¿Dónde están los abogados del Estado que han pasado al sector privado desde que llegó Rajoy?
Al menos 40 abogados del Estado que en 2012 estaban en activo o en servicios especiales (en cargos políticos o en empresas y organismos públicos) se han ido a empresas privadas durante la última legislaturaSu principal destino han sido compañías del Ibex 35, grandes bufetes y consultoras internacionales
Las empresas que más funcionarios de este cuerpo han contratado desde 2012 han sido E&Y, Iberdrola, ACS y los bufetes CMS, Pérez Llorca y Ramón y Cajal.
Uno de cada diez abogados del Estado acaba en una empresa del Ibex 35
15/03/2016
Al menos 40 abogados del Estado que en 2012 estaban en activo o en
servicios especiales (en cargos políticos o en empresas y organismos públicos)
se han ido al sector privado durante la última legislatura. eldiario.es ha investigado el censo de los
Abogados del Estado, uno de los cuerpos de élite de la Administración Pública
española que más activos ha perdido en los últimos años.
En la última legislatura, este cuerpo de funcionarios de élite ha
aumentado su influencia política y económica al abrigo de importantes miembros
del Ejecutivo de Mariano Rajoy como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, abogada del Estado desde enero de 1999, y con el trasvase al Gobierno
de varios de los miembros de la promoción de 1996, conocida como '
La Gloriosa', de la que proceden el ex subsecretario de Presidencia Jaime
Pérez Renovales (ya en el Santander) o el ex director de RTVE Leopoldo
González-Echenique.
Los datos salen del análisis de la última relación
de abogados del Estado publicada por el Ministerio de Justicia en
marzo de 2012. Ese año se fueron al sector privado nueve funcionarios del
cuerpo. En 2013, se marcharon otros once; en 2014, cinco; en 2015, catorce; y
en lo que va de año, uno. El listado de Justicia reflejaba que, de los 657 abogados
del Estado con plaza en 2012, poco más de la mitad (338) estaban en activo. Del
resto, 252 (el 38%) estaban en excedencia voluntaria y 70, en servicios
especiales. En total, casi uno de cada dos abogados del Estado se pasan
"al lado oscuro", como ellos mismos coloquialmente aseguran.
De los 40 que desde 2012 han pasado de defender los intereses
de la Administración en todo tipo de litigios a ponerse al servicio de empresas
privadas, 25 estaban en servicio activo. Los otros quince, en servicios especiales,
la situación de la propia Sáenz de Santamaría, la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, o el comisario europeo y exministro de Agricultura,
Miguel Arias Cañete. En el caso de los abogados en servicios especiales que
están en empresas públicas (suelen ser secretarios del consejo de
administración o directores del área jurídica), este es un paso intermedio
hasta lo privado: ya no están en la Abogacía del Estado, pero siguen al
servicio del sector público con un sueldo ligeramente superior.
El principal destino de los que han decidido dar el paso desde
2012 han sido los bufetes de abogados, con quince incorporaciones, aunque en
tres casos ha sido para crear su propio bufete. Los grandes despachos CMS,
Pérez Llorca y Ramón y Cajal han sido los más activos, con dos fichajes cada
uno. A continuación figuran empresas del Ibex 35, índice que ocupa a uno
de cada diez miembros de este cuerpo, con doce fichajes, e Iberdrola y ACS
como empresas más activas (dos cada una); otro importante nicho son las
grandes consultoras y auditoras. Una de ellas, E&Y, es la empresa que más
abogados del Estado ha contratado desde 2012 (tres).
El mayor trasvase al sector privado desde 2012 se produjo el año
pasado, con catorce salidas. De ellas, la mitad correspondió a abogados del
Estado que estaban en servicio activo, como Juan Manuel Herrero de Egaña y
Espinosa de los Monteros (de director del Servicio Jurídico de la Agencia
Tributaria a la consultora Deloitte); Gloria Calvo (
de abogada jefe en el Ministerio de Economía a Bankinter); Antonio Botella,
nombrado consejero de ACS en abril de 2015, cuando todavía estaba en el
Tribunal Supremo (se jubiló unos meses después); y Soledad Borrego (de
Exteriores a directora de Regulación y Control del 'banco malo', que no es una
empresa pública).
Un privilegiado
También está desde el año pasado en el ‘lado oscuro’ Ignacio
Grangel, que pasó a servicios Especiales tras convertirse en asesor en el
Ministerio de Industria y fichó
por Red Eléctrica en septiembre pasado como vicesecretario. En su
caso, no ha tenido que pedir la excedencia voluntaria, por la influencia del
Estado en esa empresa del Ibex (su participación es del 20% pero tiene más
derechos políticos que el resto de accionistas). Al seguir en servicios
especiales, Grangel tiene sueldo de directivo del Ibex pero puede pedir el
reingreso en el cuerpo en cualquier momento.
De entre las cinco bajas que hubo 2014 sólo había dos
abogados del Estado en activo. Destaca el caso de Catalina Miñarro. Estando en
la Audiencia Nacional fichó como consejera de Mapfre (en octubre de 2013)
y se mantuvo en el cuerpo con una reducción de sueldo (lo que se conoce
como nivel 24). Pero unos meses después Miñarro se convirtió también en consejera
de la constructora ACS, que tiene abiertos un buen número de pleitos
ante la Audiencia Nacional, y tuvo que pedir la excedencia.
En 2013 hubo doce salidas, de las que nueve eran
abogados del Estado en activo. Entre ellos, María Guinot, que se marchó a
la Sareb y ahora está en CMS; Iván Gayarre (al bufete Sagardoy), artífice del
fallido ERE de Coca-Cola; e Isabela Pérez, fichada por la filial ibérica de la
multinacional de los refrescos. Entre los que ese año estaban en servicios
especiales y pasaron al sector privado, destaca el caso de Cristina Vidal, que
fue directora del Servicio de lo Contencioso y Régimen Sancionador de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, tras un breve paso por
Barclays, fichó por el bufete Ramón y Cajal. Desde allí logró anular la sanción
del regulador bursátil al banquero Jaime Botín, principal accionista de
Bankinter, por ocultar en Suiza su participación en el banco.
En 2012 se fueron al sector privado nueve abogados del Estado, de
los que ocho estaban en activo. Entre ellos, Maximino Linares, que era
coordinador de Asuntos Tributarios en la Audiencia Nacional y el Tribunal
Supremo y fichó por E&Y; el ex abogado general del Estado con José Luis
Rodríguez Zapatero, Joaquín de Fuentes Bardají (que estuvo en servicio activo
sólo unos meses), y Manuel Rivero, ex subdirector de lo Contencioso en la
Abogacía General.
Al Ibex se fueron en 2012 Iván Rosa, marido de Sáenz de Santamaría
y miembro de 'La Gloriosa' (a Telefónica); Santiago Martínez-Lage, que estaba
en la subdirección General de Asuntos de la UE y se fue a Iberia (meses después
recaló en Inditex, donde es vicesecretario del consejo); Jesús Rodrigo, que
estaba en la Audiencia Nacional y se marchó a Iberia (ahora está en JB Capital
Markets, la sociedad de valores de Javier Botín, hermano de la presidenta del
Santander) y Elena Otero-Novas, que pasó del Tribunal Supremo a la constructora
Sacyr, donde es secretaria del consejo.
En estos años, una decena de abogados del Estado que estaban en
servicio activo han pasado a Servicios Especiales y también ha habido alrededor
de quince bajas de efectivos que se han jubilado o han fallecido. En sentido
contrario, en torno a una decena de funcionarios han vuelto al cuerpo en estos
poco más de tres años. El último, Federico Ramos, el ex subsecretario de
Presidencia dimitido en enero tras el escándalo de la empresa pública Acuamed,
que ha regresado al Tribunal Supremo.
Justicia prevé adjudicar después de Semana Santa 25 nuevas plazas
que se sumarán a las 15 que se crearon el año pasado, las primeras desde 2011,
que no van a ser suficientes para cubrir el vacío generado. La
descapitalización que el continuo trasvase de efectivos a empresas privadas
genera en este cuerpo de élite, que conoce al dedillo los entresijos jurídicos
y debilidades de la Administración, es reconocida en su seno, aunque es una
situación histórica desde su creación en 1881. Y ha habido épocas peores.
“En tiempos de bonanza económica, ha habido años de irse 20
compañeros a la excedencia”, señala un abogado del Estado en ejercicio que
probó en el sector privado y volvió. “Antes, el perfil del que pedía la
excedencia era el de que tenía entre cinco y ocho años de antigüedad; ahora,
prefieren seguir y se van los que tienen a partir de 49-50 años y llevan toda
la vida en la faceta contenciosa; hablamos de sueldos por encima de 250.000
euros al año”, resume este alto funcionario.
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