Necropolítica
"La decisión ya está tomada, haya las cifras
epidemiológicas que haya. Solo se ha estado mareando la perdiz, durante estos
últimos meses"
"Cerrar los negocios es la muerte. Pero la muerte, la
de verdad, viene por otro lado, como pudimos comprobar a finales de marzo"
"No es cierto que estemos ante el dilema entre morir
por el virus o morir de hambre. Para eso están las políticas sociales y laborales"
Javier Segura del Pozo
Ayer por la noche, en medio de la confusión y la indignación
por la incomprensible postura del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
resistiéndose a tomar medidas para frenar la creciente transmisión comunitaria
del coronavirus en nuestra región, escuché, en un debate del Canal 24horas de
TVE, a una veterana periodista con fama de estar muy bien informada de “lo que
se cuece” en el Partido Popular, decir literalmente lo siguiente:
“Creo de verdad, y esto es un asunto desagradable para
tratarlo, muy desagradable..., creo que en el fondo de estas decisiones de la
Comunidad de Madrid está el asunto económico. Creo que hay un debate, que es un
debate desagradable, que enfrenta la salud y la ruina económica. Que enfrenta
las posibilidades que las personas salgan a la calle y se puedan contagiar y a
cambio eludir la ruina. Es un debate complejo y que no está tan claro, ...que
nosotros decimos aquí: “¡No, solo el criterio sanitario!”...pero es una
cuestión de supervivencia: hay personas que si cierran su negocio, se van a
arruinar. Y la tesis es morirse de hambre o morirse del virus. No es tan fácil.
Este es un debate que está en la calle además. Yo no tengo claro el asunto”.
Llevaba varios días comprobando que en la Comunidad de Madrid estaba habiendo un exceso de mortalidad registrada, tanto por el sistema de vigilancia “Momo” del Instituto de Salud Carlos III, como por el propio sistema de registro de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tal como se recoge en su último informe semanal del 29 de septiembre. Es decir, desde el 1 al 20 de septiembre volvían a registrarse en nuestra región más muertes que las esperadas, de acuerdo a los registros medios de la última década. No llegaba, ni mucho menos, a los niveles de finales de marzo y principios de abril, pero se había iniciado un significativo y amenazador ascenso. No solo las muertes empezaban a despuntar, sino los casos seguían un lento pero continuado ascenso, que resultaba en una progresiva ocupación hospitalaria por casos graves de esta enfermedad. Obviamente también en incidencias crecientes, muy por encima del nivel recomendado por organismos internacionales, como la OMS o el ECDC, para intervenir reduciendo las actividades sociales, laborales y comerciales, y la movilidad tanto dentro, como fuera de la Comunidad de Madrid.
A pesar de las evidencias disponibles, cuyo análisis era
compartido por las principales sociedades científicas de salud pública y
epidemiologia, nos encontrábamos con estupor que la trasmisión comunitaria y la
situación de alerta extrema eran negadas, una y otra vez, por los responsables
políticos que están al frente de esta institución y de su estructura de salud
pública. Nos empeñábamos en contra-argumentar los extraños criterios que difundían
sobre la situación (“se están desplomando los ingresos hospitalarios”, “vamos
bien”, “estamos aplanando la curva”, “tenemos capacidad hospitalaria sobrada”,
“lo resolveremos haciendo cientos de miles de test de antígenos”, “el problema
es el modo de vida de los habitantes de los barrios del sur”, etc.).
Pero cuando ciertos argumentos eran insostenibles, aparecían
otros nuevos de mayor inconsistencia (“¿de dónde sale la tasa de 500 casos x
100.000 para intervenir?”, “hay que considerar que Madrid tiene distritos de
menos de 100.00 habitantes que estarían exentos de las medidas de restricción”,
etc.), cuando no eran falsedades claras (“somos la Comunidad con mayores tasas
de PCR de España”, etc.), tal como ha ocurrido cuando, desde mayo, se han ido
dando cifras de rastreadores disponibles, que no solo eran manifiestamente
insuficientes para identificar y contener los brotes, sino que ni siquiera se
evidenciaba su existencia. Por ello, estas cifras eran a veces corregidas a la
baja en la siguiente declaración pública
De nuevo, nos esforzábamos en confrontar y desmentir estos
criterios, buscando datos, fuentes, evidencias, apareciendo en medios que
requerían tu opinión como epidemiólogo. Nos empeñábamos en proponer medidas,
indicadores y estrategias, en definir fases de desconfinamiento y umbrales para
la acción, en señalar recursos movilizables y las medidas más eficientes, de
acuerdo a la experiencia internacional. Explicar conceptos complejos como valor
predictivo positivo, sensibilidad o especificidad con palabras simples. En
criticar “simplezas pandémicas”. Con la esperanza de, tal vez, ser escuchados.
Sin embargo, ayer por la noche tras escuchar a esa
periodista en el programa, me di cuenta que era inútil. Que no es una cuestión
de contraponer criterios y definir lo más claramente posible argumentos
técnicos. La decisión ya está tomada, haya las cifras epidemiológicas que haya.
Solo se ha estado mareando la perdiz, durante estos últimos meses. Y esto
explica las posturas institucionales que vimos en mayo y junio, durante el
proceso, presionando para avanzar de fase hacia el desconfinamiento,
independientemente de la situación sanitaria y de las capacidades instaladas
para controlar la pandemia. En resumen, me di cuenta que de nuevo, como ya
ocurrió en 1997 (durante la crisis epidémica invernal por la meningitis C1), y
en la última quincena de marzo de este año con la estrategia seguida en las
residencias de personas mayores y discapacitadas de dramáticas consecuencias,
el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaba haciendo Necropolítica. ¿Cómo?
¿Pero qué es eso?
El concepto de Necropolitica fue enunciado por el filósofo
camerunés Achille Mbembe para referirse al uso del poder social y político para
dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir2. La
Necropolítica va más allá del “derecho a matar” (el “hacer morir y dejar
vivir”) del soberano, pero también del ejercicio biopolítico del ‘hacer vivir y
dejar morir’, descritos ambos por Foucault. Incluye el derecho a exponer a
otras personas (incluidos los propios ciudadanos de un país) a la muerte. Como
dice la enfermera y activista catalana, Clara Valverde, “es la política basada
en la idea de que para el poder unas vidas tienen valor y otras no. No es tanto
matar a los que no sirven al poder sino dejarles morir, crear políticas en las
que se van muriendo”3.
Sin embargo, el concepto fue más bien pensado para describir
aquella política que deja morir a los excluidos que no son rentables para el
poder, ni para implementar sus políticas. Los “muertos vivientes” de la
esclavitud, el apartheid, los pueblos colonizados o los inmigrantes sin
papeles. En este caso que nos ocupa y preocupa, la Necropolitica se estaría
aplicando a toda la población, integrados y excluidos, activos y pasivos, de
diferentes clases sociales y condiciones. En todo caso, se podría aplicar el
concepto de Necropolitica a la valoración utilitarista que se hizo, al parecer,
en esa terrible última quincena de marzo, con las personas mayores,
discapacitadas frágiles e improductivas, seleccionando las que merecían ser
atendidos sanitariamente o al contrario, dejadas morir. Pero tal vez ahora en
octubre, más que hablar de Necropolítica, deberíamos usar simplemente el
término de suicidio colectivo para describir el rumbo tomado por el Gobierno
regional. No lo creo así, pues aunque las “no medidas” afectan a todos, lo
hacen con un impacto muy diferencial.
Y no solamente porque esta enfermedad de la Covid-19,
realmente son dos enfermedades diferentes si atendemos a su gravedad y
pronostico distinto entre los más jóvenes y los más mayores. Es decir, produce
mucho más víctimas entre los improductivos octogenarios, que entre los
treintañeros laboralmente activos y explotables.
Pero la principal razón de este impacto diferencial está en
otra categoría que se entrecruza con la edad: la clase social. Una de las pocas
cosas que ha dejado clara esta pandemia es que, a pesar de que todas las clases
sociales tienen víctimas del coronavirus, éste afecta más a las clases
populares. Tanto por su mayor exposición al contagio vírico (basta con ver los
porcentajes de teletrabajo según rangos de ingresos, o la distribución de la
precariedad laboral o mala calidad de la vivienda, según territorios de la
Comunidad de Madrid, que se corresponden milimétricamente con los territorios
de mayor incidencia por Covid-19), como por la mayor vulnerabilidad social y
biológica de estas clases sociales ante la gravedad o la letalidad de la
infección. La prevalencia de obesidad, diabetes, broncopatías crónicas,
hipertensión arterial, ciertos cánceres y otras enfermedades crónicas, es más
prevalente entre las clases trabajadoras, lo que significa que si enferman,
tienen más probabilidad de requerir ingreso hospitalario por su gravedad y
morir.
https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/10/02/necropolitica-javier-segura
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