Marlaska .-Otra metedura de pezuña.

¿Por qué seguía Pérez de los Cobos ahí?

ANA PARDO DE VERA

El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos es una de las figuras de referencia de la (ultra)derecha patria, pero antes fue el agran aliado técnico de Alfredo Pérez Rubalcaba durante la lucha contra ETA desde el Ministerio del Interior, que el cántabro ocupó entre 2006 y 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que tuvo como prioridad absoluta acabar con la banda terrorista. Rubalcaba fue la bestia negra de la derecha del PP de Rajoy, mientras que contaba con la estrecha cooperación y amistad de Pérez de los Cobos; también contó con su controvertida experiencia como agente de la Guardia Civil en Euskadi durante los 90.

Entonces, en 2006, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó reabrir el caso Faisán, un chivatazo a etarras para evitar detenciones y no complicar las conversaciones de paz del Ejecutivo Zapatero con ETA por el que fueron condenados a dos años y medio de cárcel el jefe de Policía Pamies y el inspector Ballesteros, con gran enfado de Rubalcaba y los sindicatos policiales. El caso Faisán fue una de las grandes municiones del PP de Mariano Rajoy contra Rubalcaba, jefe político del coronel Pérez de los Cobos; Marlaska fue entonces un héroe para la derecha por reabrir justo entonces un caso en stand by de Baltasar Garzón, en misión internacional. El hoy ministro del Interior fue propuesto por el PP como vocal del Consejo General del Poder Judicial en 2013.

Es necesario poner en contexto el trabajo de cada cual en cada momento y hacer memoria sobre las responsabilidades de cada quién en uno u otro acontecimiento no solo en función del cargo que se ocupa, sino también de los valores que defiende. La memoria no solo es histórica y, en este caso, pone sobre la mesa el vulgar cinismo del partidismo más rastrero, pero también la debilidad de los partidos frente a un Estado conservador muy bien armado en base a altos funcionarios que deambulan por la Administración ocupándose de que nada cambie para que todo siga igual. Diego Pérez de los Cobos es uno de ellos y Fernando Grande-Marlaska, salvando las distancias ideológicas, otro. El problema para este último es que ha ido a meterse en el primer Gobierno de coalición tras el franquismo... ¡con Unidas Podemos de socio! Tachón para Marlaska desde la (ultra)derecha.

En lugar de ser coherente con el Gobierno progresista del que forma parte, Marlaska ha ido dando una de cal y otra de arena, dando tumbos a un lado y a otro con decisiones justas como la de reagrupar a los presos de ETA o mantener el campamento de inmigrantes en Arguineguín (Gran Canaria) en condiciones infrahumanas, como denunció el defensor del Pueblo. Teniendo en cuenta el historial de ceguera (un decir) del ministro del Interior frente a las torturas a presos bajo su custodia, denunciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT),  varios de sus compañeros en la propia Audiencia Nacional y la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, la decisión de Sánchez al ponerle al frente de Interior se ha demostrado hace tiempo un error de bulto.

Con tanto despropósito, parece inevitable que Marlaska acabara tocando fondo, encima, con el estrépito que acaba acompañando más tarde o más temprano a la incoherencia en los actos políticos. Cuando el magistrado de la Audiencia Nacional accedió a un departamento tan tocado por la etapa de las cloacas del PP, lo que más se esperaba de él era una contundencia histórica en la limpieza de la corrupción asimismo histórica en el seno de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Desde Público denunciamos la tibieza del ministro con esa basura institucional y su irresponsabilidad en 2019 al proclamar que ya no había cloacas en el Estado.

Entre todo este hacer que hago de Marlaska, ahora vienen las preguntas: ¿Qué pintaba aún en la Comandancia de Madrid durante el Gobierno de Sánchez el coronel encargado de fiscalizar los fondos reservados en el tiempo que transcurrió la trama Kitchen del PP? Este caso, recordarán, se juzga por un presunto uso de fondos reservados y cargos policiales durante el Gobierno Rajoy para espiar y manipular a Luis Bárcenas, extesorero del PP, tratando de impedir que pruebe que su partido se finació ilegalmente. ¿Qué hacía Pérez de los Cobos al frente de un puesto clave de la Guardia Civil después de haberse demostrado mediante sentencia absolutoria en la Audiencia Nacional al Mayor Trapero y sus colaboradores que durante el juicio contra el procés el alto mando policial en Catalunya tras aplicarse el art.155 C.E. mintió impunemente (la mentira de un testigo es delito) al culpar a los Mossos de desobediencia y sedición durante el referéndum del 1-O?

¿Por qué seguía Pérez de los Cobos ahí?

Ana Pardo de Vera.                                                                                  

El pulso entre Marlaska, respaldado por el presidente del Gobierno, y Pérez de los Cobos, alto funcionario prototipo del gatopardismo ultraconservador del 78 (si no de más atrás...) carece de credibilidad más allá de un ataque de poder de ambos desde el momento en que el ministro del Interior mantuvo al coronel de la Guardia Civil en el puesto que le había asignado el Gobierno de Rajoy en 2018, nada más y nada menos que la Comandancia de Madrid. Los ataques de la (ultra)derecha carecen también de legitimidad desde el momento en que este Pérez de los Cobos es el mismo que fue asesor, confidente y amigo de Rubalcaba en la estrategia antiterrorista que puso fin a la banda en 2010, el Rubalcaba al que el PP atacó sin tregua junto a Zapatero ("Usted traiciona a los muertos") para luego llorarlo frente al féretro en 2019 con golpes en el pecho por la pérdida del "gran político".

La cuestión en el despido de Pérez de los Cobos que ha tumbado un juez (de momento) es que nunca tendría que haberse producido porque el coronel  no debería haber estado allí si el ministro al que correspondía Interior fuera el correcto e hiciera su trabajo: garantizar nuestra seguridad, sobre todo, frente a quienes dicen ejecutarla.

 https://blogs.publico.es/dominiopublico/37254/por-que-seguia-perez-de-los-cobos-ahi/

De la Comuna al Cantón .

De la Comuna de París al cantonalismo popular español

por Jeanne Moisand, abril de 2021

150 años después, la Comuna de París consigue resucitar en Francia la clásica oposición entre izquierda y derecha, supuestamente superada por el presidente Macron. En el consejo municipal de París, liderado por la alcaldesa socialista Anne Hidalgo, los preparativos de celebración de la Comuna despertaron la hostilidad de la derecha parisina (LR) (Le Monde, 19/02/2021). El famoso historiador Pierre Nora adoptó posiciones similares en una entrevista para la radio nacional France Inter el 4 de marzo: mientras juzgaba necesaria la celebración oficial del bicentenario de la muerte de Napoleón (en mayo del 2021), la del 150 aniversario de la insurrección comunalista le pareció más que prescindible. A pesar de la hostilidad de determinados sectores a su conmemoración, la revolución de 1871 apasiona más que nunca tanto a los historiadores como al público lector. En su libro Commune(s). Une traversée des mondes (Seuil, 2020), Quentin Deluermoz abre nuevos caminos para la interpretación del movimiento. Otra publicación, dirigida por Michel Cordillot, aprovecha por su parte la labor acumulada desde décadas por el Diccionario biográfico para la historia del movimiento social (Maitron), para hacer el balance de la producción historiográfica sobre la Comuna y para proponer explorarla a través de biografías y mapas (La Commune de Paris 1871. Les acteurs, l’événement, les lieux, éditions de l’Atelier, 2021). La primera tirada de esta obra colectiva, publicada en enero, ya está agotada.

La intensidad de los debates franceses y de la producción intelectual en torno a la Comuna contrasta con el relativo vacío de memoria sobre la España revolucionaria de los mismos años. En 2018, el 150 aniversario de la revolución septembrina de 1868 pasó casi desapercibido. Se publicó, es cierto, un número especial de una revista sobre la Gloriosa (“Revisitar la Gloriosa”, Ayer, n°112), se celebraron varias jornadas universitarias y se organizó una exposición en el Museo del Romanticismo de Madrid. Pero la comisaria Carmen Linés Viñuales tuvo cuidado de desanimar a cualquier curioso explicando de entrada que “no fue en realidad una revolución como tal” con el argumento de que “no hubo cambios en la estructura social o económica del país, pero sí en el sistema político” (El País, 29/08/2018). Subrayado por el título de la exposición (“La Revolución que no fue”), este juicio tajante recoge el tono de buena parte de la historiografía española desde la Transición, no sólo sobre la Gloriosa sino sobre todas las revoluciones españolas del siglo XIX. Bebiendo de una concepción maximalista de lo que tiene que ser una revolución, cuyo modelo idealizado oscila entre el francés de 1789-1793 y el ruso de 1917, estos juicios deniegan a la vez la percepción de los eventos por los coetáneos, que por algo calificaron la Gloriosa como una “revolución”, como la intensa movilización popular que acompañó el movimiento y que no desarmó en los seis años siguientes. Tan importante y tan rupturista fue de hecho la Gloriosa que, de no haberse producido, tampoco hubieran ocurrido ni la guerra franco-prusiana de 1870, ni la Comuna de 1871.

La revolución cantonal de 1873
Anclada en esta secuencia revolucionaria transnacional, se produjo otra revolución en España algunos años después, muy parecida a la comunalista: la revolución cantonal de 1873, de la que también se suele decir que no fue una revolución auténtica (cómo no). Mientras se había proclamado la República Española en febrero, se constituyeron en julio decenas de juntas revolucionarias en ciudades de Levante, Andalucía y Castilla. Proclamaron sus respectivas Repúblicas Provinciales Autónomas (Cantones), destinadas a federarse las unas con las otras para constituir “desde abajo” la República Federal Española. Las comunas francesas y los cantones españoles apuntaban hacia alternativas comparables. La promesa de emancipación, asociada en ambos casos con la idea de federación de trabajadores y pueblos, movilizó a su servicio a millares de mujeres y hombres de clase popular. Los dos movimientos estaban conectados por amplias circulaciones de ideas, tanto republicanas radicales como internacionalistas, entre Francia y España desde los años 1860.

A pesar de estos rasgos compartidos, la memoria del cantonalismo no ha despertado nunca un interés comparable con el que produjo la Comuna. En París, “capital del mundo” en el siglo XIX (W. Benjamin), los ojos de todas las bolsas y de los periódicos del mundo entero observaron con atención la insurrección y le dieron en seguida un eco global. En la Cartagena que encabezó el movimiento cantonal, puerto secundario de una periferia europea, algunos corresponsales de periódicos internacionales como The Times también informaron al resto del mundo pero sin que el eco fuera comparable. Imbuidos por un sentimiento de superioridad civilizacional y social, describieron el cantón como un movimiento de “ragamuffins” (“granujas”) (The Times, 26/08/1873). Los enemigos españoles del cantón, que agrupaban amplios sectores de las élites sociales y de las clases medias (desde los monárquicos hasta los republicanos moderados), recuperaron con gusto este relato. Represaliados, exiliados y deportados en masa, los cantonalistas no tuvieron la fuerza para rebatirlo. En cuanto al movimiento obrero, dividido después de la escisión de la Internacional entre marxistas y bakuninistas en 1872, no defendió tampoco la memoria del cantón, a pesar de la participación masiva de sus militantes en las insurrecciones.

En el siglo XX, e incluso después de terminada la dictadura franquista, los historiadores no hicieron más que confirmar los antiguos juicios sobre la revolución cantonal, describiéndola como un movimiento localista, romántico y desfasado, liderado por notables burgueses poco atentos a los problemas reales de su tiempo. El fracaso del movimiento y los golpes de Estado de 1874 y 1875 siguieron sirviendo para probar la inadaptación de la República o de la Federación al ser de España. En tal contexto, no puede extrañar que la historia del cantonalismo parezca no tener nada que ver con la de la Comuna.

El comunalismo francés como referente

Sin embargo, los coetáneos no tardaron en comparar el movimiento cantonal con las comunas francesas. “Uno todavía se pregunta si la Junta Revolucionaria de Cartagena quiere y puede imitar fielmente a la Comuna hasta el final”, resumía el periódico francés Le Temps el 6 de septiembre de 1873. La visión del Cantón de Cartagena como una réplica de la Comuna motivó la reacción de las potencias europeas. En nombre de la lucha legítima contra comunistas y rojos, unos oficiales de marina británicos y alemanes tomaron la iniciativa de arrestar, en agosto de 1873, dos de los mayores buques de guerra amotinados en manos de los cantonalistas. La intervención extranjera cambió drásticamente el equilibrio de fuerzas entre republicanos de orden y cantonalistas, impidiendo el rescate de los cantones de València y de Cádiz por el de Cartagena y provocando en gran parte la derrota cantonal. En una España inestable desde 1868, con un ejército indisciplinado, una guerra civil contra los carlistas y una guerra atlántica contra los independentistas cubanos, los grandes imperios de Europa se asustaron de que una insurrección hermana de la Comuna pudiera ganar esta vez. ¿Era este miedo pura fantasía conservadora, o eran efectivamente comparables las dos insurrecciones?

Tanto en París como en Cartagena, las clases trabajadoras se habían insurreccionado para erigir un poder popular. Al contrario de lo que afirma a menudo la historiografía, los datos del exilio cantonalista en Argelia prueban la composición masivamente plebeya del movimiento: numerosos obreros, reclutados principalmente en el arsenal de Cartagena, se quedaron hasta la derrota, al lado de marineros militares, de soldados del Ejército (en un contexto de conscripción desigualitaria) y de presidiarios (un grupo compuesto de desertores, condenados políticos y penados de clase baja). Miles de mujeres de clase popular también se quedaron en el lugar, incluso durante el bombardeo, trabajando en diferentes tareas y a veces tomando las armas. Raras veces se apuntó la velocidad con la que los notables de Cartagena fueron marginados por la dinámica revolucionaria, entre julio de 1873 y enero del 74. En noviembre, en las elecciones a la junta revolucionaria, los líderes plebeyos triunfaron en las urnas.

A través del exilio, de la migración y del contrabando, este movimiento estaba vinculado con las circulaciones del republicanismo radical francés (en particular desde la Argelia colonial) y con las comunas. El communard más importante de los que pasaron por Cartagena fue sin duda el andaluz Antonio de la Calle, exiliado en París después de su participación en la insurrección federal española de 1869, admitido en la milicia parisina durante el asedio prusiano de 1870, y ascendido a capitán durante la Comuna. Refugiado en Madrid después de la derrota del París insurrecto, desempeñó importantes responsabilidades en el Cantón de Cartagena. Fue primero director del periódico revolucionario El Cantón Murciano antes de ser miembro de la junta revolucionaria. Adoptó toda una serie de decretos sobre la instrucción pública, los bienes eclesiásticos, la “emancipación de las mujeres” y la confiscación de la propiedad ilegítima (aunque debió moderar este último después de publicarlo). Como director de la comisión de servicios públicos, De la Calle también tuvo un papel clave en la organización del trabajo femenino, terreno en el que el conocimiento de la potente Union des femmes bajo la Comuna fue seguramente valioso.

Reivindicar su memoria

De la obra social del Cantón, se suele decir que fue inexistente, como se dice también a menudo de la escasa legislación laboral de la Comuna. En La Guerra civil en Francia, Marx recordaba que “la gran medida social de la Comuna” había sido “su propia existencia”. Lo mismo se podría decir del Cantón. La mayor tarea de la revolución cantonal fue la autoorganización de obreros, marineros, soldados, expresidiarios y mujeres para su defensa, en un ejercicio de democracia directa que tuvo ciertamente sus límites, pero del que se encuentran pocos ejemplos en la historia. Bajo el liderazgo de trabajadores y suboficiales ascendidos a puestos de mando en los buques y en el arsenal, estos colectivos trabajaron en la reparación de las fragatas de guerra y su puesta en marcha, en el abastecimiento de la plaza asediada por medio de razzias marítimas y terrestres, en la producción de pan, en la cocina y en la elaboración de sacos de pólvora (siendo estas dos últimas tareas desempeñadas por mujeres) y finalmente, en la defensa de las murallas. Esta organización fue lo suficientemente eficaz para que la lucha durara seis meses a pesar de la intervención hostil de dos marinas extranjeras y del asedio.

Si el 150 aniversario de la Comuna merece toda la atención de los públicos actuales, lo deseable sería que las revoluciones cantonales despertaran el mismo tipo de interés en 2023, lo cual parece poco probable por ahora. Mucho se ha defendido la recuperación de la memoria histórica en la España de las últimas décadas, pero el pasado convocado no remonta casi nunca más allá de 1936. Indagar en las revoluciones del siglo XIX permitiría sin embargo redescubrir las alternativas por las que lucharon tantos españoles y españolas, y a través de ellas, el porvenir de un pasado que se tiende a encerrar en un relato demasiado predeterminado y condescendiente. El hecho de que estas alternativas hayan fracasado no debería ser un motivo suficiente para desanimar a los curiosos o para infravalorarlas. A pesar del fracaso rotundo de la Comuna, el movimiento social mundial se vio reflejado en su historia y la utilizó para pensar su propio futuro. Los cantones españoles forman parte de la misma lucha por la federación de trabajadores y pueblos, y no merecen el desprecio con el que se suele contar su historia.

© LMD EN ESPAÑOL

https://mondiplo.com/de-la-comuna-de-paris-al-cantonalismo-popular

El escándalo de las residencias de ancianos

 

Residencias de ancianos: Iglesia y fondos buitres en un negocio de rapiña

El 85% de las residencias están gestionadas o pertenecen a grupos buitres diversos siendo la Iglesia católica y sus alrededores la principal empresa del sector.

 Antonio Gómez Movellan

El periodista de investigación Manuel Rico, en la actualidad trabajando en el diario Infolibre, acaba de publicar un libro titulado Vergüenza: el escándalo de las residencias en la editorial Planeta  y que da un aldabonazo contundente al drama que se ha vivido en las residencias de ancianos durante la pandemia. El libro, aparte de describir la situación del sector, evidencia que ha existido una dejación absoluta de los poderes público: «5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84 por ciento del total de residentes fallecidos en ese periodo en la Comunidad de Madrid», se indigna Manuel Rico.

Si estas residencias no fueran un negocio de rapiña totalmente descontrolado muchas muertes se hubieran evitado. «La pandemia reventó las costuras de un sistema residencial que estaba en pañales en España desde hacía muchos años. La factura la pagaron con su vida miles de ancianos», concluye Rico.

El 85% de las residencias están gestionadas o pertenecen a grupos buitres diversos siendo la Iglesia católica y sus alrededores la principal empresa del sector y todo él recibe grandes cantidades de fondos públicos que acaban en operaciones financieras diversas, pero no utilizados enteramente para la mejora la calidad de vida de los residentes.

El autor se escandaliza al comprobar que la Iglesia católica y sus congregaciones, en alianza con los mayores empresarios de la construcción de este país, han utilizado todo este sector para sacar grandes beneficios y todo ello en medio de una gran opacidad que se ampara, en muchas ocasiones, bajo el marchamo de la religión. Manuel Rico al referirse al padre Ángel, el famoso presidente de Mensajeros por la Paz, una de las empresa-ONG de más tamaño del sector, confiesa su decepción con el personaje, que utiliza la caridad como reclamo de un oscuro y opaco negocio.

Así, el periodista Manuel Rico estudia la evolución del sector y todo apunta a una concentración del mismo en manos de las organizaciones religiosas y grupos empresariales vinculados a los fondos buitres y todo ello en un relato donde desmenuza los pelotazos financieros e inmobiliarios  que considera algo estructural en la evolución de este sector: «Cuando empezó la década de los diez, había dos grandes grupos de poder con una posición dominante en las residencias de mayores: las cajas de ahorros y la Iglesia católica. Las cajas fueron barridas del mapa en apenas siete años. El análisis de lo ocurrido es probable que deje al lector con una sensación amarga. Grandes compañías levantadas gracias al apoyo y a las inversiones millonarias de las cajas fueron vendidas a precio de derribo. Si no todas, casi todas. Y varios de los fondos que las compraron —Palamon Capital, G Square, Magnum Capital, Portobello— obtuvieron beneficios multimillonarios revendiéndolas poco después», explica.

Un negocio y unos beneficios que no se pude explicar sin la ingente cantidad de dinero publico que se invierte en el mismo: «El modelo residencial español está completamente privatizado y vive un intenso proceso de concentración empresarial, que deja cada vez en menos manos el negocio geriátrico. La huida del Estado, como hemos visto, se traduce en una creciente transferencia de fondos públicos hacia los grandes grupos del sector».

El libro también es regeneracionista  ya que plantea un decálogo de soluciones empezando por acabar con la opacidad y llamando a que las administraciones publicas asuman la gestión directa de muchas de estas residencias e impongan una férrea inspección sobre las mismas y todo ello duplicando, como  mínimo, el personal de las mismas y sus  retribuciones, al tiempo que se diseñe un gran plan de cuidados sociales, aunque es bastante escéptico de que esto se lleve adelante vistos los intereses alrededor de este negocio.

Este libro, es, al tiempo, un análisis muy eficiente de la evolución de este sector de las residencias de ancianos en los últimos años y una denuncia por el carácter rapiña de los operadores en este sector gracias a la complicidad de las administraciones públicas. Esta denuncia es también un homenaje a los trabajadores y trabajadoras de las residencias que, en condiciones de gran precariedad y bajos salarios, se ocupan de nuestros padres o abuelos.

Antonio Gomez Movellan Presidente de Europa Laica

 https://blogs.publico.es/dominiopublico/37047/residencias-de-ancianos-iglesia-y-fondos-buitres-en-un-negocio-de-rapina/

 

 

Cataluña crónica de un fracaso anunciado .

 ERC o la incomprensible decisión de votar Borràs como presidenta del Parlamento

Marcel Vidal .

La vía amplia que ERC defendió durante la campaña electoral de las elecciones catalanas se estrechar definitivamente después de que los republicanos votaran Laura Borràs como presidenta del Parlamento. Se le hará difícil la formación de Junqueras seguir abanderando que combate la corrupción y que está "al lado de la gente" cuando la elección de la presidenta de la cámara catalana representa todo lo contrario: la presunta gestión irregular al frente la Institución de las Letras Catalanas y el desprecio a la mitad de la ciudadanía de Cataluña. Y lo peor: la convicción de que puede utilizar el Parlamento como escudo por sus asuntos judiciales.

En su primer discurso como presidenta, Borràs no citó a su antecesor en el cargo y conjurarse para "recuperar la dignidad de la cámara". Pocos minutos más tarde, Marta Vilalta (ERC), aseguraba, como si la elección de Borràs no fuera cosa suya, que la reciente elegida presidenta había quedado "en evidencia" y que la "dignidad no" había "ido nunca".

Las declaraciones de Vilalta muestran, en cierto modo, la actitud de los últimos años de los republicanos: votar a los candidatos de JxCat (y avalar sus políticas y actitudes) y, al mismo tiempo, criticarlos haciendo ver que no tienen nada ver. El rumbo de Cataluña de los últimos años habría sido muy diferente si ERC, sin abandonar sus objetivos políticos, se hubiera plantado en determinadas ocasiones. La investidura de Quim Torra es quizás uno de los ejemplos más claros. Se hace difícil de explicar, por muy independentista que uno pueda ser, que una formación de izquierdas vote un diputado como el ex como primera autoridad de Cataluña.

El ascenso al poder de una figura como Quim Torra muestra que los movimientos populistas y autoritarios no llegan sólo a las instituciones de gobierno. Necesitan el apoyo de otros actores políticos, sociales y mediáticos para acceder. Algo similar sucede en la Comunidad de Madrid: sin el apoyo de Vox y Ciudadanos (parece que se han dado cuenta con quienes han gobernado hasta ahora), Isabel Díaz Ayuso no habría llegado nunca a la presidencia de la región.  

En el caso del Parlamento, pero, ERC prefirió evitar que los socialistas lograran la presidencia por encima de cualquier otra consideración. Tanto era que la diputada propuesta por JxCat estuviera salpicada por un presunto caso de corrupción. La cuestión importante para los republicanos era votar la candidata que quisieran los post convergentes para que estos, a cambio, terminen facilitando su acceso a la presidencia de la Generalitat. Todo lo demás eran elementos sin importancia. Pero sí, había y aún hay una cuestión no menor: JxCat aún no ha dicho que votará favorablemente a la investidura de Pere Aragonés como presidente. En otras palabras, si ERC y JxCat no llegan a un pacto de gobierno y hubiera que repetir las elecciones,

En cualquier caso, aunque los partidos de Puigdemont y de Junqueras terminen acordando un ejecutivo, este será la continuidad de los dos últimos: una lucha constante y permanente por la hegemonía del espacio independentista.

Sin embargo, lo peor de todo es que no será un gobierno progresista que priorice la agenda social y la recuperación económica. El objetivo utópico de ERC de sumar los comunes en una fórmula de gobierno donde también fueran JxCat y la CUP era, simplemente, un buen titular para hacer ver que el Ejecutivo sería de izquierdas y para tapar que este será continuista y mal venidos entre sus miembros, y que responderá a los intereses de la clase política que ha gobernado durante casi toda la etapa democrática en Cataluña.

 Fuente .

https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/94821/erc-o-la-incomprensible-decisio-de-votar-borras-com-a-presidenta-del-parlament.html#.YFygVDvZfUc.whatsapp

 Y ver  un fracaso anunciado

 https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/democracia-medida_129_7351019.html

 Nota del blog   . Que en la mesa del Parlament  el  51%  acapare el 70%   no indica nada muy democrático sino bien  lo contrario .

Teniendo en cuenta el número de votos, del total emitidos, resulta lo siguiente: Pacto de izquierdas (PSC, ERC, ECP): 74 escaños, 51,19% de votos y 417.769 votos perdidos. Pacto independentista (ERC, JxCat, CUP): 74 escaños, 48,05% de votos y 718.644 votos pérdidos.

Es obvio que, a igualdad de escaños, el pacto de izquierdas tiene más legitimidad democrática: supera en más del 3% en votos al pacto independentista, e incorpora a la formación ganadora de las elecciones, el PSC. Des del punto de vista tendencial, pierde 300.000 votos menos que la segunda opción y ofrece más oportunidades para resultar exitosa y estable por estar en sintonía con el pacto que existe en el gobierno de España. La otra, en cambio, insiste en repetir lo que ya fue un fracaso y es difícil obtener estabilidad entre socios antisistema alejados ideológicamente, cuyo nexo es la independencia, pero con visiones encontradas de cómo llevarla a término y con un modelo de futuro sin concretar.

A los 10 años de la destrucción de Libia

Por qué la OTAN destruyó Libia ‎hace 10 años‎

Manlio Dinuchi

Aunque el Pentágono ya había emprendido su estrategia de destrucción de todos ‎los Estados en los países del Medio Oriente ampliado, la destrucción de Libia fue ‎resultado de una maniobra urgente de orden financiero. ‎

Hace 10 años, el 19 de marzo de 2011, fuerzas militares de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN iniciaban ‎su campaña de bombardeos contra Libia. ‎

Aquella agresión contra un país soberano fue dirigida por Estados Unidos, inicialmente a través ‎del AfriCom (el mando de las fuerzas militares estadounidenses en África) y después a través de ‎la OTAN, que actuaba bajo las órdenes del Pentágono. ‎

En 7 meses, los aviones de Estados Unidos y de los países de la OTAN implicados en aquella ‎agresión realizaron 30.000 misiones contra Libia, entre ellas 10.000 misiones de ataque, ‎utilizando contra el pueblo libio más de 40.000 bombas y misiles. ‎

Italia, “gracias” al consenso multipartidista en el Parlamento –con el Partido Democrático en ‎primera línea– participó en la guerra contra Libia poniendo a la disposición de la campaña de ‎bombardeos 7 bases aéreas (Trapani, Gioia del Colle, Sigonella, Decimomannu, Aviano, ‎Amendola y Pantelleria) y enviando además sus cazabombarderos Tornado, Eurofighter y otros ‎más, así como el portaviones Garibaldi y otros buques de la marina de guerra italiana. Pero desde mucho antes del inicio de la agresión aeronaval, una serie de grupos tribales así como grupos islamistas ‎hostiles al gobierno libio ya estaban recibiendo financiamiento y armas desde el exterior y ‎unidades de fuerzas especiales de diferentes países, principalmente de Qatar, habían sido ‎infiltradas en Libia para provocar enfrentamientos armados dentro de la Yamahiriya. ‎

Así fue destruido ese Estado africano que, como consta en la documentación del Banco Mundial ‎correspondiente al año 2010, mantenía «altos niveles de crecimiento económico», con un ‎aumento anual de su PIB de 7,5% y registraba «altos indicadores de desarrollo humano», como el ‎acceso universal a la escuela primaria y la instrucción secundaria y con más de un 40% de personas ‎incorporadas a estudios universitarios. ‎

A pesar de ciertos desequilibrios, el nivel de vida promedio de los libios era considerablemente ‎más alto que el de los demás países de África. Incluso 2 millones de inmigrantes, en su mayoría ‎africanos, encontraban trabajo en la Yamahiriya Árabe Libia. El Estado libio, que poseía las ‎mayores reservas de petróleo de toda África, además de grandes reservas de gas natural, dejaba ‎márgenes de ganancia limitados a las compañías extranjeras. ‎

Gracias a la exportación de recursos energéticos libios, la balanza comercial de la Yamahiriya ‎registraba un excedente anual de 27.000 millones de dólares. Con tamaños recursos, el Estado ‎libio había invertido en el exterior unos 150.000 millones de dólares. Las inversiones libias ‎en África eran fundamentales para el proyecto de la Unión Africana tendiente a la creación de ‎‎3 organismos financieros:

• el Fondo Monetario Africano, con sede en Yaundé (Camerún);
• el Banco Central Africano, con sede en Abuya (Nigeria);
• el Banco Africano de Inversiones, con sede en Trípoli (la capital libia).

Esos nuevos organismos financieros africanos debían crear a su vez un mercado común y una moneda ‎única para las naciones de África. ‎

No es casual que la guerra de la OTAN contra Libia comenzara menos de 2 meses después de ‎la cumbre de la Unión Africana que había dado –el 31 de enero de 2011– luz verde a la creación, ‎durante aquel mismo año, del Fondo Monetario Africano. Así lo demuestran los correos ‎electrónicos de la secretaria de Estado de la administración Obama, Hillary Clinton, ‎posteriormente divulgados por WikiLeaks. ‎

El hecho es que Estados Unidos y Francia querían eliminar a Muammar el-Kadhafi antes de que ‎el líder libio utilizara las reservas de oro de su país para crear una moneda panafricana como ‎alternativa al dólar estadounidense y al franco CFA (la moneda que Francia impone desde 1945 a 14 de sus antiguas colonias africanas). ‎

Eso está demostrado por el hecho que, antes del inicio de los bombardeos en 2011, fueron ‎los bancos los que entraron en acción contra Libia apoderándose de los 150.000 millones de ‎dólares que el Estado libio tenía depositados en el extranjero y que en su mayor parte ‎‎“desaparecieron”. En ese descarado saqueo de los fondos libios se destaca nada más y ‎nada menos que Goldman Sachs, el todopoderoso banco de negocios estadounidense, que tuvo ‎como vicepresidente a Mario Draghi [el hoy jefe de gobierno de Italia]. ‎

Hoy en día, los ingresos de las exportaciones de hidrocarburos libios van a manos de los grupos ‎que se disputan el poder y de unas cuantas transnacionales extranjeras mientras que la población ‎libia trata de sobrevivir en medio de una situación caótica caracterizada por constantes ‎enfrentamientos armados entre diferentes facciones. ‎

Después de la caída de la Yamahiriya, los inmigrantes africanos, acusados de ser «mercenarios de ‎Kadhafi» fueron perseguidos, capturados y encerrados hasta en jaulas para animales, torturados ‎y asesinados. Hoy Libia se ha convertido en la principal vía de tránsito, ampliamente explotada por ‎traficantes de personas, de un caótico flujo migratorio hacia Europa que ya ha dejado más ‎víctimas que la guerra de 2011. ‎

En la ciudad libia de Tawerga, las milicias islamistas de Misurata –las mismas que asesinaron a Kadhafi ‎en 2011–, respaldadas por la OTAN, procedieron a una limpieza étnica, obligando a ‎‎50.000 libios a huir de sus hogares, a los que nunca han podido regresar. ‎

Y de todo eso es responsable también el parlamento de Italia, que el 18 de marzo de 2011 ‎comprometió el gobierno a «adoptar toda iniciativa destinada a garantizar la protección de las ‎poblaciones de la región». De esa manera justificaron los parlamentarios italianos la ‎participación de Italia en la guerra contra Libia. ‎

Fuente: Il Manifesto

España como democracia plena , de patadas en la puerta.

¿Puede la Policía entrar sin permiso en una casa porque se celebre una fiesta ilegal?

 Daniel Amelang López

 

"El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". Esto no lo digo yo, sino el artículo 18.2 de la Constitución. Probablemente se trate de uno de los preceptos más claros de la Carta Magna. A veces, para entender nuestros derechos fundamentales debemos entrar en debates casi filosóficos acerca de cuál es la definición de libertad y delimitar dónde empieza la de uno y acaba la de otro, pero pocos derechos se definen con la sencillez del derecho a la inviolabilidad del domicilio. El artículo precitado dice todo lo que necesitamos saber: nadie puede entrar en la vivienda ajena sin permiso de su morador o, en su defecto, de un juez. Y la única excepción es la comisión de un delito flagrante.

La razón de ser de este derecho se debe a que en el interior del espacio que consideramos nuestra morada se encuentra la esfera más íntima de nuestra vida privada. Es donde nos mostramos como realmente somos ante nosotros mismos y esa privacidad es esencial para garantizar el libre desarrollo de la personalidad. Si se trata de nuestro espacio personal, debemos tener la certeza de que nadie pueda entrar en él contra nuestra voluntad, salvo que un juez lo haya ponderado y motivado en un auto judicial.

Esta salvaguarda es lo que convierte nuestro Estado en uno de Derecho y no en un Estado policial. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 94/1999, recuerda que "el derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido, según hemos dicho, para garantizar el ámbito de privacidad de esta, dentro del espacio que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública".

El pasado fin de semana se viralizó en redes sociales un vídeo que transcurre en el interior de un piso en Madrid. Parece que se está celebrando una fiesta que, debido a las horas y a la cantidad de personas involucradas, podría considerarse ilegal. Ojo, "ilegal" no significa automáticamente que sea "delictiva". Existen muchos ilícitos que se pueden cometer que nada tienen que ver con el Código Penal. Encontrarse en una fiesta ilegal puede constituir, al igual que aparcar frente a un vado, o fumar marihuana en la vía pública, a lo sumo, una infracción administrativa, sancionable con una multa. Pero no es, en ningún caso, un delito. Los delitos son infracciones más graves, como las lesiones, por poner un ejemplo.

Volviendo al vídeo, en el mismo se puede apreciar que una joven se niega a abrir la puerta a los agentes de Policía que se encuentran al otro lado. Como si se tratara de Gandalf enfrentándose al Balrog, insiste en que no pueden pasar. Si quieren acceder al interior del piso lo van a tener que hacer con una autorización judicial, explica. La respuesta absolutamente desproporcional de los funcionarios consiste en derribar la puerta con un ariete.

Por si fuera poco, los agentes procedieron, a continuación, a detener a varias de las personas que se encontraban allí por un delito de desobediencia (artículo 556 del Código Penal). A lo cual debemos preguntarnos, ¿desobediencia a qué? ¿A la orden de abrir la puerta? Si cada vez que un policía nos ordenara abrir la puerta de nuestro domicilio y nos negásemos nos imputaran una desobediencia por ello, el domicilio no sería nunca inviolable. Bastaría con que se nos ordenara abrir la puerta y nos negáramos para que cometiéramos un delito (la desobediencia) y eso justificara echar abajo nuestra puerta siempre. Es decir, la única manera de garantizar la efectividad del derecho a la inviolabilidad del domicilio es reconociendo nuestro derecho a no abrir la puerta si no queremos.

Pese a lo absolutamente claro que es nuestro ordenamiento jurídico en esta cuestión, el vídeo ha generado un enorme debate en redes sociales. Incomprensible, a mi modo de ver. La celebración de una fiesta (aún con 14 asistentes y más allá de la hora permitida) no es una actuación delictiva, por lo que los policías no se podían acoger a la comisión de un delito para tirar abajo la puerta. Como ya he dicho, a lo sumo era constitutiva de una infracción, por lo que no estaba justificado tirar abajo una puerta y violar la inviolabilidad del hogar.

Y, además, el Tribunal Supremo ha dicho en multitud de ocasiones (por ejemplo, en la Sentencia 590/2020) que la mera sospecha de la comisión de un delito no habilita a los agentes de la autoridad a acceder a una vivienda; debe tenerse una certeza absoluta.

Por tanto, los agentes tendrían que haber permanecido en el exterior de la vivienda y haber procedido a identificar a las personas según fueran saliendo. Y, mientras tanto, ir solicitando una autorización judicial para entrar en el piso al juzgado de guardia. Muy pesado, sí, pero es lo que tiene el respeto a los derechos constitucionales.

Posiblemente, el único delito que se cometió hace dos noches fue el de allanamiento de morada (artículo 204 del Código Penal), unido a un delito de daños a la puerta (artículo 263 del Código Penal). Y lo habrían cometido los funcionarios policiales. Si bien cabe la posibilidad de que, si se interpone una denuncia contra ellos, esta termine siendo archivada, si atendemos a una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Me refiero en concreto a la Sentencia 18/2021 dictada por el Alto Tribunal el pasado mes de enero. La misma relata que en Arona (Tenerife) un Guardia Civil se dio cuenta de que una mujer grababa una intervención policial con una tablet desde el interior de su casa y que éste entró en el domicilio durante unos 15 segundos para retirarle el dispositivo. Acto seguido, le siguió su compañero. La resolución establece que los funcionarios "entraron en la vivienda en contra de la voluntad de sus moradores, sin autorización judicial y en el marco de un conflicto que, como mucho, podría dar lugar a algún tipo de responsabilidad administrativa", concluyendo, por tanto, que "no había habilitación legal alguna para la entrada del primer agente y tampoco la había para la entrada del segundo".

Pero finalmente el Supremo confirma que hay que absolverles porque actuaron bajo un "error vencible" y "la intención de los agentes no iba dirigida a lesionar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que se deduce no sólo del motivo que tuvieron los agentes para entrar sino del hecho que lo hicieron de forma fugaz, entrando y saliendo rápidamente a fin de comprometer el derecho domiciliario de la forma menos lesiva". Un terrible precedente que podría amparar a cualquier agente que entre imprudentemente en un hogar ajeno y asegure que su intención no era violar un domicilio, sino prevenir algún tipo de infracción.

En cualquier caso, y volviendo al debate que se ha generado en redes este fin de semana, asusta ver la cantidad de personas que opinan que los derechos fundamentales son un estorbo innecesario para la actuación policial. En su mundo ideal viviríamos en un Estado policial en el que la Policía decide cuándo respetar un derecho fundamental y cuándo no y su actuación se convierte en Ley. Para no llegar a esta situación resulta más importante que nunca hacer pedagogía acerca de la importancia de los derechos fundamentales y volver a ponerlos en valor.

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 ver  ..fuente

https://blogs.publico.es/red-juridica/2021/03/30/puede-la-policia-entrar-sin-permiso-en-una-casa-porque-se-celebre-una-fiesta-ilegal/

  y ver..los juristas en contra

 https://elpais.com/espana/2021-03-31/juristas-contra-las-patadas-en-la-puerta-de-la-policia-que-justifica-interior-los-pisos-turisticos-son-morada.html

  

El Informe sobre los uigures en China es falso .

 

Informe 'independiente' que afirma que el genocidio uigur le fue presentado por una universidad falsa, ideólogos neoconservadores presionando para 'castigar' a China . 

Por Ajit Singh

    

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A lo largo de marzo de 2021, los titulares de los medios corporativos, desde CNN hasta The Guardian, hablaron sobre la publicación del “primer informe independiente” para determinar con autoridad que el gobierno chino ha violado “todos y cada uno de los actos” de la convención de las Naciones Unidas contra el genocidio y, por lo tanto, “Tiene la responsabilidad del Estado por cometer genocidio contra los uigures”. 

El informe, publicado el 8 de marzo por el Instituto Newlines de Estrategia y Política, en colaboración con el Centro Raoul Wallenberg de Derechos Humanos, sigue una acusación de última hora hecha en enero por la administración saliente de Trump, junto con declaraciones similares de los holandeses y Parlamentos canadienses. Se publicó poco después de la publicación de un informe notablemente similar el 8 de febrero que fue encargado por el Congreso Mundial Uigur respaldado por el gobierno de Estados Unidos, y que alegaba que existe un “caso creíble” contra el gobierno chino por genocidio.

CNN, The Guardian, AFP y CBC elogiaron el informe Newlines del 8 de marzo como un “análisis independiente” y un “informe legal histórico” que involucró a “docenas de expertos internacionales”. Samantha Power, nominada por el gobierno de Biden para dirigir la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), también lo promovió: “ Este informe muestra cómo este [genocidio] es precisamente lo que China está haciendo con los uigures”, afirmó la notoria intervencionista humanitaria.

 Y ver todo el  articulo.

https://thegrayzone.com/2021/03/17/report-uyghur-genocide-sham-university-neocon-punish-china/