miércoles, 29 de mayo de 2019

El estancamiento.


La base, congelada

Francesc-Marc Álvaro 

No hablo de las bases de pizza congeladas, esas que encontramos en el supermercado a punto para simular que somos maestros pizzeros. Hablo de la base –constantemente invocada desde el mundo independentista– que se tendría que ampliar si se quiere que la hipótesis de una secesión tenga detrás una mayoría social mayor de la que tiene hoy por hoy, a pesar de ser casi la mitad del país y estar muy movilizada. Las últimas elecciones nos han dicho que estamos, más o menos, donde estábamos: los votos a los tres partidos independentistas que se presentaban a las municipales en toda Catalunya (incluidos los votos reales de la CUP que el ministerio había dado mal) han llegado al 43,6%; en las europeas, los votos de JxCat y ERC suman un 49,8%. En todo caso, no se ha superado –tampoco esta vez– el umbral simbólico del 50% que el propio independentismo coloca cada vez como termómetro de su crecimiento.
Conclusión: la base se ha congelado. En las generales del 28 de abril, el independentismo (incluidas las papeletas del Front Republicà) obtuvo un 39,4%. El independentismo oscila entre el 40% y el 50%. Esta es la realidad hasta hoy. Recordemos que las elecciones catalanas del 27 de septiembre del 2015 –las consideradas plebiscitarias– dijeron que el proyecto de la independencia tenía el apoyo del 48%, cifra importante pero insuficiente para hacer según qué cosas. Junts pel Sí (que reunía a los convergentes, ERC, socialistas soberanistas y los ex-Unió independentistas) y la CUP no superaron el 50%, lo cual indicaba que no se había ganado el plebiscito, como dijo con total sinceridad Antonio Baños aquella noche electoral, mientras Mas y Junqueras callaban.
Estamos donde estamos. La base es elástica pero no se amplía, dejando de lado la distribución del voto en el territorio, un dato que pone de relieve otro de los problemas del independentismo: le cuesta mucho penetrar y asentarse en una parte del país, aunque es notable el crecimiento de ERC en el área metropolitana, fenómeno que indica cambios de fondo, no sólo demográficos. Anotaré, a beneficio de inventario, una realidad que empieza a no ser anecdótica: el voto de ERC y cupero metropolitanos es de jóvenes hijos de padres que votaban socialista, a diferencia de lo que pasa en comarcas, donde los padres convergentes han visto como los hijos eligen la papeleta de ERC y de la CUP.




El umbral del 50+1 se resiste a las fuerzas independentistas, un hecho tozudo que debería ser analizado seriamente y no debería ser soslayado en la conversación pública entre independentistas y entre estos y los que no lo son. Con todo, hay cosas que ya sabemos, sin necesidad de hacer estudio alguno. Por ejemplo, hay un discurso independentista que no amplía ninguna base, sólo da certezas exprés a los muy convencidos y, por tanto, es ineficaz estratégicamente. Por ejemplo, hay un estilo que es indescifrable en entornos donde históricamente los referentes del nacionalismo catalán han sido débiles o poco presentes. Por ejemplo: hay figuras que, supongo que sin querer, no atraen nuevo público, más bien lo expulsan. Todo esto se sabe y todo esto se admite en privado, por aquellos que podrían hacer algo. ¿Cuántas veces tendremos que repetir el mismo diagnóstico antes de que algunos quieran rectificar?
Simbolismos y cosas concretas. Puigdemont y ERC. Ahora tenemos este dualismo sobre la mesa. El votante independentista ha querido hacer dos cosas a la vez: premiar la actitud del president del 1 de octubre en Europa y premiar el cambio estratégico que ordena y lidera Junqueras. ¿Qué hacemos con este rostro de Jano independentista? Quiero decir, ¿cómo se gestiona esto políticamente? ¿Son compatibles las dos actitudes? Si algo se puede complicar, seguro que los catalanes lo complicaremos todavía más, lo llevamos en el alma.
En resumen: la base no se amplía pero el independentismo entra en una fase de barroquismo conceptual, que se podría resumir así: hacer una gran butifarra al Estado sin que eso impida normalizar el independentismo como opción de gobierno fiable y homologada. La cuadratura del círculo. Es lo que han dicho las urnas, donde la diferencia entre las papeletas obtenidas por Puigdemont en las europeas y las de JxCat en las municipales es de 13,3 puntos, cifra que debería hacer pensar a algunos y algunas, sobre todo a los y las que aconsejan a Waterloo y, después, lamentan el trompazo electoral que nace también de sus consejos, como si no formaran parte del problema. Lo hicieron con Mas y lo vuelven a hacer con Puigdemont.
Ampliar la base se está convirtiendo en un estribillo que cuesta entonar. Quizá hay que cambiar de metodología si se quiere llegar al 55% o más. Quizá lo que ha servido para conseguir el 49% resulta ineficaz para sumar aquel nuevo 15% que tal vez, según el momento, según quién lo proponga, podría subirse al carro. Quizá se ha mirado tanto en una sola dirección de la base que se han dejado de lado algunas parroquias que podrían ser interesantes.

Vamos votando y la base está congelada. Es una base muy importante, pero no permite decir ni hacer según qué cosas.
 Nota del Blog  .--

Olvido en los grandes medios de que Cs se ha estrellado en Cataluña perdiendo  
 803.000 +- votos en Cataluña en apenas 18 meses   . Pasó  de 1.102.099 votos a 298.781  ..

Barcelona .-Ser alma o capital

La disyuntiva de Barcelona
Ser alma o capital

Ctxt

Barcelona ha elegido, por la mínima eso sí, ser capital de la república de los lazos amarillos. No habrá en el futuro próximo ni Bernie Sanders, ni Noam Chomsky, ni Dilma Rousseff, ni Naomi Klein...

Juan García Oliver, fundador de Los Solidarios con Buenaventura Durruti y posteriormente ministro de Justicia de la República durante la Guerra Civil, dejó escrito por algún lado que Barcelona pudo elegir ser el alma del mundo o la capital de Cataluña y decidió ser lo segundo. García Oliver, como todo buen revolucionario libertario, era un romántico y lo dijo con bellas palabras, pero lo que quiso transmitirnos era que cuando todo parecía posible, la Ciudad Condal acabó mirándose al ombligo. O algo por el estilo. La historia no se repite, pero rima, dijo una vez Mark Twain. Y eso mismo, efectivamente, es lo que pasó este 26-M. Barcelona podía elegir ser –o mejor dicho, seguir siendo– un experimento de municipalismo democrático alabado en todo el mundo o la capital de una República imaginaria. Y escogió lo segundo. Las banderas han ganado una vez más. Y eso tendrá consecuencias. Sobre Barcelona y más allá.
Que la batalla por Barcelona iba a ser crucial y, sobre todo, muy reñida se venía diciendo. Todos afilaban los cuchillos hace tiempo. Los sondeos, además, lo venían confirmando en las últimas semanas: dependería de un puñado de votos. Así fue. Jamás la distancia había sido tan reducida entre el primer partido y el segundo. En 2015 Ada Colau ganó a Xavier Trias por unas 17.000 papeletas. Este 26-M Ernest Maragall ha ganado las elecciones en la Ciudad Condal por tan sólo 4.774 votos. Con el 21,3% y 10 concejales (en 2015 obtuvo 5 y el 11%) ERC adelanta por los pelos a Barcelona en Comú que se queda con el 20,7% y el mismo número de concejales (en 2015 obtuvo 11 y el 25,2%). Se trata de una victoria histórica para Esquerra –la última vez que gobernó Barcelona fue durante la Guerra Civil– y, obviamente, para el independentismo, que jamás se había impuesto en la plaça de Sant Jaume. Ahora bien, las formaciones independentistas no han mejorado sus resultados en Barcelona respecto a hace cuatro años. Al contrario: pasan de 18 a 15 concejales (la CUP se queda fuera al no llegar al 5%, así como Barcelona és Capital, la lista apoyada por la ANC y liderada por Jordi Graupera) y del 41,15% al 39,5% de los votos. Es decir, un partido independentista se convierte en primera fuerza y, casi seguramente, se hará con la alcaldía, pero los independentistas se quedan lejos de la mayoría.
En el nuevo consistorio entran con fuerza también los socialistas (18,4% y 8 concejales: en 2015 tenían 4 y el 9,6%), mientras que el exprimer ministro francés Manuel Valls, apoyado por Ciudadanos, pincha (13,2% y 6 concejales), y suma sólo un concejal y 22.000 votos más a los obtenidos por el partido naranja hace cuatro años. La de la post-Convergència, en cambio, es una debacle en toda regla. Aunque presentaba como cabeza de lista a Joaquim Forn, en prisión provisional en Soto del Real, para agarrar votos, de ganar en 2011 ha pasado en tan sólo ocho años a ser la quinta fuerza (10,5% y 5 concejales); por el camino ha perdido a la mitad de los votantes. Finalmente, el PP se salva de la desaparición gracias a 50 votos –sí, 50 papeletas, tal y como lo oyen– que le permiten entrar con el 5% y 2 concejales, entre ellos el estrafalario cabeza de lista, Josep Bou, que seguirá regalándonos algún que otro titular. Vox, en cambio, se queda fuera, con tan sólo el 1,1%.
El procés, trituradora de las izquierdas no nacionalistas
¿Cómo se explican estos resultados? Por un lado, la participación ha aumentado, del 60,6% al 66,2% siguiendo, en cierta manera, la estela de las generales del 28-A. A pesar del intenso ciclo electoral, la gente no se cansa de votar. Al contrario. Y esto, aquí y ahora, ha favorecido a ERC, una marca al alza en los últimos tiempos. Por otro lado, la campaña, y también los cuatro años de gobierno de BComú, han estado marcados por un “todos contra Colau”, vista desde el primer hasta el último día como una intrusa en las salas de mando de la Ciudad Condal. Esto ha desgastado a los Comuns, así como lo de gobernar en minoría en un contexto extremadamente difícil. Los medios de comunicación han hecho el resto, con una campaña de prensa muchas veces esperpéntica: que si los manteros, que si la seguridad, que si el procés, que si las supermanzanas. Y así, días tras días, ad eternum. Dicho lo cual, la resiliencia de BComú ha sido notable, en comparación con otras confluencias municipalistas en el Estado o con el mismo Podemos: ha ganado en seis de los diez distritos de Barcelona, consiguiendo 156.000 votos, unos 20.000 menos que en 2015. A Ada Colau hay quien la odia, sí, pero también, y no son pocos, los que la ama: la prueba la hemos tenido una vez más durante la campaña electoral –realmente espectacular– por parte de BComú con un acto central en Plaça Catalunya que reunió unas 3.000 personas y contó con la participación de Nacho Vegas, Maria Arnal, BobPop, El Niño de la Hipoteca, Viky Peña o el fantástico Cor Rebel de Barcelona. O véase cómo la gente ha acogido a la alcaldessa la noche electoral. Pelos de punta.
Pero nada ha desgastado tanto como el procés: la polarización ha penalizado a los Comuns, que han intentado preservar un espacio transversal y defender el diálogo en Cataluña. Entre los que ponen lazos y los que los quitan, se convirtió en una misión casi imposible. Además, la campaña electoral que el TS le ha hecho a ERC ha sido un regalo, con la guinda final de la imagen de Junqueras llevado en furgoneta policial hasta el Congreso y la suspensión 48 horas antes del voto de los cuatro diputados independentistas presos. Hay que añadir un último elemento: el efecto Pedro Sánchez que le ha permitido al PSC resurgir de sus cenizas y a Collboni recuperar la friolera de 70.000 votos. No es moco de pavo. Sobre todo si los ha recuperado en barrios que en 2015 habían votado en masa a Colau. Un ejemplo: en el distrito de Nou Barris, donde las desigualdades son las mayores de Barcelona, BComú ha bajado del 33,6% al 22,9%, mientras que el PSC ha subido del 16,2% al 28%. Esos 7.200 votos perdidos por el camino por Colau en Nou Barris han pesado mucho. Se dirá: si Colau no hubiese roto el pacto de gobierno con el PSC tras octubre de 2017 y hubiese sido más dura con el independentismo, en Nou Barris BComú seguiría siendo el primer partido. Posiblemente. Sin embargo, podría ser que en ese supuesto Colau hubiera perdido otros tantos votos en otros barrios a favor de ERC. El procés es la trituradora de las izquierdas no nacionalistas y de quien intenta anteponer lo social a lo nacional. Sumen todo esto y, en gran medida, tendrán la explicación de por qué Ada Colau no ha ganado las elecciones.
Capital de la República, así dicen
¿Y Esquerra? Desde hace años, la estrategia de Oriol Junqueras es la de penetrar y asentarse en la Gran Barcelona, territorio comanche desde la noche de los tiempos para los partidos nacionalistas/independentistas. Poner a Gabriel Rufián en el Congreso era parte de esa estrategia: el orgullo de ser charnego e indepe. Gracias al cortoplacismo del Gobierno de Rajoy la jugada le ha salido bien, al menos parcialmente. Y la victoria en Barcelona es un claro ejemplo de ello. Así como el buen resultado en los municipios del área metropolitana (Santa Coloma de Gramenet, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellá…), en los que ERC se convierte en el segundo o en el peor de los casos el tercer partido, aunque el PSC arrasa casi como antaño y consigue algunas mayorías absolutas. Junqueras quiere que Esquerra sea la nueva Convergència: un partido transversal, pero que cuente con un caladero de voto también donde Pujol no se atrevía a pasear.
Lo de Maragall le vino como miel sobre hojuelas. Un exsocialista, y para más inri el hermano de Pasqual, pasando armas y bagajes a ERC tras el inicio del procés, como candidato para Barcelona. El apellido cuenta. Siempre. Aún más si este apellido es Maragall. Con Alfred Bosch, líder del partido en la Ciudad Condal hasta el pasado otoño, Esquerra difícilmente habría ganado. Júntense a todo esto, el haber construido una lista-popurrí con un poco de esto y un poco de lo otro, y como número dos la tránsfuga Elisenda Alamany que hasta hace seis meses era diputada autonómica con los Comuns y defendía a Colau como la mejor alcaldesa del mundo. Por lo demás, ha habido poca cosa: ningún proyecto de ciudad, más allá de copiar algunas cosas ya propuestas por BComú, criticada aunque se defendiese lo mismo (véase el tranvía por la Diagonal). Y eso sí, dosis abultadas de retórica indepe: Barcelona será la capital de la República, Llibertat Presos Políticsfem República, etc. Significantes vacíos, como decía Laclau, útiles solo para una política hecha de victimismo y emociones baratas. En este contexto, esto le fue suficiente al partido de Junqueras para hacerse con la joya de la corona.
¿Y ahora qué?
Hay dos “ahora qué” sobre los cuales reflexionar. Y están entrelazados. El primero, y más urgente, es quién gobernará Barcelona. Casi todos dan por descontado que Maragall será el próximo alcalde, aunque hay quien no descarta un pacto entre Colau y Collboni con el apoyo o abstención de Valls (para evitar que la ciudad caiga en manos de los independentistas). Muy difícil. Además, la noche electoral Colau ha dado prácticamente por descontado que el alcalde será Maragall, ofreciéndose a hablar para llevar adelante políticas de ciudad, también junto al PSC. Maragall no quiere a los socialistas y el PSC tampoco quiere embarcarse en una aventura cuyo desenlace es más incierto. No hay nuevos Tripartits a la vista, al menos de momento. ¿Entonces? ¿Un pacto Maragall-Colau? Le faltaría un solo concejal para la mayoría absoluta. ¿Un gobierno en solitario de Maragall con tan sólo 10 concejales? ¿Un gobierno indepe, estilo Generalitat, con JxCAT? La aritmética no es un opinión y las posibilidades son las que son.
Y aquí entra el segundo “ahora qué”: ¿qué harán los Comuns? No solo, o no tanto, en lo de una posible alianza/apoyo a Maragall, sino en el futuro. El proyecto sale con los huesos rotos de la jornada electoral a nivel catalán, más allá de Barcelona ciudad, que es donde ha demostrado aún una fuerza importante: en las europeas obtiene menos del 9% y en los municipios pierden más de 50.000 votos respecto a 2015 y alrededor de la mitad de concejales en toda la Comunidad. Y, respecto a Barcelona, ¿qué será de BComú? ¿Se intentará reforzar desde la oposición, volviendo más a las calles, o intentará pesar en un gobierno de coalición para seguir manteniendo un pie en las instituciones? Tras ser alcaldesa, ¿Colau se adaptará a ser una de las regidoras de Maragall o a liderar la oposición? Ninguna de estas preguntas es baladí. Y pesará mucho sobre el futuro de un proyecto colectivo que ha nacido desde abajo.
Chicken-game all day long
En todo esto, jugará un papel crucial el contexto catalán. Es cierto que ERC ha ganado en Barcelona, invisibilizando casi a JxCAT, y, tras haber sido la primera formación en Cataluña el 28-A, lo ha sido también en las municipales en el conjunto de la comunidad (23,5% de los votos), relevando a los post-convergentes (15,1%: pierden 600 concejales y conservan solo las alcaldías de Girona, Reus, Vic e Igualada entre las grandes y medias ciudades), y convirtiéndose así en el partido con el mayor número de concejales. Pero también es cierto que Puigdemont ha arrasado en las europeas en Cataluña: casi un millón de votos y el 28,5%. ERC, con Junqueras como candidato al Europarlamento, se ha quedado con el 21,2%, superada también por los socialistas (22,1%), que doblan el voto de las europeas de 2014. La de Puigdemont ha sido sobre todo una victoria fruto de un voto protesta y simbólico, pero tendrá consecuencias en la interminable lucha por la hegemonía en el espacio nacionalista/independentista. Hasta ahora ERC ha demostrado no tener valentía para romper el abrazo de oso de Puigdemont. ¿La tendrá ahora? Y, ¿empezará por Barcelona, para luego hacer caer el gobierno de Torra e ir a nuevas elecciones autonómicas y hacerse con la Generalitat? Es posible, pero, vistos los precedentes, es también difícil. El chicken-game seguirá un rato largo.
Y, ¿mientras tanto? Lo único cierto es que Barcelona ha elegido, por la mínima eso sí, ser capital de la República de los lazos amarillos. No habrá en el futuro próximo ni Bernie Sanders, ni Noam Chomsky, ni Dilma Rousseff, ni Bill de Blasio, ni Naomi Klein, ni Mimmo Lucano que hablen del experimento de Barcelona y que lo defiendan por el mundo. No habrá otra Brigada Internacional como la formada por municipalistas de todo el mundo en apoyo a Ada Colau, como la que vimos durante la campaña electoral. Habrá, eso sí, algún nacionalista flamenco o de otras latitudes que se paseará por aquí. Y que hablará de Europa de las pequeñas patrias o de pueblos oprimidos comparando a Cataluña con Palestina y a Puigdemont con Rosa Parks. Y, cuando eso pase, Joan García Oliver suspirará una vez más desde el más allá, se le caerá, quizás, una lágrima y escribirá que Barcelona habrá perdido la posibilidad de ser el alma del mundo.
Steven Forti es profesor asociado en Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidade Nova de Lisboa.
Fuente: http://ctxt.es/es/20190522/Politica/26347/Steven-Forti-Barcelona-Ada-Colau-Comuns-ERC-Maragall.htm


Nota del Blog  .-De todo modos un ciclo se ha cerrado   poniendo  como lo de las siete llaves del sepulcro del Cid , ni reforma de  ley electoral , ni nuevo Concordato  ,ni reforma  constitucional , ni ley de   partidos  ni referéndum acordado , ni nueva constituyente   , ni nueva política exterior  ,ni republica  ,ni final del sistema del 78  y veremos del bipartidismo. Podemos se hundió y el Cs no llegó .Eso si seguramente sacaran a Franco del Valle  para desfogarse la progresia  y se acabó.   Y  así  ha sido como un combate de castizos entre unas gallinas ciegas y unos pollos sin cabeza.   Eso si  , si uno mira las noticias es como si toda España  fuera Madrid








martes, 28 de mayo de 2019

Una barbaridad antidemocrática

La suspensión de los diputados: una barbaridad antidemocrática

Por Miguel Salas

Las razones políticas no tienen que ver con el ejercicio de la democracia, sino, al contrario, con limitarla para ceder a las presiones del Estado y de los grupos políticos de la derecha. Ese es el papel que ha jugado el PSOE.

Por Miguel Salas
La Mesa del Congreso de Diputados ha decidido por mayoría la suspensión de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull. Es una decisión grave tomada por quien supuestamente debe velar por las garantías democráticas del conjunto de la ciudadanía y también de las diputadas y diputados que representan la soberanía popular. Se han saltado todas las normas y reglamentos que garantizan los derechos de los diputados. Se ha tirado al cubo de la basura el voto de más de un millón de personas. Se ha modificado las mayorías parlamentarias, por lo que se tergiversa el sentido del voto expresado por millones de personas. El PSOE ha cedido a la intolerable presión de la derecha, que no acepta su derrota electoral y que agita y seguirá agitando con medidas antidemocráticas para tapar su dificultad para obtener mayorías. No porque determinada opinión pública lo acepte deja de ser una medida antidemocrática. Mal comienzo para esta legislatura y mal paso para abrir un verdadero diálogo que permita resolver el conflicto catalán.
De locos
Intentemos aclarar a los lectores el sentido de esta suspensión. Veamos algunas opiniones sobre el tema. El catedrático Javier Pérez Royo escribió en El Diario: “Cuatro de los políticos independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo fueron proclamados diputados electos la noche del domingo 28 de abril. Otro fue proclamado senador electo la misma noche. Desde el “momento mismo” en que tuvo lugar esta proclamación están en posesión, de acuerdo con lo previsto en el reglamento del Congreso de Diputados, de los “derechos y prerrogativas” propios de los parlamentarios estatales. Aquella misma noche deberían haber sido puestos en libertad, ya que la prerrogativa de la “inmunidad” impide que se pueda perseguir penalmente un diputado o senador sin solicitar previamente la autorización de la cámara para poder hacerlo. […] Se trata de una prerrogativa que está reconocida sin excepción de ningún tipo. No hay ninguna circunstancia ni anterior ni posterior a la proclamación como candidato electo que exceptúe la vigencia de la prerrogativa parlamentaria de la inmunidad. No hay ninguno que se prevea en el ordenamiento español. Y ya se sabe que “donde la ley no distingue, no se ha de distinguir”. En el momento en que un ciudadano es proclamado diputado o senador electo, el Tribunal Supremo, que es el único que puede entender en su conducta, debe dirigirse al Congreso o al Senado -en este caso, a ambos- “suplicando” (de ahí el término ‘suplicatorio’) que den la autorización para poder proceder penalmente contra ellos”.
El ex letrado del Parlament de Catalunya, Antoni Bayona, publicó en Audiencia Pública: “La inmunidad parlamentaria tiene como finalidad proteger la libertad personal de los electos frente a detenciones y procesos judiciales que puedan suponer privación de libertad y, de esta manera, una perturbación indebida de la composición y el funcionamiento de las cámaras. Esta protección alcanza tanto a los actos producidos ‘antes’ como ‘durante’ el mandato parlamentario. […] Las consideraciones que se acaban de exponer permiten sostener que los representantes electos el pasado 28 de abril afectados por el juicio del ‘caso procés’ gozan de inmunidad desde el momento de su proclamación como electos, lo que obligaría a suspender el juicio respecto de ellos mientras las cámaras no resuelvan el suplicatorio que, necesariamente, debiera pedir el Tribunal Supremo para poder continuar el procedimiento. Es posible que estas conclusiones no gusten a algunos lectores, pero creo que son las correctas hablando en términos legales”.
Anton Losada, profesor de ciencias política, escribió en El Diario: “El baile de responsabilidades que se traen el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso, para ver quién se come el marrón de suspender a unos diputados electos y no condenados, pinta mal y amenaza con un resultado aún más catastrófico. El show mediático y político que se puede montar en España, cuando el eurodiputado Oriol Junqueras acuda a Estrasburgo a tomar posesión de su más que probable acta, puede acabar colocándonos en la pura antología del disparate y el esperpento ante una Europa asombrada. Otra vez el quiero y no puedo de la Justicia española que acompaña al juicio del procés. Se les reconocen sus derechos porque no hay base legal para negárselos, pero cuando pretenden ejercerlos se recurre a toda suerte de trampas administrativas y trucos de salón; desde el horario de las prisiones a las urgencias de la seguridad parlamentaria. Todo vale para recordarles y hacernos recordar a cada minuto del día que son presos bajo la tutela del Estado”.
Una vez que la Mesa del Congreso tomó la decisión de suspender a los diputados, leemos del abogado Jaume Alonso-Cuevillas: “La suspensión de un Diputado no es competencia de la Mesa, sino del Pleno, previa elevación de propuesta razonada por la Comisión del Estatuto de los Diputados (arts. 48.2 y 48.3 del Reglamento del Congreso de los Diputados) La suspensión sólo procede si la Cámara ha concedido previamente el suplicatorio (art. 21.1. 2º del Reglamento del Congreso de los Diputados), que debe ser acordado por el Pleno, previo examen por la Comisión del Estatuto de los Diputados (arts. 13 y 14 RCD) Conclusión: Sin suplicatorio no puede haber suspensión. El “pequeño” problema es que la Ley obliga a que el proceso quede suspendido desde la comunicación hasta que las respectivas Cámaras resuelvan lo que tenga por conveniente (art. 753 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)”.
Y para finalizar, reproducimos la opinión de Joaquín Urias, ex letrado del Tribunal Constitucional: “Se equivoca la Mesa del Congreso. El 384 bis LECrim (Ley Enjuiciamiento Criminal) no es aplicable a los diputados presos. Sólo lo era para los cargos previos al Auto de procesamiento. Por eso hace un año el Supremo comunicó al Parlament la suspensión. Ahora el propio tribunal creyó que no se aplicaba. O sea: el Supremo cree que no es de aplicación la suspensión extraordinaria de la ley de enjuiciamiento, pero el Congreso la aplica. El Congreso interpretando la LECrim y el Supremo el Reglamento del Congreso. De locos. Todo vale para echar a estos diputados del Parlamento. El Supremo dice -implícitamente- que el art. 384 bis no vale para suspender. Los letrados del Congreso dicen que el Reglamento del Congreso no vale para suspender. Pero al final los Diputados están suspendidos. Se lesiona el derecho de participación política. Muy claramente”.
Efectivamente, de locos, si no fuera por las importantes repercusiones políticas y democráticas que tiene la suspensión.
Razones políticas, no judiciales
A pesar de todas estas consideraciones, que, evidentemente, la Mesa del Congreso conoce, decidió tomar esa decisión por razones políticas. ¿No se llama a eso prevaricación? Tomar una decisión a sabiendas que perjudica a los diputados y a la misma institución. Y las razones políticas no tienen que ver con el ejercicio de la democracia, sino, al contrario, con limitarla para ceder a las presiones del Estado y de los grupos políticos de la derecha. Ese es el papel que ha jugado el PSOE.
Es evidente que las derechas no van a dejar pasar ni una. Su única perspectiva es la confrontación a costa de lo que sea. Hay que tomar nota y no dejarse amilanar. Sirva, como ejemplo, como se han lanzado a degüello contra el presidente del Senado, Manuel Cruz, simplemente por declarar en una entrevista, como una eventualidad, que la situación cambiaría si hubiera una sentencia absolutoria de los dirigentes independentistas. Seguir prisionero de esa estrategia de judialización orquestada por el PP y el resto de las derechas es incompatible con el diálogo que propone el PSOE.
En realidad, quien ha “obligado” a la Mesa del Congreso ha sido el Tribunal Supremo y, en particular, el juez Manuel Marchena. El Tribunal no quiso suspender a los diputados para no aparecer como el brazo ejecutor de una decisión antidemocrática y se la remitió a la Mesa. Ésta le pidió aclaraciones y el juez Marchena respondió que no tenía nada más que decir y la Mesa, en realidad los representantes del PSOE, cedieron a esa presión y a la de las fuerzas de la derecha. Recordemos que en la Mesa, los votos de PSOE y Unidas Podemos son mayoría frente a PP, C,s y Vox. Poco le ha durado al PSOE su supuesto giro a la izquierda. A la primera de cambio ha vuelto a votar con las derechas.
Unidas Podemos ha salvado el honor democrático votando en contra de la suspensión de los diputados. Uno de sus representantes en la Mesa, Gerardo Pisarello, ha declarado que la decisión “afecta gravemente a la separación de poderes, a la autonomía parlamentaria y a la presunción de inocencia”, y, además, “vulnera los derechos de participación política de diputados, que están presos, pero no condenados, y de sus votantes”.
El PSOE debería recordar su propia historia para reconocer que sus dirigentes salieron de la cárcel una vez fueron elegidos por el pueblo. Tenemos que remontarnos a la huelga general de agosto de 1917. El movimiento no tuvo el éxito esperado y fue detenido el Comité de Huelga formado, entre otros, por los socialistas Largo Caballero, Daniel Anguiano, Julián Besteiro y Andrés Saborit. Fueron juzgados en un Consejo de Guerra y acusados de sedición. Se les condenó a cadena perpetua y enviados al penal de Cartagena. En febrero de 1918 hubo elecciones legislativas y los cuatro salieron elegidos, junto a Pablo Iglesias e Indalecio Prieto. La inmunidad parlamentaria obligó al gobierno a concederles la libertad para poder ejercer la responsabilidad que el pueblo les había dado. ¡Y estamos en 1918! Con un régimen, monárquico también, pero con muchas menos libertades, al menos formales, que ahora. Y, sin embargo, ahora se traspasan todos los límites antidemocráticos, se ningunea a la propia institución parlamentaria y a los votantes.
Todo lo que tiene que ver con el conflicto catalán se está convirtiendo en un disparate antidemocrático. Unos presos mantenidos en prisión por pura venganza judicial. Un juicio que no debería estar en manos del Tribunal Supremo, sino del Tribunal Superior de Cataluña, pues los hechos sucedieron allí. Unos candidatos a los que apenas se les ha permitido hacer campaña electoral. Unos diputados y senador a los que no se les deja en libertad inmediata, como dice la ley y que, además, sin que el Pleno del Congreso decida se les suspenden sus garantías. No es sólo el conflicto catalán, es un problema de la degeneración democrática que afecta a todas las instituciones y que pone al desnudo el carácter del propio régimen monárquico. El siguiente conflicto aparecerá de inmediato cuando se elija a Oriol Junqueras como eurodiputado. ¿Qué hará la justicia de este régimen? ¿No quedará en ridículo el Parlamento español cuando el Parlamento europeo le reconozca sus derechos?
Si se necesita un cambio republicano es para defender las libertades y los derechos y conquistar la república y sus valores.

y ver ..https://www.eldiario.es/zonacritica/prestigio-Justicia-espanola_6_902969709.html


Nota.-  Bueno ya lo exprese en   el post anterior  . y añado  que  la contradicción  es como el ex rey  deja la función pública y    no pierde el aforamiento o como su yerno no ingreso en la cárcel hasta  hacer firme la sentencia


viernes, 24 de mayo de 2019

El caso de los diputados presos . / 2ª parte.



El caso de los diputados presos ( 2ª  parte )


El derecho penal del enemigo  
 LDM 

Diversos juristas (1)han señalado  que ninguno de los dos artículos de los que se sirven quienes defienden esta  suspensión está diseñado para gente que ya estuviera en prisión provisional de forma previa a su nombramiento como parlamentario; tanto el Supremo como la Mesa del Congreso se están saltando alegremente las garantías que asisten a quien es elegido en unas elecciones. 
Su situación es exactamente la misma que cuando se les permitió que  fueran nombrados candidatos de forma legal.
Ahora esta decisión vulnera sus derechos como parlamentarios. Aunque teniendo en cuenta que sus derechos llevan siendo pisoteados bastante tiempo, no es de extrañar que quienes están pretendiendo normalizar esta aberración desde el principio ni se inmuten.
Y así nos va; la calidad de la "democracia" española una vez más queda en evidencia.
Este precepto establece que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviera ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".
Debe ser que tengo falta de compresión lectora o me perdí parte de lo sucedido.
Desde cuando son una banda armada o terroristas?.
Qué harán si salen elegidos en las europeas?
Manuel Marchena está aterrado de lo que pueda decir Estrasburgo sobre la esperpéntica actuación del Tribunal Supremo, y esa es la razón por la que ha hecho dejación de sus obligaciones pasando la patata caliente a la Mesa del Congreso para que sea ella la que  suspenda  a los políticos presos , cada vez parecen mas presos preventivos políticos . Como si  se empeñaran en darles la razón .
Solo el Supremo está legitimado para establecer las consecuencias que se derivan de haber encarcelado a los actores del Procés y debería haber cursado el correspondiente suplicatorio para que la Mesa del Congreso, en cumplimiento del artículo 21 de su Reglamento, procediera a esa  suspensión. Pero claro si no están sentenciados no pueden ser inhabilitarlos y sin embargo si suspendidos . Una vez más, en España no se respeta la separación de poderes.Ni tan siquiera el TS español político se ha atrevido a tomar la decisión de la  suspensión. 

Con sentencia condenatoria, debe de existir un suplicatorio de por medio y nos encontraríamos con el obstáculo de ser congresista y estar encarcelado y ahora suspendidos sin sentencia ..cuando lo lógico era que   fueran diputados hasta la sentencia  y luego previo si es condenatoria pedir  suplicatorio y ser  inhabilitados .  
El problema está en que es totalmente irregular que les hayan suspendido sin existir una sentencia firme de ningún tipo  ,además por eso  tuvieron que permitir  que se presentaran . Y igual a las europeas .
 Pero es que aún así, el voto democrático de los electores es sagrado en democracia, y en todo caso debería estar en manos de sus partidos sus sustituciones. De la misma forma que es otra sin razón que sea la Mesa y no el Congreso en pleno la que tome estas decisiones tan trascendentes.
Recordar además que están siendo imputados por cargos que la Europa democrática rechaza de plano y que solamente son sostenidos por juzgados políticos españoles.

Sin suplicatorio no debió nunca acordarse la suspensión así . Es un ataque a la democracia y a la separación de poderes. La LECr trata sobre el procedimiento penal y su aplicación solo corresponde a los juzgados penales, nunca a otras administraciones publicas. Las leyes procesales no permiten su aplicación analógica ni son disponibles por otros órganos que los judiciales. En síntesis, se ha cometido un ultraje a la democracia, a la soberanía popular y a la separación de poderes.  se ha aplicado el derecho penal del enemigo

El congreso afirma que No puede suspenderlos porque su reglamento NO lo permite...pero los suspende en aplicación de un articulo de la LEC , cuando quien podría haberlo aplicado , el TS , no lo hizo.................El congreso ejerciendo de Jueces ...y los jueces....ejerciendo de políticos......

Solo el Supremo está legitimado para establecer las consecuencias que se derivan de haber encarcelado a los actores del Procés y debería haber cursado el correspondiente suplicatorio para que la Mesa del Congreso, en cumplimiento del artículo 21 de su Reglamento, procediera a esa suspensión. Pero claro si no están sentenciados no pueden ser inhabilitarlos y sin embargo si suspendidos . Una vez más, en España no se respeta la separación de poderes.Ni tan siquiera el TS español político se ha atrevido a tomar la decisión de la suspensión.

 Y así el informe de los letrados descarta por completo que los diputados puedan ser suspendidos a través de la aplicación del Reglamento del Congreso, ya que, aunque se dan dos de las condiciones establecidas en el artículo 21.1.2º, no concurre la tercera, esto es, la concesión de autorización objeto de suplicatorio. Esto es así porque el Supremo rechazó remitir un suplicatorio a la Cámara, ya que esto podría suponer la paralización del proceso judicial y la liberación de los presos de forma temporal, lo que, a juicio del alto tribunal, causaría un enorme perjuicio a un proceso que se encuentra ya muy avanzado.

  
Como los  suspendidos no dimitirán , quitado Junqueras si sale en las europeas , el quorum de mayoría pasara de 176 a 174  diputados y así Pedro sale sin necesidad de apoyarse en los indepes . Y como un tiro en su propio pie    con la votación  y presión de la oposición que era todo su programa contra el psoe  , liberandole  de   depender de ellos.¡ Bingo ! 
Con lo cual  además  da la impresión que con esta resolución  los letrados  del Congreso han prevaricado.
 Y  también el artículo 501 del Código Penal  es taxativo: “La autoridad judicial que inculpare o procesare a un miembro de las Cortes Generales sin los requisitos establecidos por la legislación vigente, será castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público”.

y ver  ...


jueves, 23 de mayo de 2019

miércoles, 22 de mayo de 2019

La revolución cultural nazi .


Resultado de imagen de johann chapoutot la revolucion cultural nazi

El nazismo como cultura

El nazismo como cultura

La revolución cultural nazi es obra de un reconocido especialista que ha escrito otras dos tituladas Le nazisme et l’Antiquité y La loi du sang. Penser et agir en nazi. Sobre ambos temas vuelven otra vez las páginas de este nuevo trabajo, producto de la reelaboración de artículos sueltos que han sido revisados y conjuntados con destreza. Pero no tanta como para no echar de menos alguna vez la intensidad y la coherencia de una monografía hecha ex profeso.
En la página 30 de La revolución cultural nazi, por ejemplo, se cita un breve pero expresivo párrafo de un artículo de Werner Jaeger en el que se encomia el significado de Platón y su filosofía como forjadores del Estado moderno. Se publicó en 1933 en la revista nacionalsocialista Volk in Werden (Pueblo en conversión), el mismo año del ascenso de Hitler al poder, que también lo fue de la primera edición del libro más conocido e importante de Jaeger, PaideiaDie Formung des Griechischen Menschen, que se reimprimiría notablemente aumentado –tal fue su éxito– en 1936. Lo que nos resulta sorprendente es que Johann Chapoutot no resalte la autoría de una deslumbrante historia de la cultura griega vista a través de la constitución del ideal educativo que forjó la unidad del mundo helénico y dejó su profunda huella en la historia de la humanidad. Tampoco nos cuenta, por consiguiente, que un año después de su edición definitiva, Jaeger se exiliaría en Estados Unidos, no tanto por aversión al nazismo como por estar casado con una mujer de ascendencia hebrea; en 1939 profesaba en Stanford y en 1942 ocupaba una cátedra en Harvard.
Ese año Paideia se tradujo al español por el filósofo exiliado Joaquim Xirau y se publicó en México por el Fondo de Cultura Económica. La nota de agradecimiento escrita para la edición insiste en que la obra no intentó destronar la historia solvente de los acontecimientos para sustituirla por una discutible historia de las ideas. Paideia –cuenta Jaeger– «se escribió durante el período de paz que siguió a la Primera Guerra Mundial», y podría haber añadido que precisamente cuando surgieron muchas y hermosas síntesis históricas de parecidos calado e intención, pero «ya no existe el mundo que pretendía ayudar a reconstruir» y ahora habitamos «en el valle de muerte y destrucción que por segunda vez en la misma generación atraviesa la humanidad». Y «en este libro esa fe de un humanista se ha convertido en contemplación histórica», lo que quiere decir que Jaeger había olvidado piadosamente su colaboración en una revista nazi de título tan revelador como Volk in Werden. Y seguía defendiendo el lugar de privilegio que ocupaba Platón en la configuración del Estado moderno y de la constitución de su rígido orden social: tal es el tema del libro III de Paideia, «En busca del centro divino», que concluye con un brillante análisis de La República1.
Las palabras solemnes y atribuladas nunca son inocentes. Saber algo de ese «mundo que pretendía ayudar a construir» (tanto Jaeger como otros muchos universitarios eminentes) es una tarea que Johann Chapoutot ha dejado en un discreto segundo plano, más atento a la descripción funcional de la vulgata del pensamiento nacionalsocialista y a la mención –nunca demasiado pormenorizada– de la copiosa red hidrográfica que venía del respetable mundo de la ciencia histórica, jurídica y filosófica. Pero, con mucha razón, Chapoutot levanta la sospecha sobre el helenismo nazi: «En semejantes condiciones, el estudio de la filosofía griega no es una cuestión reservada a la piadosa erudición de los seminarios de Kiel, Bonn o Heidelberg, o circunscrita al pálido silencio de las bibliotecas», porque aquella «filosofía es fuerte, decisionista, voluntaria, en tanto que expresa la fortaleza de sangre o su regeneración [...]. Si es heroica y aristocrática, expresa con evidencia la pureza de una sangre nórdica aún inmaculada. A partir de ahí, se comprende mejor por qué tanta gente, bajo el III Reich, habla de Grecia y de la filosofía griega: Hitler en Mein Kampf, al igual que en muchos de sus discursos; Alfred Rosenberg, Joseph Goebbels, así como Goering y Himmler». Pero no se trata sólo de fuentes.
Las complicidades del nacionalismo
En La revolución cultural nazi sólo hay otra solitaria mención de George L. Mosse, historiador alemán y judío, aunque se menciona después de unas frases que honran a Chapoutot: «Se camina con un paso positivista más seguro por archivos que permiten establecer hechos y seguir procesos. Es intelectualmente más desestabilizador, humanamente más perturbador y, a decir verdad, psicológicamente más peligroso adentrarse en una manera de ver el mundo –o sea, una visión del mundo– que pudo darles sentido y valor a unos crímenes incalificables». Mosse lo hizo como nadie. Tenía quince años en 1933 cuando abandonó Alemania para trasladarse a Inglaterra y luego a Estados Unidos, donde se formó como historiador en Cambridge y Harvard. Y allí escribió La nacionalización de las masas (1975), un libro que cambió el punto de vista sobre el nacionalsocialismo al ligarlo a los cultos y mitos historiográficos inventados por la Alemania romántica de 1800 y que alcanzaron la dosis de intoxicación en los años del Segundo Reich. De allí, inflamados por la ira de la derrota y la venganza de la Europa Occidental, desembocaron directamente en la Alemania de posguerra, donde la insurrección callejera de los Freikorps y la gestación del NSDAP surgieron también apenas callaron los cañones.
Por supuesto, la construcción de un ideal pangermanista y la celebración de sus hitos principales (desde la batalla de Teoteburgo hasta las guerras napoleónicas y desde las luchas medievales del imperio contra el papado hasta el Tratado de Versalles y la «puñalada por la espalda» de los vencedores de la guerra) se constituyeron como una cultura popular, pero que fue elaborada con el consenso y bajo la autoridad de la alta cultura. De la crisis del país entre 1780 y 1815 había surgido una institución fundamental en la vida del país: la reforma e invención de una universidad moderna que muy pronto sería un modelo para la del resto de Europa. En 1809, la ciudad de Berlín creó la suya, al amparo de los reyes de Prusia y con la destacada inspiración de los hermanos Von Humboldt, cuyo nombre lleva hoy la institución. Y en 1818 la Universidad de Bonn llevó a Renania el mismo espíritu de la academia prusiana que, en 1826, inspiró también el traslado de la vieja universidad bávara de Ingolstadt a Múnich, donde enseñaron el filósofo Friedrich Schelling y el químico Justus von Liebig. No es casual que en la universidad berlinesa dictara Fichte sus catorce Discursos a la nación alemana, que marcaron el inicio del nacionalismo alemán y sellaron la peligrosa alianza de un esplendoroso crecimiento intelectual y un orgullo patriótico alentado por la conciencia de superioridad y tentado siempre por la ambición de la hegemonía europea.
De aquella «reconstrucción de la razón» de la que hablaba Jaeger surgieron productos intelectuales de voluntad inequívocamente universal (pienso en la estilística de Karl Vossler o en el esplendoroso ensayo de Ernst Robert Curtius sobre la Edad Media Latina y la literatura europea), pero también productos ideológicamente más confusos, como La decadencia de Occidente (1918-1923) de Oswald Spengler, que –enarbolando la herencia de Nietzsche– logró un éxito internacional. La Kriegideologie (ideología de guerra) inspiró alarmas y reproches que están presentes en los últimos trabajos de Max Weber o en casi todos los del más olvidado sociólogo Werner Sombart (que ya en 1911 había trasladado a El capitalismo judío la interpretación económico-religiosa que Weber dio a la Reforma protestante). Escritores como Ernst von Salomon y, sobre todo, el joven excombatiente Ernst Jünger, dieron voz a un mundo en el que el pacifismo se asimilaba a la decadencia espiritual y donde la idea de Humanidad aparecía como una ficción vacua frente a la sólida llamada de la tribu nacional. La Konservative Revolution de estos años tiene antecedentes bismarckianos, pero tampoco dejaría de ser un acompañamiento discreto de la violencia y la protesta que, en 1924, Adolf Hitler –preso a consecuencia del Putsch de la cervecería de Múnich– empezaba a consignar en las páginas de Mein Kampf.
Una oportuna cita de 1942, que el autor recoge de un ensayo del jurista Roland Freisler sobre el porvenir, señala con claridad la venerable genealogía intelectual que la moral nazi pretendía hacer suya: la «concepción alemana» de una «comunidad» (Gemeinschaft) debería sustentarse en «el imperativo categórico kantiano; el deber fichteano; la máxima fredericiana [se refiere a Federico Guillermo de Prusia] de ser el primer servidor del Estado; la concepción clausewitziana de la esencia militar alemana» y, en fin, «el principio nacionalsocialista: el interés común está por delante del interés privado». ¿Nos extrañará la invocación inicial del nombre de Kant, tan vinculado al espíritu de la Ilustración y tan distante de ensoñaciones de hordas populistas? Páginas después, Chapoutot alude a un momento del juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, donde el acusado causó la estupefacción y el enfado de sus jueces al justificar sus crímenes en «el imperativo categórico kantiano». E, interrogado al respecto por el fiscal, aquel sujeto (que no había acabado el bachillerato) afirmó haber leído la Crítica de la razón práctica, aunque no se fijara demasiado.
«La política es biología aplicada» (Adolf Hitler)
De todas estas contradicciones ha tratado previamente el importante capítulo titulado «Borrar 1789 de la historia alemana», objetivo que fue la consigna literal que Joseph Goebbels incluyó en su discurso de 1 de abril de 1933 para anunciar urbi et orbi el advenimiento de la nueva era. La «revolución» nazi renunciaba así a la herencia de la Revolución francesa y también a la de 1848, porque ambas se habían hecho en nombre de la libertad de los individuos y con los borrosos objetivos de universalidad que se encerraban en el lema «Libertad, Igualdad, Fraternidad». Para el nazismo no había otra revolución posible que la de los pueblos, la voz de la etnia, que los verdaderos arios reconocían en el sueño del Estado platónico, tan germánico y tan rubio como ellos mismos, en el momento final del esplendor de la Ática, ya amenazada por las Guerras del Peloponeso. No pensaban que debiera haber otra legislación que la vuelta a un Derecho germánico, inspirado por la tradición y preservado por su pueblo, radicalmente opuesto a la presunta universalidad del Derecho Romano. El sucesor de la herencia platónica había sido la vanidosa sofística y su rival, a la larga, fue el estoicismo que vino de las oscuras escuelas de pensamiento asiáticas; el Derecho Romano había nacido del cálculo mezquino y el individualismo de pueblos mediterráneos, claramente cercanos a la influencia judaica.
Las consecuencias –ideológicas y jurídicas– de estas decisiones se explican muy bien en las tres primeras partes de La revolución cultural nazi. Quizás las más llamativas de sus pautas de actuación fueron las que se referían a la identificación de la política con la biología, que Hitler estableció en repetidas ocasiones: «La política es biología aplicada». El mismo concepto de Lebensraum (espacio vital), utilizado por el expansionismo alemán y luego por el nazismo, es –como subraya Chapoupot– una traducción literal de biotopo, la denominación que define la asociación de las especies vivas a un determinado territorio físico. Los derechos de la vitalidad instintiva del grupo, siempre superior al arbitrio del individuo, son ilimitados: el Lebensraum determina, por tanto, quiénes son los dueños reales de un espacio, quiénes son sus auxiliares necesarios y quiénes son los alógenos, destinados al exterminio. Vale la pena repasar las páginas que Chapoupot dedica a la estricta y temprana aplicación de la eugenesia desde 1933 y a la consiguiente eliminación de los individuos defectuosos entre la misma población alemana. Pero la biología abrió la puerta a otras prácticas de las que se ha hablado menos. Los juristas nazis defendieron la equiparación jurídica de los hijos naturales y los habidos en el marco del matrimonio, en parte porque las cuantiosas pérdidas humanas de la guerra hicieron imperativos esos derechos para los descendientes de los héroes muertos. Pero los mismos estudiosos también abrieron la puerta a la consideración de la poligamia como una prerrogativa que deberían alcanzar los varones de una raza superior.
Los derechos de la biología llegaron entonces al delirio, como ocurrió, no mucho después, ante la invasión de Polonia y de Rusia, ejemplos patentes de Lebensraum que exigía la domesticación como siervos de quienes sobrevivieran a la conquista. Pero quizá las páginas más terribles se refieren a la justificación del holocausto judío en los términos de una operación de higiene. En los Diarios de Goebbels (anotación del 7 de agosto de 1941) leemos: «En el gueto de Varsovia se ha observado cierto aumento del tifus. Paro se han tomado medidas para que no salgan del gueto. Al fin y al cabo, los judíos siempre han sido vectores de enfermedades contagiosas. Hay que hacinarlos en un gueto y abandonarlos a su suerte o liquidarlos; si no, seguirán contaminando a la población sana de los Estados civilizados». Poco más allá, un folleto dirigido a los soldados lo confirma: «Uno de los más antiguos focos tíficos está en Volinia, donde, como en otros lugares de Polonia, se encuentra una población judía. Una suciedad increíble, así como el sempiterno comercio de trapos infestados de pulgas, son las causas de una propagación incontenible de la epidemia [...]. Una simple ojeada al interior de sus miserables viviendas debe servir de aviso suficiente para el soldado alemán. Debe ponerse en guardia ante el peligro invisible que le amenaza en los barrios judíos, rodeado de un entorno de una suciedad extrema». Estos y otros textos, además de referencias cinematográficas, componen la terrible zarabanda final que el autor del libro ha dispuesto antes de establecer su conclusión final: el nazismo fue una verdadera «revolución cultural», aunque su idea de revolución no fuera «una proyección hacia el futuro», sino un «regreso circular al origen». Puede ser calificada de cultural en la medida en que el adjetivo «retomaba la vieja oposición entre Kultur y Zivilisation [...]. Son propios de la civilización la superfluidad, la superficialidad y el universalismo nocivo; la Kultur, por su parte, se sumerge en las profundidades de la Innerlichkeit, de la interioridad, y también de la interioridad de la raza». Y «esa escatología biológica, esa gran paz del espacio vital, es lo que una guerra espantosa quiso edificar».
Los traductores del libro no siempre han esquivado los riesgos de trasladar la sintaxis compleja y, sobre todo, los neologismos algo caprichosos, propios de la prosa de alta divulgación francesa desde hace treinta o cuarenta años. Quizá por emulación, hallamos numerosos vocablos de aire indiscutiblemente galicista: «feniciano» por fenicio, «instintual» por instintivo, «eugenistas» por eugenésicos, «obsidional» por obsesivo y hasta un inédito «nanciano» en vez de la perífrasis «natural de Nancy».
José-Carlos Mainer es catedrático emérito de Literatura en la Universidad de Zaragoza. Sus últimos libros son La isla de los 202 libros (Barcelona, Debolsillo, 2008), Modernidad y nacionalismo, 1900-1930  (Barcelona, Crítica, 2010), Galería de retratos (Granada, Comares, 2010), Pío Baroja  (Madrid, Taurus, 2012), Falange y literatura  (Barcelona, RBA, 2013), Historia mínima de la literatura española  (Madrid, Turner, 2014) y Periferias de la literatura. De Julio Verne a Luis Buñuel (Madrid, Fórcola, 2018).
22/04/2019
1. Echamos de menos otra ficha biográfica al final del libro, en la página 249, cuando se habla de la película La habanera (1938), dirigida por Detlef Sierk para la productora estatal nazi: se trata de una comedia racista sobre el choque de unos perfectos colonizadores arios y unos estúpidos terratenientes de abolengo hispano en la Cuba colonial (la protagonista era Zarah Leander, la más glamurosa de las estrellas alemanas y amante de Goebbels). Detlef Sierck era de origen danés, aunque nacido en Hamburgo y emigrado muy joven a Alemania, donde realizó estudios de historia del arte con Erwin Panofsky y destacó como director de teatro moderno en Berlín y luego como responsable de películas de éxito para la UFA. Como tantos otros cineastas, estaba deseando escapar de Alemania, cosa que logró en 1937, poco antes del estreno de La habanera, para establecerse en Estados Unidos, reclamado por la Warner. En adelante firmó sus películas como Douglas Sirk. Su primera película americana fue precisamente la comedia bufa The Hitler’s Madman, pero su éxito y reconocimiento llegó de la mano de los grandes melodramas que lo consagraron como referente del género en los años cincuenta (ObsesiónEscrito sobre el viento e Imitación a la vida, entre otros). 


martes, 21 de mayo de 2019

El "cartel" venezolano que no existe



El “Cártel de los soles” (1)


La enésima teoría del Washington Post para explicar el fracaso del golpe de Estado en Venezuela


Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Cuando van a cumplirse cuatro meses desde el intento de golpe de Estado en Venezuela, los analistas de los medios de comunicación occidentales en manos de corporaciones se estrujan la cabeza para explicar por qué los planes de Washington para derribar al gobierno de Nicolás Maduro no han llegado a materializarse. Es evidente que ni siquiera se han planteado las razones reales de dicho fracaso. Va más allá de sus posibilidades mentales considerar la persistente popularidad de los programas del fallecido Hugo Chávez y los recelos pertinaces de grandes sectores de la población –o el profundo rechazo que provoca en la inmensa mayoría de los venezolanos (y de los latinoamericanos) la posibilidad de una intervención militar de EE.UU. en su país.

En vez de eso, tanto los marionetistas de Washington que diseñaron el golpe de Estado como sus títeres de los medios mayoritarios han estado pergeñando excusas cada vez más disparatadas para explicar el estrepitoso fracaso del intento de golpe de Guaidó. La teoría más utilizada ha sido la de que el régimen de Maduro se “sostiene” gracias al apoyo de Rusia, China y Cuba. Esta versión se ha expuesto de maneras cada vez más extravagantes, como la reciente afirmación de Mike Pompeo de que Maduro había estado a punto de abandonar el país antes de que Rusia le convenciera de lo contrario.
Ahora, el editorialista del Washington Post, notorio belicista y perturbado fabricante de conspiraciones Jackson Diehl ha elaborado la más reciente teoría para explicar el fracaso del golpe: el llamado “Cártel de los soles”. Según Diehl, esta organización clandestina está formada por “algunos de los más altos cargos del régimen de Maduro”. Según sus palabras, “la organización envía cientos de toneladas de cocaína colombiana desde aeropuertos venezolanos hasta América Central y El Caribe para su posterior distribución en Estados Unidos y Europa”. Además, acusa al gobierno de Maduro de cometer desfalcos en las cuentas utilizadas para importar alimentos y medicinas, así como de “corrupción en la compraventa de divisas”. Según este señor, “el gobierno de Maduro no sería tanto un gobierno –y menos un gobierno socialista– como una banda criminal” y afirma que “el dinero que obtiene de sus actividades delictivas le sirve de soporte para sobrevivir a las sanciones de Estados Unidos”.
Las únicas fuentes que proporciona para justificar dichas afirmaciones son un artículo de Associated Press de septiembre de 2018, que informa de una acusación no comprobada efectuada por un miembro de escaso rango del Departamento del Tesoro de EE.UU.; un artículo de enero de 2019 del Wall Street Journal, en el que informa de otra denuncia igualmente sin demostrar del mismo departamento; y un vínculo a uno de los propios artículos del Washington Post publicado en 2015. Dejando a un lado la auto-cita, las acusaciones del Departamento del Tesoro a duras penas pueden considerarse pruebas fidedignas. Se trata, al fin y al cabo, de una rama del gobierno de EE.UU., una institución que ha intentado desestabilizar al gobierno chavista desde que tomó el poder. Además, la Administración Trump, ante la que responde en la actualidad, ha sido el principal promotor del intento de golpe de Estado y no oculta que detrás de sus intenciones están los intereses económicos de las grandes corporaciones estadounidenses (1).
Larissa Costas va aun más lejos al plantear que la idea del cártel dirigido por el gobierno venezolano podría ser un montaje de principio a fin. En febrero de 2017, afirmaba en un artículo (2) que:
“Aunque abunda información en los medios de comunicación, al Cártel de los Soles no se le ha incautado ni un sólo gramo de drogas, ni ha aparecido ningún distintivo de la organización en ningún decomiso, ni se le ha atribuido ni una sola muerte. Existen dos opciones: o es el más inofensivo de los cárteles o sencillamente no existe”.
Esta última posibilidad parece confirmarse porque las distintas investigaciones acometidas por Washington sobre miembros del gobierno de Maduro no han dado pie a acusaciones reales o incluso a conclusiones claras. En enero de 2015, por ejemplo, el Departamento de Justicia (DdJ) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) lanzaron una investigación conjunta sobre el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y otros cargos principales del gobierno venezolano. Pronto empezaron a circular las noticias que se hacían eco de estas acusaciones, incluso la de que Cabello era el “capo” del “Cártel de los soles”. (Nótese el uso que hacen aquí de un término de la mafia que parece sacado de las películas de El Padrino).
Pero hoy día, cuatro años después desde que se lanzara esa acusación, ni la DEA ni el DdJ han acusado formalmente a ninguno de los supuestos implicados ni, por supuesto, ningún tribunal les ha considerado culpables. Sin embargo, los grandes medios de comunicación siguen repitiendo las acusaciones como si fueran incuestionables. En mayo de 2018, por ejemplo, Insight Crime publicó un artículo titulado “El narcotráfico en el régimen de Venezuela: El Cártel de los soles”3, en el que afirmaba estar en posesión de “documentos que implicaban a altos cargos del gobierno venezolano, del pasado y del presente, en el tráfico de cocaína”. Pero en lugar de ofrecer al lector esta supuesta montaña de pruebas, los autores se limitaban a citar a un funcionario anónimo del Departamento de Justicia como fuente de la información.
Al igual que ocurre con el Departamento del Tesoro, resulta difícil creer al Departamento de Justicia cuando las sucesivas administraciones en Washington han estado intentando socavar los gobiernos chavistas a partir de la primera elección de Hugo Chávez en 1998. Desde la implicación de la CIA y la Administración Bush en el intento de golpe de Estado de 2002 y en el paro petrolero de PDVSA de 2002-2003 hasta el actual intento de golpe y las sanciones económicas, Washington ha utilizado todo tipo de métodos para intentar un cambio de régimen, primero de manera encubierta y luego con absoluto descaro.
Pero las cosas van más lejos. De hecho, parece que estas dudosas acusaciones de tráfico de drogas son parte fundamental del intento de cambio de régimen. Y eso se debe a que se utilizan como justificante de las sanciones promulgadas por Washington para debilitar al régimen al enviar señales poco disimuladas al capital internacional para que abandone Venezuela.
 En segundo lugar, las sanciones y acusaciones se usan a su vez para debilitar al régimen y estimular las deserciones hacia el bando opositor respaldado por EE.UU. No hay mejor caso para ilustrar esta realidad que el del general venezolano retirado Hugo Carvajal. En julio de 2014, cuando Carvajal fue puesto en libertad en Aruba, Reuters informaba de que él había negado categóricamente los cargos de EE.UU. que le acusaban de comercio ilegal y apoyo a las guerrillas izquierdistas de Colombia.
 Pero en febrero de 2019, a escasas semanas del intento de golpe de Estado, Carvajal dio un giro de 180 grados y acusó a Maduro y a su círculo más íntimo de participar en el narcotráfico. Esto ocurrió justo después de que Trump amenazara abiertamente a los militares leales a Maduro con “tener todas las de perder”, al mismo tiempo que Guaidó ofrecía amnistía a quienes se pasaran a su bando. Parece que Carvajal reaccionó ante esta mezcla de amenaza e incentiva del palo y la zanahoria que Estados Unidos había puesto en marcha como parte de su arsenal para el cambio de régimen. La cuestionable validez de sus afirmaciones queda demostrada por su repetición del mantra utilizado con frecuencia por Washington en el sentido de que los oficiales de Maduro están cortejando al grupo “militante” libanés Hezbolá.
Esta afirmación ha sido enérgicamente desenmascarada por Richard Vaz, que señala que los medios mayoritarios como la CNN que trasmiten estas acusaciones utilizan exclusivamente la fuente del Departamento del Tesoro o, peor aún, de personajes como [el senador republicano] Marco Rubio. Vaz señala también lo absurdo de sostener que Tarek el Aissami (actual vicepresidente venezolano para el área económica) es el mediador de algún tipo de alianza chií trasatlántica liderada por Irán, cuando el propio Aissami ni siquiera es musulmán, sino hijo de inmigrantes drusos libaneses, nacido en Venezuela, donde ha pasado toda su vida.
Si estuviéramos en una situación normal, no sería necesario ir más lejos para desacreditar la afirmación de Diehl. Pero América Latina no es un lugar normal y las relaciones de Estados Unidos con la región no constituyen una relación normal. Además de la escasez de pruebas que sostengan su afirmación, está la cuestión del doble rasero que subyace bajo la superficie. No cabe duda de que Diehl pretende que la supuesta implicación del gobierno de Maduro en actividades delictivas justifica las acciones intervencionistas de Washington y sus representantes sobre el terreno. Pero si observamos detenidamente el pasado y presente de la región, se constata la existencia de un montón de flagrantes narcoestados que Washington no solo ha ignorado sino que ha financiado y armado hasta los dientes.
No es casualidad que dos de ellos sean aliados incondicionales y otro lo fuera hasta hace bien poco. Me refiero, claro está, a Colombia, Honduras y México. Para nadie es un secreto que Colombia ha sido un narcoestado durante la primera década de este siglo. Incluso algunos documentos de inteligencia desclasificados de Estados Unidos denuncian los estrechos lazos del expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico. Un informe desclasificado de 1991 de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), por ejemplo, describe a Uribe como “amigo íntimo” de Pablo Escobar y la “colaboración con el cártel de Medellín a altos niveles del gobierno”. Otro informe de inteligencia datado en 1993 y desclasificado en 2018 afirma que un senador colombiano declaró a funcionarios de la embajada de EE.UU. en Bogotá que el cártel de Escobar había financiado la campaña electoral de Uribe para el senado colombiano. A pesar de tener en sus manos dicha información, Washington financió con generosidad al gobierno de Uribe mediante el Plan Colombia para organizar las llamadas campañas “antidroga”, que sirvieron para tapar ofensivas brutales contra activistas defensores de los derechos laborales e indígenas y para desplazar a comunidades campesinas.
 El nivel de implicación de los cárteles de la droga colombianos en el Estado fue desenmascarado en más claramente por el “escándalo de la para-política”, por el que 32 congresistas colombianos y 5 gobernadores fueron condenados por su complicidad con grupos paramilitares de extrema derecha. Estos grupos, por cierto, han sido los principales protagonistas del narcotráfico colombiano, empequeñeciendo la participación de grupos guerrilleros de izquierda como las FARC y el ELN.

El recientemente concluido juicio contra Joaquín Guzmán, alias “El Chapo” ha desvelado una historia parecida en México. Alex Cifuentes, narcotraficante que testificó contra el Chapo en dicho tribunal afirmó que el expresidente mexicano Peña Nieto recibió un soborno de Guzmán por valor de 100 millones de dólares. La periodista de investigación mexicana Anabel Hernández hace tiempo que sostenía esa complicidad del Estado mexicano con los grupos de narcotráfico, complicidad que se extiende hasta los estamentos más altos, incluyendo la presidencia, algo que aparentemente confirma el testimonio de Cifuentes. Al igual que ha ocurrido con Colombia, Estados Unidos no solo ha hecho la vista gorda ante esta situación, sino que ha financiado generosamente al gobierno mexicano para que desarrolle “campañas antidroga” mediante la Iniciativa Mérida. Y, de nuevo, estas campañas proporcionaban una tapadera para brutales violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
Por último, vamos a fijarnos en Honduras, el ejemplo más contemporáneo y, en muchas formas, más flagrante de narcoestado aliado de Estados Unidos. Desde que Estados Unidos orquestó un golpe contra el gobierno democrático de Manuel Zelaya en 2009, hay signos cada vez más claros de que Honduras ha degenerado hasta convertirse en un narcoestado con todas las de la ley. En enero del año pasado, por ejemplo, salió a la luz que un jefe nacional de policía facilitó personalmente una entrega de cocaína por valor de 20 millones de dólares en 2013. En noviembre de 2018, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, fue arrestado en Miami acusado de tráfico de drogas. Cuando este artículo entraba en imprenta, salió a la luz el testimonio que ofreció a la DEA en el que presuntamente admitía tener relaciones con diversos narcotraficantes conocidos así como aceptar sobornos. Incluso según la publicación antes mencionada Insight Crime; “El conocimiento pormenorizado de las actividades de algunos de los más prominentes barones de la droga hondureños hace que cada vez sea más difícil para el presidente Juan Orlando Hernández negar estar en conocimiento de estos actos”.
El propio presidente ya se ha enfrentado con anterioridad a acusaciones de estar involucrado en el tráfico de drogas a través del excapitán del ejército Santos Rodríguez Orellana. Al igual que ocurre con Colombia y México, Washington no solo no ha aplicado ninguna sanción punitiva a Honduras por estos motivos, sino que ha contribuido generosamente a financiar sus fuerzas de seguridad a pesar de su historial brutal de violaciones de los derechos humanos.
Es preciso observar que los tres países recién mencionados han sido estrechos aliados de Estados Unidos durante las últimas décadas, y que tanto Colombia como Honduras continúan siéndolo, mientras que México comienza a alejarse tras la elección del presidente progresista Manuel López Obrador.
No es ninguna coincidencia. Mientras un país sirva a los intereses geoestratégicos y económicos de Estados Unidos, este no solo pasará por alto su realidad de narcoestado sino que colaborará con él y será cómplice en sus violaciones de los derechos humanos. Pero Jackson Diehl no escribirá sobre nada de esto. Porque como obediente portavoz de la Doctrina Monroe, debe promulgar fielmente la indignación selectiva que sostiene todo su montaje de propaganda justificativa. Dado el historial de Washington en toda la región, que Venezuela sea realmente un narcoestado o no lo sea deja de tener importancia. Más bien se trata de credibilidad. Y cuando se trata de imparcialidad en su tratamiento de los estados latinoamericanos, Washington carece de la más mínima.
Notas:
(1) https://www.rt.com/usa/449982-john-bolton-oil-venezuela/
(2) https://larissacostas.wordpress.com/2017/02/18/las-fake-news-del-departamento-del-tesoro/
(3) https://www.insightcrime.org/investigations/drug-trafficking-venezuelan-regime-cartel-of-the-sun/
Fuente: https://www.counterpunch.org/2019/05/17/the-washington-posts-cartel-of-the-suns-theory-is-the-latest-desperate-excuse-for-why-the-coup-attempt-in-venezuela-has-failed/


 Nota (1) del blog .-  Curiosa información en la wiki , no tiene desperdicio