Los papeles de Bárcenas .

LOS PAPELES DE BÁRCENAS

Una veintena de constructores, de nuevo en el disparadero de la caja B por la confesión de Bárcenas

• Las donaciones ilegales al PP ascendieron a ocho millones de euros entre 1990 y 2009 en lo que el extesorero define como "un sistema institucionalizado de financiación en B"
• Villar Mir, con 530.000 euros, o Del Rivero, con 480.000, aparecen en la lista de donantes que documentó el extesorero
• La clave estará en determinar cuáles de esas aportaciones fueron finalistas, es decir, a cambio de un contrato público determinado, para probar un posible delito de cohecho

Ana Moreno ..Infolibre .

El futuro judicial de una veintena de empresarios está a expensas de una sola persona: Luis Bárcenas. 

Es él quien tiene en sus manos señalar cuáles de ellos hicieron donaciones finalistas al PP, esto es, a cambio de un determinado contrato público y no sólo como regalo o aportación al partido. El extesorero del partido ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que dice estar dispuesto a declarar sobre este asunto en el Juzgado Central de Investigación número 5 de la Audiencia Nacional, el órgano judicial que trata de desentrañar desde hace años la complicada madeja de la presunta financiación ilegal del partido conservador.

Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".

Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.

Investigando desde 2013

La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El País de las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda. 

En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.

Caja B acreditada desde 2015

"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.

En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.

Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.

Los veinte donantes y sus pagos

El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:

Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.

José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.

Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.

Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.

Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.

Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.

José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.

Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.

Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.

Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros. 

Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.

Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.

José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.

José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.

Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.

Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.

Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.

Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.

Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.

En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.

Una veintena de contratos, bajo la lupa

Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.

Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.

 https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/05/la_confesion_barcenas_pone_disparadero_veintena_empresarios_investigados_por_presuntas_donaciones_caja_b_116273_1012.html

Los bajos fondos de la industria farmacéutica .

Los bajos fondos de la industria farmacéutica .

Itinerario de un medicamento de uso corriente.

Los escándalos marcan el ritmo de la información sobre la industria farmacéutica y focalizan la atención sobre sus excesos. Seguir el recorrido de un medicamento sin historia, desde su creación hasta su prescripción, muestra lo delgada que es la frontera entre las disfunciones y las prácticas rutinarias.

 Quentin Ravelli.  

Fuente . Le Monde Diplomatique .

“Me di cuenta de que estaba “fichada”, que sabían exactamente lo que yo prescribía”, se indigna una médica instalada en un barrio elegante de París. “Yo era ingenua, no lo sabía. [Un día], una visitadora médica me dijo: “¡Usted no prescribe mucho!” Me pregunté: “¿Cómo puede saber ella eso?” La práctica de vigilancia, que sorprende a muchos médicos, está orquestada por los servicios de marketing de los laboratorios. Para aumentar o mantener sus cuotas de mercado, los grandes grupos farmacéuticos hacen alarde de su ingenio. No dudan, por ejemplo, en modificar las indicaciones de sus medicamentos para ganar nuevos clientes.

 La Piostacina, considerada por ciertos médicos como “el Rolls Royce del antibiótico de uso cutáneo”, y fabricada por Sanofi –el cuarto grupo farmacéutico mundial por la cifra de negocios (30.000 millones de euros en 2011)–, ha corrido ese destino. Este antibiótico destinado durante mucho tiempo al uso dermatológico, ha sufrido un “giro respiratorio”: ahora se utiliza masivamente en los casos de infecciones broncopulmonares y otorrinolaringológicas. Este altísimo uso, criticado por numerosos médicos y denunciado por los poderes públicos, ha podido conducir a un sobreconsumo de antibióticos, participando en el problema más vasto de reforzamiento de resistencias bacterianas. Y ello supone un desafío importante a la sanidad pública, responsable de setecientos mil muertos al año en el mundo (véase “La otra pesadilla de Darwin”).

 Para comprender la naturaleza versátil de la mercancía médica, seguimos la vida de este medicamento ordinario, desde los laboratorios de investigación hasta los visitadores médicos, pasando por la fábrica de producción del principio activo (1). En cada etapa, la mercancía cambia de nombre: los biólogos hablan de la bacteria Pristinae Spiralis, los químicos de la pristinamicina fabricada por la bacteria, los visitadores médicos proclaman los méritos de la “Pio” a los médicos, los empleados la llaman afectuosamente “la Pristina”, incluso “el bicho”. A lo largo de esta cadena, el antagonismo entre las necesidades del enfermo y los beneficios de la industria, entre el valor de uso y el valor de cambio (2), no cesa de progresar.

 Multiplica la oposición entre asalariados y dirigentes, particularmente sensible en una empresa en plena reestructuración, donde los asalariados han debido bloquear la supresión de puestos e imponer sus propias concepciones del medicamento.

 Un gran edificio de cristal de treinta y siete mil metros cuadrados, que es la sede de Sanofi, evoca la transparencia y el respeto por los pacientes, cuyas siluetas estilizadas rodeadas por un corazón azul se destacan en lo alto del edificio. En el tercer piso de este edificio situado al sur de París, se encuentran los servicios de marketing, donde están en plena actividad los empleados que trabajan desde los años 1990 para introducir la Piostacina en el mercado de las infecciones respiratorias. Con un éxito evidente, puesto que desde el invierno de 2002 hasta el invierno de 2010 las ventas para infecciones broncopulmonares dieron un salto de un 112%, mientras que en el dominio dermatológico el incremento sólo fue de un 32,6%.

 Este aumento no corresponde a una explosión del número de enfermos o a una epidemia devastadora, sino a una estrategia comercial: el mercado de las infecciones respiratorias representa un volumen de prescripciones mucho más importante que el de las infecciones dermatológicas. “Con los gérmenes que infectan los bronquios, el pulmón, los senos paranasales, la Piostacina funciona muy bien”, recuerda un médico de la empresa. “Por esta razón, la hemos desarrollado con esta indicación”. De la piel al pulmón, el valor de cambio ha metamorfoseado el valor de uso, cuando debería ser la utilidad del producto la que determinara su precio.

 Los artífices de este giro terapéutico son los jefes de producto, a menudo llamados “jefes productos”, empleados especializados en la promoción de un único medicamento o de varios medicamentos con indicaciones parecidas. Aquí, uno es “jefe producto Piostacina ”, “jefe producto Tavanic”, “jefe producto antalgia” y hasta “jefe productos antipsicóticos”. Célia Davos (2), la jefe de producto Piostacina, que se considera “muy orientada al negocio”, describe lo que implica su tarea: “Tu trabajo consiste en seguir el proceso de desarrollo del producto, seguir tu producto, ver a dónde va, según sus competidores, según el mercado, según la patología, y poner todo en práctica para maximizar la cifra de negocios”. Este puesto, situado en el corazón mismo del servicio de marketing, a su vez en el centro de la sede social, funciona como una plataforma giratoria a la que los empleados llegan de los distintos servicios y pueden enseguida ser dirigidos hacia otros horizontes, como directores, responsables del servicio de marketing, de la comunicación, de los asuntos públicos o de las ventas.

 Y sigue   ……

 https://mondiplo.com/los-bajos-fondos-de-la-industria-farmaceutica

 

El ibex 35 y la cloaca mediática contra Podemos

 Los medios que colaboraron con las cloacas señalan a LÚH y defienden a Inda

‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’ lideran una campaña contra este medio por haber destapado sus conexiones con Villarejo, con el entramado empresarial del excomisario y con la ‘policía política’ del PP.

La Última Hora.(1)

 Los medios que colaboraron con las cloacas señalan a LÚH y defienden a Eduardo Inda, director de ‘Okdiario’

Las informaciones de LA ÚLTIMA HORA que han puesto de manifiesto la conexión de medios de comunicación como ‘El Mundo’, ‘El Confidencial’ y ‘Okdiario’ con el excomisario Villarejo y con las cloacas del Estado han desatado, de buena parte de la prensa conservadora, una campaña contra este medio y contra Podemos. En un ejercicio de coordinación sin precedentes, ‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’ decidieron aliarse este fin de semana y publicaron sendos editoriales dedicados a encubrir sus malas prácticas periodísticas y a cargar contra LÚH, además de varios artículos destinados a difamar a Podemos.

Esta campaña llega apenas 48 horas después de que el director adjunto de ‘El Mundo’, Joaquín Manso, quedara en evidencia durante una entrevista a la ministra Irene Montero en TVE. Manso sostuvo que “no hay ningún informe policial que aluda a una colaboración del señor Urreiztieta con el excomisario Villarejo”, pero la ministra le recordó que tanto el subdirector de ‘El Mundo’, Esteban Urreiztieta, como el director de ‘Okdiario’, Eduardo Inda, aparecen en los papeles de Villarejo retratados como “periodistas que habrían colaborado con las cloacas del Estado para difundir noticias falsas”.

Poco después, ‘El Mundo’ dedicó una doble página a criticar a LÚH y difamar a Podemos. En ella defendió, por ejemplo, a Eduardo Inda, del que dijo que “ha publicado numerosas exclusivas sobre Podemos”, como “la casa de Galapagar” de Pablo Iglesias e Irene Montero. Inda está actualmente procesado por acoso a los hijos de Iglesias y Montero. ‘El Confidencial’, por su parte, acusó al vicepresidente Iglesias de “utilizar información oficial a la que por su cargo tiene acceso” para “señalar aviesamente a periodistas”. ‘El Confidencial’ realizó esta acusación sin prueba alguna y sin citar fuentes. El artículo tampoco está firmado por ninguno de sus periodistas, sino que se publicó en forma de editorial.

En las redes sociales fue evidente el apoyo mutuo que se prestaron ‘El Mundo’, ‘El Confidencial’, ‘Okdiario’ y otros medios. Urreiztieta, por ejemplo, retuiteó a Nacho Cardero, director de ‘El Confidencial’, que enlazó el citado editorial. También a Beatriz Parera –redactora de Tribunales del mismo medio–, a Paloma Esteban –redactora de ‘El Confidencial’–, a Casimiro García-Abadillo –exdirector de ‘El Mundo’ y ahora responsable de ‘El Independiente’– y a las políticas de Ciudadanos Inés Arrimadas y Begoña Villacís. Joaquín Manso también difundió el editorial de ‘El Confidencial’ y lanzó un mensaje de apoyo a su jefe de Investigación, José María Olmo, quien a su vez publicó el artículo de ‘El Mundo’. “Tengo como referente al gran Joaquín Manso”, agregó Olmo. Los elogios, particularmente entre ‘El Mundo’ y ‘El Confidencial’, fueron constantes.

 

https://laultimahora.es/los-medios-que-colaboraron-con-las-cloacas-senalan-a-luh-y-defienden-a-inda/

  Y ver .

https://laultimahora.es/quien-esta-detras-de-la-estrategia-de-alvise-perez-para-intoxicar-con-bulos-las-redes-sociales/

  Nota del blog  (1). -

La Última Hora es un periódico digital de Podemos. Es curioso cada vez que entro en El País , el global imperial  del Ibex 35 , sale debajo una entrada  . La caja B de Podemos , así se ve la cantidad   de veces que la cloaca mediática comento la fake news  sobre su caja de resistencia sincronizados con el PP , Vox y Cs  pidiendo la dimisión de Iglesias y apoyando al  juez  del PP  , Castellón de la AN  que convirtió el caso Villarejo en el caso de la  tarjeta  de Dina . Después del último rechazo duro  del TS  de no admitir su imputación , ladran su resentimiento en sus editoriales , ante su fracaso y sin  una mínima rectificación . No extraña que estén histéricos  , recordemos como  crearon el Cs  como  una operación de  un Podemos de derechas según  un banquero  cuyo nombre  todos sabemos y  lo presentaban  como un partido de centro ,  desde el País a otros . Mera  pantalla de  banca  y del IBEX 35 .  La  operación se les fue a la mierda y ahora ladran su resentimiento por la esquinas  .A nadie debiera extrañar que un informe de la Universidad de Oxford concluya que los medios españoles son los menos creíbles de los once países consultados en Europa y los segundos menos creibles de los doce estudiados de todo el mundo.

La gestión de la UE con las vacunas . .

AstraZeneca nos da nuestra propia medicina

 Por Marta Nebot  

 Que AstraZeneca esté dando a la UE de su propia medicina no es buena noticia para los europeos, pero quizás nos cure la soberbia y mejore la enfermedad más vieja del mundo.

 Como europeos, lo primero que nos sale ante el incumplimiento de la farmacéutica británica es darnos muchos golpes de pecho mientras nos hacemos preguntas retóricas de primer mundo: ¿cómo puede hacernos esto? ¿Cómo no va a entregar un 75% de las vacunas prometidas para ahora? ¿Una empresa plantando a 27 países de un continente poderoso? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué se han creído? Y en esta protesta, por una vez, pareciera que nos unimos todos.

 En una tertulia en Mediaset en la que coincido con Carlos Cuesta, subdirector de OKDiario, él se preguntaba cómo permite esto la UE y el Gobierno de España. Y desarrollaba un monólogo inflamado sobre lo mal que lo gestionan nuestras autoridades y lo que se ha pitorreado de nosotros AstraZeneca. Yo metí baza recordándole que cuando se propone legislar para evitar los abusos, como este, de las grandes multinacionales, los suyos no están de acuerdo. Carlos contestó encendido: no me vengas con «el mantra de intervengamos la economía». «Hablamos de AstraZeneca y Pfizer; no me hables de nacionalizar Endesa. Yo les ponía cuatro genéricos y vas a ver como rectificaban», seguía con su relato de negociaciones machitas.

 Luis Rendueles, periodista de El Periódico de Cataluña que también estaba, le respondía: «Pues como se pongan a estrangular la llegada de vacunas a España, a ver qué hacemos». A lo que Cuesta manifestaba, como sorprendido: «O sea que somos una birria». Y Rendueles le apostillaba tan tranquilo: «Sí, Carlos, no pintamos nada. Estamos vendidos».

 Pensando y revisando la escena en internet no puedo evitar que se me pinte una mediosonrisa en la cara, aunque también sea una especie de mueca retorcida. Y es que el capitalismo y el libre mercado siempre están bien cuando te toca del lado del que tiene el dinero. A Israel y a Emiratos Árabes Unidos que, por lo filtrado, pagan a Pfizer y a Moderna mucho más que los europeitos, en estos momentos les debe parecer fenomenal. Allí no solo no les faltan vacunas; en Dubai, incluso, ya se las ponen a turistas de súper lujo.

La buena noticia es que esos países son ejemplos piloto que confirman que vacunar salva muchas muchas vidas y que para el contagio en seco.

 La mala es que Europa no es el mejor postor y, visto lo visto, las farmacéuticas seguirán, como siempre, haciendo negocios; solo que esta vez nos toca estar del lado de los damnificados de la búsqueda inexorable del máximo beneficio.

 Después de la tertulia (siempre son demasiado rápidas e intensas como para pensar mucho) me acordé de que España, junto a la Unión Europea, se opuso recientemente en la Organización Mundial del Comercio a liberar ciertas patentes de tecnología, medicinas y vacunas contra el Covid, dada la emergencia mundial y brutal en la que estamos. Lo solicitaron la India y Sudáfrica y les respaldaron una larga lista de 99 países, de los que llamamos pobres. Europa se alineó con los ricos; quizás no pensó que podría pasar necesidad.

 Lo más paradójico de este mercado persa de las vacunas Covid, en el que las relaciones internacionales y el dinero lo son todo, es que el virus no entiende de nada de eso y si no vacunamos también a los presuntos pobres, que son muchos, seguirá circulando y mutando, con el peligro que eso implica de quitarle efectividad a las vacunas de ricos.

 Esta vez parece que ha llegado el momento de entender o quizás, más bien, de imponer, que o nos salvamos todos o nos vamos todos al mismo sitio. La situación, los gurús económicos, incluido el FMI, y la historia por fin tienen un diagnóstico común: hay que poner freno al mercado y al capital porque o gobernamos a las empresas de las que dependen nuestras vidas o serán ellas las que sigan gobernándonos.

 Porque ¿qué otra cosa es, que no sea gobernarnos, que la UE, con el dinero de casi 450 millones de europeos, esté firmando contratos millonarios leoninos con cláusulas confidenciales que estas multinacionales se atreven a pasarse por el arco del triunfo? En esto, estoy de acuerdo con Carlos Cuesta: es una genuflexión en toda regla. Pero, Carlos, ¿no es esto, una vez más, postrar la democracia, la salud y la vida a los pies del dinero? ¿No ha llegado el momento de poner puertas a lo que ellos creen que es su campo?

 Fuente: https://blogs.publico.es/otrasmiradas/44622/astrazeneca-nos-da-nuestra-propia-medicina/

   Y ver ...

hhttps://blogs.publico.es/juantorres/2021/01/29/los-culpables-no-son-las-farmaceuticas-sino-la-comision-el-parlamento-y-los-gobiernos-europeos/

 Nota del blog .- Como si en Bruselas no hubiera poderosos lobbys  de las farmacéuticas  y como  descalificaban y se reían   de la vacuna rusa y a Hungría por comprarlas  y que ahora ellos mismos demuestran  que tiene una eficacia de   más del 92%

España .- Los golpes de togas .

El gobierno de las togas.

José Antonio Martín Pallín.

"Hace ya algún tiempo, las tensiones de la vida política comenzaron a llegar a los juzgados y tribunales, para que seamos los jueces los que tengamos que resolver situaciones que nunca debieron salir del marco de la confrontación política". Lo dice José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Y dentro de esta tendencia, defiende, el juicio del procés es especialmente significativo. Martín Pallín ha criticado abiertamente numerosos aspectos del proceso contra los líderes independentistas por la organización del referéndum del 1 de octubre, y en El gobierno de las togas analiza el contexto en el que se produce lo que considera una judicialización de un problema político, deteniéndose también en detalles del proceso y de la sentencia, y señalando sus posibles consecuencias. infoLibre recoge aquí la introducción del libro, editado por Catarata y la revista Ctxt, en librerías el 10 de noviembre.

Son varias las razones que me han impulsado a escribir este libro. Durante más de cuarenta años he desarrollado mi vida profesional entre el Ministerio Fiscal y el Tribunal Supremo, como magistrado en la Sala Segunda. Han sido todos estos años dedicados los que me han permitido enriquecer mis conocimientos y mi sensibilidad ante los conflictos humanos que surgen en todas las sociedades, sean o no democráticas. Hace ya algún tiempo, las tensiones de la vida política comenzaron a llegar a los juzgados y tribunales, para que seamos los jueces los que tengamos que resolver situaciones que nunca debieron salir del marco de la confrontación política. Para eso están los mecanismos previstos en todas las Constituciones democráticas.

Como fiscal he celebrado miles de juicios que, además de ejercer las acciones penales, me han permitido profundizar en la comprensión del entorno y las circunstancias que podían haber llevado a esas personas al banquillo de los acusados. Por supuesto, hay un factor criminológico que surge de la marginación social, pero actualmente las circunstancias han cambiado y una parte importante de la estadística criminal la ocupan los delitos económicos, relacionados con la corrupción de funcionarios públicos y de particulares. Mi tarea como fiscal consistía en tratar de convencer al tribunal de la existencia de pruebas suficientes para formular una acusación y pedir una determinada pena o incluso la absolución. Pero mi labor no acababa en ese momento. Después de finalizar el juicio, tenía que leerme las sentencias para decidir si estaba de acuerdo con ellas o procedía interponer algún recurso. Más adelante, con la vigencia de nuestra Constitución, se amplió la esfera de posibilidades y tuvimos que entrar de lleno en la comprobación del cumplimiento riguroso de las garantías constitucionales establecidas en todos los sistemas internacionales de derechos humanos. Era necesario leer previamente las sentencias recurridas. Una vez que llegué al Tribunal Supremo, debía estudiar y seleccionar los recursos para comprobar si efectivamente se había vulnerado alguno de los principios esenciales y las garantías propias del proceso penal de una sociedad democrática.

 El segundo motivo es mi preocupación por la incapacidad histórica y política de mi país, en los tiempos presentes y pretéritos, para afrontar una situación que corre el riesgo de hacerse endémica. El llamado conflicto catalán no es nuevo, e incluso la sentencia, de casi 500 páginas, dedica unas cuantas líneas a los antecedentes, relativamente recientes, para establecer una comparación, que en mi opinión no es homologable, con la declaración de independencia desde el balcón de la Generalitat por Lluís Companys en el año 1934. El llamado conflicto catalán ha gravitado sobre nuestra historia desde hace largo tiempo. Para no retroceder estérilmente a épocas más remotas, iniciaré mi reflexión a partir de la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera en el año 1923. Cuando Alfonso XIII dio un golpe de Estado, entregando el poder a un alto cargo militar que, por circunstancias del destino, era capitán general de Cataluña, la burguesía catalana celebró este acontecimiento. El advenimiento de la II República ha sido siempre el punto de partida de mis reflexiones sobre la democracia y los valores cívicos que quisiera ver, algún día, instalados con solidez en nuestro país. Años antes, la experiencia del Estado federal que propugnaba la I República (1870-1873) hubiera sido una solución para afrontar este conflicto, pero su duración fue tan efímera que no pudo plasmarse en un texto constitucional que rigiera nuestra convivencia política.Esta larga trayectoria entre el Ministerio Fiscal y la Magistratura me permite, modestamente, afirmar que tengo una experiencia temporal y material consolidada por mi práctica como acusador y como magistrado. Estoy seguro de que mi criterio será discutido y criticado por muchos juristas, incluso por algunos que no tengan esta condición, pero puedo asegurarles que el principal motivo de mi discrepancia con la actuación judicial, en el caso de los independentistas catalanes, nace de mi rechazo a que un proceso político desarrollado a través de órganos constitucionales, controlado por el Tribunal Constitucional y culminado en una sesión parlamentaria pueda ser criminalizado, sin haber optado por otras alternativas como la aplicación de las previsiones constitucionales del artículo 155. La sentencia condenatoria de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que va ser objeto de mi análisis crítico, reconoce paladinamente que todo lo que ha considerado como un proceso rebelde o sedicioso quedó abortado por la aplicación de las medidas políticas tomadas por el Gobierno de la Nación. Por eso nunca comprenderé cómo el Tribunal Supremo de un Estado democrático puede criminalizar iniciativas políticas, arrogándose competencias que nunca debieron utilizarse para hacer frente al conflicto catalán.

Me parece oportuno recordar, como precedente, que todas las fuerzas democráticas que alumbraron la II República habían acordado en el Pacto de San Sebastián de 1929 la creación de Estatutos de autonomía lo más amplios posible para las llamadas comunidades históricas, como Cataluña, el País Vasco y Galicia.

Las fuerzas políticas reaccionarias, sociales y eclesiásticas, se aliaron para aunar todos los medios a su alcance hasta conseguir derrocar el régimen ejemplar de derechos y libertades políticas y sociales que se recogían en la Constitución de 1931. Ni los más acérrimos partidarios del golpe militar de 1936 han sido capaces de negar las avanzadas políticas de educación, cultura y seguridad social que se pusieron en marcha. No me voy a detener en sus bondades, pero siempre lamentaremos la pérdida de esa oportunidad histórica que transcurrió en tiempos convulsos para toda Europa. En mi opinión, la II República fue una gran oportunidad para asentar en nuestra sociedad los valores democráticos y los avances sociales, con absoluto respeto al pluralismo de todas las ideologías comprometidas con los derechos y libertades fundamentales.

El golpe militar del 18 de julio de 1936, que triunfó tres años después, dejó un reguero de sangre y desolación que nunca hemos podido superar. Nuestras carencias históricas y nuestro déficit democrático nacen de la oposición feroz de los vencedores a cualquier intento para integrarnos en la cultura democrática europea. Los movimientos democráticos que surgieron desde los primeros momentos en contra de un régimen totalitario —que representaba un anacronismo en la Europa que empezaba a gestar el embrión de lo que ahora es la Unión Europea— siempre propugnaron la sustitución de la dictadura por un sistema democrático que tuviese en cuenta las peculiaridades de Cataluña y el País Vasco.

Cuando se comienza a desarrollar el moderno independentismo catalán, los poderes políticos tuvieron la oportunidad, durante varios años, de concertar una solución política compatible con nuestra actual Constitución. En mi opinión, y a pesar de los dogmáticos inflexibles, esta solución pasaba por un referéndum consensuado como en Escocia y Canadá, aunque con ciertos condicionamientos y limitaciones. Todas las estadísticas demoscópicas solventes de las que se disponía apuntaban a que si se hubiera celebrado una consulta popular, hace unos años, hubiera triunfado rotundamente el “no” a la independencia unilateral de una República catalana independiente.

Los políticos catalanes, como era de esperar, no cejaron en su empeño y pusieron en marcha lo que se denomina la hoja de ruta, que se atajó por el Tribunal Constitucional de manera clara y rotunda. Siempre estuvo abierto el espacio para el diálogo en busca de la convivencia y, aunque no seré yo el que reparta las culpas políticas, es evidente que el Gobierno central, en manos del Partido Popular, pretendió dar un “golpe jurídico” para enfrentarse a las propuestas independentistas, encomendando esta tarea, propia de la actividad política, a lo que en ciencia política se denomina el gobierno de las togas. Se retorcieron las funciones y el sentido de un Tribunal Constitucional en una sociedad democrática, regida por el principio de la división de poderes. Se modificó ad hoc el Código Penal para poder castigar determinadas conductas. En definitiva, se decidió que los jueces penales tenían la palabra y que todo era un problema que se solucionaba con la aplicación del derecho penal.

Es cierto que vivimos en una sociedad en la que todo se pretende regular por leyes, dejando un escaso espacio a los ciudadanos para que solucionen sus conflictos por las vías del convenio, el pacto o las votaciones democráticas. Precisamente por ello el Poder Judicial ocupa un mayor protagonismo, a veces indeseable, en los espacios públicos e incluso privados. Corresponde a los políticos afrontar, con responsabilidad, las cuestiones que afectan a la buena gobernanza del país. No pueden eludir sus obligaciones remitiendo a los jueces conflictos que no son propios de la función jurisdiccional, trastocando el sistema de la división de poderes y perturbando la estabilidad democrática. La cosa pública, su gestión y gobierno, pertenece en exclusiva a los legisladores y a los que administran, desde sus cargos ejecutivos, las políticas necesarias para el desarrollo de la vida diaria, velando por los intereses generales.

Un sector del llamado catalanismo independentista se presentó a las elecciones del año 2015 anunciando, clara y transparentemente, como acontece en toda sociedad democrática, que en su programa electoral ofrecían a sus potenciales electores activar las medidas políticas y legislativas necesarias para llegar a la proclamación unilateral de independencia de Cataluña en forma de república. Consiguieron la mayoría parlamentaria.

Era evidente que esta iniciativa política iba a suscitar conflictos y controversias con el resto del Estado español y con la legalidad constitucional, por lo que a nadie podría extrañarle que el Gobierno central utilizase los mecanismos previstos constitucionalmente. Se trataba de impedir, coartar o reconducir estas iniciativas, valiéndose del único procedimiento que contempla nuestra Constitución, que no es otro que el de suscitar ante el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, la constitucionalidad de las leyes o iniciativas legislativas encaminadas a organizar un referéndum vinculante sobre la independencia y a proclamar, en virtud de sus resultados, la República catalana. Resulta impensable y denotaría una grave irresponsabilidad que los dirigentes políticos y los partidos independentistas catalanes no contemplasen las consecuencias de esta inevitable reacción.

Ante esta encrucijada, el Gobierno central y los partidos políticos sin responsabilidades de gobierno y que no participan de estas ideas independentistas debieron meditar serenamente sobre las previsibles consecuencias, escoger las respuestas adecuadas y buscar las posibles salidas. Del mismo modo, los catalanistas independentistas deberían ofrecer cualquier otra alternativa. Es justo reconocer que desde estas esferas se ha invocado reiteradamente la necesidad del diálogo y de buscar una salida pactada, al estilo de la vía utilizada en Escocia y, con anterioridad, en Canadá. No es mi propósito, ni el objeto de este libro, hacer una crítica a las posiciones intolerantes de una parte de la sociedad española, ni siquiera al inmovilismo del Gobierno central ante estas propuestas, sino poner de relieve que algunas reacciones posteriores han tensado, en exceso, los principios y fundamentos esenciales de un sistema democrático firmemente asentado en sus valores fundamentales, que no son otros que la división de poderes, el respeto a los valores superiores de la Constitución y a los compromisos contraídos con la comunidad internacional, en forma de pactos y tratados internacionales sobre los derechos civiles y las libertades fundamentales.

El punto de fricción se encuentra, evidentemente, en el artículo 2 de la Constitución, que fundamenta su propia existencia “en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Sin embargo, a continuación reconoce, de forma un tanto contradictoria (lo que abre una vía interpretativa), “el derecho a la autonomía de las nacionalidades”. Si la respuesta del Estado se hubiera limitado a utilizar los mecanismos constitucionales para enfrentarse a las iniciativas independentistas, sería difícil formular críticas y, con toda seguridad, nos encontraríamos ante un panorama distinto.

Pero han sucedido cosas que trascienden la pura legalidad para constituir un suceso inesperado e indeseado que ha suscitado la atención de toda la comunidad internacional y de la gran mayoría de los medios de comunicación. Los informativos de las televisiones abrieron sus programas y crónicas con los sucesos insólitos acontecidos el 1 de octubre de 2017. No tuvieron la misma atención las concentraciones ante la Consejería de Hacienda el 20 de septiembre de 2017. La diferencia me parece significativa.

Transportar y utilizar contingentes importantes de la Policía y de la Guardia Civil para impedir, por la fuerza, que se ejerciese el derecho y la voluntad de votar en un referéndum cuyos efectos serían puramente simbólicos, fue una decisión tomada más por instintos emocionales y rentabilidad electoral que por racionalidad política. Era evidente que la ley de referéndum, la de transitoriedad a la República catalana y la convocatoria electoral del 1-O habían sido declaradas inconstitucionales. Por tanto, una declaración de independencia, cuyos efectos políticos habían sido abortados en su origen, solo podría tener efectos simbólicos.

Todas las televisiones del mundo retransmitieron la violencia policial. Su impacto conmocionó a la opinión pública internacional, que no podía entender que la única reacción de un Estado democrático frente a un acto declarado indudablemente inconstitucional fuera la de actuar como si se tratase de una manifestación violenta o de una programada rebelión de las masas.

La mayoría de los medios de comunicación internacionales y los políticos extranjeros no entendieron esta desproporcionada y violenta intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Es cierto que la inmensa mayoría de los Gobiernos que forman parte de la comunidad internacional, actuando dentro del más estricto formalismo diplomático —y es posible que también por sus convicciones—, se opusieron a la declaración unilateral de independencia, pero gran parte de los ciudadanos y muchos de esos mismos políticos reclamaron también la necesidad de un diálogo racional, civilizado y propio de sociedades democráticas maduras, para encontrar una posible salida a esta situación insostenible, con repercusiones también en otros ámbitos como el económico, social y financiero.

Ninguna de las normas reguladoras de las competencias del Poder Judicial permite al mismo controlar o anular leyes aprobadas en sede parlamentaria. Solo tiene la posibilidad de suscitar una cuestión de inconstitucionalidad, de una ley o de parte de ella, sometiéndose, en última instancia, a lo que resuelva el Tribunal Constitucional. Pero, en mi opinión, las cotas del intervencionismo judicial y la extralimitación del principio de la división de poderes alcanza sus máximos niveles cuando, como estamos viendo, el Poder Ejecutivo va más allá de la utilización de las resoluciones administrativas y se decanta por echar mano del derecho penal para criminalizar decisiones adoptadas, mediante votación, en un Parlamento soberano. Siempre he pensado que el derecho penal debe detenerse ante las puertas de un parlamento cuando trata de enjuiciar actividades parlamentarias. Así lo entiende Inglaterra, la cuna del parlamentarismo, cuando en su Bill of Rights (Declaración de Derechos) de 13 de febrero de 1689 proclama que “las libertades de expresión, discusión y actuación en el Parlamento no pueden ser juzgadas ni investigadas por otro tribunal que no sea el propio Parlamento”.

Si la actuación violenta de la policía el 1-O conmocionó a la opinión pública mundial, los que ostentan el Poder Judicial, nuestros políticos, los periodistas y los ciudadanos deben saber que, en otros Estados democráticos, resulta incomprensible que la voluntad de la soberanía popular, que radica en el Salón de Sesiones de un Parlamento, sea invadida por el Poder Judicial hasta el extremo de encarcelar, de manera selectiva e incongruente, a unos pocos protagonistas de una decisión que tomaron todos los que participaron y apoyaron, con su voto, la declaración de independencia y la proclamación de la República catalana.

Cuando se confunden las líneas divisorias entre los distintos poderes y se concentra la reacción en los juzgados y tribunales penales, sin escalonar las respuestas previstas en el texto constitucional, se está vulnerando gravemente la esencia de la democracia. Trataré, en lo posible, a lo largo de los pasajes que vienen a continuación, de exponer, según mi criterio, cuáles son los inconvenientes, cuáles las consecuencias y cuáles los efectos sobre la consolidación de nuestra democracia.

Cuando se examine, con más reposo, todo lo acontecido y las consecuencias de una sentencia dictada al final de un proceso penal seguido ante el más Alto Tribunal de nuestra nación, podremos valorar el alcance y los efectos sobre un conflicto político agravado por la innecesaria e invasiva actuación de la jurisdicción penal.

Así que ya lo saben ustedes: mi formación jurídica y mi pasión por la democracia son los dos factores que me han llevado a escribir este libro, que les agradezco tengan en sus manos.

 https://www.infolibre.es/noticias/cultura/2020/11/10/gobierno_las_togas_por_que_los_juzgados_no_son_una_buena_respuesta_problema_catalan_112945_1026.html

 

La represión que no cesa.

Reino de España: Suicidio procesal .

Laia Serra  

La represión que no cesa. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 está optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos.

Lo ha hecho, confesó unos hechos que no ha cometido. Peor aún, ha asumido pagar una cuantiosa indemnización para la reparación de los daños de una furgoneta policial que no ha dañado y una indemnización por las lesiones de un agente que cayó mientras lo golpeaba para detenerlo. Esta decisión duele en el alma de cualquiera: defender la propia dignidad y la verdad, o claudicar y comprar seguridad. Esta confesión engrosará las envenenadas estadísticas que el día de mañana serán usadas para demostrar que el sistema funciona: los cuerpos policiales redactan atestados, la Fiscalía y las acusaciones particulares sostienen acusaciones en base a estos atestados y finalmente se dicta una sentencia que cierra el círculo y valida todo el engranaje. Una vez cerrado el acuerdo, se hará un juicio, llamado de conformidad, que se reduce a que las acusaciones rebajan la penal para asegurar un no ingreso en prisión a cambio de la admisión de los hechos y de la pena por parte de la persona encausada. Nuestra confesión servirá para demostrar que los agentes policiales detuvieron a quien correspondía, que la Fiscalía y las demás acusaciones también acusaban a quien correspondía y que la sentencia ha condenado a quién era culpable. ¿Qué muestra más indudable hay que una confesión para demostrar la culpabilidad de alguien?

Las que nos dedicamos al derecho penal antirepresivo estamos asistiendo a un doloroso fenómeno que podríamos llamar suicidio procesal colectivo. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 está optando por admitir hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos. Esta decisión no es un absurdo, sino que ha sido impulsada por el sistema. Por un lado la sentencia del juicio del Procés ha roto la confianza de una gran parte de la ciudadanía en la imparcialidad del sistema judicial. Junto con esto, los medios de comunicación han divulgado las peticiones de prisión para algunos de estos jóvenes. El resultado es que los encausados ​​y sus familias no quieren arriesgarse a ingresos a prisión que romperían sus proyectos vitales y optan por el pragmatismo, ya que ni su inocencia ni la mejor de las estrategias de defensa pueden asegurar una absolución.

La reforma del Código Penal de 2015 y sus potenciales consecuencias pasaron inadvertidas en su momento. Una de sus perversas novedades fue la incorporación de una modalidad agravada de delito de desórdenes públicos, que prevé varios supuestos como el hecho de ir con la cara cubierta, llevar objetos peligrosos o que se produzcan en manifestaciones concurridas, y que comporta una pena de 1 a 7 años de prisión. Si a esto le añadimos unos eventuales delitos de daños, de atentado a la autoridad y de lesiones, aunque sean leves, las penas pueden llegar a equipararse con las de un homicidio. Este delito no se había utilizado hasta ahora, pero la Fiscalía comenzó a usarlo en estas últimas manifestaciones, consciente de la presión que ello supone sobre los encausados. La Fiscalía no es la única protagonista de esta dinámica. La Generalitat, en nombre del departamento de Interior y de los agentes de los Mossos, es la que condiciona el cierre del acuerdo al pago íntegro de las indemnizaciones por lesiones y por los desperfectos en el arsenal policial.

Esta situación está dejando en un callejón a muchos encausados. En el caso de las manifestaciones de 2018 y 2019, muchos encausados ​​eran muy jóvenes, y está siendo su primera experiencia represiva. El sistema está configurándose de manera que sólo las personas con trayectoria política y amplio apoyo social podrán asumir el riesgo de atravesar un procedimiento judicial represivo. El resto de personas anónimas no podrán asumir la inmolación de defender sus derechos. La rabia derivada de confesar hechos no cometidos, junto con la progresiva desconfianza hacia las instituciones, puede marcar una generación. Como sociedad no nos podemos permitir que el abuso y el temor representen nuestro sistema judicial. El gobierno de la Generalitat no puede seguir formando parte de este entramado represivo y al mismo tiempo pretender seguir reivindicando un modelo de país basado en los derechos.

Laia Serra  es abogada penalista.

Fuente:

https://www.ara.cat/opinio/suicidi-processal-laia-serra_129_3113142.amp.html

Traducción:Roger Tallaferro .

https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-suicidio-procesal

La verdad sobre el “Palacio de Putin”‎ .

La verdad sobre el “Palacio de Putin”‎

Red Voltaire  

 El video de Alexei Navalni sobre el palacio presentado como “propiedad de Putin” se hizo en ‎Ibach, en la región alemana conocida como la Selva Negra, macizo montañoso situado en el ‎Estado alemán de Baden-Wurtemberg, en el suroeste de… ¡Alemania!, según reporta el diario ‎local Badische Zeitung [1]. ‎

 El video de Navalni “cuenta” inicialmente la biografía del presidente ruso Vladimir ‎Putin, aparentemente según los archivos de la policía política de la desaparecida RDA, amablemente puestos a la ‎disposición de Navalni, por el BKA (Buró Federal de la policía criminal de Alemania). Pero los documentos que se ven en el video no tienen nada que ver con los comentarios que hace ‎Navalni en su narración. ‎

 En otras palabras, exceptuando el carnet del KGB de uno de los compañeros del presidente Putin, ‎los documentos que se ven en el video, no confirman los comentarios de Navalni, ni siquieran ‎están relacionados con ellos. ‎

 El video pasa después al palacio con una serie de nuevas imágenes filmadas desde un drone. Y, ‎como en la parte inicial, las imágenes no tienen relación con lo que comenta Navalni. Sólo ‎muestran un palacio construido por el arquitecto italiano Lanfranco Cirillo.‎

 Este tipo de propaganda no es nada nuevo. En su momento, la CIA trató de hacer creer que el ‎líder cubano Fidel Castro o el palestino Yasser Arafat eran millonarios. La revista estadounidense ‎‎Forbes llegó a avalar aquellas alegaciones que a la larga siempre resultaron ser infundios ‎malintencionados.

 En realidad, la CIA atribuía a Yasser Arafat la posesión de los fondos de la Organización de ‎Liberación de Palestina (OLP) que el líder palestino administraba a su nombre porque ‎ningún banco se atrevía a aceptar depósitos de la resistencia palestina.

 De la misma manera, ‎se atribuía a Fidel Castro la posesión de fondos que en realidad pertenecían a empresas estatales ‎cubanas. De hecho, las personalidades que conocieron de cerca al líder cubano Fidel Castro, a Yasser ‎Arafat y a sus familias nunca dudaron de su honestidad. ‎

 En cambio, el método, particularmente aproximativo, utilizado en la realización del supuesto ‎documental dice mucho sobre la supuesta integridad de Alexei Navalni. ‎

 [1] https://www.badische-zeitung.de/filmstudio-in-kirchzarten-produziert-alexej-nawalnys-enthuellungsvideo--199599695.html

   Nota del blog ..- Es una pena que no se pueda leer la noticia en el Badische Zeitung  , hay que pagar para leerla . Putin negó que fuera suyo . Y un multimillonario ruso dijo que era  de el .. NO importa , ver como el País refleja la  fake news del video ..y   entra en delirio . Pero además . ¿ Como es que lo manda envenenar Putin y luego el personalmente  ordena que envíen a Berlín ?.

https://elpais.com/internacional/2021-01-30/el-ecologista-que-se-colo-en-el-presunto-palacio-de-putin-y-documento-su-lujo.html

 Y es más ahí esta el enlace de un periódico de Ibach mencionado que estuvo allí en Ibach https://www.sueddeutsche.de/panorama/kriminalitaet-ibach-nawalny-ist-im-schwarzwald-gejoggt-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210113-99-07597