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viernes, 5 de febrero de 2021
Los papeles de Bárcenas .
LOS PAPELES DE BÁRCENAS
Una veintena de constructores, de nuevo en el disparadero de la caja B por la confesión de Bárcenas
- Las donaciones ilegales al PP ascendieron a ocho millones de euros entre 1990 y 2009 en lo que el extesorero define como "un sistema institucionalizado de financiación en B"
- Villar Mir, con 530.000 euros, o Del Rivero, con 480.000, aparecen en la lista de donantes que documentó el extesorero
- La clave estará en determinar cuáles de esas aportaciones fueron finalistas, es decir, a cambio de un contrato público determinado, para probar un posible delito de cohecho
Ana Moreno ..Infolibre .
El futuro judicial de una veintena de empresarios está a expensas de una sola persona: Luis Bárcenas. Es él quien tiene en sus manos señalar cuáles de ellos hicieron donaciones finalistas al PP, esto es, a cambio de un determinado contrato público y no sólo como regalo o aportación al partido. El extesorero del partido ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que dice estar dispuesto a declarar sobre este asunto en el Juzgado Central de Investigación número 5 de la Audiencia Nacional, el órgano judicial que trata de desentrañar desde hace años la complicada madeja de la presunta financiación ilegal del partido conservador.
Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".
Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.
Investigando desde 2013
La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El País de las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda.
En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.
Caja B acreditada desde 2015
"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.
En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.
Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.
Los veinte donantes y sus pagos
El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.
José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.
Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.
Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.
Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.
Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.
José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.
Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.
Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.
Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros.
Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.
Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.
José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.
José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.
Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.
Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.
Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.
Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.
Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.
En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.
Una veintena de contratos, bajo la lupa
Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.
Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.
Es él quien tiene en sus manos señalar cuáles de ellos hicieron donaciones finalistas al PP, esto es, a cambio de un determinado contrato público y no sólo como regalo o aportación al partido. El extesorero del partido ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que dice estar dispuesto a declarar sobre este asunto en el Juzgado Central de Investigación número 5 de la Audiencia Nacional, el órgano judicial que trata de desentrañar desde hace años la complicada madeja de la presunta financiación ilegal del partido conservador.
Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".
Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.
Investigando desde 2013
La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El País de las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda.
En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.
Caja B acreditada desde 2015
"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.
En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.
Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.
Los veinte donantes y sus pagos
El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.
José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.
Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.
Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.
Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.
Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.
José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.
Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.
Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.
Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros.
Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.
Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.
José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.
José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.
Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.
Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.
Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.
Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.
Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.
En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.
Una veintena de contratos, bajo la lupa
Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.
Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.
jueves, 4 de febrero de 2021
Los bajos fondos de la industria farmacéutica .
Los bajos fondos de la industria farmacéutica .
Itinerario de un medicamento de uso corriente.
Los escándalos marcan el ritmo de la información sobre la
industria farmacéutica y focalizan la atención sobre sus excesos. Seguir el
recorrido de un medicamento sin historia, desde su creación hasta su
prescripción, muestra lo delgada que es la frontera entre las disfunciones y
las prácticas rutinarias.
Quentin Ravelli.
Fuente . Le Monde Diplomatique .
“Me di cuenta de que estaba “fichada”, que sabían
exactamente lo que yo prescribía”, se indigna una médica instalada en un barrio
elegante de París. “Yo era ingenua, no lo sabía. [Un día], una visitadora
médica me dijo: “¡Usted no prescribe mucho!” Me pregunté: “¿Cómo puede saber
ella eso?” La práctica de vigilancia, que sorprende a muchos médicos, está
orquestada por los servicios de marketing de los laboratorios. Para aumentar o
mantener sus cuotas de mercado, los grandes grupos farmacéuticos hacen alarde
de su ingenio. No dudan, por ejemplo, en modificar las indicaciones de sus medicamentos
para ganar nuevos clientes.
Y sigue ……
martes, 2 de febrero de 2021
El ibex 35 y la cloaca mediática contra Podemos
Los medios que colaboraron con las cloacas señalan a LÚH y defienden a Inda
‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’ lideran una campaña contra
este medio por haber destapado sus conexiones con Villarejo, con el entramado
empresarial del excomisario y con la ‘policía política’ del PP.
La Última Hora.(1)
Los medios que
colaboraron con las cloacas señalan a LÚH y defienden a Eduardo Inda, director
de ‘Okdiario’
Las informaciones de LA ÚLTIMA HORA que han puesto de
manifiesto la conexión de medios de comunicación como ‘El Mundo’, ‘El
Confidencial’ y ‘Okdiario’ con el excomisario Villarejo y con las cloacas del
Estado han desatado, de buena parte de la prensa conservadora, una campaña
contra este medio y contra Podemos. En un ejercicio de coordinación sin
precedentes, ‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’ decidieron aliarse este fin de
semana y publicaron sendos editoriales dedicados a encubrir sus malas prácticas
periodísticas y a cargar contra LÚH, además de varios artículos destinados a
difamar a Podemos.
Esta campaña llega apenas 48 horas después de que el
director adjunto de ‘El Mundo’, Joaquín Manso, quedara en evidencia durante una
entrevista a la ministra Irene Montero en TVE. Manso sostuvo que “no hay ningún
informe policial que aluda a una colaboración del señor Urreiztieta con el
excomisario Villarejo”, pero la ministra le recordó que tanto el subdirector de
‘El Mundo’, Esteban Urreiztieta, como el director de ‘Okdiario’, Eduardo Inda,
aparecen en los papeles de Villarejo retratados como “periodistas que habrían
colaborado con las cloacas del Estado para difundir noticias falsas”.
Poco después, ‘El Mundo’ dedicó una doble página a criticar
a LÚH y difamar a Podemos. En ella defendió, por ejemplo, a Eduardo Inda, del
que dijo que “ha publicado numerosas exclusivas sobre Podemos”, como “la casa
de Galapagar” de Pablo Iglesias e Irene Montero. Inda está actualmente
procesado por acoso a los hijos de Iglesias y Montero. ‘El Confidencial’, por
su parte, acusó al vicepresidente Iglesias de “utilizar información oficial a
la que por su cargo tiene acceso” para “señalar aviesamente a periodistas”. ‘El
Confidencial’ realizó esta acusación sin prueba alguna y sin citar fuentes. El artículo
tampoco está firmado por ninguno de sus periodistas, sino que se publicó en
forma de editorial.
En las redes sociales fue evidente el apoyo mutuo que se
prestaron ‘El Mundo’, ‘El Confidencial’, ‘Okdiario’ y otros medios.
Urreiztieta, por ejemplo, retuiteó a Nacho Cardero, director de ‘El
Confidencial’, que enlazó el citado editorial. También a Beatriz Parera
–redactora de Tribunales del mismo medio–, a Paloma Esteban –redactora de ‘El
Confidencial’–, a Casimiro García-Abadillo –exdirector de ‘El Mundo’ y ahora
responsable de ‘El Independiente’– y a las políticas de Ciudadanos Inés
Arrimadas y Begoña Villacís. Joaquín Manso también difundió el editorial de ‘El
Confidencial’ y lanzó un mensaje de apoyo a su jefe de Investigación, José
María Olmo, quien a su vez publicó el artículo de ‘El Mundo’. “Tengo como
referente al gran Joaquín Manso”, agregó Olmo. Los elogios, particularmente
entre ‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’, fueron constantes.
https://laultimahora.es/los-medios-que-colaboraron-con-las-cloacas-senalan-a-luh-y-defienden-a-inda/
Y ver .
Nota del blog (1). -
La Última Hora es un periódico digital de Podemos. Es
curioso cada vez que entro en El País , el global imperial del Ibex 35 , sale debajo una entrada . La caja B de Podemos , así se ve la
cantidad de veces que la cloaca
mediática comento la fake news sobre su
caja de resistencia sincronizados con el PP , Vox y Cs pidiendo la dimisión de Iglesias y apoyando
al juez
del PP , Castellón de la AN que convirtió el caso Villarejo en el caso de
la tarjeta de Dina . Después del último rechazo duro del TS
de no admitir su imputación , ladran su resentimiento en sus editoriales
, ante su fracaso y sin una mínima
rectificación . No extraña que estén histéricos
, recordemos como crearon el
Cs como
una operación de un Podemos de
derechas según un banquero cuyo nombre
todos sabemos y lo
presentaban como un partido de centro
, desde el País a otros . Mera pantalla de
banca y del IBEX 35 . La
operación se les fue a la mierda y ahora ladran su resentimiento por la
esquinas .A nadie debiera extrañar que
un informe de la Universidad de Oxford concluya que los medios españoles son
los menos creíbles de los once países consultados en Europa y los segundos
menos creibles de los doce estudiados de todo el mundo.
lunes, 1 de febrero de 2021
La gestión de la UE con las vacunas . .
AstraZeneca nos da nuestra propia medicina
Por Marta Nebot
La buena noticia es que esos países son ejemplos piloto que confirman que vacunar salva muchas muchas vidas y que para el contagio en seco.
Nota del blog .- Como si en Bruselas no hubiera poderosos lobbys de las farmacéuticas y como descalificaban y se reían de la vacuna rusa y a Hungría por comprarlas y que ahora ellos mismos demuestran que tiene una eficacia de más del 92%
domingo, 31 de enero de 2021
España .- Los golpes de togas .
José Antonio Martín Pallín.
"Hace ya algún tiempo, las tensiones de la vida
política comenzaron a llegar a los juzgados y tribunales, para que seamos los
jueces los que tengamos que resolver situaciones que nunca debieron salir del
marco de la confrontación política". Lo dice José Antonio Martín Pallín,
magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y dentro de
esta tendencia, defiende, el juicio del procés es especialmente significativo.
Martín Pallín ha criticado abiertamente numerosos aspectos del proceso contra
los líderes independentistas por la organización del referéndum del 1 de
octubre, y en El gobierno de las togas analiza el contexto en el que se produce
lo que considera una judicialización de un problema político, deteniéndose
también en detalles del proceso y de la sentencia, y señalando sus posibles
consecuencias. infoLibre recoge aquí la introducción del libro, editado por
Catarata y la revista Ctxt, en librerías el 10 de noviembre.
Son varias las razones que me han impulsado a escribir este
libro. Durante más de cuarenta años he desarrollado mi vida profesional entre
el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo, como magistrado en la Sala Segunda.
Han sido todos estos años dedicados los que me han permitido enriquecer mis
conocimientos y mi sensibilidad ante los conflictos humanos que surgen en todas
las sociedades, sean o no democráticas. Hace ya algún tiempo, las tensiones de
la vida política comenzaron a llegar a los juzgados y tribunales, para que
seamos los jueces los que tengamos que resolver situaciones que nunca debieron
salir del marco de la confrontación política. Para eso están los mecanismos
previstos en todas las Constituciones democráticas.
Como fiscal he celebrado miles de juicios que, además de ejercer
las acciones penales, me han permitido profundizar en la comprensión del
entorno y las circunstancias que podían haber llevado a esas personas al
banquillo de los acusados. Por supuesto, hay un factor criminológico que surge
de la marginación social, pero actualmente las circunstancias han cambiado y
una parte importante de la estadística criminal la ocupan los delitos
económicos, relacionados con la corrupción de funcionarios públicos y de
particulares. Mi tarea como fiscal consistía en tratar de convencer al tribunal
de la existencia de pruebas suficientes para formular una acusación y pedir una
determinada pena o incluso la absolución. Pero mi labor no acababa en ese
momento. Después de finalizar el juicio, tenía que leerme las sentencias para
decidir si estaba de acuerdo con ellas o procedía interponer algún recurso. Más
adelante, con la vigencia de nuestra Constitución, se amplió la esfera de
posibilidades y tuvimos que entrar de lleno en la comprobación del cumplimiento
riguroso de las garantías constitucionales establecidas en todos los sistemas
internacionales de derechos humanos. Era necesario leer previamente las
sentencias recurridas. Una vez que llegué al Tribunal Supremo, debía estudiar y
seleccionar los recursos para comprobar si efectivamente se había vulnerado
alguno de los principios esenciales y las garantías propias del proceso penal
de una sociedad democrática.
Me parece oportuno recordar, como precedente, que todas las
fuerzas democráticas que alumbraron la II República habían acordado en el Pacto
de San Sebastián de 1929 la creación de Estatutos de autonomía lo más amplios
posible para las llamadas comunidades históricas, como Cataluña, el País Vasco
y Galicia.
Las fuerzas políticas reaccionarias, sociales y
eclesiásticas, se aliaron para aunar todos los medios a su alcance hasta conseguir
derrocar el régimen ejemplar de derechos y libertades políticas y sociales que
se recogían en la Constitución de 1931. Ni los más acérrimos partidarios del
golpe militar de 1936 han sido capaces de negar las avanzadas políticas de
educación, cultura y seguridad social que se pusieron en marcha. No me voy a
detener en sus bondades, pero siempre lamentaremos la pérdida de esa
oportunidad histórica que transcurrió en tiempos convulsos para toda Europa. En
mi opinión, la II República fue una gran oportunidad para asentar en nuestra
sociedad los valores democráticos y los avances sociales, con absoluto respeto
al pluralismo de todas las ideologías comprometidas con los derechos y
libertades fundamentales.
El golpe militar del 18 de julio de 1936, que triunfó tres
años después, dejó un reguero de sangre y desolación que nunca hemos podido
superar. Nuestras carencias históricas y nuestro déficit democrático nacen de
la oposición feroz de los vencedores a cualquier intento para integrarnos en la
cultura democrática europea. Los movimientos democráticos que surgieron desde
los primeros momentos en contra de un régimen totalitario —que representaba un
anacronismo en la Europa que empezaba a gestar el embrión de lo que ahora es la
Unión Europea— siempre propugnaron la sustitución de la dictadura por un
sistema democrático que tuviese en cuenta las peculiaridades de Cataluña y el
País Vasco.
Cuando se comienza a desarrollar el moderno independentismo
catalán, los poderes políticos tuvieron la oportunidad, durante varios años, de
concertar una solución política compatible con nuestra actual Constitución. En
mi opinión, y a pesar de los dogmáticos inflexibles, esta solución pasaba por
un referéndum consensuado como en Escocia y Canadá, aunque con ciertos
condicionamientos y limitaciones. Todas las estadísticas demoscópicas solventes
de las que se disponía apuntaban a que si se hubiera celebrado una consulta
popular, hace unos años, hubiera triunfado rotundamente el “no” a la
independencia unilateral de una República catalana independiente.
Los políticos catalanes, como era de esperar, no cejaron en
su empeño y pusieron en marcha lo que se denomina la hoja de ruta, que se atajó
por el Tribunal Constitucional de manera clara y rotunda. Siempre estuvo
abierto el espacio para el diálogo en busca de la convivencia y, aunque no seré
yo el que reparta las culpas políticas, es evidente que el Gobierno central, en
manos del Partido Popular, pretendió dar un “golpe jurídico” para enfrentarse a
las propuestas independentistas, encomendando esta tarea, propia de la
actividad política, a lo que en ciencia política se denomina el gobierno de las
togas. Se retorcieron las funciones y el sentido de un Tribunal Constitucional
en una sociedad democrática, regida por el principio de la división de poderes.
Se modificó ad hoc el Código Penal para poder castigar determinadas conductas.
En definitiva, se decidió que los jueces penales tenían la palabra y que todo
era un problema que se solucionaba con la aplicación del derecho penal.
Es cierto que vivimos en una sociedad en la que todo se
pretende regular por leyes, dejando un escaso espacio a los ciudadanos para que
solucionen sus conflictos por las vías del convenio, el pacto o las votaciones
democráticas. Precisamente por ello el Poder Judicial ocupa un mayor
protagonismo, a veces indeseable, en los espacios públicos e incluso privados.
Corresponde a los políticos afrontar, con responsabilidad, las cuestiones que
afectan a la buena gobernanza del país. No pueden eludir sus obligaciones remitiendo
a los jueces conflictos que no son propios de la función jurisdiccional,
trastocando el sistema de la división de poderes y perturbando la estabilidad
democrática. La cosa pública, su gestión y gobierno, pertenece en exclusiva a
los legisladores y a los que administran, desde sus cargos ejecutivos, las
políticas necesarias para el desarrollo de la vida diaria, velando por los
intereses generales.
Un sector del llamado catalanismo independentista se
presentó a las elecciones del año 2015 anunciando, clara y transparentemente,
como acontece en toda sociedad democrática, que en su programa electoral
ofrecían a sus potenciales electores activar las medidas políticas y
legislativas necesarias para llegar a la proclamación unilateral de
independencia de Cataluña en forma de república. Consiguieron la mayoría
parlamentaria.
Era evidente que esta iniciativa política iba a suscitar
conflictos y controversias con el resto del Estado español y con la legalidad
constitucional, por lo que a nadie podría extrañarle que el Gobierno central
utilizase los mecanismos previstos constitucionalmente. Se trataba de impedir,
coartar o reconducir estas iniciativas, valiéndose del único procedimiento que
contempla nuestra Constitución, que no es otro que el de suscitar ante el Tribunal
Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, la constitucionalidad de
las leyes o iniciativas legislativas encaminadas a organizar un referéndum
vinculante sobre la independencia y a proclamar, en virtud de sus resultados,
la República catalana. Resulta impensable y denotaría una grave
irresponsabilidad que los dirigentes políticos y los partidos independentistas
catalanes no contemplasen las consecuencias de esta inevitable reacción.
Ante esta encrucijada, el Gobierno central y los partidos
políticos sin responsabilidades de gobierno y que no participan de estas ideas
independentistas debieron meditar serenamente sobre las previsibles
consecuencias, escoger las respuestas adecuadas y buscar las posibles salidas.
Del mismo modo, los catalanistas independentistas deberían ofrecer cualquier
otra alternativa. Es justo reconocer que desde estas esferas se ha invocado
reiteradamente la necesidad del diálogo y de buscar una salida pactada, al estilo
de la vía utilizada en Escocia y, con anterioridad, en Canadá. No es mi
propósito, ni el objeto de este libro, hacer una crítica a las posiciones
intolerantes de una parte de la sociedad española, ni siquiera al inmovilismo
del Gobierno central ante estas propuestas, sino poner de relieve que algunas
reacciones posteriores han tensado, en exceso, los principios y fundamentos
esenciales de un sistema democrático firmemente asentado en sus valores
fundamentales, que no son otros que la división de poderes, el respeto a los
valores superiores de la Constitución y a los compromisos contraídos con la
comunidad internacional, en forma de pactos y tratados internacionales sobre
los derechos civiles y las libertades fundamentales.
El punto de fricción se encuentra, evidentemente, en el
artículo 2 de la Constitución, que fundamenta su propia existencia “en la
indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos
los españoles”. Sin embargo, a continuación reconoce, de forma un tanto contradictoria
(lo que abre una vía interpretativa), “el derecho a la autonomía de las
nacionalidades”. Si la respuesta del Estado se hubiera limitado a utilizar los
mecanismos constitucionales para enfrentarse a las iniciativas
independentistas, sería difícil formular críticas y, con toda seguridad, nos
encontraríamos ante un panorama distinto.
Pero han sucedido cosas que trascienden la pura legalidad
para constituir un suceso inesperado e indeseado que ha suscitado la atención
de toda la comunidad internacional y de la gran mayoría de los medios de
comunicación. Los informativos de las televisiones abrieron sus programas y
crónicas con los sucesos insólitos acontecidos el 1 de octubre de 2017. No
tuvieron la misma atención las concentraciones ante la Consejería de Hacienda
el 20 de septiembre de 2017. La diferencia me parece significativa.
Transportar y utilizar contingentes importantes de la
Policía y de la Guardia Civil para impedir, por la fuerza, que se ejerciese el
derecho y la voluntad de votar en un referéndum cuyos efectos serían puramente
simbólicos, fue una decisión tomada más por instintos emocionales y
rentabilidad electoral que por racionalidad política. Era evidente que la ley
de referéndum, la de transitoriedad a la República catalana y la convocatoria
electoral del 1-O habían sido declaradas inconstitucionales. Por tanto, una
declaración de independencia, cuyos efectos políticos habían sido abortados en
su origen, solo podría tener efectos simbólicos.
Todas las televisiones del mundo retransmitieron la
violencia policial. Su impacto conmocionó a la opinión pública internacional,
que no podía entender que la única reacción de un Estado democrático frente a
un acto declarado indudablemente inconstitucional fuera la de actuar como si se
tratase de una manifestación violenta o de una programada rebelión de las
masas.
La mayoría de los medios de comunicación internacionales y
los políticos extranjeros no entendieron esta desproporcionada y violenta
intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Es cierto que la inmensa
mayoría de los Gobiernos que forman parte de la comunidad internacional,
actuando dentro del más estricto formalismo diplomático —y es posible que
también por sus convicciones—, se opusieron a la declaración unilateral de
independencia, pero gran parte de los ciudadanos y muchos de esos mismos
políticos reclamaron también la necesidad de un diálogo racional, civilizado y
propio de sociedades democráticas maduras, para encontrar una posible salida a
esta situación insostenible, con repercusiones también en otros ámbitos como el
económico, social y financiero.
Ninguna de las normas reguladoras de las competencias del
Poder Judicial permite al mismo controlar o anular leyes aprobadas en sede
parlamentaria. Solo tiene la posibilidad de suscitar una cuestión de
inconstitucionalidad, de una ley o de parte de ella, sometiéndose, en última
instancia, a lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Pero, en mi opinión,
las cotas del intervencionismo judicial y la extralimitación del principio de
la división de poderes alcanza sus máximos niveles cuando, como estamos viendo,
el Poder Ejecutivo va más allá de la utilización de las resoluciones
administrativas y se decanta por echar mano del derecho penal para criminalizar
decisiones adoptadas, mediante votación, en un Parlamento soberano. Siempre he
pensado que el derecho penal debe detenerse ante las puertas de un parlamento
cuando trata de enjuiciar actividades parlamentarias. Así lo entiende
Inglaterra, la cuna del parlamentarismo, cuando en su Bill of Rights
(Declaración de Derechos) de 13 de febrero de 1689 proclama que “las libertades
de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni
investigadas por otro tribunal que no sea el propio Parlamento”.
Si la actuación violenta de la policía el 1-O conmocionó a
la opinión pública mundial, los que ostentan el Poder Judicial, nuestros
políticos, los periodistas y los ciudadanos deben saber que, en otros Estados
democráticos, resulta incomprensible que la voluntad de la soberanía popular,
que radica en el Salón de Sesiones de un Parlamento, sea invadida por el Poder
Judicial hasta el extremo de encarcelar, de manera selectiva e incongruente, a
unos pocos protagonistas de una decisión que tomaron todos los que participaron
y apoyaron, con su voto, la declaración de independencia y la proclamación de
la República catalana.
Cuando se confunden las líneas divisorias entre los
distintos poderes y se concentra la reacción en los juzgados y tribunales
penales, sin escalonar las respuestas previstas en el texto constitucional, se
está vulnerando gravemente la esencia de la democracia. Trataré, en lo posible,
a lo largo de los pasajes que vienen a continuación, de exponer, según mi
criterio, cuáles son los inconvenientes, cuáles las consecuencias y cuáles los
efectos sobre la consolidación de nuestra democracia.
Cuando se examine, con más reposo, todo lo acontecido y las
consecuencias de una sentencia dictada al final de un proceso penal seguido
ante el más Alto Tribunal de nuestra nación, podremos valorar el alcance y los
efectos sobre un conflicto político agravado por la innecesaria e invasiva
actuación de la jurisdicción penal.
Así que ya lo saben ustedes: mi formación jurídica y mi
pasión por la democracia son los dos factores que me han llevado a escribir
este libro, que les agradezco tengan en sus manos.
La represión que no cesa.
Reino de España: Suicidio procesal .
Laia Serra
La represión que no cesa. Muchos de los jóvenes que fueron
detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 está optando por
admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos.
Lo ha hecho, confesó unos hechos que no ha cometido. Peor
aún, ha asumido pagar una cuantiosa indemnización para la reparación de los
daños de una furgoneta policial que no ha dañado y una indemnización por las
lesiones de un agente que cayó mientras lo golpeaba para detenerlo. Esta
decisión duele en el alma de cualquiera: defender la propia dignidad y la
verdad, o claudicar y comprar seguridad. Esta confesión engrosará las
envenenadas estadísticas que el día de mañana serán usadas para demostrar que
el sistema funciona: los cuerpos policiales redactan atestados, la Fiscalía y
las acusaciones particulares sostienen acusaciones en base a estos atestados y
finalmente se dicta una sentencia que cierra el círculo y valida todo el
engranaje. Una vez cerrado el acuerdo, se hará un juicio, llamado de
conformidad, que se reduce a que las acusaciones rebajan la penal para asegurar
un no ingreso en prisión a cambio de la admisión de los hechos y de la pena por
parte de la persona encausada. Nuestra confesión servirá para demostrar que los
agentes policiales detuvieron a quien correspondía, que la Fiscalía y las demás
acusaciones también acusaban a quien correspondía y que la sentencia ha
condenado a quién era culpable. ¿Qué muestra más indudable hay que una
confesión para demostrar la culpabilidad de alguien?
Las que nos dedicamos al derecho penal antirepresivo estamos
asistiendo a un doloroso fenómeno que podríamos llamar suicidio procesal
colectivo. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas de
octubre de 2018 y de 2019 está optando por admitir hechos, aunque no sean
ciertos o que sean parcialmente ciertos. Esta decisión no es un absurdo, sino
que ha sido impulsada por el sistema. Por un lado la sentencia del juicio del
Procés ha roto la confianza de una gran parte de la ciudadanía en la imparcialidad
del sistema judicial. Junto con esto, los medios de comunicación han divulgado
las peticiones de prisión para algunos de estos jóvenes. El resultado es que
los encausados y sus familias no quieren arriesgarse a ingresos a prisión que
romperían sus proyectos vitales y optan por el pragmatismo, ya que ni su
inocencia ni la mejor de las estrategias de defensa pueden asegurar una
absolución.
La reforma del Código Penal de 2015 y sus potenciales
consecuencias pasaron inadvertidas en su momento. Una de sus perversas
novedades fue la incorporación de una modalidad agravada de delito de
desórdenes públicos, que prevé varios supuestos como el hecho de ir con la cara
cubierta, llevar objetos peligrosos o que se produzcan en manifestaciones
concurridas, y que comporta una pena de 1 a 7 años de prisión. Si a esto le
añadimos unos eventuales delitos de daños, de atentado a la autoridad y de
lesiones, aunque sean leves, las penas pueden llegar a equipararse con las de
un homicidio. Este delito no se había utilizado hasta ahora, pero la Fiscalía
comenzó a usarlo en estas últimas manifestaciones, consciente de la presión que
ello supone sobre los encausados. La Fiscalía no es la única protagonista de
esta dinámica. La Generalitat, en nombre del departamento de Interior y de los
agentes de los Mossos, es la que condiciona el cierre del acuerdo al pago
íntegro de las indemnizaciones por lesiones y por los desperfectos en el
arsenal policial.
Esta situación está dejando en un callejón a muchos
encausados. En el caso de las manifestaciones de 2018 y 2019, muchos encausados
eran muy jóvenes, y está siendo su primera experiencia represiva. El sistema
está configurándose de manera que sólo las personas con trayectoria política y
amplio apoyo social podrán asumir el riesgo de atravesar un procedimiento
judicial represivo. El resto de personas anónimas no podrán asumir la
inmolación de defender sus derechos. La rabia derivada de confesar hechos no
cometidos, junto con la progresiva desconfianza hacia las instituciones, puede
marcar una generación. Como sociedad no nos podemos permitir que el abuso y el
temor representen nuestro sistema judicial. El gobierno de la Generalitat no
puede seguir formando parte de este entramado represivo y al mismo tiempo
pretender seguir reivindicando un modelo de país basado en los derechos.
Laia Serra es abogada
penalista.
Fuente:
https://www.ara.cat/opinio/suicidi-processal-laia-serra_129_3113142.amp.html
Traducción:Roger Tallaferro .
https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-suicidio-procesal
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