Los intelectuales y la Transición.

Los intelectuales y la Transición: un debate entre Gregorio Morán y Juan Carlos Monedero





 http://rebelion-media.tumblr.com/post/102516256327/los-intelectuales-y-la-transicion-un-debate-entre

9N .-La voluntad popular no es unívoca.

Los datos del 9N. “La maquina de la verdad” de Carles Castro. La Vanguardia

On 11 nov, 2014 política

“El proceso participativo del pasado domingo acabó convirtiéndose en una gigantesca máquina de la verdad que no desveló ningún secreto. Bastaba con repasar los resultados de las autonómicas del 2012 para saber que los más firmes partidarios del derecho a decidir sumaban algo más de dos millones de ciudadanos catalanes (exactamente 2.305.290, este domingo) y que los potenciales defensores de la independencia sumaban algo menos de esa cifra (1.861.753, el 9-N). Sólo se trataba de sumar los votos de CiU, Esquerra, la CUP y Solidaritat, con o sin Iniciativa. Y aún así, ese resultado agridulce para el soberanismo se expresó a través de un desenlace deslumbrante: una movilización equivalente a entre un 37% y un 42% del censo electoral (según la base que se tome de referencia). Es decir: mucha gente para un simple “simulacro” (más incluso que en el referéndum sobre la Constitución europea de febrero del 2005).

Sin embargo, los nutrientes de esa movilización flotaban en la atmósfera. Lo voluntario atrae, lo obligatorio repele y lo prohibido fascina. Estas sencillas pautas de comportamiento alcanzan también a la vida política y a la conducta electoral. Y a ello hay que añadir la redundante imagen positiva del sí (como libre adhesión) y la inevitable percepción negativa del no (como displicente rechazo de tintes autoritarios). Si a todo esto se une una desaprobación al Gobierno central que en Catalunya alcanza proporciones mucho más amplias que en el conjunto de España (donde los juicios negativos ya rozan el 70%), no es difícil imaginar una tormenta perfecta que congregue en la misma dirección a los distintos grupos críticos con el poder y la coyuntura. Y por eso el domingo en Catalunya más de dos millones de personas se sumaron a un proceso participativo sin consecuencias jurídicas, aunque casi un 20% de ellas no lo hicieran para apoyar la independencia.

A partir de ahí, la extrapolación electoral del simulacro del 9-N (entendido como ensayo ante las urnas) dibuja un cierto techo para el independentismo, más allá del enigma que plantea la solidez del sí a la secesión en una consulta electoral que tuviera consecuencias tangibles. Ciertamente, los resultados suponen la consolidación de un bloque electoral soberanista hipermovilizado, capaz de marcar la agenda política y de mantenerse como una minoría determinante (con mayoría absoluta en el Parlament) incluso en elecciones de alta participación, como podrían serlo aquellas centradas en el encaje de Catalunya en España. Sin embargo, la cifra de papeletas a favor de la independencia equivale, como mucho, a un 33% del censo electoral. Un bagaje manifiestamente insuficiente para afrontar el viaje hacia la Ítaca independentista. Y las extrapolaciones son concluyentes, pese a las salvedades metodológicas.

En este sentido, es verdad que el censo de referencia se vio distorsionado el domingo por la presencia de participantes menores de 18 años y mayores de 16. Pero si se adopta como referente el censo ampliado a los residentes en el extranjero (más de cinco millones y medio de electores), no se vislumbran márgenes de error insoportables en la proyección de las papeletas del 9-N sobre unas hipotéticas elecciones (o un referéndum) de “verdad”. Sólo se trata de recrear los diversos escenarios de participación con el mencionado censo electoral del 2012.

Pues bien, suponiendo que los votantes añadidos en esa futura cita electoral verdadera lo hicieran en contra de las tesis independentistas, bastaría una participación similar a la de las últimas autonómicas (67%) para que el independentismo quedase por debajo del 50% de los votos emitidos (ver gráfico adjunto). Naturalmente, podría ocurrir que algunos de los votantes que no hubiesen participado el 9-N apoyaran en el futuro la secesión, pero es poco probable que se trate de un contingente relevante. En cambio, parece más probable que en unos comicios marcados por el dilema dramático de la ruptura con España, la afluencia a las urnas fuese mayor y se encaramase al 75% (como en las angustiosas elecciones del 2004). Y en ese caso, los menos de dos millones de papeletas sí-sí supondrían alrededor del 44% de los votos emitidos. Es decir, un resultado similar al escocés. Y es que aunque las encuestas prometan tesoros, la realidad suele ser siempre más modesta y cambia más despacio de lo que aparenta.

Finalmente, los resultados del domingo confirmaron una vez más la existencia de varias Catalunyes que coexisten en universos paralelos y algo herméticos. Por un lado, una Catalunya interior, con menor peso demográfico, donde el apoyo a la independencia se acercó al 50% del censo; por otro, una Catalunya litoral, donde el secesionismo no siempre llegó a congregar a un tercio del censo electoral. Sin olvidar un nutrido cinturón metropolitano donde ese apoyo quedó en muchos casos por debajo del 20% del electorado”.

http://registrousuarios.lavanguardia.com/premium/54419758926/index.html

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 y ver otro análisis

http://elpais.com/elpais/2014/11/19/opinion/1416415999_256355.html

La demoscopia de la vieja política

La vieja política agoniza... y su demoscopia también

Noel Bandera

Rebelión

En el mes anterior a las elecciones europeas se publicaron en España 15 grandes encuestas pre-electorales. Para hacernos una idea de su nivel de predicción basta con decir que de esas 15 la menos mala se equivocó por más de 10 puntos respecto a los resultados finales en cuanto a los dos grandes partidos (DYM concedía a PP y PSOE un 59,2% entre ambos, finalmente fue un 49,1%).El replanteamiento de la política ha de conducirnos a un sistema realmente transparente, más participativo y que genere dinámicas de rendición de cuentas de los responsables públicos. La demoscopia es un área más que se ha visto contaminada por los intereses de la casta dominante y que por tanto sirve de símbolo (como tantos otros) de cómo no se deben hacer las cosas. Nos centraremos en tres elementos, todos ellos interrelacionados: primero, la ausencia de rigor; segundo, la falta de transparencia; y tercero, la connivencia de intereses.
1) Centrémonos por ejemplo en la estimación de voto del último CIS. Hay muchas maneras de desmontarlo, he aquí una de ellas, que además se basa en la serie histórica del propio CIS. Resulta que consultando su base de datos, el partido que lidera la intención de voto un año antes de las elecciones generales es siempre quien acaba ganándolas. Sin embargo, el último CIS ha decidido ignorar este hecho y no sólo no se ha puesto en primer lugar en estimación a quien es primero en intención directa (Podemos), sino que además se le ha rebajado al tercer lugar.
Si lo que se pretende es traducir la opinión de la ciudadanía en un dato final que sirva de estimación de voto, es lógico que se utilicen fórmulas estadísticas que nos acerquen al resultado más probable (y que sea justo con los datos de que se disponen). En otras palabras, la cocina es legítima, pero ha de fundamentarse en hipótesis de trabajo válidas a la luz de lo que la historia, la sociología política y la demoscopia nos han ido enseñando, y no a la luz de lo que el jefe (el Gobierno en el caso del CIS) quiera ver reflejado en la encuesta. Una cocina es legítima si se justifica razonadamente, algo que no existe ni en el caso del CIS ni en el de las demás grandes encuestas. Algo que nos lleva al segundo punto de nuestro análisis.
2) En el contexto de la falta de transparencia en la actuación de las instituciones, en el centro de investigación socio-política más importante de España se ha consolidado un sistema de trabajo que permite a cada director modificar la metodología empleada en lo referente a los datos de estimación de voto sin ni siquiera tener que hacerlo público. En su propia página no tienen reparos en reconocerlo, en ella se dice que "su método de cálculo nunca se ha hecho público y ha cambiado con los distintos equipos de dirección del CIS". En un centro del prestigio e influencia de que goza el CIS, los riesgos de tal aproximación oscurantista son evidentes. Así, desde 2012 se viene produciendo en sus encuestas una alarmante tendencia de disociación entre los datos reales de intención de voto y las estimaciones de voto. Mientras que en años anteriores las diferencias eran leves, en 2012 y 2013 esas diferencias normales se multiplicaron hasta por seis, teniendo curiosamente al Partido Popular siempre como beneficiario de estas transferencias y al resto de partidos como constantes perjudicados. En 2014 la tendencia sigue acentuándose: en el último CIS la cocina logra pasar el dato del PP de un 11,7 a un 27,5.
En cuanto que no se explica en ningún lugar la metodología utilizada para la obtención de las estimaciones de voto, el CIS y demás órganos demoscópicos incumplen el Compromiso número 2 del Manifiesto por la calidad de las encuestas firmado por el propio CIS en 2007, que establece la obligación de “especificar siempre la metodología utilizada, indicando de dónde proviene cada dato, y si estos son resultados directos de la encuesta o de análisis realizados posteriormente”, y también el Compromiso 4 que habla de “facilitar al máximo, y con carácter permanente, la información y transparencia de los procesos de trabajo utilizados en la realización de encuestas y el acceso a sus resultados”.
3) Ante las encuestas electorales se observa en general una doble percepción: por un lado se les concede gran notoriedad, sus datos son estudiados al detalle y los grandes titulares copan los medios de comunicación; pero eso no es óbice para que al mismo tiempo sufran un gran descrédito en la actualidad. Ello se debe fundamentalmente a que la ciudadanía tiene la impresión (sin duda correcta) de que los resultados de la encuesta dependen de quién sea el que la ha encargado. Seguramente no se necesitan ejemplos que ilustren esta apreciación, pero aquí va uno: mientras que Metroscopia/El País hablaba de empate técnico entre PP y PSOE de cara a las europeas, los últimos sondeos de ABC y El Mundo situaban a los populares con 6 y 8 puntos de ventaja, respectivamente. Al final fueron 3, lo que confirma que es acertada la intuición ciudadana de que para saber los resultados reales es necesario restar unos puntos al PP cuando se trata de encuestas de medios más conservadores y de sumarle cuando se trata de medios menos afines como El País. Y viceversa en el caso del PSOE. Pero por supuesto todos esos grandes medios coincidirán en otorgar al bipartidismo un peso mayor del que realmente tienen, como veíamos al principio, pues al fin y al cabo esos medios de comunicación son parte consustancial del mismo sistema que el PPSOE representa.
En definitiva, la nueva política será impotente si no va acompañada de un cambio en la cultura política (de la que afortunadamente desde mayo de 2011 hay cada vez más indicios). Además de por democratizarlo todo, esta cultura pasa por algo tan fácil y tan complicado como simplemente permitir a los profesionales hacer su trabajo: a los jueces, para que enjuicien la corrupción y sirvan de contrapeso a las otras ramas del Estado; a los periodistas, para que ejerzan su crucial control del poder; a los sociólogos, para que reflejen rigurosamente y sin intereses partidistas lo que está ocurriendo en la opinión pública.
Noel Bandera, sociólogo y politólogo

Catalunya: el día después del 9N.

DOS MILLONES DE PERSONAS PARTICIPAN EN UNA CONSULTA SIN PRECEDENTES
Catalunya: el día después del 9N
Tras la consulta ciudadana en la que ayer votaron 2.236.803 personas se abren distintos escenarios para el país.

Pablo Elorduy
10/11/14 · Diagonal.



2.236.803 personas participaron ayer, 9 de noviembre, en la consulta ciudadana llevada a cabo en Catalunya. De ellas, el 80% optó por la fórmula del independentismo, el famoso sí-sí. Algo más de un diez por ciento expresó su deseo de que se construya un modelo de relación federal (sí-no) y un 4% optó por el "no" al cambio de modelo. Pasadas 24 horas, sin embargo, ninguna incógnita se ha resuelto. Bien al contrario, parece que al paisaje le falta una parte que está fuera de plano o que, como ha dicho Guillem Martínez en El País, "es otro jalón con final abierto". No sólo por el 64% del censo que no acudió ayer a los puntos de votación dispuestos por la organización del evento, si no porque las fuerzas que llamaron al voto se reservan algunas opciones de cara al futuro inmediato. Así lo cree Arturo Puente, analista político y colaborador de eldiario.es, quien, consultado por Diagonal, considera que el acto de ayer es "el estertor de una etapa muerta", al menos en lo que a las relaciones entre los principales dinamizadores de la consulta —CiU y ERC— se refiere. Hoy, 10 de noviembre, se termina el acuerdo entre las fuerzas que encabezan Artur Mas y Oriol Junqueras, desarrolla Puente. "Cuando se rebajó la consulta al acto simbólico, ERC se sintió engañada", explica este analista, de manera que el 9N resetea el consenso logrado hasta esa fecha y Mas se ve en una disyuntiva, volver sobre los pasos perdidos, que, traducido, significa apoyarse en el PSC para sacar adelante la legislatura --con la próxima estación en la aprobación de los presupuestos para 2015--, o bien optar por la convocatoria de elecciones anticipadas.

Elecciones anticipadas

El abogado y activista Hibai Arbide también detecta un "bloqueo evidente" en el mapa que queda tras la masiva movilización del domingo. Para Arbide, el escenario más probable es el adelanto electoral, dado que el principal actor civil de la película, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) apuesta por esta vía. Una vez que la Candidatura d'Unitat Popular ha rechazado definitivamente formar parte de una "candidatura país", es decir, una lista formada con el único programa de la independencia, la fusión —"fría" o no— entre ERC y CiU es la opción que seguiría los pasos del proceso comenzado, pero también plantea incógnitas. Arturo Puente recuerda que, con el último barómetro del CIS en la mano, CiU ha perdido el 50% de su electorado en los últimos cuatro años. El objetivo de ERC, indica este analista, "no es ir a las elecciones con un perdedor [CiU], pero, al mismo tiempo, esa es la única posibilidad de conseguir una mayoría parlamentaria de carácter independentista. Esta mayoría podría obtener unos resultados de entre 1,6 y 1,8 millones de votos, muy por encima del tope que ha conseguido CiU en los años dorados del pujolismo. Sin este pacto atado, indica Puente, no se va a anunciar el adelanto electoral. La secretaria general de ERC no perdía tiempo y hoy lunes, el día posterior a la consulta, aseguraba que era necesario convocar unas "elecciones constituyentes" como paso lógico tras la votación del 9N y con el fin de formar un gobierno de concentración que lleve a Catalunya a la independencia.  Pasadas 24 horas ninguna incógnita se ha resuelto. Bien al contrario, parece que al paisaje le falta una parte que está fuera de plano

La declaración unilateral

Otro escenario posible, indica Arbide, es que se haga una apuesta por la declaración unilateral de independencia, pero, indica, "sin una fuerza abrumadora es un brindis al sol". Y es que, a pesar de la fuerza moral puesta en marcha por las opciones independentistas, no salen los números, "se tendría que haber dado un resultado de cuatro millones de votos", resume Arbide, quien recuerda que para obtener "estándares reconocidos" a nivel internacional, es necesario que vote más de un 50% del censo y que de esa masa de votantes, un 55% abogue por la independencia. Puente incide en que ayer se obtuvo un número de votos a favor del sí-sí muy parecido al que cosecharon los partidos soberanistas en los últimos comicios, por eso señala el papel que un voto por el "no" movilizado tendría que jugar si se pone encima de la mesa la opción de la declaración unilateral.

La presión de la CUP

"La gente ha conseguido transformar lo que era una huida hacia adelante del Gobierno en una movilización capaz degenerar un mandato político". Isabel Vallet, de la CUP pedía ayer mismo en una entrevista que el Gobierno tome la única salida que su grupo ve posible, la dimisión y la convocatoria de elecciones. De este modo, la CUP mueve ficha y se sitúa en un espacio propio, alejada voluntariamente de la "lista país" pero con una apuesta independentista inequívoca y sin demasiados matices. Para Arbide, "esperar que la CUP deje de ser independentista es absurdo, está en su ADN", sin embargo, sí es un factor importante el debate interno que se produzca en estas candidaturas sobre la pertinencia de hablar con un nuevo interlocutor: Podemos.

La formación de Pablo Iglesias fue la gran ausente de la consulta del 9N. "Todo el mundo" mira a Podemos en las últimas semanas, y la CUP no es una excepción. Arbide resume la encrucijada en la que se mueve esta agrupación independentista: "Dentro de la CUP hay distintas posturas respecto a Podemos; se considera que esperar a que haya cambios en el resto del Estado español es transigir con una subordinación que no se puede aceptar y hay mucha desconfianza con que Podemos esté comprometido con la autodeterminación, se lo considera demasiado ambiguo y no es fiable de cara al referéndum". Pero, indica Arbide, "hay gente que piensa que es posible pactar con Podemos como se ha pactado con Mas". La CUP pedía ayer mismo en una entrevista que el Gobierno tome la única salida que su grupo ve posible, la dimisión y la convocatoria de elecciones

Podemos ¿evitar un pacto de élites?

A pesar de que ningún sondeo apunta a una mayoría de Podemos, Puente resalta que lo que viene es un empuje "bestial" de Podemos, capaz por sí solo de desplazar de nuevo la mayoría social y a partidos como Iniciativa per Catalunya (ICV) que ven que "sin apoyar en Procés, hay una fuerza que puede arrastrar otro tipo de discurso". A la espera de que el ciclón Podemos se mida en unos comicios con las fuerzas soberanistas, integradas o no en una candidatura única (CiU-ERC), con los partidos constitucionalistas (PSC, PP, C's, etc) y con fuerzas como la propia ICV o la CUP, la posibilidad de reconducir la situación mediante un "pacto de élites" es el último escenario que se plantea Puente.

Pasos perdidos como la reestructuración del Estatuto, y un trato diferencial desde el punto de vista económico, parecen imposibles de retomar por parte de un Mas a quien los acontecimientos han arrastrado lejos de lo que se discutía hace dos o tres años. Por su parte, el Gobierno de Rajoy, indica Puente, ha comprobado que esto "no es un suflé".  "Una cosa es evidente, esto se negocia políticamente. No se puede poner una barrera de contención con tribunales", dice Puente, para quien los intereses de las élites, el llamado "puente áereo" empresarial y financiero, pasan por un acercamiento entre el presidente del Gobierno y Artur Mas para hallar una "tercera vía" que reconduzca un proceso que a partir de ayer por la noche se encuentra, otra vez, en situación de bloqueo.

Marx/Eisenstein/El capital" de Alexander Kluge

"Noticias de la Antigüedad ideológica: Marx/Eisenstein/El capital" de Alexander Kluge

Entender a Marx

Mientrastanto

 Alemania, 2008
Noticias de la Antigüedad ideológica: Marx/Eisenstein/«El capital» (2008) es una de las películas más complejas y monumentales de la historia del cine reciente. A lo largo de casi nueve horas de duración, su director, Alexander Kluge (Alemania, 1932), propone una reconstrucción del proyecto inacabado de Eisenstein de rodar El capital de Karl Marx tras un febril encuentro con James Joyce en 1927. Noticias de la Antigüedad ideológica es también un nuevo giro de tuerca para entender el espectro contemporáneo de Marx a partir de una imagen fantasmagórica, constituida por la asociación libre y el montaje de ideas, capaz de volver a imaginar el cine como un medio crítico y de conocimiento.
Si bien esta película participa de la pulsión actual hacia El capital, Kluge se distancia de las celebraciones y retornos literales dominantes para armar un relato alegórico en el que, mientras el texto es la potencia melancólica de un proyecto radical irrealizado, el subtexto es la redención del presente a partir de una rigurosa excavación del pasado. De esta forma, Noticias de la Antigüedad ideológica se plantea como un amplio archivo transversal que contiene el cine dentro del cine, las imágenes de historia y catástrofe del siglo XX, fragmentos de ópera, entrevistas a distintos pensadores (Peter Sloterdijk, Oskar Negt, Hans Magnus Enzensberger...), ficciones interpretadas, esfuerzos pedagógicos o textos y fragmentos de discurso proyectados entre las imágenes. Dentro de este torrente, Kluge parece referirse a cómo los media son tanto ruinas del pasado como modelos de futuro. "La historia del cine sigue siendo un desafío —escribe—, es un Fénix, y sigue sin cumplirse. Alrededor de 1929, cuando Eisenstein quiso realizar su versión de El capital de Marx, en el umbral del cine sonoro, el viejo cine muere por primera vez por motivos comerciales para volver a surgir en otra parte. Hoy es lo mismo: el cine está muriéndose en los cines y vuelve a surgir en Internet".

Fuente original: http://www.mientrastanto.org/boletin-129/en-la-pantalla/noticias-de-la-antigueedad-ideologica-marxeisenstein-el-capital

“Derecho a decidir”. Debate racional .

Reseña de "La secesión de España. Bases para un debate desde el País Vasco". Joseba Arregi Aranaburu (coordinador)

Por una debate racional sobre el “derecho a decidir”

Luis Roca Jusmet

Rebelión

Madrid, Tecnos, 2014 En plena vorágine soberanista e independentista en Cataluña, es una bocanada de aire fresco leer un libro como éste. Aire fresco que quiere decir aquí racionalidad. Y racionalidad quiere decir conceptualización y argumentaciones claras y rigurosas. Rigor que, por supuesto, pasa por la lógica y por las pruebas empíricas. Pero igualmente por la racionalidad política y moral, que en el caso de los autores del libro ( como en el mío) está básicamente orientada por un respeto basado en la democracia y en los derechos humanos. El coordinador del libro y autor de uno de los artículos, Joseba Arregi, que había sido consejero del PNV, empieza con una declaración de principios que comparto totalmente : las Constituciones crean comunidad política. La Constitución es la base de la democracia, añado, siguiendo el planteamiento de John Stuart Mill, porque de lo contrario podría existir una tiranía de la mayoría. Es decir, que las mayorías podrían decidir eliminar derechos de los individuos o de minorías. Este planteamiento es complementario de otra afirmación, que es que las Constituciones deben ser flexibles en la medida en que deben de adaptarse al propio movimiento de la sociedad y a sus demandas. Demandas que pueden dar lugar a situaciones críticas que deben resolverse políticamente y no solo jurídicamente. Esto es lo que debería aprender el PP. Si hay por parte de una parte de la sociedad española, a saber la catalana, una demanda de consulta, esta debe ser canalizada por el Gobierno y el Parlamento español. Matizemos. Se trata de una demanda, no de un derecho, como bien se va argumentando a lo largo del libro. Es interesante también saber que es una publicación de la Fundación Mario Onandia, que fue hasta su malograda muerte uno de los pensadores políticos que más aportaron al debate entre nacionalismo e izquierda.
El primer capítulo está escrito por José Mª Ruiz Soroa y se titula "¿Es posible regular la secesión aquí y ahora?" El autor, Doctor en Derecho, empieza analizando lo que quiere decir derecho de autodeterminación. Deja claro que únicamente en las colonias o países ocupados ( cosa que evidentemente no pasa en España) puede interpretarse como derecho a la independencia del país dominante. El derecho a decidir la secesión de una parte de un país, es decir de un Estado, no existe en ningún lugar del mundo. Es una demanda legítima que debe negociarse pero no puede exigirse como un derecho previo. El derecho a decidir en abstracto no existe: hay que determinarlo en función de sus contenidos y en este caso está claro que no. Ni desde el punto de vista jurídico del derecho positivo ni desde el punto de vista moral de los derechos humanos reconocidos. Pero para resolver las tensiones originadas por esta demanda hay que buscar un procedimiento legal para verificar si es mayoritaria o no. En caso que lo fuera habría que reformar la Constitución y negociar una salida política. Por supuesto que la pregunta debería ser si uno está a favor o emn contra de la independencia. Es la única pregunta clara, que se desmarca tanto del bodrio de preguntas que formula la propuesta de ley de referéndum catalana como la de otras propuestas que plantear incluir el federalismo. La justificación de no incluir esta tercera opción es que queda incluida dentro de las posibilidades de los que no quieren la independencia. Es decir, que en caso que ganaran los que quieren mantener la unión sería conveniente replanteares si hay que hacer alguna reforma en un Estado que, de alguna manera ya es federal.
El segundo estudio está escrito por Alberto López Basaguren, Catedrático de Derecho Constitucional del País Vasco, y se llama "Estado democrático y secesión de territorios. Un análisis comparado sobre el tratamiento democrático de las reclamaciones secesionistas." plantea la necesidad de combinar la idea de democracia (gobierno de la mayoría), con la de constitucionalismo (garantía de derechos) y federalismo, que es la diferencia de niveles de decisión. Se analizan con todo tipo de matices los casos de Quebec y de Escocia, donde fue el gobierno central el que decidió que se hiciera la consulta y bajo que condiciones. También el caso del reconocimiento parcial de Kosovo es analizado como una excepción por las condiciones límites en que se da. La conclusión es que en las democracias occidentales no existe jurídicamente el derecho a la secesión. Siempre ha habido un proceso negociador para canalizar la demanda, como en el caso del Quebec en Canadá o de Escocia en el Reino Unido (que cambió radicalmente la postura que había mantenido anteriormente con respecto a Irlanda). Es imprescindible, dice el autor, analizar lo que ocurre en España a la luz de los ejemplos internacionales si no queremos caer en la ilusión. El nuevo paradigma puede ser el abierto por el Reino Unido con respecto a Escocia y que se inició en Canadá con respecto al Quebec porque que en ningún caso se basaba en la reclamación d eun derecho sino en la negociación política a partir de una demanda y sin cuestionar nunca la validez del marco constitucional.
Bárbara Ruiz Balzola, Máster en relaciones Internacionales, analiza las consideraciones jurídicas y políticas de una Declaración de Independencia de Cataluña. Analiza con precisión diferentes supuestos y acaba planteando la falta de información y de deliberación política en el tema, minimizando los riesgos por parte de los partidarios de la independencia y exagerándolos por parte de los contrarios. Joseba Arregi nos plantea seguidamente una reflexión crítica de carácter histórico sobre el fin del Imperio Austrohúngaro y la aplicación en 1918 de la doctrina Wilson de las nacionalidades cuyas consecuencias fueron para el autor del artículo totalmente nefastas.
Los capítulos V y VI, del Catedrático de Historia Contemporánea de la UPV Luis Castells, y de José V. Rodriguez Mora, profesor de Economía de la Universidad de Edimburgo tienen un interés más particular y, por tanto, más limitado porque se centran respectivamente en la relación histórica España/Euskadi y los efectos comerciales de la independencia del País Vasco. Ambos son claros y rigurosos pero están mucho más centrados que los anteriores en el problema específicamente vasco.
El último artículo me ha parecido especialmente interesante. Está escrito por el filólogo Matías Múgica y trata sobre la política lingüística en el País Vasco. Su conclusión es radical y valiente : optamos por una sociedad abierta y libre en la que el euskera podría desaparecer o por una alternativa totalitaria en la que la conservación y potenciación del euskera están relativamente garantizadas por vía autoriataria. Aunque para Múgica el precio de esta última opción no es sólo la libertad sino también la degradación del euskera y el empobrecimiento de la comunicación de los ciudadanos vascos. El autor critica una política lingüística que va en la segunda dirección.
Como ciudadano catalán me viene a la mente un libro muy interesante que es "La hipòtesi de la independència". El autor es Albert Branchadell, doctor en Filología catalana y profesor de la UAB.
El libro de Branchadell, publicado en 2001, no tiene desperdicio pero es un libro molesto para el nacionalismo catalán. En primer lugar porque plantea que el catalán está en estado de buena salud y todas las previsiones del “peligro de extinción” no tienen base. En segundo porque considera que la independencia de Cataluña no mejoraría la normalización del catalán. Plantea, por el contrario, que Cataluña tendría que aplicar las normas internacionales de la protección de minorías lingüísticas y abrir muchas escuelas castellanoparalantes. Y ciertamente la paradoja es cierta porque el catalán no puede estar más protegido y potenciado d elo que está a nivel institucional. Por otra parte Branchadell pone de manifiesto el año 2001 que el independentismo en Cataluña es minoritario y que no hay argumentos no morales ni políticos que justifiquen la secesión.
En todo caso bienvenido un libro que aporta unas buenas dosis de racionalidad en un debate que es de todo menos racional.  

La cleptocracia pide perdón pero no cambia.

 

05-11-2014

Capitalismo del saqueo

El giro jurídico-mediático ante la cleptocracia

Arturo Borra

Rebelión

El escándalo moral ante el estallido de denuncias de corrupción en España no deja de tener una dimensión hipócrita: nadie puede alegar de forma legítima desconocimiento al respecto. Lo que la derecha llama “milagro económico” español no ha sido otra cosa que la materialización de un crecimiento macroeconómico desigual estructurado sobre la base de prácticas corruptas en las que han participado gobiernos, grandes empresas, la banca privada y algún que otro invitado de honor, como es el caso de algunos líderes de los sindicatos mayoritarios. Nada de ello habría sido posible sin la complicidad objetiva (o, si se prefiere, la pasividad cómplice) de las mayorías sociales.  A nivel nacional, el saqueo sistemático a las cajas de ahorros, la organización fraudulenta de macroeventos deportivos, artísticos o religiosos, las contrataciones y adjudicaciones públicas a comisión a empresas privadas, el rescate estatal a la banca privada, los procesos de privatización acelerada de diversos organismos públicos o la estatización de deuda privada, entre otros asuntos, marcan las últimas décadas. Los escándalos actuales de corrupción (desde las tarjetas opacas en manos de políticos, banqueros y sindicales hasta las salpicaduras que afectan a la abrumadora mayoría de la cúpula del partido de gobierno, por no referirnos a la ingeniería de usurpación de algunos clanes familiares) no constituyen ninguna novedad: la condición de acceso al sistema político vigente implica, como regla, la aceptación de un régimen de prebendas. Nunca insistimos demasiado al remarcar que la globalización económica es también la globalización de la impunidad de las grandes corporaciones (favorecidas por la infrarregulación de los mercados) y la reconfiguración del sistema como capitalismo del saqueo.
En este sentido, la cleptocracia está institucionalizada y desborda la esfera estatal: no constituye una “perversión” con respecto a una pauta de rectitud diferente, sino que es el modo regular de funcionamiento de la economía-mundo y, en grados variables, según los controles públicos desplegados, de las democracias parlamentarias actuales (1). La ecuación de la gobernabilidad está ligada a la regulación de estas prácticas corruptas, no a su extirpación. El enriquecimiento ilícito de las autoridades dirigenciales es condición de gestión de políticas públicas antipopulares que tienen como beneficiarios inequívocos a las elites económico-financieras que las impulsan a base de mecanismos como el soborno, las puertas giratorias, los préstamos blandos, las dádivas y, en general, la instauración de un sistema ilegítimo de privilegios. Aunque no hay un límite fijo a estas prácticas sistémicas, su expansión ilimitada siempre corre el riesgo de provocar una «crisis de legitimidad».
Es desde ese transfondo político como podemos interpretar de forma plausible el actual giro jurídico-mediático ante la corrupción estructural que afecta a España. En efecto, lo que resulta novedoso en el presente no es la existencia de estas prácticas delictivas, sino la proliferación de actuaciones judiciales y denuncias mediáticas en torno a ellas. Aunque no hay motivos para la euforia, desde las revueltas pacíficas del 15-M, el estado de ánimo colectivo ha cambiando de forma acelerada: ante el ensanchamiento de la desigualdad socioeconómica y el deterioro de las condiciones de vida de amplias franjas sociales, la corrupción organizada de las élites económicas, financieras y gubernamentales es objeto de un repudio social generalizado. Lo que antaño se consentía de forma tácita, aparece hoy como algo inadmisible, aun cuando el grado de movilización social siga siendo menor al que cabría prever en circunstancias semejantes. El ascenso electoral de Podemos no es sino la encarnación de ese estado de ánimo que enlaza la indignación colectiva con la voluntad de un cambio político relevante.
Así, la hipótesis de lectura más plausible para dar cuenta de este giro jurídico-mediático podría plantearse a partir de lo que en ajedrez se denomina tour de force, esto es, un movimiento forzado producto de la deslegitimación creciente de esas instituciones y la intensificación de las luchas en su interior. Incluso si sigue siendo pertinente preguntarse por otros factores que pudieran estar incidiendo en este giro, la creciente crisis de legitimidad podría estar provocando fisuras significativas en las alianzas de las clases dominantes. Las actuaciones judiciales contra la corrupción pueden interpretarse como un intento de revertir el descrédito del que es objeto el sistema judicial en su conjunto. En particular, constituyen indicios del debilitamiento de una mayoría judicial conservadora, desacreditada tras el castigo ejemplarizante a jueces emblemáticos en la lucha contra la corrupción (destituidos por prevaricación) y del bloqueo sistemático de las investigaciones judiciales de este tipo de delitos cuando afectan a miembros destacados del establishment.
A nivel mediático, la hipótesis implica una variante: el giro de los medios privados de comunicación está interrelacionado tanto a esta nueva dinámica judicial como a la presión social creciente. Si por momentos los medios de prensa más conservadores van por delante de las actuaciones judiciales, ello se debe, ante todo, a una política editorial que anticipa un escenario temido, esto es, la profundización de una crisis de legitimidad que supondría, en primer lugar, el viraje electoral hacia fuerzas político-partidarias emergentes, como es el caso de Podemos. Las denuncias sobre corrupción responden a la lectura que los discursos mediáticos dominantes hacen del actual contexto político: sin una intervención contundente por parte del gobierno nacional que interrumpa la impunidad y penalice a los sujetos implicados (algo que difícilmente puede hacer, dado que comprometería a buena parte de sus miembros), el viraje político hacia la izquierda se hace cada vez más inevitable. Se trata, pues, de una versión novedosa del imperial miedo a los bárbaros, por demás de manifiesta en la auténtica cruzada que estos discursos han emprendido contra aquellos que encarnan de forma verosímil alguna tentativa de cambio. Semejante jugada estratégica, desde luego, sigue siendo arriesgada: salvar el neoconservadurismo arremetiendo contra el partido de gobierno que lo encarna puede crear efectos contrarios a los previstos. Seguir prescribiendo un “capitalismo sano”, orientado a la iniciativa privada y la reducción de lo público -como si no se tratara de un oxímoron o una contradicción de los términos- se parece cada vez más a un ejercicio de periodismo-ficción.
No cabe descartar que el discurso contra la corrupción desate una debacle gubernamental, pero sigue siendo algo completamente incierto si esa debacle dará cabida a un cambio político profundo o a una mera reestructuración del bloque dominante. La crisis de hegemonía puede dar paso a lo emergente sólo en la medida en que se conecte esa corrupción generalizada al sistema que la produce. Es esa crisis lo que anuncia una oportunidad histórica de cambio que sobrevuela el presente.

Nota
(1) Para un análisis más detallado, remito a “Crisis, corrupción y capitalismo”, en “Rebelión” (3-08-2013), versión electrónica en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=172042.

 

 

 

 

 

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Gobiernan sin perdón

Jaime Richart

Rebelión

Una cosa es que el monarca cometa desafueros, indignidades y felonías, luego pida públicamente perdón por ello pero no abdique y el pueblo de mala gana lo pase por alto, y otra cosa es que el primer mandatario del país (que por otra parte lleva décadas en el poder de una u otra forma) cometa no sólo la felonía de percibir emolumentos contra la ley sino ser larga y políticamente responsable de los delitos cometidos en sus filas, y suponga que con pedir perdón se acaba su responsabilidad sin tener que dimitir.
 
El presidente y todos los jerifaltes y caciques de la facción a que pertenece tienen epidermis de elefante, y da la impresión de que no van a abandonar el poder ni siquiera por las urnas.
 
Viendo lo que viene sucediendo en el país de unos años a esta parte, se comprenden perfectamente las revoluciones sangrientas a lo largo de la historia. No es que caudillos, reyes y sátrapas cometiesen abusos. Es que llevaron muy lejos y sostenidamente los abusos, el latrocinio y la opresión. Esta gente de mal vivir en España ha dilapidado la riqueza de este país hasta arruinarlo. Pretende justificar las políticas de austeridad como impuestas por una Europa a la que quieren pertenecer en lo y para lo que a ellos les conviene, pero su comportamiento nada tiene que ver con el de los gobernantes de los restantes países europeos del sistema; países donde la corrupción es escasísima o desconocida y donde desde luego es desconocida la impunidad. En España, estas organizaciones para delinquir cometen toda clase de tropelías a la vista de todos, y los tribunales o no dan abasto para depurarlas o son cómplices sutiles interpretando con laxitud los hechos penales al aplicar penas irrisorias a los reos, o son permisivos a través de la política penitenciaria, o se permiten los propios maleantes públicos ejercer la potestad de indultarles. Y todo sin conocerse hasta ahora la reparación económica, es decir, la devolución de lo apropiado que el saqueo metódico de las arcas públicas requiere con independencia de la pena carcelaria.
 
La redención es correlativa al cumplimiento de la condena, pero el perdón requiere la concurrencia de dos o más personas: quien lo pide y quien lo otorga. Pues bien, el presidente del gobierno y otros personajes de su mismo monipodio han pedido perdón, pero siguen en el puesto. Prefieren ignorar que el pueblo y los 14 millones que se calculan de excluidos y marginados no se lo han concedido, que lo que desean es que reparen el daño causado, que no cuenten con su perdón y que se vayan de una vez...