Método y locura. La historia oculta de los ataques de Israel en Gaza .

La historia oculta de las invasiones israelíes a Gaza

   

 

Leandro Albani

 

Finkelstein detalla las mentiras esgrimidas para justificar los ataques y el entramado internacional que le permite al régimen terrorista ampliar la ocupación

Polemista e investigador preciso, Norman G. Finkelstein resume en su libro Método y locura. La historia oculta de los ataques de Israel en Gaza la política profunda del Estado israelí contra los pobladores palestinos.
Tomando como hechos de análisis las operaciones militares Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014) –que devastaron la Franja de Gaza y asesinaron un total de 3700 palestinos y palestinas-, Finkelstein detalla de manera concisa esas invasiones de Israel, sus razones, las mentiras esgrimidas para justificar los ataques y el entramado internacional que le permite a Tel Aviv ampliar la ocupación sobre territorio palestino.
En Método y locura…, publicado por Ediciones Akal en 2014, el profesor de Teoría Política en la Universidad de De-Paul de Chicago, también retoma su carácter de polemista que había dejado en claro en su reconocido y polémico libro La industria del Holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío. Finkelstein analiza las invasiones militares israelíes a Gaza desde una posición crítica y utilizando como fuentes principales las propias declaraciones de funcionarios y militares judíos, como también un abanico de documentos e investigaciones realizadas por Naciones Unidas y, en el caso de Plomo Fundido, el conocido Informe Goldstone, que investigó los crímenes cometidos por Israel en esa operación. El informe, rechazado por Tel Aviv al dejar al descubierto las masacres cometidas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), confirma que el entonces gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu tuvo como objetivo “castigar, humillar y aterrorizar a la población civil de Gaza, además de “asesinar conscientemente, torturar o infligir un tratamiento inhumano”, así como “causar premeditadamente enormes sufrimientos, heridas graves o lesiones perjudiciales para la salud, destruir propiedades sin justificación militar y hacerlo de forma ilegal y gratuita”.
Sin bien Finkelstein toma el Informe Goldstone como piedra angular para desenmascarar la política represiva israelí, al mismo tiempo no ahorra críticas hacia Richard Goldstone, quien encabezó la investigación y, tiempo después, renegó del informe, capitulando ante la presión de Israel.
En Método y locura… también se muestran con claridad las razones de Israel para invadir la Franja de Gaza, un pequeño territorio palestino de 360 kilómetros cuadrados en el que habitan dos millones de personas, sometidas a un férreo bloqueo económico y comercial por parte de Tel Aviv. Finkelstein esgrime que en cada una de las operaciones militares, Israel buscó mostrar al mundo su “capacidad disuasoria” y, a su vez, tratar de golpear al Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, que gobierna en el enclave costero desde 2006, y con el tiempo se transformó en una organización política y armada con un fuerte arraigo entre los pobladores. En las páginas del libro se observa con claridad que toda invasión israelí de gran envergadura es acompañada por una sólida cobertura mediática que la justifica y –lo más preocupante tal vez- el crecimiento en los niveles de paranoia en la propia sociedad israelí, azuzado por sus gobernantes.
Finkelstein presenta cifras, datos, coordenadas y pruebas incuestionables sobre cómo Israel arrasa Gaza, sin que el mundo (salvo contadas excepciones) preste atención a un plan militar que nació con la implementación en 1948 del Estado de Israel en territorio palestino.
Como cierre, el autor e hijo de supervivientes de los campos de concentración de Auschwitz y Majdanek, reflexiona  sobre las nuevas formas de resistencia que las palestinas y los palestinos tienen como opción para enfrentar la ocupación. “Si no se puede recurrir ni a la diplomacia ni a la vía judicial, lo único que queda es la resistencia popular –escribe Finkelstein-. Pero, ¿qué tipo de resistencia popular? La pregunta no es si los palestinos tienen derecho a recurrir a la fuerza armada para acabar con la ocupación. Evidentemente, lo tienen”. Luego de sentar postura, Finkelstein prosigue: “La cuestión es de índole política: ¿qué tácticas y estrategias arrojarán mejores resultados políticos? Por muy heroica que sea la resistencia del pueblo de Gaza, por ejemplar que resulte su voluntad indomable, tras tres sangrientas rondas de combates con Israel en los últimos cinco años, tras padecer muerte y destrucción a una escala desgarradora, la resistencia armada aún no ha logrado mejorar sustancialmente la vida cotidiana de la gente”. Y agrega una hipótesis, que hasta el día de hoy es discutida y polemizada: “Lo mejor que se puede decir de la resistencia armada es que ya se ha probado muchas veces para acabar con el bloqueo, sin éxito alguno. Lo peor que cabe decir de la resistencia masiva no violenta es que es algo que aún no hemos intentado. ¿No deberíamos darle al menos una oportunidad?”.
El Furgón

Texto completo en: http://www.lahaine.org/la-historia-oculta-de-las



 

La foto del mes de mayo . Isidoro Slim y sus secuaces.

  Isidoro Slim y sus secuaces .


http://elpais.com/elpais/2017/05/21/opinion/1495402685_402133.html







 http://www.publico.es/tremending/2017/05/22/pedro-sanchez-secretario-general-del-psoe-madre-mia-el-editorial-de-el-pais-la-reaccion-en-las-redes-a-la-opinion-del-diario-de-prisa/

Salvar a la soldado Cifuentes.- La política como negocio y medio para el negocio.

Madrid: ¿más PP o más democracia?

 Púnica, Lezo, Fudescam, 2 de mayo. Todas y cada una de estas tramas indican que como mínimo en los últimos  15 años, si querías llegar a cargo electo del PP en Madrid, debías ir con el dinero por delante. En otras palabras, habías de reunir un grupo de “inversores” que vieran en el presupuesto público y en su control un medio de negocio, un medio para ganar dinero, para recuperar la inversión y exprimirle todo el beneficio.

 Carlos Girbau 

 21/05/2017

La ciénaga madrileña de corrupción continúa vomitando lo que ha ido almacenando durante lustros en su hediendo seno. La principal novedad de la semana es la acusación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de dos delitos muy graves: prevaricación continuada y cohecho. Pero no fue lo único que conocimos estos días. El 20 de mayo, salió a la luz que el actual gerente del PP madrileño, Guillermo Mayoral, se hallaba implicado en la financiación ilegal del partido a base de inflar contratos públicos que pagaban ayuntamientos y que se destinaban a las campañas del PP; se habla de cantidades en torno a los 19 millones de euros. El martes 16, la prensa se hacía eco del levantamiento de seis piezas del sumario de la trama Púnica que lleva el juez Velasco. Y la peste siguió subiendo en intensidad. Cincuenta y dos “respetables personas” y como no, el anterior gerente del PP madrileño, Bertrán Gutiérrez, ya condenado por las tarjetas black, eran imputados por la Operación Lezo. Entre ellos,  Juan Miguel Villar Mir (marqués, sexta fortuna del Reino, dueño de la constructora OHL, ministro con Arias Navarro e ilustre ejemplo de puerta giratoria). Junto a ambos,  Lourdes Cavero, presidenta en su momento de la patronal madrileña CEIM y mujer de Ignacio González, expresidente de la Comunidad en prisión acusado de ser el jefe de una organización criminal. También supimos el 16 de mayo que la Guardia Civil concluyó en sus informes que el PP madrileño financió sus campañas electorales de manera ilegal, incluidos auxilios en 2008 a la la campaña electoral de Mariano Rajoy. Por último,  se destapó que la fundación 2 de Mayo, creada por Esperanza Aguirre para defender “la unidad de España”, era en realidad  una nueva caja B del PP madrileño y estatal.

Salvar a la soldado Cifuentes

El conjunto del entramado del poder económico y su representación política están tratando, por tierra, mar y aire, de salvar a la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la acusación de la UCO de cohecho y prevaricación. Estos días, la prensa y muchos periodistas deudores de subvenciones del PP no paran de perfumar el espacio que llena la presidenta; en un nuevo intento por evitar la evidente pestilencia a corrupción que ella misma desprende. Cristina Cifuentes lleva más de 20 años como política en cargos destacados del PP madrileño. Fue miembro del consejo de administración del Canal de Isabel II y avaló con su voto todas sus decisiones mientras González construía su organización criminal; fue miembro asimismo de la comisión parlamentaria que en la Asamblea se encargó del Tamayazo; ahora, la acusación de la Guardia Civil  señala que, cuando se produjeron las valoraciones a favor del grupo Cantoblanco,  Cifuentes era patrona de la Fundación Fundescam (otra caja B de PP), miembro de los comités de campaña, del comité de expertos y presidenta de la mesa de contratación en la Asamblea de Madrid.  Cantoblanco es propiedad de Arturo Fernández, rana en todas las charcas del PP, expresidente de la patronal madrileña, condenado por las black de Caja Madrid y supuesto financiador ilegal de dicho partido. En esos años Fernández logró la explotación del servicio de restauración en la Asamblea de Madrid y para esa concesión fue necesaria la intervención de Cifuentes.

Los perfumistas, incluido Ciudadanos, se agarran para su defensa de Cifuentes a que el Juez Velasco y el fiscal Moix han desestimado “imputarla”. Cifuentes, por su parte, asegura ser víctima de fuego amigo y señala que solo tiene 900€ en su cuenta. Pero existen realidades que la delatan. Más allá de la UCO, más allá de contrataciones, el propio presupuesto de 2017 fue aprobado en la Asamblea autonómica gracias a los votos de diputados del PP manchados por la corrupción.  En resumen, Cifuentes bracea para no continuar hundiéndose en la ciénaga, pero hechos tan simples como el próximo cambio de juez en la Púnica o un nuevo papel de la Guardia Civil pueden echar por los suelos la operación mediática de limpieza de la presidenta. 

La política como negocio y medio para el negocio

Púnica, Lezo, Fudescam, 2 de mayo. Todas y cada una de estas tramas indican que como mínimo en los últimos  15 años, si querías llegar a cargo electo del PP en Madrid, debías ir con el dinero por delante. En otras palabras, habías de reunir un grupo de “inversores” que vieran en el presupuesto público y en su control un medio de negocio, un medio para ganar dinero, para recuperar la inversión y exprimirle todo el beneficio. La multiplicidad de tramas y familias, así como los chivatazos y divisiones muestran hasta qué punto necesitan (dependen) del Estado y sus lazos para ganar dinero. Se trata de una lucha encarnizada por el botín, un botín construido a base del presupuesto público y de los derechos de las personas. Los últimos 52 ilustres encausados destapados ahora por la Lezo lo confirman, como lo confirma la línea de privatizaciones y externalizaciones que el presupuesto 2017 aprobado en la Asamblea lleva implícitas y que son y seguirán siendo fuente de negocio y en consecuencia, campo abonado para la corrupción.  O lo que es lo mismo, campo abonado a seguir recortando derechos a los ciudadanos y alimentando la desigualdad.

Una moción para cambiar la situación y las alianzas 

Por su parte, Podemos sigue adelante con su moción en Madrid. Antes del informe de la UCO, el 13 de mayo, el PSOE de Madrid aseguró que no la apoyaría. Ciudadanos, ni está ni, de momento, se le espera. En consecuencia, la moción no da en lo que a los números se refiere, aunque sí permite, desde su anuncio hace ya varias semanas, debatir de forma profunda sobre la manera y la posibilidad real de construir una alternativa a la hedionda corrupción, los recortes, el neoliberalismo extremo, las desigualdades y baja calidad democrática que el PP ha construido en Comunidad con el mayor presupuesto público tras el del Estado.

Una encuesta publicada el pasado 2 de mayo ponía sobre la mesa algunos datos importantes para esta cuestión. Los datos revelaban que el PP caía, que Ciudadanos chupaba su pérdida, que el PSOE igualmente perdía apoyos y que Podemos los ganaba. En otras palabras, las fuerzas que levantaron el régimen del 78 y sus autonomías reducían peso a favor de las dos nuevas. Pero a la vez, el sondeo que no otorgaba mayoría absoluta a ninguno e indicaba que los encuestados no querían un gobierno monocolor. O sea, se decantaban por acuerdos entre varios para gobernar, querían alianzas. Precisamente el asunto en el que está la clave de la política. Es decir, la capacidad de formar y construir pactos de todo tipo y, en este caso, también de gobierno, es la base de toda la acción política.

Pero ¿es posible una nueva mayoría en Madrid? La encuesta concluía que la resultante en la cámara de Vallecas solo se hallaba en la suma de Ciudadanos y PP. Ahora bien, de eso hace tres semanas y mucha de la porquería que hoy conocemos estaba aún por aflorar. Más allá de ello, la moción de Podemos sigue adelante y la clave de su éxito vuelve a encontrarse en las alianzas. Podemos asegura que quiere una alianza con la sociedad civil. Con esta intención señala, acertadamente, que la alianza con los movimientos sociales constituye  la clave del momento a la vez que reconoce que solo lo que que la calle imponga puede dar base real al cambio que necesitamos. Sin embargo construir esa alianza no puede producirse únicamente por el método de la simple adición a la moción ya presentada. El daño de estos años, la fragmentación social existente, la pluralidad de las resistencias y sus discursos, así como la capacidad del propio neoliberalismo y sus lazos en el Estado para frenar a quienes cuestionen sus planes obligan a una seria reflexión. La moción representa un paso importante que ayuda mucho pero es fundamental para tener una  alternativa con peso real que el Madrid social tome la palabra y   señale de manera concreta  el ramillete de aspectos que más preocupan al conjunto de la sociedad. Sin duda, dentro del mismo estarán elementos como regenerar y recuperar la democracia, un plan de emergencia social y rescate de las personas, poner fin a las privatizaciones y externalizaciones, reforma fiscal, política de desarrollo basada en criterios sostenibles, etc.  Sean cual sean las reivindicaciones que el Madrid de las resistencias exponga, su naturaleza transversal actuará en este momento como el medio ideal para las alianzas. De la misma forma que no habrá cambios que la calle no imponga, no habrá mayorías que la calle previamente no haya generado. Generar esa mayoría superior a cada parte solo está en manos de la movilización y las propuestas que ésta plantee.

Transformar el Madrid que resiste en el Madrid que propone ha de ser lo que centralmente preocupe al activismo. Cierto es que coexisten muchas desconfianzas, que no es sencillo y que la fragmentación tiene sus razones, pero también que la moción y la propia situación abre nuevas posibilidades. Es el momento de unir en lo esencial, de eliminar lo accesorio. Y urge movilizar en la calle para imponerlo porque recuperar la democracia y los derechos dependen de ello. Es tarea del Madrid social despejar el campo y levantar alternativas de manera inclusiva y unitaria, más allá de la suerte parlamentaria de la moción.

Carlos Girbau

amigo y colaborador de Sin Permiso, es activista social en Madrid.

Fuente:

www.sinpermiso.info, 21 de mayo 2017 

 

  Y VER...

 

Lo que realmente dice el juez Velasco sobre Cristina Cifuentes

 

http://www.eldiario.es/responde/realmente-juez-Velasco-Cristina-Cifuentes_6_645745434.html

¿Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular?. Réplica.

 

Unas notas de réplica a Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa (y V)

¿Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular?

 Nota de edición: la primera parte de este artículo puede verse en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225669
La segunda en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226004 .
La tercera en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226271
La cuarta en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226560

 José Luis Martín Ramos

Rebelión

6. Las Cortes que se reunieron a mediados de marzo, eran legítimas, y la mayoría absoluta en ellas era, por corta que quiera considerarse, absolutamente real y legítima. El Frente Popular había vencido legal y políticamente y no cabe poner en interrogantes esa victoria, por mucho detalle que se acumule en una inconfesada pequeña causa general contra las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. Luego las Cortes actuaron, en pleno ejercicio de soberanía absoluta al que han de someterse el resto de poderes, tomando decisiones de validación, y algunas decisiones de anulación. El debate puede considerarse a manera de metáfora como una "tercera vuelta", pero solo como metáfora, las vueltas electorales ya estaban hechas. Eso, en su peculiar estilo lo reconocen ATV al examinar la actuación de la Comisión de Actas de las Cortes: "El Frente popular sumó con las nulidades parciales 6 escaños, si bien las totales de Cuenca y Granada les acabarían otorgando 17 más. El partidismo de la Comisión de Actas había contribuido ciertamente a reforzar el cupo de escaños del Frente Popular. Pero no fabricó una mayoría que era ya una realidad cuando se completaron las operaciones de escrutinio y se constituyó interinamente el Congreso. De ahí que todos los grupos conservadores acabaran aceptando, con más o menos reservas, este hecho consumado" (pag. 496). El debate en Cortes sirvió para cerrar formalmente el resultado de las elecciones y para abrir al propio tiempo el nuevo curso de debate político. El partidismo de la Comisión de Actas no fue un pecado de la izquierda, formaba parte del diseño de la Cortes como cámara de apelación de protestas; visto en la perspectiva de hoy ese un grave problema del sistema, pero la perspectiva de entonces era la que imponía el estado inicial de construcción de un sistema democrático, como todavía no había existido en España, por más que muchos se empeñen en confundir parlamentarismo liberal con democracia y pretendan que ese estado democrático lo era ya la Monarquía restaurada. El partidismo estuvo en el debate de la Comisión de Actas por parte del Frente Popular y por parte de las oposiciones; las Cortes se constituían sobre una base de representación partidaria y difícilmente podría haber actuado de otra manera.
Parte de lo que ocurrió discutiendo las actas perteneció ya al nuevo discurso político de unos y otros, también de los que concluyeron después de febrero que el intento de contrarreforma desde la ley no era posible y que había que ir ya a la solución final de la sublevación, amagada con intentos de golpes blandos que no habían llegado a materializarse. Y formó parte del nuevo curso político el incidente que más empañó ese debate, que ya no era materialmente decisivo pero que tenía un valor político trascendente para el futuro. El incidente doble de la retirada puntual de la CEDA de la Comisión de Actas y de las Cortes, que constituyó un acto de irresponsabilidad política, como reconocen ATV, perjudicando la imagen de las Cortes y perjudicando al propio tiempo a la CEDA, y la dimisión de Prieto, que ATV manipulan en favor de su exposición. Escriben ATV: "el problema de fondo era que Prieto se oponía a afrontar la anulación de Cuenca, Granada o Salamanca, sin hacer lo propio con los triunfos izquierdistas en Cáceres y La Coruña". No sé cuál es su fuente documental. Lo que reflejan las actas del Grupo Parlamentario Socialista, del 26 y 31 de marzo (Archivo de la Fundación Pablo Iglesias), no es exactamente eso. El 26 Prieto comunicó a sus compañeros que consideraba "absolutamente indefendibles" las actas de La Coruña y las comparó con las de Salamanca y en esa misma reunión se informó que Azaña era partidario de anular las de La Coruña, Granda y "si acaso Ciudad Real". La discusión que siguió en ningún momento introdujo la cuestión de Cáceres, ni tampoco se puso en cuestión que las de Granada tuvieran que anularse; el debate fue en torno a las elecciones gallegas. En la siguiente reunión Prieto dio cuenta de la anulación de Granada y anunció que dimitía por oponerse a la validación de las actas de La Coruña, que suponía la elección de Casares Quiroga, e insistió en ello, al tiempo que ratificaba su acuerdo con todas las actas firmadas. En el curso del debate quedó claro que su dimisión era por negarse a aceptar la presión republicana para la validación de las actas de La Coruña y por la división socialista que estaba contaminando también la actuación de los representantes socialistas en la Comisión de Actas; el enfrentamiento con el caballerista Rufilanchas era evidente. Actuó como lo haría meses más tarde, viéndose en minoría y dispuesto a acatar la decisión de la mayoría pero no a hacer de portavoz y defensor de una posición que no compartía. Ni Cáceres ni Granada estuvieron en el debate interno, y sí Salamanca, sobre cuya anulación general Prieto no encontró motivos suficientes, aunque sí para alguna medida parcial. La dimisión de Prieto se ha esgrimido muchas veces como prueba de la mala conciencia de una parte de los socialistas, los más moderados, sobre las resoluciones de la Comisión de Actas y esa imagen planea también en el texto de ATV; pero parece que el motivo mayor fue la división interna y la gota que colmó el vaso la cuestión de La Coruña. En cualquier caso ese no era un problema de las "elecciones del 16 de febrero" sino de los socialistas, cuya división fue, sin duda, el peor fuego amigo que recibió el Frente Popular.
Tras la dimisión de Prieto el debate siguió y concluyó en los asuntos más peliagudos de los que Prieto se apartó como figura principal: las actas de Galicia, las que implicaban los escaños de Casares Quiroga, de Portela, y también de Calvo Sotelo. La mayor parte de las decisiones mantuvieron los resultados del escrutinio y solo se acordó la nulidad general de dos distritos, Granada y Cuenca. No cansaré alargando este texto con la crítica al examen que ATV hacen a las decisiones sobre esas dos anulaciones, me limitaré a invitar que se compare el comentario que Tusell hizo en su día y el de ATV: para Tusell había razones suficientes que abonaban la acusación de las izquierdas sobre las coacciones derechistas en Granada, no era así en el caso de Cuenca. ATV no me han dado argumentos para pensar que ese juicio de Tusell fuese acertado. Como fue pertinente que Tusell recordase que la anulación de las elecciones de Cuenca se vio favorecida por el abandono del pleno por parte de la mayoría de la derecha. De cualquier forma las elecciones de Granada y Cuenca ya no podían cambiar nada sustancial y en cualquier caso, su resultado definitivo habría de salir de unas nuevas elecciones, el 3 de mayo, en las que el Frente Popular llevaba las de ganar en Granada y las de perder en Cuenca. Lo que sucedió, dando el triunfo general a las candidaturas del Frente Popular, no tuvieron ya nada que ver con las elecciones de febrero, sino con la decisión de la derecha de sumarse al carro de la conspiración: se aliaron con Falange, proponiéndolo como candidato, y dirigieron un mensaje negativo a sus partidarios, de desprecio de la República, retirándose de las elecciones en Granada y confundiendo con sus listas en Cuenca, en las que incorporaron a José Antonio Primo de Rivera y a Franco. Su historia ya no pertenece a la historia de febrero de 1936, sino a la de julio; los conspiradores habían empezado a reunirse en marzo en casa del diputado de la CEDA, José Delgado, y Gil Robles que ya no estaba en condiciones de instigar nada optó por no quedarse totalmente al margen, poniendo su granito de arena – su aportación económica – al proceso conspirativo; él tampoco quiso la paz.
José Luis Martín Ramos ( Barcelona 1948 ) es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la historia del movimien