jueves, 1 de octubre de 2026

La estafa del rearme europeo




La gran estafa del rearme europeo

   

La corrupción en la OTAN y el aumento del gasto militar desvían fondos públicos de la sanidad europea hacia un negocio bélico que la calle exige frenar.

El rearme europeo se ha convertido en la prioridad absoluta de las élites institucionales. Bajo la retórica de la seguridad continental, se ha institucionalizado una economía de guerra que exige desviar fondos masivos de la sanidad, la educación y la vivienda hacia los monopolios del complejo militar-industrial.

En los años 2025 y 2026, las instituciones comunitarias han intensificado el proceso de militarización de la Unión Europea bajo el pretexto de la «amenaza rusa». La cúspide de esta escalada se materializó en marzo de 2025, cuando se oficializó la decisión política de movilizar hasta 800.000 millones de euros para el rearme de los ejércitos continentales mediante la estrategia denominada «Readiness 2030» [1][2]. Esta cifra, sin embargo, no representa un fondo único de dinero nuevo: se compone de 150.000 millones en préstamos SAFE —deuda comunitaria emitida por la Comisión Europea— [3][4] y 650.000 millones en gasto nacional habilitado por la flexibilización de las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad [1][2].

El gasto militar agregado de las naciones europeas alcanzó los 864.000 millones de dólares en 2025. Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), esto representa el nivel más alto de militarización en el continente desde el final de la Guerra Fría, consolidando una década de incrementos ininterrumpidos que han terminado por duplicar el peso del sector defensa en las economías europeas respecto a los mínimos de la década anterior [5][6]. Pero este monumental esfuerzo financiero no garantiza una mayor seguridad colectiva y, al mismo tiempo, impone costes económicos y sociales abrumadores.

La historia económica y geopolítica ha demostrado de manera reiterada que las guerras, la tensión permanente y la histeria bélica generan negocios inmensamente lucrativos para Estados Unidos. Washington no solo moderniza y expande su complejo industrial militar a costa del erario ajeno, sino que, en el contexto de una crisis inducida y sostenida contra Rusia, ha encontrado un mecanismo para consolidar su influencia sobre los aliados europeos, imponiendo sus intereses a través de la dependencia y la presión política [5][7].

La excusa existencial

Los defensores del rearme esgrimen un argumento central: la agresión rusa contra Ucrania demostró que la amenaza es real y que Europa debe estar preparada para defenderse. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido que Rusia podría estar en condiciones de atacar la Alianza en un plazo de cinco años. Desde esta perspectiva, el gasto militar no sería un capricho burocrático, sino una necesidad existencial.

Este artículo no niega la existencia de tensiones geopolíticas ni la complejidad del escenario post-Ucrania. Lo que cuestiona es que esas tensiones constituyan una amenaza existencial que justifique movilizar 800.000 millones de euros en armamento. La pregunta que formula es otra: ¿es la militarización acelerada y unilateral la respuesta adecuada a esas tensiones? 

Los datos sugieren que no. Un aumento del gasto militar que se traduce en compras masivas a contratistas estadounidenses no construye una defensa europea autónoma; consolida la dependencia de Washington. Y un gasto que desvía fondos de la sanidad, la educación y la vivienda debilita la cohesión social, que es la primera línea de defensa de cualquier democracia [5].

Tensiones que, como se argumentará a lo largo de este texto, no nacen de una agresión rusa inminente, sino de la propia retórica de confrontación que las élites europeas han promovido.

Al militarizarse sin canales de comunicación directa con Moscú y sin marcos de control de armamentos, Europa no se protege, sino que precipita el conflicto que dice querer evitar. Como advirtió el Financial Times, se trata de una «profecía autocumplida»: la preparación para la guerra genera las condiciones de la guerra [8]. La carrera armamentística no responde a la amenaza; la produce.

La aritmética de la estafa

La principal preocupación que suscita esta cruzada armamentística es el impacto macroeconómico negativo que tiene el aumento del gasto militar en la economía civil. La nueva carrera armamentística exige desviar masivamente fondos públicos de ámbitos vitales como la educación pública, la sanidad, la cultura y la atención social. 

Las enormes inversiones y el blindaje del complejo militar-industrial reducen las posibilidades de desarrollo tecnológico civil, obstaculizan el bienestar de los ciudadanos y lastran las bases para un crecimiento económico sostenible [7][9].

Para sostener este esfuerzo financiero, Europa ha desplegado una arquitectura fiscal sin precedentes:

Préstamos SAFE (Security Action for Europe): instrumento adoptado por el Consejo de la UE que utiliza la elevada calificación crediticia de la Comisión Europea (AAA por S&P, Moody’s y Fitch) para emitir bonos en los mercados de capitales y transferir préstamos a los Estados miembros para adquisición conjunta de armamento. 

Diecinueve países han comprometido la totalidad del fondo [4][5]. El mecanismo, al mutualizar la deuda bajo el paraguas crediticio de Bruselas, permite a los Estados endeudarse a tipos inferiores a los que obtendrían individualmente —pero también transfiere el riesgo sistémico al conjunto de contribuyentes europeos, que asumirán el coste durante décadas independientemente de que los armamentos adquiridos generen o no la seguridad prometida.

Activación de la Cláusula Nacional de Salvaguardia: Bajo el marco revisado de gobernanza económica, se ha flexibilizado la aplicación del límite de déficit del 3% y deuda del 60% del PIB, catalogando el aumento del gasto militar como «circunstancia excepcional». Esta ventaja regulatoria se niega sistemáticamente a la inversión en escuelas, hospitales o transiciones ecológicas [1][2].

Reprogramación de Fondos de Cohesión y Competitividad: Partidas del FEDER y del Fondo de Cohesión están siendo transferidas hacia infraestructuras de movilidad militar y de doble uso [7].

El coste de oportunidad de esta orientación presupuestaria resulta revelador al contrastarlo con las urgencias materiales de la población europea:

  • El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Housing Europe estiman que la Unión Europea padece un déficit estructural acumulado de 2,25 millones de viviendas asequibles y sociales [10].
  • Cerrar esta brecha habitacional requeriría un desembolso estimado de 340.000 millones de euros [10].
  • El techo de gasto habilitado por el plan de rearme —800.000 millones, en el supuesto de que se agote todo el margen fiscal— equivale a 2,35 veces ese capital [7]. Pero incluso sin recurrir al techo máximo, la desproporción es elocuente: los 150.000 millones en préstamos SAFE, la única cifra de deuda comunitaria nueva y garantizada, representan ya el 44% de la inversión necesaria para cerrar la brecha habitacional europea.

Frontex y la proyección imperialista al Sur Global

A este despojo interno se suma su proyección imperialista hacia el Sur Global. Mientras se recortan drásticamente los presupuestos de cooperación al desarrollo, esos mismos recursos se reasignan para militarizar las fronteras del Mediterráneo, expandir las operaciones de Frontex y sostener a regímenes autoritarios en el norte de África como ‘socios de seguridad’. 

El rearme europeo no es solo un negocio transatlántico; es la profundización de la violencia estructural contra los pueblos del Sur. La misma lógica que justifica comprar misiles a Washington justifica externalizar la violencia fronteriza y blindar la Fortaleza Europa. 

Esta arquitectura de contención dinamita, además, cualquier remanente de credibilidad diplomática frente al Sur Global y el emergente bloque de los BRICS. Bruselas no puede seguir presentándose en los foros internacionales como adalid de los derechos humanos o mediador legítimo mientras asfixia sus propios fondos de cooperación para financiar armas. En el escenario multipolar, Europa ha dejado de ser un socio confiable para convertirse en un actor atrincherado y hostil.

El despojo —interno y externo— destruye el tejido laboral. Los estudios econométricos basados en matrices input-output demuestran que el gasto militar es intrínsecamente ineficiente en términos de empleo [9]:

SectorEmpleos por cada 1.000 M€
Educación primaria y secundaria~16.500
Cuidados y sanidad pública~13.200
Construcción de vivienda social~11.800
Electrificación renovable~9.800
Adquisiciones de defensa~6.400 – 7.200

El mito del «keynesianismo militar»

La inversión en sectores civiles de bienestar genera de forma consistente entre un 35% y un 160% más puestos de trabajo por euro que la industria armamentística, según el sector comparado, como se desprende de la tabla anterior. 

Además, la asignación propuesta de 131.000 millones de euros exclusivamente a la ventana de defensa comunitaria ilustra un trasvase de recursos que habría transformado el panorama social europeo. 

Al consolidar esta inmensa partida dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, las instituciones europeas revelan que el rearme no es una medida de emergencia temporal frente a la crisis de Ucrania, sino un secuestro financiero crónico. 

La Unión Europea está hipotecando su presupuesto a largo plazo para la próxima década, institucionalizando una economía de guerra permanente que hará irreversible el desmantelamiento de la cohesión social. 

Para dimensionar esta pérdida material, basta señalar que esos recursos habrían permitido [7]:

  • Financiar íntegramente los salarios y cotizaciones de 300.000 profesionales de enfermería en los hospitales públicos de la UE a lo largo de diez años.
  • Construir más de medio millón de viviendas sociales nuevas y energéticamente eficientes.
  • Rehabilitar térmicamente 6,5 millones de hogares, combatiendo la pobreza energética.

Estas cifras no son teóricas: se traducen en una compresión directa del nivel de vida y en tensiones inflacionarias. La competencia por materias primas encarece las cadenas manufactureras civiles [1], mientras la acumulación de deuda mediante SAFE compromete la capacidad tributaria futura [7].

Voces de gran autoridad moral han señalado esta contradicción. El Papa León XIV, en su discurso del 14 de mayo de 2026 ante estudiantes italianos, afirmó: «No llamemos ‘defensa’ a un rearme que aumenta la tensión y la incertidumbre, reduce las inversiones en educación y sanidad, socava la confianza en la diplomacia y enriquece a las élites, a las que no les importa el bien común» [12].

Frente a estas evidencias, los defensores del rearme recurren a la vieja tesis del “keynesianismo militar”: el gasto en defensa estimularía la demanda agregada, generaría empleo industrial y dinamizaría la innovación tecnológica.

Los datos desmienten esta premisa. Como evidencia la matriz de multiplicadores analizada, la economía de guerra resulta intrínsecamente ineficiente como motor laboral frente a la inversión pública civil. Y a esta debilidad estructural interna se suma una fuga de valor hacia el exterior: el dinero de los contribuyentes europeos financia empleos en Texas, Connecticut o Arizona, no en las regiones europeas que necesitan revitalización.

Incluso John Maynard Keynes, cuyo nombre se invoca para justificar el estímulo militar, dejó claro que el gasto bélico no era superior al civil. En un discurso radiofónico de la BBC en mayo de 1939, tras reconocer que el rearme podría aliviar temporalmente el desempleo, advirtió: «Si podemos curar el desempleo para los propósitos desperdiciados de los armamentos, podemos curarlo para los propósitos productivos de la paz» [13]. La lógica keynesiana, por tanto, no justifica el rearme: lo que justifica es la inversión pública, y el gasto civil es más eficiente que el militar.

Pero si el gasto militar no genera empleo neto ni fortalece la economía, ¿por qué se insiste en él? La respuesta exige examinar a los actores que capturan los beneficios y el argumento que los legitima.

Los dueños del negocio

Desmontada la coartada económica de la supuesta creación de empleo, el establishment europeo recurre a su segundo escudo ideológico: el argumento de la paz. Quienes defienden este relato sostienen que la OTAN y el gasto militar han garantizado la paz en Europa desde 1945. Sin la disuasión de la Alianza Atlántica, afirman, el continente habría vuelto a los conflictos que marcaron su dramática historia.

Este argumento confunde dos cosas: la existencia de una alianza defensiva y la militarización acelerada que hoy se promueve. La OTAN no fue creada como un club de paz, sino como una alianza militar con un propósito defensivo concreto: contener a la Unión Soviética. 

Durante la Guerra Fría, la disuasión funcionó en gran medida porque existían canales de comunicación y marcos de control de armamentos que hoy se han desmantelado. La situación actual es diferente: la OTAN se expande hacia las fronteras rusas, Europa se militariza sin diálogo con Moscú, y la retórica belicista alimenta una espiral de hostilidad.

Además, la paz en Europa no se ha sostenido solo con armas. El proyecto europeo se construyó sobre la integración económica, la cooperación institucional y el Estado del bienestar. Desviar recursos de esos pilares para financiar armamento no refuerza la paz; debilita los fundamentos materiales de la convivencia democrática.

En estas circunstancias, los beneficiarios reales y tangibles de la política de bloques son los grandes monopolios del complejo militar-industrial. Consorcios europeos como Rheinmetall, Thales, BAE Systems, KNDS, Leonardo y Saab han multiplicado sus carteras de pedidos y sus valoraciones bursátiles a expensas directas del erario público [14][15][16]:

EntidadCartera de Pedidos (2021)Cartera de Pedidos (2025/26)Revalorización Bursátil (2022-26)
Rheinmetall AG (DE)€24.500M€63.800M+540% a +580%
BAE Systems (UK)£44.000M£83.600M+145% a +165%
Thales Group (FR)€34.800M€53.000M+120% a +140%
KNDS / Leonardo / Saab€31.000M (agreg.)€62.000M+180% promedio
  • Rheinmetall AG: se convirtió en el epicentro continental de la producción terrestre y de munición, capitalizando la escasez de proyectiles de 155 mm y elevando sus márgenes operativos por encima del 20% [14][17].
  • BAE Systems plc: cerró 2025 con una cartera histórica y ejecutó programas de recompra de acciones y distribución de dividendos por más de 1.500 millones de libras anuales, transformando presupuestos públicos en liquidez para fondos de inversión globales como BlackRock y Vanguard [15][18].
  • Thales Group: acumuló una cartera récord con márgenes de dos dígitos en sistemas de radar, guerra electrónica y ciberdefensa [16].

El espejismo de la autonomía y el vasallaje atlántico

Sin embargo, incluso con estos contratos para los magnates continentales, la conveniencia de realizar semejantes inversiones en defensa resulta dudosa. La proclamada «Autonomía Estratégica Europea» no se materializa en los flujos de contratación. La inmensa mayoría de las nuevas adquisiciones fluyen hacia el otro lado del Atlántico. 

Los datos desclasificados por el SIPRI revelan que, entre 2021 y 2025, el 58% de las importaciones de armamento realizadas por los Estados europeos miembros de la OTAN procedió directamente de fabricantes de Estados Unidos. Francia proveyó únicamente el 9,8% y Alemania el 7,1% [5].

CategoríaRetención UEFuga a EE.UU.Plataformas principales
Aviación de combate22-28%72-78%F-35A Lightning II
Defensa antiaérea30-35%65-70%Patriot PAC-3 (EE.UU.), Arrow 3 (Israel/IAI-Boeing)
Artillería de cohetes25-30%70-75%M142 HIMARS, ATACMS
Blindados72-82%18-28%Leopard 2A8, Boxer
Munición 155mm55-65%35-45%Producción UE dependiente de nitrocelulosa importada

Sistemas críticos como los cazas F-35 (Lockheed Martin), las baterías Patriot (Raytheon) o los lanzacohetes HIMARS dominan las compras de la UE. A esa dependencia estadounidense se suma una dimensión que el discurso oficial europeo silencia: la integración creciente de la industria militar israelí en la arquitectura de defensa continental.

 El sistema Arrow 3, adquirido por Alemania como pieza central de su escudo antiaéreo, es un desarrollo conjunto de Israel Aerospace Industries y Boeing, probado operativamente contra objetivos en Gaza y Líbano. Elbit Systems, el mayor fabricante de drones de Israel, ha suministrado componentes electrónicos, sistemas de guía y municiones avanzadas a la NSPA y a varios ministerios de defensa europeos. 

No se trata de una relación comercial neutra: las mismas plataformas que Europa adquiere para su «defensa» han sido ensayadas sobre población civil palestina. 

El complejo militar-industrial israelí funciona como laboratorio del eje imperial: las armas se prueban en condiciones de ocupación, se validan como ‘probadas en combate’ y se venden a los ejércitos europeos con un sello de eficacia que solo la impunidad puede garantizar. 

Comprar Arrow 3 o contratar a Elbit no es un acto técnico. Es complicidad estructural con un régimen cuyas políticas la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de julio de 2024, declaró contrarias al artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial —el artículo que prohíbe expresamente el apartheid y la segregación racial—, y que organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado sistemáticamente como un régimen de apartheid y ocupación ilegal [19][20][21].

Pero esta captura va mucho más allá de la chatarra balística; se adentra en el corazón de la soberanía digital. La guerra contemporánea es algorítmica, y el rearme europeo está hipotecando sus bases de datos a los gigantes del tecnocapitalismo militar. Las adquisiciones europeas integran masivamente plataformas de inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos de corporaciones estadounidenses como Palantir y gigantes tecnológicos israelíes.

Europa está comprando «soberanía» entregando el cerebro de sus operaciones militares a sistemas de vigilancia y algoritmos predictivos diseñados, controlados y operados desde el extranjero. No hay autonomía estratégica posible cuando los datos de inteligencia de un continente se procesan en los servidores de potencias extracomunitarias.

El sistema logístico y de software centralizado (ODIN) del F-35 otorga al Pentágono y a Lockheed Martin el control del mantenimiento y la capacidad operativa en tiempo real [22]. 

Como señaló el diputado español Txema Guijarro en junio de 2025, los euroburócratas hablan de un objetivo arbitrario que no se basa en un análisis de las necesidades reales de seguridad y que contradice el rumbo hacia una mayor autonomía estratégica de Europa respecto a EE. UU. “¿Alguien cree de verdad que la Unión Europea va a ganar la tan ansiada autonomía estratégica aumentando el gasto en Defensa cuando la mayor parte de las compras van destinadas a empresas norteamericanas?” [23].

Lejos de rectificar este rumbo, y bajo presión directa de Washington, los líderes europeos se plegaron en la Cumbre de la OTAN, celebrada en La Haya en junio de 2025, comprometiéndose a invertir el 5% del PIB anual para 2035 —con al menos un 3,5% en defensa central y hasta un 1,5% en gastos relacionados con seguridad—. 

No se trata de una obligación legal vinculante, sino de un compromiso político sujeto a revisión en 2029 [24]. Esta meta, en economías con crecimiento moderado (0,5%-1,2% en la eurozona) y ratios de deuda superiores al 100% en varios Estados miembros, implica una presión estructural sobre los presupuestos públicos.

Francia, Polonia y Alemania: tres rutas hacia la misma sumisión

El rearme europeo, sin embargo, no es un bloque homogéneo. Existen diferencias profundas entre los Estados miembros que conviene reconocer para no simplificar el análisis.

Francia es el caso más singular. Como única potencia nuclear de la UE, París ha impulsado una agenda de «autonomía estratégica» que busca reducir la dependencia de Washington. Francia y el Reino Unido establecieron en 2025 un marco de coordinación de sus fuerzas de disuasión nuclear, formalizado mediante la creación de un Grupo de Dirección bilateral (Nuclear Steering Group) que celebró su primera reunión en diciembre de ese año [25], y Macron ha propuesto extender el paraguas nuclear francés a otros socios europeos [26]. 

Esta retórica autonomista, no obstante, coexiste con una dependencia crítica de componentes y tecnologías estadounidenses en sectores decisivos. La autonomía francesa es más declarativa que efectiva.

Polonia representa el extremo opuesto. Con un gasto en defensa que alcanza el 4,5% del PIB en 2025 —el más alto de la OTAN—, Varsovia ha apostado por una modernización militar acelerada que combina compras masivas a Estados Unidos (HIMARS, Patriot, Apaches) con acuerdos con Corea del Sur (casi 1.000 tanques K2, más de 350 obuses K9) [27]. 

La memoria de la ocupación nazi y la dominación soviética es un hecho histórico. Pero esa memoria ha sido instrumentalizada por las élites polacas y el aparato atlantista para justificar un rearme que, lejos de garantizar la seguridad del país, lo encadena a la dependencia tecnológica y financiera de Washington. 

El trauma histórico puede ser real; la conclusión que se extrae de él —comprar masivamente a Lockheed Martin, Raytheon y Hyundai Rotem— no es una respuesta de seguridad, sino una operación de captura. Polonia no responde a una amenaza presente: responde a un relato construido sobre una herida pasada, y ese relato beneficia a quienes venden las armas.

Alemania ocupa una posición intermedia y contradictoria. Tras décadas de «dividendo de la paz», Berlín aprobó en 2025 una reforma constitucional para permitir endeudamiento ilimitado en defensa, con un presupuesto que alcanzará los 108.000 millones de euros en 2026 y los 152.800 millones en 2029 [28]. 

Pero este rearme enfrenta obstáculos estructurales: dependencia de proveedores externos —entre ellos Israel, cuyo sistema Arrow 3 constituye la columna vertebral del escudo antiaéreo alemán—, problemas de reclutamiento por razones demográficas, y críticas sociales por el impacto en el gasto sanitario y educativo.

En definitiva, los tres modelos —la autonomía declarativa francesa, la compra masiva polaca y el rearme constitucional alemán— comparten un rasgo común: ninguno ha logrado traducir su esfuerzo financiero en seguridad proporcional. Francia sigue dependiendo de componentes críticos estadounidenses, Polonia compra a terceros lo que no produce, y Alemania no consigue construir una industria de defensa competitiva a pesar de su músculo presupuestario. 

El resultado es un gasto militar que crece sin generar autonomía estratégica real. A esta sumisión bélica se suma el expolio energético, el verdadero motor no declarado del conflicto. 

Al cortar los lazos con la energía barata rusa —el cimiento histórico de su competitividad industrial—, Europa cayó en un doble vasallaje frente a Washington: hoy no solo depende de Estados Unidos para armar a sus ejércitos, sino que está atada al costoso Gas Natural Licuado (GNL) norteamericano para evitar el apagón de sus fábricas. Es una pinza extractiva perfecta. Europa financia el rearme atlantista mientras sufre un proceso de desindustrialización acelerada provocado por los propios costes de la energía.

La sumisión no exige obediencia explícita: basta con que todas las opciones disponibles conduzcan al mismo lugar. Francia, Polonia y Alemania recorren caminos distintos, pero los tres desembocan en la dependencia tecnológica, financiera y operativa del complejo militar-industrial atlantista. No es sumisión voluntaria; es captura estructural.

El secuestro de las élites y el negocio del miedo

¿Por qué las élites europeas no logran —o no quieren— escapar de esta captura? No es solo por miedo a Rusia ni por incompetencia. Hay razones estructurales que conviene examinar. 

Primero, la integración de las élites políticas y militares europeas en las redes transatlánticas: generaciones de funcionarios, diplomáticos y oficiales se han formado en instituciones estadounidenses y han hecho carrera en estructuras vinculadas a la OTAN, lo que genera una afinidad estructural difícil de romper. 

Segundo, el peso del complejo militar-industrial: las empresas de defensa no solo venden armas, también financian campañas, colocan a exfuncionarios en puestos clave y participan en grupos de trabajo que definen las políticas de adquisición. 

Tercero, la ausencia de un proyecto político alternativo: la socialdemocracia europea abandonó hace décadas el proyecto de transformación social y se ha integrado en el consenso neoliberal. Sin una alternativa, la militarización se presenta como la única respuesta posible. 

Y cuarto, el miedo como herramienta de legitimación. La «amenaza rusa» no es un dato de la naturaleza, sino una construcción política sostenida por un lenguaje bélico incesante. 

Las élites occidentales, amplificadas por los grandes grupos mediáticos, han normalizado un vocabulario de confrontación —hablan de «economía de guerra», de «victoria total», de «amenaza existencial»— que no solo justifica el gasto militar, sino que provoca la reacción defensiva y hostil de Moscú. 

Es una profecía autocumplida orquestada desde las cancillerías y los platós de televisión: se tensa la cuerda retórica, se militariza la frontera, y cuando la contraparte responde a esa asfixia estratégica, se presenta su reacción como la prueba irrefutable de su agresividad. El miedo es funcional al sistema porque silencia el disenso y convierte la diplomacia en traición.

Esta paradoja no es casual. La opacidad que rodea a las adquisiciones militares —justificada por la «confidencialidad de defensa» y el secreto de Estado— impide el escrutinio público y parlamentario que toda inversión de esta magnitud exigiría. Y donde no hay control democrático, proliferan los intermediarios, el tráfico de influencias y las comisiones ilegales.

La falta de resultados tangibles en seguridad no es solo un problema de eficiencia: es el síntoma de un sistema de contratación capturado por redes de interés que anteponen el lucro privado al bien común. Es en ese caldo de cultivo donde estalla el escándalo de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA).

Las élites europeas han entregado la autonomía industrial y energética del continente a los monopolios atlantistas, justificando el saqueo bajo la coartada de una amenaza inminente. Pero este despojo no solo obedece a presiones geopolíticas; se sostiene sobre un andamiaje de sobornos y puertas giratorias.

En la segunda entrega de esta investigación, destaparemos la red de corrupción que sacudió los cimientos de la agencia de adquisiciones de la OTAN, la impunidad judicial que protege a Estados Unidos y las contundentes alternativas de seguridad que hoy exige la ciudadanía en las calles de Europa.

REFERENCIAS

[1] Comisión Europea. (2025). White Paper for European Defence – Readiness 2030. COM(2025). Dirección General de Industria de Defensa y Espacio. Disponible en: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/white-paper-european-defence-readiness-2030_en 

[2] Parlamento Europeo. (2025). ReArm Europe Plan / Readiness 2030: Briefing Analysis. EPRS_BRI(2025)769566. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2025)769566 

[3] Consejo de la Unión Europea. (2025, 27 de mayo). SAFE: Council adopts €150 billion boost for joint procurement on European security and defence. Bruselas: Press releases. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2025/05/27/safe-council-adopts-150-billion-boost-for-joint-procurement-on-european-security-and-defence/ 

[4] DG DEFIS – Comisión Europea. (2025-2026). Security Action for Europe (SAFE) Operational Guidelines. Dirección General de Industria de Defensa y Espacio. Disponible en: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/safe-security-action-europe_en 

[5] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2026). Trends in World Military Expenditure, 2025 [Disponible en: https://www.sipri.org/publications/2026/sipri-fact-sheets/trends-world-military-expenditure-2025] y Trends in International Arms Transfers, 2025 [Disponible en: https://www.sipri.org/publications/2026/sipri-fact-sheets/trends-international-arms-transfers-2025]. SIPRI Fact Sheets. Solna: SIPRI Publications. 

[6] Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). (2026). SIPRI Military Expenditure Database [Conjunto de datos / Dataset]. Solna: SIPRI Publications. Disponible en: https://milex.sipri.org/sipri 

[7] Costs of War Project. Economic Costs: The Macroeconomic Opportunity Costs of Military Spending. Watson Institute for International and Public Affairs, Brown University. Disponible en: https://costsofwar.watson.brown.edu/costs/economic 

[8] Notte, Hanna. «Europe risks a self-fulfilling prophecy over the threat from Russia». Financial Times, 19 de diciembre de 2025. Disponible en: https://www.ft.com/content/f3b75869-6bb0-4c45-ae51-855066a7f13a 

[9] Political Economy Research Institute (PERI) – UMass Amherst. The U.S. Employment Effects of Military and Domestic Spending Priorities. Amherst: University of Massachusetts. Disponible en: https://peri.umass.edu/publication/the-u-s-employment-effects-of-military-and-domestic-spending-priorities/ 

[10] Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Housing Europe. (2026). Estimaciones del déficit de vivienda asequible. Citado en: European Parliamentary Research Service (EPRS). Briefing PE 782.675. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2026/782675/EPRS_ATA(2026)782675_EN.pdf  

[11] Watson Institute for International and Public Affairs – Brown University. (2025, Noviembre). The Costs of War: Profits of War and Corporate Monopoly in Western Rearmament Strategies. Providence: Brown University. Disponible en: https://home.watson.brown.edu/research/research-briefs/profits-war 

[12] Papa León XIV. Discurso en la Universidad Sapienza de Roma. 14 de mayo de 2026. Citado por Vatican News. Disponible en: https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2026-05/leon-xiv-visita-pastoral-universidad-la-sapienza-roma-discurso.html 

[13] Keynes, John Maynard. «Will Re-armament Cure Unemployment?». The Listener, 1 de junio de 1939, pp. 528-532. Transmisión radiofónica de la BBC, 23 de mayo de 1939. Reimpreso en: The Collected Writings of John Maynard Keynes, Vol. XXI: Activities 1931-1939. Londres: Macmillan, 1982. 

[14] Rheinmetall AG. (2026, Mayo). Financial Report Q1 2026 and Annual Report 2025: Record Operating Earnings, Order Intake and Backlog Evolution. Düsseldorf: Investor Relations Rheinmetall. Disponible en: https://www.rheinmetall.com/en/media/news-watch/news/2026/05/2026-05-07-rheinmetall-news-quarterly-statement-q1 

[15] BAE Systems plc. (2026, Febrero-Julio). Full Year Results 2025 and Half Year Results 2026: Order Backlog Analysis (£83.6bn) and Capital Allocation Report. Londres: BAE Systems Media Centre. Disponible en: https://investors.baesystems.com/why-invest-in-bae-systems 

[16] Thales Group. (2026, Marzo-Julio). Full Year 2025 Financial Results and 2026 Half-Year Statement: Defense & Security Book-to-Bill and EBIT Margin Expansion. París: Thales Communications. Disponible en: https://www.thalesgroup.com/en/news-centre/press-releases/thales-reports-its-2026-half-year-results 

[17] Morningstar Equity Research. (2026, Marzo). Rheinmetall AG: Structural Growth, Munitions Monopolization and Order Backlog Valuation. Fráncfort: Morningstar European Industrial Analysis. Disponible en: https://global.morningstar.com/en-eu/stocks/rheinmetall-earnings-order-delays-mask-record-backlog-structural-growth-fair-value-raised-7

[18] BAE Systems plc. «Share buyback programme». Investor Relations. Londres. Disponible en: https://investors.baesystems.com/share-buyback-programme 

[19] Corte Internacional de Justicia (CIJ). Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. Advisory Opinion, 19 de julio de 2024. La Haya: ICJ. Publicación ONU: 19 de diciembre de 2024. Disponible en: https://www.un.org/unispal/document/report-of-the-secretary-general-icj-19dec24/ 

[20] Amnistía Internacional. Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity. Londres: Amnesty International, febrero de 2022. Disponible en: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity/ 

[21] Human Rights Watch. A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution. Nueva York: HRW, 27 de abril de 2021. Disponible en: https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution 

[22] US Government Accountability Office (GAO). (2025, Septiembre). F-35 Joint Strike Fighter: Sustainment Challenges, Software Architecture and Foreign Military Sales Dependencies. Report GAO-25-106421. Washington, D.C.  Disponible en: https://files.gao.gov/reports/GAO-25-107632/index.html 

[23] Guijarro, Txema. Portavoz de Sumar en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Declaraciones citadas en: «Sumar exige a Robles que se plante ante el aumento del gasto en Defensa y alerta de que solo beneficiará a EEUU e Israel». Europa Press, 18 de junio de 2025. Disponible en: https://www.europapress.es/nacional/noticia-sumar-exige-robles-plante-aumento-gasto-defensa-alerta-solo-beneficiara-eeuu-israel-20250618141247.html 

[24] NATO. (2025, 25 de Junio). The Hague Summit Declaration: Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council. La Haya: NATO Public Diplomacy Division. Disponible en: https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2025/06/25/the-hague-summit-declaration 

[25] Élysée. New UK-France Nuclear Steering Group met for the first time in Paris. París: Presidencia de la República Francesa, 18 de diciembre de 2025. Disponible en: https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2025/12/18/new-uk-france-nuclear-steering-group-met-for-the-first-time-in-paris 

[26] Macron, Emmanuel. Discurso a la nación sobre la disuasión nuclear y la autonomía estratégica europea. París: Palacio del Elíseo, 5 de marzo de 2025. Disponible en: https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2025/03/05/address-to-the-french-people 

[27] Yonhap News Agency. Hyundai Glovis completes delivery of K2 tanks, K9 howitzers to Poland. Seúl, 17 de noviembre de 2025. Disponible en: https://en.yna.co.kr/view/AEN20251117002500320 

[28] Bundesministerium der Verteidigung (BMVg). Verteidigungshaushalt 2026-2029. Berlín: Ministerio Federal de Defensa de Alemania, 26 de noviembre de 2025. Disponible en: https://www.bmvg.de/de/aktuelles/deutschland-investiert-in-verteidigung-und-staerkt-das-buendnis-6045046 

https://rebelion.org/la-gran-estafa-del-rearme-europeo/

 Y ver  ...EL CAOS DEL REARME  EUROPEO

https://www.publico.es/internacional/descoordinacion-estados-encarece-miles-millones-gigantesco-rearme-europa.html


La farsa democrática marroquí .

 

Los marroquíes dan la espalda a las urnas,

 Mohamed VI conserva el poder


 


El 77% de los electores potenciales optó por la abstención.

Solo cuatro de cada diez electores inscritos participaron en las elecciones legislativas celebradas en Marruecos. La abstención masiva, más que la victoria del PAM o el resurgimiento islamista, vuelve a plantear una cuestión fundamental: qué poder pueden realmente elegir los marroquíes cuando la Corona conserva los principales resortes estratégicos del Estado.

Por A.R. SUÁREZ PARA CANARIAS-SEMANAL.ORG.-

El pasado 23 de septiembre se celebraron en Marruecos elecciones legislativas para renovar los 395 escaños de la Cámara de Representantes, la principal cámara parlamentaria del país. Los comicios dieron la victoria, según los resultados provisionales todavía pendientes de validación, al Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), con 97 diputados, seguido por la Agrupación Nacional de Independientes (RNI), con 66; Istiqlal, con 65; y el islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD), con 54. Pero el dato que mejor resume la jornada quizá no esté en el reparto de escaños, sino en la magnitud de la abstención: solo el 38,08% de los electores inscritos acudió a votar. 

LA MAYORÍA SE QUEDÓ EN CASA

La participación cayó más de doce puntos respecto a 2021, cuando alcanzó el 50,86%, y quedó también por debajo del 42,27% de 2016. Tan solo unos seis millones de personas depositaron una papeleta. La cifra es todavía más significativa si se recuerda que, antes de los comicios, solo 15,8 millones de los aproximadamente 26,7 millones de ciudadanos con derecho potencial a voto figuraban inscritos. 

La abstención puede deberse a diferentes factores: apatía, desinterés, dificultades de inscripción y también a una actitud de protesta o rechazo al sistema político. Pero, sean cuales sean las causas del fenómeno, cuando casi dos de cada tres inscritos no votan, semejante distancia entre la población y las urnas obliga a mirar más allá del resultado partidista.

Ese alejamiento se produce, además, en un contexto social muy concreto. Marruecos llegó a estas elecciones después de las movilizaciones juveniles de 2025 encabezadas por GenZ212, que reclamaron mejoras en sanidad y educación y denunciaron corrupción y gasto en grandes acontecimientos deportivos. Human Rights Watch documentó centenares de detenciones y el empleo de fuerza letal durante algunas protestas. El desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó aproximadamente el 37% en 2025.   Para una generación que convive con precariedad, desigualdades territoriales y dificultades de acceso a servicios públicos, las elecciones aparecen así como un mecanismo cuya capacidad para modificar los centros fundamentales de decisión resulta nula.

SE ELIGE PARLAMENTO, NO EL CENTRO DEL PODER

Esa limitación está escrita en la propia Constitución. El rey debe nombrar jefe del Gobierno a un miembro del partido que obtenga más escaños, pero Mohamed VI preside el Consejo de Ministros. Ese órgano decide sobre las orientaciones estratégicas del Estado, los asuntos militares, la guerra, el estado de sitio y numerosos nombramientos esenciales en seguridad, diplomacia, administración territorial y empresas públicas estratégicas. El Gobierno posee competencias ejecutivas reales, pero las decisiones fundamentales están insertas en una arquitectura institucional cuya cúspide sigue ocupando la Corona.

Esta realidad ayuda a comprender por qué las diferencias entre los partidos, aunque existen, no equivalen a alternativas de poder.

El vencedor de los comicios, el PAM, nació en 2008 impulsado por Fouad Ali El Himma, antiguo alto cargo de Interior, amigo y consejero del monarca. Estudios de Carnegie lo han descrito históricamente como una formación estrechamente relacionada con el Palacio. Su victoria difícilmente puede interpretarse, por tanto, como una ruptura con el núcleo del sistema.

El RNI, segundo con 66 diputados, ocupa igualmente un espacio  empresarial y ha encabezado el Gobierno desde 2021 bajo Aziz Ajanuch. Su caída desde 102 escaños constituye un importante castigo electoral, pero no altera en nada la estructura estatal.

Istiqlal, con 65 diputados, es el histórico partido del nacionalismo marroquí, conservador y plenamente integrado desde hace décadas en el marco monárquico. 

EL REGRESO DE LOS ISLAMISTAS

El PJD representa el movimiento electoral más llamativo. Gobernó durante una década, obtuvo 125 escaños en 2016, se desplomó hasta apenas 13 en 2021 y ahora recupera 54. Su propia experiencia gubernamental mostró, sin embargo, hasta qué punto gobernar Marruecos no significa controlar el conjunto del aparato estatal. Investigaciones de Carnegie han descrito cómo el partido asumió durante sus años en el Ejecutivo la permanencia de importantes ámbitos de decisión bajo la influencia del Palacio. Al Jazeera

A la izquierda, la USFP obtuvo 26 diputados y el PPS, heredero del antiguo Partido Comunista Marroquí, 19. Ambos proceden de tradiciones políticas que en otras etapas mantuvieron una oposición más marcada a la monarquía, pero acabaron incorporándose al funcionamiento institucional e incluso participando en gobiernos.

La Alianza de Izquierda consiguió ocho escaños.

El pluralismo partidista existe. Lo que permanece prácticamente fuera de l a disputa electoral es la estructura fundamental del poder.

EL MAJZÉN Y LA NATURALEZA DEL ESTADO

El Estado no puede analizarse exclusivamente por la forma jurídica de sus instituciones, sino atendiendo a las relaciones sociales que reproduce, a las clases con capacidad efectiva de decisión y a la conexión existente entre poder político y el poder económico.

En Marruecos, la monarquía no constituye una institución meramente ceremonial. Se encuentra en el centro de una red formada por la alta administración, las fuerzas de seguridad, sectores empresariales y tecnocráticos y las estructuras políticas relacionadas con el Palacio, tradicionalmente englobadas bajo el concepto de Majzén.

En este sistema, hay partidos, campañas electorales, oposición parlamentaria y alternancias gubernamentales; pero la la Corona conserva los poderes esenciales, que no dependen del resultado electoral y los periodistas, activistas y críticos de la monarquía son duramente reprimidos.   Estamos, por tanto, ante un sistema de fuerte concentración monárquica del poder que incorpora mecanismos electorales sin someter a ellos  los resortes fundamentales del Estado.

LA ABSTENCIÓN COMO SÍNTOMA 

Es este contexto el que da sentido a la pírrica participación registrada en las elecciones. El Ministerio del Interior marroquí situó oficialmente la participación en el 38,08%, pero ese porcentaje se calcula exclusivamente sobre los 15.801.162 ciudadanos inscritos en las listas electorales. En total votaron algo más de seis millones de personas.

La dimensión real del fenómeno aparece con mayor claridad cuando se compara esa cifra con el conjunto de la población que podía potencialmente ejercer el derecho al voto. Associated Press estimaba en unos 26,7 millones los ciudadanos marroquíes en edad y condiciones de votar. Si tomamos esa referencia y relacionamos los aproximadamente 6,02 millones de votos emitidos con esos 26,7 millones de electores potenciales, la participación efectiva se reduce a aproximadamente un 22,5%. Dicho de otra forma: algo menos de uno de cada cuatro ciudadanos potencialmente habilitados para votar terminó depositando una papeleta en las urnas.

La abstención no demuestra automáticamente una conciencia antimonárquica ni una ruptura organizada de las clases populares con el régimen. Pero semejante desmovilización sí revela las enormes dificultades del Parlamento y de los partidos para convencer a una parte muy amplia de la sociedad de que las urnas pueden modificar sus condiciones materiales de existencia o alterar la estructura en la que se concentra el poder

Cuando el cuerpo electoral efectivo queda reducido a poco más de una quinta parte de quienes potencialmente podían votar, la cuestión deja de ser solamente quién ganó las elecciones. La pregunta fundamental pasa a ser otra: ¿qué capacidad tienen unas elecciones con semejante nivel de participación para legitimar un sistema en el que, además, los principales resortes del poder permanecen fuera del alcance de las urnas?

 https://canarias-semanal.org/art/38688/los-marroquies-dan-la-espalda-a-las-urnas-mohamed-vi-conserva-el-poder

viernes, 25 de septiembre de 2026

Revolución en el Yemen: Arabia infeliz

 

Los yemeníes han colocado a la monarquía Saudita en una disyuntiva existencial.


El proyecto de AnsarAllah es una “ revolución »: una lucha contra el poder monárquico impuesto durante la época colonial por británicos y estadounidenses

Alastair Crooke, diplomático senior británico

Arabia Saudí se enfrenta a una disyuntiva estratégica: capitular ante las exigencias de AnsarAllah o caer en una trampa de credibilidad. Esta trampa reside en que Mohammed bin Salman (MbS) podría intentar mantener la credibilidad del Reino como custodio de los Lugares Santos y como referente islámico sunita, negándose a ceder ante las demandas de AnsarAllah. 

El dilema reside en que, por un lado, cualquier concesión corre el riesgo de dar más impulso a  la «revolución » de AnsarAllah, que está ganando fuerza y movilizando a la gente en todo Oriente Medio. Por otro lado, al insistir en la monarquía saudí y las prerrogativas inherentes a su sistema, MbS podría movilizar a la oposición interna desde una dirección diferente: la de las diversas tribus saudíes, muchas de las cuales aún albergan resentimiento por su marginación, la disminución de su posición y su estatus impuesta por la «empresa monárquica de una sola familia». 

Desde sus inicios, la monarquía saudí ha concentrado los beneficios económicos del país en una sola familia, denominándolo «unidad». Sin embargo, esta unidad basada en la exclusión es una fractura vulnerable a las demandas de las tribus marginadas, que reclaman el peso político que les corresponde y una participación justa en los ingresos del Reino.

Hoy en día, los occidentales observan al Reino de Arabia Saudí con una perspectiva diferente; su mirada se centra en su riqueza, su aparente modernización y su declarado liderazgo en el mundo islámico, en lugar de en las contradicciones fundamentales que subyacen al Reino. Prefieren suponer que el Reino se está adaptando a las exigencias de la vida moderna y que la gestión y transformación del islam sunita también lo adaptarán a ella.

Sin embargo, la postura del Reino de Arabia Saudí es peculiar y más débil de lo que se suele creer. Las contradicciones internas del país podrían llevar a Riad a intensificar la guerra en Yemen para preservar su posición, a pesar de la evidente falta de apoyo de sus aliados. (Parece que la reticencia de Trump a ayudar a Arabia Saudí podría reflejar la intensa presión ejercida por los Emiratos Árabes Unidos —el acérrimo rival de MbS—, que busca persuadir a Trump para que no apoye una nueva guerra saudí contra Yemen, ya que esto debilitaría aún más los menguantes intereses de los Emiratos Árabes Unidos en el sur y la costa de Yemen).  

La singularidad de la estructura interna del Reino se remonta a la naturaleza de su fundación por Ibn Saud en 1932, y a la decisión posterior de Estados Unidos de invertir el equilibrio de poder histórico de Asia Occidental a favor de Arabia Saudí y los monarcas, emires y jeques del Golfo (recién designados tras la Segunda Guerra Mundial).  

Hace algún tiempo escribí que la historia de las tensiones dentro de la identidad saudí «pertenece directamente a Muhammad ibn ʿAbd al-Wahhab (el fundador del wahabismo) y al uso que Ibn Saud hizo de su puritanismo radical y excluyente»:

La segunda vertiente de esta desconcertante dualidad se relaciona precisamente con el posterior giro del rey Abd-al Aziz hacia la formación de un Estado en la década de 1920. Inicialmente, siguiendo el consejo del oficial británico Harry St. John Philby, aceptó la recomendación de que, instrumentalizando el wahabismo, podría y lograría liderar Oriente Medio.

Sin embargo, la posterior contención de la violencia wahabí por parte de Abd al-Aziz (para mantener el estatus diplomático de Estado-nación ante Gran Bretaña y Estados Unidos) y su institucionalización del impulso wahabí original, junto con el posterior aprovechamiento del floreciente flujo de petrodólares en la década de 1970, provocaron que canalizara la volátil corriente wahabí lejos del ámbito nacional hacia la exportación .

Esta corriente wahabí (posteriormente transformada en ISIS), que Philby tanto admiraba, era, sin embargo, una reencarnación del primer y feroz movimiento de vanguardia semi-independiente de «moralistas» armados y comprometidos del desierto, que casi lograron apoderarse de Arabia a principios del siglo XIX. 

Abd al-Aziz, sin embargo, comenzó a sentir que sus intereses generales se veían amenazados por el «jacobinismo» revolucionario exhibido por el movimiento de vanguardia. Este último se rebeló entonces ante el intento de reprimirlos, lo que dio lugar a una guerra civil que duró hasta la década de 1930, cuando Abd al-Aziz ordenó sofocar a los extremistas: los británicos los ametrallaron.

La cuestión es que la interpretación wahabí del islam por parte de Arabia Saudí no desapareció en la década de 1930. Retrocedió y mantuvo su influencia en ciertos sectores del sistema; de ahí la dualidad que observamos hoy en la actitud saudí hacia la guerra sectaria contra estados regionales como Siria.

El proyecto saudí se consolidó cuando Richard Perle y David Wurmser, por encargo de Netanyahu (en aquel entonces primer ministro de Israel), elaboraron el  documento Estrategia de Ruptura Limpia  en 1996. Irán debía ser despojado de sus aliados, y los monarcas y jeques del Golfo Pérsico debían liderar el nuevo paradigma estratégico en Asia Occidental.  

Los monarcas y jeques del Golfo fueron ungidos simultáneamente como los principales representantes del dominio energético estadounidense en Oriente Medio, así como el telón de fondo tras el cual Netanyahu podía tramar el proyecto del «Gran Israel» (Acuerdos de Abraham). 

En el verano posterior a la guerra (fallida) de Israel contra Hezbolá en 2006, Dick Cheney profundizó en esta estrategia de ruptura total. Cheney se sentaba en su despacho lamentando en voz alta la continua fortaleza de Hezbolá; y peor aún, que le parecía que Irán había sido el principal beneficiario de la guerra de Irak de Estados Unidos en 2003.

El interlocutor de Cheney, el entonces jefe de inteligencia saudí, el príncipe Bandar, coincidió enérgicamente (como relata  John Hannah, quien participó en la reunión). Para sorpresa de todos, el príncipe Bandar afirmó que Irán aún podía ser neutralizado: Siria era el eslabón débil entre Irán y Hezbolá, que podría ser desmantelado mediante una insurgencia islamista, propuso Bandar. 

El escepticismo inicial de Cheney se transformó en júbilo cuando el príncipe Bandar declaró que la participación estadounidense sería innecesaria: él mismo orquestaría y gestionaría el proyecto. «Déjenmelo a mí» , dijo.

Bandar le dijo a John Hannah: «El Rey sabe que, aparte del colapso de la propia República Islámica, nada debilitaría más a Irán que la pérdida de Siria».

Así comenzó una nueva fase de desgaste contra Irán. El equilibrio de poder regional se inclinaría decisivamente hacia el islam sunita, liderado por Arabia Saudita, en alianza con las demás monarquías de la región. De este modo, el vicepresidente estadounidense, Dick Cheney, legitimó la guerra sectaria.

En resumen, Arabia Saudita fue el pilar sobre el cual Occidente construyó su acercamiento al islam sunita para contener y confrontar a Irán y sus aliados en el frente de la Resistencia. Posteriormente, los estados del Golfo se convertirían en la pieza clave sobre la cual se construirían los Acuerdos de Abraham y la normalización de las relaciones con Israel.

Sin embargo… el proyecto contenía contradicciones inherentes: la naturaleza violenta del wahabismo nejdí significaba que Arabia Saudita, a pesar de toda su fanfarronería sobre su liderazgo islámico, carecía de la legitimidad para lograr que una Umma musulmana (comunidad musulmana) aceptara el liderazgo teológico saudí.  

En segundo lugar, el Reino se construyó sobre la inestable base de una renuente aquiescencia tribal, una dinámica que podía verse desafiada ante los primeros indicios de que el control monárquico se estaba debilitando. Informes recientes sugieren que Irán y Hezbolá podrían estar negociando un nuevo acuerdo con los líderes tribales de la Península.

Los yemeníes no sienten aprecio por los saudíes. De hecho, Yemen representa la base más auténtica del mundo árabe que Arabia Saudí. Muchas tribus, si no la mayoría, de Oriente Medio tienen orígenes yemeníes. 

A principios de la década de 1930, el fundador de la Arabia Saudita moderna, el rey Abd al-Aziz al-Saud, se apoderó y anexó de forma perentoria tres provincias del norte de Yemen e intentó imponer el wahabismo al islam zaidí e ismaelita, de corte esotérico, propio de Yemen. Más recientemente, durante los últimos diez años, Arabia Saudita ha mantenido el bloqueo contra Yemen, controlado por Ansar Allah. 

Por eso el proyecto de AnsarAllah es una  « revolución »: una lucha contra el poder impuesto durante la época colonial. El ayatolá Jomeini previó que la Revolución iraní por la liberación y la soberanía nacional no sería la última revolución en la región; anticipó que inevitablemente surgirían otras revoluciones. El nuevo líder supremo de Irán, Mujtaba Jamenei, aludió recientemente a esto al hablar de Yemen. 

Ibrahim al-Amine, editor de Al-Akhbar, escribió esta semana: 

“… Algún día, alguien relatará la historia de la relación entre ‘Ansar Allah’, Hezbolá e Irán; por el momento, es necesario destacar solo algunos puntos clave… Sayyed Hassan [Nasrallah]… trabajó para establecer la ‘interpretación más precisa’ —que se convirtió en política oficial en Irán—, moldeando su percepción de la posición y el papel del movimiento ‘Ansar Allah’. [Nasrallah] insistió en que el apoyo a este valiente grupo no tenía otro precio que los logros que consiguieron, los cuales inevitablemente sirvieron a la causa mayor…

«Lo que Ansar Allah ha logrado en Bab al-Mandab supone un salto cualitativo en el progreso de este movimiento. Es un acontecimiento inseparable de lo que está ocurriendo en toda la región… Los pueblos del Líbano y Palestina comprenderán la importancia de lo que Ansar Allah ha hecho… un puñado de hombres libres logró derribar castillos de arena de un solo golpe…».

Es demasiado pronto para saber si lo que Ibrahim Al-Amine describe como un «ambiente revolucionario» en la región se extenderá. Mientras tanto, los principales medios de comunicación occidentales, como era de esperar, ven los ataques yemeníes contra Arabia Saudí exclusivamente desde la perspectiva de su impacto en la crisis energética de Occidente y sus implicaciones para las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí. Pero al hacerlo, ocultan el otro aspecto: el impacto del rotundo éxito de Ansar Allah al crear un momento revolucionario. Como señala Al-Amine:

«AnsarAllah logró convencer a una importante mayoría de las tribus argumentando que no le conviene a Yemen dejar el país en manos de estados, gobiernos y potencias que lo han privado de su riqueza durante muchas décadas, han robado sus recursos, lo han empobrecido… y luego han intentado imponer una perspectiva ideológica contraria a todo lo que ha estado arraigado entre la gente del sur de la península durante más de dos mil años».

Lo que estamos presenciando es un retroceso: Asia Occidental parece estar volviendo a estructuras de poder anteriores, históricamente más auténticas, a medida que el efímero aprovechamiento de la iniciativa neoconservadora/Cheney, de base muy precaria (que utiliza el vanguardismo wahabí como arma de demolición), comienza a ser ignorado por la conciencia y la movilización populares.

lunes, 21 de septiembre de 2026

Cuando el liberalismo no puede nombrar al fascismo


El lenguaje de la complicidad: cuando el liberalismo no puede nombrar al fascismo

   


 «Pero ¿cómo puede alguien decir la verdad sobre el fascismo, a menos que esté dispuesto a pronunciarse en contra del capitalismo que lo genera?», Bertolt Brecht, Cinco dificultades para escribir la verdad (1935).

En su magnífica obra La era de los extremos, el difunto historiador Eric Hobsbawm advertía de que una de las características definitorias de finales del siglo XX era que los hombres y las mujeres vivían cada vez más en «una especie de presente permanente carente de una relación orgánica con el pasado público de la época en la que viven». Esa amnesia histórica conlleva un precio terrible. Cuando el pasado desaparece, perdemos no solo el lenguaje necesario para reconocer los peligros que ha legado al presente, sino también la capacidad de nombrar esos peligros cuando regresan bajo formas alteradas. La amnesia histórica se convierte así en una crisis del lenguaje: cuando perdemos las palabras que conectan el presente con el pasado, también perdemos el vocabulario político necesario para comprender lo que se está desarrollando ante nuestros ojos. Una crisis puede despertar la conciencia histórica, poner al descubierto las fuerzas que la han provocado y convertirse en un punto de encuentro para la resistencia. Pero cuando la crisis se convierte en catástrofe y el lenguaje con el que se nombran sus causas se vacía de significado histórico, la imaginación política comienza a derrumbarse. Lo que antes se podía cuestionar acaba pareciendo inevitable; lo que exigía resistencia se absorbe en los ritmos de la vida cotidiana. La catástrofe se convierte entonces en algo más que un acontecimiento. Se convierte en una pedagogía de la impotencia, que enseña a la gente a convivir con lo intolerable, a renunciar a su convicción de que el futuro puede ser diferente y a confundir la derrota política con el destino histórico. En ese momento, la normalización se convierte en una de las armas más poderosas del autoritarismo: la esperanza se ve despojada de su fuerza política precisamente cuando la resistencia resulta más necesaria.

Hay momentos en los que el lenguaje utilizado para describir una crisis política pasa a formar parte de la propia crisis. Estamos viviendo uno de ellos. El reciente intento de Carolin Amlinger y Oliver Nachtwey en Jacobin de teorizar sobre el trumpismo bajo la rúbrica de «fascismo democrático» es sintomático de un fracaso intelectual más amplio: la compulsión por suavizar el lenguaje del fascismo precisamente cuando es necesario nombrarlo. El problema va mucho más allá de un solo artículo. El trumpismo se ha descrito como populismo, democracia iliberal, populismo autoritario, autoritarismo competitivo, retroceso democrático y, ahora, fascismo democrático. Estas expresiones pueden reflejar elementos de la crisis actual, pero también pueden funcionar como eufemismos con los que domesticar una formación política cuyas características definitorias son cada vez más difíciles de negar. Cuando se vacía al lenguaje de sus implicaciones más inquietantes, se minimizan los mismos peligros que pretende nombrar. En el peor de los casos, convierte la crítica en un discurso de normalización.

Paul Street ha criticado acertadamente esta evasión retórica. Describe el «autoritarismo competitivo» —un término cada vez más utilizado para caracterizar a los Estados Unidos bajo el mandato de Trump— como una formulación académica exangüe que vacía al trumpismo de su contenido ideológico y político: racismo, xenofobia, patriarcado militante, ultranacionalismo, eliminación política, sectarismo, violencia, antiintelectualismo y destrucción de los límites constitucionales. Su argumento es crucial. Cuando un gobierno ataca a las universidades y a la prensa, convierte la aplicación de la ley de inmigración en un aparato coercitivo dotado de fondos masivos, trata a los oponentes políticos como enemigos internos, debilita las garantías procesales, construye una maquinaria tentacular de detención y desaparición, normaliza la violencia de Estado y organiza la vida política en torno a la venganza y la purificación racial, la cuestión ya no puede reducirse a si la competencia electoral sigue siendo justa. El discurso de la erosión procesal se convierte en una coartada para negarse a nombrar el proyecto político que se está gestando ante nuestros ojos.

Cuando las elecciones se convierten en una coartada

La expresión «fascismo democrático» reproduce este problema de una forma diferente. El fascismo no se vuelve democrático por el hecho de alcanzar el poder a través de las elecciones. Puede explotar las elecciones, los procedimientos constitucionales, los tribunales, las asambleas legislativas y la maquinaria de un Estado formalmente democrático, al tiempo que dirige esas instituciones contra la propia democracia. Confundir la vía hacia el poder con la naturaleza del poder que se ejerce es confundir la envoltura institucional de la democracia con su sustancia política y ética.

La historia debería haber zanjado esta cuestión hace mucho tiempo. Los movimientos fascistas han utilizado repetidamente las instituciones democráticas para adquirir legitimidad y poder antes de atacar las condiciones que hacen posible la democracia. Giorgia Meloni no tomó Roma al frente de una columna armada. Se convirtió en primera ministra de Italia después de que su partido, Hermanos de Italia, saliera victorioso de las elecciones de 2022 . Sin embargo, Hermanos de Italia tiene sus raíces históricas en el Movimiento Social Italiano, una formación neofascista de la posguerra. Aunque Meloni ha intentado presentarse como una conservadora convencional, los escándalos dentro de su partido han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones saludos fascistas, consignas nazis, antisemitismo y nostalgia por el pasado fascista de Italia. Su elección no transformó por arte de magia esa historia en política democrática. Demostró algo mucho más inquietante: las elecciones pueden proporcionar a las formaciones políticas autoritarias y fascistas la legitimidad que necesitan para introducirse en el Estado, normalizar su discurso, debilitar las instituciones democráticas y redefinir gradualmente los límites de lo que es políticamente aceptable. La India de Modi, la Hungría de Viktor Orbán y, en un registro diferente, la Argentina de Javier Milei revelan variaciones de un mismo peligro más amplio: la política autoritaria no necesita abolir las elecciones para vaciar de contenido a la democracia. La legitimidad electoral puede convertirse en el vehículo a través del cual los movimientos autoritarios se introducen en el Estado y desmantelan la democracia desde dentro.

El fetiche liberal de las elecciones hace algo más que disfrazar el fascismo de democracia; blanquea el poder autoritario a través de las urnas, convirtiendo la rendición política en virtud democrática y la mala fe en el lenguaje de la plenitud liberal. Este es el discurso de la purga y la desinfección políticas. Peor aún, despoja al fascismo de su sangre, su terror y sus cuerpos. La violencia que se oculta tras términos antisépticos como «autoritarismo competitivo» se hace visible en los agentes de inmigración enmascarados que detienen a personas en sus lugares de trabajo, hogares, parques y calles; en niños de cinco años detenidos junto a sus padres al volver del colegio; en familias que viven aterrorizadas por las desapariciones; y en una maquinaria de detención y deportación cada vez más despojada de límites legales.  El coste humano queda oculto cuando los misiles estadounidenses alcanzan una escuela primaria iraní y matan a más de cien niñas. Queda oculto en Gaza, donde se ha informado de la muerte de al menos 21.700 niños palestinos y de decenas de miles más heridos, en medio de la destrucción de hogares, hospitales, escuelas y las condiciones necesarias para la propia vida. El coste humano también pasa desapercibido cuando se prevé que los recortes en Medicaid dejen a 7,5 millones de estadounidenses más sin seguro médico para 2034, convirtiendo la enfermedad, la pobreza y la muerte prematura en partidas aceptables en un balance gubernamental desprovisto de humanidad y moralmente insustancial. También desaparece en el extraordinario espectáculo del poderío militar estadounidense utilizado para destruir embarcaciones sospechosas de traficar con drogas en el Caribe y el Pacífico, con al menos 230 personas asesinadas en 69 ataques hasta el 9 de septiembre de 2026, a menudo sin que el Gobierno demuestre públicamente que los condenados a muerte traficaban con drogas. En el caso más escalofriante, dos supervivientes de un primer ataque, que se aferraban a los restos del naufragio, murieron en un segundo ataque.

No se trata de disputas abstractas sobre el adjetivo que se aplica a un sistema electoral. Se trata de cuerpos secuestrados, niños sepultados bajo los escombros, familias destrozadas, enfermos y pobres abandonados, y seres humanos asesinados sin juicio previo. Un vocabulario político que no logre hacer visible esta violencia no solo no consigue nombrar el fascismo, sino que borra sus consecuencias humanas, convirtiendo el terror en una abstracción y la crueldad en algo lo suficientemente cotidiano como para soportarlo. La cuestión no es si el fascismo contemporáneo viste el mismo uniforme que sus predecesores del siglo XX, sino cómo sus viejos odios, jerarquías raciales y desprecio por la democracia han encontrado nuevas instituciones, nuevos lenguajes y nuevas formas de violencia en el presente.

Sarah Churchwell comprendió el peligro con precisión. El fascismo estadounidense, argumentaba, sería «reconociblemente estadounidense, mientras que su fascismo sería reconocible como fascismo». Esta observación es crucial. El fascismo no necesita reproducir la Italia de Mussolini ni la Alemania de Hitler para heredar su lógica política. La cuestión es qué aspecto tiene el fascismo cuando habla un lenguaje estadounidense, se envuelve en la bandera, invoca la libertad y el nacionalismo cristiano, moviliza la larga historia de violencia racial del país y adquiere poder a través de instituciones que posteriormente vuelve contra la propia democracia.

La reflexión de Churchwell también pone de manifiesto el peligro de considerar las elecciones como la línea divisoria entre la democracia y el fascismo. El mismo error persigue los debates sobre Trump. La cuestión relevante no es si los estadounidenses votaron por él. Lo hicieron. La cuestión es qué tipo de formaciones políticas y de clase han potenciado sus votos, qué fuerzas históricas y condiciones culturales han hecho posible esa formación, y qué ocurre con la democracia una vez que dicho movimiento controla todos los principales aparatos del Estado. Las elecciones nos dicen cómo se ha adquirido el poder; no nos dicen cómo se utilizará ese poder. Un gobierno no sigue siendo democrático simplemente porque haya llegado al poder a través de las urnas. La democracia también debe juzgarse por lo que ocurre después: si la disidencia está protegida o se criminaliza, si el Estado de derecho limita el poder o se convierte en su arma, si las minorías raciales y religiosas conservan sus derechos, si las universidades y la prensa siguen siendo independientes, si a los oponentes políticos se les trata como adversarios legítimos o como enemigos internos, y si la violencia estatal se refrena o se celebra. Las urnas pueden otorgar un cargo; no pueden otorgar inocencia democrática.

El propio artículo de Jacobin demuestra sin quererlo lo inadecuada que es su formulación. Describe el despliegue por parte de Trump de más de dos mil agentes del ICE en Minneapolis y St. Paul, califica al ICE de fuerza policial autoritaria con un presupuesto enorme y llega incluso a describirlo como la «milicia política» de Trump. También reconoce el carácter espectacular de su violencia: la crueldad dirigida contra los migrantes se convierte, al mismo tiempo, en una advertencia a los manifestantes y en una demostración del poder del Estado. ¿Qué sentido tiene catalogar tales prácticas y luego atribuir el adjetivo «democrático» a la formación política que las genera? Esto va más allá de la confusión conceptual; es el lenguaje de la apología, un blanqueo retórico del fascismo que hace que lo intolerable parezca compatible con la democracia.

Como han dejado claro de diferentes maneras Primo Levi, Hannah Arendt, Umberto Eco, Sarah Churchwell y Jason Stanley, el problema va más allá de la terminología. El fascismo nunca ha tenido una única forma institucional. Cambia su lenguaje, sus tecnologías, sus estilos culturales y sus modos de legitimación según las circunstancias históricas. El fascismo contemporáneo no necesita camisas pardas desfilando por todas las calles ni la abolición inmediata de las elecciones. Puede surgir a través de instituciones neoliberales, medios de comunicación controlados por multimillonarios, plataformas digitales, fronteras militarizadas, el nacionalismo cristiano, la supremacía blanca y un Estado de seguridad cuyas capacidades coercitivas los movimientos fascistas anteriores apenas habrían podido imaginar.

El fascismo neoliberal y el Estado punitivo

Por eso el fascismo neoliberal es un marco más esclarecedor. El neoliberalismo no se limitó a desregular los mercados, privatizar los bienes públicos, destruir los sindicatos, transferir la riqueza hacia arriba y transformar la educación en un laboratorio de valores de mercado. Vació de contenido al Estado social al tiempo que ampliaba el Estado punitivo, reduciendo la ciudadanía al consumismo, la libertad a la elección de mercado, la responsabilidad social al fracaso individual y los problemas públicos a dificultades privadas. A su paso surgieron vastas zonas de abandono, junto con la soledad, la precariedad, la inseguridad, la ansiedad y la impotencia que las habitan.

A medida que el neoliberalismo ya no puede disimular sus fracasos tras promesas de prosperidad y movilidad social, su núcleo autoritario se hace cada vez más visible. El Estado de mercado no desaparece; se fusiona con el Estado punitivo. La violencia económica se une a la violencia política. La vigilancia se expande. El poder policial se intensifica. Los migrantes se convierten en prescindibles. El debido proceso se convierte en un inconveniente. La disidencia se presenta cada vez más como subversión. La supremacía blanca, el nacionalismo cristiano, el militarismo y el poder de los multimillonarios convergen en una formación política cada vez más dispuesta a prescindir de las restricciones democráticas.

El 11 de septiembre de 2001 marcó un punto de inflexión crucial en esta transformación. El horror de los atentados se aprovechó para lanzar una «guerra contra el terrorismo» que amplió enormemente el Estado de seguridad nacional, al tiempo que otorgaba a la guerra permanente la legitimidad de una emergencia permanente. Como sostiene Tariq Ali veinticinco años después, el 11-S se convirtió en la licencia para un proyecto imperial que se extendía desde Afganistán e Iraq hasta Guantánamo, pasando por la detención sin juicio, la tortura, la vigilancia y la normalización de un poder ejecutivo libre de restricciones democráticas. Pero la «guerra contra el terrorismo» acabó por llegar a casa. La violencia del imperio migró hacia el interior, trayendo consigo el lenguaje de la emergencia permanente, la suspensión de derechos, la expansión de la vigilancia y la construcción de poblaciones enteras como amenazas que hay que gestionar, en lugar de como seres humanos que hay que proteger. Los musulmanes se convirtieron en objetos de sospecha, la disidencia se tildaba cada vez más de deslealtad y la distinción entre el campo de batalla y el territorio nacional se fue erosionando progresivamente. La «guerra contra el terrorismo» no solo provocó guerras catastróficas en el extranjero, sino que contribuyó a la creación de la maquinaria jurídica, institucional e ideológica de un gobierno de seguridad interna, un Estado fascista neoliberal que más tarde podría reorientarse contra migrantes, manifestantes, disidentes y otros enemigos internos designados.

La expansión del ICE da forma institucional a esta transformación. La agencia ha experimentado una expansión masiva bajo el mandato de Trump; una reciente denuncia de un denunciante sobre el aumento de contrataciones describía una rebaja sin precedentes de los estándares al reclutarse a miles de nuevos agentes. La cuestión no es simplemente que la política de inmigración se haya endurecido. La transformación más profunda radica en la normalización de una cultura política en la que los agentes enmascarados, las redadas, la detención, la deportación, la intimidación y la violencia estatal espectacularizada se convierten en instrumentos aceptables de gobernanza.

Sin embargo, la economía política por sí sola no puede explicar el fascismo.

El terrorismo pedagógico y la educación del deseo

El fascismo también debe entenderse como un proyecto pedagógico. No se limita a apoderarse de las instituciones; produce sujetos. La gente tiene que aprender a convertirse en fascista. Tiene que aprender a quién odiar, a quién temer, qué vidas importan, qué sufrimiento puede ignorarse y por qué la crueldad debe vivirse como una fortaleza y no como una barbarie. Aprenden, en otras palabras, a convertirse en sujetos fascistas, supremacistas blancos y enemigos de la democracia.

Aquí es donde resulta indispensable la reciente intervención de Robert Misik. Basándose en Leo Löwenthal, Adorno, Freud y la tradición de la Escuela de Fráncfort, Misik nos recuerda que la agitación fascista da la vuelta, en la práctica, al psicoanálisis. En lugar de abordar el miedo, el trauma, la soledad, la frustración y el daño psíquico, la política autoritaria los intensifica. Alimenta la ira y la amargura, genera paranoia y presenta al líder autoritario como el salvador capaz de recuperar el mundo que supuestamente les han robado los inmigrantes, las minorías raciales, las feministas, los intelectuales, los disidentes y otros enemigos fabricados.

Este es el terreno del terrorismo pedagógico. La política fascista educa el deseo. A través de la repetición implacable, las amenazas inventadas, las teorías de la conspiración, las fantasías raciales, los estereotipos del enemigo, las humillaciones públicas y los rituales de indignación colectiva, las personas aprenden a imaginarse a sí mismas como miembros de una comunidad asediada. A las ansiedades privadas se les asignan enemigos públicos. La soledad se transforma en la solidaridad falsa de la tribu, la impotencia se redirige hacia la agresión y el resentimiento se eleva a la categoría de virtud moral. Como señala Misik, la venganza en sí misma se convierte en un programa político. Una cultura de la crueldad se alimenta de esta furia afectiva, ofreciendo a quienes están consumidos por el agravio los placeres embriagadores de la pertenencia, la hostilidad y la venganza. La humillación se devuelve mediante la humillación de los demás; el miedo se convierte en odio; y el deseo de reconocimiento se redirige hacia la euforia de la dominación. El fascismo prospera gracias a esta economía emocional. No se limita a movilizar la ira; le da un objetivo, convierte la crueldad en una fuente de gratificación y transforma la sed de venganza y violencia en la moneda emocional de la pertenencia política. Lo que hace que esta maquinaria sea tan poderosa es que se alimenta precisamente de la soledad, la inseguridad, el abandono y el miedo que genera el capitalismo mafioso, convirtiendo las heridas de un orden social quebrantado en el combustible emocional de la política fascista.

Misik llama la atención sobre algo que los análisis convencionales del fascismo suelen pasar por alto: la aparición de una plaga emocional en la que el resentimiento, la humillación, el miedo y el ansia de venganza se vuelven contagiosos. Estos sentimientos circulan a través de las redes sociales, la televisión de derechas, los podcasts, las concentraciones, las iglesias, las comunidades online y, cada vez más, las instituciones del Estado. La cuestión no es simplemente que las personas se encuentren con ideas fascistas. Estas ideas habitan en aparatos culturales que les enseñan cómo sentir.

La cultura de la crueldad es donde esta plaga emocional adquiere forma pública. La crueldad no es un desafortunado exceso del fascismo contemporáneo; es una de sus prácticas pedagógicas fundamentales. Se humilla públicamente a los migrantes. Se burlan de los vulnerables. Se degrada a las mujeres. Se presenta a los manifestantes como enemigos. La violencia se celebra como una muestra de fuerza. La política se convierte en una extensión de la guerra. Las violaciones de las normas políticas y morales por parte del líder se convierten en fuentes de placer precisamente porque sus seguidores experimentan cada transgresión como su propia liberación de las obligaciones de la democracia, la empatía y la responsabilidad mutua.

La reflexión más escalofriante de Misik es que la violencia fascista echa raíces mucho antes de que empiecen las matanzas. Primero se apodera de la imaginación. La gente aprende a reírse de la crueldad, luego a admirarla como algo auténtico y, finalmente, a deleitarse emocionalmente en el placer que genera. Ese mismo placer se asocia a la cultura de la mentira de Trump. Sus seguidores no siempre tienen que creerse la mentira para disfrutarla; pueden reconocer su falsedad y, aun así, deleitarse con la transgresión, al ver cómo se burlan de la verdad misma y se humilla a quienes insisten en ella. La mentira se convierte en una demostración de poder, una prueba de que su líder puede violar las normas más elementales de la verdad y la responsabilidad y regodearse en salirse con la suya. Hay una emoción en la propia violación, un placer compartido al traspasar los límites, romper el tabú y obligar a otros a presenciar el espectáculo. La crueldad y la mentira comienzan a alimentarse mutuamente: la humillación se convierte en entretenimiento, el engaño en desafío y la transgresión en prueba de autenticidad. Lo que se está cultivando no es simplemente la incredulidad en la verdad, sino el placer en su destrucción. En ese momento, la distancia entre imaginar la violencia, disfrutar de su espectáculo y respaldarla como justicia desaparece progresivamente.

Este es el terreno que los eufemismos liberales no logran comprender. El «autoritarismo competitivo» describe la erosión de las instituciones electorales; el «retroceso democrático» refleja el debilitamiento de las normas democráticas; y el «fascismo democrático» reconoce que los fascistas pueden ganar elecciones. Lo que estos tres conceptos no abordan adecuadamente es la transformación de la cultura y la subjetividad a través de la cual millones de personas aprenden a experimentar la dominación como libertad, el odio racial como patriotismo, la ignorancia como autenticidad y la crueldad como justicia. La cuestión a la que nos enfrentamos, pues, no es simplemente si siguen celebrándose elecciones. Es mucho más inquietante: ¿qué tipo de seres humanos se están forjando en el interior de la cáscara vacía de la democracia?

Las elecciones pueden sobrevivir mientras se destruye la cultura democrática; las asambleas legislativas pueden permanecer mientras se vacía su poder; los tribunales pueden persistir mientras se ataca a los jueces que se niegan a obedecer políticamente; y aún se puede proclamar la libertad mientras las universidades, los periodistas, los migrantes, los manifestantes y las minorías raciales son objeto de intimidación y represión. Las instituciones permanecen, pero su esencia democrática se vacía a medida que se pliegan cada vez más a las exigencias del poder autoritario. La Italia de Meloni ofrece una versión de este proceso; el trumpismo ofrece otra. El fascismo no se repite de forma mecánica. Aprende. Se adapta. Cambia de apariencia, se apropia del lenguaje de la democracia y se infiltra en las instituciones que pretende destruir. Lo que permanece constante es su odio hacia la igualdad, la disidencia, la interdependencia humana y la propia democracia. Esto es precisamente lo que hace que el fascismo contemporáneo sea tan peligroso: no siempre anuncia su llegada aboliendo las instituciones democráticas; puede apoderarse de ellas, habitar en ellas y volver su autoridad contra la misma vida democrática que se creó para proteger.

Más allá de las barreras liberales

La fe liberal en las barreras democráticas confunde la arquitectura de la democracia con la democracia misma. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt admiten en How Democracies Die que las instituciones por sí solas no pueden frenar a los autócratas elegidos, pero la metáfora de las barreras sigue ligada a la creencia tranquilizadora de que los tribunales, las elecciones, las constituciones y las asambleas legislativas poseen una fuerza democrática inherente capaz de contener el poder autoritario. John Dewey puso de manifiesto el peligro de esta suposición hace casi noventa años. En su obra Libertad y cultura, escrita mientras el fascismo se extendía por Europa, advirtió contra la creencia de que las condiciones democráticas se mantienen de alguna manera por sí solas o de que la democracia puede reducirse a prescripciones constitucionales. Tal fe, argumentó, puede en realidad ocultar el surgimiento de fuerzas hostiles a la libertad democrática.

La advertencia de Dewey va al meollo de la crisis actual. Como ha argumentado Melvin Rogers al retomar el pensamiento de Dewey, los controles y contrapesos no tienen agencia propia; las instituciones democráticas son tan fuertes como los hábitos, las disposiciones y las formas de vida colectiva que les dan sustancia. La democracia, en este sentido, no es meramente un ordenamiento institucional, sino una cultura y una práctica que hay que aprender, vivir, defender y renovar continuamente.

La democracia no es una estructura que sobreviva simplemente porque su envoltura institucional se mantenga en pie. Su esencia depende de las condiciones sociales que hacen posible la acción democrática: seguridad económica, educación, igualdad, instituciones públicas, participación política y una cultura en la que las personas posean tanto la capacidad como el poder para gobernar su vida en común. Si se eliminan esas condiciones, las instituciones democráticas pueden permanecer formalmente intactas mientras se vacían desde dentro. Las elecciones continúan, los tribunales permanecen abiertos, las asambleas legislativas se reúnen y las constituciones se invocan ceremoniosamente, incluso cuando la riqueza concentrada compra el poder político, los oligarcas multimillonarios dominan la vida pública, la supremacía blanca y el nacionalismo cristiano ganan fuerza institucional, y el Estado punitivo amplía su maquinaria de vigilancia, detención y violencia. La advertencia de Dewey debe, por lo tanto, ir más allá del propio institucionalismo liberal. La crisis no puede resolverse corrigiendo los excesos del capitalismo sin tocar sus relaciones de poder fundamentales. Un orden social organizado en torno a la concentración de la riqueza, la privatización de la vida pública, la mercantilización de las necesidades humanas y la conversión del poder económico en poder político erosiona continuamente las condiciones que requiere una democracia sustantiva. La cuestión ya no es cómo salvar la democracia de los excesos del capitalismo, sino cómo liberarla del yugo del capitalismo.

Por esa razón, cualquier lucha contra el fascismo que se niegue a enfrentarse al capitalismo como una de sus condiciones propicias corre el riesgo de tratar los síntomas mientras se preserva la maquinaria que reproduce la enfermedad. Dewey comprendió lo que estaba en juego en este fracaso hace casi un siglo. En 1935, argumentó que, si el radicalismo significa reconocer la necesidad de un cambio radical, entonces un liberalismo que no sea también radical es «irrelevante y está condenado al fracaso». Su advertencia se aplica directamente al presente: la tarea no consiste en restaurar el orden político que produjo esta catástrofe, sino en transformar las condiciones que la hicieron posible. La democracia no se salvará restableciendo las barreras de seguridad de ayer ni volviendo a una versión supuestamente más humana del capitalismo. Requiere una política de masas capaz de romper el poder concentrado del capital, democratizar la riqueza y la toma de decisiones económicas, reconstruir las instituciones públicas necesarias para una vida en común y crear nuevas formas de propiedad colectiva, igualdad social y control democrático sobre las instituciones que configuran la existencia cotidiana. Lo que se necesita, en otras palabras, es un socialismo democrático en el que la democracia vaya más allá de las urnas y se extienda a los lugares de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, la economía y otras instituciones clave en las que se ejerce el poder y se determinan las condiciones de la vida cotidiana.

El fracaso del institucionalismo liberal es inseparable del fracaso del lenguaje político. La obsesión liberal por encontrar un vocabulario más cómodo para esta transformación tiene, en sí misma, consecuencias políticas. El eufemismo se convierte en complicidad cuando hace que el fascismo sea más fácil de tolerar. Si el fascismo debe superar primero alguna prueba histórica imaginaria antes de que se nos permita llamarlo fascismo, solo lo reconoceremos cuando ese reconocimiento se haya vuelto políticamente inútil.

El fascismo no deja de ser fascismo porque la gente haya votado a favor de él. La democracia puede proporcionar la puerta por la que entra el fascismo. El neoliberalismo crea las condiciones que lo alimentan. El terrorismo pedagógico proporciona la maquinaria mediante la cual la gente aprende a desearlo. Y la cultura de la crueldad aporta la carga emocional que hace que la dominación se sienta como una liberación y que la pertenencia tribal salvaje se disfrace de comunidad. Lo que se necesita ahora es un lenguaje forjado en la resistencia, capaz de nombrar el fascismo real y existente, de desenmascarar las fuerzas que lo generan y de convertir la indignación en lucha organizada. Ese lenguaje debe recuperar la memoria histórica, hacer visible el poder, vincular el sufrimiento individual con sus causas sistémicas y crear las condiciones para que las personas se reconozcan no en los odios fabricados por la política fascista, sino en las luchas de masas organizadas contra la explotación, la violencia racial, la precariedad y el régimen autoritario. La lucha por el lenguaje es, por lo tanto, inseparable de la lucha por el poder: debemos nombrar el fascismo para combatirlo, desenmascarar la maquinaria que lo genera para desmantelarla y construir el poder colectivo necesario para derrotar al mundo que lo hace posible.

Henry A. Giroux ocupa actualmente la cátedra de Estudios de Interés Público de la Universidad McMaster en el Departamento de Estudios Ingleses y Culturales y es Paulo Freire Distinguished Scholar in Critical Pedagogy. Sus libros más recientes son: The Terror of the Unforeseen (Los Angeles Review of Books, 2019), On Critical Pedagogy, 2ª edición (Bloomsbury, 2020); Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (Bloomsbury 2021); Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (Bloomsbury 2022) e Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics (Bloomsbury, 2023), y, en coautoría con Anthony DiMaggio, Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy (Bloomsbury, 2025). Giroux es también miembro de la junta directiva de Truthout.

Texto original: CounterPunch.org, traducido del inglés por Sinfo Fernández.

Fuente: https://vocesdelmundoes.com/2026/09/16/el-lenguaje-de-la-complicidad-cuando-el-liberalismo-no-puede-nombrar-al-fascismo/