La improvisación y la opacidad marcan la última fase del “procés”
Bez
Desde las elecciones autonómicas de 2015 han pasado ya casi dos años, pero en Cataluña la situación es idéntica a aquella noche del 27 de septiembre en que Artur Mas declaró que los independentistas habían ganado el supuesto plebiscito. La diferencia es que hemos entrado ya en el tiempo de descuento y nadie sabe realmente qué hacer. La legislatura “excepcional” de 18 meses, que debía llevar Cataluña a las puertas de la independencia, habría debido terminar esta primavera, pero nadie parece darse por enterado. La hoja de ruta soberanista se ha cambiado tropecientas veces y cada uno la interpreta a su gusto. De la declaración de independencia express se ha vuelto a la “pantalla” superada del referéndum, del cual no se sabe ni la modalidad, ni la pregunta, ni la fecha (se baraja el 1 de octubre). Hay quien saca otra vez de la chistera la fantomática Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y quien, demostrando un desconocimiento asombroso de la realidad, propone “acampadas indefinidas” y “ocupación de infraestructuras”. Por más inri, el gobierno de Puigdemont ha conseguido aprobar en un año y medio apenas 5 de las 45 leyes prometidas. El fracaso de la aceleración independentista es manifiesto.
Acorralar a los comunes
Lo que parece evidente, más allá de las declaraciones altisonantes y los eslóganes de campaña, es que nadie tiene un plan. Todo se rige por la improvisación, mientras la opacidad reina soberana y se justifica con la necesidad de no dar pistas al Gobierno central y al Tribunal Constitucional (TC). Además, la supuesta unidad de las formaciones independentistas se resquebraja cada día más, mostrando la estrenua lucha de poder existente entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partit Demòcrata Europeu Catalá (PDeCAT) por la conquista de la centralidad en el Principado. El procés soberanista no da más de si y todos, aunque no lo admitan, son conscientes de ello. El problema es cómo salir airosos del atolladero y cargar a otro el muerto del fracaso de la “revolución de las sonrisas”.
En estos últimos días hemos tenido sobradas prueba de ello. El objetivo de republicanos y exconvergentes es poner en un aprieto a los comunes, que el pasado mes de abril han presentado su nuevo partido. La pieza clave de esta estrategia de acoso es el referéndum. Los comunes, que en diciembre se sumaron al Pacte Nacional pel Referendum (PNR), han defendido siempre una consulta con garantías, negándose a apoyar un referéndum unilateral sin reconocimiento internacional. Y efectivamente el pasado viernes los comunes estaban presentes en el participado acto organizado por el PNR en Barcelona para presentar el medio millón de firmas y los muchos apoyos recogidos en toda España y también en el extranjero para un referéndum pactado con el Estado.
Sin embargo, las formaciones independentistas intentan poner en duda la buena fe de los comunes, tildándolos de quintacolumnistas del Gobierno central. Todo sirve para culpabilizar a la formación liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, del fracaso de un proceso en que jamás ha participado: desde el caos que se está viviendo en el aeropuerto de El Prat a la carta que la alcaldesa escribió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que el Gobierno catalán reconsidere su decisión de no acusar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el expolio del Palau de la Música. Una decisión, la de la Generalitat, que tildar de desfachatez es poco.
Convergència, acorralada por los casos de corrupción
Y es que la antigua Convergència sigue cada semana más acorralada por los casos de corrupción: además del caso Palau, en el caso del 3% se ha pedido de nuevo que se investigue al exconsejero y mano derecha de Artur Mas, Germà Gordó, considerado por la Fiscalía Anticorrupción, el “conseguidor” de la financiación irregular del partido, mientras en el caso Adigsa un empresario ha afirmado ante el tribunal que tuvo que pagar mordidas del 20% que iban a parar a CDC y que Mas estaba informado de ello. El castillo de naipes del pujolismo se viene abajo y además la exCDC, sumida en una crisis interna descomunal, sin un liderazgo y con continuos bandazos ideológicos, tiene las arcas vacías, hasta el punto de que ha debido recurrir a una “caja de solidaridad”, montada por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, para pagar las multas que el TC impuso a Mas, Ortega, Rigau y Homs.
A todo esto se suma el trabajo de la Fiscalía que sigue su curso. Además de la investigación por desobediencia al TC de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y de cuatro miembros de la mesa de la Cámara autonómica, la Fiscalía se ha querellado también contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por haber firmado el acuerdo marco para el suministro de urnas a la Generalitat que se podrían utilizar por el referéndum. El pánico empieza a cundir entre las formaciones independentistas.
La exConvergència parece un boxeador aturdido que antes de caerse al suelo lanza golpes a ciegas. Y Esquerra la sujeta, aunque desde una posición de fuerza, siempre bien acompañada por los anticapitalistas de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Esta parece la única explicación de decisiones que dejan asombrados por su falta de democracia, como la reforma del reglamento del Parlamento para poder aprobar, sin conocimiento previo y con lectura única, la supuesta ley de “desconexión” o el bloqueo de la comisión de investigación de la Cámara autonómica acerca de las declaraciones del exjuex y exsenador de ERC Santi Vidal.
A la espera de las elecciones autonómicas
El único plan existente, si de plan se puede hablar, es el de provocar la reacción del Gobierno central para poder reanimar las bases soberanistas. Parece ser esto lo único que queda, junto a un intento de campaña de internacionalización del proceso independentista que ha llevado Mas, Puigdemont y Junqueras a Estados Unidos y Francia. Una campaña que, de todos modos, se hace sobre todo para uso y consumo interno.
Bajo la misma lógica, este lunes Puigdemont, junto al vicepresidente Oriol Junqueras y al consejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva, dará una conferencia en el Auditorio la Caja de la Música de Madrid bajo el título “Un referéndum para Cataluña. Invitación a un acuerdo democrático”, a la cual se han invitado dirigentes políticos españoles y el cuerpo diplomático presente en Madrid. Según Puigdemont, se trata de la “última oportunidad” para negociar el referéndum con el Estado. La respuesta del Gobierno central no ha tardado en conocerse y se resume en el boicot a la iniciativa, acompañado, sin embargo, por la oferta de que el presidente catalán explique en el Congreso sus planes para el referéndum. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha explicado que, aunque el Gobierno “no puede negociar ni permitir” el referéndum, “cualquier planteamiento puede ser modificado por los cauces constitucionales”. ¿Señales de diálogo? En el entorno de Puigdemont no se percibe así y se teme que sea una encerrona para que todo acabe como con Ibarretxe en 2005. También por esto, el presidente de la Generalitat, aunque se alegró de la oferta, afirmó que no la iba a aceptar sin un pacto previo sellado con Mariano Rajoy. Todo sigue muy enquistado.
¿Qué pasará después? Todos saben que el Estado central no dejará celebrar el referéndum, pero a estas alturas la Generalitat no podrá no convocarlo, a menos que no quiera perder cualquier credibilidad entre las bases soberanistas. Así que el TC intervendrá y se organizará algo, quizás una manifestación masiva o un nuevo 9N. Y más pronto que tarde se convocarán unas nuevas elecciones autonómicas. Ahí será donde se jugará el verdadero partido: el de la lucha por la hegemonía en Cataluña.
Fuente: http://www.bez.es/733517550/improvisacion-opacidad-marcan-ultima-fase-proces.html
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http://ctxt.es/es/20170524/Politica/12909/CTXT-Llei-Transitorietat-referendum-Proces.htm
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Entrevista a Guillem Martínez, autor de "CT o la Cultura de la Transición"
“Rajoy no es nadie”
Atlántica XXII
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