Anticorrupción investiga al rey Juan Carlos, a la reina
Sofía y a varios de sus familiares por el uso de tarjetas de crédito opacas
Los movimientos de estas tarjetas, cuyos fondos proceden del
extranjero, son posteriores a la abdicación del rey emérito, por lo que no
están amparados por la inviolabilidad constitucional que le protege de ser
juzgado en otros casos.
Ignacio Escolar
y Pedro Águeda
Eldiario,es
La Fiscalía Anticorrupción está investigando los gastos de
varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina
Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos: entre otros,
algunos de sus nietos. Son tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que
ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares, según confirman a
elDiario.es varias fuentes cercanas a la investigación.
Entre las personas que se beneficiaban de estas tarjetas
opacas no se encuentran los actuales reyes de España: Felipe de Borbón y
Letizia Ortiz, según explican esas mismas fuentes. Tampoco la princesa de
Asturias, Leonor de Borbón (que hoy tiene 15 años) ni su hermana, Sofía (13).
Pero sí otros familiares directos del rey emérito, que Anticorrupción está
rastreando.
Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de
esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018. Es decir, son
posteriores a la abdicación del rey Juan Carlos y a que perdiera su protección
constitucional, que le hace inimputable por cualquier delito cometido hasta el
año 2014.
En Anticorrupción no solo están analizando todos los gastos
de estas tarjetas, sino también el origen de los fondos con los que se cubrían:
un dinero procedente del extranjero. Son importantes movimientos de capital
posteriores a 2014, por lo que los posibles delitos en ese flujo irregular de
dinero pueden ser imputables a Juan Carlos I y la antigua reina consorte. La
justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para
rastrear la procedencia de esos fondos.
Por el momento, a la espera del resultado de las comisiones
rogatorias y de los documentos que pueden llegar de esos países, la Fiscalía
Anticorrupción ya ha encontrado indicios de un presunto delito fiscal, al
tratarse de incrementos de renta no declarados superiores a 120.000 euros en un
solo ejercicio. Tanto el rey emérito como la reina Sofía son aforados, por lo
que esta investigación, de prosperar, será instruida por la Sala Segunda del
Tribunal Supremo.
Según las fuentes consultadas por elDiario.es, la
investigación también ha permitido identificar ya a dos individuos
presuntamente vinculados a esta trama de fondos opacos para abonar gastos de la
familia real: un ciudadano mexicano y un mando de la Guardia Civil.
Entre los gastos cargados a la tarjeta de la reina Sofía
aparecen varios viajes a Londres, donde la esposa del rey mantiene desde hace
años su residencia habitual, añaden las citadas fuentes.
La reina Sofía cuenta con una asignación anual de dinero
público. En 2020 recibirá un total de 111.854 euros del presupuesto asignado a
la Casa Real. El rey emérito, por su parte, cobró 161.034 euros de esa partida
en 2019. Este año solo ha recibido una cuarta parte de esa cantidad; Felipe VI
retiró la asignación a su padre en marzo, al trascender el escándalo de su
fortuna oculta en paraísos fiscales.
Los 65 millones saudíes no serán juzgados
Los indicios delictivos sobre estas tarjetas son posteriores
y no están relacionados con la investigación judicial que salió de
Anticorrupción el pasado junio en dirección a la Fiscalía del Tribunal Supremo:
esos 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en
2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen.
El rey Juan Carlos abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo
protegido judicialmente por la Constitución, que establece una suerte de
impunidad legal para el jefe del Estado, al considerarlo inviolable.
El fiscal del Tribunal Supremo que lleva el caso de los 65
millones saudíes, Juan Ignacio Campo, planea solicitar el archivo de esta
causa, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación
del rey emérito. Sin embargo, esa petición de archivo incluirá una detallada
exposición de lo ocurrido que dejará claro que, de no ser por la inviolabilidad
constitucional, la Fiscalía habría propuesto formalmente la imputación de Juan
Carlos de Borbón ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La nueva investigación de Anticorrupción que hoy desvela
elDiario.es, estas tarjetas opacas, tiene por tanto una especial trascendencia.
Se trata de un presunto delito cometido después de la abdicación. Por lo que, a
diferencia de los millones saudíes, esta suerte de tarjetas 'black' sí podrían
suponer la imputación del rey emérito.
La Fiscalía General del Estado ha anunciado este martes que
esta investigación será asumida por la Fiscalía del Tribunal Supremo. La fiscal
general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto según el cual
Anticorrupción deberá remitir “con efectos inmediatos” a la Fiscalía del Alto
Tribunal esas diligencias “para que continúe las actuaciones hasta su
conclusión y efectos”, ha informado en un comunicado. El fiscal Juan Ignacio
Campo ha sido designado para llevar a cabo esta investigación.
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