Unas notas de réplica a Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa (y V)
6. Las Cortes que se reunieron a mediados de marzo, eran legítimas, y la mayoría absoluta en ellas era, por corta que quiera considerarse, absolutamente real y legítima. El Frente Popular había vencido legal y políticamente y no cabe poner en interrogantes esa victoria, por mucho detalle que se acumule en una inconfesada pequeña causa general contra las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. Luego las Cortes actuaron, en pleno ejercicio de soberanía absoluta al que han de someterse el resto de poderes, tomando decisiones de validación, y algunas decisiones de anulación. El debate puede considerarse a manera de metáfora como una "tercera vuelta", pero solo como metáfora, las vueltas electorales ya estaban hechas. Eso, en su peculiar estilo lo reconocen ATV al examinar la actuación de la Comisión de Actas de las Cortes: "El Frente popular sumó con las nulidades parciales 6 escaños, si bien las totales de Cuenca y Granada les acabarían otorgando 17 más. El partidismo de la Comisión de Actas había contribuido ciertamente a reforzar el cupo de escaños del Frente Popular. Pero no fabricó una mayoría que era ya una realidad cuando se completaron las operaciones de escrutinio y se constituyó interinamente el Congreso. De ahí que todos los grupos conservadores acabaran aceptando, con más o menos reservas, este hecho consumado" (pag. 496). El debate en Cortes sirvió para cerrar formalmente el resultado de las elecciones y para abrir al propio tiempo el nuevo curso de debate político. El partidismo de la Comisión de Actas no fue un pecado de la izquierda, formaba parte del diseño de la Cortes como cámara de apelación de protestas; visto en la perspectiva de hoy ese un grave problema del sistema, pero la perspectiva de entonces era la que imponía el estado inicial de construcción de un sistema democrático, como todavía no había existido en España, por más que muchos se empeñen en confundir parlamentarismo liberal con democracia y pretendan que ese estado democrático lo era ya la Monarquía restaurada. El partidismo estuvo en el debate de la Comisión de Actas por parte del Frente Popular y por parte de las oposiciones; las Cortes se constituían sobre una base de representación partidaria y difícilmente podría haber actuado de otra manera.
Parte de lo que ocurrió discutiendo las actas perteneció ya al nuevo discurso político de unos y otros, también de los que concluyeron después de febrero que el intento de contrarreforma desde la ley no era posible y que había que ir ya a la solución final de la sublevación, amagada con intentos de golpes blandos que no habían llegado a materializarse. Y formó parte del nuevo curso político el incidente que más empañó ese debate, que ya no era materialmente decisivo pero que tenía un valor político trascendente para el futuro. El incidente doble de la retirada puntual de la CEDA de la Comisión de Actas y de las Cortes, que constituyó un acto de irresponsabilidad política, como reconocen ATV, perjudicando la imagen de las Cortes y perjudicando al propio tiempo a la CEDA, y la dimisión de Prieto, que ATV manipulan en favor de su exposición. Escriben ATV: "el problema de fondo era que Prieto se oponía a afrontar la anulación de Cuenca, Granada o Salamanca, sin hacer lo propio con los triunfos izquierdistas en Cáceres y La Coruña". No sé cuál es su fuente documental. Lo que reflejan las actas del Grupo Parlamentario Socialista, del 26 y 31 de marzo (Archivo de la Fundación Pablo Iglesias), no es exactamente eso. El 26 Prieto comunicó a sus compañeros que consideraba "absolutamente indefendibles" las actas de La Coruña y las comparó con las de Salamanca y en esa misma reunión se informó que Azaña era partidario de anular las de La Coruña, Granda y "si acaso Ciudad Real". La discusión que siguió en ningún momento introdujo la cuestión de Cáceres, ni tampoco se puso en cuestión que las de Granada tuvieran que anularse; el debate fue en torno a las elecciones gallegas. En la siguiente reunión Prieto dio cuenta de la anulación de Granada y anunció que dimitía por oponerse a la validación de las actas de La Coruña, que suponía la elección de Casares Quiroga, e insistió en ello, al tiempo que ratificaba su acuerdo con todas las actas firmadas. En el curso del debate quedó claro que su dimisión era por negarse a aceptar la presión republicana para la validación de las actas de La Coruña y por la división socialista que estaba contaminando también la actuación de los representantes socialistas en la Comisión de Actas; el enfrentamiento con el caballerista Rufilanchas era evidente. Actuó como lo haría meses más tarde, viéndose en minoría y dispuesto a acatar la decisión de la mayoría pero no a hacer de portavoz y defensor de una posición que no compartía. Ni Cáceres ni Granada estuvieron en el debate interno, y sí Salamanca, sobre cuya anulación general Prieto no encontró motivos suficientes, aunque sí para alguna medida parcial. La dimisión de Prieto se ha esgrimido muchas veces como prueba de la mala conciencia de una parte de los socialistas, los más moderados, sobre las resoluciones de la Comisión de Actas y esa imagen planea también en el texto de ATV; pero parece que el motivo mayor fue la división interna y la gota que colmó el vaso la cuestión de La Coruña. En cualquier caso ese no era un problema de las "elecciones del 16 de febrero" sino de los socialistas, cuya división fue, sin duda, el peor fuego amigo que recibió el Frente Popular.
Tras la dimisión de Prieto el debate siguió y concluyó en los asuntos más peliagudos de los que Prieto se apartó como figura principal: las actas de Galicia, las que implicaban los escaños de Casares Quiroga, de Portela, y también de Calvo Sotelo. La mayor parte de las decisiones mantuvieron los resultados del escrutinio y solo se acordó la nulidad general de dos distritos, Granada y Cuenca. No cansaré alargando este texto con la crítica al examen que ATV hacen a las decisiones sobre esas dos anulaciones, me limitaré a invitar que se compare el comentario que Tusell hizo en su día y el de ATV: para Tusell había razones suficientes que abonaban la acusación de las izquierdas sobre las coacciones derechistas en Granada, no era así en el caso de Cuenca. ATV no me han dado argumentos para pensar que ese juicio de Tusell fuese acertado. Como fue pertinente que Tusell recordase que la anulación de las elecciones de Cuenca se vio favorecida por el abandono del pleno por parte de la mayoría de la derecha. De cualquier forma las elecciones de Granada y Cuenca ya no podían cambiar nada sustancial y en cualquier caso, su resultado definitivo habría de salir de unas nuevas elecciones, el 3 de mayo, en las que el Frente Popular llevaba las de ganar en Granada y las de perder en Cuenca. Lo que sucedió, dando el triunfo general a las candidaturas del Frente Popular, no tuvieron ya nada que ver con las elecciones de febrero, sino con la decisión de la derecha de sumarse al carro de la conspiración: se aliaron con Falange, proponiéndolo como candidato, y dirigieron un mensaje negativo a sus partidarios, de desprecio de la República, retirándose de las elecciones en Granada y confundiendo con sus listas en Cuenca, en las que incorporaron a José Antonio Primo de Rivera y a Franco. Su historia ya no pertenece a la historia de febrero de 1936, sino a la de julio; los conspiradores habían empezado a reunirse en marzo en casa del diputado de la CEDA, José Delgado, y Gil Robles que ya no estaba en condiciones de instigar nada optó por no quedarse totalmente al margen, poniendo su granito de arena – su aportación económica – al proceso conspirativo; él tampoco quiso la paz.
José Luis Martín Ramos ( Barcelona 1948 ) es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la historia del movimien
¿Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular?
Nota de edición: la primera parte de este artículo puede verse en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=225669
La segunda en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226004 .
La tercera en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226271
La cuarta en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226560
La segunda en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226004 .
La tercera en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226271
La cuarta en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=226560
6. Las Cortes que se reunieron a mediados de marzo, eran legítimas, y la mayoría absoluta en ellas era, por corta que quiera considerarse, absolutamente real y legítima. El Frente Popular había vencido legal y políticamente y no cabe poner en interrogantes esa victoria, por mucho detalle que se acumule en una inconfesada pequeña causa general contra las elecciones que dieron el triunfo al Frente Popular. Luego las Cortes actuaron, en pleno ejercicio de soberanía absoluta al que han de someterse el resto de poderes, tomando decisiones de validación, y algunas decisiones de anulación. El debate puede considerarse a manera de metáfora como una "tercera vuelta", pero solo como metáfora, las vueltas electorales ya estaban hechas. Eso, en su peculiar estilo lo reconocen ATV al examinar la actuación de la Comisión de Actas de las Cortes: "El Frente popular sumó con las nulidades parciales 6 escaños, si bien las totales de Cuenca y Granada les acabarían otorgando 17 más. El partidismo de la Comisión de Actas había contribuido ciertamente a reforzar el cupo de escaños del Frente Popular. Pero no fabricó una mayoría que era ya una realidad cuando se completaron las operaciones de escrutinio y se constituyó interinamente el Congreso. De ahí que todos los grupos conservadores acabaran aceptando, con más o menos reservas, este hecho consumado" (pag. 496). El debate en Cortes sirvió para cerrar formalmente el resultado de las elecciones y para abrir al propio tiempo el nuevo curso de debate político. El partidismo de la Comisión de Actas no fue un pecado de la izquierda, formaba parte del diseño de la Cortes como cámara de apelación de protestas; visto en la perspectiva de hoy ese un grave problema del sistema, pero la perspectiva de entonces era la que imponía el estado inicial de construcción de un sistema democrático, como todavía no había existido en España, por más que muchos se empeñen en confundir parlamentarismo liberal con democracia y pretendan que ese estado democrático lo era ya la Monarquía restaurada. El partidismo estuvo en el debate de la Comisión de Actas por parte del Frente Popular y por parte de las oposiciones; las Cortes se constituían sobre una base de representación partidaria y difícilmente podría haber actuado de otra manera.
Parte de lo que ocurrió discutiendo las actas perteneció ya al nuevo discurso político de unos y otros, también de los que concluyeron después de febrero que el intento de contrarreforma desde la ley no era posible y que había que ir ya a la solución final de la sublevación, amagada con intentos de golpes blandos que no habían llegado a materializarse. Y formó parte del nuevo curso político el incidente que más empañó ese debate, que ya no era materialmente decisivo pero que tenía un valor político trascendente para el futuro. El incidente doble de la retirada puntual de la CEDA de la Comisión de Actas y de las Cortes, que constituyó un acto de irresponsabilidad política, como reconocen ATV, perjudicando la imagen de las Cortes y perjudicando al propio tiempo a la CEDA, y la dimisión de Prieto, que ATV manipulan en favor de su exposición. Escriben ATV: "el problema de fondo era que Prieto se oponía a afrontar la anulación de Cuenca, Granada o Salamanca, sin hacer lo propio con los triunfos izquierdistas en Cáceres y La Coruña". No sé cuál es su fuente documental. Lo que reflejan las actas del Grupo Parlamentario Socialista, del 26 y 31 de marzo (Archivo de la Fundación Pablo Iglesias), no es exactamente eso. El 26 Prieto comunicó a sus compañeros que consideraba "absolutamente indefendibles" las actas de La Coruña y las comparó con las de Salamanca y en esa misma reunión se informó que Azaña era partidario de anular las de La Coruña, Granda y "si acaso Ciudad Real". La discusión que siguió en ningún momento introdujo la cuestión de Cáceres, ni tampoco se puso en cuestión que las de Granada tuvieran que anularse; el debate fue en torno a las elecciones gallegas. En la siguiente reunión Prieto dio cuenta de la anulación de Granada y anunció que dimitía por oponerse a la validación de las actas de La Coruña, que suponía la elección de Casares Quiroga, e insistió en ello, al tiempo que ratificaba su acuerdo con todas las actas firmadas. En el curso del debate quedó claro que su dimisión era por negarse a aceptar la presión republicana para la validación de las actas de La Coruña y por la división socialista que estaba contaminando también la actuación de los representantes socialistas en la Comisión de Actas; el enfrentamiento con el caballerista Rufilanchas era evidente. Actuó como lo haría meses más tarde, viéndose en minoría y dispuesto a acatar la decisión de la mayoría pero no a hacer de portavoz y defensor de una posición que no compartía. Ni Cáceres ni Granada estuvieron en el debate interno, y sí Salamanca, sobre cuya anulación general Prieto no encontró motivos suficientes, aunque sí para alguna medida parcial. La dimisión de Prieto se ha esgrimido muchas veces como prueba de la mala conciencia de una parte de los socialistas, los más moderados, sobre las resoluciones de la Comisión de Actas y esa imagen planea también en el texto de ATV; pero parece que el motivo mayor fue la división interna y la gota que colmó el vaso la cuestión de La Coruña. En cualquier caso ese no era un problema de las "elecciones del 16 de febrero" sino de los socialistas, cuya división fue, sin duda, el peor fuego amigo que recibió el Frente Popular.
Tras la dimisión de Prieto el debate siguió y concluyó en los asuntos más peliagudos de los que Prieto se apartó como figura principal: las actas de Galicia, las que implicaban los escaños de Casares Quiroga, de Portela, y también de Calvo Sotelo. La mayor parte de las decisiones mantuvieron los resultados del escrutinio y solo se acordó la nulidad general de dos distritos, Granada y Cuenca. No cansaré alargando este texto con la crítica al examen que ATV hacen a las decisiones sobre esas dos anulaciones, me limitaré a invitar que se compare el comentario que Tusell hizo en su día y el de ATV: para Tusell había razones suficientes que abonaban la acusación de las izquierdas sobre las coacciones derechistas en Granada, no era así en el caso de Cuenca. ATV no me han dado argumentos para pensar que ese juicio de Tusell fuese acertado. Como fue pertinente que Tusell recordase que la anulación de las elecciones de Cuenca se vio favorecida por el abandono del pleno por parte de la mayoría de la derecha. De cualquier forma las elecciones de Granada y Cuenca ya no podían cambiar nada sustancial y en cualquier caso, su resultado definitivo habría de salir de unas nuevas elecciones, el 3 de mayo, en las que el Frente Popular llevaba las de ganar en Granada y las de perder en Cuenca. Lo que sucedió, dando el triunfo general a las candidaturas del Frente Popular, no tuvieron ya nada que ver con las elecciones de febrero, sino con la decisión de la derecha de sumarse al carro de la conspiración: se aliaron con Falange, proponiéndolo como candidato, y dirigieron un mensaje negativo a sus partidarios, de desprecio de la República, retirándose de las elecciones en Granada y confundiendo con sus listas en Cuenca, en las que incorporaron a José Antonio Primo de Rivera y a Franco. Su historia ya no pertenece a la historia de febrero de 1936, sino a la de julio; los conspiradores habían empezado a reunirse en marzo en casa del diputado de la CEDA, José Delgado, y Gil Robles que ya no estaba en condiciones de instigar nada optó por no quedarse totalmente al margen, poniendo su granito de arena – su aportación económica – al proceso conspirativo; él tampoco quiso la paz.
José Luis Martín Ramos ( Barcelona 1948 ) es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en la historia del movimien
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