martes, 25 de agosto de 2020

El Estado y la plurinacionalidad en España

 

'Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017)' de Xavier Domènech

 

 Xavier Domènech: “El ‘procés’ y la España vaciada son expresiones de un Estado que no reconoce la plurinacionalidad”

 

El historiador advierte que “sólo desde la asunción de la plurinacionalidad se pueden construir gobiernos estables” en la izquierda española ante el panorama actual

 

El historiador advierte que “sólo desde la asunción de la plurinacionalidad se pueden construir gobiernos estables” en la izquierda española ante el panorama actual

 

 

IÑAKI PARDO TORREGROSA,  

Xavier Domènech (Sabadell, 1974) dejó la política institucional y sus cargos en Podemos Catalunya y Catalunya en Comú en septiembre de 2018 después de tres años intensos y convulsos en los que fue diputado del Congreso –su espacio fue la fuerza más votada en las elecciones generales de 2015 y 2016– y del Parlament de Catalunya, donde entró después del octubre catalán y de la aplicación del 155.

 

Decidió volver a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), al departamento de Historia Moderna y Contemporánea, y hace poco puso en marcha junto a otros exdirigentes políticos de la izquierda catalana el think tank Sobiranies. Durante 2019 disfrutó escribiendo lo que él considera un libro con “voluntad analítica”, el ensayo Un haz de naciones. El Estado y la plurinacionalidad en España (1830-2017) (Península), que se acaba de publicar. El título se debe a una frase de un artículo sobre la centralización del Diario de Barcelona de 1854 de Joan Baptista Guardiola:

 

“Que la raza española no es una sola; que el idioma en España no es uno solo; que el clima no es uno solo; y que la historia no es una sola: esto es, que en España los elementos constitutivos de su personalidad nacional no son uniformes sino variados, y que no hay en ella, por tanto, un solo pueblo, una sola nacionalidad, sino varios pueblos, varias nacionalidades: que España no es, en el riguroso y buen sentido de la palabra, una sola nación, sino un haz de naciones”.

 

¿Sigue vivo el procés?

 

Tal y como lo hemos conocido ya no existe. Siguen los problemas que lo originaron y los que se generaron durante el mismo. También los anhelos y sus consecuencias. Todo eso sigue vivo y una parte importante de la población de Catalunya sigue queriendo la independencia. Además, están los presos. Pero el procés que conocimos ya no está.

 

¿Por qué?

 

Hay un ejemplo muy evidente. Durante el procés siempre se miraba al futuro, se marcaba un horizonte con aquello que tenía que venir. A veces se planificaba a 18 meses vista, había hojas de ruta pautadas... y ahora hace mucho tiempo que no se mira al futuro, incluso se mira al pasado y se debate sobre lo que pasó en octubre de 2017 y lo que debería haber pasado. Pero eso no quiere decir que hayan desaparecido los problemas.

 

¿Dónde sitúa el origen del conflicto?

 

Hay dos vectores de análisis. Uno empezó hace unas décadas y es la crisis de las soberanías. Es la gran cuestión de esta época y toma diversas formas. En algunos lugares toma la forma de cuestiones o encajes nacionales irresueltos o de reconocimientos nacionales no realizados. Se ha visto en Catalunya, Escocia o Canadá. Pero eso es una crisis de los procesos de globalización y de las transformaciones del estado contemporáneo. Ese es un vector que nos afecta como catalanes, pero no es nuestro y, como decía, tiene diversas expresiones en diferentes lugares. Es un vector de época. Pero todo esto no pasa en medio de la nada, pasa en medio de una historia con unas raíces profundas. Uno puede ver el momento clave en la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el Estatut y otro puede ver el origen en 1714, cuando España deja de ser un país compuesto.

 

El ‘procés’ tal y como lo hemos conocido ya no existe”

 

En el libro toma otro punto de partida.

 

Yo me sitúo en la configuración del Estado liberal español, a mediados del siglo XIX. Se conforma un Estado enormemente centralista en uno de los países con mayor pluralidad protonacional de Europa. En el último tercio del siglo XIX, a medida que se configura el Estado-nación español centralista, monárquico y sin reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, emergen proyectos políticos nacionales alternativos. Aparecen el catalanismo, el nacionalismo vasco, el galleguismo o el andalucismo y se genera una dinámica plurinacional en el Estado español. El libro recorre diferentes etapas, también analiza estas problemáticas en la Segunda República o en la transición.

 

¿Cuál cree que es el momento más decisivo para el procés que hemos conocido nosotros?

 

Cada momento tiene sus características. En la Primera República, en 1874, se da el momento iniciático. Intento explicar que es el gran momento de posibilidad de una reconfiguración de las bases del Estado español a partir de la idea de soberanías compartidas, un reconocimiento de las soberanías territoriales y una ampliación de la democracia muy potente en términos políticos y sociales. El fracaso de esa experiencia explica en gran parte la emergencia de los proyectos nacionales alternativos en el Estado. Hay otro momento en la Segunda República que es muy importante porque gran parte de las características de lo que vivimos hoy están ahí: el nacimiento del primer modelo autonómico en el caso de Catalunya o el nacimiento de los principios básicos de la constitucionalidad como el hecho de que los estatutos sean bloque de constitucionalidad. El otro gran momento evidentemente es en 1978. Se intenta dar una solución de una cierta ambivalencia y ambigüedad a los programas nacionales que acaba siendo lo suficiente ambigua como para permitir lecturas unilaterales desde el centralismo. Y después están las tres grandes crisis territoriales del siglo XXI, el plan Ibarretxe, el procés y el fenómeno de la España vaciada. Son expresiones de una problemática y de una dinámica política de un Estado que no reconoce su propia diversidad plurinacional y territorial. No es solo un problema de lo plurinacional. El tema de la España vaciada va ligado. Teruel Existe no quiere una nación, pero sí reclama que los grandes partidos nacionales españoles representen sus demandas.

 

El fracaso de la Primera República explica en gran parte la emergencia de los proyectos nacionales alternativos en el Estado”

 

¿Será Catalunya independiente? En el libro dice que no lo es, todavía.

 

Digo que no lo es todavía porque el futuro no está escrito. Explico porque no ha pasado, pero no digo que no pase. La dinámica política se ha basado en la cultura de la victoria y la derrota, la victoria de unos y a derrota de otros y no en la mirada al futuro y eso no significa que se haya acabado. En el futuro todas las posibilidades están abiertas. Los partidos de Estado tienen que tener claro que si quieren mantener a Catalunya necesitan nuevos pactos. Se puede explicar políticamente que ha sido todo un soufflé, que ha sido un juego de élites. Evidentemente hay intereses. Todo eso es evidente. Pero intento explicar que no es una cuestión táctica o estrategia política o de mantenimiento de poder, sino que hay un problema de raíz profunda. Y si no capaces de encararlo y solucionarlo no quiere decir que desaparezca. Seguirá existiendo y puede tener expresiones diversas en realidades históricas cambiantes. Es difícil que Catalunya sea independiente en esta época, pero eso no quiere decir que no lo vaya a ser en el futuro. Y quien quiera caminar hacia un nuevo proyecto conjunto debe tomar conciencia de eso, no sólo de cómo se ganan unas elecciones. Conciencia de cómo se puede ganar un proyecto común.

 

El soberanismo catalán y el independentismo deben caminar hacia la construcción de agendas compartidas con otros soberanismos del Estado”

 

¿Qué salida tiene el independentismo ante la negativa del Estado a abordar la autodeterminación?

 

La idea de la posibilidad de desconexión, a mi juicio, ya está agotada después del octubre de 2017. Hay un poder enorme de afirmación, de movilización, de construcción y de dominio de la institucionalidad. Pero hay que seguir el camino que dibujan otros soberanismos del Estado. Hace unos años era impensable el papel que están jugando en la dinámica estatal EH Bildu o el BNG. El soberanismo catalán y el independentismo deben caminar hacia la construcción de agendas compartidas con otros soberanismos del Estado, que probablemente no compartirán toda la agenda, pero una parte importante sí es común. No veo otra salida.

 

En el libro explica que el catalanismo siempre quiso reformar España. ¿Es esa la senda a recorrer?

 

Sí, pero ahora también lo siguen matrices nacionalistas que no estuvieron nunca en ese juego, como es le caso del nacionalismo vasco en su expresión abertzale y en su versión más conservadora. Ambas están jugando ese papel. En 2011 hubo un récord. Nunca había habido tantos diputados en el Congreso que representaban un proyecto nacional alternativo o regionalista. En 2015 y 2016 esa cifra menguó por el resultado de Podemos y sus confluencias, que abrieron un horizonte de esperanza plurinacional, pero en 2019 se ha batido el récord de nuevo. Ahora incluso se defienden provincias como, el caso de Teruel Existe. Es evidente que eso tarde o temprano lleva a una reconstrucción o transformación, sino una nueva formación del pacto territorial. Pero también del pacto político, social y democrático. Uno tiene que decidir si quiere estar o no en ese proceso. Pero estar es estar en el vacío y en la nada. No creo que haya campo fuera de ese proceso para el desarrollo, hay que participar. No se puede pretender solo que el Estado solucione o no una demanda y si no lo hace rechazar al Estado. No te puedes quedar fuera y esperar que el Estado lo solucione. Hay que transformar la realidad y el propio estado. Ese es el gran reto de todos, la transformación del propio Estado.

 

En el libro expone que aunque el pensamiento de José Ortega y Gasset no triunfó durante la Segunda República, sí lo hizo después. ¿El PSOE debe elegir entre lo que proponía Ortega y Gasset o el camino que marcó Manuel Azaña? Pedro Sánchez citó al segundo en su último discurso de investidura.

 

La configuración inicial del Estado en 1978 no es centralista ni regional sino que es un Estado que puede tener autonomías. No se define el modelo territorial, eso llegará poco después con el despliegue de los estatutos. Pero desde 1978 hasta ahora, menos en el momento originario, hay mucha influencia de los hijos de Ortega y Gasset y del pensamiento del filósofo, con su idea de la ‘conllevancia’, de tolerar al otro para no construir a partir del otro y la idea de erigir el Estado central como el gran rector ante la posibilidad de que haya poderes autonómicos. Para mí el camino de Ortega y Gasset ya es un camino agotado para las izquierdas españolas, porque les lleva a no gobernar. Ahora mismo la suma de las fuerzas territoriales hace muy evidente que solo hay dos alternativas en términos de configuración de poder en el Estado. Una es la que pasa por las tres derechas -PP, Ciudadanos y Vox- y la otra pasa por la plurinacionalidad. Solo desde la asunción de la plurinacionalidad se pueden construir gobiernos estables. Si no, se construyen a partir de mayorías y correlaciones de fuerzas que se unen puntualmente por el temor de que gobierne la derecha. Y un gobierno configurado sólo en base a los temores puede tener poco futuro.

 

Solo hay dos alternativas en términos de configuración de poder en el Estado. Una es la que pasa por las tres derechas y la otra pasa por la plurinacionalidad”

 

¿Hemos pasado entonces del bipartidismo de PP y PSOE, que primero fue UCD y PSOE, a la dicotomía entre la mayoría de la moción de censura que echó a Mariano Rajoy y la mayoría de Colón y de los tripartitos de la derecha?

 

Hay una idea alternativa a esos dos caminos. La ensayó el PSOE en la repetición electoral de 2019, cuando buscaba una vía que no le aboque a la asunción de la plurinacionalidad y las transformaciones que eso conlleva. No salió como esperaban, que Ciudadanos creciera. Subió Vox. Ahí está la respuesta a si hay otra alternativa a esa disyuntiva. Al menos ahora no se ve en el horizonte. O se toma como modelo la configuración que se dio en Andalucía o se asumen mayorías alternativas, que si quieren estables tienen que asumir transformaciones a medio plazo mucho más profundas de lo que se está haciendo hasta ahora.

 

¿Cómo se puede concretar hoy el proyecto plurinacional y federal en España?

 

Tiene que haber una aceptación de la plurinacionalidad y eso tiene elementos de federalismo y de confederalismo. Los problemas no se solucionan con una construcción más profunda del Estado de las autonomías, que no es un Estado federal. Se podía pensar cuando nació que era un suelo por el que transitar y no un techo y que España se podía convertir en un Estado federal. De hecho, hubo autores y políticos que defendían que ya era un Estado federal, pero tal y como ha evolucionado no lo es. La única vez que aparece la palabra federación en la Constitución de 1978 es para prohibir de forma específica la posibilidad de que las autonomías se federen. El Estado debe asumir la plurinacionalidad y que no es solo una cuestión cultural sino también de soberanías.

 

¿Y cómo se llega a ese punto?

 

En el libro dibujo varias vías de salida. Hay muchas. Puede haber una implosión del Estado o la independencia de Catalunya en un futuro indeterminado. Puede haber una vía de intentar un reformismo más o menos plural dentro del Estado autonómico, pero lo veo muy complicado. O por otra parte se puede llegar a un nuevo momento constituyente. Aunque a estos momentos constituyentes a veces no se llega por la capacidad de propuesta sino por la incapacidad de propuesta. Lo estamos viviendo ahora con el caso de la monarquía, que tiene que ver con la degradación de un sistema político y con una crisis de legitimidad creciente. Si no construyes una propuesta alternativa a eso puede acabar implosionando el sistema.

 

Si quieren estables las mayorías alternativas a la derecha tienen que asumir transformaciones a medio plazo mucho más profundas de lo que se está haciendo hasta ahora”

 

Asegura que el PSOE no es un partido federalista y que nunca lo ha sido a pesar de algunos de sus posicionamientos.

 

Cada uno puede ser lo que quiera independientemente de lo que digan los demás, pero durante sus gobiernos desde 1978 asta ahora no ha habido ninguna evolución federal del Estado. Si ellos dicen que lo son, yo no entraré a discutirlo. Pero para mí su matriz no lo es en la medida que la mayoría de las izquierdas se conformaron a partir de una matriz federal, mientras que el PSOE lo hizo a finales del siglo XIX desde una matriz diferente. Surgen de la versión más mecanicista del socialismo de la Segunda Internacional. No vienen de las raíces propias de España. Para simplificarlo, se da una paradoja. El PSOE es un partido socialista y obrero y hasta los años 80 del siglo XX, con el PSC, no consigue una base sólida en Catalunya. El espacio del Estado con más proletariado es donde menos presencia hay del PSOE durante el siglo XX. Eso seguramente tiene que ver con el hecho de tener una lectura más importada que propia. Y el PSOE sí ha tenido pensadores y figuras federalistas, pero su matriz no lo es. Creo que la Declaración de Granada de 2013 se explica por la relación del PSOE con el PSC, creo que viene más de la dialéctica del PSOE con su partido catalán, que sí necesita eso. De hecho, creo que esa declaración se hace en gran parte a cambio de que el PSC deje de defender el referéndum y el derecho a decidir de Catalunya. Ese es el compromiso, pero el PSOE no aplica luego la declaración. No ha habido ningún paso efectivo más allá de ese texto.

 

Hace poco vimos como Pablo Iglesias e Irene Montero usaban como foto de portada en sus redes la imagen de una escultura en homenaje a la Primera República de una plaza de Barcelona, que además también incluye un homenaje a Francesc Pi i Margall, uno de sus presidentes e intelectual federalista. ¿Sigue vigente su proyecto?

 

El republicanismo federal de mediados del siglo XIX era de raíz igualitaria, igualitarista y muy catalana. Ese movimiento se enfrentó a las grandes problemáticas de fondo. El libro empieza con un capítulo que se llama “El viaje de Lluís Companys”. Su declaración de 1934 se ha leído muchas veces como una declaración de independencia de Catalunya, pero no lo fue. Proclamó “el estado catalán dentro de la república federal española”, que es exactamente la fórmula de la Primera República. Companys señaló de forma clara que había un problema de origen que requería un cambio radical de la propia concepción del Estado. El libro se fija más en la configuración del Estado español como problema marco. Si no se soluciona eso, difícilmente solucionaremos otros problemas. Es un gran símbolo que hayan puesto esa foto. Cuando el republicanismo federal se agota en el siglo XIX sus hijos e hijas caminan por muchos espacios, como el anarcosindicalismo. Hay una gran herencia del republicanismo federal. De hecho, el mapa del republicanismo federal es el de la CNT posterior, prácticamente, en el arco mediterráneo. Pero también hay una parte que desemboca en el catalanismo, en el andalucismo o en el galleguismo… Probablemente a partir de todos esos sujetos políticos, nacionales y sociales se puede encontrar la solución volviendo al problema matriz que expresaba de forma muy clara el proyecto de Pi i Margall.

 

El republicanismo federal de mediados del siglo XIX era de raíz igualitaria y muy catalana. Ese movimiento se enfrentó a las grandes problemáticas de fondo”

 

¿Por qué cree que sólo se acepta la cesión de la soberanía si es hacia arriba y no hacia abajo.

 

En algunos discursos de Pedro Sánchez que ataca al independentismo se ve. Después de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del independentismo el presidente del Gobierno dijo que era un movimiento que estaba fuera de época porque estábamos en la época de las no fronteras y de las soberanías compartidas. Es muy sorprendente escuchar a dirigentes políticos hablar de soberanías compartidas si hablan del marco europeo y en cambio cuando hablan del marco estatal se refieren a la soberanía como indivisible, absoluta e inalienable, algo prácticamente monárquico. Hay una dificultad enorme de aceptar la posibilidad de soberanías compartidas a nivel de Estado. Hacia arriba se ve muy claro que la construcción de un pacto se tiene que hacer a partir de compartir soberanías y hacia abajo no se acepta esa lógica. Cuanto más se habla de construir un proyecto de soberanías compartidas a nivel europeo más insostenible es seguir pensando que hay un solo demos existente en España.

 

 https://www.lavanguardia.com/politica/20200825/482911468868/xavier-domenech-proces-estado-plurinacionalidad.html


 Y Ver  .. Xavier Domènech: ''El coronavirus ha puesto de manifiesto que el sistema autonómico es fallido"

 https://cadenaser.com/ser/2020/08/18/cultura/1597750245_092410.html


 Nota del blog ..No   es solo el que habla del estado autonómico fallido por el coronavirus sino que la polémica esta en toda la prensa (1) Pero como bien dice ..en esta entrevista en la  SER...

" El estado autonómico está fallido, con los recortes draconianos de 2008, que afectaban directamente a las competencias de las comunidades. Es un estado que no ha renovado la financiación autonómica desde 2014, aunque por ley debía hacerlo. El coronavirus ha puesto en evidencia que el modelo está en crisis desde hace mucho tiempo."

(1) https://www.eldiario.es/contracorriente/tarde-jugando-fuego_132_6178247.html

 Y como dice un comentario 41 Adiro.."De esta pandemia tendremos que extraer importantes conclusiones, pero sin duda la primera de ellas debe ser que un Estado serio y fuerte debe mantener ciertos servicios esenciales de Protección Civil garantizados para momentos de emergencia nacional y crisis profunda. El Ministerio de Sanidad debe recuperar su papel como controlador, gestor y coordinador de unos recursos hospitalarios que han de llegar a todos los ciudadanos por igual. No se trata necesariamente de centralizar, sino de coordinar recursos humanos y materiales, de implantar protocolos de actuación de obligado cumplimiento, de redistribuir equitativamente los fondos siempre escasos. En definitiva, de organizar con racionalidad un Estado que al parecer no teníamos. Ni siquiera disponíamos de una tarjeta sanitaria común y válida para todos los ciudadanos en todo el territorio nacional, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. También en eso somos raros. Es intolerable que mientras en una comunidad autónoma hay camas vacías de sobra en otra esté muriendo gente en los pasillos de los centros sanitarios por falta de asistencia. Como tampoco se puede admitir desde un mínimo sentido común que un presidente de comunidad autónoma, por muy nacionalista de lo suyo que sea, impida el paso de hospitales de campaña del Ejército o de unidades militares de desinfección que solo tratan de salvar vidas humanas. Por no hablar del desastre de las residencias de la tercera edad en la Comunidad de Madrid, donde más de 4.000 personas han perdido la vida en instalaciones privatizadas que ahora sabemos funcionaban en condiciones higiénicas tercermundistas".

 

lunes, 24 de agosto de 2020

Unas cuentas para un mundo que ya no existe .

 

La amenaza de otra prórroga a los Presupuestos de Montoro: unas cuentas para un mundo que ya no existe

Con España sumida en la mayor crisis económica desde la Guerra Civil, unas nuevas cuentas son necesarias para canalizar los fondos del plan europeo de recuperación pactado en julio e iniciar la reconstrucción

Antonio M. Vélez / Elena Herrera

Fuente . Eldiario.es .

El Gobierno lleva meses exhortando a la oposición a pactar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que sustituyan a los actuales, vigentes desde 2018 y elaborados por el Ejecutivo del PP bajo la tutela del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pedro Sánchez ganó la moción de censura durante su tramitación parlamentaria y pactó con el PNV mantener ese proyecto a cambio de sus votos para descabalgar a Mariano Rajoy. Los socialistas aceptaron conservar el principal legado político del PP a cambio de amarrar la Moncloa. 

Fue hace más de dos años, en una coyuntura política, económica y social que nada tiene que ver con la actual. La peor crisis sanitaria en un siglo ha derivado en la mayor contracción económica en España desde la Guerra Civil y que, a escala mundial, solo tiene parangón con la Gran Depresión de los años 30. En el caso de España, en el segundo trimestre registró una caída intertrimestral del PIB del 18,5%, la segunda mayor de los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), solo superada por la de Reino Unido. La economía española, sumida ya en una durísima recesión, es una de las más afectadas por esta crisis por la dureza de la pandemia y su elevada dependencia del turismo y otras actividades donde el consumo es intensivo en contacto humano, como restauración y comercio minorista. 


Las cuentas actuales se configuraron para un mundo que ya no existe. Fueron aprobadas definitivamente en el Congreso en junio de 2018, con Pedro Sánchez recién aterrizado en Presidencia del Gobierno. Se han mantenido vigentes hasta ahora por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Tras sucesivas prórrogas, son las más longevas de la historia democrática de España.

Los presupuestos del Estado son una autorización de gasto limitativa. Determinan a qué se va a destinar el dinero público (los gastos) y el origen de esos fondos (de dónde vendrán los ingresos). Los actuales son, como señala a elDiario.es el director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, Raymond Torres, para un mundo que "ya fue". Habilitan gasto para unas políticas que no son las que se necesitan en esta situación de emergencia, en un momento en el que se debate, por ejemplo, cómo abordar una reindustrialización de España tras las carencias que ha evidenciado la crisis del coronavirus en la estructura productiva, o cómo canalizar los 140.000 millones de euros que vendrán del Fondo de Recuperación europeo pactado en julio, una inyección sin precedentes de la que 72.000 millones serán a fondo perdido. 

Un momento "inédito"

El reparto de esos fondos, que deberá incidir especialmente en áreas como la transición ecológica o la recuperación, es a juicio de los expertos uno de los principales motivos por los que urgen esos nuevos presupuestos. El fondo funcionará en base a proyectos concretos que presente cada Estado miembro, por lo que "tiene que haber una articulación entre cada país y el presupuesto europeo" e inversiones "que anuncien lo que se puede conseguir desde Europa". Esto "requiere nuevos presupuestos tanto de España como de otros países", recuerda Torres. "En Polonia ya tienen una unidad muy grande para formular, presentar y seguir proyectos cofinanciados por la UE", añade.

El actual Gobierno de coalición —que incluye cinco ministros de Unidas Podemos— aspira a tramitar un nuevo Presupuesto este otoño pero de momento está lejos de conseguir los apoyos. El Ministerio de Hacienda, en manos de los socialistas, trabaja en su preparación después de la aprobación del Fondo de Recuperación. Entonces, en el último Consejo de Ministros de julio, la ministra María Jesús Montero reclamó "el concurso de todos" ante este momento "inédito" para hacer unas cuentas públicas que "tienen que ser la plasmación concreta de los fondos que se han negociado de forma tan satisfactoria con la Unión Europea y afrontar los grandes retos que tenemos de país”. En las filas socialistas creen que será imposible aprobarlos antes de que Catalunya tenga un nuevo gobierno que saldrá de unas elecciones para las que todavía no hay fecha. Los cálculos más optimistas aluden a final de año. Hasta entonces no será posible involucrar a Esquerra, en permanente campaña electoral.

Para el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, Ignacio Zubiri, unos nuevos presupuestos evitarían "problemas a la hora de tomar las medidas necesarias para que el país pueda ponerse en marcha de nuevo". y urgen "en un momento en el que necesitas credibilidad ante la UE y presentar unos planes que convenzan a gente que realmente no tiene muchas ganas de darte el dinero y tiene derecho de veto".

Cuando se aprobó el proyecto de presupuestos todavía vigente hoy, la Comisión Europea acababa de revisar al alza las previsiones de crecimiento del PIB de la zona euro para 2018 y 2019, hasta el 2,3% y el 2%, respectivamente. España venía de encadenar tres años con crecimientos del PIB superiores al 3% en tasa anual. Eran otros tiempos: en el segundo trimestre de 2020, el PIB de los países de la moneda única registró una contracción récord del 12,1%. En julio, Bruselas pronosticó un batacazo del 8,7% para este año en la zona del euro. En el caso de España, tras el citado desplome del segundo trimestre, el Banco de España pronostica un derrumbe de entre el 9% y el 15,1% en 2020, en función de la evolución en la segunda mitad del año.

Cuando se aprobaron los últimos Presupuestos de Montoro, España venía de sumar 469.900 ocupados en el segundo trimestre de 2018. Esa creación de empleo récord contrasta con el dato del segundo trimestre de este año. Con la economía parada y España confinada, se destruyeron 1.074.000 empleos. Fue el peor trimestre de la serie histórica, como consecuencia de la hibernación forzosa de la actividad.


Por su parte, la tasa de paro aumentó en solo 55.000 personas en el segundo trimestre y se situó en el 15,33%. Pero esos incrementos, por efecto de los ERTE y por la metodología con la que se elabora la EPA (una encuesta), no reflejan la realidad del desastre laboral que propició la hibernación de la economía. Más fiable es el indicador de los inactivos (aquellos que ni trabajan ni buscan empleo), categoría que aumentó en 1.062.800 personas en el trimestre de la gran reclusión, o el número récord de personas que están cobrando la prestación o ayuda de paro, casi 6 millones.


Se espera que el impacto de la pandemia en el empleo muestre su verdadera cara a partir de este otoño, en función de cómo evolucione la situación epidemiológica y su impacto económico. Muchas personas que actualmente están en un ERTE pueden pasar a engrosar definitivamente las listas del paro y, previsiblemente, empezarán a levantarse algunas de las medidas de apoyo público extraordinario que se han puesto en marcha en los últimos meses.

Por el lado de los ingresos, las nuevas cuentas podrían plantear subidas de impuestos ante el desplome de la recaudación que ha propiciado la caída de la actividad, del 11% interanual solo en el primer semestre, y el aluvión de gasto para contener la sangría. Una posibilidad, subir impuestos, que en el caso de las empresas la patronal CEOE rechazó con denuedo en la cumbre que montó en junio, en paralelo a la Comisión de Reconstrucción del Congreso, mientras reclamaba apoyos públicos masivos para evitar un colapso económico.

En opinión de Torres, una reforma fiscal es necesaria, pero menos perentoria que otras como la educativa o la laboral, para "reducir la precariedad y la temporalidad". Para Ignacio Zubiri, "está claro que en una situación de recesión lo mejor sería no tocar los impuestos", pero cree que en este momento es necesaria una reforma fiscal que, más que una subida del Impuesto de Sociedades (que “no lo paga quien tiene pérdidas”, recuerda), elimine deducciones innecesarias y ponga el foco en las rentas altas o el IVA, donde hay “margen muy amplio para eliminar bonificaciones” ante el "brutal" déficit público que se avecina. La última estimación de AIReF para el conjunto de las Administraciones es un desfase de entre el 11,9% y el 14,4% para este año. El desequilibrio fue del 2,8% en 2019 y en 2018, cuando entraron en vigor los Presupuestos actuales, cerró en el 2,5%.

El descenso de los ingresos públicos y las medidas de apoyo estatal masivo para contener el derrumbe (singularmente, los ERTE, y otras como el Ingreso Mínimo Vital que se acaba de poner en marcha) van a propiciar un fuerte repunte de la deuda pública, que creció hasta junio en 82.473 millones, un 6,8% más, hasta un nuevo máximo histórico que ya roza los 1,3 billones. En una primera aproximación, ya equivale al 116% del PIB previsto para el conjunto del año, frente al 98,4% que alcanzaba cuando entraron en vigor los presupuestos actuales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que este año se situará entre el 117,6% y el 123,2%. Regresar al nivel del 95,5% registrado a finales del año 2019 “requerirá al menos dos décadas”, advierte. De momento, España no está teniendo problemas para colocar su deuda. Gracias al apoyo masivo del Banco Central Europeo (BCE), la prima de riesgo ha vuelto a los niveles previos a marzo.

La evolución de la deuda hasta marzo


Sin salida en V

Tras la gran reclusión, algunos indicadores en España estaban registrando una recuperación en forma de V, como es el caso de las matriculaciones de coches (tras el programa de ayudas públicas aprobado en julio). Pero los últimos conocidos en agosto, en medio del auge de rebrotes, apuntan a que la ansiada salida rápida de esta crisis se antoja ya imposible. Hace unos días la OCDE situaba a España en el vagón de cola de la recuperación y el indicador PMI sobre expectativas de gestores de compras en la Eurozona apunta a un frenazo de esa salida en V en agosto. 


Como señala Torres, "la recuperación estaba en marcha desde mayo", pero las expectativas para el tercer trimestre se han enfriado a medida que se han disparado los rebrotes y los principales emisores de turistas, singularmente Reino Unido y Alemania, han vetado a España como destino. Esto ha llevado a la patronal Exceltur a elevar esta semana su previsión de pérdidas para la campaña de este año a casi 100.000 millones. A eso se suma el impacto en la confianza de los hogares, que están disparando su tasa de ahorro. El director de Coyuntura de Funcas no prevé una recuperación completa de España hasta 2023 "siempre que los rebrotes no vayan a más y no haya un segundo confinamiento", y advierte de que "lo peor sería que no fuera posible la vuelta al colegio" porque supondría un "cuasi confinamiento" para las personas con hijos que no pueden teletrabajar.

Legislatura larga

Las cuentas públicas del año que viene son también fundamentales para asegurar la continuidad del Gobierno y que se cumpla el pronóstico de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de que la legislatura sea larga. PSOE y Unidas Podemos coinciden de partida en reeditar la alianza parlamentaria que dio la investidura al líder del PSOE el pasado enero. Es la opción más acorde con el acuerdo de coalición y la que genera menos tensiones entre los dos socios. Pero los socialistas no han abandonado la idea de sumar a Ciudadanos, que podría además sustituir a ERC en caso de que los 13 diputados que comanda Gabriel Rufián rechazaran el acuerdo, como ocurrió en 2019. Entonces, la derrota en los Presupuestos llevó a Sánchez a convocar unas nuevas elecciones

La llamada vía Ciudadanos inquieta en Unidas Podemos, donde temen que la presencia del partido de Inés Arrimadas haga girar a la derecha los Presupuestos y diluya su impacto en esas cuentas. Aunque durante el estado de alarma el grupo confederal acogió el apoyo de sus diez diputados cuando peligraban las prórrogas de la excepcionalidad, la creciente relación entre la parte socialista del Gobierno y Ciudadanos se ha vuelto más incómoda para los de Iglesias. 

De momento el compromiso por parte del presidente del Gobierno es el de cumplir el acuerdo de coalición, si bien el PSOE mantiene en público su apuesta por atraer a Ciudadanos ante la incertidumbre por las elecciones catalanas. El partido de Arrimadas, por el momento, ha pedido documentos para poder hablar de su hipotético apoyo a las cuentas. “Hay que poner documentos sobre la mesa y, sobre eso, empezar a trabajar”, dijo la semana pasada la portavoz de su ejecutiva, Melisa Rodríguez. 

Aunque la parte socialista del Gobierno —y también Ciudadanos— han incluido al PP en sus llamamientos a apoyar las cuentas del año que viene, el respaldo del partido de Pablo Casado está totalmente descartado. El líder de los populares lo dejó claro el pasado jueves (“No podemos formar parte de la gobernabilidad de Sánchez porque somos su alternativa”, dijo). 

Pero es que también avisan los aliados de la investidura, muy críticos con cómo la parte socialista el Ejecutivo ha gestionado la salida de España de Juan Carlos I, otro elemento que ha evidenciado en las últimas semanas las diferencias entre los socios que llevaron a Sánchez a la Moncloa. En contraposición, la posición de Ciudadanos en la crisis por la marcha de España del emérito está alineada con la del PSOE. ERC y EH Bildu han solicitado la comparecencia de la vicepresidenta Carmen Calvo para que dé explicaciones por este asunto. 

El PNV, por su parte, ha lamentado "la poca claridad con la que se enfrenta esta situación en el Estado español". La formación jeltzale ya permitió en 2018 que el PP aprobara con Ciudadanos las cuentas que siguen vigentes en la actualidad. Si sus seis diputados no bloquean la negociación por la presencia del partido de Arrimadas, el Ejecutivo podría prescindir de ERC y Bildu si suma a Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y Coalición Canaria. 

Un escenario que los expertos consideran absolutamente indeseable es el de una nueva prórroga de las cuentas que obligara al Ejecutivo a gobernar como hasta ahora a golpe de decreto-ley para, en palabras de Ignacio Zubiri, "realizar gastos que permita el mínimo común denominador de la oposición porque esos decretos hay que convalidarlos", con medidas "irrechazables cara a la Cámara". El catedrático cree que España debe "demostrar ante la UE que está ante un país serio, capaz de elaborar unos presupuestos y tomar decisiones, que tiene proyectos e ideas para gastar el dinero que está pidiendo, y que además de querer ayuda de los demás está dispuesto a ayudar". 


Nota del blog  ...

Para ver la gráficas  del artículo picar aquí https://www.eldiario.es/economia/amenaza-prorroga-presupuestos-montoro-cuentas-mundo-no-existe_1_6174119.html



domingo, 23 de agosto de 2020

Colombia en su laberinto.

 Colombia: El ciudadano-presidente

María Luisa Rodríguez Peñaranda  

 La noticia de la detención preventiva del expresidente (2002-2010) y actual senador del partido de derecha Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez, por orden de la Corte Suprema de Justicia el pasado 4 de agosto, logró interrumpir la cotidianeidad nacional estancada en repetir el mantra del autocuidado, dar reportes de las crecientes cifras de contagios-fallecimientos relacionados con el pico de la pandemia, y la resignada cuarentena obligatoria que propició una radical parálisis de la movilización social.

 

La decisión judicial, tan usual en la región pero inhóspita en Colombia, consiguió lo que la escalofriante cifra oficial de 190 asesinatos de líderes y lideresas durante lo que lleva el mandato Duque, no ha logrado obtener (1): mover al establecimiento y la sociedad de su letargo político.

 

Lo que resulta más excepcional de la decisión judicial es entender cómo el escurridizo expresidente, para algunos –intocable- terminó siendo procesado. De hecho la investigación penal fue inicialmente impulsada por el mismo Uribe contra el también Senador Iván Cepeda, ubicado en la orilla ideológica opuesta, fiel a su acostumbrada práctica de perseguir judicialmente a todo el que ose controvertirlo o desafiarlo.

 

Cepeda había responsabilizado a Uribe de contribuir a la formación de grupos paramilitares desde los inicios de su carrera política como director de la aeronáutica civil y en su gestión como gobernador de Antioquia; versiones que como una lluvia de declaraciones caían frecuentemente sobre el expresidente por paramilitares históricos, sometidos a la justicia y extraditados por él mismo, pero que Uribe contenía con un fuerte paraguas de amenazas, intimidación, persecuciones y abogados rabiosos. A cambio Uribe lo denunció penalmente ante la Corte Suprema de Justicia acusándolo de comprar testigos para engañar a la justicia, no obstante dentro de los medios de prueba el alto tribunal decidió interceptar los teléfonos de algunos de esos testigos encontrando que entre ellos habían comunicaciones indirectas con el expresidente, lo que le llevó a cambiar la orientación de la investigación archivando la denuncia impulsada por Uribe y abriendo una nueva en el que Cepeda era la víctima justamente de los delitos que le habían endilgado en la investigación anterior: soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. En esta ocasión Uribe es presentado como el determinador de la manipulación de testigos, por lo que podría decirse que personificó al cazador cazado.

 

Ahora bien, el objeto de la investigación no se corresponde con las graves acusaciones que pesan sobre el historial del expresidente recientemente recordado mediante la serie documental de acceso abierto, en forma gratuita por Youtube bajo el título “Matarife, un genocida innombrable” creada por el abogado y periodista Daniel Mendoza; como estrategia de defensa de su representado en un proceso impulsado nuevamente por Uribe para acallar al reconocido periodista Gonzalo Guillen. En este sentido, el proceso que promovió la detención domiciliaria investiga conductas posteriores al 16 de febrero de 2018, por lo tanto no se refiere a su actuación previa ni durante los dos periodos presidenciales. Sin embargo, la tormenta que desató evidencia que la historia del conflicto armado colombiano aún no está saldada porque algunas de sus piezas más importantes siguen desencajadas esperando ser ubicadas en su lugar, siendo la central el mismo Álvaro Uribe Vélez, quien sigue encarnando el eterno retorno a las divisiones más viscerales y violentas de la sociedad ante la ausencia de un relato nacional que cuente e incluso condene lo que realmente ocurrió.

 

A la decisión unánime de la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que valoró como creíble el riesgo de obstrucción a la justicia por Uribe en razón al innegable poder político, económico, jurídico del expresidente y su capacidad para influir en los medios de pruebas, entre ellos los testimoniales https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/alvaro-uribe-velez-el-expediente-de-la-corte-suprema-de-justicia-contra-el-expresidente-526804, le surgieron defensores y contradictores en todas las esquinas del país, incluyendo al sector gremial-empresarial prestos a juzgar la decisión judicial y a quienes no desanimó la dimensión del gigantesco expediente compuesto de nada menos que 1554 folios pues, colombiano que se respete lleva un leguleyo dentro.

 

Tras la orden de detención a su mentor Uribe, y haciendo uso de su investidura presidencial, una suerte de dado de rol que reúne en una misma persona múltiples caras como jefe de estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las fuerzas militares y jefe de la administración; el presidente Duque se dirigió a los colombianos en un mensaje breve para exponer su inconformidad con la orden judicial. Lo hizo interrumpiendo la programación ordinaria de la televisión, y por fuera de su diaria intervención que desde marzo ocupa una franja para mostrar la gestión de su gobierno frente a la pandemia (contribuyendo a consolidar una nueva versión del populismo de derechas que se me ocurre llamar pandelismo).

 

En su mensaje manifestó su rechazo a la medida cautelar en tres formas: 1. Pidiendo que se le otorgara el derecho al investigado de defenderse en libertad, al que de antemano considera inocente; 2. Que como ciudadano espera que las vías judiciales operen; 3. Exigiendo que se garantice la presunción de inocencia de Uribe, en su concepto puesta en duda por la decisión judicial.

 

Los pilares del argumento del Presidente Duque residen de una parte en su amistad con el ahora detenido y por otra, sobre la honorabilidad que supone haber sido expresidente, no una vez sino por partida doble. Sobre el primer argumento, está claro que la amistad no puede operar como una prueba del comportamiento judicial de nadie, aunque se trate de la filia propiciada por el gremio de los expresidentes. Error en el que también incurrieron los exmandatarios de la región (incluido Aznar) que se atrevieron a mandar un mensaje de respaldo a Uribe, al que luego se uniría el Vicepresidente Pence de US y ya puestos, hasta la derecha española con Casado. Las cartas de apoyo a la inocencia de Uribe resultan jurídicamente irrelevantes pues los jueces no toman sus decisiones basados en qué tan bien le cae el investigado a sus amigos, o mediante una encuesta de popularidad política. Lo cierto es que la búsqueda de apoyos internacionales para Uribe parece derivarse de una gestión internacional salida de la Casa de Nariño por el siempre fiel ciudadano-jefe de estado para su amigo.

 

Ahora bien, el impacto político epistolar es otro. De hecho sino habláramos en Colombia, estos apoyos podrían resultar irrelevantes, pero la experiencia nos dice lo contrario. En particular el del gobierno estadounidense que ya antes se ha entrometido en la justicia nacional presionando individualmente a los magistrados independientes por una de las vías más rastreras como es cancelarles las visas de ingreso a su país por decisiones jurídicas que sólo le conciernen a la jurisdicción nacional. Una humillante retaliación de un gobierno extranjero contra un ciudadano-magistrado o magistrada y su familia, tolerados por el gobierno nacional, en casos tan vergonzosos como el del magistrado José Lizarazo a quien se le retiró la visa por haber sido ponente de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz –JEP- indispensable para avanzar en el proceso de paz en el país. https://www.semana.com/nacion/articulo/embajada-de-estados-unidos-se-pronuncia-sobre-cancelacion-de-visas-a-magistrados/614417 .

 

El segundo argumento también merece un análisis. Duque plantea una suerte de inmunidad presidencial ya no solo por la responsabilidad de los presidentes en el ejercicio de sus funciones, de cierta manera inscrita en la cultura política nacional, sino incluso extendida. Es decir antes y después de haber ostentado el cargo, interpretación derivada de la “honorabilidad” presidencial. Interpretación que no cuenta con ningún asidero jurídico-político, pues sería tanto como sostener que llegar a ser presidente significa obtener una patente de corso para delinquir, o que en una república hay ciudadanos por fuera del cumplimiento de la ley, lo que configura una contradicción en sus términos, pues justamente lo que profesa la república es el gobierno civil de igualdad ciudadana frente a la ley.

 

Lo cierto es que con la decisión cautelar el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria puso de presente que en el régimen presidencial no prevé tal inmunidad extendida en el tiempo o si se quiere una inmunidad retroactiva y ultra activa, que palabras más palabras menos significaba proteger por siempre a Uribe Vélez.

 

En los días subsiguientes, en lo que podríamos llamar la semana del desespero creativo irresponsable, Duque en conjunto con su bancada en el congreso llegaron a proponer toda clase de descabelladas ideas. Desde una asamblea nacional constituyente para decapitar a la Corte Suprema de Justicia, pasando por la eliminación de la JEP; o una razonable reforma integral a la justicia para volverla más eficiente pero acto seguido, una tutelatón contra la decisión de la Corte, que justamente saboteaba el discurso de la eficacia de la justicia que acababan de reclamar.

 

Por supuesto que la propuesta de reforma de la justicia es el sueño eterno de todos los gobiernos, lo cual de por sí no es negativo, de hecho es necesaria. Lo malo es el momento en que se solicita y con qué fines. Amenazar con una modificación de la estructura del estado por una decisión judicial pareciera desproporcionado, particularmente cuando miles de ciudadanos ni siquiera tienen acceso a ella. En este sentido las intervenciones de Duque más allá de ejemplificar una indebida intromisión en las competencias exclusivas de la rama judicial, propia de manual de introducción al derecho constitucional, lo que mostró el presidente es la lógica corporativa que rige su partido, en el que la Corte Suprema de Justicia es vista como su subordinada, y en caso de que actúe en forma independiente, simplemente la fusiona o extirpa. Nada más provocador para darle oxígeno a la crispación, dolores, odios y amores que despierta la figura de Uribe.

 

Cuando la tormenta ya se había desatado, ante las opiniones y reclamos en redes sobre la extralimitación del presidente en su intervención, Duque se defendió arguyendo que sus comentarios se encuentran al abrigo de su condición de ciudadano en el marco de su libertad de expresión.

 

La ingeniosa defensa del presidente nos recordó que bajo todas las gruesas capas de poder que le revisten, y dentro de las cuales por ejemplo cuenta con la tontería de un control de constitucionalidad exclusivo como es la objeción presidencial, o la facultad para declarar los estados de excepción en conjunto con su gobierno, o del poder normativo para regular las leyes; reside un ciudadano con preocupaciones legítimas sobre las actuaciones de los jueces, dispuesto a deliberar como cualquier otro sobre los destinos del país. Considero que la respuesta del presidente es jurídica y políticamente insostenible por varias razones.

 

En primer lugar porque si bien todos los servidores públicos pueden participar políticamente expresando sus opiniones en forma privada, cuándo estas se hacen mediante el uso de los recursos públicos, en el ejercicio de sus funciones, rodeados por los símbolos del estado como es la bandera nacional, en alocución en virtud de su investidura, el ciudadano que se dirige a los colombianos única y exclusivamente está validado por el mandato que se lo permite, es decir, como presidente.

 

En segundo lugar, el presidente simboliza la unidad nacional, razón por la que cada una de sus palabras tiene impacto en la vida económica, política y social no solo del país sino incluso regional, y según de lo que se trate hasta global. Las repercusiones de sus intervenciones pueden llegar a ser inconmensurables en la capacidad para movilizar en el mejor de los casos a la ciudadanía, o en el peor de ellos, propiciar el odio sobre sectores históricamente vulnerables poniéndolos como objetivo de toda clase de ataques. De hecho cada intervención del ciudadano-presidente acarrea responsabilidades de estado por los daños y perjuicios que pueda causar. En esta dirección de análisis, cuando bajo tal calidad el primer mandatario antepone su amistad, cercanía, admiración al investigado penal, sobre la obligación de cumplir el mandato constitucional y la ley de respetar las decisiones judiciales, rompe con la debida imparcialidad de sus actuaciones.

 

En tercer lugar, el presidente anunció que podría iniciar acciones constitucionales para impugnar la decisión de la Corte Suprema, facultad que le asiste a los servidores públicos haciendo uso de los medios a su disposición para defender sus derechos mediante el litigio de sus propios asuntos, o los encomendados por mandato legal en el ejercicio de sus funciones, o de los otros a los que les esté impedido defenderse por la vía de la agencia oficiosa. No obstante, en este caso el Senador Uribe cuenta con un enjambre de abogados que pueden impugnar esta decisión y las que vendrán mediante los mismos medios de defensa que le otorga el proceso penal, por lo que amenazar con acudir a la acción de tutela sin contar con la legitimación por activa, por cuanto el único afectado es Uribe y es a él al que le conciernen sus propios asuntos, la intervención presidencial no solo resulta desafortunada sino inviable. Más aún frente al inolvidable slogan de su gobierno: “el que la hace la paga”.

 

Lo cierto es que en un régimen presidencial, en donde tan sólo discernir cuándo el primer mandatario funge en alguna de sus calidades en forma exclusiva, particularmente como jefe de estado o de gobierno ya resulta difícil, pretender despojarse retóricamente de todos sus atributos para argüir la calidad de ciudadano solo es posible bajo la renuncia efectiva de todos y cada uno de sus poderes así como potestades que se le otorgan- como irrumpir en la televisión nacional-, cosa que el presidente Duque no ha hecho.

 

En todo caso no sobra recordar que hasta el momento Uribe solo ha sido receptor de una orden de arresto domiciliario, no muy distinto del que ya recae sobre el resto de los ciudadanos que por mandato del presidente Duque nos tiene encerrados desde hace cinco meses. Pero que a diferencia de la mayoría de nacionales, condenados a una cuarentena más bien estricta, arrinconados por el hambre, la violencia intrafamiliar y la delincuencia, la detención de Uribe tiene lugar en nada menos que una hacienda ubicada en un municipio en las inmediaciones del caribe (muy próxima a su departamento Antioquia) llamada el Ubérrimo, con una explotación agropecuaria de unas 1500 hectáreas y un sistema de seguridad conformado por varios anillos prestados por la policía. Lo que parafraseando al exjefe paramilitar Mancuso puede considerarse el cumplimiento de lo que era el sueño del movimiento nacional antisubversivo, vivir en “ese paraíso entre los andes y el mar”.

Nota:

Nota ( 1 )Reconocidas por él mismo, y que podrían llegar a ser más del doble  https://www.semana.com/opinion/articulo/en-colombia-la-pistola-manda-jai..

 

 María Luisa Rodríguez Peñaranda  Profesora asociada, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Colombia.

Fuente:

 https://www.sinpermiso.info/textos/colombia-el-ciudadano-presidente

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sábado, 22 de agosto de 2020

El fondo de recuperación europeo y la esclavitud de la deuda.

 El fondo de recuperación europeo nos esclaviza a la deuda hasta la próxima generación

21 de agosto

 

 por Fátima Martín

 El fondo de recuperación europeo nos esclaviza a la deuda hasta la próxima generación. De hecho, la gran beneficiada de este plan milmillonario, con la excusa de la pandemia de coronavirus, no es otra que la banca.

 

Muy claro lo dejan las Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que tuvo lugar en Bruselas del 17 al 21 de julio de 2020: “Con el fin de dotar a la Unión de los medios necesarios para hacer frente a los desafíos planteados por la pandemia de Covid-19, se autorizará a la Comisión a contraer empréstitos en los mercados de capitales en nombre de la Unión. Los ingresos se transferirán a los programas de la Unión de conformidad con Next Generation EU” [1].

 

En lo que respecta a este producto financiero llamado Next Generation EU, el importe máximo será de 750.000 millones de euros a precios de 2018, 360.000 millones de euros para conceder préstamos y 390.000 millones de euros para sufragar gastos. El endeudamiento neto nuevo cesará, a más tardar, al término de 2026. Y la hipoteca tendrá que ser devuelta como muy tarde en 2058.

 

De esos 750.000 millones de euros, el Estado español podrá disponer de 140.000 millones de euros (el 11% del PIB), 72.700 millones de euros para gastos y 67.300 millones de euros para préstamos. A cambio, no serán pocas las condiciones que habrá de cumplir. Tendrá que presentar un plan de reformas (llamadas “de recuperación y resiliencia”) obedeciendo las recomendaciones específicas de la Comisión Europea para cada país, entre otros criterios. O sea, la austeridad pura y dura ya conocida: Contener el gasto público, preservar la sostenibilidad de las pensiones, o destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la deuda pública, según figura en la Recomendación del Consejo relativo al Programa Nacional de Reformas de España de 2019 [2] y en el Informe sobre España 2020 del pasado mes de febrero [3].

 

Se necesitará mayoría cualificada para que el Consejo, a propuesta de la Comisión, apruebe los planes de recuperación y resiliencia. “La evaluación positiva de las solicitudes de pagos estará supeditada al cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes”, dice literalmente el documento de conclusiones del 21 de julio de 2020. En el caso excepcional de que uno o más estados miembros consideren que existen desviaciones graves del cumplimiento satisfactorio de las metas y los objetivos pertinentes, podrán solicitar que se remita la cuestión al próximo Consejo Europeo. Es el famoso “freno de emergencia” introducido para contentar a Holanda, que pedía derecho de veto sobre las reformas propuestas por otros países.

 

En respuesta a sus quejas, las Conclusiones del Consejo Europeo incluyeron unas correcciones para los países llamados “frugales” para el periodo 2021-2027 repartidas de la siguiente manera: 377 millones de euros para Dinamarca, 3.671 millones de euros para Alemania, 1.921 millones de euros para Países Bajos, 565 millones de euros para Austria y 1.069 millones de euros para Suecia. Las reducciones brutas serán financiadas por todos los estados miembros en función de su RNB (Renta Nacional Bruta).

 

Según la Comisión Europea [4], históricamente, las devoluciones (o correcciones de las contribuciones nacionales de los estados miembros al Presupuesto de la UE) se introdujeron inicialmente en beneficio del Reino Unido. A lo largo de los años, otros estados miembros también se han beneficiado de este complejo sistema de correcciones y devoluciones. En mayo de 2018, la Comisión propuso eliminar todas las correcciones por el lado de los ingresos (devoluciones). La Comisión sigue opinando que la eliminación progresiva de todas las devoluciones haría que el presupuesto a largo plazo fuera más equilibrado. Algo que de momento no se llevará a cabo con la excusa del coronavirus.

 

 

Se aplicará un tipo uniforme del 0,3% a las bases IVA de todos los estados miembros

 

Pero hay más condiciones. El Consejo Europeo lo advierte nítidamente: “Durante los próximos años, la Unión obrará para reformar el sistema de recursos propios e instaurará nuevos recursos propios”… Uno de esos “recursos propios” que se tocarán es el IVA: “El recurso propio basado en el IVA actual se sustituirá por el método simplificado y mejorado de la Comisión presentado en enero de 2019, con un tipo uniforme del 0,3 % que se aplicará a las bases IVA de todos los Estados miembros, determinadas de conformidad con el método mejorado propuesto por la Comisión”, dice el documento de Conclusiones en la parte dedicada a los Ingresos.

 

En relación a los tipos reducidos de IVA, “diseñados para facilitar el acceso a bienes y servicios de primera necesidad, sociales, culturales o estratégicos”, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) española valoró recientemente: “Cumplen con el objetivo, pero no lo hacen de forma eficiente desde el punto de vista distributivo. Así, la AIReF propone una revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía de los tipos reducidos para mejorar la eficiencia distributiva del impuesto. La institución resalta la importancia de que esta revisión se haga teniendo en cuenta la evolución económica y protegiendo a los colectivos y sectores afectados. Así, para no perjudicar a los hogares de rentas más bajas y evitar incrementar la desigualdad en la distribución de renta, considera necesario articular en paralelo medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables que garanticen un mejor acceso a dichos bienes, así como planes focalizados para la promoción y mejora de la calidad de los sectores estratégicos que se pretenden favorecer mediante el beneficio fiscal” [5].

 

Además del IVA, entre los nuevos recursos propios, se mencionan tributos presuntamente ’verdes’, digitales, y una promesa de impuesto sobre las transacciones financieras que está por ver que se implemente y cómo: “En el transcurso del próximo MFP (Marco Financiero Plurianual), la Unión trabajará para instaurar otros recursos propios, entre los que podría hallarse un impuesto sobre las transacciones financieras. Los ingresos generados por los nuevos recursos propios instaurados después de 2021 se utilizarán para el reembolso anticipado de los empréstitos contraídos en el marco de Next Generation EU. Se invita a la Comisión a que presente oportunamente una propuesta de revisión del MFP a tal efecto”, reza el documento.

Bankia aplica tipos de interés diferentes para cada crédito ICO Covid-19 y comisión de apertura del 0,5%

 Para hacernos una idea de la buena acogida que el instrumento New Generation UE ha tenido entre la banca, basta ver cómo lo han valorado las distintas entidades financieras.“Ya el nombre del programa (Next Generation UE) refleja algo tan importante como que uno de los objetivos del proyecto europeo debería ser centrar los esfuerzos de política económica en las generaciones más jóvenes, duramente golpeadas por dos crisis muy intensas en poco más de una década”, reconoce en un análisis el director de Estudios de Bankia [6]. Tiene gracia que se viertan esas perogrulladas precisamente desde una entidad que concentra todas las irregularidades cometidas en la pasada crisis y por las que algún día habrá que pedir responsabilidades.

“Aunque el plan estaría muy lejos de ser un ’momento Hamilton’ (asunción de las deudas de los estados americanos por el gobierno federal en 1790), sí que puede ser el embrión de un mayor grado de integración en Europa (…) siendo conscientes de que el aumento de la solidaridad vendrá de la mano de condicionalidad (algo que no tiene por qué ser negativo si está bien orientada) y, por tanto, del diseño tanto de una senda de estabilidad fiscal para todos los países, como de una agenda de reformas. (…) no es un cheque en blanco, pues los fondos estarán ligados a compromisos, con niveles de cumplimiento intermedios que irán desbloqueando la financiación”, añade la entidad española rescatada con dinero público, bajo supervisión de Bruselas, a la que permiten operar como si fuera privada. “De momento, el plan ha sido bien recibido por los mercados, pues la prima de riesgo española se ha llegado a situar por debajo de los 100 puntos básicos en algunos momentos de la semana”, concluye.

 

Por cierto, Bankia, en los créditos ICO Covid-19, avalados por el Estado, no tiene un tipo de interés único, sino que aplica uno diferente para cada operación. Además del tipo de interés, Bankia en estos préstamos impone una comisión de apertura del 0,5% [7]. Como analiza Prouespeculació [8], web que “lleva luchando contra la precariedad en la vida y en la vivienda desde 2006”, en un interesante artículo:

 

“En la concesión de los préstamos Covid-19, los de la crisis, es la banca privada la que substituye al Estado siguiendo criterios que nada tienen que ver con la emergencia social que vivimos. Su criterio social son los dividendos que cobrarán los accionistas del Banco. Como dicen estos mangantes, la comisión de apertura es el pago por calificarle el crédito que le salvará y qué intereses le cobrarán que serán mayores cuanta más necesidad o infortunio tenga. Al revés de la lógica humana. Y no van a tener remordimiento alguno en ejecutar los avales del préstamo COVID y arruinar al deudor antes de reclamar la garantía del Estado. Toda esta ceremonia y rituales socialmente aceptados, encubren que el banco no arriesga nada ante semejante negocio, el dinero lo ha pedido prestado al BCE (Banco Central Europeo). Y por primera vez en la historia económica ellos, los Santander, La Caixa, BBVA, Bankia, Sabadell, han cobrado por pedir prestado y además las operaciones Covid-19 no tienen riesgo (¿para qué la comisión de apertura?) pues en última instancia el Estado avala todas las operaciones con deuda pública que tiene a bien conceder la Comisión Europea”.

 La patronal bancaria europea (EBF) destaca “el papel importante para el sector financiero” en el fondo de recuperación europeo

 El mismo día en que el Consejo Europeo alcanzó el acuerdo de la presunta recuperación, la patronal bancaria europea (EBF, por sus siglas en inglés), publicaba una nota en la que aplaudía “la visión de la UE de poner en marcha una recuperación económica responsable y cualitativa” y reconocía “el hito único alcanzado por el liderazgo de la UE con un acuerdo formal del Marco Financiero Plurianual (MFP) y el Fondo de Recuperación de la UE de Próxima Generación (NGEU)” [9].

 

En dicha nota, la patronal bancaria europea destacaba el “papel importante para el sector financiero” en este acuerdo, “no solo impulsando la inversión pública y privada para asegurar puestos de trabajo, ayudar a los sectores y regiones más afectados y proteger a los ciudadanos europeos de lo peor, sino también poniendo a Europa a la vanguardia de las revoluciones verde y digital como propulsores de la recuperación, la resiliencia y la competitividad”.

 

Y continuaba así: “El EBF, junto con la comunidad de bancos europeos, está listo para ayudar a sus socios públicos y privados asegurando la implementación efectiva del MFP y NGEU. Desde el inicio de la pandemia mundial, la industria bancaria ha apoyado a sus clientes, tanto a hogares como a empresas de todos los tipos y tamaños siempre que ha sido posible y seguirá haciéndolo. Las finanzas son una parte esencial de la fase de recuperación europea y el crecimiento económico, no solo a través de préstamos, sino también a través de la gama de servicios y productos que los mercados de capitales ofrecen”...

 

Por su parte, el banco Santander [10] señala que la deuda conjunta emitida por la UE es un procedimiento que ya se viene utilizando con el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) y que sus bonos son susceptibles de ser comprados por los programas del BCE (Banco Central Europeo), puesto que tiene la calificación de institución supranacional en territorio UE. Además, la entidad, a fecha de 29 de mayo, ya explicaba cómo se devolverá la hipoteca Next Generation UE: “La devolución se hará contra el Presupuesto de la UE, es decir, contra las contribuciones de los países a dicho Presupuesto, pero habiendo transcurrido ya al menos siete años desde la crisis actual. En todo caso, será necesario ir aumentando progresivamente las contribuciones, aunque la CE no ha detallado cómo se desarrollará este proceso. También ha incluido la posibilidad de nuevos impuestos como pudiera ser la tasa de carbono en frontera. La respuesta del euro, superando incluso el 1,11$/€, la fuerte caída adicional de las primas de riesgo de países periféricos y semi-core y la subida de las bolsas, confirman que el mercado le da una lectura global muy positiva para el futuro de la UE y en particular de la Zona Euro”.

 

En la misma línea se pronuncia el gigante oportunista estadounidense BlackRock: “La creación del fondo europeo de recuperación y la próxima emisión de bonos paneuropeos han dado un impulso al euro”, valoró en un reciente comentario semanal [11]. Desde estas líneas ya dimos cuenta de cómo el buitre del Ibex 35 se frotaba las garras ante las medidas de la UE por el coronavirus [12].

 

De todos modos, muy preocupante es el presunto compromiso climático con las nuevas generaciones de la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, cuando contrató al quebrantahuesos financiero BlackRock, “el mayor inversor del mundo en combustibles fósiles”, como asesor para la sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza de la banca europea. Una decisión que ha provocado un incendio de críticas que aún no se ha apagado y que muy probablemente se reavivará en este otoño caliente [13].

Notas

[1] Reunión extraordinaria del Consejo Europeo, 17 a 21 de julio de 2020 Consejo de la Unión Europea Ver online: https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/european-council/2020/07/17-21/

 

[2] RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de España Comisión Europea (05/06/2019) Ver online: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-spain_es.pdf

 

[3] Documento de trabajo de los servicios de la Comisión. Informe sobre España 2020 (26/02/2020) Comisión Europea Ver online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0508&from=EN

 

[4] Preguntas y respuestas sobre el marco financiero plurianual y el instrumento Next Generation EU (27/05/2020) Comisión Europea Ver online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_935

 

[5] La AIREF resalta el coste de oportunidad que suponen los beneficios fiscales y la importancia de garantizar su eficacia airef.es (22/07/2020) Ver online: https://www.airef.es/es/noticias/la-airef-resalta-el-coste-de-oportunidad-que-suponen-los-beneficios-fiscales-y-la-importancia-de-garantizar-su-eficacia/

 

[6] Next Generation EU opinión de José Ramón Díez Guijarro, director de Estudios de Bankia. (20/05/2020) blogbankia.es Ver online: https://www.blogbankia.es/es/blog/next-generation-eu.html

 

[7] https://www.bankia.com/es/comunicacion/bankia-responde/tipo-interes-bankia-creditos-ico-covid-19.html#recurso

 

[8] El Banco Central Europeo inunda con dinero a la banca española mientras el país se hunde en deudas impagables. Prouespeculacio.org (07/08/2020) Ver online: https://prouespeculacio.org/2020/08/07/el-banco-central-europeo-inunda-con-dinero-a-la-banca-espanola-mientras-el-pais-se-hunde-en-deudas-impagables/

 

[9] Supporting EU’s vision for a responsible and strong economic recovery (21/07/2020) ebf.eu Ver online: https://www.ebf.eu/ebf-media-centre/supporting-eus-vision-for-a-responsible-and-strong-economic-recovery/

 

[10] Nota de Mercados: La Comisión Europea impulsa la integración: Next Generation UE (29/05/2020) santanderassetmanagement.es Ver online: https://www.santanderassetmanagement.es/nota-de-mercados-la-comision-europea-impulsa-la-integracion-next-generation-ue/

 

[11] Comentario semanal global: Las consecuencias de un dólar más débil blackrock.com Ver online: https://www.blackrock.com/cl/vision-de-mercado/comentario-semanal

 

[12] BlackRock, el buitre del Ibex35, se frota las garras ante las medidas de la UE por el coronavirus. (15/04/2020) cadtm.org Ver online: https://www.cadtm.org/BlackRock-el-buitre-del-Ibex-35-se-frota-las-garras-ante-las-medidas-de-la-UE

 

[13] ’Another Brick in the Wall’: Crece la presión para que la UE cancele su contrato ’verde’ con el tóxico BlackRock cadtm.org (16/07/2020) Ver online: http://www.cadtm.org/Another-Brick-in-the-Wall-Crece-la-presion-para-que-la-UE-cancele-su-contrato

 

Autor

Fátima Martín es periodista, miembro del CADTM y de la PACD del Estado español. Es coautora, junto con Jérôme Duval, del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016. Actualmente está desarrollando el periódico ’online’ FemeninoRural.com.

 https://www.cadtm.org/El-fondo-de-recuperacion-europeo-nos-esclaviza-a-la-deuda-hasta-la-proxima

 

 NOTA  DEL BLOG   ..De todos modos todo esto es mas complejo 

https://www.publico.es/politica/presupuestos-presupuestos-reconstruccion-libres-ataduras-austeridad-135-constitucion.html

 

 

 

viernes, 21 de agosto de 2020

Acoso y derribo a Podemos .

 Acoso y derribo a la democracia

 

Jacinto Morano

 

La familia de Pablo Iglesias e Irene Montero (con sus hijos pequeños) ha tenido que abandonar su lugar de vacaciones a la vista de los insultos, las amenazas y el acoso que estaban padeciendo. Ha sido noticia en todos los telediarios, pero la desgracia es que no es noticioso, porque estaban en ese lugar intentado escapar de los insultos, amenazas y acoso que llevan sufriendo meses en su domicilio (domicilio aireado, en contraste con los de todos los líderes políticos, hasta la náusea por todos los aparatos mediáticos que en el mundo son). Y ni siquiera son actos aislados. Sumemos las agresiones a la ministra de Trabajo, los destrozos en el coche de la directora del Instituto de la Mujer, el hostigamiento a la portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo y a Juan Carlos Monedero…

 

¿Muestras de solidaridad de los adversarios? Muchas. Pero con la boca pequeña. Y con el inevitable  “pero...”. Es sorprendente cómo la derecha española (la de la Ley Mordaza) se apresura a equiparar un acoso sistemático, insistente y planificado en las esfera familiar de líderes políticos con la protesta social, las movilizaciones puntuales y no violentas de protesta por determinadas políticas. Significativamente con el movimiento anti desahucios y por la vivienda digna. Sirve para un doble objetivo: deslegitimar la protesta social (es lo mismo que un acoso) y mandar un mensaje claro a sus huestes escuadristas: sigan, aprieten, denles, que en el fondo se lo merecen.

 

 

La apuesta es clara: además de hostigar al adversario a ver si se aburre y manda todo a paseo (no lo van a conseguir), generar un clima que asocie la presencia de Unidas Podemos en el Gobierno con una tensión intolerable. La mera presencia. Porque, ¿qué reivindican los acosadores? ¿Cuál es su petición? ¿Protestan acaso contra la modificación de los ERTE por el Gobierno, que ha amortiguado la destrucción de empleo durante la pandemia y que los líderes empresariales y de derechas, que se opusieron a ella, piden prorrogar (con las crisis se te pasa el neoliberalismo)? ¿Contra el incremento en la inversión pública en sanidad y educación que el Gobierno del Estado ha garantizado a las comunidades autónomas? No, en absoluto. No es una medida o una política lo que les subleva. Es la mera existencia del Gobierno de coalición y la presencia de Unidas Podemos en el mismo.

 

Porque el hecho de que Unidas Podemos y, en concreto, Pablo Iglesias estén en el Gobierno es algo inasumible para la derecha patria. Independientemente de lo que haga o deje de hacer. La democracia para los conservadores españoles (que desde el siglo XIX han admitido sistemáticamente decenas de conspiraciones contra las libertades democráticas con tal de evitar el acceso al poder del enemigo) es una democracia con asterisco. Se acepta mientras no gane alguien que quiera cambiar las cosas. El filósofo Carlos Fernández Liria, cuando hablaba de los países latinoamericanos, afirmaba que la democracia era “el intervalo entre dos gobiernos de izquierdas”. Eso es precisamente lo que piensa la derecha española.

 

En el lógico y rico debate ocurrido en los últimos años en la izquierda transformadora española sobre la adecuación o no de participar en un Gobierno en minoría con el PSOE (y en qué condiciones hacerlo), nunca ocupó el centro de la discusión si esa circunstancia estaba fuera de los límites asumibles por los poderes reales de nuestra sociedad; si, lejos de una estrategia de cooptación o invisibilización, lo que iba a ocurrir es una tensión hasta el límite de la formalidad democrática para expulsar a Unidas Podemos del Gobierno. Llamamientos a gobiernos de concentración (que no sabemos bien lo que son), el lawfare ampliado por los medios y el hostigamiento en las calles son las tres patas del “track one” de la derecha española.

 

 

“Track one” era la denominación que la Secretaría de Estado del premio Nobel Henry Kissinger ponía en marcha para desestabilizar gobiernos progresistas en latinoamérica. Cuando no funcionaba, pasábamos al “Track two”: se busca al Pinochet de turno y se aplica un cuartelazo, gritando que el gobierno es ilegítimo y la patria está en peligro. No hay ruido de sables, pero lo de la ilegitimidad del gobierno lo hemos escuchado desde la moción de censura que echó a Mariano Rajoy y, últimamente, a raíz de la huida de Juan Carlos I, pues consideran inasumible que un vicepresidente del Gobierno cuestione los chanchullos de la institución monárquica y argumentan que estamos ante un plan orquestado por Unidas Podemos para reventar el sistema institucional (como si los millones se los hubiera ingresado Pablo Iglesias a Juan Carlos de Borbón en la cuenta). Se busca un ambiente que legitime movimientos “raros”. Poca broma.

 

Esta estrategia pone de manifiesto una realidad: la incapacidad de la derecha para construir un proyecto político propio. Su relato y su discurso es a la contra y personalizado: “Estos no”. La derecha está absolutamente instalada en lo que señala Innerarity, que me recordaba el otro día una amiga que sabe mucho: “La política se convierte en diletantismo organizado cuando sus operaciones sólo tienen el valor de un entretenimiento: discutimos más acerca de personas que de asuntos políticos o el valor del escándalo en la política que sustituye al intercambio de argumentos”. Esto es: la derecha no tiene otra cosa de qué hablar ni qué proponer más allá de poner toda la carne en el asador para atacar personalmente y deslegitimar a las caras visibles de sus adversarios. Poco les importa usar patrañas para ello o las consecuencias que sobre las vidas personales puedan tener. Todo vale.

 

Pero esta ausencia de proyecto no se puede combatir en los mismos términos, ni la estrategia de acoso y derribo se va a neutralizar en las instituciones o en las redes sociales. O, desde luego, no solo. Allí donde se proponen ataques ad hominem, proyecto, propuesta y transformación. Cuando se ponen sobre la mesa acosos y hostigamientos, organización y movilización social. Frente al déficit democrático que excluye opciones legítimas del debate público, valores y realizaciones republicanas.

 

La mejor forma de defender el proyecto del cambio y a los compañeros que sufren el acoso y hostigamiento (y a sus familias) es levantar un muro de derechos democráticos, de libertades y de justicia social que solo deje fuera (y mande al vertedero de la historia) a los mismos que siempre nos han querido llevar a las tinieblas de la reacción, los que se dedican a intentar cortar flores, pero no van a detener la primavera.

https://www.cuartopoder.es/ideas/opinion/2020/08/20/acoso-derribo-democracia-jacinto-morano/


 Y  más  ...https://kaosenlared.net/por-que-permite-el-psoe-el-acoso-a-podemos/