Le Monde” sale al rescate de Añez y defiende la impunidad en
Bolivia
Alex Anfruns
Fuentes: https://alexanfruns.wordpress.com/
En Francia es posible escandalizarse por la visita del
diputado Mélenchon a Bolivia y, al mismo tiempo, exonerar a la principal
responsable de las masacres ocurridas un año antes en el mismo país. Así, en un
artículo publicado el 21 de marzo en Le Monde, ignorando la cronología de los
hechos y en contra de todas las pruebas, se atribuye al gobierno de Evo Morales
la muerte de 35 personas ¡antes de su renuncia en noviembre de 2019! En honor
de la verdad y en respeto a las víctimas hay que señalar varias omisiones y
falsedades.
En primer lugar, la renuncia de Morales no fue voluntaria ni
el resultado de un levantamiento espontáneo de la población por una acusación
de fraude electoral, sino que fue forzada por la intervención de las fuerzas
armadas bolivianas. Su Comandante, ahora huido de la justicia, lo expresó así:
“sugerimos al presidente que renuncie a su mandato, permitiendo la pacificación
y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”. Con
semejante presión de las fuerzas armadas, que se asemeja a una amenaza en
debida forma de quienes sostienen el uso de la violencia legitimado por el
Estado, ya no era posible que un presidente elegido democráticamente
desempeñara sus funciones en condiciones normales.
En segundo lugar, al ocultar la causa de la dimisión, esa
omisión se ve reforzada por la ocultación de las palabras del presidente
Morales al anunciar su marcha, cuya motivación fue “evitar un baño de sangre”.
Esto aún no había ocurrido en el momento de su dimisión. Por otra parte, se
produjeron repetidas agresiones por parte de la oposición contra periodistas,
directores de medios de comunicación, representantes institucionales y
ministros, considerados como incondicionales de Evo Morales. Estos gravísimos
atentados no se mencionan en la presentación de los hechos, que el artículo
resume con la expresión “un presunto golpe de Estado”, con comillas incluidas.
Además, el artículo atribuye falsamente a la gestión de Evo Morales las 35
muertes que se produjeron por la intervención de las fuerzas armadas
bolivianas. La omisión de la fecha de las 2 masacres, por muy conocida que sea,
impide situar correctamente la cronología de los hechos. En realidad, las
víctimas deben contarse entre las personas que se manifestaron “por el retorno
de la democracia” en Sacaba y Senkata en el intervalo de una semana, del 15 al
19 de noviembre de 2019. Asimismo, se debe restablecer la cadena de
responsabilidades señalando la firma del Decreto 4078 por parte de Añez el día
anterior, que permitía a los miembros de las fuerzas armadas el uso de armas de
guerra con una exoneración de responsabilidad respecto a posibles víctimas.
Por último, la omisión de la fecha en la que Añez tomó
posesión de su cargo como “presidenta de un gobierno de transición” en el
período previo a la celebración de nuevas elecciones contribuye a la confusión
sobre la cronología de los acontecimientos. Esta importante omisión se ve
agravada por el contenido del artículo, cuyo tema principal es la prolongación
de la detención preventiva de Añez por parte de la justicia boliviana, lo que
refuerza la impresión en la mente del lector de que la acusada no tiene ninguna
relación con los hechos que se le imputan, siendo esta idea de una “injusticia”
evidente por los comentarios recogidos de su familia.
¿”Pacificación” o salvaje represión?
Al día siguiente, 22 de marzo, Le Monde volvió a la carga.
En un artículo titulado “En Bolivia, la oposición impugna la detención de
Jeannine Añez “, el autor alude tímidamente esta vez a una posible
responsabilidad de Añez en “las masacres”. En efecto, se citan entre comillas:
“según los términos utilizados por la CIDH”. ¡Como si hubiera alguna duda sobre
la calificación que merecen estos hechos de una gravedad sin precedentes!
Especificando que “¡La Sra. Añez tenía la pesada tarea de conducir a su país
hacia la pacificación!”, la autora parece matizar la responsabilidad de Añez,
evitando establecer el vínculo entre esta supuesta “pesada tarea” y los hechos
que admite, a saber: “al menos 19 personas murieron y otros cientos resultaron
heridos por las fuerzas del orden y los militares”. Sobre todo, omite mencionar
que la CIDH había denunciado lo siguiente: “el uso excesivo de la fuerza a
través de la realización de operativos conjuntos entre la Policía Nacional y
las Fuerzas Armadas, así como la promulgación del Decreto Supremo Nº 4078, cuyo
propósito era eximir de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas
Armadas (…) La Comisión observa que el Decreto Supremo Nº 4.078 estaba vigente
al momento de las masacres de Sacaba y Senkata. Al respecto, la CIDH recuerda
al Estado que, de acuerdo con los estándares interamericanos de derechos
humanos, el Decreto 4.078 es jurídicamente inaplicable por su invalidez y que,
en consecuencia, los hechos de violencia cometidos durante los días en que
estuvo vigente no pueden ser amparados por ningún tipo de amnistía o exención
de responsabilidad de los agentes estatales“. Por lo tanto, al firmar este
decreto, Añez dio luz verde a las masacres, prometiendo impunidad a los
autores.
¿Podemos, pues, considerar seriamente estos asesinatos como
el resultado inesperado y desafortunado de un deseo de “pacificar” el país?
Recoger el argumento de la interesada, que había insistido en esta noción
afirmando haber “pacificado el país” en contra de toda evidencia, no es una
visión objetiva. El Defensor del Pueblo
del Estado Boliviano contestó esta reclamación. En su informe de 313 páginas
publicado en septiembre de 2020, esta organización niega esa inversión de la
realidad: “no ha existido ni existe un proceso de pacificación real en el país
(…). Aunque las movilizaciones sociales y los bloqueos de carreteras han
cesado, las operaciones conjuntas de la policía boliviana y las fuerzas
armadas, así como la exención de responsabilidad penal prevista en el Decreto
Supremo 4078, la persecución de los opositores políticos, la violación
sistemática de los derechos humanos y el manto de impunidad que los rodea no
permitirán el restablecimiento de la paz y la armonía en el Estado
Plurinacional de Bolivia.”
La persecución de los opositores bajo el régimen de Añez es
indiscutible, como reconoce el mismo artículo: “gobernó con mano de hierro
durante un año, persiguiendo a los dirigentes del MAS, algunos de los cuales se
vieron obligados a exiliarse”. Pero en lugar de informar sobre las
manifestaciones que exigen justicia y reparación para los familiares de las
víctimas, el autor se centra exclusivamente en la línea de defensa de Añez,
destacando el deseo de impunidad de sus partidarios: “las manifestaciones se
han multiplicado en los últimos días en varias ciudades, particularmente en
Santa Cruz. Los comités cívicos exigen “la liberación inmediata de los presos políticos”.
¿Creen que están soñando? No, se trata de presentar a Añez como una víctima
ante el sistema judicial. “Las imágenes que la muestran tras los barrotes de
una decrépita celda en una comisaría de La Paz (…) han dejado huella“. Y
también: “Para muchos, es el símbolo de una ‘justicia a la orden’, según el
abogado Ramiro Orias, miembro de la Fundación por un Juicio Justo”. O también:
“Jeannine Añez, que sufre de hipertensión (…) clama por la ‘persecución
política’“, así como el ineludible testimonio de José Miguel Vivano, director
para las Américas de HRW, para quien la detención de Añez es “una vendetta
política”. El círculo se completa cuando se constata la indiferencia de estas
organizaciones por las víctimas del régimen de Añez, y se compara con el clamor
que ha provocado su detención preventiva.
El abogado citado apunta a “una acusación frágil”, porque
“los actos de terrorismo nunca han existido, es un abuso del sistema penal el
que califica de terrorismo a un movimiento de protesta social”. Para él, el
objetivo de la decisión es “castigar la disidencia”. Añez está acusada de
“sedición, conspiración y terrorismo”, a los que se han añadido los cargos de
“resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes, decisiones contrarias a
la economía y abuso de influencia”.
Hay que recordar que los miembros de la CIDH reaccionaron
rápidamente en el momento de las masacres de la población civil, acudiendo al
lugar en pocos días. El informe recogía numerosos testimonios de las víctimas y
formulaba recomendaciones como el establecimiento de una misión de
investigación internacional independiente sobre los hechos en cuestión. No es
baladí recordar la reacción del “gobierno de transición” tras las conclusiones
de la organización. “El trabajo de la CIDH es vergonzoso, por decirlo de una
manera bastante delicada; es increíble ver cómo pueden comportarse algunas
personas. Este trabajo no está bien hecho y lo vamos a corregir” – declaró el
Ministro del Interior no electo Arturo Murillo. “Vamos a mostrar las pruebas de
lo que ocurrió en nuestro país (…) (porque) este informe no refleja la realidad
de los hechos” – y concluyó diciendo que el informe favorecía el
“narcoterrorismo” – el término favorito del régimen para los opositores del
MAS.
Por último, la idea de que es necesario llevar a Añez ante
la justicia sólo se insinúa cuando la autora afirma que “por el momento,
algunos hechos quedan impunes”. En realidad, el artículo insiste claramente en
una sola idea, la de una “persecución política contra Añez “. Una indignación
que comparten dirigentes como Bolsonaro, que criticó su detención al considerar
que “la acusación de golpe de Estado no es razonable”. El golpismo en América
Latina tiene hermosos días por delante…
Finalmente, Le Monde tardó casi un mes en rectificar
discretamente sus errores al final del enlace a su artículo. Animemos a
difundirlo como se debe: “Corrección, 14.04.21 a las 21 horas: Una versión
anterior de este artículo, basada en un informe de la Agence France-Presse,
afirmaba erróneamente que sobre Luis Fernando Camacho pesaba una orden de
detención. También dijo que Jeanine Añez había tomado posesión como presidenta
interina debido a un vacío de poder. De hecho, se había autoproclamado
presidenta, ignorando la falta de quórum en la Asamblea Nacional. También se
dijo que 35 personas habían muerto antes de la dimisión de Evo Morales cuando,
en realidad, tres personas murieron en las manifestaciones previas a su
dimisión. Otras personas murieron en otras manifestaciones después de que
Jeanine Añez tomara el poder. Nos disculpamos por estos errores.«
Fuente original: https://alexanfruns.wordpress.com/2021/04/17/le-monde-sale-al-rescate-de-anez-y-defiende-la-impunidad-en-bolivia/
Nota del bloc .-No es
solo Le Monde .. El Parlamento Europeo en su sesión plenaria de este jueves
denunció y condenó la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, pidió a las
autoridades su liberación inmediata y que se les retiren los cargos en su
contra. Lo que generó una contestación del gobierno de Bolivia recordándoles
que es un estado soberano y eso era
inmiscuirse en problemas internos , sorprendente que se preocupen tanto por
ella y tampoco por otros . De las masacres
de Sacaba y Senkata bajo su mandato provisional ni pio . En la primera masacre fueron asesinadas 12
personas y en la segunda 10 en una manifestación de protesta pacífica con mujeres y niñ@s. Se ve que eran indios .
Ni del decreto del 15
de noviembre de 2019,14 el Gobierno de Jeanine Áñez promulgó el decreto 4078
que, entre otras disposiciones, eximía de responsabilidad penal a los efectivos
de las Fuerzas Armadas de Bolivia que actuaran ante las protestas. Entre otros puntos, el decreto establecía:
Artículo 3. El personal de las FF.AA., que participe en los
operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública
estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones
constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en
observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y
proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Cód. Penal. Ley 1760 y
el Código de Procedimiento Penal.”
Varias organizaciones y personalidades vinculadas a la
defensa de los derechos humanos manifestaron su preocupación, entre ellas la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el director de la División de las
Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y la directora de Amnistía
Internacional para las Américas Érika Guevara Rosa
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