Pablo Casado y la justicia española
Ignacio Escolar .El diario.es
El PP nombró a los fiscales jefes que nombraron al fiscal
que ha decidido sobre la imputación del presidente del PP
Si Pablo Casado no estuviera aforado, le habría tocado otro
juez, otro fiscal. Cualquier otro que es probable que no debiera favores a un
partido u otro en su carrera profesional
A Pablo Casado le regalaron un título oficial sin merecerlo.
Obtuvo un máster en una universidad pública
sin cumplir con los mínimos requisitos que sí se exigió a otros
estudiantes de esa misma promoción. No fue a clase. No fue a los exámenes. Le
convalidaron 18 asignaturas de 22, algo que la universidad no hizo con otros
alumnos que tenían exactamente la misma licenciatura que él. Supuestamente solo
realizó cuatro trabajos. Supuestamente, porque ni siquiera ese mínimo esfuerzo
está probado porque Casado no los quiere enseñar.
Empiezo así este artículo porque es simple y llanamente la
verdad. Nos reafirmamos en todo lo publicado sobre el máster de Pablo Casado.
Son unos hechos que no van a cambiar, decida lo que decida el Tribunal Supremo
sobre la imputación del presidente del PP.
Va a ser la Justicia, y no la prensa, quien determine si
Casado tiene responsabilidad penal por estos hechos. Pero es la prensa, y no la
justicia, quien garantiza el derecho de todos los ciudadanos a recibir una
información veraz sobre lo que pasó en este chiringuito académico de la URJC.
En los próximos días, visto el escrito del fiscal, el
Tribunal Supremo probablemente rechazará la
propuesta de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de imputar a Pablo Casado.
La decisión la van a tomar cinco jueces. Cuatro de ellos son
conservadores frente a una progresista. Y cuando les llamo conservadores no me
refiero a su forma de pensar. También suele coincidir, pero la razón por la que
los califico así es porque estos cuatro jueces ascendieron al Supremo gracias a
los votos de la la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ). A su vez estos vocales conservadores del CGPJ fueron escogidos gracias
a los votos del PP, el partido que preside Pablo Casado.
En resumen: el PP nombró a la mayoría de los vocales del
CGPJ y esos vocales nombraron a los jueces que decidirán si se imputa al
presidente del PP.
Dos de estos cuatro jueces han dado incluso cursos en la
FAES, que suelen ser remunerados. Es la misma FAES donde trabajaba el propio
Pablo Casado.
La única jueza progresista de estos cinco jueces también
llegó al Supremo con los votos de los vocales conservadores. El clásico
intercambio de cromos a cambio de que los vocales nombrados por el PSOE
apoyaran a su vez a un candidato conservador.
Todos los vocales del CGPJ llegan a ese puesto nombrados a
dedo por los partidos. Y todos los jueces llegan a su vez al Tribunal Supremo
nombrados a dedo por los vocales del CGPJ. En esto consiste en España el
privilegio del aforamiento, en esto se resume la independencia judicial.
Es un trabalenguas muy fácil de entender: los políticos
nombran a los que nombran a los que les van a juzgar.
La Fiscalía tampoco es igual para todos
Además de estos cinco jueces, la imputación de Casado también
depende de un fiscal. El caso lo asumió Luis Navajas, el jefe de los fiscales
del Supremo, también conservador. Y al llamarle conservador, tampoco me refiero
a su ideología, sino a su carrera profesional.
Luis Navajas fue ascendido a teniente fiscal del Tribunal
Supremo por Eduardo Torres Dulce, entonces fiscal general del Estado. Y Torres
Dulce fue nombrado en ese puesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, entonces
presidente del PP. Hace un año, Navajas fue fiscal general del Estado de forma
interina, tras el fallecimiento de José Manuel Maza, exfiscal general del
Estado, que le mantuvo como teniente fiscal del Supremo: el número dos de toda
la Fiscalía. Maza, a su vez, también fue nombrado por el Gobierno del PP.
En resumen: el PP nombró a los fiscales jefes que nombraron
al fiscal que ha decidido sobre la imputación del presidente del PP. La fiscal
general del Estado, por su parte, no ha dado instrucciones a la Fiscalía del
Supremo, así que parece que el fiscal Navajas ha decidido con total autonomía.
Si Pablo Casado no estuviera aforado, le habría tocado otro
juez, otro fiscal. Cualquier otro que es probable que no debiera favores a un
partido u otro en su carrera profesional. Tal vez alguien como la jueza Carmen
Rodríguez-Medel, que es quien ha investigado el caso Máster y ha encontrado
todos estos indicios de delito contra el líder del PP. O alguien como los
fiscales de Madrid a los que les tocó el caso, que apoyaron durante medio año
de instrucción todas las decisiones de esta jueza.
Dudo que la jueza Rodríguez-Medel vaya a hacer carrera en el
Tribunal Supremo. Tampoco los fiscales que la acompañaron en esta
investigación.
Datos erróneos en el escrito del fiscal
Con estos mimbres en el Supremo, parecía difícil que el
resultado fuese muy desfavorable para el presidente del PP. Pero el escrito que
este viernes ha firmado el fiscal del Supremo Luis Navajas ha despejado las
pocas dudas que pudieran existir sobre el desenlace final.
No me ha sorprendido su postura. Sí la argumentación del
fiscal, que incluye afirmaciones más que controvertidas. Datos objetivamente
erróneos y también indicios de delito que el fiscal ignora en su argumentación.
Son estos cuatro.
1. El fiscal Navajas considera que " no existe dato
alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria" la acusación de la juez
Rodríguez-Medel cuando argumenta que Enrique Álvarez "concierta con un
grupo de alumnos escogidos que se matriculen en el máster, pagando la tasa,
para que, tras solicitar el reconocimiento legítimo de 40 créditos, solo queden
20 por calificar" y que esos 20 créditos restantes se consigan
"indiciariamente a cambio de nada". Según el fiscal, esta afirmación
" carente de prueba alguna, no pasa de ser una mera sospecha o
conjetura".
Es falso. Difícilmente puede ser "una simple sospecha y
conjetura" cuando una de los cuatro
alumnos VIP ya ha confesado ante la jueza que fue justo esto lo que pasó. María
Dolores Cancio, imputada en este caso, reconoció en el interrogatorio que
Enrique Álvarez Conde le dijo que no tenía que hacer trabajos ni ir a clase
para aprobar. También fue el catedrático de la URJC quien le indicó cómo tenía
que hacer para convalidar las asignaturas.
María Dolores Cancio tiene exactamente el mismo expediente y
convalidaciones que Pablo Casado y que otras dos estudiantes del mismo máster,
que también están imputadas. Ninguno de estos cuatro alumnos VIP fue a clase ni
a los exámenes. Todos sacaron sobresalientes sin merecer esa calificación.
Todos los que han declarado ante el juez –todas menos Casado– han confirmado
que fue Álvarez Conde quien les dijo qué es lo que tenían que hacer.
2. El fiscal también asegura que las convalidaciones de 40
créditos –18 de las 22 asignaturas– fueron "un reconocimiento" que se
permitió " a todos los alumnos matriculados en el máster, fueran o no
escogidos".
Es falso. La juez lo detalla bastante bien. En el curso
había 15 alumnos: 11 que no recibieron convalidación alguna y otros cuatro –los
VIP, Casado entre ellos– que aprobaron 18 asignaturas con esas convalidaciones.
Los 11 alumnos corrientes no fueron nunca informados de que tenían este opción,
a pesar de que contaban con licenciaturas iguales a las de los alumnos VIP.
3. El fiscal también dice que la jueza cae en una
contradicción al asegurar que ese reconocimiento de 40 créditos a través de
convalidaciones es "legítimo". Y es cierto que la propia juez dice
que " no se aprecia la vulneración arbitraria y grosera del ordenamiento
jurídico" con esa convalidación.
Pero es falso que esto sea una contradicción. Lo que explica
la propia juez no es que sea ilegal convalidar asignaturas, sino que solo se
ofreció esa posibilidad a aquellos alumnos que tenían una relación personal con
Álvarez Conde o con el poder político –como Pablo Casado–. Al resto de los
alumnos, que también han declarado en el juzgado como testigos, no les avisaron
de que podían recurrir a ese atajo para aprobar.
4. Pero la omisión más clamorosa del fiscal es que Casado no
pisó ni las clases ni los exámenes. Solo habla de ese tema una vez, cuando
enumera los cuatro indicios de presuntos delitos que detalla la juez y cita la
" inasistencia a las clases del máster, siendo conocedor de que era
presencial".
No lo vuelve a mencionar, a pesar de que no se trata solo de
un indicio penal, sino también de un hecho incontestado.
Que el máster era presencial no es una elucubración, es un
dato. Que los alumnos ordinarios iban a clase no es discutible, es un dato. Que
los demás alumnos tuvieron que examinarse para aprobarlo tampoco es una
apreciación de la jueza. Es otro dato más, que prueba el evidente trato de
favor para quienes se libraron de todos estos esfuerzos.
Que Casado no fue a clase ni a los exámenes tampoco es una
sospecha, una opinión o una deducción: son datos que él mismo ha confesado
públicamente.
¿Cuándo prescribe la responsabilidad política?
La jueza que investigó el máster de Casado pide al Supremo
la imputación del presidente del PP por dos presuntos delitos: cohecho impropio
y prevaricación administrativa.
El primer presunto delito, el más evidente, es por recibir
un título regalado siendo diputado autonómico –el cohecho impropio pena con
multa e inhabilitación a aquellos políticos y funcionarios públicos que reciben
dádivas así–.
El segundo presunto delito, la prevaricación administrativa,
es el más difícil de demostrar. Este delito quien sin duda lo comete es el que
regala un título a alguien sin merecerlo en una universidad –en este caso,
sería presuntamente el imputado Álvarez Conde–. Pero la juez considera que
Casado también puede ser responsable como cooperador necesario. Según su
escrito, Casado debía saber que estaba recibiendo el beneficio de un presunto
delito. Según la jueza, necesariamente tuvo que participar en él porque sin su
colaboración es imposible que existiera ese presunto delito, y que por tanto
hay indicios de una responsabilidad penal.
Es imposible que a alguien le regalen un título sin que lo
sepa. Más aún cuando lo cuelga en su currículum oficial. Es también imposible
que alguien reciba un trato de favor tan flagrante sin ser consciente de él,
argumenta igualmente la jueza. Salvo que Casado crea que en la universidad
pública española se aprueban cursos de un año con cuatro trabajitos, es
evidente que tuvo que ser consciente de que recibía un título por la cara: el
resultado de una presunta prevaricación.
Este segundo delito, el de la prevaricación, era la clave de
toda la causa contra Casado y no solo porque tenga una condena mayor. También
por la prescripción. La juez argumenta que en este caso ambos delitos van
ligados, y por tanto la prescripción que cuenta es la mayor: la del delito de
prevaricación –diez años– frente al cohecho impropio, que prescribe en solo
cinco años (cuando Casado hizo el máster era un plazo aún más corto: tres
años).
Si hay indicios de prevaricación, el cohecho impropio no ha
prescrito y ambos delitos se pueden investigar y juzgar. Si no los hay, Casado
queda libre de toda investigación penal porque el cohecho impropio, por sí
solo, en el caso de Casado no se puede juzgar porque habría prescrito ya su
responsabilidad judicial.
La decisión del fiscal Navajas ha sido después refrendada
públicamente por la fiscala general del Estado, María José Segarra. Aunque ella
ha sido más contundente en sus argumentos al subrayar que hay indicios de que
Pablo Casado cometió un delito de cohecho impropio, pero está prescrito. Es
algo que, en un par de líneas, también despacha Luis Navajas en su escrito de
forma bastante menos clara.
Que el presidente del PP se libre por una prescripción no le
debería eximir de su responsabilidad política. Aunque Casado ya ha dicho que su
ética es la ley, y por tanto considera la falta de una condena como la
absolución política por todo lo que hizo mal.
Las consecuencias de que Casado se libre
Con el criterio que acaba de fijar la Fiscalía, en España,
no sería delito aceptar un título regalado de la Universidad. Solo tendrían
responsabilidad penal los profesores, no los alumnos. Solo se podría condenar a
quien recibe un título regalado cuando es un político o funcionario, y solo si
se le pilla antes de cinco años. Es decir, solo por el delito de cohecho
impropio.
Es un criterio curioso. Es el que presumiblemente el Supremo
puede fijar para alegría de Pablo Casado y, como consecuencia, para alegría de
muchos otros más.
La exministra Carmen Montón puede estar tranquila, a pesar
de que este mismo viernes la justicia ha empezado a investigar su máster
irregular. Si el Supremo se suma a la posición de la Fiscalía, tampoco ella
tendría ninguna responsabilidad penal porque el presunto cohecho impropio, en
su caso, también estaría prescrito.
También se salvaría Cristina Cifuentes –salvo que demuestren
que participó en la falsificación de su acta–. La expresidenta de Madrid no
quedaría inhabilitada y, por tanto, ya no se arriesgaría a perder su plaza de
funcionaria en la Universidad.
También se salvarían de cualquier condena las decenas de
alumnos VIP a los que, durante años, Enrique Álvarez Conde enchufó. Los que hoy
ya conocemos y los que aún faltan por desvelar.
Es una pésima noticia para todos los cientos de miles de
estudiantes que se esfuerzan en la Universidad española. Especialmente para
todos los alumnos "ordinarios" de la promoción de Casado o de
Cifuentes, y que sí hicieron su máster con mucho trabajo en la URJC.
Es una gran noticia… para la impunidad.
P. D. Raquel Ejerique y quien esto firma seguimos imputados
por el delito de "revelación de secretos", por informar de todos los
amaños cometidos en esa Universidad. Cifuentes nos pide hasta cinco años de prisión.
https://www.eldiario.es/escolar/Pablo-Casado-justicia-espanola_6_816878339.htm
Y ASÍ FUE...
https://www.eldiario.es/politica/Pablo-Casado-Tribunal-Supremo_0_818918239.html
a pesar de ...
https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Provincial-Master-Fiscalia-Supremo_0_819268294.html
Nota -- ¿Dónde está el rector del máster de Cifuentes, Casado y
Montón?
Mariano Rajoy le nombró magistrado del Tribunal
Constitucional en 2013, tras su etapa en la URJC donde se relacionó con la
primera plana del PP
y ver
Comentario en el País.
640HACE 3 MINUTOS
Paco Cucúrbitas . el País
Pues con razón Casado estaba tan tranquilo cuando se
presentó a como candidato a dirigir el PP: los jueces nombrados por un CGPJ
nombrado directamente por su partido le han salvado. Les es indiferente que
pueda haber habido realmente un concierto de voluntades entre los acusados o
que esto dé un mensaje pésimo a todos los estudiantes o al prestigio de la URJC
y de la política española en general. Divertido que entre los jueces estén Marchena
(que ya se cubrió de gloria en la expulsión de Garzón, por no hablar del caso
quizá delictivo de su hija) y Llarena (otro que tal, que se ha puesto la botas
a la hora de infringir principios jurídicos básicos en su obviamente nula
instrucción del caso de los presos políticos y exiliados). Ambos jueces se han
estado trabajando, supongo, su futuro ascenso al TC o al TEDH, aunque dadas sus
más que evidentes inclinaciones políticas quizá habrían hecho esto gratis.
Jueces en venta y resoluciones para llevar, así de claro. Y después se quejarán
de que hay quien no confía en la "justicia" española, tanto fuera
como dentro de España.
OTRO COMENTARIO ..
#80 Petin1 |
28/09/2018 - 15:52h el Diario.es..
Un Fiscal/Defensor y Cinco “Jueces” que no quieren ser
justos.
Si se imputa al sobornable Casado, hay que imputar a 4
rectores de la URJC y uno de ellos es, ahora, magistrado del TS, los otros tres
tienen negocios privados en ella, también habría que imputar a directores de
Institutos, a profesores, funcionarios y al claustro, con lo que la Universidad
quedaría completamente irreconocible, así que no se acusa al sobornable y fin
del capítulo, pero es que, también, han ¿sacado? el máster este año, jueces, fiscales
y abogados.
Esa es nuestra Justicia, denigran a la jueza que ha
trabajado con honradez y cuatro estómagos agradecidos a los que les importa más
tapar la indecencia que limpiar de ella la Educación, se cargan todo su
trabajo.
No “señor” Casado, en esta España corrupta e indecente no
estamos todos, no todos somos iguales.
Fiscal defensor: Luís Navajas Ramos, archivó las causas de
la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo, dijeron fue el mayor centro de
torturas de Europa, donde estaba implicado el general Galindo según Público.
“Jueces”: Miguel COLMENERO, íntimo amigo de Ángel Acebes y
de J.M. Aznar, Manuel MARCHENA, que ya ha archivado varios casos contra el PP,
Pablo LLARENA, juez del proceso catalán del 1-O, que aún mantiene a los
políticos catalanes en la cárcel y que Soraya Santamaría se refirió a él como
“hombre de casa”, Francisco MONTERDE, conservador y Ana María FERRER,
progresista.
Con semejante cuadro no es de extrañar que hasta un juez de
barrio belga se sepa más justo que todo un Tribunal Supremo nuestro.
