La nueva ofensiva de la derecha contra la educación salpica de mentiras las medidas de la ley Celaá
La Lomloe, la nueva ley de educación, se ha aprobado en el
Congreso entre ataques de las derechas y protestas de la educación concertada,
privada y católica. Los reproches se centran en bulos o medias verdades que no
se encuentran en el texto de la ley.
Defender la educación
pública y de calidad no es solo defender un derecho fundamental, es defender el
futuro de millones de estudiantes. En Público, a través de nuestro periodismo,
alzamos la voz contra los recortes que generan desigualdad, y no permitiremos
que destruyan algo tan esencial como la educación.
Fuente . El Público.
La nueva ley de educación, la Lomloe, se ha aprobado este jueves en el Congreso entre gritos de "libertad" de los diputados de PP, Ciudadanos y Vox. Todas las leyes de educación en España han sido polémicas porque, pese a la importancia de esta norma, nunca ha habido consenso parlamentario. Por esto la bautizada por las derechas como 'ley Celaá' se ha convertido en la octava de la democracia. Pero la polémica no se ha quedado en la Cámara
Pero, igual que pasó entonces, las críticas dicen poco sobre
la calidad del sistema educativo. Los reproches se centran en bulos o medias
verdades que no se encuentran en el texto de la norma educativa .https://www.publico.es/sociedad/claves-lomloe-nueva-ley-educacion.html
Las asociaciones aseguran que la ley acaba con la religión,
pero lo que hace la reforma es que esta materia sea de oferta obligatoria en
los centros, pero de elección voluntaria. Se elimina, eso sí, la obligación
para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. Se
suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota
media del alumno y ya no contará ni para el acceso a la Universidad ni para la
obtención de becas. Pero, en ningún caso, desaparece su oferta.
Los opositores a la ley dicen que la norma quiere acabar con
los centros de educación especial. Sin embargo, lo que se expone es un plan de
diez años en el que el Gobierno y las Administraciones educativas trabajen, de
acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para que "los centros ordinarios
cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores
condiciones al alumnado con discapacidad".
El objetivo es que los centros de educación especial continúen escolarizando a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada y que desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.
Límites a la concertada para garantizar la igualdad
El texto no propone ninguna reforma que acabe con la
educación concertada. El portavoz de Más Plurales ha asegurado que la norma
supone un "ataque directo a la libertad de enseñanza" pero lo que
cambia la ley es que elimina el concepto de "demanda social", añadido
en la LOMCE por el PP, para dar más poder a los padres sobre la elección del
centro de sus hijos. Para la patronal de la concertada este cambio acabará con
las escuelas de esta red.
En este sentido, el primer cambio es que los centros que segreguen no recibirán fondos públicos. Algo que va ligado con un cambio para garantizar la igualdad de género y la igualdad de condiciones en el sistema educativo. Pero, además, esto no significa que menos alumnos vayan a la concertada, es que las Administraciones tendrán capacidad de distribuir al alumnado para garantizar un equilibrio, evitando los 'colegios guetos', centros públicos en los que la mayoría del alumnado tienen dificultades, sobre todo, socioeconómicas.
Fomento de la red pública y fin de las cuotas
Otro de los argumentos de los opositores para decir que se
acaba la concertada es la medida de acabar con la polémicas cuotas. En la ley
este punto es cierto, así como la clara apuesta por la enseñanza pública. Sin
embargo, lejos de acabar con la concertada, lo que hace es garantizar el
derecho a la educación pública. Por un lado, se establece que hay que fomentar
los centros públicos y frena la entrega de suelo municipal para la construcción
de centros concertados.
El castellano ha sido también objeto de conflicto entre los opositores a la ley. Tras aceptar una enmienda pactada entre PSOE, ERC y Unidas Podemos, la nueva ley elimina el concepto de "lengua vehicular" para el castellano. No obstante, el texto añade que las administraciones educativas deberán controlar que al final de la enseñanza obligatoria exista un "dominio pleno" del castellano así como de la lengua cooficial que haya en su comunidad. Como ocurre con la demanda social, lo que se hace es eliminar un concepto que se incluyó en la ley Wert porque hasta 2013 el castellano no era lengua vehicular.
Nota... Este articulo tiene mas enlaces para verlos en el original picar aquí...
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