Unai Sordo / Secretario General de CC.OO.
“La sentencia del Constitucional refuerza el poder autoritario del empresariado”
Gorka Castillo.
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) adelanta lo que aguarda al próximo inquilino de La Moncloa en materia sindical: “La corrección en profundidad de la reforma laboral que aprobó el PP en 2012 es el punto número 1 de la agenda. No vamos a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores hasta que no se corrija”. Pero las cosas se han complicado todavía más en los últimos días. Al menos así lo ve Unai Sordo (Bilbao, 1972) tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional avalando los despidos de trabajadores en baja laboral incluso con prescripción médica. “Supone una degradación del derecho laboral incuestionable”, afirma sin ambages. Sordo defiende a capa y espada las ventajas de la negociación en todos los ámbitos de la vida. Hijo de uno de los barrios más proletarios que hay en la capital vizcaína como Uríbarri es consciente de los retos a los que se enfrenta el sindicalismo del siglo XXI para seguir siendo el pegamento que siempre fue para el interés de clase. “Pero hoy ya no es lo mismo ser un trabajador que lleva 25 años en una empresa que un rider o el operario que está en la tercera cadena de subcontratación. Debemos estar muy cerca de la gente y seguir luchando por una negociación colectiva que implique situaciones tan variadas” explica. Y mientras tanto escucha con atención los discursos que se vierten en esta campaña electoral que declina. No oculta su preocupación. “Que los tres partidos de la derecha compitan por una bajada generalizada de impuestos me espanta porque con ese planteamiento programático meten a España en un deterioro brutal del modelo social o nos quiebran”, concluye. Sordo inaugura el 14 de noviembre el congreso de la Fundación 1º de Mayo “Repensar la economía con las trabajadoras y trabajadores”, en el que colabora CTXT como medio asociado.
El Tribunal Constitucional (TC) acaba de avalar el despido por baja laboral aunque esté justificada. ¿Se trata del golpe más duro lanzado contra los derechos de los trabajadores?
Sí, obviamente, pero no es el primero. El TC se ha pronunciado más veces sobre la reforma laboral en respuesta a demandas sindicales y en todas ha avalado la constitucionalidad de la norma basándose en unos preceptos que ponen los intereses empresariales por encima de derechos tan básicos como la salud de los trabajadores o la negociación colectiva. Ya dictó una sentencia que supuso una degradación del derecho laboral al someterlo a una posición subalterna respecto a las políticas económicas puestas en marcha en 2012 que hicieron disminuir los salarios para devaluar el país. Que conste que no es una valoración personal o sindical. Lo ha dicho literalmente el propio Constitucional cuando afirma que cada reforma laboral “representa una opción legislativa diferente como un instrumento al servicio de una concreta política económica y social del Gobierno”.
Ya dictó una sentencia que supuso una degradación del derecho laboral al someterlo a una posición subalterna respecto a las políticas económicas puestas en marcha en 2012
Los magistrados del TC justifican su decisión en base a la libertad de empresa y a la defensa de la productividad.
Es una afirmación tremenda, con una evidente carga política, que ha sido contestada en el voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer y otros jueces al decir “no puede asumir que la libertad de empresa pueda ser antepuesta al derecho a la integridad física y moral de los trabajadores, y a un valor tan fundamental como es la salud humana”. Las consecuencias de la sentencia pueden ser tan duras como que las trabajadoras y trabajadores aceleren procesos de recuperación sin estar en condiciones para ello y soliciten sus altas médicas para evitar despidos. Esto incrementará el riesgo de sufrir accidentes laborales.
Queda la posibilidad de recurrir la sentencia en instancias europeas, ¿CC.OO. piensa hacerlo?
Sí, obviamente. De hecho, la reforma laboral supone obviar un convenio de la OIT, de obligado cumplimiento, que dice taxativamente que “la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo”.
Es inconcebible ignorar esto, ya que es prevalente sobre el propio Estatuto de los Trabajadores. Por ello vamos a recurrir a la OIT y a la Comisión europea por violación de la Carta Social Europea. Pero la clave para nosotros es derogar la reforma laboral que precarizó la contratación, atacó la negociación colectiva y facilitó el despido.
En cuanto se configure el nuevo parlamento retomaremos la presión para modificar esa reforma, que viene de hace seis años con la convocatoria de dos huelgas generales e incontables movilizaciones. No vamos a negociar un nuevo estatuto de los trabajadores hasta que no se corrija. Esto lo debe tener claro quien vaya a encargarse de formar el próximo Gobierno.
La sensación que provoca esta decisión del TC es que normaliza la desigualdad jurídica entre dos derechos fundamentales: Los empresariales, cada vez más blindados, y el de los trabajadores, cada vez más desprotegidos.
Sí, porque hay un furor ideológico que se refleja en esa frase tan manida de que “las empresas son las que crean empleo” y en función de ella se legisla. Pero esa afirmación no deja de ser la lógica del cuñao. En las empresas se genera el empleo, cierto, pero para que esto ocurra se necesita una demanda solvente, una inversión pública, sistemas de educación, formación y salud para toda la ciudadanía. Le pondré un ejemplo: la renta que perciben casi 10 millones de pensionistas en España tiene un efecto económico enorme gracias al sistema público. Eso crea empleo y, por mucho que favorezca los márgenes empresariales, reducir las cotizaciones sociales no genera puestos de trabajo. Así de claro. Las últimas reformas laborales se hicieron con esa intención: Provocar una caída de los salarios como eje central de una política de devaluación interna y de transferencia de rentas a las empresas con el fin de que recuperaran sus beneficios, su nivel de retribución a los accionistas y que se desendeudaran. Pero la reforma de 2012 tiene, además, un profundo sesgo ideológico que ahora el TC ha interpretado a la perfección. Se trata de reforzar el poder autoritario del empresariado y debilitar cualquier elemento de contrapoder: la acción sindical, la negociación colectiva o la propia norma legal que, como he he dicho, se hace subalterna de la política económica. Por ejemplo, estamos conociendo procesos de deslocalización de empresas desde España a otros países. Las multinacionales, cuando tienen que evaluar los pros y los contras para invertir o desinvertir, se encuentran con que España es un “chollo” jurídico porque con un buen equipo de abogados que eviten la nulidad, los expedientes de extinción apenas encuentran filtros políticos o administrativos. La propia autoridad laboral confiesa que tiene las manos atadas porque la reforma lo ha hecho posible………………
Y SIGUE ….
https://ctxt.es/es/20191030/Politica/29341/sentencia-TC-unai-sordo-CCOO-salud-empleo-negociacion-colectiva-gorka-castillo.htm
Nota del blog .- Uno no cabe menos que preguntarse por La Constitución española de 1978. Título I. De los derechos y deberes fundamentales . y como es que no se tienen en cuenta . La verdad es que los tribunales españoles obvian ese punto en casi todos los casos , es como si los tratados no estuvieran firmados.
Artículo 10
1.-La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2.-Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.
Carta social europea .
http://www.autismo.org.es/actualidad/articulo/espana-ratificara-la-carta-social-europea-revisada-un-instrumento-clave-para-la
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