Cataluña, España y la experiencia latinoamericana
Federico Delgado Juan Delgado 13/10/2019
Cornelius Castoriadis (1) respondió de una manera atractiva
a una de las preguntas clásicas de la filosofía política: ¿Por qué y cómo las
sociedades se mantienen unidas? Lo hizo explicando la tensión permanente e
irreductible entre el mundo instituido y el poder instituyente. Una relación
cambiante y en movimiento constante pero que, pese a todo, es capaz de
suministrar instituciones que permiten la convivencia humana en sociedades
siempre sometidas a una puja entre lo viejo y lo nuevo.
De acuerdo con Castoriadis, lo histórico social se divide en
dos grandes dimensiones. La de lo heredado, que llama “identitario-conjuntista”
y la del “imaginario social”. La primera tiene que ver con el mundo instituido.
Es decir, con el mundo edificado a lo largo del tiempo. El imaginario social,
en cambio, está atravesado por la imaginación radical, por lo indeterminado.
Aquí yace el proceso de creación permanente de nuevos significados en una
sociedad y se ubica el germen del cambio. Ambas dimensiones no son
compartimientos estancos, pues se nutren recíprocamente. Castoriadis recurre a
la noción de magma para explicar lo histórico social: lo define “como un magma
de magmas, organización de una diversidad no susceptible de ser reunida en un
conjunto, ejemplificada por lo social, lo imaginario y lo inconsciente”.
Expresa así una imposibilidad ontológica de un mundo determinado y objetivado
en base a un formato social.
La lógica identitaria y la imaginación social son
inseparables y su movimiento, constante. Las sociedades, de todos modos, no son
un caos, operan a través del legein (el decir y el representar) y del teukhein
(construir, fabricar). De esta forma, creamos instituciones y palabras que
hacen posible la vida en común. Lo importante es que el proceso de auto
institución social es permanente y en medio de esa dinámica se dirime la
tensión entre el mundo objetivo y el poder instituyente que busca modificarlo.
En esos andariveles se mueve el problema de la autonomía catalana, aunque la
respuesta de Castoriadis aparece partida en la perspectiva de las fuerzas
sociales en pugna (que, por una razón metodológica, en este texto se dividen en
dos).
La cuestión del independentismo, más allá de las diferentes
perspectivas entorno al núcleo del debate y a la multiplicidad de aristas que
encierra, exhibe la tensión entre el mundo instituido y la imaginación radical
que busca alterarlo. Pero una de las peculiaridades que invitan a la reflexión
tiene que ver con que los caminos que escogieron los contendientes permanecen
congelados en la lógica de los conjuntos. El poder instituido, que tiene
lógicamente muchos más recursos, eligió resolver el conflicto mediante el uso
del sistema represivo del Estado combinado con el aparato judicial, respaldado
en la Constitución de 1978. Ratificó, así, un nuevo perfil regresivo de los
sistemas de justicia en materia de derechos individuales y políticos. Es
preciso señalar el peligro que conlleva el impulso a un sistema de justicia de
este carácter, específicamente en momentos donde las crisis de los regímenes
políticos y económicos generan reacciones de todo tipo. La potencial
criminalización de todo acto de resistencia -manifestaciones y expresiones
pacíficas incluidas- es un resultado posible cuando el sistema judicial se
utiliza como un arma disciplinadora en lugar de un espacio de resolución de
conflictos.
Las fuerzas independentistas, por su parte, se basan en la
potencia derivada de la declaración -luego suspendida- del presidente
Puidgemont. Las relaciones de fuerza son asimétricas. Por ello, vale la pena
recordar a Guillermo O’Donnell (2) cuando enseñaba que en América Latina las
respuestas del poder instituido a los reclamos de justicia sustantiva de los años
60 y 70 eran proporcionales a “la amenaza percibida”. Así nacieron los Estados
Burocrático Autoritarios, que dejaron marcas indelebles en la cultura política
de la Argentina y Brasil, por ejemplo.
El proceso en curso, por caminos y con matices diferentes,
tiene algunos puntos de contacto con la tesis del argentino. En efecto,
solamente como una impresión derivada de los textos que circulan -es decir, sin
información empírica rigurosa-, es evidente que el indicador de “nivel de
percepción de la amenaza” es útil para comprender las reacciones de las fuerzas
en pugna. Obviamente que hay una diferencia sustancial y que tiene que ver con
que el estado español se mueve dentro de los poderes públicos constitucionales,
aunque cuenta con la peculiar alianza judicial que puede transformar cualquier
acción en un delito. Por ello, la reacción del gobierno prescinde de la palabra
como camino por el que debería fluir la lucha por la significación y las
representaciones sociales. Se limita a ratificar los contornos del estatus quo
mediante las fuerzas de seguridad y la esperanza de que la capacidad
performativa del derecho ratifique, a través de condenas, la actual
organización social desafiada por un sector de la sociedad. Apuesta al
disciplinamiento a través del derecho penal.
Los independentistas, por su parte, apelan a mantener la
presencia física y simbólica en las calles bajo el sintagma de “tsunami
democrático”, con el objetivo de transformar ese poder social en político para
hacer efectiva la independencia que declaró el presidente en el exilio. Pero el
poder instituido juega todas sus fichas a dominar las calles con las fuerzas de
seguridad y someter a juicio criminal a todo aquel que desafíe el orden legal
vigente. Desde ambos lados se apuesta a reforzar cada una de las lógicas
conjuntistas, haciendo a un lado las chances derivadas de la imaginación
radical y renunciando a nuevas significaciones imaginarias sociales enderezadas
a la construcción del ser histórico social. De ahí que las miradas queden
congeladas.
La experiencia latinoamericana es vasta y trágica en materia
de conflictos sociales que no son procesados de acuerdo con la palabra y la
mediación institucional. Sobre todo, cuando el estado cerró los canales de
diálogo y pacientemente esperó el momento propicio para castigar la
movilización. Así, se impuso con la fuerza de las armas a un precio demasiado
alto en términos humanos y políticos, ya que la represión corroe la legitimidad
del régimen y la tregua que nace de la violencia solo engendra violencia, aun
cuando su fuente sea la aplicación formal de la ley. En oportunidades a lo
largo de la historia, la presencia popular en las calles consiguió objetivos de
innegable importancia. Cuando los logró, debemos insistir en que lo hizo de la
mano de la imaginación y evitó que las demandas societales desbordaran los
canales institucionales. De lo contrario, ricas experiencias dieron lugar a
pretorianismos de masas, como los llamó Samuel Huntington (3), que era lo que
buscaba el Leviatán para mostrar su cara más ruda. En la historia
latinoamericana, la renuncia a la imaginación solo acentuó las fracturas
sociales.
Notas:
(1) Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la
sociedad, Tusquets, 2013.
(2) O’Donnell, Guillermo, El Estado Burocrático Autoritario,
Prometeo, 2010.
(3) Huntington, Samuel, El orden político en las sociedades
en cambio, Paidós, 2014.
Federico Delgado
es
abogado y politólogo. Es fiscal federal de la República Argentina, docente
universitario y autor de "Injusticia. Un fiscal federal cuenta la
catástrofe del poder judicial" (Ariel, 2018) y "La cara injusta de la
justicia" (Paidós, 2016).
Juan Delgado
es
politólogo de la Universidad de Buenos Aires y miembro del Comité de Redacción
de la revista socialista argentina "Sociedad Futura".
Fuente:
www.sinpermiso.info, 13-10-19
Nota .del Blog ....
Marcel Caram es un artista brasileño que crea sorprendentes
pinturas surrealistas mediante técnicas digitales.
