euros anuales defraudados, que es el límite a partir del cual se comete este delito. Los gastos bajo investigación corresponden a los años 2016, 2017 y 2018: después de que Juan Carlos I perdiera su inviolabilidad constitucional como jefe del Estado. Y lo que indaga el ministerio público es si en cada uno de esos ejercicios el rey y sus familiares gastaron más de 275.000 euros (no haber declarado esa cantidad implicaría haber defraudado 120.000 euros en impuestos) con cargo a cuentas que no estaban a su nombre.
También se han publicado informaciones, sin haber sido desmentidas, que apuntan a que Juan Carlos I retiró durante cuatro años hasta 100.000 euros mensuales de la cuenta que abrió en Suiza a nombre de la sociedad instrumental panameña Lucum Foundation para camuflar la donación de 65 millones que supuestamente había recibido de Arabia Saudí por las obras del AVE a la Meca. Según publicó El Confidencial, el monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real.
Esas ingentes retiradas de dinero se produjeron al menos entre 2008 y 2012, cuando el país estaba inmerso en una grave crisis económica y el monarca no escatimaba en llamamientos al comportamiento ético de dirigentes y ciudadanos en sus discursos públicos. Los extractos bancarios publicados certifican, por ejemplo, que en 2010 el ahora emérito sacó de esa cuenta de la banca privada Mirabaud 1,5 millones de euros. Ese año, durante su mensaje navideño afirmó lo siguiente: «Nada que valga la pena se consigue sin renuncias y sin entrega. Es preciso fomentar el ejercicio de grandes valores y virtudes como la voluntad de superación, el rigor, el sacrificio y la honradez. Valores y virtudes cuya ausencia no es ajena al origen de la crisis, y que son consustanciales a toda sociedad justa y equitativa».
Los testimonios publicados en medios de comunicación incluidos en la investigación que sigue desde 2018 el fiscal suizo Yves Bertossa ponen en entredicho los «valores» y «honradez» a los que hacía alusión en sus discursos. Arturo Fasana, el abogado al que confió la gestión de la citada cuenta suiza, confesó ante la Fiscalía de ese país que el rey le visitó en su casa de Ginebra el 7 de abril de 2010 para que ingresara en esa cuenta una maleta cargada de billetes. Según contó El País, Fasana relató al fiscal que esa maleta contenía 1.895.250 dólares en efectivo que el rey había conseguido de un ‘donativo’ de su amigo Hamad bin Isa Al Jalifa, el sultán de Baréin. Esos 1,9 millones de dólares suponen alrededor de nueve años del sueldo público que el monarca recibía tras su abdicación.
Opacidad sobre el patrimonio
Aunque Felipe VI presume de que durante su reinado se han dado pasos en pro de la transparencia, lo cierto es que un velo de opacidad sigue cubriendo las cuestiones relativas a su patrimonio. La ley de transparencia aprobada en 2013 incluye a la Casa del Rey aunque los miembros de la familia real –formada por el actual rey y su mujer, sus padres y sus hijas– no están obligados a pormenorizar los gastos de sus numerosas actividades públicas, ni a desvelar los negocios que realicen con las asignaciones que reciben de los Presupuestos Generales del Estado.
Tampoco son considerados altos cargos –como sí ocurre con los miembros del Gobierno, por ejemplo– por lo que no tienen la obligación de presentar declaración de bienes y derechos a pesar de la financiación pública que reciben. Según la Casa Real, la «finalidad» de esta asignación es asegurar que la Jefatura del Estado dispone de una dotación presupuestaria «suficiente» para que el Jefe del Estado pueda desarrollar su labor «con la independencia inherente a sus funciones constitucionales».
Los únicos miembros de la familia real que, a día de hoy, cobran ese sueldo público son Felipe VI (248.562,36 euros anuales, según la asignación de 2020), la reina Letizia (136.701,36 euros) y Sofía de Grecia (111.854,88 euros). Tras la abdicación de Juan Carlos I, sus hijas, las infantas Elena y Cristina, fueron excluidas de la familia real y quedaron como miembros de la familia del rey. Dejaron también de recibir la asignación en gastos de representación en la proporción y cuantías que su padre fijaba en cada ejercicio. Por ejemplo, en 2014, la infanta Elena recibió 25.000 euros. No consta que ese año su hermana Cristina, apartada de los actos públicos por el escándalo de Nóos, recibiera ‘sueldo’ público. Ni su marido Iñaki Urdangarin ni Jaime de Marichalar, cuando estaba casado con Elena de Borbón, recibieron nunca ingresos oficiales de la Casa del Rey.
Los gastos de la Casa del Rey no han estado nunca sujetos a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. La institución tampoco está obligada legalmente a auditar sus cuentas aunque voluntariamente decidió suscribir dos convenios con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en 2014 y en 2019.
Las últimas sospechas sobre los movimientos del rey, que acumula tres investigaciones en la fiscalía por delitos de corrupción, las ha lanzado el servicio antiblanqueo, la unidad de vigilancia financiera que da la alerta sobre movimientos sospechosos de capitales.
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