La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a
la reelección, Isabel Díaz Ayuso, junto a Toni Cantó en el barrio de
Sanchinarro, el día 6 de abril. — Kiko Huesca / EFE
El Partido Popular (PP) lo ha hecho de nuevo: trampas en
unas elecciones. La diferencia respecto a cuando en el pasado acudió dopado a
las urnas (con financiación ilegal vía Gürtel), es que ahora sólo ha quedado en
un intento. Ni Toni Cantó ni Agustín Conde podrán ir en las listas del PP,
sencillamente, porque eso incumpliría la ley electoral.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de
Madrid ha tirado por tierra el intento de hacer trampas del PP que,
sorprendentemente, había sido avalado por la Junta Electoral Provincial. La ley
es clara: no pueden ser candidatos quienes no están empadronados y tanto Cantó
como Conde realizaron este trámite pocos días antes del cierre de las listas
electorales, quedándose fuera del plazo. A pesar de ello, tanto los afectados
como la propia Díaz Ayuso intentaron hacer trampas. La cantada ha sido
clamorosa y que la Junta Electoral Provincial lo aceptara la deja en muy mal
lugar.
El hecho de que no sorprenda este mal proceder -ya
conocíamos la calaña de Conde y la del Cantó- no lo hace menos grave. El
ex-Ciudadanos afirma que seguirá haciendo campaña a muerte con Ayuso, aun
cuando el Tribunal Constitución avale la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo... seguramente para terminar cobrándose los
servicios prestados.
¿Qué imagen dan unos candidatos que han tratado de engañar?
¿Cuán de fiar es un partido y una presidenta que han intentado incumplir la ley
con claros fines partidistas? La credibilidad de Cantó, su fiabilidad son tan
nulas como su honestidad: el modo en que pasa de querer dejar la política a ir
en listas electorales del partido que él mismo calificó de trama mafiosa es
pasmosa... tanto como que meses antes ya andaba comiendo con Ayuso allanando el
terreno para ello.
Podría decirse que Cantó nunca ha dejado el mundo de la
farándula pese a sus años de político, pero no, eso sería demasiada benévolo
con él. Sencillamente, es un mentiroso y ha querido hacer trampas. Tiene buena
maestra, puesto que si algo ha demostrado Ayuso es su capacidad para faltar a
la verdad, para que la palabra no tenga ningún peso. El PP madrileño convertido
el club de los tramposos.
Nota del blog . Da gusto ver al PP podridono acatar sentencias .Ellos tan suyoscon el Estado de Derecho en la boca . Cuando repiten "las sentencias están para cumplirlas" . Y sobre todo cuando
selas aplican a otrosy encima que no tengan ni la posibilidadrecurrir y se saltan el juez natural y los
tribunales autonómicos como hicieron en Cataluña.. Y lo peor ahora es ni se saben , nisu ley electoralni su Estatutoy la Junta Electoral tampoco. CAPITULO II
Derecho de sufragio ..Artículo 2. 1. El derecho de sufragio corresponde a los
españoles mayores de edad, que gocen del mismo según el Régimen Electoral
General y que, además, ostenten la condición política de ciudadanos de la
Comunidad de Madrid, conforme el artículo 7 de su Estatuto de Autonomía.
2. Para su ejercicio es indispensable la inscripción en el
censo electoral vigente. …..Y punto..
.........Si el cierre del censo electoralfue el 1 de enero de 2021 .. NO PUEDEN NI
VOTAR y SI NO PUEDEN NI VOTAR MENOS PRESENTARSE
Censo vigente
De acuerdo con el artículo 39.1 de la LOREG, el censo
vigente para las elecciones que se celebrarán el 4 de mayo de 2021 es el
cerrado el 1 de enero de 2021, que recoge los movimientos comunicados por los
Ayuntamientos, Consulados y Registros Civiles acaecidos hasta el 30 de
diciembre de 2020. A este censo se incorporarán las reclamaciones estimadas.
En ese censo no se tienen en cuenta los cambios de
circunscripción electoral de los electores que residen en el extranjero
producidos desde el 10 de marzo de 2020.
Normativa: Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Artículo 36.2 y 39.1
Resolución de 27 de octubre de 2014, de la Oficina del Censo
Electoral, sobre reclamaciones y datos de inscripción en el censo electoral.
Prueba de fuego para los paraísos fiscales, la corrupción y
el Estado de derecho
Greg Grandin
Está programado que este domingo 11 de abril los
ecuatorianos salgan a votar en segunda vuelta para elegir a su presidente. Los
candidatos son Guillermo Lasso , un banquero de élite de 65 años; y Andrés
Arauz, un exfuncionario progresista del Banco Central de 36 años. No hay duda
de que el resultado tendrá un impacto profundo en el futuro de la nación; los
candidatos tienen visiones muy distintas de cómo sacar a Ecuador de la pandemia
y de la actual recesión económica. Pero si bien la contienda ha recibido escasa
atención internacional, tiene implicaciones de carácter global.
Nota del blog ( Las elecciones Guillermo Lasso obtiene el 52.48% y Andrés
Arauz el 47.52% de la votación.
Adicionalmente, un 16% ha votado nulo -acción aconsejada por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y un 20% no ha
concurrido a votar (una cifra récord en un país donde el voto es obligatorio .
Recordemos , que el impacto de la
pandemia esta entre los peores del mundo
y que son presidenciales y no
legislativas. Ninguno de los dos finalistas contará con mayoría legislativa y
tendrá que negociar con Pachakutik, el partido indígena que logró la segunda
votación para la Asamblea detrás de Unión por la Esperanza (UNES), el
movimiento de Arauz. Creando Oportunidades (CREO), la fuerza de Lasso, tendrá
una representación mínima. .)
En Estados Unidos, para muchos es fácil que pase desapercibido
lo que sucede en Ecuador, una pequeña nación andina de menos de 18 millones de
habitantes, ubicada entre Perú y Colombia. Sin embargo, a partir de 2016, el
país asumió el liderazgo en una campaña mundial contra el uso de paraísos
fiscales extraterritoriales. Las próximas elecciones serán clave para
determinar si ese liderazgo continuará.
En 2016, la filtración de los Papeles de Panamá puso de
manifiesto hasta qué punto los ricos y poderosos del mundo habían utilizado los
paraísos fiscales extraterritoriales para lavar dinero, evadir impuestos y
ocultar su riqueza. La filtración expuso a políticos y ejecutivos de empresas
de todo el planeta, incluidos numerosos jefes de Estado. El primer ministro de
Islandia se vio obligado a dimitir después de que salieran a la luz sus
capitales ocultos. Prácticamente todos los países fueron salpicados, incluido
Ecuador, después de que se reveló que Lasso era dueño de un banco en Panamá.
La evasión fiscal es
una preocupación mundial. El año pasado en Estados Unidos, 55 de las
corporaciones más grandes no pagaron impuestos federales. Se estima que el uso
de paraísos fiscales les cuesta a los gobiernos entre 500 mil millones y 600
mil millones de dólares cada año. Los países de bajos ingresos pierden más en los
paraísos fiscales extraterritoriales de lo que reciben en ayuda exterior de los
países desarrollados. Ese es dinero que podría invertirse en educación,
atención médica, infraestructura y otras necesidades acuciantes.
Hace cuatro años,
durante otros comicios en los que participó Lasso, los votantes ecuatorianos
aprobaron un referéndum que prohibía a los políticos contar con capitales en
paraísos fiscales extraterritoriales. Fue la primera votación de este tipo en
todo el mundo. En 2018, el gobierno actuó según los deseos de los votantes al
formalizar las reglas contra los paraísos fiscales en la ley. No solo se
prohibió a los funcionarios públicos tener bienes o capitales en tales
jurisdicciones; sino que también la prohibición incluye a los candidatos electorales.
Hoy, a puertas de la
segunda vuelta electoral en Ecuador, este tema adquiere gran importancia. Los
comicios enfrentan a Lasso, un banquero que, durante años, ha utilizado
paraísos fiscales y otras jurisdicciones de bajos impuestos, con Andrés Arauz,
un economista que ayudó a diseñar las innovadoras reformas anti-paraísos
fiscales de Ecuador cuando era director del Banco Central.
Los principales
medios de comunicación de Ecuador casi no han prestado atención a este tema. Es
como si el escándalo de cinco años sobre las declaraciones de impuestos del
expresidente Donald Trump hubiera pasado desapercibido en los principales
medios de Estados Unidos. Y en este caso, el propio Lasso ha admitido que es
dueño de un banco en Panamá, aunque afirma que no es una violación de la ley.
En 2014, incluso antes de los Papeles de Panamá, Ecuador aprobó una legislación
que prohíbe a los bancos o a sus accionistas tener filiales en paraísos
fiscales, como Panamá. Esta ley es de suma importancia para la economía y el
pueblo ecuatoriano.
La fuga de capitales
facilitada por el offshoring [deslocalización] es un problema mundial, pero es
especialmente relevante en la historia reciente de Ecuador. Los bancos, y los
banqueros —como Lasso— jugaron un papel
importante en la crisis económica de la década de 1990 que vio dispararse las
tasas de pobreza en Ecuador. En la década del 2000, bajo el expresidente Rafael
Correa, el Gobierno introdujo nuevos impuestos sobre el capital que abandonaba
el país, recaudando ingresos significativos para ayudar a reconstruir la
economía, reducir drásticamente las tasas de pobreza y evitar las crisis
económicas que puedan surgir de la escasez de dólares; especialmente porque
Ecuador ha tenido el dólar como moneda nacional desde el año 2000.
Ecuador fue uno de los
primeros países impactados, y uno de los más afectados, por la pandemia del
coronavirus. Una nueva ola ha obligado a la nación a declarar el estado de
excepción en varias provincias. Después de años de austeridad fiscal, el actual
Gobierno de Lenín Moreno tiene un índice de aprobación de un solo dígito. Quien
gane las elecciones de la próxima semana asumirá el liderazgo en un Estado
menos capacitado para responder a una crisis de salud pública que el Estado de
2017, cuando Moreno fue elegido y antes de los duros recortes a los servicios
públicos que implementó.
Los legisladores
estadounidenses también han tomado enérgicas medidas recientemente para frenar
el secreto empresarial en estados como Florida y Delaware.La nueva legislación
aprobada a finales del año pasado requerirá que las empresas fantasma
registradas en EE.UU. declaren la identidad de sus «beneficiarios reales» a las
autoridades públicas. Anteriormente, las corporaciones anónimas se habían
registrado en estas jurisdicciones precisamente porque se permitía que el
«beneficiario final» permaneciera oculto. Estos cambios harán que sea mucho más
difícil para la élite mundial esconder su dinero en Estados Unidos. Aquí
nuevamente aparece una conexión con la próxima elección ecuatoriana: los socios
comerciales de Lasso y su hijo están conectados a más de dos docenas de
compañías fantasma registradas en Florida que en conjunto poseen más de 30
millones de dólares en bienes raíces.
No se debe permitir
que ningún candidato infrinja la ley mientras postula a la presidencia. Se debe
exigir a los candidatos que revelen cualquier vínculo propio o familiar con
cualquier empresa fantasma en el extranjero. Esta forma particular de
corrupción no solo es una amenaza vital para la economía de Ecuador; es una falla
grave en el sistema financiero internacional que daña a la mayoría de las
economías del mundo, incluso a la de Estados Unidos.
* Profesor de Historia Peter V. y C. Vann Woodward en la
Universidad de Yale,. Autor de The End of the Myth, obra ganadora del Premio
Pulitzer 2020 para la categoría de no-ficción.
Los vallecanos provocaron a VOX. “El partido tiene derecho a
hacer campaña donde estime oportuno sin sufrir acoso”. Así empieza su editorial
de hoy. En otro titular dice “La reyerta contra VOX ensucia la campaña”.
Ya lo decía mi abuela “En este mundo traidor nada es verdad
ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. Por lo que
se ve, El País mira con el mismo cristal que Ayuso, el de “El fascismo es el
buen camino”.
Porque otros medios, como el ABC o incluso algunos policías,
dicen que la violencia empezó cuando Abascal bajó del escenario con un palo,
rompió el cordón policial, o quizá “lo atravesó sin romperlo ni mancharlo”,
porque algunos dicen que dicho “cordón” le apoyó en su enfrentamiento con los
vallecanos.
Que el partido de los “cayetanos” decida comenzar su campaña
en la plaza Roja de Vallecas, según las malas lenguas para impedir la fuga de
sus votos al PP, ya es empezar “raro”. Que el Ayuntamiento no se lo autorice y
el delegado del gobierno si, también suena “rarillo”.
Que El País decida quien es el acosado y quién el acosador
es normal, para eso le pagan (sus deudas).
Afortunadamente los vallecanos ya han desinfectado la plaza
Roja.
Nota del blog .. Abascal una de las primeras soflamas que dijo fue tachar de ilegal el actual estado de
alarma, que fue aprobado por unanimidad por el Congreso de las Diputados y
Diputados, se puede hacer una idea del resto. El discurso del dirigente de la
formación de extrema-derecha, que callan tanto muchos medios como el PP o el
País o Tv1 , fue un llamamiento al racismo y la xenofobia,
criminalizando a las personas migrantes, a los menores no acompañados, soltando
mentiras sin apoyo de datos sobre todo ello. Desde la tarima además grito que iban
a dar los 18 pasos hasta los manifestantes
y así hizo ,se saltó el cordón policial y
la policía cargo contra los
manifestantes . Está todo en los videos. Incluso golpearon a los periodistas . Se ve en un video como tumban a uno de un porrazo . Y luego se quejaron de que las porras que utilizan ahora se rompen y rompieron según ellos mismos un montón de porras .
La editorial del País...es impresentable ..no solo por decir que tiene derecho . ¿ Al discurso racista? . ¿Acaso no es bien anticonstitucional?. Y la violencia policial no existe .
Gobiernos de PP y PSOE prohibieron miles de manifestaciones
laborales mientras permitían las que enaltecían el nazismo y el franquismo .
Entre 2010 y 2019 –último año del que existen datos–, las
Delegaciones de Gobierno prohibieron 3.699 manifestaciones convocadas por
sindicatos y comités de empresa. Así se refleja en las distintas memorias
estadísticas anuales de Interior, que no incluyen más datos precisos sobre las
razones concretas de esas movilizaciones ni tampoco sobre los motivos exactos
que llevaron a impedir su realización. En esas mismas fechas, las autoridades toleraron
innumerables actos ultras.
Un grupo de docentes saca los colores a la nueva consejera
de Educación de Murcia por su ortografía: "Sentimos comunicarle que no
aprueba"
"Hemos corregido el comunicado de la actual consejera
de Educación y Cultura de la R. Murcia @campuzano_mabel . Sentimos comunicarle
que no aprueba". Este es el tuit publicado este fin de semana por el
movimiento Docentes Unidos. El grupo de profesores analiza la ortografía de un
comunicado de María Isabel Campuzano, en el que la diputada expulsada de Vox en
la Asamblea Regional de Murcia aboga por el veto parental y carga contra el
Gobierno central.
No es nada que no hayamos visto antes, pero llama la
atención porque recuerda las maneras más casposas: un partido que se pretende
nuevo y diferente (que ha roto con muchas cosas del pasado, según sus
promotores) hace una purga a plena luz del día. Los que dicen ser “nueva
política” en el independentismo catalán copian prácticas del estalinismo más
rancio. Jaume Alonso-Cuevillas emite una tranquila reflexión sobre la
estrategia de Junts y, tras ser señalado como un hereje, es obligado a
renunciar como miembro de la Mesa del Parlament, a pesar de haber corregido sus
palabras iniciales y haberse aplicado “la autocrítica” del modo más vergonzoso.
El abogado cae en desgracia, aunque es uno de los defensores de Puigdemont y
persona de confianza, hasta hace cuatro días, de Laura Borràs. Los vigilantes
de las esencias detectan la sombra de “la traición”. La fábula triste de
Cuevillas tiene un efecto: ilumina uno de los grandes problemas del mundo
independentista y, más concretamente, del sector que mantiene una compleja
relación de continuidad-rechazo con el antiguo espacio convergente.
Estoy seguro de que Rull, Forn y Turull, los tres presos del
procés que provienen de la desaparecida Convergència, personas que conozco y
aprecio, no deben de estar muy cómodos cuando ven que Cuevillas es defenestrado
tras expresar un criterio político en el digital Vilaweb ; un criterio que, por
otra parte, alguno de ellos también podría compartir. Diría que tampoco Damià
Calvet, conseller en funciones, debe sentirse satisfecho con una medida que es
un aviso para navegantes: quien discrepe, aunque sea con sordina, sufrirá la
furia de los dioses.
Cuevillas pone sobre la mesa los límites de una vía
rupturista institucional
Costaría encontrar, incluso en los tiempos más duros del
liderazgo de Jordi Pujol, un episodio tan descarnado de purga ideológica.
Quiero recordar que el fundador de CDC tenía a su lado figuras como la de Ramon
Trias Fargas, que, en público y en privado, no escondía sus discrepancias con
el president. En Junts, en cambio, es tabú grande salirse del guion. El modo
como Puigdemont prescindió de los diputados Campuzano y Xuclà, como liquidó a
Marta Pascal, como resolvió la pugna con Bonvehí y la cúpula del PDECat, como
los peones junteros contestan –dentro y fuera de las redes– a los que no les
dan la razón, todo eso indica que el dictado oficial es sagrado. En este
sentido, es ilustrativo un tuit reciente de Cuevillas en que reitera “mi firme
compromiso con el proyecto político de Junts y el liderazgo incuestionable del president
Puigdemont”. ¿Un liderazgo no se puede cuestionar?
Más allá de las miserias partidistas, el asunto Cuevillas
nos recuerda, en primer lugar, la necesidad urgente de que el independentismo
haga un debate racional sobre la estrategia para los próximos años, a la luz de
las lecciones de octubre del 2017. ERC ha empezado a hacerlo, ciertamente, pero
arrastrando demasiada inseguridad y el miedo de ser acusados de traidores, con
el añadido incoherente de fiarse de un actor como la CUP para asegurar la gobernabilidad
del país.
Cuevillas empezaba públicamente esta discusión en Junts al
subrayar una obviedad monumental: que hay unas desobediencias que comportan
unos costes muy altos a cambio de ningún rédito político. Son desobediencias
–añado yo– que solo se explican a partir de dos circunstancias: la agria
competencia electoral entre Junts y ERC, y la negativa del espacio que lidera
Puigdemont a pinchar la burbuja del voluntarismo unilateralista, que alimenta
la promesa de una secesión que tendrá lugar “porque tenemos razón” (haciendo
abstracción del resto de factores). Una burbuja repleta de espejismos como “la
identidad digital republicana”.
En segundo lugar, la purga de Cuevillas permite detectar,
una vez más, que muchos dirigentes y cuadros de Junts no expresan en privado lo
mismo que en público. Hay altos cargos del puigdemontismo institucional que
asumen a puerta cerrada muchas de las observaciones críticas que, desde la
prensa u otros partidos y entidades, se hacen sobre el tacticismo, el
simbolismo vacío, la tentación purista o la incapacidad de evitar escisiones.
Vivir de la política hace que muchos sean mudos.
Finalmente, en tercer lugar, lo que Cuevillas pone encima de
la mesa (y que, extrañamente, el jurista no había visto antes) son los límites
conceptuales y fácticos de una vía rupturista que pretende utilizar una parte
del Estado (la Generalitat) para llevar a cabo una secesión en este mismo
Estado, obviando que la tecnoestructura autonómica es el punto débil de esta
hoja de ruta, sobre todo en una sociedad partida en dos mitades, algo que
(junto con la represión) impide una aceleración de la desconexión, como se ha
visto en otras latitudes. La externalización del referéndum del 1 de octubre es
fruto de aceptar estos límites, pero eso después no se tiene en cuenta.
En el juicio a los dirigentes independentistas, así como en
el juicio al mayor Trapero, quedó claro que una ruptura desde las instituciones
era inaplicable. En un hipotético segundo intento o embate, y en medio de los
efectos de la pandemia, lo sería todavía mucho más.
El profesor Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, no es un hombre con suerte. Hace casi un año publicó un libro de divulgación titulado 23 de febrero de 1981. El golpe que acabó con todos los golpes (Taurus, Barcelona, 2020), justo unos meses antes que se publicase otro libro sobre el mismo asunto mucho más extenso, exhaustivo y muy bien documentado: El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición (Espasa, Barcelona, 2021) del también historiador Roberto Muñoz Bolaños. El profesor Fuentes, entre otros asuntos, reiteraba en su libro la versión hegemómica sobre el supuesto papel estelar de Juan Carlos de Borbón como Rey Hércules que nos salvó a todos de un retorno al franquismo. De la lectura del libro de Muñoz Bolaños, sin embargo, se llega fácilmente a la conclusión de que el rey emérito jugó al peligrosísimo juego del bombero-pirómano antes y durante el 23-F. Y todo ello con Juan Carlos I refugiado en Dubái por sus corrupciones y problemas fiscales y con la monarquía muy necesitada de relegitimación social.
Consciente supongo de todas esas circunstancias adversas, el profesor Fuentes intentó defenderse con un artículo en El País (dónde si no) el pasado 21 de febrero. Decía en él que cualquier cuestionamiento del supuesto papel del rey como salvador de la democracia se hacía por razones de táctica política, no por amor a la verdad. El hecho de que, en los últimos tiempos, se hubiese difundido una visión crítica de la actuación del rey durante el 23-F se debía, en su opinión, a que se había formado una coalición contra natura de la extrema derecha con la extrema izquierda, a la que se había añadido el separatismo vasco y catalán, con la finalidad de denigrar a Juan Carlos I, al régimen del 78, a la Constitución y a la democracia en general.
A la polémica se sumó en una línea similar el escritor Javier Cercas, autor de un publicitado libro sobre el mismo tema (Anatomía de un instante, Mondadori, Barcelona, 2009), con una tribuna en el mismo diario y el mismo día en que se conmemoraban los cuarenta años de la intentona golpista. En esencia defendía y argumentaba lo mismo, aunque también deslizaba alguna perla, como por ejemplo: «La verdad es que, como la clase dirigente española al completo, el Rey cometió errores antes del 23 de febrero: errores graves, que propiciaron o facilitaron el golpe». Un salvador de la democracia, por consiguiente, un poco demediado, ya que salvó a la democracia después de haber cometidos errores de tal magnitud que habían propiciado o facilitado un golpe que podía haber acabado con ella. Pero Cercas lo apuntó de pasada, sin querer profundizar en el tema, porque su motivación era otra. El autor de la sobrevalorada Soldados de Salamina quería sobre todo subrayar la dignidad de Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo ante Tejero y sus guardias con la finalidad de proponer, nada más y nada menos, que el 23-F como «mito fundacional de la democracia española». Cercas, por tanto, más que a desvelar la verdad, a lo que aspiraba era a ejercer de constructor de la identidad nacional española en su versión democrática y antigolpista. Ahí es nada.
En la misma línea, el «periódico global» en el que Fuentes y Cercas publicaron sus artículos publicó una editorial el 23 de febrero repitiendo básicamente los mismos argumentos, pero añadiendo otro más peliagudo: el del rigor. Según dicho diario, «los historiadores más rigurosos» habían acreditado el papel de Juan Carlos como defensor victorioso de la naciente democracia. El País por tanto lo quería todo: ensalzar a Juan Carlos en sus horas bajas, ser el guardian del rigor intelectual y por esa vía relegitimar a la monarquía. Tal vez por eso quien fuera durante muchos años su director, Juan Luis Cebrián, se vio obligado a publicar dos semanas más tarde (el 6 de marzo) una reseña crítica pero aparentemente ponderada del «meritorio libro», según sus propias palabras, de Roberto Muñoz Bolaños. Hizo bien Cebrián en dedicarle una reseña de una página entera al libro de dicho autor, pues todos sus lectores —y ya somos unos cuantos, pues el libro en cuestión se está vendiendo muy bien— sabíamos que El País con su editorial del 23 de febrero había metido la pata hasta el corvejón, al menos si la cuestión se planteaba en el terreno del rigor intelectual.
Cebrián reconocía a Muñoz Bolaños haber escrito el libro tras un «riguroso trabajo de documentación», pues había manejado, decía, una diversidad de fuentes como «testimonios orales y documentos como el sumario, actas de la vista y sentencias del juicio contra los golpistas». Asimismo, añadía que se aportaban textos inéditos «de indudable interés», como los informes del general Fernández Monzón, por ejemplo, el cual formó parte de los servicios de inteligencia tanto en el franquismo como en la transición. Sin embargo, a pesar de ser un «trabajo importante», no se podía convertir en una referencia indiscutible sobre el 23-F por dos razones fundamentales: porque hacía interpretaciones equivocadas de dichos documentos, en especial cuando de ellos deducía un «doble juego» por parte de Juan Carlos I, y porque muchos de dichos documentos —los judiciales, en lo fundamental— se los había proporcionado el abogado defensor de Tejero, Ángel López-Montero, lo cual hacía necesario insistir en que las versiones filtradas por los representantes de los golpistas «merecen una más que razonable duda sobre su veracidad».
Detengámonos un momento en este argumento que, en la mente de Cebrián, debió ser concebido como una andanada a la línea de flotación del trabajo de investigación de Muñoz Bolaños, pero que también es un argumento especialmente miserable. Efectivamente, el sumario del juicio del 23-F sólo puede ser filtrado por alguien que participase en él porque el Tribunal Supremo dictaminó que no se hiciera público hasta transcurridos veinticinco años después de la muerte de todos los procesados, o cincuenta a contar desde la fecha del fallido golpe de Estado, es decir, hasta 2031. Pero 2031 está a la vuelta de la esquina, sólo faltan diez años para que oficialmente se dé publicidad al sumario del 23-F. Veremos entonces si los documentos judiciales que maneja Muñoz Bolaños son reales o inventados (por no hablar de lo que puede suceder si algún día aparecen pruebas tan relevantes como las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas en el Congreso de los Diputados durante la noche de la intentona golpista).
Después están las llamadas interpretaciones erróneas que Cebrián atribuye a Muñoz Bolaños. Aquí la cuestión ya no son los documentos, sino si éstos se interpretan correctamente o no, esto es, de acuerdo con la visión del mundo y de la política que tiene Cebrián. Para no alargar innecesariamente este artículo, me voy a centrar en lo que afecta a Juan Carlos I que, por lo demás, es lo que parece preocupar más al presidente de honor de El País.
Una de las cosas que Muñoz Bolaños hace —y hace bien— es dar el relieve que se merece a dos hechos que siempre han chirriado en el relato oficial que atribuye a Juan Carlos I el papel de héroe de la película.
El primero es la presión que hizo el Borbón para que se nombrará al general Alfonso Armada segundo jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor del Ejército un par de semanas antes del 23-F. Ese nombramiento, cuyo reponsable único fue Juan Carlos de Borbón pues Adolfo Suárez siempre estuvo en contra, se hizo después de la dimisión de Suárez y cuando toda la casta política tenía conocimiento de la Solución Armada. Ésta consistía en nombrar al susodicho general y hombre de la absoluta confianza del rey presidente de un gobierno de concentración nacional, con representación de todos los partidos de ámbito español, para llevar a cabo una serie de reformas estructurales que supusieran un «golpe de timón» a todo el sistema político.
Ese nombramiento fue crucial para que Armada pudiera protagonizar otro hecho que, si hubiera tenido éxito, hubiera supuesto el triunfo del golpe, a saber: acudir al ocupado Congreso de los Diputados hacia las 23:30 del 23-F con la finalidad de postularse como presidente del gobierno referido que, claro está, debía ser votado por los diputados para que todo pareciese constitucional. Y Armada fue al Congreso con todos los permisos necesarios, ya fuera el de la Junta de Jefes del Estado Mayor, el de los capitanes generales y, por supuesto, el del rey, aunque en este caso con la pueril exigencia de que su postulación a presidente de gobierno la hiciera a «título personal». Pueril, porque si Tejero no se hubiese opuesto a dicho gobierno y Armada hubiese conseguido el voto favorable de una mayoría de diputados, el rey no habría tenido más remedio que aceptarlo.
Por tanto quien detuvo a Armada no fue el rey, sino paradójicamente Tejero al rechazar la plural composición de su hipotético gobierno (que incluía a ministros de derechas y de izquierdas, una posibilidad que el teniente coronel consideraba aberrante). Y una vez que Armada es expulsado del Congreso por Tejero es cuando se emite por TV el famoso comunicado del rey y cuando, además, los capitanes generales consideran que el golpe ha fracasado. A partir de ese momento, Tejero prácticamente se queda solo con su propuesta de Junta Militar. El comunicado del rey, por lo demás, era perfectamente compatible con la Solución Armada, pero también es cierto que establecía claramente la línea que Juan Carlos de Borbón nunca quiso atravesar porque hacerlo «[...] le haría perder todo el capital político adquirido desde el 20 de noviembre de 1975», como muy bien explica Muñoz Bolaños en relación con la negativa a aceptar la presencia de Armada en el Palacio de la Zarzuela durante el 23-F, una decisión que hacía posible una exención de responsabilidad del propio rey para el caso de que todo acabara en un fracaso rotundo, como así sucedió.
Felipe VI pretendió, el pasado 23 de febrero, reivindicar la figura de su padre evocando precisamente su papel durante el 23-F en un acto oficial celebrado en el Congreso de los Diputados. Tampoco el rey actual es un hombre afortunado. Es más: la continuidad de su reinado y de la monarquía depende sobre todo de que no aparezcan republicanos de derechas. Si estos existiesen, deberíamos empezar a echar las cuentas con la famosa «correlación de fuerzas» para calibrar si, aquí y ahora, el paso a una república supondría un avance o un retroceso en el proceso de democratización.
No sé por que razón no me sorprende que España encabece el ranking de países de la OCDE con mayor número de empresas vetadas para colaborar en los proyectos de desarrollo del Banco Mundial, conforme al listado de sociedades publicado recientemente por el Banco mundial.
Habitualmente son pocas las cosas, y casi todas para mal, en las que «destacamos» en el mundo.
Para muestra ponemos un botón: número dos de la UE en participación en misiones militares en el exterior, número dos en misiones militares de la ONU (detrás sólo de EEUU), número siete del mundo en exportación de armas, número 4 de Europa (solo por detrás de Bosnia, Kosovo y Montenegro) en número de parados, número 30 en el índice de corrupción de Tranparency International, uno de los primeros números de nuestro entorno en partidos políticos corruptos, algunas de las principales fortunas del mundo, amasadas de forma poco decorosa, y así sucesivamente.
Por el contrario, suele estar a la cola en lo que, para el común de los mortales, son aspectos apreciables y que mejoran la vida de la gente, como por ejemplo en el número de patentes e inventos, en apoyo a la investigación científica, en inversiones sanitarias o educativas, en calidad de la enseñanza, o de la justicia, o de las redes de atención a las personas en sus diversas situaciones sociales, o de protección de la biodiversidad y respeto por el medio ambiente, o en aprecio del patrimonio cultural y de la cultura, o en ayuda al desarrollo, o en cumplimiento de derechos reconocidos y comprometidos por adhesión a tratados internacionales, o en calidad de la «democracia» y… ¿qué quieren que les diga? ¡en casi todo lo que vale la pena!
Corrupción de empresas españolas en el índice del Banco Mundial
Pero volvamos al índice de empresas vetadas para colaborar en proyectos de desarrollo del banco Mundial, que encabezamos por goleada.
En total se trata de más de cincuenta empresas y personas físicas «marca España» que han sido vetadas por el Banco Mundial, que no es que se caracterice por un especial celo ético que digamos.
Nos abstendremos de señalar con nombres y apellidos a las personas físicas vetadas por eso de no señalar al pecador y sí solo el pecado, que recomienda el refranero. Por lo que se refiere a las personas jurídicas, la mayoría de las vetadas están controladas por seis grupos empresariales españoles de reconocido nombre, trato cercano con los poderes institucionales y merecido recelo social, como son los casos de FCC, vetado por sus prácticas corruptas en la corrupta Colombia, y de algunas constructoras más o menos pintorescas.
Cincuenta vetos son más del doble del segundo país de la OCDE vetado, Reino Unido, y mucho más respecto a los siguientes competidores en las malas artes. ¿Quiere decirse que nuestra gran aportación al mercado internacional, además de privatizar todo lo posible, de mezclar intereses políticos y económicos en esa especie de tupida maraña de relaciones y prácticas opacas que ha forjado nuestras «grandes empresas internacionales», y de dar entrada a la codicia de los fondos especulativos en nuestra economía, va a ser la exportación de las prácticas corruptas autóctonas y aquilatadas desde la época franquista? Que se lo pregunten a quienes han estudiado estas intrigantes realidades, por ejemplo, a Andrés Villena, autor de «Las redes de poder en España. Elites e intereses contra la democracia».
La empresa GMV, una de las habituales del sector de la defensa
Como era de sospechar, entre las empresas vetadas por el Banco Mundial se encuentra una de las empresas que tiene que ver con la industria militar. En concreto la multinacional GMV, que participa, entre otros proyectos militares, en el satélite europeo Galileo, que se opera desde las instalaciones del INTA en la base militar de La Marañosa.
A esta empresa la ha vetado el Banco Mundial por prácticas corruptas y fraude en Vietnam, donde participaba en un proyecto financiado por el Banco Mundial.
Al parecer seguían una práctica que, a poco atentos que estemos a la realidad, nos sonará como algo cercano a nuestro paisaje habitual: «algunos de los ex gerentes de la empresa se confabularon con dos consultores de diseño para obtener ventajas competitivas injustas en dos procesos de licitación. También acordaron pagar una comisión al agente del consultor para influir en el proceso de licitación y ganar un contrato».
Por lo que se informa de su actividad corrupta objeto de veto, ésta no ha tenido que ver con ningún contrato militar (de hecho sería muy raro en las inversiones del Banco Mundial encontrar un contrato militar), pero el hecho de que haya empelado una práctica corrupta en un proyecto de desarrollo nos autoriza a preguntarnos si juegan sucio en otro tipo de contratos.
Es una pregunta tal vez un tanto retórica, porque, según Naciones Unidas, la industria militar es uno de los sectores menos transparentes y más proclives a engrasar su negocio con prácticas ocultas y corruptas.
Por una de esas casualidades de la vida, la participación de GMV en el sector de la defensa es intensa y antigua. Acudiendo a su página corporativa podemos leer que llevan 30 años «trabajando con nuestros clientes en el sector de la defensa y la seguridad proporcionando sistemas con soluciones innovadoras, flexibles ampliables y fácilmente mantenibles, capaces de satisfacer las necesidades más exigentes y desarrollados bajos estrictos estándares de calidad».
Sus «especialidades» en este sector militar nos permiten saber de qué va la cosa:
Sistemas de mando y control
Sistemas para la comunidad de inteligencia
Ciberdefensa
Simulación
Programas espaciales
Sistemas integrados de control de accesos, presencia, vigilancia y seguridad
Sistemas de vigilancia de fronteras
Sistemas ISR
GMV es uno de los proveedores habituales y contratistas del Ministerio de Defensa. Por poner algún ejemplo, durante 2020 ha resultado adjudicataria para proveer a la Brigada Paracaidista y al Tercio de Armada de Infantería de Marina cuatro RPAS clase Seeker (vehículos aéreos no tripulados). También en el mismo año, en diciembre, se le adjudicó, junto con otras empresas del sector, el contrato industrial para la integración de empresas españolas en el resto de actividades de la Fase 1A de investigación, desarrollo y demostración tecnológica del Sistema de Armas Europeo de Siguiente Generación (NGWS/FCAS), que cuenta con financiación española y con fondos europeos, y que supondrá un pastuzal para la industria militar española.
Entre sus clientes tiene a otros ejércitos mundiales y ministerios de defensa, algunos del ámbito europeo, como el de Holanda, Portugal o Italia.
En cuanto al programa Galileo, del que también participa, y para los que no estén muy al corriente de la realidad de nuestro mundo militar-industrial, debe señalarse que la participación de España en el programa Galileo es liderada por el Ministerio de Defensa y el INTA, y cuenta con la participación de las empresas del sector militar-industrial Thales, EADS, Indra, Airbus, GMV. Indra, Mier, Sener, Rymsa e Iberespacio, por nombrar las más reconocibles.
La corrupción en el sector de la defensa
Visto el ejemplo, cabe extender la pregunta más allá. ¿Hay corrupción en el sector industrial-militar?
Todos los indicios conducen a un sí rotundo y no sólo porque en su día lo advirtiera nada menos que un presidente de los EEUU (que encima había sido general) después de vivir en sus propias carnes las presiones inmorales del complejo militar-industrial americano y su desprecio por los valores humanos más profundos.
Si acudimos al «índice de empresas de defensa 2020» publicado por Transparency International, observamos que el 75% de las 134 principales empresas del mundo del sector militar no tiene implantado ningún tipo de medida para combatir la corrupción y muestran poco o ningún compromiso al respecto.
En el caso de España, destaca el índice, las empresas INDRA y NAVANTIA tienen un interés «moderado» en combatir la corrupción. ¿Exagera Transparency International? Yo creo que sí. Es demasiado benévola en sus apreciaciones.
Una de las particularidades de la industria militar española es el excesivo puertagiratorismo existente entre ésta y la política, con el caso paradigmático de varios ministros de defensa vinculados, antes y después de su paso por el cargo público, con el sector industrial militar (Eduardo Serra, Pedro Morenés, Julián García Vargas) varios secretarios de Estado, múltiples militares de alta graduación y hasta un ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa, todo un sello de la famosa marca España que ha servido, además, para endosarnos y consolidar una deuda ilegítima en compra de armas que no necesitamos que supera los 40.000 millones de armas en Programas Especiales de Armamentos adquiridos para beneficiar a la industria militar.
Fuente: «Las redes de poder en España»
Si echamos la vista hacia atrás, contamos con el caso paradigmático de personajes rocambolescos vinculados a los intereses militares, como la saga de los Paesa, tío y sobrina, en la trama de la empresa Defex (participada por el Ministerio de Defensa y la SEPI); un asunto que acabó siendo judicializado con condenas penales para más de una veintena de directivos y disuelta la empresa a consecuencia de todo ello. También se ha hecho eco la prensa de otras renombradas personalidades políticas y mediáticas, incluyendo sospechas de ex-presidentes de gobierno, ministros, allegados y otras autoridades, relacionadas en la venta de armas a países muy cuestionables y belicosos.
La corrupción alcanza también contrataciones menores y otros contratistas de la Defensa. En 2015 fueron imputadas por cohecho 13 empresas contratistas de Defensa, según informó el periodista Miguel González en El país el 14 de junio de 2016. También se frenaron nada menos que 22 ascensos de mandos militares por unas presuntas activades delictivas por delito contra la hacienda militar en relación a contrataciones en el hospital Gómez Ulla en 2016. En el año 2018 condenaron a dos Tenientes Coroneles de intendencia (y a tres empresarios por cohecho) por filtrar información privilegiada a empresas contratistas para quedarse con contratos del Ministerio. el suma y sigue judicial es elevado.
Instalaza pidió, cuando el que había sido su número uno fue nombrado ministro de Defensa, una indemnización millonaria (40 millones) a Defensa por los perjuicios sufridos a partir de la firma del Tratado de prohibición de Minas de racimo, una de las especialidades de la empresa y uno de los suministros de que dotaba al ministerio de Defensa.
En el capítulo de exportaciones contamos también con una elevada exportación de armas a países a los que, con arreglo a nuestra propia legislación y a 7 Posición Común 2008/944/PESC sobre el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, no debieron exportarse.
Todo un muestrario de lo que nuestra industria mi militar es capaz de hacer.
