¿ Fascismo o rebelión en Alemania?

Alternativa para Alemania: ¿regreso del fascismo o rebelión contra el nuevo modelo geopolítico alemán?

  

  14/09/2026

Alejandro  Marcó  Pont

 AfD está consiguiendo convertir una crisis económica estructural en una crisis cultural (El Tábano Economista)

El domingo 6 de septiembre el partido Alternativa para Alemania (AfD) logró una victoria histórica en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt al obtener el 43.8% de los votos, quedando a solo tres escaños de la mayoría absoluta, con una amplia diferencia sobre la segunda fuerza, la Unión Cristianodemócrata (CDU) del actual canciller Friedrich Merz, que sumaba alrededor del 17.2% de los votos. La posibilidad de alcanzar la mayoría absoluta dependerá de la distribución final de las bancas y especialmente de si la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, izquierda), que alcanzó el umbral del 5% con un 5.3% necesario para ingresar al Parlamento regional, decide negociar un gobierno con AfD, que es lo que se especula.

Desde el mismo día del escrutinio, la prensa occidental encabezó sus titulares adjetivando al partido Alternativa por Alemania como ultraderechista, fascista, nazi, etcétera. Es decir, condenándolo como la amenaza nacionalista alemana, pero por sobre todo por una de sus posiciones que más irritan al establishment europeo: su voluntad de reconstruir relaciones económicas con Rusia.

¿Por qué recuperar relaciones económicas con Rusia es considerado extremista cuando durante décadas fue una política central de Alemania y de buena parte de Europa? Más aún, ¿por qué esta política que fue considerada realista se transforma súbitamente en una posición de extrema derecha cuando cambia el contexto geopolítico? Parecería ser que el verdadero problema de Europa no es simplemente que AfD sea demasiado extremista, sino que las fuerzas tradicionales están perdiendo la capacidad de ofrecer una respuesta económica y geopolítica convincente a la crisis que atraviesa Alemania.

Esta idea nos permite hacer algo mucho más interesante que un artículo convencional sobre «el peligro de la ultraderecha», sino tratar de comprender quién está disputando el control del excedente alemán, quién paga la transición energética, quién subsidia el rearme, quién se beneficia de la sustitución del gas ruso, qué ocurre con la industria química, siderúrgica y automotriz, y por sobre todo, por qué una parte creciente del electorado del Este concluye que Berlín está sacrificando su economía para cumplir una estrategia geopolítica definida fuera de Alemania.

Para entender esta transformación, hay que comenzar por observar lo que le ocurrió a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) que durante décadas fue el pilar del consenso centrista alemán. La CDU de Konrad Adenauer, de Helmut Kohl, incluso la de Angela Merkel, era un partido de centro-derecha que entendía su papel como gestor del modelo social alemán: economía de mercado sí, pero con fuertes redes de protección social, consenso con los sindicatos, y una política exterior basada en el comercio como herramienta de paz. Era la encarnación del «cambio a través del comercio», la idea de que la interdependencia económica podía moderar a los rivales y garantizar la estabilidad continental.

Esa CDU ya no existe. Bajo el liderazgo de Friedrich Merz, el partido ha virado hacia una derecha que hace apenas una década habría sido considerada inaceptable en el mainstream político alemán, y que ahora se acerca peligrosamente al discurso de AfD, no en lo cultural sino en lo económico. Merz no es un conservador tradicional, es un hombre que pasó cuatro años como presidente del consejo de supervisión de BlackRock Alemania, la filial del mayor gestor de activos del mundo, antes de regresar a la política para liderar la CDU y eventualmente convertirse en canciller.

Su trayectoria no es un detalle biográfico menor, es la clave para entender la nueva arquitectura de poder en Berlín. Cuando Merz habla de «fortalecer la competitividad alemana», lo que realmente está proponiendo es una reorientación del excedente nacional hacia los mercados de capitales globales, hacia la financiarización de la economía, hacia un modelo donde el valor no se crea en las fábricas del Ruhr sino en las pantallas de los traders de Frankfurt y Nueva York.

La ciudadanía alemana, especialmente en las regiones industriales del oeste y en los estados del este, ha interpretado este giro con una claridad que las élites políticas se niegan a reconocer. La percepción extendida es que el gobierno de Merz no está gobernando para el pueblo alemán, sino para los accionistas de BlackRock y para las empresas del complejo militar-industrial. Cada euro que se destina al rearme es un euro que no va a pensiones, a hospitales, a escuelas, a infraestructura civil. Cada contrato millonario firmado con Rheinmetall o con Lockheed Martin es una declaración explícita de prioridades: el bienestar social ha sido sacrificado en el altar de la «seguridad nacional», un concepto que se ha expandido hasta incluir cualquier gasto militar que el Pentágono considere conveniente.

Y aquí es donde la hipocresía europea alcanza dimensiones grotescas. Durante décadas Europa se presentó al mundo como el modelo de civilidad política, el continente que había superado el nacionalismo agresivo, el imperialismo depredador, la violencia como instrumento de política exterior. Después de 1945, Europa construyó una narrativa de legitimidad basada precisamente en el rechazo a su propio pasado, el colonialismo, las guerras mundiales, el genocidio industrializado del Holocausto. La Unión Europea se fundó sobre la premisa de que la guerra entre naciones europeas era impensable, que el comercio y la integración económica habían creado una comunidad de intereses que hacía obsoleta la violencia.

Pero esa narrativa siempre fue una mentira piadosa. Europa nunca abandonó realmente el imperialismo; simplemente lo reformuló. Mientras predicaba la paz en el continente, mantuvo redes neocoloniales en África, intervino militarmente en los Balcanes, participó en las guerras de Irak y Afganistán, y construyó una fortaleza europea que deja morir a miles de migrantes en el Mediterráneo cada año. La «democracia europea» siempre fue selectiva, condicional, dispuesta a apoyar dictaduras cuando convenía a los intereses económicos del continente. Y ahora, con la guerra en Ucrania, esa máscara ha caído por completo. Europa ha descubierto que puede ser belicista, que puede gastar fortunas en armamento, que puede amenazar con la guerra nuclear, todo en nombre de los «valores democráticos». La democracia se ha convertido en el nombre del rearme, en la justificación moral para transferir recursos del bienestar social al complejo militar-industrial.

La pregunta sobre por qué la Alemania contemporánea es juzgada por su política hacia Rusia con categorías morales que no fueron aplicadas de la misma manera a las potencias europeas cuando Hitler comenzó a destruir el orden europeo es reveladora. Austria fue anexada por Hitler en marzo de 1938, bajo el silencio europeo. Luego llegó el Acuerdo de Múnich, que se firmó el 30 de septiembre de 1938 por Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Londres y París aceptaron que Alemania incorporara los Sudetes, territorio checoslovaco con una importante población germanoparlante. Hay un detalle extraordinariamente importante: Checoslovaquia ni siquiera participó en la negociación decisiva.

El anticomunismo formaba parte del contexto ideológico que permitió que sectores importantes de las élites conservadoras británicas percibieran a la Alemania nazi como un posible contrapeso frente a la Unión Soviética, y contribuyó a reducir la disposición a enfrentarse militarmente con Hitler mientras sus objetivos parecieran limitados a la revisión del orden de Versalles. Hitler era visto como un problema, pero la URSS era percibida por muchos conservadores europeos como una amenaza civilizatoria, al igual que hoy Putin. Y, por lo tanto, quien esté a favor de negociar con Rusia, parece ser visto como ultraderechista.

Durante décadas, la premisa era que la interdependencia económica, como el gasoducto Nord Stream, moderaría el comportamiento de Rusia y garantizaría la paz. Esta era considerada una política pragmática y realista en un contexto de Guerra Fría y posguerra fría. Sin embargo, la operación especial rusa en Ucrania en 2022 fracturó ese paradigma de forma irreversible. Cuando el contexto geopolítico cambia radicalmente, lo que antes era «pragmatismo» pasa a ser reinterpretado por el consenso dominante como «ingenuidad» o «apaciguamiento» cómplice de una agresión.

Defender hoy la vuelta a ese modelo es considerado extremista porque desafía el nuevo consenso de seguridad europea, que prioriza la defensa colectiva y el desacoplamiento estratégico de Moscú. Los partidos tradicionales han redibujado los límites de lo aceptable, empujando a los defensores de la antigua doctrina a los márgenes del espectro político, extrema derecha o izquierda, ya que su postura se percibe como una traición a la nueva realidad de defensa del orden internacional.

El «peligro ruso» es la narrativa perfecta para este giro. Lo que importa es que Rusia sirve como el chivo expiatorio ideal, el enemigo externo que justifica cualquier gasto, cualquier recorte, cualquier sacrificio. ¿Quieres aumentar el presupuesto militar del 2% al 3.5% del PIB? Es por el peligro ruso. ¿Quieres recortar las pensiones y la sanidad? Es por el peligro ruso. ¿Quieres sustituir el gas barato ruso por GNL estadounidense cuatro veces más caro? Es por el peligro ruso. La narrativa es tan conveniente que nadie se molesta en cuestionar sus premisas.

Pero detrás de esta narrativa hay intereses materiales muy concretos, y es ahí donde debemos mirar si queremos entender lo que realmente está ocurriendo en Alemania. La pregunta fundamental es ¿quiénes se disputan el control del excedente alemán? Y la respuesta es clara: el capital financiero contra el capital industrial. Durante décadas, el modelo alemán se basó en la reinversión del excedente en la base industrial nacional: fábricas, investigación y desarrollo, empleo estable, formación profesional. Ese modelo generó prosperidad amplia, una clase media robusta, y una sociedad cohesionada.

Pero ese modelo ya no es rentable para el capital financiero globalizado, que prefiere la movilidad de capitales, la especulación en mercados de activos, la extracción de rentas mediante la financiarización de la economía real. Friedrich Merz es el agente político de esta transformación. Su pasado en BlackRock no es un accidente; es la garantía de que las políticas alemanas servirán a los intereses del capital financiero global. Y eso significa, en la práctica, desindustrializar Alemania, transferir recursos de la producción material a los activos financieros, y convertir al país en una plataforma logística y militar para los intereses transatlánticos.

¿Quién paga la transición energética? Los hogares y las pequeñas empresas. La Energiewende, la transición hacia las energías renovables, se financia mediante impuestos energéticos, tarifas eléctricas elevadas y subsidios cruzados que recaen desproporcionadamente sobre los consumidores residenciales y las pequeñas y medianas empresas. Las grandes corporaciones energéticas, E.ON, RWE, Iberdrola, y los fondos de inversión que las controlan, incluido BlackRock, son los grandes beneficiarios, obteniendo rentas garantizadas por el Estado mediante mecanismos de subsidio y contratos a largo plazo.

¿Quién subsidia el rearme? La deuda pública y los recortes implícitos en gasto social. El presupuesto militar alemán para 2025 es de 95.000 millones de euros, y se proyecta que alcance los 160.000 millones en 2029, cuando el gasto en defensa llegue al 3.5% del PIB. Para financiar esto, el gobierno de Merz ha suspendido el «freno de deuda» constitucional y ha autorizado un endeudamiento de 81.800 millones de euros solo en 2025. La deuda neta alcanzará los 143.000 millones de euros en 2025 y 175.000 millones en 2026. La deuda será pagada por los contribuyentes alemanes durante décadas, mediante impuestos más altos o recortes en servicios públicos. Y mientras tanto, los beneficiarios inmediatos son las empresas del complejo militar-industrial: Rheinmetall, Lockheed Martin, Raytheon, BAE Systems, Airbus Defence, todas ellas con accionistas institucionales como BlackRock que se benefician del aumento del gasto militar.

¿Quién se beneficia de la sustitución del gas ruso? Las empresas energéticas estadounidenses y sus accionistas. Estados Unidos se ha convertido en el mayor proveedor de GNL a la Unión Europea, cubriendo casi el 60% de las importaciones. En el caso específico de Alemania, el GNL estadounidense representa cerca del 90% de sus importaciones de gas licuado. Entre 2022 y 2024, la UE gastó aproximadamente 117.000 millones de euros en importaciones de GNL estadounidense, una transferencia masiva de riqueza europea hacia la industria energética de Estados Unidos. Y ese GNL es entre un 30% y un 40% más caro que el gas ruso por gasoducto que Alemania importaba antes de 2022. Ese sobrecosto no es un accidente; es el precio que Alemania paga por su lealtad geopolítica a Washington. Las empresas que se benefician son ExxonMobil, Chevron, Cheniere Energy, y los fondos de inversión que las controlan. Las que pierden son la industria química, la siderurgia, la manufactura alemana, que dependen de energía barata para ser competitivas.

¿Qué ocurre con la industria química, siderúrgica y automotriz? Están colapsando, o más precisamente, están siendo desmanteladas mediante una «desindustrialización silenciosa». BASF, el gigante químico mundial, ha anunciado cierres de plantas y relocalización de producción a China y Estados Unidos, donde la energía es más barata. ThyssenKrupp, el gigante siderúrgico, ha anunciado reducciones masivas de personal y cierre de altos hornos. Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW están trasladando producción a Hungría, China o Estados Unidos, no porque Alemania haya perdido su capacidad técnica, sino porque los costos energéticos y regulatorios hacen que producir en Alemania sea económicamente insostenible. Y aquí es donde la narrativa del «peligro ruso» muestra su verdadera función: no es una respuesta a una amenaza real, sino una coartada para una transformación estructural que beneficia al capital financiero y al complejo militar-industrial a costa de la base industrial nacional.

Y es en el este de Alemania donde esta transformación se siente con mayor intensidad, y donde la ciudadanía ha desarrollado una conciencia clara de lo que está ocurriendo. Los estados del este, Sajonia, Turingia, Sajonia-Anhalt, Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, son los más dependientes de la industria manufacturera y química, los que tienen menos diversificación económica, los que tienen salarios más bajos y menor capacidad de absorber shocks inflacionarios.

Para el electorado del este, las políticas del gobierno de Merz no son abstractas; son una amenaza existencial. Cuando Berlín decide sustituir el gas ruso por GNL estadounidense, lo que realmente está decidiendo es cerrar las fábricas químicas de Sajonia-Anhalt. Cuando decide aumentar el gasto militar al 3.5% del PIB, lo que realmente está decidiendo es recortar las pensiones en Turingia. Cuando decide seguir las directrices de Washington en política exterior, lo que realmente está decidiendo es sacrificar la competitividad industrial del este en nombre de una estrategia geopolítica que no controla y que no beneficia a sus ciudadanos.

Y esa es la razón por la que el este vota masivamente por Alternativa para Alemania. No es porque los votantes del este sean inherentemente más xenófobos o más autoritarios; es porque son los que más claramente perciben que Berlín los está sacrificando. AfD no ofrece soluciones económicas reales, su programa es neoliberal y beneficiaría aún más al capital financiero, pero al menos verbaliza el malestar, al menos dice lo que todo el mundo piensa, pero nadie se atreve a decir: que las sanciones a Rusia son un suicidio económico, que el GNL estadounidense es un tributo a Washington, que el rearme es un lujo que Alemania no puede permitirse mientras su base industrial colapsa.

La democracia alemana, en este contexto, se ha convertido en una farsa. Los partidos tradicionales, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), los Verdes, compiten por ver quién puede ser más atlantista, más militarista, más dispuesto a sacrificar el bienestar social en nombre de la «seguridad». Las elecciones no cambian nada fundamental; todas las opciones políticas aceptan el marco geopolítico definido por Washington y Bruselas.

La falsa democracia europea, la que se presenta al mundo como modelo de civilidad mientras gasta fortunas en armamento y deja morir a migrantes en el Mediterráneo, es la misma falsa democracia alemana, la que promete prosperidad mientras desindustrializa el país y sacrifica el bienestar social en nombre de una geopolítica que no controla. Y el peligro no es Rusia; el peligro es que Alemania, el país que debería ser el motor de una Europa soberana y próspera, se ha convertido en el vasallo más entusiasta de una potencia extranjera, dispuesta a sacrificar su futuro industrial y su cohesión social en nombre de intereses que no son los suyos.

Parecería ser que el verdadero problema de Europa no es simplemente que AfD sea demasiado extremista, sino que las fuerzas tradicionales están perdiendo la capacidad de ofrecer una respuesta económica y geopolítica convincente a la crisis que atraviesa Alemania. AfD está consiguiendo convertir una crisis económica estructural en una crisis cultural, y mientras las élites europeas sigan insistiendo en diagnosticar el problema como un regreso del fascismo en lugar de reconocer el colapso de su propio modelo, seguirán perdiendo terreno frente a quienes, acertada o erróneamente, al menos identifican las causas materiales del descontento.

Fuente: https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2026/09/13/alternativa-para-alemania-regreso-del-fascismo-o-rebelion-contra-el-nuevo-modelo-geopolitico-aleman/

El cuartel europeo

 

El gran despojo del bienestar y la arquitectura del cuartel europeo

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Julio 5 , 2026

 Alejandro Marcó del Pont

 

En algún lugar de la memoria colectiva europea, entre el polvo de los archivos y las fotografías sepia, permanece la imagen de aquella sala cargada de humo en Berlín, el 20 de febrero de 1933. Veinticuatro hombres, los barones del acero, la química y la banca teutona, la elite alemana se sentaban frente a un cabo bohemio de bigote ridículo para entregarle las llaves del Reich.

Éric Vuillard, en su escalofriante crónica de El orden del día, reconstruyó aquella escena con la precisión de un forense, dejándonos la lección más amarga de la historia económica del siglo XX. Las catástrofes no las provocan los locos, sino los hombres respetables que firman los cheques. Pero hay una verdad aún más oscura que subyace en aquella reunión, una que los historiadores oficiales suelen omitir en sus eufemismos. Aquellos veinticuatro caballeros no solo traicionaron a la democracia de Weimar; iniciaron el mayor ejercicio de despojo, expoliación y sumisión de las clases trabajadoras que Europa hubiera conocido.

Hay similitudes entre el periodo de entreguerras (1918-1939) y la situación actual con las élites europeas. El paralelismo es llamativo, aunque no exactos, la historia no se repite idénticamente, pero rima. En ambos casos, las élites económicas, políticas e intelectuales europeas percibieron una amenaza existencial a su orden liberal/capitalista y responden con estrategias de contención, rearme ideológico y apoyo selectivo a fuerzas «defensoras» del statu quo, a menudo con un giro hacia posiciones más derechistas.

De la lectura se desprende que las élites europeas quieren tres cosas al mismo tiempo: contener a Rusia, reconstruir el poder geopolítico europeo y descargar el costo de la crisis sobre el trabajo y el bienestar social. El problema es que esas tres metas chocan entre sí,: la militarización exige gasto público; la competitividad demanda salarios más bajos y ajustes, y la cohesión política se debilita cuando la población percibe que paga el precio de una estrategia diseñada desde arriba.

Para comprender la magnitud de este despojo, hay que mirar sin anestesia lo que ocurre en el corazón industrial de Europa. El motor de Europa se está apagando, y esto no es un misterio, sino el resultado de la ruptura del modelo de negocios alemán (gas ruso barato + manufactura de alta calidad + exportación a China). Recientemente, a finales de junio de 2026, se anunció que Volkswagen planea cerrar cuatro plantas en Alemania y despedir a 100.000 trabajadores en todo el mundo. El colapso del modelo alemán no es un accidente, es una reestructuración de clase planificada.

Esto refleja una desindustrialización acelerada donde los costes energéticos y las regulaciones verdes destruyen el tejido industrial tradicional. La vieja burguesía industrial europea está sufriendo, pero esto abre la puerta a que los capitales financieros y los fondos de inversión (muchos de ellos estadounidenses o vinculados a las grandes gestoras de activos) adquieran activos europeos a precios de remate, reconfigurando la propiedad de la industria hacia un modelo más financiero y menos productivo.

El capital financiero no necesita fábricas en el Ruhr; necesita bonos verdes, derivados de carbono, algoritmos de gestión de datos y activos comprados a precio de saldo. El despojo consiste en transferir la riqueza pública y productiva a los balances privados de los fondos de inversión, dejando a la ciudadanía con las migajas de una economía de servicios precarizados.

Mientras Alemania es vaciada de su poderío productivo, Londres y París arden en un caos político que sirve como la cortina de humo perfecta para esta operación. El desastre político del Reino Unido, atrapado en la trampa del Brexit y en una sucesión de gobiernos débiles, la fragmentación de Francia, con la extrema derecha acechando el Eliseo y una izquierda irreconciliable, son presentados por los medios hegemónicos como la crisis de la democracia. Nada más lejos de la realidad. Este caos es la condición de posibilidad para el verdadero objetivo de las elites. La construcción del Estado de la Vigilancia.

En la cúspide de esta arquitectura del despojo se erigen tres pilares fundamentales que operan en perfecta simbiosis para garantizar que la riqueza fluya hacia arriba y el control se imponga hacia abajo. El primero de estos pilares es la ingeniería ideológica y moral representada por George Soros y su red de Fundaciones por una Sociedad Abierta. Soros no es un simple filántropo; es el jefe de inteligencia ideológica de las elites transnacionales. Su función en esta transición del bienestar a la vigilancia es crucial: reemplazar la soberanía popular por una red de ONG, think tanks y activismo legal que dicta los límites de lo pensable.

Las Open Society Foundations no buscan el bienestar material de las clases bajas; buscan la sumisión ideológica. Financian la «sociedad civil» que exige la apertura de fronteras (para garantizar un flujo de mano de obra barata y precaria que presione los salarios a la baja) y que, al mismo tiempo, exige la censura de cualquier discurso que desafíe el consenso tecnocrático de Bruselas. Soros provee el marco moral que justifica el Estado de la Vigilancia, bajo la premisa de proteger la «democracia liberal» y los «derechos humanos», se legitima la persecución legal, financiera y mediática de cualquier disidencia. Es la vigilancia del pensamiento, la policía de la moralidad que asegura que las masas empobrecidas no culpen al sistema financiero, sino a los chivos expiatorios de turno.

El segundo pilar es la banca de la reestructuración y el parasitismo financiero, encarnado históricamente por la dinastía Rothschild y, hoy, por la red de bancos de inversión y gestoras de activos globales. Si el Estado del Bienestar se financiaba con los impuestos al trabajo y a la producción nacional, el nuevo Estado de la Vigilancia y el Cuartel se financia con deuda. Aquí es donde se consuma el gran despojo económico. Las elites financieras utilizan las crisis que ellas mismas provocan o exacerban para rescatar a los Estados no con dinero gratuito, sino con deuda impagable. A cambio de esta deuda, los Estados europeos están obligados a hipotecar sus infraestructuras públicas, sus sistemas de pensiones y sus recursos naturales.

Rothschild & Co y sus pares asesoran la privatización silenciosa de lo que queda del patrimonio público. Cada vez que un Estado europeo necesita emitir deuda para mantener a flote su maltrecho sistema de salud o para financiar el déficit energético, los fondos de inversión globales compran esa deuda, exigiendo a cambio «reformas estructurales», es decir, recortes en el gasto social, aumento de la edad de jubilación y flexibilización laboral. El despojo es la financiarización de la vida misma: el capital financiero se alimenta de la sangre del Estado social, absorbiendo la riqueza de las generaciones presentes y futuras para inyectarla en los mercados de activos globales.

El tercer pilar, y quizás el más visible en su brutalidad, es el complejo militar-industrial europeo. La provocación y el enquistamiento del conflicto con Rusia no son un error de cálculo diplomático; son la gallina de los huevos de oro del nuevo modelo de acumulación. El Estado del Bienestar gastaba dinero en construir hospitales, escuelas y redes de transporte, bienes que mejoraban la vida de la población y fortalecían su capacidad de organización.

El Estado del Cuartel gasta ese mismo dinero en comprar drones, misiles y sistemas de vigilancia a corporaciones privadas como Rheinmetall, BAE Systems o Thales. Este es el secreto a voces de las elites europeas. La guerra y la amenaza de guerra son el único keynesianismo que les queda. Ante la imposibilidad de generar crecimiento real en una economía desindustrializada y envejecida, la única forma de inyectar dinero público en la economía sin que la población lo reclame en forma de bienestar social es a través del gasto militar.

Las elites europeas necesitan a Rusia como el enemigo existencial para justificar el aumento exponencial de los presupuestos de defensa. Este gasto público es una trasferencia directa de riqueza de los contribuyentes europeos a los accionistas del complejo militar-industrial. Es el despojo definitivo: obligar a una clase media empobrecida a pagar con sus impuestos los dividendos de las empresas que fabrican las armas que amenazan su propia seguridad.

Y conectando, orquestando y beneficiándose de estos tres pilares se encuentra el gran depredador, la entidad que ha trascendido la mera influencia para convertirse en el verdadero soberano de Europa, BlackRock. Larry Fink y su fondo de catorce billones de dólares no son un actor más en el mercado; son la encarnación del feudalismo financiero global. BlackRock es el dueño de la sustitución del Estado del Bienestar por el Estado de la Vigilancia y el Cuartel porque BlackRock es accionista mayoritario de todo lo que compone este nuevo sistema.

Poseen las acciones de las empresas de energía que estrangulan a la industria alemana; poseen la deuda de los Estados francés y británico que los obliga a recortar los servicios públicos; poseen las empresas tecnológicas que proveen los algoritmos de vigilancia y censura, y, por supuesto, son los principales accionistas de Rheinmetall y de las grandes corporaciones de defensa.

BlackRock no tiene patria, no tiene lealtad a la constitución de ningún Estado europeo y no rinde cuentas ante ningún electorado. Para BlackRock, la «transición verde» no es una necesidad ecológica, es un mecanismo para crear nuevos mercados de activos financieros y destruir la vieja industria que exige derechos laborales. Para BlackRock, la guerra en Ucrania no es una tragedia humanitaria, es una oportunidad para lanzar Exchange Traded Fun (ETFs), o fondo cotizado de defensa europea y capitalizar el miedo. BlackRock es el nuevo Krupp, el nuevo Siemens, el nuevo IG Farben, pero multiplicado por mil y liberado de cualquier atadura territorial.

Las elites europeas ante la pregunta de si son parte del desastre o los ganadores, la hipótesis y el concepto de «capitalismo de crisis» sugiere que la facción tecnocrática, financiera y verde está ganando. La teoría de las elites sugiere que están utilizando la crisis para consolidar el poder supranacional de la Unión Europea y evolucionar su marco legal hacia una mayor centralización.

Si aplicamos a esta Europa, la de 2026, el marco analítico que Ian Kershaw desarrolló en su magistral “Descenso a los infiernos”, el paralelismo no es solo perturbador, es revelador de la intencionalidad de las elites. Kershaw identificó cuatro motores que empujaron a Europa al abismo entre 1914 y 1949: las tensiones nacionalistas, las disputas territoriales, los conflictos de clase y las crisis del capitalismo. Pero su gran lección es cómo las elites conservadoras y financieras utilizaron estos motores para justificar la destrucción de la democracia y los derechos sociales.

En los años treinta, el pánico sistémico de las elites ante el comunismo y la revolución obrera las llevó a apoyar, financiar y armar a los movimientos fascistas. Necesitaban un leviatán que aplastara a los sindicatos, eliminara el derecho a huelga y sometiera a la clase trabajadora a la disciplina de la economía de guerra. El fascismo no fue un accidente histérico de las masas; fue la solución de emergencia de las elites para salvar el capital mediante el terror de Estado.

Al igual que en el periodo de entreguerras, las elites actuales están dispuestas a sacrificar la democracia liberal, el bienestar social y la paz para garantizar la seguridad del capital y su propia supervivencia en la cúspide de la pirámide. Utilizan la amenaza de Rusia y China como el nuevo «peligro bolchevique», un chivo expiatorio geopolítico que les permite imponer medidas de austeridad, recortar libertades civiles y desviar el presupuesto público hacia el aparato de seguridad. El enemigo externo es la coartada perfecta para el despojo interno.

El despojo se ha vuelto invisible, automatizado y aceptado como «sentido común» por una población que ha sido educada para temer más al «discurso de odio» o a la «desinformación» que, a la pobreza, a la guerra o a la pérdida de su soberanía. Las elites han logrado que los propios ciudadanos se vigilen, se delaten y se autocensuren, externalizando la función de la policía política a la propia sociedad civil, esa misma que Soros y sus ONG han meticulosamente adiestrado en la pureza moral y la obediencia tecnocrática.

Al destruir el Estado del Bienestar, las elites europeas han eliminado el colchón de contención social. Han sustituido la esperanza por el miedo, y el miedo, cuando se acumula durante demasiado tiempo en una población acorralada, no genera sumisión; genera una presión explosiva. El despojo tiene un límite físico. Cuando la clase media europea ya no pueda pagar la calefacción, cuando los trabajadores de las ciudades desindustrializadas no tengan nada que perder, cuando la realidad material de la pobreza y la guerra llame a sus puertas, ninguna ley de «desinformación» y ningún algoritmo de vigilancia podrá contener la furia de una sociedad a la que se le ha robado el futuro.

La historia, como Kershaw demostró y como Vuillard noveló, suele castigar esa arrogancia. Las catástrofes históricas rara vez son causadas por monstruos sádicos al principio; son causadas por elites conservadoras, banqueros y tecnócratas que creen que pueden gestionar el caos para proteger sus privilegios. Las elites europeas actuales, al financiar la guerra contra Rusia y permitir la desindustrialización de Alemania, están caminando por el mismo precipicio, convencidas de que su ingeniería financiera y militar las salvará.

Pero los nuevos veinticuatro caballeros, los Soros, los Rothschild, los Fink, los Von der Leyen, los Macron, no han aprendido la lección de sus predecesores. Creen que esta vez será diferente. Creen que el monstruo les obedecerá. La historia, terca y repetitiva, les recordará que los monstruos nunca obedecen a quienes los financian. Europa, una vez más, desciende a los infiernos. Y esta vez no habrá un 1945 que la rescate de sí misma.

https://eltabanoeconomista.wordpress.com/2026/07/05/el-gran-despojo-del-bienestar-y-la-arquitectura-del-cuartel-europeo/

Lo " bots" gobbelianos.

 

Las granjas de Goebbels «bots»

   

Por Fernando Buen Abad Domínguez 

| 28/08/2026 

Goebbels comprendió algo elemental y monstruoso: la guerra cognitiva alcanza su máxima eficacia cuando deja de parecer guerra. El propagandista mediocre ordena creer. El propagandista sofisticado consigue que el sujeto desee aquello que previamente fue dispuesto para él.

La granja digital lleva esa lógica a una escala vertiginosa. Ya no necesita solamente fabricar discursos, puede fabricar atmósferas. No necesita demostrar que todos piensan igual, necesita producir suficientes señales para que cada persona tema ser la única que piensa distinto. El objetivo no es conquistar una cabeza, es modificar el campo psicológico donde millones de cabezas toman decisiones. Una cuenta falsa puede ser insignificante. Diez mil cuentas coordinadas pueden fabricar una realidad política. La mentira deja de ser una proposición y se convierte en ambiente. Detrás de esta canallada hay ahora presidentes, empresarios y todo tipo de perturbaciones ideológicas burguesas. Con mucho dinero.

Es probable que el signo más perfecto de una dictadura de la percepción sea aquel que consigue que la víctima crea que está pensando por sí misma. Ahí está la trampa decisiva de las granjas de Goebbels-bots: no fabrican simplemente mentiras, fabrican el espejo social en el que una mentira aparece acompañada por miles de rostros, miles de voces, miles de supuestas conciencias. Cuando el individuo observa su entorno y descubre su propia indignación repetida de manera constante, la repetición adquiere la forma de evidencia. La cantidad suplanta a la verdad. El eco se enmascara de multitud. La multitud, de consenso. El consenso, de realidad. Esta es la operación semiótica brutal: conseguir que el signo falsificado gobierne la conducta verdadera.

Y aquí aparece el verdadero escándalo: los bots no son lo más importante. Lo verdaderamente peligroso es la multitud humana que aprende a comportarse como un bot. Repetir sin leer. Reaccionar sin comprender. Condenar antes de investigar. Compartir antes de verificar. Convertir una emoción en argumento y una consigna en identidad. La máquina no reemplaza al individuo: lo capacita. Lo acostumbra a responder con patrones. Le enseña que pensar equivale a elegir inmediatamente un bando. Le recompensa por la furia. Le castiga con invisibilidad cuando introduce matices. Gradualmente, el individuo conserva su semblante, su nombre, su historia e incluso la ilusión de autonomía, mientras sus movimientos comunicativos adoptan la regularidad de una pieza industrial.

Por eso hay que abandonar la ingenuidad de imaginar la granja como una habitación oscura llena de operadores frente a cinco mil teléfonos. Esa imagen es demasiado cómoda. Nos permite identificar al monstruo y regresar tranquilamente a casa. La granja auténtica es un circuito social mucho mayor: alguien fabrica contenidos, alguien financia su circulación, una plataforma organiza la visibilidad, un algoritmo detecta qué provoca reacción, una red coordinada amplifica, miles de usuarios completan el trabajo gratuitamente y una industria de la atención convierte todo aquello en dinero, influencia o poder. La operación funciona porque el capital humano más abundante de nuestro tiempo ya no es solamente la fuerza de trabajo: es la capacidad de reaccionar.

Cada indignación es susceptible de ser cosechada. Cada miedo puede segmentarse. Cada humillación tiene el potencial de transformarse en tráfico. Cada sesgo puede convertirse en una comunidad económicamente eficiente. Cada conflicto puede ser optimizado. Tiene conocimiento de una ley fundamental de la economía contemporánea: aquello que atrae la atención puede transformarse en poder. Y nada queda en el olvido. Y nada captura la atención con tanta eficacia como el enemigo. Por consiguiente, el ciudadano contemporáneo se encuentra constantemente alimentado por amenazas: la mujer emancipada que presuntamente destruye la familia, el migrante que supuestamente usurpa el futuro, el pobre que supuestamente subsiste gracias al esfuerzo ajeno, el trabajador organizado que supuestamente obstaculiza el progreso, el científico que presuntamente conspira contra la libertad, y el vecino que presuntamente pertenece al bando incorrecto. El enemigo cambia de rostro porque la función permanece intacta.

Y la operación de fondo consiste en una inversión monstruosa de las relaciones sociales. Quien está abajo aprende a mirar hacia los costados. El individuo que sufre una pérdida de salario se dirige al extranjero. a un individuo joven que padece precariedad. Quien padece precariedad mira a quien recibe una ayuda pública. Quien experimenta violencia estructural mira a una mujer que exige autonomía. La persona que ha sido privada de poder encuentra un reducido territorio en el que puede experimentar poder: el comentario, el insulto, la persecución digital y la humillación del otro individuo. El sistema ha identificado un método sumamente económico para gestionar el malestar: conceder permiso para odiar a una persona de mayor vulnerabilidad.

También la violencia de género encuentra aquí un laboratorio especialmente fértil. La maquinaria digital puede transformar la misoginia histórica en una forma industrial de castigo. Una mujer en el ojo público puede recibir, en cuestión de minutos, muchos insultos, amenazas, sexualización y críticas. Este mensaje no solo afecta a la persona en particular, sino que también sirve de advertencia para todas las demás: esto ocurre cuando una mujer habla más de lo esperado, ocupa demasiado espacio, desafía, da órdenes, investiga, denuncia o simplemente no acepta su rol esperado. La granja no necesita que todos sus operadores sean conscientes de la operación. Basta con que una estructura cultural haya enseñado durante generaciones qué cuerpos merecen autoridad y cuáles deben ser disciplinados. El algoritmo encuentra esa desigualdad ya preparada y la convierte en combustible.

Entonces la dimensión ecológica revela otra obscenidad. Se nos presenta la esfera digital como si careciera de cuerpo, territorio y naturaleza. Una opinión parece aparecer de la nada. Un video circula como si no necesitara electricidad. Una nube parece literalmente una nube. No lo es. La infraestructura digital se compone de minerales extraídos de territorios específicos, cadenas energéticas, agua, servidores, centros de procesamiento de datos, transporte, trabajadores y residuos. La supuesta inmaterialidad de la red es una de las grandes ilusiones ideológicas de nuestra época. La economía digital posee una ecología material. Extrae de la Tierra para producir abstracciones y luego devuelve desechos, emisiones y desigualdades a territorios que rara vez aparecen en la pantalla. La granja de bots también tiene suelo, aunque sus usuarios no puedan verlo.

Por consiguiente, el problema no radica en cuestionar de manera infundada si una publicación es «verídica». Hay que preguntar qué realidad produce. ¿Qué conducta desencadena? ¿Qué miedo organiza? ¿Qué relación social deforma? ¿Quién logra obtener beneficios cuando miles de individuos debaten sobre un adversario artificial? ¿Qué problema desaparece del campo visual mientras todos miran hacia allí? ¿Qué trabajo deja de hacerse porque la indignación ocupa el tiempo? ¿Qué conversación queda clausurada porque la plataforma recompensa la velocidad y castiga la complejidad? El descubrimiento decisivo es que la propaganda no necesita destruir la verdad.

Puede hacer algo más eficaz: inundarla. El acto genera cien versiones, cada evidencia suscita cien sospechas y cada dato es sepultado bajo un torrente de ruido. El ciudadano no necesariamente concluye creyendo una falsedad específica. Puede terminar creyendo que ya no existe ninguna verdad posible. Esa es una victoria todavía más profunda. El cinismo absoluto desarma la capacidad de juicio. Si todo puede ser manipulación, nada merece ser investigado. Si todos mienten, nadie responde. En caso de que toda realidad sea propaganda, la única certeza remanente parece ser la propia tribu. La granja produce entonces no solamente falsedad: produce impotencia epistemológica.

Y esa impotencia es políticamente rentable. Un ciudadano persuadido de que nada puede ser conocido es considerablemente más sencillo de gobernar que un ciudadano que puede verificar, organizarse, comparar experiencias y reconocer intereses compartidos. La confusión permanente despolitiza. El exceso de información puede convertirse en una forma de oscuridad. Tener millones de mensajes disponibles no significa tener más conocimiento. Una biblioteca incendiada produce más información dispersa que una biblioteca intacta, pero menos posibilidad de leer.

Aquí pensar es resistir la velocidad que otros han diseñado para nosotros. La conciencia comienza cuando una persona interrumpe el reflejo. Previo a la divulgación, realice una pregunta. Antes de odiar, investiga. Previo a seleccionar adversarios, se debe analizar la relación de poder que se encuentra fuera del encuadre. Antes de aceptar una multitud, pregunta quién la fabricó. Previo a apreciar una tendencia, cuestione quién percibe valor de ella. Previo a la convicción de que la historia está segmentada entre «ellos» y «nosotros», se debe preguntar quién obtiene beneficios de dicha división. La verdadera revolución de las conciencias comienza precisamente ahí, en el instante microscópico en que el individuo deja de ser una reacción automática.

Ese instante puede parecer insignificante frente a una maquinaria de millones de dólares, plataformas planetarias y ejércitos de cuentas falsas. No lo es. Una maquinaria de propaganda necesita que la conducta se vuelva previsible. El pensamiento crítico introduce una discontinuidad. La organización colectiva introduce otra. La solidaridad introduce una tercera. Cuando aquellos entrenados para competir descubren que comparten las mismas condiciones materiales; cuando aquellos educados para odiarse reconocen que experimentan presiones similares; cuando una mujer descubre que su agresor visible es también manipulado por una estructura que le incita a descargar su frustración hacia abajo; cuando el trabajador descubre que el supuesto adversario cultural no determina su remuneración; cuando la sociedad comprende que la destrucción ambiental y la precarización son parte del mismo metabolismo económico, la granja pierde una porción de su cosecha. La inversión conceptual queda entonces completa.

Pensábamos que las granjas de bots eran máquinas que manipulaban sociedades humanas. Ahora podemos ver algo más inquietante: son sociedades organizadas de tal manera que ciertas máquinas pueden manipularlas con extraordinaria facilidad. El problema no comienza con el bot. El bot es el síntoma tecnológico de una enfermedad social más antigua: la concentración del poder sobre los medios de producción de la realidad simbólica. La persona que ejerce control sobre la facultad de producir visibilidad adquiere una forma de poder que no requiere la prohibición del pensamiento; basta con determinar lo que se presenta ante sus ojos de manera infinita.

Por eso la pregunta final no es cuántos bots existen. Es mucho más incendiaria: ¿cuánta humanidad estamos dispuestos a entregar para que nuestras propias máquinas nos devuelvan una falsa imagen de nosotros mismos? Porque una sociedad que necesita miles de identidades ficticias para fabricar consenso ya está confesando algo sobre su consenso real. Y cuando una multitud necesita ser falsificada para parecer mayoritaria, quizá la verdadera mayoría esté en otra parte, todavía dispersa, todavía sin nombre, todavía sin reconocerse. La tarea histórica consiste en encontrarla. No en la oscuridad de la pantalla, aguardando una nueva tendencia, sino en el mundo material donde se labora, se ama, se cuida, se lucha, se contamina, se enferma, se organiza y se imagina. La realidad que ninguna granja de robots de Goebbels puede construir en su totalidad.

https://rebelion.org/las-granjas-de-goebbels-bots/

Canciones para un depósito de cadáveres

   

Por Higinio Polo |

  27/08/2026  

A mediados de mayo de 2026, los tribunales de Kiev dictaron prisión preventiva de sesenta días para Andréi Yermak (ex jefe del gabinete de Zelenski durante seis años), un hosco personaje que pasaba por ser, tras el presidente, el segundo hombre más poderoso del gobierno. Yermak está acusado de blanquear nueve millones de euros con una urbanización de lujo, y ya estuvo implicado en 2025 en otra operación corrupta que blanqueó 86 millones de euros de la compañía Energoatom, que opera las centrales nucleares ucranianas. No era el único: con él, aparecían el ex ministro de Energía, Herman Halushchenko, y Oleksiy Chernishov, que hasta julio de 2025 fue viceprimer ministro y disponía de una red corrupta junto a diputados del partido de Zelenski. Yermak evitó días después la prisión preventiva con una fianza de tres millones de dólares, una cifra inalcanzable para cualquier ucraniano en un país donde el salario mínimo mensual es de 195 euros y el salario medio de unos 675 euros.

Con ellos está también implicado el empresario Timur Míndich, aliado y socio de Zelenski en la productora cinematográfica Kvartal 95, que abandonó el país tras las primeras detenciones para establecerse en Israel. Entre las operaciones corruptas tramadas por ese círculo tan cercano a Zelenski está la privatización del Sense Bank, uno de los bancos más importantes de Ucrania, y de Karpatneftekhim, la mayor planta petroquímica del país, hoy bajo control judicial del Estado, además de una urbanización de lujo, con casas construidas para Yermak, Míndich, Chernishov y una mansión para el presidente ucraniano aunque, tentándose la ropa, los responsables de la investigación no citaban a Zelenski. No es extraño que lo hiciesen así, porque los organismos anticorrupción y la policía están llenos de ladrones y corruptos, aunque siguen investigando por la presión de Washington y Bruselas que no quieren que una parte de sus ayudas millonarias acaben en las oscuras tramas de la corrupción. Ahora, el presidente ucraniano simula no tener nada que ver con Yermak, pero en el enfermizo mundo de intrigas, saqueos y corrupción que rodea al gobierno de Kiev está también implicada la esposa de Zelenski: en ese ambiente de nepotismo y depravación, Elena Zelenska y Yermak son los padrinos del hijo del fugado Chernishov. Para completar el delirio de esa corte de los milagros, de ladrones y estafadores, el siniestro Yermak tenía contratada a una adivina y astróloga, Veronika Anikiévich, para lanzar maldiciones de magia negra sobre el organismo anticorrupción y sobre periodistas entrometidos, y era consultada por Yermak incluso para nombramientos de ministros del gobierno.

La Oficina anticorrupción de Ucrania, NABU (que nació en 2015 bajo los auspicios de Estados Unidos y la Unión Europea tras el golpe de Estado del Maidán, y donde participan el FBI y la CIA) acusa a esos personajes del círculo de Zelenski de blanqueo de capitales, soborno y abuso de poder, y dispone de grabaciones de conversaciones telefónicas donde los miembros de esa red corrupta maquinan las operaciones y negocian el reparto de millones de euros. Nada nuevo. Las prácticas corruptas vienen de lejos: en 2019, personas asociadas con el anterior presidente, Poroshenko, se lucraban con estafas y robos en el Ministerio de Defensa y en compras de armamento, y la fiscalía y los organismos anticorrupción recibían presiones y amenazas: a finales de 2015, Biden, entonces vicepresidente, visitó Kiev y amenazó con retener mil millones de dólares si Poroshenko no destituía al Fiscal General, Víktor Shokin. Biden quería cerrar así las investigaciones sobre otra oscura trama de corrupción donde Hunter Biden, hijo del vicepresidente, recibía un millón de dólares anuales de una empresa ucraniana. El propio Biden alardeó públicamente de ello después, aunque mantuvo que su exigencia de que el Fiscal General ucraniano fuese destituido no era por la implicación de su hijo sino por la ineficacia de Shokin para combatir la corrupción. Fue conmovedor.

La NABU sufre hoy la constante intervención de la embajada estadounidense, que intenta controlar el destino de la enorme financiación que recibe Ucrania de Washington y Bruselas: se calcula que desde 2022 los países de la Unión Europea y Estados Unidos han destinado más de 360.000 millones de euros para ayuda militar y económica al gobierno de Zelenski, además de los 90.000 millones de euros aprobados recientemente por la Unión Europea para enviar a Ucrania en 2026-2027. En julio de 2025, Zelenski quiso poner los organismos de vigilancia de la corrupción a las órdenes del Fiscal General que controla tras haber nombrado para el puesto a Ruslán Kravchenko, un joven treintañero que ejerció de fiscal militar en el Donbás en 2014 y 2015 durante el ataque ordenado por Poroshenko. El intento de Zelenski fracasó por las críticas occidentales, que temen que buena parte de su financiación a Kiev acabe siendo robada: de hecho, participan también en el saqueo de Ucrania y de los fondos occidentales responsables de esos organismos anticorrupción (además de ministros, diputados, militares, empresarios, asesores estadounidenses, miembros de los servicios secretos y altos funcionarios) y los servicios de seguridad, SBU, han llegado a detener a funcionarios de la NABU. La corrupción es tan flagrante y extensa que llevó incluso a la Unión Europea a amenazar con detener la ayuda financiera si Zelenski no retiraba su proyecto de control de los organismos anticorrupción.

El dinero llega a Ucrania desde muchas fuentes, aunque las partidas más importantes proceden de la Unión Europea y de Estados Unidos, y sirve para nutrir al ejército ucraniano y a las estructuras del Estado, y también para incrementar la influencia cultural y política occidental. La USAID financiaba a buena parte de la prensa ucraniana (como Ukrainska Pravda, The Kyiv Independent, y radios y televisiones), prensa que paga esa hipoteca con contenidos informativos del agrado de Washington; se calcula que USAID financiaba a casi el 90% de la prensa «independiente» en Ucrania, lo que supone más de 700 medios de comunicación, además de unas 280 ONGs, a través de programas como el Media Program in Ukraine. Aunque Trump desmanteló la USAID en 2025, muchos de sus programas han sido asumidos por el Departamento de Estado y por la financiación de agencias de inteligencia. Sectores privados occidentales también colaboran en la financiación de todo tipo de entidades: el millonario ucraniano de religión judía Jan Koum, fundador de WhatsApp (que en mayo de 2026 tenía amarrado su yate Moonrise de cien metros, dotado de helicóptero, en el puerto de Barcelona) donó 17 millones a la European Jewish Association, un grupo de presión con sede en Bruselas a la que aporta casi todo su presupuesto, y decenas de millones más a la Federation of Jewish Communities of the CIS, cuya sede está en Nueva York y que actúa en todo el territorio de la antigua Unión Soviética. Ambas organizaciones jasídicas aseguran desarrollar «actividades humanitarias» en Ucrania.

La amordazada prensa ucraniana no informa sobre la corrupción que rodea a Zelenski, pese a las abundantes pruebas e indicios, protegido como está por el artículo 105 de la Constitución ucraniana que asegura impunidad para el presidente del país. Sin embargo, el gobierno de Washington conoce perfectamente la charca ponzoñosa en que se ha convertido el país, porque Ucrania está llena de estadounidenses: funcionarios del gobierno, militares del Pentágono, agentes de la CIA, policías del FBI y hombres de las empresas de mercenarios están presentes en todos los organismos gubernamentales ucranianos y en el ejército. En ese pozo de corrupción, drogas y codicia del gobierno y el Estado ucraniano, no pueden sorprender las revelaciones que hizo la secretaria de prensa de Zelenski, Yulia Mendel, en una entrevista con Tucker Carlson en mayo de 2026. Según Carlson, Mendel arriesga la vida.

La represión en el país no ha cesado, con todos los partidos de izquierda prohibidos y perseguidos, con miles de presos políticos (aunque el gobierno de Zelenski los califica de «espías», «traidores» y «colaboradores con Rusia»), y se recurre al siniestro expediente de ciudadanos «desaparecidos», y con la actuación de «escuadrones de la muerte». El anterior jefe del SBU, Vasil Malyuk, se vanaglorió de las «campañas de asesinatos selectivos» que sus hombres llevaban a cabo en Ucrania y también en el interior de Rusia. Malyuk fue sustituido en enero de 2026 por Evgeni Khmara, el cruel jefe de la “unidad de operaciones especiales”.

A la suspensión de las elecciones (el mandato de Zelenski terminó en mayo de 2024) se añade la existencia de un parlamento ornamental (once partidos políticos fueron prohibidos, entre ellos el comunista y el socialista) donde la mayoría absoluta la ostenta el partido de Zelenski y la oposición se agrupa en torno a las organizaciones de Petró Poroshenko, Yulia Timoshenko y Kira Rudik, los tres partidarios de la OTAN y de las redes occidentales. La compra de votos en la Rada es habitual: muchos de los miembros del partido de Yanukóvich, destituido por el golpe de Estado del Maidán, han sido comprados por los servicios de Zelenski y votan ordenadamente en el parlamento las propuestas del régimen, manteniendo el estricto decorado «democrático», aunque eso no evita las sordas luchas de facciones, en muchas ocasiones en busca de puestos bien remunerados y lucrativos «negocios» y privatizaciones. A la represión política y la corrupción extrema se ha añadido una economía de guerra gracias a los envíos occidentales que aseguran subvenciones, salarios y tramas clientelares.

A todo ello se unen los constantes gestos para honrar a los colaboradores del nazismo: en mayo de 2026 el gobierno aprobó la repatriación desde Luxemburgo de los restos de Andriy Mélnyk, dirigente de la OUN (Organización de Nacionalistas Ucranianos, de ideología fascista) entre 1938 y 1964, para enterrarlos en el Cementerio Conmemorativo Militar Nacional en Kiev (creado en 2025 a imitación del cementerio estadounidense de Arlington) con homenajes y honores militares. Mélnyk, agente de la Abwehr alemana, participó en la creación de batallones nazis durante la Segunda Guerra Mundial, se involucró en matanzas de comunistas y judíos soviéticos y polacos y en la creación de la División SS Galitzia para combatir al Ejército Rojo mientras pedía a Hitler «el honor de participar en la cruzada contra la barbarie bolchevique».

La Unión Europea y Estados Unidos han aceptado la imposición de un nacionalismo ucraniano que bebe en las fuentes de la complicidad con el nazismo y que ha convertido a la Ucrania soviética de 52 millones de habitantes en un desolado país de menos de 30 millones de ciudadanos. Washington y Bruselas han aceptado que los gobiernos de Kiev aprobasen la práctica prohibición del idioma ruso, hablado por una buena parte de la población del país; han consentido la persecución de toda oposición política, de los comunistas hasta sectores conservadores opuestos a la dictadura de Zelenski, y lo han acompañado del constante recurso de los portavoces occidentales a la mentira de que en Ucrania se lucha por la libertad y la democracia. Washington y Bruselas no han expresado la menor protesta por el reclutamiento forzoso de miles de personas que son cazadas en las calles ucranianas por patrullas del ejército y la policía, y tanto Estados Unidos como la Unión Europea ha cerrado también los ojos a las reiteradas muestras de unidades nazis en el ejército y la proliferación de símbolos hitlerianos. La Brigada Azov se ha convertido en un Cuerpo de Ejército y de sus tres mil integrantes ha pasado a incorporar a más de veinte mil militares, sin perder su inspiración nazi inicial.

Sin embargo, el pozo negro de la corrupción ucraniana, de la represión, de la complicidad con el nazismo, son asuntos menores para la Unión Europea y para Estados Unidos, cuyas diplomacias han impedido la paz desde las primeras semanas de la guerra, tras las negociaciones de Estambul, y no dudan ahora en apoyar a un histérico Zelenski (así lo define quien fue su ex responsable de prensa). La retórica occidental sobre los «valores» y la «defensa de la democracia y la libertad» en Ucrania era solo una trampa para elefantes, porque lo que persiguen es la continuación de la guerra y la derrota de Rusia. La decisiva visita del primer ministro británico, Boris Johnson, a Kiev en abril de 2022, a solo seis semanas del inicio de la intervención rusa, sirvió para dinamitar la posibilidad de terminar la guerra. Dos semanas después de la misión de Johnson llegaban a Kiev Blinken y el jefe del Pentágono y secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien tras entrevistarse con Zelenski, reconoció después en Polonia que la guerra debía servir para «debilitar a Rusia» con la intervención y ayuda de «más de treinta países». La nueva presidencia estadounidense no ha cambiado nada en lo sustancial, porque a pesar de las reiteradas especulaciones en la prensa sobre la proximidad de Trump con Moscú, puede constatarse que su gobierno sigue apoyando y armando a Zelenski.

En ningún momento del conflicto los principales países europeos, Alemania, Francia, Italia o Gran Bretaña, han lanzado iniciativas diplomáticas para la paz: se han limitado a declaraciones reclamando el fin de los enfrentamientos para aplacar posibles exigencias de la población… mientras hacían posible la continuidad de la guerra, auxiliando a Zelenski y aumentando el despliegue militar en las proximidades de las fronteras rusas. El hostil discurso hacia Moscú es el eje de la política exterior y de las decisiones de la Unión Europea, y un cambio de suma gravedad ha sido el deslizamiento de Alemania hacia la guerra: del «discurso Zeitenwende» de Scholz en 2022 asignando 100.000 millones de euros al rearme se ha pasado a la decisión de Merz de destinar para ello más recursos todavía, rearmar la Bundeswehr para convertir el ejército alemán en «el más fuerte de Europa», levantar una poderosa industria armamentística y facilitar a Kiev armas con las que atacar el corazón de Rusia. Estremece que en Berlín resuenen de nuevo los tambores de guerra, y que vayan acompañadas de las palabras de Macron sobre la fuerza nuclear francesa y la posibilidad de que Francia y otros países envíen soldados a Ucrania, y de la decisión de los tres pequeños bálticos, Polonia y Finlandia de colaborar con el gobierno de Zelenski facilitando cobertura para los ataques con drones a territorio ruso. El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Kęstutis Budrys, ha llegado a amenazar con un ataque de la OTAN a la región rusa de Kaliningrado, y con la destrucción de las bases militares rusas. En Kaliningrado está el cuartel general de la Flota del Báltico rusa y alberga misiles balísticos Iskander que pueden llevar ojivas nucleares.

Porque los países de la OTAN participan de hecho en la guerra ucraniana a través de su financiación, de la ayuda en el reclutamiento de mercenarios para Zelenski, de la información constante de sus servicios secretos y satélites militares estadounidenses, y del envío de armamento, incluso misiles y drones que ya producen fuera de Ucrania, golpeando a Rusia, y que han alcanzado algunos de los puntos de su dispositivo nuclear (se ha atacado territorio ruso con misiles balísticos ATACMS suministrados por Estados Unidos y con misiles de crucero Storm Shadow de fabricación británica, entre otros de procedencia europea), sin olvidar la decisiva colaboración de las compañías tecnológicas occidentales. Utilizando a Ucrania, la guerra por poder de la OTAN contra Rusia no se detiene, y la colaboración del MI6 británico en la matanza del colegio Starobelsk, en Lugansk, es otra muestra más.

De Biden a Trump, el análisis estratégico estadounidense no ha cambiado porque siguen señalando a China como la pieza a batir, manteniendo el acoso a Rusia pero traspasando una parte de ese esfuerzo (en la financiación, en el envío de armamento, en entrenamiento de militares ucranianos) a la Unión Europea, porque la leyenda servida por la prensa occidental sobre una supuesta «proximidad» de Trump con Rusia (se ha llegado a afirmar que el estrafalario presidente estadounidense era «el hombre de Moscú en Estados Unidos») no puede ocultar que Washington quiere apoderarse de las riquezas de Ucrania (en 2025, Trump impuso a Zelenski un duro acuerdo para la explotación de minerales en Ucrania), sigue operando en la periferia rusa, manteniendo a grupos terroristas en el Cáucaso y en Asia central, interviniendo en las diferencias de Moscú con Armenia: Marco Rubio acaba de visitar Ereván y ha suscrito un acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores, Ararat Mirzoyan, para el suministro de armamento estadounidense a Armenia, la formación de militares armenios en Estados Unidos y para hacer compatibles sus ejércitos. Con los mismos fines, Washington trabaja también en Azerbeiján y Georgia, envía armamento al gobierno de Kiev, facilita información de sus satélites, desde los KH-11 Kennen hasta la enorme red de los nuevos satélites espía mucho más pequeños que está desarrollando la National Reconnaissance Office, NRO, del Pentágono, además de la colaboración de compañías tecnológicas estadounidenses, entre ellas Starlink y Palantir, con el gobierno de Zelenski. Y no hay apenas diferencias estratégicas entre los dos partidos del régimen estadounidense en el intento de preservar la hegemonía mundial, aunque Trump prefiere que los países europeos de la OTAN asuman el mayor coste del acoso militar a Rusia, y a ese deseo responde la anunciada retirada de 5.000 militares estadounidenses de Alemania y el anuncio de la cancelación del envío de 4.000 soldados a Polonia (decisión anulada después por Trump en uno de sus erráticos merodeos, asegurando que enviará 5.000 soldados más) junto a otras medidas que estudia el Pentágono: ayuda a contener el disparatado déficit norteamericano, aunque sigue manteniendo la hipótesis acariciada por los sectores más extremistas del partido demócrata y de los republicanos de que la presión constante podría llevar a la caída de Putin y, en una culminación terminante, a la desintegración del país. Y, tras ello, llegaría el momento del acoso final a China. Esa temeraria política de Washington, que ha iniciado la guerra con Irán de la mano de Israel y va acompañada del criminal desvarío de Netanyahu, que dirige un país nuclear dispuesto a proseguir el genocidio palestino, y pone en riesgo la vida de millones de personas, ha conseguido algunas victorias que parecen avalar el rearme y la continuidad de la presión militar, económica y diplomática, porque no hay duda de que la caída de Siria (aliada de Rusia con Bashar al-Asad) culminada por los servicios de Biden semanas antes de la segunda llegada de Trump a la presidencia, la tutela impuesta sobre Venezuela tras el secuestro de Maduro, y el férreo acoso y bloqueo a Cuba, han sido duros golpes a Rusia y a China que alimentan las fantasías de los círculos más extremistas del Pentágono y la Casa Blanca.

La Unión Europea agrupa a una perfecta colección de irresponsables que especulan con llevar la guerra a territorio ruso. De Macron a Starmer, de Tusk a Merz, los dirigentes europeos apuestan por el rearme: la temeraria Kaja Kallas llegó a verbalizar hace unos meses la necesidad de «derrotar a Rusia, si queremos hacerlo también con China». Pero la agresividad de la Unión Europea, de distintos dirigentes de sus países miembros especulando con la hipótesis de «frenar a Rusia» con la entrada directa de la OTAN en la guerra ucraniana, ha recibido un nuevo aviso: en mayo, los ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas rusas, junto con Bielorrusia, fueron una severa advertencia contra el partido de la guerra que domina los organismos de la Unión Europea y ha conseguido que la mayor parte de los presidentes de gobiernos europeos se hayan involucrado en Ucrania, continuando la escalada, sin que sean conscientes de las consecuencias de acosar a la mayor potencia nuclear del planeta.

Ucrania es un depósito de cadáveres, envuelto en canciones y gestos «patrióticos», y también un peligroso espejismo para Occidente. Frente al desvarío de Washington y Bruselas, la declaración de Pekín suscrita por China y Rusia, certifica el fin del mundo controlado por Estados Unidos: «Los intentos de algunos Estados de gestionar por su cuenta los asuntos mundiales, imponer sus intereses al mundo entero y restringir las oportunidades de desarrollo soberano de otros países, al estilo de la era colonial, han fracasado.» Estados Unidos se muestra como un imperio que se resiste a morir, y sigue disponiendo de un ejército letal que puede llevar el mundo a la catástrofe, y China y Rusia admiten que los riesgos siguen presentes: «existe el peligro de fragmentación de la comunidad internacional y de un retorno a la <ley de la selva>», por eso, Pekín y Moscú se comprometen a respetar cuatro principios y piden que el mundo también lo haga: una cooperación inclusiva y mutuamente beneficiosa, el principio de que la seguridad es indivisible y debe ser igualitaria, la democratización de las relaciones internacionales y de gobernanza mundiales, y el respeto a la diversidad de civilizaciones.

 https://rebelion.org/canciones-para-un-deposito-de-cadaveres/

Como los medios fomentan el consenso en favor del genocidio.

 

De cómo los medios de comunicación venden el genocidio palestino

Por Chris Hedges

| 26/08/2026

Los medios de comunicación occidentales fomentan el consenso en favor del genocidio. Normalizan la ocupación militar y el apartheid que Israel lleva practicando desde hace décadas. Ocultan las flagrantes violaciones del derecho internacional por parte de Israel. Perpetúan la falacia de que Israel es la víctima. Traicionan, desacreditan y demonizan el trabajo de los periodistas y profesionales de los medios de comunicación palestinos en Gaza, de los cuales al menos 220 han sido asesinados por Israel entre el 7 de octubre de 2023 y agosto de 2025. Aceptan pasivamente la draconiana censura israelí. Se conforman con tibias cartas de protesta ante la negativa de Israel a permitir la entrada de periodistas extranjeros en Gaza —un intento de Israel por enmascarar sus crímenes de guerra—. Amplifican las mentiras israelíes, desde bebés decapitados hasta agresiones sexuales generalizadas contra mujeres israelíes el 7 de octubre, para ocultar la verdad.

Cuando se escribe sobre Gaza, los verbos están en voz pasiva. No hay sujeto. Nadie rinde cuentas. El genocidio, al parecer, es un acto de Dios. No es diferente de un terremoto o un tsunami. Los clichés y los adjetivos opacos, como el «ciclo de violencia» o los «enfrentamientos», distorsionan y falsifican la realidad.

«Si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento», advirtió George Orwell.

Términos como «genocidio», «atrocidad», «limpieza étnica» y «territorios ocupados» desaparecen por arte de magia de los informes de los medios de comunicación sobre los palestinos, cuya resistencia se describe habitualmente como «salvaje» y «bárbara». Los editores dan instrucciones a los periodistas del New York Times para que eviten términos como «Palestina», «genocidio», «carnicería», «campo de refugiados» o «matanza» y «masacre» en referencia a los palestinos.

Los medios de comunicación repiten servilmente lo que Israel les proporciona. Los bombardeos intensivos se convierten en «ataques aéreos quirúrgicos». El uso de la hambruna como arma por parte de Israel se convierte en una «escasez de alimentos». El asesinato de civiles desarmados —incluidos niños— se convierte en «enfrentamientos». Los recintos de los colonos judíos, situados en lo alto de las colinas y con aspecto de fortalezas, se convierten en «barrios». El asesinato extrajudicial de un periodista o un médico se convierte en «fallecimiento».

El genocidio, al que se hace referencia como la «guerra entre Israel y Hamás», se justifica como «autodefensa», parte del mantra del «derecho de Israel a defenderse». Cuando se destruyen escuelas, hospitales, clínicas, ambulancias, mezquitas, iglesias y otros objetivos civiles, se les tilda de «centros de mando de Hamás» o se les ataca porque Hamás está «utilizando a civiles como escudos humanos» —algo que Israel hace habitualmente, cuando el ejército ata a los palestinos detenidos y les obliga a entrar en edificios y túneles que podrían contener trampas explosivas, por delante de las tropas israelíes—.

Cuando los israelíes son retenidos por Hamás, son «rehenes», incluso si prestan servicio en el ejército. Cuando los palestinos —incluidos los niños— son retenidos sin cargos ni juicio y desaparecen en centros de detención israelíes, donde la tortura es «generalizada» y «sistemática», son «prisioneros».

Los ataques con misiles contra campamentos de tiendas de campaña u hospitales se achacan a grupos armados palestinos que lanzan cohetes errantes. Si Israel reconoce los ataques —lo cual ocurre muy raramente—, se describen como un «trágico error».

Las instituciones civiles de Gaza se califican como «dirigidas por Hamás» para poner en duda la veracidad de sus informaciones. El New York Times suele matizar los comunicados del Ministerio de Sanidad de Gaza señalando que «no distingue entre civiles y combatientes», ocultando así la matanza de decenas de miles de civiles.

El resultado son algunos de los textos más enrevesados de la historia del periodismo, como el titular del New York Times del 5 de noviembre de 2023 que reza: «Las explosiones que, según los habitantes de Gaza, fueron un ataque aéreo, dejan numerosas víctimas en un barrio densamente poblado».

«Cuando los periodistas de Middle East Eye Mohamed Salama y Ahmed Abu Aziz, junto con el fotoperiodista de Reuters Hussam al-Masri y los independientes Moaz Abu Taha y Mariam Dagga —que habían trabajado con varios medios de comunicación, incluida Associated Press— fueron asesinados en un ataque de ‘doble golpe’ —diseñado para acabar con los equipos de primera intervención que acudían a atender a las víctimas de los ataques iniciales— en el Complejo Médico Nasser, ¿cómo respondieron las agencias de noticias occidentales?» Lo pregunté en mi columna «La traición a los periodistas palestinos».

«El ejército israelí afirma que los ataques contra el hospital de Gaza tenían como objetivo lo que, según ellos, era un cámara de Hamás», informó Associated Press.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que el ataque al hospital iba dirigido contra un cámara de Hamás», anunció la CNN.

El cámara pertenecía a Reuters, que afirmó que Israel era «plenamente consciente» de que la agencia de noticias estaba grabando desde el hospital.

«Cuando el corresponsal de Al Jazeera, Anas Al Sharif, y otros tres periodistas fueron asesinados el 10 de agosto en su tienda de prensa cerca del hospital Al Shifa, ¿cómo se informó de ello en la prensa occidental?», pregunté.

«Israel mata a un periodista de Al Jazeera del que afirma que era un líder de Hamás», tituló Reuters su noticia, a pesar de que Al Sharif formaba parte de un equipo de Reuters que ganó un Premio Pulitzer en 2024.

El periódico alemán Bild publicó en portada una noticia titulada: «Matan en Gaza a un terrorista disfrazado de periodista».

«Las piruetas lingüísticas empleadas por los medios llegaron hasta el punto de redefinir palabras, vaciándolas de significado», escribe Assal Rad en «No digas Palestina: cómo los medios fabricaron el consentimiento para el genocidio»: «Los medios de comunicación dominantes no describieron las repetidas infracciones del alto el fuego por parte de Israel utilizando el lenguaje propio de una violación. En su lugar, la cobertura siguió los mismos patrones de racionalizar los ataques de Israel y repetir acríticamente las afirmaciones de Israel para justificar sus acciones. Mientras se seguía matando a palestinos —durante un «alto el fuego»— y el flujo de ayuda no alcanzaba el nivel de necesidad ni lo acordado, los medios occidentales enmarcaron estas violaciones flagrantes como «pruebas» o «desafíos» a un «alto el fuego inestable». Mientras organizaciones líderes en derechos humanos como Amnistía Internacional advertían de que el genocidio, de hecho, no había terminado, los medios de comunicación tradicionales siguieron presentándolo como una guerra con un «alto el fuego frágil»».

Las palabras importan. Las palabras justifican las acciones. Si no hay genocidio, si Israel se está defendiendo en una guerra, Estados Unidos y los aliados europeos de Israel tienen derecho a proporcionar decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar. Si se trata de una guerra iniciada por Hamás el 7 de octubre, entonces es posible lamentar la destrucción de Gaza y la matanza masiva perpetrada por Israel como el desafortunado resultado del ataque de Hamás.

Esta corrupción del lenguaje está diseñada, como señaló Orwell, para defender lo indefendible: «Cosas como la perpetuación del dominio británico en la India, las purgas y deportaciones rusas, el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, pueden defenderse, sin duda, pero solo con argumentos demasiado brutales como para que la mayoría de la gente los afronte, y que no concuerdan con los objetivos declarados de los partidos políticos. Por ello, el lenguaje político tiene que consistir en gran medida en eufemismos, argumentos circulares y una vaguedad totalmente confusa. Se bombardean desde el aire pueblos indefensos, se expulsa a los habitantes al campo, se ametralla al ganado y se incendian las chozas con balas incendiarias: a esto se le llama «pacificación». A millones de campesinos se les arrebatan sus granjas y se les obliga a caminar penosamente por las carreteras con nada más que lo que pueden llevar encima: a esto se le llama «traslado de población» o «rectificación de fronteras». Se encarcela a personas durante años sin juicio, se les dispara por la nuca o se les envía a morir de escorbuto a los campamentos madereros del Ártico: a esto se le llama «eliminación de elementos poco fiables»».

Adam Johnson, en «How to Sell a Genocide: The Media’s Complicity in the Destruction of Gaza (Cómo vender un genocidio: la complicidad de los medios de comunicación en la destrucción de Gaza)», analizó más de 12.000 artículos de The New York Times, The Washington Post, CNN.com, Politico, Axios, USA Today y The Associated Press, además de 5.000 segmentos televisivos emitidos en la CNN y la MSNBC. Su libro, fruto de una minuciosa investigación, es una acusación contundente contra la justificación del genocidio por parte de los medios de comunicación «liberales».

La CNN y The New York Times dieron instrucciones a sus editores y periodistas de que los ataques solo podían atribuirse a Israel después de la confirmación por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y las coordenadas GPS. Johnson cita a una fuente de la CNN: «Ya fuera en la redacción o sobre el terreno, no podíamos atribuir nada a Israel a menos que cumpliéramos con este requisito imposiblemente exigente de tener que llamarlo «explosión», hasta que geolocalizáramos el lugar de la explosión, enviáramos las coordenadas a los israelíes y les pidiéramos un comentario».

Puedes ver una entrevista con Johnson sobre su libro en The Electronic Intifada aquí.

Los periodistas de la CNN que informan sobre Israel y Palestina deben enviar sus trabajos para su revisión a la oficina de la cadena en Jerusalén antes de su emisión. La oficina de la CNN, al igual que todas las oficinas de noticias en Israel, está obligada a acatar las restricciones impuestas por los censores militares israelíes.

A los muy pocos palestinos que aparecen en la CNN y otros medios de comunicación tradicionales se les pregunta sistemáticamente —por lo general, incluso antes de que se les permita salir en antena— si «condenan» a Hamás. A los invitados que expresan siquiera una crítica moderada hacia Israel se les pregunta si Israel «tiene derecho a existir».

A nadie se le pregunta jamás si condena el sionismo, el apartheid, la limpieza étnica, el genocidio o la guerra de cien años de Israel contra Palestina. Tampoco se les pregunta si los palestinos tienen derecho a defenderse —lo cual, según el derecho internacional, sí tienen, incluso con armas—.

Nuestros periodistas y medios de comunicación domesticados son, como señaló Robert Fisk, «prisioneros del lenguaje del poder». Repiten obedientemente el léxico oficial. Esto los convierte no solo en propagandistas, sino en cómplices del genocidio.

A quienes protestan contra el genocidio, incluidos los estudiantes en los campus universitarios —muchos de los cuales son judíos—, se les tacha de «partidarios de Hamás» y «antisemitas». Los periodistas buscan a los estudiantes sionistas, que suelen encontrarse refugiados en las casas Hillel de los campus, y que afirman «temer por su seguridad» a causa de las protestas. Los medios de comunicación prestan poca atención al aumento de la intolerancia antimusulmana o a la represión ejercida contra los estudiantes manifestantes, que incluye no solo la brutalidad policial y 3.000 detenciones y arrestos, sino también suspensiones, períodos de prueba, expulsiones, la retención de títulos y el despido de profesores solidarios.

Las consignas que reclaman la liberación de Palestina —entre ellas «Desde el río hasta el mar, Palestina será libre»— junto con la bandera palestina, se han tipificado como delito.

El mensaje es claro: las vidas judías importan. Las vidas palestinas, no.

«Los informes de los organismos de la ONU, de observadores de derechos humanos respetados, de revistas médicas y de personal médico profesional suelen ser tratados con respeto y se les da protagonismo en los medios de comunicación dominantes», escribe el historiador Rashid Khalidi en la introducción del libro de Robin Anderson, The Complicit Lens: US Media Coverage of Israel’s Genocide in Gaza: «No es así en esta guerra: por el contrario, si es que se citan tales fuentes, los medios de comunicación otorgan el mismo tratamiento a las escandalosas calumnias y difamaciones contra estas organizaciones y personas, difamaciones que producen en abundancia la legión de propagandistas profesionales de Israel y su miríada de defensores en EE. UU. Además de difamar a los críticos del genocidio de Israel tachándolos de partidarios de Hamás o simpatizantes del terrorismo, el arma principal de su arsenal de difamación es el uso indebido, sistemático y escandaloso de la acusación letal de antisemitismo».

La fuga masiva de lectores y espectadores de los medios de comunicación convencionales hacia las plataformas de redes sociales —que no filtran las noticias a través del lobby israelí, el Gobierno de EE. UU. o las grandes empresas— es un claro indicador de la bancarrota de los medios. La respuesta a esta fuga ha sido el «plataformicidio»: el uso de algoritmos, el «shadow banning», la restricción de las funciones de retransmisión en directo y el cierre de cuentas por parte de gigantes de las redes sociales como Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok, para reducir drásticamente el alcance de la información sobre Palestina.

Esta censura forma parte de un esfuerzo coordinado para ocultar al público el horror del genocidio.

Al hacer referencia constantemente al 7 de octubre, los medios occidentales sacan de contexto el genocidio. Ignoran el asedio de Gaza por parte de Israel, que dura ya 19 años. En los medios occidentales, el 7 de octubre se presenta como un acto «sin provocación previa». Se ignoran las masacres perpetradas por Israel contra palestinos desarmados en Gaza durante los inviernos de 2008 y 2009, así como sus ataques contra Gaza en 2012, 2014 y durante la Gran Marcha por el Retorno en 2018 y 2019.

Rara vez se menciona la Nakba de 1948 —cuando los sionistas europeos se apoderaron de más del 78% de la Palestina histórica, expulsaron violentamente a 750.000 palestinos, destruyeron más de 530 pueblos palestinos y mataron a 15.000 palestinos—. El 70% de los que fueron expulsados de sus hogares en 1948 se vieron obligados a refugiarse en Gaza.

El proyecto sionista se basa en fomentar la amnesia histórica.

«Una vez que Hamás quedó instituido como un grupo terrorista brutal cuyos miembros torturaban, desmembraban y decapitaban a bebés con regocijo y sin escrúpulos, no se necesitó ninguna explicación adicional», escribe Anderson en su libro. «Los medios de comunicación simplemente evitaron informar sobre el historial de violencia de Israel y, como resultado, los medios del establishment también ignoraron las condiciones de la vida cotidiana de los palestinos».

La ficción de que actualmente existe un alto el fuego en Gaza —Israel ha matado al menos a 1.286 palestinos y ha herido a 4.257 desde que supuestamente entró en vigor— se ha convertido en la excusa utilizada por los medios de comunicación occidentales para dar la espalda a Gaza. Esta negación del genocidio ha caracterizado la cobertura informativa desde sus inicios. Enmascara no solo los crímenes de Israel, sino también la intención declarada de Israel de llevar a cabo una limpieza étnica de todos los palestinos de Gaza. Neutraliza de hecho el derecho internacional. Y convierte en una burla la profesión del periodismo.

Cuando se produzca el último acto de limpieza étnica, los medios de comunicación occidentales, estoy seguro, seguirán bombardeándonos con propaganda israelí, eufemismos y clichés.

Y justificarán el genocidio hasta el final.

Chris Hedges es un escritor y periodista independiente que trabajó durante casi dos décadas como corresponsal extranjero para The New York Times, la National Public Radio y otros medios en Latinoamérica, Oriente Medio y los Balcanes. Formó parte del equipo de reporteros de The New York Times que ganó un Premio Pulitzer por su cobertura del terrorismo global. Hedges es miembro del Nation Institute y autor de numerosos libros, entre ellos War is a Force That Gives Us Meaning.

Texto en inglés: The Chris Hedges Report, traducido por Sinfo Fernández.

Fuente: https://vocesdelmundoes.com/2026/08/24/de-como-los-medios-de-comunicacion-venden-el-genocidio-palestino/