Injerencismo de toga: Operaciones judiciales made in
Washington
Jorge Elbaum
La Corte Suprema argentina no es la única institución que se
afana por proteger a los poderes concentrados e impedir la consolidación de
proyectos soberanos. Todos los países de América Latina y el Caribe (ALC)
sufren de forma sistemática la cooptación de magistrados y fiscales al servicio
de intereses corporativos afines a los requerimientos trazados por el
Departamento de Estado (EE.UU.).
En el caso de Colombia, donde los organismos de seguridad y
el ejército han generado durante las últimas semanas una centena de asesinados
y heridos, el Poder Judicial se mantiene indiferente frente a los luctuosos
sucesos. Sin embargo, se mantiene muy activo en salvaguardar a los responsables
políticos y militares de las masacres mientras funge de ser el socio más afín
de Washington en la región. El 4 de agosto de 2020 se libró una orden de
detención domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez –jefe político
del actual mandatario Iván Duque Márquez– bajo la acusación de mantener
vínculos con el narcotráfico y de intento de soborno contra testigos.
Mientras las acusaciones contra Uribe merecían el repudio de
su amigo Marco Rubio –senador republicano de Miami y referente de los sectores
más extremistas de los enemigos de la Revolución cubana–, el procurador
encargado de tramitar la causa contra el ex Presidente, el fiscal Gabriel
Jaimes Durán, adelantó que solicitará la prescripción de la causa dado el
tiempo transcurrido desde que se produjeron los hechos investigados.
La defección de Jaimes Durán se produjo luego de la visita a
Miami, donde mantuvo conversaciones con funcionarios de la Homeland Security
Investigation (HSI), agencia dependiente del Departamento de Justicia (DOJ, por
sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.
Jaimes Durán participó a principios de abril, en el Estado
de La Florida, de “reuniones con representantes de las agencias internacionales
en Estados Unidos con el fin de afianzar los lazos de cooperación contra la delincuencia
trasnacional”. Mientras se desarrollaba la masacre en diversas ciudades
colombianas, Marco Rubio se expresó a través de Twitter. “Detrás de gran parte
de la violencia que está ocurriendo en Colombia esta semana hay un esfuerzo
orquestado por los movimientos narcoguerrilleros de izquierda y sus aliados
marxistas internacionales para desestabilizar a un gobierno elegido
democráticamente ”. El mensaje fue
replicado por su cofrade y aliado Álvaro Uribe.
Las operaciones judiciales que vinculan a Miami y a Bogotá
también fueron detectadas en la investigación sobre el financiamiento de la
campaña electoral de 2018, que motivó la elección de Iván Duque. Audios
filtrados a medios de comunicación revelaron el apoyo de una red de
narcotraficantes conectados con la secretaria de Álvaro Uribe –conocida como
“Caya” Daza– quien presurosamente abandonó el país con destino a Estados
Unidos. En los mensajes interceptados de WhatsApp se identificaron los aportes
monetarios de varios narcotraficantes, entre ellos los de José Hernández
Aponte, alias “Ñeñe”.
El caso es conocido como “ñeñepolítica”, pero los
funcionarios judiciales encargados de las investigaciones han sido impugnados e
incluso detenidos con la obvia intención de amedrentarlos y de impedirles la
continuidad de la tarea. Según integrantes de la fiscalía, la Drug Enforcement
Administration (DEA) –dependiente del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos– estaría abocada a resolver el caso.
Según la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, la producción de cocaína en Colombia se duplicó en el último
lustro convirtiéndose en el mayor recurso de exportación de ese país. El
informe señala que la producción actual es superior a la generada en tiempos
del auge del Cartel de Medellín, dirigido por Pablo Escobar Gaviria. Washington
aportó alrededor de 15.000 millones de dólares desde 2001 a través de
diferentes fuentes de financiamiento englobados en el denominado Plan Colombia,
orientados a reducir la producción de cocaína y reprimir a los grupos
insurgentes, sobre todo las FARC.
El caso de Perú también posee aristas coincidentes con las
relaciones tóxicas que expande Washington en su formato judicial. Luego de la
victoria de Pedro Castillo en la primera ronda electoral, el Ministerio Público
Fiscal anunció una investigación contra uno de los congresistas electos de la
agrupación política de Castillo, Perú Libre, por nominar entre sus candidatos a
Guillermo Bermejo (alias “el Che” Bermejo), por su presunta participación en la
organización terrorista Sendero Luminoso.
El martes 27 de abril, la Segunda Sala Penal Transitoria
Especializada en Crimen Organizado adelantó que el 18 de mayo dará inicio al
juicio contra el congresista electo, apenas tres semanas antes de la segunda
vuelta electoral. Cuatro días antes, Castillo había anunciado la decisión de
expulsar a la DEA de Perú en el caso de alcanzar la presidencia.
Según los periodistas limeños especializados en temas
jurídicos, las audiencias podrían ocupar la tapa de los diarios –comprometidos
con Keiko Fujimori– las semanas previas a los comicios. El detalle sugestivo
del caso es que la instrucción se inició a partir de las denominadas
“declaraciones de colaboradores eficaces”, cuyos informantes arrepentidos
mantienen estrechos vínculos con la DEA. Entre los integrantes del jurado que
dictaminará sobre Bermejo figura un magistrado acusado de proteger a
integrantes del ejército responsables de la denominada masacre de Accomarca, en
la que fueron asesinadas 69 personas, incluidos niñxs, mujeres y ancianos.
El miércoles 5 de mayo se desarrolló en Miami un foro
titulado “Defensa de la democracia en las Américas” del que participaron
líderes de la derecha de América Latina y el Caribe. Entre sus expositores
figuraron el secretario general de la OEA Luis Almagro, el ex Presidente
argentino Mauricio Macri y los actuales primeros mandatarios Sebastián Piñera
de Chile, Iván Duque de Colombia y Lenin Moreno de Ecuador. La organización de
la conferencia corrió por cuenta del Interamerican Institute for Democracy,
cuya jefatura ejerce Carlos Sánchez Berzain, ex ministro de defensa del
gobierno boliviano de Gonzalo “Goñi” Sánchez de Lozada. Tanto Berzain como
Lozada se asilaron en Miami luego de ser acusados como responsables de la
masacre de octubre de 2003, en la que fueron asesinadas 67 personas que se
habían movilizado en la Ciudad de El Alto para evitar la exportación de gas (a
precio vil) a Estados Unidos, a través de puertos chilenos.
Difamar y juzgar
Carlos Sánchez Berzain fue uno de los funcionarios fugados
de Bolivia que celebraron el golpe de la hoy detenida Jeanine Añez, y es quien
repudió la labor de dos investigadores del Massachusetts Institute of
Technology, John Curiel y Jack R. William, quienes en febrero de 2020 –luego de un relevamiento
estadístico pormenorizado– negaron la existencia de fraude generado por el
partido de Evo Morales, el MAS. En una cobertura reciente del portal The
Intercept se exhiben los correos electrónicos (filtrados) que funcionarios del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos envían a los dos investigadores
del MIT con la clara intención de amedrentarlos y extorsionarlos antes de las
elecciones en las que volvió a imponerse el MAS.
Las pistas sobre el grupo de tareas judiciales del
Departamento de Estado se observan con claridad también en Ecuador, cuyos
magistrados han colaborado de forma eficiente en la descalificación permanente
de Rafael Correa y la detención de su ex Vicepresidente Jorge Glas, en el marco
de la megacausa conocida como Odebrecht. Las evidencias utilizadas en el juicio
para condenar a seis años de cárcel a Glas –y luego para solicitar la captura
internacional de Correa– fueron aportadas en forma desinteresada por el DOJ,
con sede en el Robert Kennedy Building de Washington.
Uno de los magistrados encargados de instruir la causa
contra Correa y solicitar en su contra una pena de ocho años de prisión, bajo
la imputación de cohecho, fue el juez Iván Saquicela Rodas, quien fue premiado
con el nombramiento de presidente de la Corte Nacional de Justicia. En
simultáneo, la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL
por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Justicia
estadounidense, entregó como donación a dicha Corte Nacional de Justicia la
infraestructura informática que le permitirá a Rodas –y a sus socios– el acceso
a la totalidad de las causas tramitadas por los magistrados ecuatorianos.
Los tentáculos judiciales de Washington también se observan
en Paraguay. En mayo de 2019, el egresado de la Academia Internacional para el
Cumplimiento de la Ley (ILEA, por su sigla en inglés), fiscal René Milcíades
Fernández Bobadilla, fue premiado por sus aportes a la investigación del Lava
Jato, pesquisa asociada al caso Odebrecht. En julio de 2019, Bobadilla, fue promovido al cargo de Ministro
de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En forma simultánea a su
asunción mediada por las felicitaciones de la embajada de Estados Unidos en
Asunción, se inició una campaña mediática destinada a involucrar al ex
Presidente y actual senador Fernando Lugo en el entramado del Lava Jato.
El 28 de abril el Ministerio de Justicia guaraní, donde
Bobadilla almuerza con colegas egresados de ILEA, anunció el inicio del
programa destinado a diseñar y elaborar el Plan Estratégico Institucional (PEI)
2021-2025 de la Corte Suprema de Justicia. Dicha iniciativa cuenta con el
financiamiento del National Endowment for Democracy (NED), una organización
estadounidense fundada en 1983 a iniciativa del Congreso estadounidense para
costear proyectos orientados a defender los intereses de las corporaciones
estadounidenses, los principios neoliberales y la lucha contra el populismo.
El NED cuenta con un presupuesto de 200 millones de dólares,
y el destino de esos fondos se orienta a remunerar programas de formación
jurídica, política y policial en América Latina, el Caribe y los países
limítrofes con Rusia y China. En forma paralela, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través del Programa de
Democracia y Gobernabilidad (PDG), colabora con la Corte Suprema de Justicia
para mejorar la efectividad de la misión institucional.
Poco tiempo antes del golpe contra Lugo, en 2012, la
embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayalde, envió un cable a
Washington que fue filtrado tiempo después por la plataforma de Julian Assange,
WikiLeaks: “Tener amigos en la Corte Suprema es oro puro (…) la presidencia y
la vicepresidencia de la Corte son fundamentales para garantizar el control
político…”. Poco tiempo después de que este cable fue despachado desde la
embajada, la Corte Suprema de Justicia avaló la destitución de Lugo.
Washington contra el multilateralismo
Uno de los proyectos financiados por el NED, con un aporte
de medio millón de dólares, se titula “Combatiendo el capital corrosivo” en
América Latina. Su objeto es dotar de herramientas jurídicas y de información
útiles para evitar el ingreso de “capitales corrosivos [provenientes] de
estados no democráticos” como China y Rusia.
Meses atrás los senadores estadounidenses Marco Rubio y Bob
Menéndez presentaron un proyecto de ley denominado Promoción de la
Competitividad, la Transparencia y la Seguridad en las Américas (ACTSA, por sus
siglas en inglés), destinado a limitar las actividades económicas, políticas y
de inteligencia del gobierno de la República Popular China en la región. Uno de
los capítulos centrales de la ACTSA incluye la asistencia técnico-jurídica para
compatibilizar los estándares de Washington con el resto de la región,
regulados por la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus
siglas en inglés).
La ACTSA incluye la necesidad de “ampliar los informes de
inteligencia sobre las actividades económicas, políticas y de seguridad” de
China en las Américas, y exige que en todas las embajadas y consulados en
América Latina y el Caribe se designe a un oficial de inteligencia con
formación jurídica, encargado de relevar todos los aspectos vinculados con los
lazos de Beijing en la región. Además propone el financiamiento de proyectos
para formar periodistas de investigación dispuestos “a promover la
transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos”.
Según prevé la normativa, que tiene amplias posibilidades de
aprobarse debido a que es una iniciativa bipartidista, el Secretario de Estado
en coordinación con el Departamento de Justicia dispondrá los compromisos
diplomáticos para alentar y facilitar la adopción de normas por parte de los
gobiernos de América Latina y el Caribe.
Rubio es el presidente del Subcomité de Relaciones
Exteriores para el Hemisferio Occidental y de la Comisión Ejecutiva del
Congreso dedicada a China (CECC). Además fue uno de los anfitriones del foro en
el que Macri, Duque, Piñera y Almagro cuestionaron a los gobiernos que postulan
senderos soberanos. En el hotel Biltmore de Miami se insistió además en la
necesidad de que los poderes judiciales limiten las capacidades de quienes
postulan políticas populistas.
“Hacete amigo del juez”, recomendó José Hernández en Martín
Fierro.
*Sociólogo, doctor en
Ciencias Económicas, analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
Publicado en https://www.elcohetealaluna.com/injerencismo-de-toga/
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