No es nada que no hayamos visto antes, pero llama la
atención porque recuerda las maneras más casposas: un partido que se pretende
nuevo y diferente (que ha roto con muchas cosas del pasado, según sus
promotores) hace una purga a plena luz del día. Los que dicen ser “nueva
política” en el independentismo catalán copian prácticas del estalinismo más
rancio. Jaume Alonso-Cuevillas emite una tranquila reflexión sobre la
estrategia de Junts y, tras ser señalado como un hereje, es obligado a
renunciar como miembro de la Mesa del Parlament, a pesar de haber corregido sus
palabras iniciales y haberse aplicado “la autocrítica” del modo más vergonzoso.
El abogado cae en desgracia, aunque es uno de los defensores de Puigdemont y
persona de confianza, hasta hace cuatro días, de Laura Borràs. Los vigilantes
de las esencias detectan la sombra de “la traición”. La fábula triste de
Cuevillas tiene un efecto: ilumina uno de los grandes problemas del mundo
independentista y, más concretamente, del sector que mantiene una compleja
relación de continuidad-rechazo con el antiguo espacio convergente.
Estoy seguro de que Rull, Forn y Turull, los tres presos del
procés que provienen de la desaparecida Convergència, personas que conozco y
aprecio, no deben de estar muy cómodos cuando ven que Cuevillas es defenestrado
tras expresar un criterio político en el digital Vilaweb ; un criterio que, por
otra parte, alguno de ellos también podría compartir. Diría que tampoco Damià
Calvet, conseller en funciones, debe sentirse satisfecho con una medida que es
un aviso para navegantes: quien discrepe, aunque sea con sordina, sufrirá la
furia de los dioses.
Cuevillas pone sobre la mesa los límites de una vía
rupturista institucional
Costaría encontrar, incluso en los tiempos más duros del
liderazgo de Jordi Pujol, un episodio tan descarnado de purga ideológica.
Quiero recordar que el fundador de CDC tenía a su lado figuras como la de Ramon
Trias Fargas, que, en público y en privado, no escondía sus discrepancias con
el president. En Junts, en cambio, es tabú grande salirse del guion. El modo
como Puigdemont prescindió de los diputados Campuzano y Xuclà, como liquidó a
Marta Pascal, como resolvió la pugna con Bonvehí y la cúpula del PDECat, como
los peones junteros contestan –dentro y fuera de las redes– a los que no les
dan la razón, todo eso indica que el dictado oficial es sagrado. En este
sentido, es ilustrativo un tuit reciente de Cuevillas en que reitera “mi firme
compromiso con el proyecto político de Junts y el liderazgo incuestionable del president
Puigdemont”. ¿Un liderazgo no se puede cuestionar?
Más allá de las miserias partidistas, el asunto Cuevillas
nos recuerda, en primer lugar, la necesidad urgente de que el independentismo
haga un debate racional sobre la estrategia para los próximos años, a la luz de
las lecciones de octubre del 2017. ERC ha empezado a hacerlo, ciertamente, pero
arrastrando demasiada inseguridad y el miedo de ser acusados de traidores, con
el añadido incoherente de fiarse de un actor como la CUP para asegurar la gobernabilidad
del país.
Cuevillas empezaba públicamente esta discusión en Junts al
subrayar una obviedad monumental: que hay unas desobediencias que comportan
unos costes muy altos a cambio de ningún rédito político. Son desobediencias
–añado yo– que solo se explican a partir de dos circunstancias: la agria
competencia electoral entre Junts y ERC, y la negativa del espacio que lidera
Puigdemont a pinchar la burbuja del voluntarismo unilateralista, que alimenta
la promesa de una secesión que tendrá lugar “porque tenemos razón” (haciendo
abstracción del resto de factores). Una burbuja repleta de espejismos como “la
identidad digital republicana”.
En segundo lugar, la purga de Cuevillas permite detectar,
una vez más, que muchos dirigentes y cuadros de Junts no expresan en privado lo
mismo que en público. Hay altos cargos del puigdemontismo institucional que
asumen a puerta cerrada muchas de las observaciones críticas que, desde la
prensa u otros partidos y entidades, se hacen sobre el tacticismo, el
simbolismo vacío, la tentación purista o la incapacidad de evitar escisiones.
Vivir de la política hace que muchos sean mudos.
Finalmente, en tercer lugar, lo que Cuevillas pone encima de
la mesa (y que, extrañamente, el jurista no había visto antes) son los límites
conceptuales y fácticos de una vía rupturista que pretende utilizar una parte
del Estado (la Generalitat) para llevar a cabo una secesión en este mismo
Estado, obviando que la tecnoestructura autonómica es el punto débil de esta
hoja de ruta, sobre todo en una sociedad partida en dos mitades, algo que
(junto con la represión) impide una aceleración de la desconexión, como se ha
visto en otras latitudes. La externalización del referéndum del 1 de octubre es
fruto de aceptar estos límites, pero eso después no se tiene en cuenta.
En el juicio a los dirigentes independentistas, así como en
el juicio al mayor Trapero, quedó claro que una ruptura desde las instituciones
era inaplicable. En un hipotético segundo intento o embate, y en medio de los
efectos de la pandemia, lo sería todavía mucho más.
El profesor Juan Francisco Fuentes, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, no es un hombre con suerte. Hace casi un año publicó un libro de divulgación titulado 23 de febrero de 1981. El golpe que acabó con todos los golpes (Taurus, Barcelona, 2020), justo unos meses antes que se publicase otro libro sobre el mismo asunto mucho más extenso, exhaustivo y muy bien documentado: El 23-F y los otros golpes de Estado de la Transición (Espasa, Barcelona, 2021) del también historiador Roberto Muñoz Bolaños. El profesor Fuentes, entre otros asuntos, reiteraba en su libro la versión hegemómica sobre el supuesto papel estelar de Juan Carlos de Borbón como Rey Hércules que nos salvó a todos de un retorno al franquismo. De la lectura del libro de Muñoz Bolaños, sin embargo, se llega fácilmente a la conclusión de que el rey emérito jugó al peligrosísimo juego del bombero-pirómano antes y durante el 23-F. Y todo ello con Juan Carlos I refugiado en Dubái por sus corrupciones y problemas fiscales y con la monarquía muy necesitada de relegitimación social.
Consciente supongo de todas esas circunstancias adversas, el profesor Fuentes intentó defenderse con un artículo en El País (dónde si no) el pasado 21 de febrero. Decía en él que cualquier cuestionamiento del supuesto papel del rey como salvador de la democracia se hacía por razones de táctica política, no por amor a la verdad. El hecho de que, en los últimos tiempos, se hubiese difundido una visión crítica de la actuación del rey durante el 23-F se debía, en su opinión, a que se había formado una coalición contra natura de la extrema derecha con la extrema izquierda, a la que se había añadido el separatismo vasco y catalán, con la finalidad de denigrar a Juan Carlos I, al régimen del 78, a la Constitución y a la democracia en general.
A la polémica se sumó en una línea similar el escritor Javier Cercas, autor de un publicitado libro sobre el mismo tema (Anatomía de un instante, Mondadori, Barcelona, 2009), con una tribuna en el mismo diario y el mismo día en que se conmemoraban los cuarenta años de la intentona golpista. En esencia defendía y argumentaba lo mismo, aunque también deslizaba alguna perla, como por ejemplo: «La verdad es que, como la clase dirigente española al completo, el Rey cometió errores antes del 23 de febrero: errores graves, que propiciaron o facilitaron el golpe». Un salvador de la democracia, por consiguiente, un poco demediado, ya que salvó a la democracia después de haber cometidos errores de tal magnitud que habían propiciado o facilitado un golpe que podía haber acabado con ella. Pero Cercas lo apuntó de pasada, sin querer profundizar en el tema, porque su motivación era otra. El autor de la sobrevalorada Soldados de Salamina quería sobre todo subrayar la dignidad de Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo ante Tejero y sus guardias con la finalidad de proponer, nada más y nada menos, que el 23-F como «mito fundacional de la democracia española». Cercas, por tanto, más que a desvelar la verdad, a lo que aspiraba era a ejercer de constructor de la identidad nacional española en su versión democrática y antigolpista. Ahí es nada.
En la misma línea, el «periódico global» en el que Fuentes y Cercas publicaron sus artículos publicó una editorial el 23 de febrero repitiendo básicamente los mismos argumentos, pero añadiendo otro más peliagudo: el del rigor. Según dicho diario, «los historiadores más rigurosos» habían acreditado el papel de Juan Carlos como defensor victorioso de la naciente democracia. El País por tanto lo quería todo: ensalzar a Juan Carlos en sus horas bajas, ser el guardian del rigor intelectual y por esa vía relegitimar a la monarquía. Tal vez por eso quien fuera durante muchos años su director, Juan Luis Cebrián, se vio obligado a publicar dos semanas más tarde (el 6 de marzo) una reseña crítica pero aparentemente ponderada del «meritorio libro», según sus propias palabras, de Roberto Muñoz Bolaños. Hizo bien Cebrián en dedicarle una reseña de una página entera al libro de dicho autor, pues todos sus lectores —y ya somos unos cuantos, pues el libro en cuestión se está vendiendo muy bien— sabíamos que El País con su editorial del 23 de febrero había metido la pata hasta el corvejón, al menos si la cuestión se planteaba en el terreno del rigor intelectual.
Cebrián reconocía a Muñoz Bolaños haber escrito el libro tras un «riguroso trabajo de documentación», pues había manejado, decía, una diversidad de fuentes como «testimonios orales y documentos como el sumario, actas de la vista y sentencias del juicio contra los golpistas». Asimismo, añadía que se aportaban textos inéditos «de indudable interés», como los informes del general Fernández Monzón, por ejemplo, el cual formó parte de los servicios de inteligencia tanto en el franquismo como en la transición. Sin embargo, a pesar de ser un «trabajo importante», no se podía convertir en una referencia indiscutible sobre el 23-F por dos razones fundamentales: porque hacía interpretaciones equivocadas de dichos documentos, en especial cuando de ellos deducía un «doble juego» por parte de Juan Carlos I, y porque muchos de dichos documentos —los judiciales, en lo fundamental— se los había proporcionado el abogado defensor de Tejero, Ángel López-Montero, lo cual hacía necesario insistir en que las versiones filtradas por los representantes de los golpistas «merecen una más que razonable duda sobre su veracidad».
Detengámonos un momento en este argumento que, en la mente de Cebrián, debió ser concebido como una andanada a la línea de flotación del trabajo de investigación de Muñoz Bolaños, pero que también es un argumento especialmente miserable. Efectivamente, el sumario del juicio del 23-F sólo puede ser filtrado por alguien que participase en él porque el Tribunal Supremo dictaminó que no se hiciera público hasta transcurridos veinticinco años después de la muerte de todos los procesados, o cincuenta a contar desde la fecha del fallido golpe de Estado, es decir, hasta 2031. Pero 2031 está a la vuelta de la esquina, sólo faltan diez años para que oficialmente se dé publicidad al sumario del 23-F. Veremos entonces si los documentos judiciales que maneja Muñoz Bolaños son reales o inventados (por no hablar de lo que puede suceder si algún día aparecen pruebas tan relevantes como las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas en el Congreso de los Diputados durante la noche de la intentona golpista).
Después están las llamadas interpretaciones erróneas que Cebrián atribuye a Muñoz Bolaños. Aquí la cuestión ya no son los documentos, sino si éstos se interpretan correctamente o no, esto es, de acuerdo con la visión del mundo y de la política que tiene Cebrián. Para no alargar innecesariamente este artículo, me voy a centrar en lo que afecta a Juan Carlos I que, por lo demás, es lo que parece preocupar más al presidente de honor de El País.
Una de las cosas que Muñoz Bolaños hace —y hace bien— es dar el relieve que se merece a dos hechos que siempre han chirriado en el relato oficial que atribuye a Juan Carlos I el papel de héroe de la película.
El primero es la presión que hizo el Borbón para que se nombrará al general Alfonso Armada segundo jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor del Ejército un par de semanas antes del 23-F. Ese nombramiento, cuyo reponsable único fue Juan Carlos de Borbón pues Adolfo Suárez siempre estuvo en contra, se hizo después de la dimisión de Suárez y cuando toda la casta política tenía conocimiento de la Solución Armada. Ésta consistía en nombrar al susodicho general y hombre de la absoluta confianza del rey presidente de un gobierno de concentración nacional, con representación de todos los partidos de ámbito español, para llevar a cabo una serie de reformas estructurales que supusieran un «golpe de timón» a todo el sistema político.
Ese nombramiento fue crucial para que Armada pudiera protagonizar otro hecho que, si hubiera tenido éxito, hubiera supuesto el triunfo del golpe, a saber: acudir al ocupado Congreso de los Diputados hacia las 23:30 del 23-F con la finalidad de postularse como presidente del gobierno referido que, claro está, debía ser votado por los diputados para que todo pareciese constitucional. Y Armada fue al Congreso con todos los permisos necesarios, ya fuera el de la Junta de Jefes del Estado Mayor, el de los capitanes generales y, por supuesto, el del rey, aunque en este caso con la pueril exigencia de que su postulación a presidente de gobierno la hiciera a «título personal». Pueril, porque si Tejero no se hubiese opuesto a dicho gobierno y Armada hubiese conseguido el voto favorable de una mayoría de diputados, el rey no habría tenido más remedio que aceptarlo.
Por tanto quien detuvo a Armada no fue el rey, sino paradójicamente Tejero al rechazar la plural composición de su hipotético gobierno (que incluía a ministros de derechas y de izquierdas, una posibilidad que el teniente coronel consideraba aberrante). Y una vez que Armada es expulsado del Congreso por Tejero es cuando se emite por TV el famoso comunicado del rey y cuando, además, los capitanes generales consideran que el golpe ha fracasado. A partir de ese momento, Tejero prácticamente se queda solo con su propuesta de Junta Militar. El comunicado del rey, por lo demás, era perfectamente compatible con la Solución Armada, pero también es cierto que establecía claramente la línea que Juan Carlos de Borbón nunca quiso atravesar porque hacerlo «[...] le haría perder todo el capital político adquirido desde el 20 de noviembre de 1975», como muy bien explica Muñoz Bolaños en relación con la negativa a aceptar la presencia de Armada en el Palacio de la Zarzuela durante el 23-F, una decisión que hacía posible una exención de responsabilidad del propio rey para el caso de que todo acabara en un fracaso rotundo, como así sucedió.
Felipe VI pretendió, el pasado 23 de febrero, reivindicar la figura de su padre evocando precisamente su papel durante el 23-F en un acto oficial celebrado en el Congreso de los Diputados. Tampoco el rey actual es un hombre afortunado. Es más: la continuidad de su reinado y de la monarquía depende sobre todo de que no aparezcan republicanos de derechas. Si estos existiesen, deberíamos empezar a echar las cuentas con la famosa «correlación de fuerzas» para calibrar si, aquí y ahora, el paso a una república supondría un avance o un retroceso en el proceso de democratización.
No sé por que razón no me sorprende que España encabece el ranking de países de la OCDE con mayor número de empresas vetadas para colaborar en los proyectos de desarrollo del Banco Mundial, conforme al listado de sociedades publicado recientemente por el Banco mundial.
Habitualmente son pocas las cosas, y casi todas para mal, en las que «destacamos» en el mundo.
Para muestra ponemos un botón: número dos de la UE en participación en misiones militares en el exterior, número dos en misiones militares de la ONU (detrás sólo de EEUU), número siete del mundo en exportación de armas, número 4 de Europa (solo por detrás de Bosnia, Kosovo y Montenegro) en número de parados, número 30 en el índice de corrupción de Tranparency International, uno de los primeros números de nuestro entorno en partidos políticos corruptos, algunas de las principales fortunas del mundo, amasadas de forma poco decorosa, y así sucesivamente.
Por el contrario, suele estar a la cola en lo que, para el común de los mortales, son aspectos apreciables y que mejoran la vida de la gente, como por ejemplo en el número de patentes e inventos, en apoyo a la investigación científica, en inversiones sanitarias o educativas, en calidad de la enseñanza, o de la justicia, o de las redes de atención a las personas en sus diversas situaciones sociales, o de protección de la biodiversidad y respeto por el medio ambiente, o en aprecio del patrimonio cultural y de la cultura, o en ayuda al desarrollo, o en cumplimiento de derechos reconocidos y comprometidos por adhesión a tratados internacionales, o en calidad de la «democracia» y… ¿qué quieren que les diga? ¡en casi todo lo que vale la pena!
Corrupción de empresas españolas en el índice del Banco Mundial
Pero volvamos al índice de empresas vetadas para colaborar en proyectos de desarrollo del banco Mundial, que encabezamos por goleada.
En total se trata de más de cincuenta empresas y personas físicas «marca España» que han sido vetadas por el Banco Mundial, que no es que se caracterice por un especial celo ético que digamos.
Nos abstendremos de señalar con nombres y apellidos a las personas físicas vetadas por eso de no señalar al pecador y sí solo el pecado, que recomienda el refranero. Por lo que se refiere a las personas jurídicas, la mayoría de las vetadas están controladas por seis grupos empresariales españoles de reconocido nombre, trato cercano con los poderes institucionales y merecido recelo social, como son los casos de FCC, vetado por sus prácticas corruptas en la corrupta Colombia, y de algunas constructoras más o menos pintorescas.
Cincuenta vetos son más del doble del segundo país de la OCDE vetado, Reino Unido, y mucho más respecto a los siguientes competidores en las malas artes. ¿Quiere decirse que nuestra gran aportación al mercado internacional, además de privatizar todo lo posible, de mezclar intereses políticos y económicos en esa especie de tupida maraña de relaciones y prácticas opacas que ha forjado nuestras «grandes empresas internacionales», y de dar entrada a la codicia de los fondos especulativos en nuestra economía, va a ser la exportación de las prácticas corruptas autóctonas y aquilatadas desde la época franquista? Que se lo pregunten a quienes han estudiado estas intrigantes realidades, por ejemplo, a Andrés Villena, autor de «Las redes de poder en España. Elites e intereses contra la democracia».
La empresa GMV, una de las habituales del sector de la defensa
Como era de sospechar, entre las empresas vetadas por el Banco Mundial se encuentra una de las empresas que tiene que ver con la industria militar. En concreto la multinacional GMV, que participa, entre otros proyectos militares, en el satélite europeo Galileo, que se opera desde las instalaciones del INTA en la base militar de La Marañosa.
A esta empresa la ha vetado el Banco Mundial por prácticas corruptas y fraude en Vietnam, donde participaba en un proyecto financiado por el Banco Mundial.
Al parecer seguían una práctica que, a poco atentos que estemos a la realidad, nos sonará como algo cercano a nuestro paisaje habitual: «algunos de los ex gerentes de la empresa se confabularon con dos consultores de diseño para obtener ventajas competitivas injustas en dos procesos de licitación. También acordaron pagar una comisión al agente del consultor para influir en el proceso de licitación y ganar un contrato».
Por lo que se informa de su actividad corrupta objeto de veto, ésta no ha tenido que ver con ningún contrato militar (de hecho sería muy raro en las inversiones del Banco Mundial encontrar un contrato militar), pero el hecho de que haya empelado una práctica corrupta en un proyecto de desarrollo nos autoriza a preguntarnos si juegan sucio en otro tipo de contratos.
Es una pregunta tal vez un tanto retórica, porque, según Naciones Unidas, la industria militar es uno de los sectores menos transparentes y más proclives a engrasar su negocio con prácticas ocultas y corruptas.
Por una de esas casualidades de la vida, la participación de GMV en el sector de la defensa es intensa y antigua. Acudiendo a su página corporativa podemos leer que llevan 30 años «trabajando con nuestros clientes en el sector de la defensa y la seguridad proporcionando sistemas con soluciones innovadoras, flexibles ampliables y fácilmente mantenibles, capaces de satisfacer las necesidades más exigentes y desarrollados bajos estrictos estándares de calidad».
Sus «especialidades» en este sector militar nos permiten saber de qué va la cosa:
Sistemas de mando y control
Sistemas para la comunidad de inteligencia
Ciberdefensa
Simulación
Programas espaciales
Sistemas integrados de control de accesos, presencia, vigilancia y seguridad
Sistemas de vigilancia de fronteras
Sistemas ISR
GMV es uno de los proveedores habituales y contratistas del Ministerio de Defensa. Por poner algún ejemplo, durante 2020 ha resultado adjudicataria para proveer a la Brigada Paracaidista y al Tercio de Armada de Infantería de Marina cuatro RPAS clase Seeker (vehículos aéreos no tripulados). También en el mismo año, en diciembre, se le adjudicó, junto con otras empresas del sector, el contrato industrial para la integración de empresas españolas en el resto de actividades de la Fase 1A de investigación, desarrollo y demostración tecnológica del Sistema de Armas Europeo de Siguiente Generación (NGWS/FCAS), que cuenta con financiación española y con fondos europeos, y que supondrá un pastuzal para la industria militar española.
Entre sus clientes tiene a otros ejércitos mundiales y ministerios de defensa, algunos del ámbito europeo, como el de Holanda, Portugal o Italia.
En cuanto al programa Galileo, del que también participa, y para los que no estén muy al corriente de la realidad de nuestro mundo militar-industrial, debe señalarse que la participación de España en el programa Galileo es liderada por el Ministerio de Defensa y el INTA, y cuenta con la participación de las empresas del sector militar-industrial Thales, EADS, Indra, Airbus, GMV. Indra, Mier, Sener, Rymsa e Iberespacio, por nombrar las más reconocibles.
La corrupción en el sector de la defensa
Visto el ejemplo, cabe extender la pregunta más allá. ¿Hay corrupción en el sector industrial-militar?
Todos los indicios conducen a un sí rotundo y no sólo porque en su día lo advirtiera nada menos que un presidente de los EEUU (que encima había sido general) después de vivir en sus propias carnes las presiones inmorales del complejo militar-industrial americano y su desprecio por los valores humanos más profundos.
Si acudimos al «índice de empresas de defensa 2020» publicado por Transparency International, observamos que el 75% de las 134 principales empresas del mundo del sector militar no tiene implantado ningún tipo de medida para combatir la corrupción y muestran poco o ningún compromiso al respecto.
En el caso de España, destaca el índice, las empresas INDRA y NAVANTIA tienen un interés «moderado» en combatir la corrupción. ¿Exagera Transparency International? Yo creo que sí. Es demasiado benévola en sus apreciaciones.
Una de las particularidades de la industria militar española es el excesivo puertagiratorismo existente entre ésta y la política, con el caso paradigmático de varios ministros de defensa vinculados, antes y después de su paso por el cargo público, con el sector industrial militar (Eduardo Serra, Pedro Morenés, Julián García Vargas) varios secretarios de Estado, múltiples militares de alta graduación y hasta un ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa, todo un sello de la famosa marca España que ha servido, además, para endosarnos y consolidar una deuda ilegítima en compra de armas que no necesitamos que supera los 40.000 millones de armas en Programas Especiales de Armamentos adquiridos para beneficiar a la industria militar.
Fuente: «Las redes de poder en España»
Si echamos la vista hacia atrás, contamos con el caso paradigmático de personajes rocambolescos vinculados a los intereses militares, como la saga de los Paesa, tío y sobrina, en la trama de la empresa Defex (participada por el Ministerio de Defensa y la SEPI); un asunto que acabó siendo judicializado con condenas penales para más de una veintena de directivos y disuelta la empresa a consecuencia de todo ello. También se ha hecho eco la prensa de otras renombradas personalidades políticas y mediáticas, incluyendo sospechas de ex-presidentes de gobierno, ministros, allegados y otras autoridades, relacionadas en la venta de armas a países muy cuestionables y belicosos.
La corrupción alcanza también contrataciones menores y otros contratistas de la Defensa. En 2015 fueron imputadas por cohecho 13 empresas contratistas de Defensa, según informó el periodista Miguel González en El país el 14 de junio de 2016. También se frenaron nada menos que 22 ascensos de mandos militares por unas presuntas activades delictivas por delito contra la hacienda militar en relación a contrataciones en el hospital Gómez Ulla en 2016. En el año 2018 condenaron a dos Tenientes Coroneles de intendencia (y a tres empresarios por cohecho) por filtrar información privilegiada a empresas contratistas para quedarse con contratos del Ministerio. el suma y sigue judicial es elevado.
Instalaza pidió, cuando el que había sido su número uno fue nombrado ministro de Defensa, una indemnización millonaria (40 millones) a Defensa por los perjuicios sufridos a partir de la firma del Tratado de prohibición de Minas de racimo, una de las especialidades de la empresa y uno de los suministros de que dotaba al ministerio de Defensa.
En el capítulo de exportaciones contamos también con una elevada exportación de armas a países a los que, con arreglo a nuestra propia legislación y a 7 Posición Común 2008/944/PESC sobre el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares, no debieron exportarse.
Todo un muestrario de lo que nuestra industria mi militar es capaz de hacer.
El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos es una de las figuras de referencia de la (ultra)derecha patria, pero antes fue el agran aliado técnico de Alfredo Pérez Rubalcaba durante la lucha contra ETA desde el Ministerio del Interior, que el cántabro ocupó entre 2006 y 2011, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que tuvo como prioridad absoluta acabar con la banda terrorista. Rubalcaba fue la bestia negra de la derecha del PP de Rajoy, mientras que contaba con la estrecha cooperación y amistad de Pérez de los Cobos; también contó con su controvertida experiencia como agente de la Guardia Civil en Euskadi durante los 90.
Entonces, en 2006, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó reabrir el caso Faisán, un chivatazo a etarras para evitar detenciones y no complicar las conversaciones de paz del Ejecutivo Zapatero con ETA por el que fueron condenados a dos años y medio de cárcel el jefe de Policía Pamies y el inspector Ballesteros, con gran enfado de Rubalcaba y los sindicatos policiales. El caso Faisán fue una de las grandes municiones del PP de Mariano Rajoy contra Rubalcaba, jefe político del coronel Pérez de los Cobos; Marlaska fue entonces un héroe para la derecha por reabrir justo entonces un caso en stand by de Baltasar Garzón, en misión internacional. El hoy ministro del Interior fue propuesto por el PP como vocal del Consejo General del Poder Judicial en 2013.
Es necesario poner en contexto el trabajo de cada cual en cada momento y hacer memoria sobre las responsabilidades de cada quién en uno u otro acontecimiento no solo en función del cargo que se ocupa, sino también de los valores que defiende. La memoria no solo es histórica y, en este caso, pone sobre la mesa el vulgar cinismo del partidismo más rastrero, pero también la debilidad de los partidos frente a un Estado conservador muy bien armado en base a altos funcionarios que deambulan por la Administración ocupándose de que nada cambie para que todo siga igual. Diego Pérez de los Cobos es uno de ellos y Fernando Grande-Marlaska, salvando las distancias ideológicas, otro. El problema para este último es que ha ido a meterse en el primer Gobierno de coalición tras el franquismo... ¡con Unidas Podemos de socio! Tachón para Marlaska desde la (ultra)derecha.
En lugar de ser coherente con el Gobierno progresista del que forma parte, Marlaska ha ido dando una de cal y otra de arena, dando tumbos a un lado y a otro con decisiones justas como la de reagrupar a los presos de ETA o mantener el campamento de inmigrantes en Arguineguín (Gran Canaria) en condiciones infrahumanas, como denunció el defensor del Pueblo. Teniendo en cuenta el historial de ceguera (un decir) del ministro del Interior frente a las torturas a presos bajo su custodia, denunciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), varios de sus compañeros en la propia Audiencia Nacional y la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, la decisión de Sánchez al ponerle al frente de Interior se ha demostrado hace tiempo un error de bulto.
Con tanto despropósito, parece inevitable que Marlaska acabara tocando fondo, encima, con el estrépito que acaba acompañando más tarde o más temprano a la incoherencia en los actos políticos. Cuando el magistrado de la Audiencia Nacional accedió a un departamento tan tocado por la etapa de las cloacas del PP, lo que más se esperaba de él era una contundencia histórica en la limpieza de la corrupción asimismo histórica en el seno de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. Desde Público denunciamos la tibieza del ministro con esa basura institucional y su irresponsabilidad en 2019 al proclamar que ya no había cloacas en el Estado.
Entre todo este hacer que hago de Marlaska, ahora vienen las preguntas: ¿Qué pintaba aún en la Comandancia de Madrid durante el Gobierno de Sánchez el coronel encargado de fiscalizar los fondos reservados en el tiempo que transcurrió la trama Kitchen del PP? Este caso, recordarán, se juzga por un presunto uso de fondos reservados y cargos policiales durante el Gobierno Rajoy para espiar y manipular a Luis Bárcenas, extesorero del PP, tratando de impedir que pruebe que su partido se finació ilegalmente. ¿Qué hacía Pérez de los Cobos al frente de un puesto clave de la Guardia Civil después de haberse demostrado mediante sentencia absolutoria en la Audiencia Nacional al Mayor Trapero y sus colaboradores que durante el juicio contra el procés el alto mando policial en Catalunya tras aplicarse el art.155 C.E. mintió impunemente (la mentira de un testigo es delito) al culpar a los Mossos de desobediencia y sedición durante el referéndum del 1-O?
¿Por qué seguía Pérez de los Cobos ahí?
Ana Pardo de Vera.
El pulso entre Marlaska, respaldado por el presidente del Gobierno, y Pérez de los Cobos, alto funcionario prototipo del gatopardismo ultraconservador del 78 (si no de más atrás...) carece de credibilidad más allá de un ataque de poder de ambos desde el momento en que el ministro del Interior mantuvo al coronel de la Guardia Civil en el puesto que le había asignado el Gobierno de Rajoy en 2018, nada más y nada menos que la Comandancia de Madrid. Los ataques de la (ultra)derecha carecen también de legitimidad desde el momento en que este Pérez de los Cobos es el mismo que fue asesor, confidente y amigo de Rubalcaba en la estrategia antiterrorista que puso fin a la banda en 2010, el Rubalcaba al que el PP atacó sin tregua junto a Zapatero ("Usted traiciona a los muertos") para luego llorarlo frente al féretro en 2019 con golpes en el pecho por la pérdida del "gran político".
La cuestión en el despido de Pérez de los Cobos que ha tumbado un juez (de momento) es que nunca tendría que haberse producido porque el coronel no debería haber estado allí si el ministro al que correspondía Interior fuera el correcto e hiciera su trabajo: garantizar nuestra seguridad, sobre todo, frente a quienes dicen ejecutarla.
De la Comuna de París al cantonalismo popular español
por Jeanne Moisand, abril de 2021
150 años después, la Comuna de París consigue resucitar en Francia la clásica oposición entre izquierda y derecha, supuestamente superada por el presidente Macron. En el consejo municipal de París, liderado por la alcaldesa socialista Anne Hidalgo, los preparativos de celebración de la Comuna despertaron la hostilidad de la derecha parisina (LR) (Le Monde, 19/02/2021). El famoso historiador Pierre Nora adoptó posiciones similares en una entrevista para la radio nacional France Inter el 4 de marzo: mientras juzgaba necesaria la celebración oficial del bicentenario de la muerte de Napoleón (en mayo del 2021), la del 150 aniversario de la insurrección comunalista le pareció más que prescindible. A pesar de la hostilidad de determinados sectores a su conmemoración, la revolución de 1871 apasiona más que nunca tanto a los historiadores como al público lector. En su libro Commune(s). Une traversée des mondes (Seuil, 2020), Quentin Deluermoz abre nuevos caminos para la interpretación del movimiento. Otra publicación, dirigida por Michel Cordillot, aprovecha por su parte la labor acumulada desde décadas por el Diccionario biográfico para la historia del movimiento social (Maitron), para hacer el balance de la producción historiográfica sobre la Comuna y para proponer explorarla a través de biografías y mapas (La Commune de Paris 1871. Les acteurs, l’événement, les lieux, éditions de l’Atelier, 2021). La primera tirada de esta obra colectiva, publicada en enero, ya está agotada.
La intensidad de los debates franceses y de la producción intelectual en torno a la Comuna contrasta con el relativo vacío de memoria sobre la España revolucionaria de los mismos años. En 2018, el 150 aniversario de la revolución septembrina de 1868 pasó casi desapercibido. Se publicó, es cierto, un número especial de una revista sobre la Gloriosa (“Revisitar la Gloriosa”, Ayer, n°112), se celebraron varias jornadas universitarias y se organizó una exposición en el Museo del Romanticismo de Madrid. Pero la comisaria Carmen Linés Viñuales tuvo cuidado de desanimar a cualquier curioso explicando de entrada que “no fue en realidad una revolución como tal” con el argumento de que “no hubo cambios en la estructura social o económica del país, pero sí en el sistema político” (El País, 29/08/2018). Subrayado por el título de la exposición (“La Revolución que no fue”), este juicio tajante recoge el tono de buena parte de la historiografía española desde la Transición, no sólo sobre la Gloriosa sino sobre todas las revoluciones españolas del siglo XIX. Bebiendo de una concepción maximalista de lo que tiene que ser una revolución, cuyo modelo idealizado oscila entre el francés de 1789-1793 y el ruso de 1917, estos juicios deniegan a la vez la percepción de los eventos por los coetáneos, que por algo calificaron la Gloriosa como una “revolución”, como la intensa movilización popular que acompañó el movimiento y que no desarmó en los seis años siguientes. Tan importante y tan rupturista fue de hecho la Gloriosa que, de no haberse producido, tampoco hubieran ocurrido ni la guerra franco-prusiana de 1870, ni la Comuna de 1871.
La revolución cantonal de 1873 Anclada en esta secuencia revolucionaria transnacional, se produjo otra revolución en España algunos años después, muy parecida a la comunalista: la revolución cantonal de 1873, de la que también se suele decir que no fue una revolución auténtica (cómo no). Mientras se había proclamado la República Española en febrero, se constituyeron en julio decenas de juntas revolucionarias en ciudades de Levante, Andalucía y Castilla. Proclamaron sus respectivas Repúblicas Provinciales Autónomas (Cantones), destinadas a federarse las unas con las otras para constituir “desde abajo” la República Federal Española. Las comunas francesas y los cantones españoles apuntaban hacia alternativas comparables. La promesa de emancipación, asociada en ambos casos con la idea de federación de trabajadores y pueblos, movilizó a su servicio a millares de mujeres y hombres de clase popular. Los dos movimientos estaban conectados por amplias circulaciones de ideas, tanto republicanas radicales como internacionalistas, entre Francia y España desde los años 1860.
A pesar de estos rasgos compartidos, la memoria del cantonalismo no ha despertado nunca un interés comparable con el que produjo la Comuna. En París, “capital del mundo” en el siglo XIX (W. Benjamin), los ojos de todas las bolsas y de los periódicos del mundo entero observaron con atención la insurrección y le dieron en seguida un eco global. En la Cartagena que encabezó el movimiento cantonal, puerto secundario de una periferia europea, algunos corresponsales de periódicos internacionales como The Times también informaron al resto del mundo pero sin que el eco fuera comparable. Imbuidos por un sentimiento de superioridad civilizacional y social, describieron el cantón como un movimiento de “ragamuffins” (“granujas”) (The Times, 26/08/1873). Los enemigos españoles del cantón, que agrupaban amplios sectores de las élites sociales y de las clases medias (desde los monárquicos hasta los republicanos moderados), recuperaron con gusto este relato. Represaliados, exiliados y deportados en masa, los cantonalistas no tuvieron la fuerza para rebatirlo. En cuanto al movimiento obrero, dividido después de la escisión de la Internacional entre marxistas y bakuninistas en 1872, no defendió tampoco la memoria del cantón, a pesar de la participación masiva de sus militantes en las insurrecciones.
En el siglo XX, e incluso después de terminada la dictadura franquista, los historiadores no hicieron más que confirmar los antiguos juicios sobre la revolución cantonal, describiéndola como un movimiento localista, romántico y desfasado, liderado por notables burgueses poco atentos a los problemas reales de su tiempo. El fracaso del movimiento y los golpes de Estado de 1874 y 1875 siguieron sirviendo para probar la inadaptación de la República o de la Federación al ser de España. En tal contexto, no puede extrañar que la historia del cantonalismo parezca no tener nada que ver con la de la Comuna.
El comunalismo francés como referente
Sin embargo, los coetáneos no tardaron en comparar el movimiento cantonal con las comunas francesas. “Uno todavía se pregunta si la Junta Revolucionaria de Cartagena quiere y puede imitar fielmente a la Comuna hasta el final”, resumía el periódico francés Le Temps el 6 de septiembre de 1873. La visión del Cantón de Cartagena como una réplica de la Comuna motivó la reacción de las potencias europeas. En nombre de la lucha legítima contra comunistas y rojos, unos oficiales de marina británicos y alemanes tomaron la iniciativa de arrestar, en agosto de 1873, dos de los mayores buques de guerra amotinados en manos de los cantonalistas. La intervención extranjera cambió drásticamente el equilibrio de fuerzas entre republicanos de orden y cantonalistas, impidiendo el rescate de los cantones de València y de Cádiz por el de Cartagena y provocando en gran parte la derrota cantonal. En una España inestable desde 1868, con un ejército indisciplinado, una guerra civil contra los carlistas y una guerra atlántica contra los independentistas cubanos, los grandes imperios de Europa se asustaron de que una insurrección hermana de la Comuna pudiera ganar esta vez. ¿Era este miedo pura fantasía conservadora, o eran efectivamente comparables las dos insurrecciones?
Tanto en París como en Cartagena, las clases trabajadoras se habían insurreccionado para erigir un poder popular. Al contrario de lo que afirma a menudo la historiografía, los datos del exilio cantonalista en Argelia prueban la composición masivamente plebeya del movimiento: numerosos obreros, reclutados principalmente en el arsenal de Cartagena, se quedaron hasta la derrota, al lado de marineros militares, de soldados del Ejército (en un contexto de conscripción desigualitaria) y de presidiarios (un grupo compuesto de desertores, condenados políticos y penados de clase baja). Miles de mujeres de clase popular también se quedaron en el lugar, incluso durante el bombardeo, trabajando en diferentes tareas y a veces tomando las armas. Raras veces se apuntó la velocidad con la que los notables de Cartagena fueron marginados por la dinámica revolucionaria, entre julio de 1873 y enero del 74. En noviembre, en las elecciones a la junta revolucionaria, los líderes plebeyos triunfaron en las urnas.
A través del exilio, de la migración y del contrabando, este movimiento estaba vinculado con las circulaciones del republicanismo radical francés (en particular desde la Argelia colonial) y con las comunas. El communard más importante de los que pasaron por Cartagena fue sin duda el andaluz Antonio de la Calle, exiliado en París después de su participación en la insurrección federal española de 1869, admitido en la milicia parisina durante el asedio prusiano de 1870, y ascendido a capitán durante la Comuna. Refugiado en Madrid después de la derrota del París insurrecto, desempeñó importantes responsabilidades en el Cantón de Cartagena. Fue primero director del periódico revolucionario El Cantón Murciano antes de ser miembro de la junta revolucionaria. Adoptó toda una serie de decretos sobre la instrucción pública, los bienes eclesiásticos, la “emancipación de las mujeres” y la confiscación de la propiedad ilegítima (aunque debió moderar este último después de publicarlo). Como director de la comisión de servicios públicos, De la Calle también tuvo un papel clave en la organización del trabajo femenino, terreno en el que el conocimiento de la potente Union des femmes bajo la Comuna fue seguramente valioso.
Reivindicar su memoria
De la obra social del Cantón, se suele decir que fue inexistente, como se dice también a menudo de la escasa legislación laboral de la Comuna. En La Guerra civil en Francia, Marx recordaba que “la gran medida social de la Comuna” había sido “su propia existencia”. Lo mismo se podría decir del Cantón. La mayor tarea de la revolución cantonal fue la autoorganización de obreros, marineros, soldados, expresidiarios y mujeres para su defensa, en un ejercicio de democracia directa que tuvo ciertamente sus límites, pero del que se encuentran pocos ejemplos en la historia. Bajo el liderazgo de trabajadores y suboficiales ascendidos a puestos de mando en los buques y en el arsenal, estos colectivos trabajaron en la reparación de las fragatas de guerra y su puesta en marcha, en el abastecimiento de la plaza asediada por medio de razzias marítimas y terrestres, en la producción de pan, en la cocina y en la elaboración de sacos de pólvora (siendo estas dos últimas tareas desempeñadas por mujeres) y finalmente, en la defensa de las murallas. Esta organización fue lo suficientemente eficaz para que la lucha durara seis meses a pesar de la intervención hostil de dos marinas extranjeras y del asedio.
Si el 150 aniversario de la Comuna merece toda la atención de los públicos actuales, lo deseable sería que las revoluciones cantonales despertaran el mismo tipo de interés en 2023, lo cual parece poco probable por ahora. Mucho se ha defendido la recuperación de la memoria histórica en la España de las últimas décadas, pero el pasado convocado no remonta casi nunca más allá de 1936. Indagar en las revoluciones del siglo XIX permitiría sin embargo redescubrir las alternativas por las que lucharon tantos españoles y españolas, y a través de ellas, el porvenir de un pasado que se tiende a encerrar en un relato demasiado predeterminado y condescendiente. El hecho de que estas alternativas hayan fracasado no debería ser un motivo suficiente para desanimar a los curiosos o para infravalorarlas. A pesar del fracaso rotundo de la Comuna, el movimiento social mundial se vio reflejado en su historia y la utilizó para pensar su propio futuro. Los cantones españoles forman parte de la misma lucha por la federación de trabajadores y pueblos, y no merecen el desprecio con el que se suele contar su historia.
Residencias de ancianos: Iglesia y fondos buitres en un negocio de rapiña
El 85% de las residencias están gestionadas o pertenecen a grupos buitres diversos siendo la Iglesia católica y sus alrededores la principal empresa del sector.
El periodista de investigación Manuel Rico, en la actualidad trabajando en el diario Infolibre, acaba de publicar un libro titulado Vergüenza: el escándalo de las residencias en la editorial Planeta y que da un aldabonazo contundente al drama que se ha vivido en las residencias de ancianos durante la pandemia. El libro, aparte de describir la situación del sector, evidencia que ha existido una dejación absoluta de los poderes público: «5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84 por ciento del total de residentes fallecidos en ese periodo en la Comunidad de Madrid», se indigna Manuel Rico.
Si estas residencias no fueran un negocio de rapiña totalmente descontrolado muchas muertes se hubieran evitado. «La pandemia reventó las costuras de un sistema residencial que estaba en pañales en España desde hacía muchos años. La factura la pagaron con su vida miles de ancianos», concluye Rico.
El 85% de las residencias están gestionadas o pertenecen a grupos buitres diversos siendo la Iglesia católica y sus alrededores la principal empresa del sector y todo él recibe grandes cantidades de fondos públicos que acaban en operaciones financieras diversas, pero no utilizados enteramente para la mejora la calidad de vida de los residentes.
El autor se escandaliza al comprobar que la Iglesia católica y sus congregaciones, en alianza con los mayores empresarios de la construcción de este país, han utilizado todo este sector para sacar grandes beneficios y todo ello en medio de una gran opacidad que se ampara, en muchas ocasiones, bajo el marchamo de la religión. Manuel Rico al referirse al padre Ángel, el famoso presidente de Mensajeros por la Paz, una de las empresa-ONG de más tamaño del sector, confiesa su decepción con el personaje, que utiliza la caridad como reclamo de un oscuro y opaco negocio.
Así, el periodista Manuel Rico estudia la evolución del sector y todo apunta a una concentración del mismo en manos de las organizaciones religiosas y grupos empresariales vinculados a los fondos buitres y todo ello en un relato donde desmenuza los pelotazos financieros e inmobiliarios que considera algo estructural en la evolución de este sector: «Cuando empezó la década de los diez, había dos grandes grupos de poder con una posición dominante en las residencias de mayores: las cajas de ahorros y la Iglesia católica. Las cajas fueron barridas del mapa en apenas siete años. El análisis de lo ocurrido es probable que deje al lector con una sensación amarga. Grandes compañías levantadas gracias al apoyo y a las inversiones millonarias de las cajas fueron vendidas a precio de derribo. Si no todas, casi todas. Y varios de los fondos que las compraron —Palamon Capital, G Square, Magnum Capital, Portobello— obtuvieron beneficios multimillonarios revendiéndolas poco después», explica.
Un negocio y unos beneficios que no se pude explicar sin la ingente cantidad de dinero publico que se invierte en el mismo: «El modelo residencial español está completamente privatizado y vive un intenso proceso de concentración empresarial, que deja cada vez en menos manos el negocio geriátrico. La huida del Estado, como hemos visto, se traduce en una creciente transferencia de fondos públicos hacia los grandes grupos del sector».
El libro también es regeneracionista ya que plantea un decálogo de soluciones empezando por acabar con la opacidad y llamando a que las administraciones publicas asuman la gestión directa de muchas de estas residencias e impongan una férrea inspección sobre las mismas y todo ello duplicando, como mínimo, el personal de las mismas y sus retribuciones, al tiempo que se diseñe un gran plan de cuidados sociales, aunque es bastante escéptico de que esto se lleve adelante vistos los intereses alrededor de este negocio.
Este libro, es, al tiempo, un análisis muy eficiente de la evolución de este sector de las residencias de ancianos en los últimos años y una denuncia por el carácter rapiña de los operadores en este sector gracias a la complicidad de las administraciones públicas. Esta denuncia es también un homenaje a los trabajadores y trabajadoras de las residencias que, en condiciones de gran precariedad y bajos salarios, se ocupan de nuestros padres o abuelos.
ERC o la incomprensible decisión de votar Borràs como presidenta del Parlamento
Marcel Vidal .
La vía amplia que ERC defendió durante la campaña electoral de las elecciones catalanas se estrechar definitivamente después de que los republicanos votaran Laura Borràs como presidenta del Parlamento. Se le hará difícil la formación de Junqueras seguir abanderando que combate la corrupción y que está "al lado de la gente" cuando la elección de la presidenta de la cámara catalana representa todo lo contrario: la presunta gestión irregular al frente la Institución de las Letras Catalanas y el desprecio a la mitad de la ciudadanía de Cataluña. Y lo peor: la convicción de que puede utilizar el Parlamento como escudo por sus asuntos judiciales.
En su primer discurso como presidenta, Borràs no citó a su antecesor en el cargo y conjurarse para "recuperar la dignidad de la cámara". Pocos minutos más tarde, Marta Vilalta (ERC), aseguraba, como si la elección de Borràs no fuera cosa suya, que la reciente elegida presidenta había quedado "en evidencia" y que la "dignidad no" había "ido nunca".
Las declaraciones de Vilalta muestran, en cierto modo, la actitud de los últimos años de los republicanos: votar a los candidatos de JxCat (y avalar sus políticas y actitudes) y, al mismo tiempo, criticarlos haciendo ver que no tienen nada ver. El rumbo de Cataluña de los últimos años habría sido muy diferente si ERC, sin abandonar sus objetivos políticos, se hubiera plantado en determinadas ocasiones. La investidura de Quim Torra es quizás uno de los ejemplos más claros. Se hace difícil de explicar, por muy independentista que uno pueda ser, que una formación de izquierdas vote un diputado como el ex como primera autoridad de Cataluña.
El ascenso al poder de una figura como Quim Torra muestra que los movimientos populistas y autoritarios no llegan sólo a las instituciones de gobierno. Necesitan el apoyo de otros actores políticos, sociales y mediáticos para acceder. Algo similar sucede en la Comunidad de Madrid: sin el apoyo de Vox y Ciudadanos (parece que se han dado cuenta con quienes han gobernado hasta ahora), Isabel Díaz Ayuso no habría llegado nunca a la presidencia de la región.
En el caso del Parlamento, pero, ERC prefirió evitar que los socialistas lograran la presidencia por encima de cualquier otra consideración. Tanto era que la diputada propuesta por JxCat estuviera salpicada por un presunto caso de corrupción. La cuestión importante para los republicanos era votar la candidata que quisieran los post convergentes para que estos, a cambio, terminen facilitando su acceso a la presidencia de la Generalitat. Todo lo demás eran elementos sin importancia. Pero sí, había y aún hay una cuestión no menor: JxCat aún no ha dicho que votará favorablemente a la investidura de Pere Aragonés como presidente. En otras palabras, si ERC y JxCat no llegan a un pacto de gobierno y hubiera que repetir las elecciones,
En cualquier caso, aunque los partidos de Puigdemont y de Junqueras terminen acordando un ejecutivo, este será la continuidad de los dos últimos: una lucha constante y permanente por la hegemonía del espacio independentista.
Sin embargo, lo peor de todo es que no será un gobierno progresista que priorice la agenda social y la recuperación económica. El objetivo utópico de ERC de sumar los comunes en una fórmula de gobierno donde también fueran JxCat y la CUP era, simplemente, un buen titular para hacer ver que el Ejecutivo sería de izquierdas y para tapar que este será continuista y mal venidos entre sus miembros, y que responderá a los intereses de la clase política que ha gobernado durante casi toda la etapa democrática en Cataluña.
Nota del blog . Que en la mesa del Parlament el 51% acapare el 70% no indica nada muy democrático sino bien lo contrario .
Teniendo en cuenta el número de votos, del total emitidos, resulta lo siguiente: Pacto de izquierdas (PSC, ERC, ECP): 74 escaños, 51,19% de votos y 417.769 votos perdidos. Pacto independentista (ERC, JxCat, CUP): 74 escaños, 48,05% de votos y 718.644 votos pérdidos.
Es obvio que, a igualdad de escaños, el pacto de izquierdas tiene más legitimidad democrática: supera en más del 3% en votos al pacto independentista, e incorpora a la formación ganadora de las elecciones, el PSC. Des del punto de vista tendencial, pierde 300.000 votos menos que la segunda opción y ofrece más oportunidades para resultar exitosa y estable por estar en sintonía con el pacto que existe en el gobierno de España. La otra, en cambio, insiste en repetir lo que ya fue un fracaso y es difícil obtener estabilidad entre socios antisistema alejados ideológicamente, cuyo nexo es la independencia, pero con visiones encontradas de cómo llevarla a término y con un modelo de futuro sin concretar.
