¿Crisis en el flanco sur de la OTAN?
Andrés Piqueras,
La “desbandada transfronteriza” del
enclave colonial español de Ceuta, en estos días, no es un fenómeno
espontáneo (ni migratorio en sí), sino el resultado de una larga
secuencia de decisiones diplomáticas, transformaciones jurídicas y
tensiones sociales que se han ido acumulando desde décadas, pero
intensificándose desde 2020. En el trasfondo se entrecruzan la
reconfiguración internacional del conflicto del Sáhara Occidental, la
inveterada carencia de política exterior española, la profunda crisis
social que atraviesa la juventud marroquí bajo un régimen marcado por la
corrupción estructural y el creciente papel de Marruecos como actor
proimperial en el Sahel.
El punto de inflexión se sitúa en
diciembre de 2020, cuando la administración estadounidense reconoce la
soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la
normalización diplomática entre Rabat y el ente sionista que ocupa
Palestina. Este gesto rompe el consenso internacional vigente desde 1975
y desata una reacción en cadena: Argelia refuerza su apoyo al Frente
Polisario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula
sucesivamente los acuerdos comerciales y pesqueros que incluyen recursos
saharauis, y Marruecos intensifica su presión para que los Estados
europeos respalden su plan de autonomía.
A partir de 2021, varios gobiernos
europeos —Alemania, Países Bajos, Italia, incluso Francia— se subordinan
a los dictados de Washington, acercándose a las posturas marroquíes
sobre el Sáhara. Sus argumentos, en adelante, intensificarán el mantra
de que Marruecos es un socio clave para la contención migratoria, la
seguridad regional y la cooperación antiterrorista. La UE al completo se
desliza en la práctica hacia una aceptación tácita de la soberanía
marroquí sobre el Sáhara, aunque jurídicamente seguía reconociendo el
derecho a la autodeterminación.
En marzo de 2022, el Reino de España
ejecutó un giro diplomático sin precedentes al alinearse con Rabat y
respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental,
abandonando de facto su posición histórica de apoyo al derecho saharaui a
la autodeterminación reconocido por Naciones Unidas. Este viraje supuso
una ruptura con la doctrina jurídica internacional que considera a
España potencia administradora de iure del territorio desde
1975, dado que nunca culminó un proceso de descolonización conforme a la
Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General ni transfirió legalmente la
soberanía a ninguna otra autoridad.
Al aceptar la tesis marroquí, el Gobierno
español se distanció de sus obligaciones como antigua metrópoli
—obligaciones que incluyen proteger a la población saharaui, garantizar
un referéndum y no favorecer la anexión de un territorio pendiente de
descolonización— y dejó sin respaldo político a un pueblo que, hasta
1976, habitaba territorios administrados como provincias españolas y
cuyos vínculos jurídicos con España siguen reconocidos en múltiples
normas internas. Este giro constituye, pues, una villanía y una traición
histórica: España renuncia a su responsabilidad colonial, legitima la
ocupación marroquí y se sitúa en contradicción con el corpus jurídico de
la ONU, que, cada vez más tímidamente, sigue exigiendo un proceso de
autodeterminación libre y verificable.
Pero tal decisión provoca, además, la
ruptura de relaciones diplomáticas con Argelia y la reducción del
suministro de gas, un elemento crucial dada la dependencia estructural
española del gas argelino, que históricamente ha oscilado entre el 30% y
el 45% del total importado. La vulnerabilidad energética española se
hace evidente: Argelia es el proveedor más estable y cercano, mientras
que Marruecos no puede ofrecer alternativas energéticas equivalentes.
Esta dependencia es la que todavía deja más en evidencia la obediente
política exterior española con Estados Unidos, y explica los tristes
intentos posteriores de rectificación.
Así, a partir de 2023, el ministro español
de Exteriores, el inefable Albares, inicia un acercamiento discreto a
Argelia, buscando restablecer canales de comunicación y reducir la
tensión. En 2025, el presidente Pedro Sánchez realiza una visita oficial
a Argel, interpretada como un intento de reconstruir la relación
estratégica perdida (que tras el reciente viaje presidencial parece
recuperarse al menos en lo que toca al suministro de gas -y es que
también la amenazada y acosada Argelia da muestras de estar
autodisciplinándose por su parte-). Sin embargo, estos pasos no alteran
la postura argelina de que España ha cedido a la presión marroquí y ha
abandonado su responsabilidad histórica sobre el Sáhara Occidental.
La credibilidad española queda todavía más
debilitada por la contradicción entre su discurso de defensa de los
derechos humanos y su práctica diplomática: el Gobierno rechaza
sistemáticamente intervenir ante denuncias de torturas contra la
población saharaui, incluyendo la negativa a permitir la entrada en
España de algunas de las mujeres saharauis más torturadas bajo arresto
marroquí, cuyos casos han sido documentados por
organizaciones internacionales [Entre esas mujeres se encuentran El
Ghalia Djimi, Mina Baali, Salha Boutanguiza, Salka Leili y Nassra Dah,
los testimonios de las cuales aparecen en el informe Que salga todo a la luz (Hegoa,
2022), una investigación exhaustiva sobre violencia sexual, torturas,
desapariciones y represión sistemática contra mujeres saharauis en los
territorios ocupados (el informe puede localizarse buscando: Hegoa –
“Que salga todo a la luz. Violencias contra mujeres saharauis en los
territorios ocupados” -2022-]. Tampoco parecen importar a Albares y a
todo su gobierno —incluida la patética izquierda institucional (IU, PCE y
el conglomerado de fuerzas que se ha hecho llamar “Sumar”)— las huelgas
de hambre extremas de activistas saharauis.
El caso más grave es el de Naâma Asfari, miembro del grupo de Gdeim Izik, que ha realizado varias huelgas de hambre prolongadas, incluyendo una de 46 días, documentada por medios internacionales como Le Monde.
Asfari suspendió la huelga al borde del colapso físico, tras presiones
penitenciarias y la intervención de organizaciones internacionales,
aunque las razones exactas permanecen parcialmente opacas. La ONU ha
determinado que su confesión fue obtenida bajo tortura.
Y es que el siempre servil Reino de España
evita cualquier gesto que pueda incomodar a Rabat, incluso cuando se
trata de violaciones graves de derechos humanos, que en una dictadura
bestial como la marroquí son incontables.
Mientras tanto, esa dictadura continúa
utilizando la migración como instrumento de presión política, una
estrategia ya demostrada en la crisis de Ceuta de mayo de 2021. En junio
de 2026, el Tribunal Supremo español dicta la sentencia STS 814/2026,
que establece que las devoluciones en caliente no son aplicables a
entradas por vía marítima. La resolución obliga a identificar
individualmente a cada persona, ofrecer asistencia jurídica y permitir
la solicitud de asilo. Las redes migratorias detectan rápidamente el
cambio: entrar nadando garantiza un procedimiento completo y evita la
expulsión inmediata. “Alguien” convoca a través de las redes sociales en
el norte de Marruecos, especialmente en Tetuán y Castillejos, y se
produce la llegada masiva de jóvenes a Ceuta (¡hasta 50.000 en un día!).
Claro que más allá de la utilización de
esa juventud, la migración masiva responde a la situación interna
marroquí. Como consecuencia de su posición en la división internacional
del trabajo, de la desigualdad sistémica fruto de la misma, así como de
la acentuación de la crisis capitalista a escala planetaria, esta
formación socioestatal atraviesa una crisis social profunda
caracterizada por el desempleo juvenil —que supera el 30% en muchas
regiones—, la falta de expectativas laborales y educativas, la
precariedad estructural y la ausencia de mecanismos de movilidad social.
La juventud marroquí vive en un horizonte
de frustración permanente: salarios ínfimos, inflación creciente,
servicios públicos deteriorados y un mercado laboral también incapaz de
absorber a los miles de graduados que cada año salen de las
universidades. A ello se suma la corrupción sistémica vinculada a la
monarquía alauita y a los grandes conglomerados económicos controlados
por el entorno del palacio, más los conglomerados cómplices franceses y
españoles, por ejemplo. La Casa Real mantiene un nivel de dispendio y
ostentación que contrasta brutalmente con la pobreza de amplias capas de
la población: palacios y residencias de lujo, adquisiciones
millonarias, proyectos faraónicos sin utilidad social y un control opaco
de sectores estratégicos como la energía, la Banca y las
telecomunicaciones, también de gran parte del agro.
La represión política es igualmente
estructural: el movimiento rifeño ha sido duramente castigado desde
2017, con largas penas de prisión para líderes sociales; la población
saharaui vive bajo vigilancia permanente, detenciones arbitrarias y
torturas documentadas por organismos internacionales; y la disidencia
interna es sistemáticamente silenciada mediante leyes antiterroristas y
tribunales especiales. Cualquier protesta te lleva a la cárcel con
tiempos larguísimos a la espera de la formulación de acusaciones
concretas y en muchos casos sin que las familias puedan ver a los
detenidos. De abogados defensores ya ni hablamos.
Este es el pútrido régimen que es objeto
de predilección de los Borbones franceses que ocupan el trono de España
desde hace tres siglos y cuarto, además de los sucesivos gobiernos
hispanos, ya sean derechosos o izquierdosos, que siempre se abrazan con
la dictadura marroquí. Y ahora hasta van a organizar un Mundial de
fútbol con tamaña degenerada monarquía alauita.
El papel de Marruecos en el Sahel
Pero todo esto quedaría, aun así,
parcialmente inexplicado, a pesar de ser bastante monstruoso por sí
mismo, si no consideramos que Marruecos es la principal base de
operaciones de Estados Unidos en África, elemento territorial de control
del norte de ese continente -por tanto suelo clave del flanco sur de la
OTAN-, así como de penetración en la región del sionismo global, cada
vez más presente en la vida marroquí, su ejército y su economía. Lo que
se condice con la repugnante postura de Marruecos en defensa de la
ocupación sionista de Palestina.
Desde 2020, Rabat ha desarrollado una
estrategia de influencia que combina diplomacia religiosa, cooperación
militar y alianzas con potencias externas, y ganar así terreno político
con países donde Francia lo ha perdido. Marruecos ofrece formación
policial, inteligencia y apoyo logístico a gobiernos y fuerzas de
seguridad de la región alineadas con los colonizadores históricos -sobre
todo Francia- o el hegemón estadounidense.
Su red de “islam moderado” —basada en la autoridad religiosa del rey como Comendador de los Creyentes—
se utiliza a discreción para suavizar el yihadismo infiltrado en el
Sahel por el Imperio Occidental, cuando resulta conveniente, y así
posibilitar la alineación de unos u otros sectores de población y
fuerzas políticas con Rabat, aumentando su protagonismo regional,
especialmente frente a Argelia, siempre en el punto de mira de una
posible intervención desestabilizadora por parte del Imperio y el Poder
Sionista Mundial que va en él empotrado.
Ni que decir tiene que todo ello cobra aún
más importancia después de que Mali, Níger y Burkina Faso (Alianza de
Estados del Sahel) emprendieran un proceso de descolonización real del
yugo francés. La infiltración de yihadistas, paramilitares, mercenarios y
cuerpos de ejército lleva inundando la región saheliana desde entonces.
Destruido el adalid libio, sólo se quiere que funja Marruecos como la
potencia del Sahel. Su expansionismo -por territorios norteafricanos
adyacentes, pero también a costa de las aguas canarias- viene así
apoyado por sus patrones estadounidenses-sionistas.
Por eso mismo, jugar con la migración como
arma arrojadiza y tensar demasiado la cuerda (¿también para
desestabilizar al gobierno español por indicaciones de Trump? -hueso que
la derechona local y europea se apresuran a roer-[i])
puede ser algo que se termine volviendo contra el propio Marruecos,
incluso, en algún momento, en sus relaciones más formales con la
patética UE.
Veremos. Los pueblos que están hoy bajo el yugo de la abominable monarquía alauita (Amazigh -rifeños, chleuh y amazigh del Atlas, todos indígenas del territorio-, árabes marroquíes hablantes de darija -mayoritarios en las ciudades-, y saharauis ocupados) no han dicho su última palabra.
^^^^Andrés Piqueras es profesor senior de la Universidad Jaume I^^^^^^^^^^^^
[i] Al
parecer asesores «usacos» vienen proponiendo que se promueva la
soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla también, no sólo sobre el
Sáhara. Más aún tras el acuerdo del Reino de España y Argelia, que
supone un aumento de compra de petróleo argelino en detrimento del más
caro de USA. Así que la presión aumenta. Y hoy es el 27º aniversario en
el trono de Mohamed y hay fiesta de embajadores. Desde luego, en TV
resultan chocantes las imágenes de 25 mil veinteañeros marroquís,
volviendo tras un paseo por Ceuta de forma sincronizada hacia Marruecos,
con gestos de triunfo y alegría, como quien viene de ganar un partido
(comentario de Antonio Arnau).
https://observatoriocrisis.com/2026/07/31/crisis-en-el-flanco-sur-de-la-otan/
Segunda parte ..
https://observatoriocrisis.com/2026/08/07/ceuta-crisis-en-el-flanco-sur-de-la-otan-segunda-parte/