sábado, 5 de octubre de 2019

La Guardia Civil, archivos y represión

La Guardia Civil, archivos y represión







Corporativamente la Guardia Civil fue el órgano represivo con mayor presencia en España, un país eminentemente agrario con más de siete mil municipios, en donde en todos los núcleos de población, incluso los más pequeños, la presencia del cuartelillo, llevaba el terror a las puertas de cada casa y al estado de ánimo de todos sus habitantes. Los beneméritos cuartelillos, se convertían así en centros de detención, tortura y apertura de diligencias, una documentación a cuya redacción aplicaba la Guardia Civil un exquisito cuidado y detalle en la plasmación de datos, en el cumplimiento de las órdenes, oficios, exhortos, circulares, -anónimos incluso-- y todos los escritos recibidos por conducto regular e irregular.
Por reglamento, y por tradición, la Guardia Civil ha sido siempre muy puntillosa en la custodia de la documentación, expedientes que hoy se encuentran en el archivo histórico de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid.
Este archivo es uno de los últimos reductos fortificados, casi infranqueables para los investigadores, salvo para los de la cuerda franquista.
Su catálogo está disponible únicamente para la consulta presencial (no está en internet) y es de una opacidad tal, que es casi imposible seguir rastros que vayan más allá de un nombre o apellido, y cuya accesibilidad se deja a criterio de los responsables del mismo, utilizando como pantalla la Ley de Protección de Datos, para negar información sobre lo que ellos consideren ligado a la comisión de hechos poco edificantes.
Este archivo es el Santa Sanctorum de la documentación existente sobre la guerrilla antifranquista, y sobre todo de la acción represiva aplicada al mundo rural.
Hace un par de años estando yo de viaje por Asturias, recibí una llamada de la Guardia Civil de Águilas, lugar mío de residencia, para decirme que la pareja (sic) había estado en mi casa para entregarme un sobre con el sello de confidencial.
Quedamos en que a mi vuelta de vacaciones, pasaría por el cuartelillo para retirarlo y firmar el recibido.
Se trataba de la hoja de servicios de un -entonces- capitán de la guardia civil, Mariano Pérez Ugena, uno de los más importantes conspiradores contra la República en la Región de Murcia, que terminó pasándose a los rebeldes con toda su columna por el frente de Guadix.
En honor a la verdad he de decir que por el envío de las fotocopias no me cobraron nada, aunque tardaron su tiempo, varios meses, en servirlo. Pero lo que resulta inadmisible es que un archivo, que debería ser de acceso discrecional público, exija rellenar y enviar un formulario, para luego recibir un expediente parcial, ya que lo que me enviaron acaba el 18 de julio de 1936, negándome la documentación acumulada durante su trayectoria al servicio de los rebeldes durante la Guerra y durante el franquismo, hasta su pase a la reserva.
Resulta paradójico y hasta grotesco, que en plena era tecnológica y de la información, pedir una hoja de servicios de un mando de la Guardia civil, fallecido hace más de 25 años, tenga el tratamiento de secretismo como si se tratara de algo que afectase a la seguridad nacional.
Vemos así la cantidad de los recovecos y parcelas de impunidad del franquismo que continúan vigentes y que dificultan extraordinariamente la labor de los investigadores.
Hace poco, la ministra de cultura, anunció a bombo y platillo el libre acceso a más de 24.000 expedientes hasta ahora protegidos. Pues bien, ninguno de ellos se refiere al archivo de la Guardia Civil.
Del Archivo Histórico de la Policía, hablaremos otro día.
Floren Dimas. Oficial del Ejército del Aire (RET), investigador histórico, miembro de ANEMOI ( colectivo de militares demócratas españoles), vocal de la junta directiva de ACMYR

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