(Palacio de Miravent)
Islas Baleares: La caída de un castillo de naipes.
Rafael Borràs Ensenyat
Los Pullman son unos edificios en Palma (Mallorca), situados
en la zona de Cala Major, que, construidos en los años 60 y como apartotel, han
devenido en icono de décadas de degradación y escenario todo tipo de conflictos
sociales. Esta huella “suburbial” de la Mallorca turística es para los
apartamentos Pullman, por más intervenciones urbanísticas i/o de remodelaciones
que se hagan, indeleble. Son una postal (que no se vende en las tiendas de
souvenirs) de las desigualdades. Allí vive gente humilde, mujeres y hombres con
vidas precarias, con alto riesgo de pobreza, y justo a unos pocos cientos de
metros está el Palacio de Marivent, es decir, la residencia veraniega de la
monarquía española que, dicho sea de paso, ejerce una consentida ocupación del
palacio palmesano. Marivent fue donado por el mecenas y pintor Juan de
Saridakis al pueblo de Mallorca, y, con posterioridad, la franquista Diputación
de las Islas Baleares, violando la letra y el espíritu de la generosa donación,
expropió a la ciudadanía el palacio y los terrenos para uso y disfrute de los
borbones (Este pasado verano se ha constituido la asociación ciudadana
“'Recuperem Marivent” cuyo objetivo es la devolución del palacio a la
ciudadanía).
El caso es que, en las primeras semanas del estado de
alarma, se estrenó en la plataforma Filmin la película del director mallorquín
Toni Bestard, titulada “Pullman”. La cinta que, en el momento de escribir estas
líneas, se está proyectando en las salas de cine españolas, es una fantástica
metáfora -desde la mirada de un niño (Daren) y una niña (Nadia), los
protagonistas principalísimos de la cinta- del modelo económico, social,
político, y cultural en el que se han asentado las Islas Balares en las últimas
décadas. Valga como ejemplo una escena en la que se produce es siguiente
diálogo: Nadia: “Mi madre trabaja para la gente rica en los hoteles”. Daren:
“Mi padre los construye”. Ambos progenitores realizan, realmente, trabajos
subalternos y precarios en el turismo y en la construcción ligada a la
actividad turística. La película en cuestión refleja la vidas precarias del
modelo de crecimiento de “Todo Turismo”, o, lo que es lo mismo, un modelo de
sociedad basado en el monocultivo turístico, que ha hecho que las Islas Balares
sean una de las regiones del mundo con mayor tasa de turistización.
Ténganse en cuenta que las Islas Balares, con una superficie
de 4.992 km2, y una población de 1.198.576 habitantes (una densidad de
población de 240 habitantes por Km2), recibió en 2019 un total de 16.453.697
turistas (109.385.188 pernoctaciones, con una estancia media de 6,6 noches). Es
un modelo que precisa de más y más turismo por tierra, mar, y aire, y de cualquier
segmento (si bien en los últimos años han experimentado un fuerte crecimiento
el de pisos, ligado a las plataformas digitales, y el de lujo. El primero de
ellos es causante de la gentrificación de barrios populares y pueblos, y del
encarecimiento del precio de la vivienda en alquiler y en propiedad. El segundo
pone de manifiesto que, con el desarrollo turísticoespeculativo del lujo
(“todos los que trabajan en el lujo de experiencias conocen la importancia del
dinero que se mueve, especialmente en la hostelería de gran lujo, la venta y el
alquiler de yates, la organización de recepciones o el negocio inmobiliario de
privilegio”( i), progresa la distopia neoliberal en la que una minoría puede
vivir vidas de lujo, mientras una mayoría tiene que vivir vidas precarias. El
crecimiento de la industria balear de lujo (“… la globalización de ese consumo
de lujo […] se traduce sobre todo por el boom del negocio inmobiliario
internacional, que ofrece a los superricos un abanico de lugares de ensueño en
todos los rincones del mundo (Bahamas, Antillas, Costa Azul, Baleares, Cerdeña,
Tailandia, Indonesia, grandes capitales del mundo, etcétera”(ii) ha ido en
paralelo al crecimiento del fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres,
a la pérdida de capacidad de integración social del trabajo remunerado.
El caso es la presión humana sobre Baleares se ha disparado
un 45,7% en los últimos 20 años, lo que supone, según el Índice de Presión
Humana (IPH), un aumento de 641.210 personas. Al tiempo, la tasa de abandono
escolar (iii) y de Arope se mueven en torno al 25% y al 20%, respectivamente. La
consolidación del “Todo Turismo con tocho” (modelo de crecimiento especialmente
incentivado para superar la crisis del 2008) ha hecho que Baleares sea de las
comunidades autónomas con más desigualdad entre ricos y pobres. Un dato: en los
últimos años la renta media se ha incrementado un 11%, pero en el caso de la
población con menos ingresos esta subida apenas ha sido del 0,6% (iv). Ante esta
realidad, institucionalmente se consolidó una retórica entorno de un supuesto
“crecimiento sostenible”, una palabrería sobre la “diversificación económica”,
y una propaganda de vacuas “declaraciones de emergencia climática”, que poco –o
nada- se correspondían con la práctica política.
Cuando afirmo que se consolidó esta retórica me refiero
fundamentalmente a dos cosas: Al hecho de que, por primera vez en la histórica
autonómica balear, se enlazaron dos legislaturas consecutivas con un gobierno
presidido por el PSOE-PSIB. Es decir, desde 2015 existe una mayoría
parlamentaria “progresista”, formada por PSOE-PSIB, PODEMOS (en la legislatura
actual Unidas Podemos), MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, y Gent per
Formentera. Aunque entre una legislatura y otra hay una diferencia sustancial:
en la de 2015 el peso parlamentario de podemitas y ecosoberanistas era de
veinte escaños, por 14 del PSOE-PSIB; en la actual los socialistas suman un
total de 19 escaños, y el resto de “progresistas” trece. Quiero decir con ello
que en la anterior legislatura autonómica existió una correlación de fuerzas
teóricamente más sensible a revertir el guion de un modelo económico
medioambiental y social necesitado de, cuanto menos, transitar hacia el
decrecimiento turístico; a parar la construcción de mega infraestructuras
viarias, portuarias, y aeroportuarias; y a avanzar hacia un imaginario de
sociedad con mayores cotas de justicia social y ecológica. Sin embargo, a pesar
de las grandes diferencias con los gobiernos del PP en materia de recortes de
derechos, gasto en servicios públicos esenciales, políticas de memoria
democrática, y en aspectos ambientales, fue una oportunidad perdida. Crecieron
el número de plazas turísticas, los cruceros y la masificación turística; se
pusieron en marcha proyectos viarios, ampliaciones de aeropuertos, y puertos y
el modelo de crecimiento balear siguió repartiendo muy mal la riqueza generada.
Los datos avalan esta última afirmación: Según la publicación "Mercado de
trabajo y pensiones en las fuentes tributarias", de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria (AEAT), con datos del ejercicio fiscal de 2018
(los últimos disponibles), el número de personas asalariadas con retribuciones
anuales que no llegaron al Salario Mínimo Interprofesional (10.303 €) fue de
156. 468, ¡el 29% del total! Es más, la pobreza laboral extrema afectaba a un
total de 76.810 personas (en torno a un 6% más que el 2009), que no superaron
una retribución salarial anual equivalente a la mitad del Salario Mínimo
Interprofesional (5.151 €).
La segunda cosa relacionada con la consolidación de una
particular retorica gubernamental tiene que ver con el aparato propagandístico
en que se ha convertido el Consolat de Mar (sede de la presidencia de
gobierno). La presidenta Armengol se ha rodeado de un eficaz equipo de
periodistas que no paran de generar discursos bastante distantes a la realidad.
El “armengolismo” consiste en, por ejemplo, trufar los discursos del palabro
“sostenibilidad”, al tiempo que se apuesta por más turismo, y, por tanto, por
más emisiones de CO2 generadas por la industria de la aviación; presentarse
como campeones de la trasparencia y del “dialogo social”, aunque durante años
se ha negado a recibir a la Plataforma Antiautopista, que se opone a la
construcción de una mega autopista en Mallorca, y desoye las peticiones de
participar en el “Dialogo Social Autonómico” del amplio movimiento ecologista
balear; o hacer bandera de los éxitos de la lucha contra la precariedad
laboral, independientemente del alargamiento de las colas en las entidades de
caridad de trabajadoras y trabajadores pobresv.
En estas estábamos, preparándonos para una nueva temporada
turística 2020 desbordante de records (la preocupación era frenar el “turismo
de excesos” y no tanto el exceso de turismo), con proyectos de ampliaciones de
aeropuertos (ocultados bajo la retórica de “remodelaciones”), y crecimientos de
la construcción (estrechamente ligada a la hostelería y el sector residencial
de lujo, y no a dar respuesta las necesidades de vivienda de las clases
populares). Estábamos instalados en un no parar en el crecimiento de alquileres
de vivienda habitual, promesas de una inconcreta “transición energética”,
eufemismos sobre “regulación” (no reducción) de llegadas de cruceros, un
negacionismo sobre el exceso de coches -y la no ¡superación de los déficits del
trasporte colectivo- para justificar una política de infraestructuras viarias
demencial, reivindicando “a Madrid” -y siendo arma arrojadiza en la disputa
partidista- un Régimen Especial para las Islas Baleares (REIB) sin que , por
cierto, se haga –excepto desde ámbitos del ecologismo social- la más mínima
aproximación al para qué se quiere el REIB: ¿Para mantener el modelo con
mayores ganancias empresariales?, ¿Para cambiarlo?, ¿Para transitar hacia
escenarios de mayor justicia social y ecológica? o ¿Para enriquecer más a las
elites? ¡Es patético, dicho sea de paso, que en el “consenso social” sobre el
REIB los sindicatos CCOO y UGT hayan comprado la falsedad (demostrada en el
caso de las Islas Canarias) de la “teoría del goteo”, es decir, la suposición
neoclásica según la cual la creación de riqueza -en el caso de las Islas
Baleares, especialmente, riqueza turística- supone el remedio a los problemas
de pobreza e injusticia social, y, por lo tanto, es la garantía de cierto
progreso, y una aceptable cohesión social.
Y, en estas, se declaró pandemia de la covid-19, se decretó
el Estado de Alarma, y el confinamiento. El castillo de naipes del “modelo de
éxito del Todo Turismo con tocho” se cayó, mostrando, en toda su crudeza, su
fragilidad.
La crisis sanitaria se ha gestionado con claroscuros. Los
factores que -sin quitar gravedad a la pandemia, entendiendo las lógicas
improvisaciones ante lo desconocido, y suscribiendo los merecidos aplausos al
personal sanitario- han evitado escenarios dramáticos son, en mi opinión, los siguientes:
la insularidad, que permitió cerrar por mar y aire (de hecho, la presión humana
sobre el territorio balear cayo a niveles de hace 16 años); un sistema
hospitalario público y privado con instalaciones estructuralmente dimensionadas
para una importante población flotante como consecuencia de la estacionalidad
turística; una acertada política -desde la anterior legislatura- de mejorar la
atención primaria pública; y, la mayor impacto del confinamiento en la
reducción de la actividad laboral -y la movilidad a ella asociada- por dos
razones: temporada turística estacional medio-baja y grandísimo porcentaje de
la población ocupada incluida en los ERTEs debido a la extraordinaria
especialización turística de la región. Cosa distinta ha sido la gestión de la
“desescalada”, caracterizada por unas ansias convulsivas en retomar la
actividad turística internacional, nacional, y local. El ejemplo más grotesco e
inútil fue el “aplaudido Plan Piloto”, que, como experiencia única en el Reino
de España, se desarrolló a principios del mes de junio. De nada sirvió: Ángela
Merkel, Boris Johnson, y otros mandatarios de países emisores de turistas
mandaron parar. Y casi todo se paró. Algo de turismo español y local no impiden
que se pueda hablar de la caída del castillo de naipes construido sobre la
total dependencia de un sector económico tan vulnerable como el turismo.
Pongamos algunos números a esta caída: las Islas Baleares
encabezan el ranquin de comunidades autónomas en cuanto a previsiones de
pérdida de PIB (entre un 30% y un 40%); los datos de paro y empleo –a la espera
de conocer los de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de
2020- también las sitúan, en septiembre, en primera posición en bajada
interanual de afiliaciones a la Seguridad Social (-13%), en aumento de paro
registrado –, sin contar las personas que están en ERTOs- en relación a
septiembre del año anterior (+ 91%), y en porcentaje de puestos de trabajo
protegidos por los ERTEs (14,1%). Téngase en cuenta que esta medida de los ERTEs
ha tenido una especial repercusión en nuestro mercado laboral, siendo las Islas
Baleares la comunidad autónoma más beneficiada puesto que la afectación llego a
ser en el mes de mayo del 31,1% (más de 152.000) del total de personas
trabajadoras afiliadas, mientras que la media española era del 16,2%. Si a los
ERTEs les añadimos la nueva protección a los Fijos Discontinuos (una modalidad
contractual muy favorable para el capital turístico) habrá que concluir que
buena parte del tejido empresarial y del empleo que subsista una vez superada
la pandemia, será por un rescate con dinero público del monocultivo turístico
privado insular. Debería haber un antes y un después en el modelo de
crecimiento de las últimas décadas. En cualquier caso ha quedado clara la hipocresía
neoliberal de “¡abajo el Estado si no es para rescatar al empresariado!”
Foto en el texto original (1)
Es más, en previsión de –en tiempos de antropoceno-
probables nuevas pandemias, el decrecimiento turístico, la diversificación
económica, y una política económica coherente con la situación de emergencia
climática, deberían ser prioridades absolutas de la agenda política autonómica
de un gobierno “progresista”. Una agenda que debería complementarse ejerciendo
presión sobre el Gobierno de España (igual que se ejerce con el asunto del
REIB, o se ha ejercido en lo referente a las sucesivas prórrogas de los ERTEs y
la prestación extraordinaria para los Fijos Discontinuos) para la reducción de
la jornada de trabajo máxima legal, y a favor de un mayor reparto de la riqueza
por la vía de una Renta Básica Incondicional, y de una fiscalidad
verdaderamente justa.
Y, sin embargo, se va imponiendo –sin que podemitas y
ecosoberanistas se resistan demasiado- el puro conservadurismo. El más de lo
mismo -por convicción o por invocación del siempre socorrido “mal menor”vi, que
en Baleares se practica tanto como el turismo de sol y playa- que se explicita
en el mensaje gubernamental según el cual el objetivo es situarse en el punto
exacto de antes del confinamiento.
En esta orientación no se da puntada sin hilo: primero se
firma el “Pacto de Reactivación de las Islas Baleares” que, en pocas palabras,
es la renuncia explicita a cualquier inicio de transición imprescindible para
que se produzcan cambios en el particular modelo económico balear; seguidamente
se aprueban un conjunto de “medidas urgentes y extraordinarias para el impulso
de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de
las administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de
la crisis ocasionada por la COVID-19", que, realmente, son rebajas de
requerimientos medioambientales, desregulaciones administrativas por doquier,
regalos a los hoteleros que podrán ampliar el número plazas de alojamiento en
sus instalaciones cuyo volumen construido podrá crecer hasta un 10%,
“olvidos" de, por ejemplo, la economía Social y Solidaria, etc. Además, el
movimiento ecologista, que ha impulsado la plataforma “La vida al centre” en
reclamación de una transición ecosocial, es marginado de cualquier participación
en los diálogos institucionales (confrontar argumentos y propuestas con el
ecologismo social no entra en la retórica de campaña electoral permanente del
“armengolismo”); se presiona para que los fondos comunitarios sean para
reactivar la actividad turística, se practica una obsesión enfermiza por
establecer “corredores turísticos seguros”; se ignora la incómoda realidad de
que la planta hotelera está, desde hace algún tiempo, en venta a fondos de
inversiones (una realidad que se acelerará en la medida que se acaben los
créditos ICO); se manifiesta la comodidad con el Ingreso Vital Básico y su
hermana balear, es decir, la Renta Social Garantizada; la presidenta del
Gobierno, Francina Armengol, al tiempo que su gobierno anuncia la tercera ola
de la covid-19, proclama -con todo el descaro e imprudencia en un contexto de
incerteza pandémica- que la economía se recuperará “de forma vigorosa” a partir
de la próxima primavera…
En cualquier caso, lo más trascendente son los toques de
sinceridad y de realismo que coyunturalmente aparecen en la escena política,
económica, y social. El que mejor resume la situación –habría sido un buen
final complementario a las aventuras en la Mallorca turistizada de Daren y
Nadia en la película Pullman- es, sin duda, la escena de la presidenta de la
gran patronal de Baleares (la CAEB, es decir, la CEOE local) estallando en
llanto al cerrar su intervención ante la dirección de la organización
empresarial ¡Un lloro sincero por la caída del castillo de naipes del modelo
económico, social, político, y cultural del Todo Turismo!
A pesar de vivir en tiempos de incertidumbre, hay algunas
certezas. Una de ellas es que la coyuntura política se entremezcla con lo que
es estructural. Lo estructuralmente necesario es que se produzcan cambios que
difícilmente vendrán de las instituciones o del establishment. La coyuntura
está caracterizada por la disputa entre lo institucional -que juega un papel de
freno-, y el movimiento social a favor de la transición ecosocial en su papel
de empujar la consecución de cambios. Aunque sean cambios de, en palabras
Eduardo Galeano, "cosas chiquitas” –por ejemplo no gastar ni un solo euro
en promoción turística-, porque "... al fin y al cabo, actuar sobre la
realidad y cambiarla aunque sea un poquito es la única manera de probar que la
realidad es transformable”.
Notas:
i “El nuevo lujo. Experiencias, arrogancia, autenticidad”.
Yves Michaud. Taurus, 2015. Pag. 10.
ii “El nuevo lujo. Experiencias, arrogancia, autenticidad”.
Yves Michaud. Taurus, 2015. Pag. 55.
iii Porcentaje de personas entre los 18 y los 24 años que
han abandonado su formación sin haber obtenido el título de Bachillerato o
Formación Profesional de grado medio.
iv Dato extraído del VIII Informe Foessa sobre Exclusión y
Desarrollo Social en España.
v Un reciente trabajo de la Fundación FOESSA con el título
“Vulneración de derechos: Trabajo decente” da cuenta de un conjunto de
indicadores de precariedad de la población laboral de las Islas Baleares.
Resalta el siguiente: En el 20,7% de los hogares la persona sustentadora
principal se encuentra en situación de Inestabilidad Laboral Grave que se
define por cumplir al menos una de las siguientes categorías a lo largo del
último año: haber estado desempleado durante 3 meses o más, haber contado con 6
o más contratos, haber estado contratado por 3 o más empresas, o trabajar sin
contrato ni prestaciones a la Seguridad Social.
vi Parece poco probable una fórmula de gobierno autonómico
alternativa a la actual que no sea el “trifachito”, es decir, PP, Vox y
Ciudadanos.
Rafael Borràs Ensenyat
Fue secretario general de la Federación de Comercio, Hostelería y
Turismo de CCOO de Balears y miembro de la Comisión Ejecutiva de la CS de CCOO
de les Illes Balears. Actualmente colabora con diversos medios de comunicación
de Baleares, generalmente sobre asuntos sociolaborales y de turismo. Es miembro
de la Red Renta Básica.
Fuente:
www.sinpermiso.info, 11-10-2020
Nota (1) https://www.sinpermiso.info/textos/islas-baleares-la-caida-de-un-castillo-de-naipes
