miércoles, 22 de julio de 2020

Canciones contra la monarquía española


Las mejores canciones contra la monarquía española


  • Es buen momento para recordar la música que ha alzado la voz contra la monarquía. Aquí, una selección de temas que, de momento, parecen haber pasado el corte legal
  • Grupos como La Polla, Albert Pla, Def Con Dos, El Drogas, Reincidentes, Ska-P, La Raíz, Habeas Corpus u Obrint Pass han criticado a la monarquía en sus letras





https://www.cuartopoder.es/cultura/2020/07/19/las-mejores-canciones-contra-la-monarquia-espanola/


UE. Aprobadas las medidas anticrisis ( información rectificada )

Ni blinda la reforma laboral de Rajoy ni obliga a rebajar las pensiones: qué dice la 'letra pequeña' del acuerdo europeo





Álvaro Sánchez Castrillo



La condicionalidad ligada al fondo de recuperación europeo ha sido desde el primer minuto uno de los principales caballos de batalla de los países del Sur. España, Italia o Portugal dejaron claro en todo momento que no aceptarían ni exigencias leoninas ni hombres de negro que evocasen a los momentos más complicados de la Gran Recesión. Ahora, después de tres duros meses de negociaciones, los Veintisiete han dado finalmente luz verde al ansiado acuerdo. Sin embargo, el texto aprobado no ha terminado de cerrar la discusión sobre la condicionalidad en suelo español. Desde la derecha, asumen que el plan postpandemia suscrito por los Estados miembros deja al Gobierno de Pedro Sánchez atado de pies y manos en el mantenimiento de la reforma laboral o en materia de pensiones. Sin embargo, los dos partidos que forman parte del Ejecutivo de coalición mantienen su compromiso de eliminar, por lo menos, los aspectos más lesivos. En este sentido, los expertos consultados por infoLibre entienden que esta cuestión “no se encuentra” en la famosa condicionalidad y que, por tanto, Moncloa tiene margen de maniobra para hacerlo.



El debate sobre las exigencias ligadas al desembolso de los fondos ha estado muy presente durante la cumbre. Sobre todo por la presión ejercida por Holanda como portavoz del denominado grupo de los frugales –junto con Austria, Dinamarca o Suecia–. “Si el Sur necesita ayuda de otros países para gestionar la crisis, y lo entiendo porque tienen poco margen financiero para hacerlo, lo razonable es que pidamos el compromiso claro de reformas. Si los préstamos se convierten en transferencias, las reformas son incluso más cruciales y (es necesaria) la absoluta garantía de que van a tener lugar”, señalaba en los primeros compases del cónclave el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Es decir, entre los planes del Ejecutivo holandés no estaba presentar ante el Parlamento nacional un texto que no obligase a “acelerar de nuevo” a aquellos países “que se han quedado atrás en cuanto a reformas laborales o de pensiones”.





La condicionalidad, finalmente, ha quedado fijada en las primeras páginas del acuerdo. ¿En qué términos? El texto [consultar aquí en PDF] establece que los planes nacionales de recuperación y resiliencia con la agenda de reformas e inversiones, que deben remitir a Bruselas, serán evaluados por la Comisión Europea “durante los dos meses posteriores a la presentación”. “Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas para cada país, así como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva”, recoge el acuerdo, que establece que el plan del país tendrá que ser aprobado por el Ecofin por “mayoría cualificada”. Esto impide que Estados como Holanda tengan capacidad para vetar los proyectos de entrada, tal y como exigía La Haya en todo momento durante las negociaciones.



Los planes que pongan sobre la mesa los Veintisiete, en resumen, deberán estar en todo momento dentro del marco de las recomendaciones del Semestre Europeo. A esta condicionalidad se ha agarrado este martes la derecha para intentar rebajar la celebración del Gobierno. En la segunda jornada de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense, el presidente del PP, Pablo Casado, señaló que el pacto conllevará cambios y “responsabilidad” en el uso de los fondos, además del “mantenimiento de reformas que ya están funcionando, como la reforma laboral o la sostenibilidad de las pensiones”. Desde el Ejecutivo de Sánchez, en cuyo pacto de gobierno con Unidas Podemos figura la revalorización de estas últimas conforme al IPC y la modificación de la norma laboral, no parecen verlo de la misma forma. “El acuerdo de coalición cabe perfectamente en el acuerdo alcanzado en la Unión Europea”, sostuvo en una entrevista televisiva el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.



No se establece que se "tenga que mantener la reforma laboral"



Los expertos consultados por este diario entienden que el texto consensuado no ata de pies y manos al Ejecutivo para cumplir con sus compromisos. “Tiene margen para hacerlo. Esta condicionalidad está centrada en proyectos concretos, no en políticas internas. Es decir, el Estado plantea una serie de propuestas y Bruselas analiza si va en la línea de las directrices marcadas. Si es modernizador, si está centrado en energías verdes, si está orientado hacia la digitalización”, sostiene al otro lado del teléfono Diego López Garrido, ex secretario de Estado para la Unión Europea y vicepresidente de la Fundación Alternativas, que añade que en el Semestre Europeo no se establece “que España tenga que mantener la reforma laboral”. Una posición similar mantiene Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid: “No está en esa condicionalidad. Las pensiones no aparecen en el Semestre Europeo. Y del mercado laboral se hace mención sólo a su dualidad. Punto”, sostiene el experto, que centra su principal preocupación en cómo va a ser capaz el país de gestionar tanto dinero. En concreto, unos 140.000 millones de euros.



En el último documento de recomendaciones centrado en España, el Consejo Europeo mostraba su preocupación por los “muy altos niveles de desempleo y segmentación del mercado laboral” registrados incluso antes de la pandemia. Y recomendaba al país que durante 2020 y 2021 diese pasos para “respaldar el empleo” mediante “medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos fiscales a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones”, además de “reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos”. No era la única recomendación que se ponía sobre la mesa. También se pedía aplicar “políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda”, pero no fijaba ninguna manera concreta de conseguirlo. En cuanto a las inversiones, insistía en la necesidad de que se centrasen en la transición ecológica y digital, en el transporte sostenible o en fuentes de energía limpias y eficientes. En definitiva, nada de reforma laboral. Nada de pensiones.



La Comisión Europea, en su último informe sobre la economía española enmarcado en el Semestre Europeo, tampoco puso claramente un cerrojo alrededor de la reforma laboral de 2012. Simplemente recordó que la norma había desempeñado “un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva” y que era clave que “cualquier nueva medida” sólo fuera adoptada “tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores”. Pocas semanas después de la publicación del documento, y a raíz del sonado acuerdo con EH Bildu, se preguntó al portavoz principal del Ejecutivo comunitario por la posición de Bruselas sobre la derogación de la norma. “Depende de los Estados miembros juzgar cuál es la mejor manera de llevar a cabo las reformas necesarias para lograr los objetivos que puedan ser descritos en nuestras recomendaciones del Semestre Europeo”, explicó en rueda de prensa el alemán Enric Mamer.



El freno de emergencia



Holanda quería que para la aprobación de los desembolsos fuera necesaria unanimidad. No consiguió esta capacidad de veto. En el acuerdo se fijó que con una mayoría cualificada era suficiente. Eso sí, La Haya consiguió incluir en el texto un freno de emergencia para paralizar el desembolso de los fondos. En este sentido, el texto establece que una vez abierto el grifo de dinero la Comisión Europea pedirá al Comité Económico y Financiero que evalúe si los Estados están cumpliendo. “[Este] Se esforzará en alcanzar un consenso. Si, excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen serias desviaciones respecto del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, pueden solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita el asunto al próximo Consejo Europeo”, recoge el acuerdo aprobado. Esto puede mantener bloqueado el flujo de fondos, al menos, durante tres meses.



Molina no cree que La Haya vaya a tirar de este mecanismo para tratar de paralizar cualquier intento de reforma laboral o para imponer a España ningún retoque en materia de pensiones. “No se atreverá, sería una declaración de guerra inaudita a otro Estado miembro”, sostiene el politólogo, que considera que este mecanismo está más pensado “para evitar casos de erosiones del Estado de derecho” con países como Polonia o Hungría. “En definitiva, nadie va a criticar retoques justificados de la reforma laboral y ni la condicionalidad o el freno de emergencia impiden esos cambios. Eso sí, también es cierto que a nivel político al Gobierno no le va a resultar sencillo hacer cambios importantes que no gusten a Bruselas cuando está recibiendo importantes sumas de dinero. Por eso, yo creo que lo más conveniente sería que si quiere hacer la reforma, la hiciese con cuidado. O si no, que espere hasta casi el final de la legislatura para llevar a cabo estos cambios”, sentencia el profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma.

ttps://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/22/



Acuerdo histórico en la UE: 750.000 millones contra el covid-19 con 390.000 en transferencias directas




lunes, 20 de julio de 2020

UE .Las ayudas anticrisis


Las ayudas anticrisis de España igualan a las de Francia o EEUU según su PIB pero se quedan a la mitad de Alemania e Italia

Aunque todos los focos estén pendientes estos días del volumen final y las condiciones de las ayudas que la UE apruebe contra la crisis del covid, los Estados ya han venido tomando decisiones de gasto público desde marzo. En relación con el PIB de cada país, las diferencias son notables
Merkel y Conte dedicarán recursos equivalentes al 34% de la riqueza nacional a paliar los efectos de la pandemia y a reactivar la economía; Sánchez, el 14%
Los planes de rescate de los gobiernos son similares: prestaciones para los trabajadores, préstamos, garantías y moratorias fiscales para las empresas

Begoña P. Ramírez


 Fuente : infolibre


Aunque todos los focos estén pendientes estos días del volumen final y las condiciones de las ayudas que la UE apruebe contra la crisis del covid, los Estados ya han venido tomando decisiones de gasto público desde marzo. Y si examinan en relación con la riqueza nacional o Producto Interior Bruto (PIB) anual de cada país, las diferencias son notables.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que los gobiernos de todo el mundo van a destinar nueve billones de dólares –casi ocho billones de euros– a la lucha contra la pandemia del covid-19 y la crisis económica sin precedentes que ha desencadenado. Desde marzo hasta mayo la cifra ha aumentado en un billón, a medida que los países han tenido que tomar nuevas y más costosas decisiones para amortiguar la recesión y defender a ciudadanos y empresas de sus efectos. Esa cantidad se divide casi a partes iguales en ayudas directas y préstamos públicos o inyecciones de liquidez. El catálogo de iniciativas es similar en todos los países, pero las cuantías que cada Estado dedica varían de acuerdo con las disponibilidades financieras nacionales. En cualquier caso, la consecuencia de este diluvio de dinero público va a ser un planeta con una deuda pública de récord: el 342% de su PIB, que asciende a 87.751 billones de dólares según el Banco Mundial. Más que triplicará la riqueza mundial.

De los países ricos es Alemania el que más dinero ha colocado sobre la mesa para combatir los perjuicios económicos del coronavirus. Hasta el 34% del PIB ha dispuesto Angela Merkel tras dinamitar la sagrada regla del schwarze null –déficit cero– y permitir que la deuda pública germana escale hasta el 68,7% de su PIB –en 2019 estaba en el 59,8%–. Para financiar el gasto sanitario extra que ha supuesto la pandemia, Berlín liberó 11.200 millones de euros. Pero también está gastando 131.800 millones de euros más en ayudas a las pymes y los autónomos, a las familias y a los inquilinos en el pago de sus alquileres. El pago de las prestaciones a los trabajadores incluidos en el Kurzarbeit –los ERTE alemanes– va incluido en esa factura, cuyo importe fue aprobado en marzo y ampliado en junio con otros 130.000 millones más. Además, el Ejecutivo de CDU y SPD está aplicando moratorias en el pago de impuestos y ha rebajado hasta diciembre el tipo del IVA del 19% al 16% y el reducido del 7% al 5%.

Tampoco ha tenido problemas el Ejecutivo de Merkel en acudir en socorro de las mayores empresas alemanas. El paquete de rescate de Lufthansa asciende a 9.000 millones de euros, lo que puede significar que el Estado alemán se convierta en accionista de la aerolínea de cabecera, con una participación del 20% en su capital. El dinero saldrá de dos fuentes, que constituyen la parte del león del bazuca germano: el Fondo de Estabilización Económica (WSF) y la ampliación de los programas del banco estatal Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), la entidad que financió la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial y la economía de Alemania del Este tras la reunificación. Los fondos del WSF ascienden a un total de 600.000 millones de euros, de los cuales 400.000 millones son garantías estatales para empresas, 100.000 millones para comprar acciones de compañías especialmente perjudicadas y el resto para el banco KfW. Esta entidad pública, además, ha ampliado sus programas en 362.000 millones de euros.

De ahí han salido las ayudas millonarias con que el Gobierno de Berlín ha rescatado también a otras empresas insignia como Adidas –3.000 millones en créditos–, el operador turístico TUI –2.000 millones–, Puma –900 millones–, Mediamarkt –1.700 millones–, Thyssengrupp –1.000 millones– o la firma de alquiler de coches Sixt –1.500 millones–. Para ayudar a las grandes marcas de automoción, ha ofrecido un plan de incentivos de 6.000 euros para la compra de vehículos eléctricos con un precio inferior a 40.000 euros. Finalmente, los estados federados –Länder– han aportado otros 63.000 millones de euros adicionales para sus propios planes de ayuda.

Italia echa el resto

Pese a tener una de las cifras de deuda pública más altas del mundo, el 134,8% de su PIB –la segunda de la Unión Europea sólo superada por Grecia–, Italia será el segundo país europeo que más recursos destinará a luchar contra la pandemia económica. También ha sido de las naciones más golpeadas por el coronavirus. Los fondos equivalen a un 33,6% de su riqueza. Y se traducirán en una deuda pública de récord que alcanzará el 166% del PIB este año. Para medidas sanitarias ha apartado 3.200 millones de euros y para prestaciones de trabajadores y autónomos, 16.700 millones más. También ha aprobado moratorias en el pago de facturas, alquileres, impuestos y cotizaciones sociales para pymes, que igualmente podrán acceder 60.000 millones de euros en garantías y a 70.000 millones en créditos con periodo de carencia para su devolución. Para financiar a las empresas medianas y grandes hasta en un 90% de la cantidad que pidan prestada y para asegurar las exportaciones, el Estado ha otorgado garantías al banco de desarrollo público –Cassa Deposit e Prestiti– por valor de 500 millones de euros adicionales.

Las ayudas incluyen además bonos de 500 euros para que las familias con ingresos inferiores a 40.000 euros anuales gasten en hoteles, 1.400 millones de euros para contratar investigadores, 1.150 millones para la agricultura, o el reparto entre los ayuntamientos de 400 millones de euros para que ciudadanos sin recursos compren bienes de primera necesidad.

Además, el Gobierno de Giuseppe Conte aprobó un paquete de ayudas de 600 millones de euros para Alitalia, que lleva en concurso de acreedores desde 2017 y sin encontrar un comprador. A cambio, ha asumido el control del 100% de la aerolínea.

Johnson se apunta al New Deal

Reino Unido roza el 19% de su PIB en paquetes de rescate. El primer ministro conservador, Boris Johnson, ha olvidado la herencia thatcheriana e incluso se ha atrevido a anunciar un New Deal a la británica. Un total de 5.000 millones de libras –5.530 millones de euros– en infraestructuras. “Para unir e igualar [las distintas regiones del país], construiremos, construiremos, construiremos, mejor, más verde y más rápidamente”, proclamó en un discurso el pasado 30 de junio. “No soy comunista”, se sintió obligado a confesar también, tras reconocer que ese plan supone una enorme intervención gubernamental en la economía.

Pero ya antes de ese paquete, el Reino Unido había comprometido 5.000 millones en financiación adicional para su sistema público de salud (NHS) y la supresión del IVA y tasas en las importaciones de equipamientos médicos. El Gobierno también aprobó 60.000 millones de libras para pagar las prestaciones de los trabajadores en ERTE y las cotizaciones sociales de sus empresas, así como prestaciones para los autónomos y subvenciones directas a pymes en los sectores más perjudicados. El importe incluye 7.000 millones de libras para los ciudadanos con menos recursos y ayudas a los inquilinos. Además, se han concedido moratorias en el abono del IBI a las empresas de hostelería, en el pago del IRPF y el IVA para los autónomos y facilidades para reestructurar su deuda tanto a empresas como a particulares.

Los esquemas de créditos públicos británicos se elevan a 330.000 millones de libras –365.000 millones de euros– y comprenden acceso a préstamos de hasta cinco millones de libras para pymes, garantizados por el Estado hasta en un 80% y cuyos intereses asumirá el banco estatal British Business Bank durante el primer año, así como la compra de deuda a corto plazo de grandes empresas por parte del Banco de Inglaterra. De ahí han salido igualmente los 1.800 millones de libras en préstamos garantizados que han recibido IAG, Ryanair, Easyjet y Wizz Air. Otras empresas amparadas por el mismo plan son Nissan, BASF o el club de fútbol Tottenham.

15.000 millones para Airbus y KLM

Francia llegará hasta el 14,6% de su PIB para rescatar la economía de las garras del coronavirus. En medidas de refuerzo de la sanidad se ha gastado 5.500 millones de euros. Y en pagar prestaciones de trabajadores en ERTE y de los autónomos, así como en apoyo financiero directo para pymes ha comprometido 11.000 millones. Las moratorias de pagos de cotizaciones sociales e impuestos, además de alquileres y facturas de suministros concedidas a las empresas tendrán un impacto en las arcas públicas francesas de 48.500 millones de euros.

El plan de garantías estatales para que las empresas consigan préstamos de los bancos asciende a 300.000 millones de euros. Como en otros países, Francia ha preparado un programa específico para el turismo, con 18.000 millones de euros, así como otro para el automóvil, con 8.000 millones más, que incluye ayudas a la compra de coches eléctricos o híbridos. Y un tercero para el aeronáutico, 15.000 millones, que beneficiará tanto al constructor Airbus como a la aerolínea KLM. Esta última, propiedad del Estado francés y del holandés, en un 14% cada uno, ha recibido ya 10.000 millones de euros de ambos gobiernos –7.000 millones del galo, en forma de préstamos garantizados y directos–. A las compañías tecnológicas se les ha concedido un programa de 1.200 millones de euros, con el que pretende protegerlas de posibles compradores extranjeros.

Casi tres billones de dólares

Estados Unidos está destinando una parte menor de su PIB a la lucha contra los efectos económicos de la pandemia, un 11,1%. Pero sus números son apabullantes. Un total de 1.395 millones de dólares –1.232 millones de euros– ha aprobado el Congreso en dos leyes para poner en marcha medidas sanitarias inmediatas –8.300 millones de dólares– y ayudas a hospitales –100.000 millones–, centros comunitarios –1.320 millones–, el desarrollo de una vacuna –27.000 millones más– y para el Centro de Control de Enfermedades –4.300 millones–. La cifra incluye también otros 83.300 millones para pagar las bajas por enfermedad de los infectados por coronavirus y las pruebas para detectarlo. A fin de sufragar el subsidio de paro se han destinado 250.000 millones de dólares, 45.000 millones para ayudas alimenticias o 30.000 millones para colegios.

La ayuda de 1.200 dólares mensuales para quienes cobren menos de 75.000 dólares al año ha costado 250.000 millones más, y 50.000 millones la exención de cotizaciones sociales de los trabajadores. Además, se ha retrasado a 2021 y 2022 el pago para las empresas de las cotizaciones sociales por sus plantillas.

Washington ha destinado 349.000 millones de euros a préstamos para pymes y 56.000 millones más para empresas de los sectores más afectados, como aerolíneas. Un paquete adicional de 454.000 millones de dólares permitirá a la Reserva Federal (Fed) comprar obligaciones de empresas en los mercados. Una de ellas es Boeing: la Fed ha adquirido 25.000 millones de deuda emitida por el constructor aeronáutico, una manera de garantizar su liquidez mientras despide a 16.000 trabajadores tras perder 1.700 millones en el primer trimestre del año.

Todas estas medidas fueron aprobadas en marzo. Un mes más tarde, el Congreso dio luz verde a un segundo programa de ayuda, por importe de 484.000 millones más. En total, y pese a que en relación con su PIB el tamaño relativo del rescate parezca inferior al de otros países, Donald Trump suma casi 2,8 billones de dólares en ayudas públicas, una cifra inalcanzable para cualquier otra economía nacional. Hay que recordar que el desempleo en Estados Unidos llegó a superar los 40 millones de personas en mayo y que los 349.000 millones dirigidos a prestar financiación a las pymes se agotaron en sólo 13 días.

España, un 14% del PIB

En marzo, España destinó a combatir la pandemia económica un porcentaje equivalente al de Estados Unidos, un 11% de su PIB, que aumentó en 51.000 millones de euros más con el paquete de medidas aprobado semanas más tarde por el Consejo de Ministros. Un 14% del PIB, a la altura de Francia, por tanto.

En el detalle, España aprobó un aumento de 3.900 millones de euros para sufragar el gasto sanitario extra ocasionado por la pandemia. El coste de las prestaciones de desempleo pagadas a los trabajadores en ERTE equivale a una factura mensual de 5.500 millones de euros, según las cifras facilitadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y de 11.000 millones más por las cotizaciones descontadas a los empresarios que han acudido a los ERTE de fuerza mayor, de acuerdo con los cálculos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para los meses de marzo a septiembre. También se ha creado un subsidio especial para las empleadas domésticas que se quedaron sin trabajo por culpa de la pandemia y el confinamiento, cuyo coste se prevé que alcance los 3,15 millones de euros. Los trabajadores con contrato temporal que se quedaran en el paro también acceden ahora a la prestación por desempleo aunque no hayan cotizado el tiempo suficiente. La prestación para los autónomos afectados por la crisis ya ha supuesto un desembolso superior a los 2.500 millones.

Las moratorias de pagos de impuestos –IRPF, IVA y sociedades– tanto a los autónomos como a las pymes durante seis meses tendrán además un impacto de 14.000 millones en las arcas públicas, según los cálculos del Gobierno.

A la línea de crédito del ICO aprobada en marzo por importe de 100.000 millones, integrada por garantías y orientada a facilitar la liquidez de las empresas, se le añade ahora una segunda, por 40.000 millones más, dirigida a financiar inversiones productivas.

Además, se ha creado un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestionará la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Son 10.000 millones de euros para “empresas estratégicas solventes”. A cambio de recibir préstamos participativos, vender deuda subordinada o acciones, las empresas tendrán que ingresar sus dividendos, intereses y plusvalías en el Tesoro Público. Además, quedarán eximidas de pagar impuestos estatales, autonómicos y locales. Una de esas empresas estratégicas será Iberia, que ya ha percibido 750 millones de euros en créditos del ICO. A Vueling, perteneciente como Iberia al holding IAG, se le han concedido 260 millones, a Air Europa –cuya fusión con Iberia está en ciernes– 140 millones más, mientras que Air Nostrum ha conseguido 130 millones y Volotea otros 100.

Para ayudar al sector del automóvil, el nuevo plan Renove –ayudas a la compra de vehículos desde 300 hasta 4.000 euros– está dotado con 250 millones de euros.

Las empresas turísticas se beneficiarán desde ahora de una moratoria de un año en el pago de hipotecas por los locales, además de una línea de créditos de 216 millones de euros para inversiones en transformación digital.

Finalmente, las empresas exportadoras podrán solicitar hasta 2.000 millones de euros en garantías públicas.



domingo, 19 de julio de 2020

UE: La guerra de clases del COVID .


UE: La guerra de clases del COVID


Yanis Varoufakis  


Por mucho tiempo se ha descrito la crisis del euro que estalló hace una década como un choque entre el norte frugal y el sur derrochador del continente. En realidad, fue en esencia una cruda guerra de clases que dejó a Europa, incluidos sus capitalistas, muy debilitada frente a los Estados Unidos y China. Peor todavía, la respuesta de la Unión Europea a la pandemia, incluido el fondo de recuperación de la UE que se está debatiendo, no hará más que intensificarla y asestar otro golpe al modelo socioeconómico europeo.

Si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que no tiene sentido centrarse aisladamente en la economía de un país determinado. Hubo un tiempo en que el dinero fluía entre países principalmente para financiar el comercio y la mayor parte del consumo beneficiaba a los productores locales, condiciones en las cuales se podían evaluar las fortalezas y debilidades de una economía nacional. Pero ya no es el caso. Hoy las debilidades de, por ejemplo, China y Alemania están entrelazadas con las de países como los Estados Unidos y Grecia.

La liberalización de las finanzas a principios de la década de los 80, tras la eliminación de los controles de capitales que seguían en pie en el sistema de Bretton Woods, posibilitó la generación de inmensos desequilibrios comerciales financiados por ríos de dinero creado por el sector privado mediante ingeniería financiera. La hegemonía de Estados Unidos creció a medida que pasaba de tener un superávit comercial a un enorme déficit. Sus importaciones mantienen la demanda global y se financian por el flujo de las utilidades extranjeras que se transan en Wall Street.

El banco central de facto del mundo, la Reserva Federal estadounidense, administra este extraño proceso de reciclaje. Y mantener una creación así de notable –un sistema global en permanente desequilibrio- precisa de la constante intensificación de la guerra de clases tanto en los países deficitarios como en los que cuentan con superávit.

Todos los países deficitarios se parecen en un aspecto importante: ya sean poderosos como Estados Unidos o débiles como Grecia, parecen condenados a generar burbujas de deuda mientras sus trabajadores contemplan impotentes cómo las áreas industriales se convierten en zonas oxidadas de fábricas en decadencia. Cuando las burbujas estallan, los trabajadores en el Medio Oeste o el Peloponeso quedan encadenados a sus deudas y sufren una brusca caída en sus niveles de vida.

Si bien los países con superávit también se caracterizan por una guerra de clases contra los trabajadores, difieren entre sí de manera importante. Por ejemplo, China y Alemania. Ambos presentan grandes superávits comerciales con Estados Unidos y el resto de Europa. Ambos limitan el ingreso y la riqueza de sus trabajadores. La principal diferencia entre ellos es que China mantiene enormes niveles de inversión a través de una burbuja crediticia interna, mientras que las corporaciones alemanas invierten mucho menos y dependen de burbujas crediticias en el resto de la eurozona.

La crisis del euro nunca fue un choque entre los alemanes y los griegos (simplificación del supuesto y mítico choque entre norte y sur). En lugar de ello, se originó en una intensificación de la guerra de clases al interior de Alemania y Grecia a manos de una oligarquía sin fronteras que vive de los flujos financieros.

Por ejemplo, cuando el estado griego entró en bancarrota en 2010, la austeridad impuesta a la mayoría de los griegos hizo maravillas para restringir la inversión en el país. Pero hizo lo mismo en Alemania, al refrenar indirectamente los salarios alemanes en momentos en que la emisión de dinero del Banco Central Europeo hacía que se dispararan los precios de las acciones (y los bonos de los directores germanos).

Se supone que la guerra de clases es más brutal en China y Estados Unidos que en Europa. Pero la falta de unión política de Europa hace que esta bordee el sinsentido, incluso desde la perspectiva de los capitalistas.

No es difícil encontrar evidencias de cómo los capitalistas alemanes derrocharon la riqueza extraída a las clases trabajadoras de la UE. La crisis del euro provocó una masiva devaluación de un 7% de los superávits que el sector privado alemán había acumulado desde 1999, ya que los dueños del capital no tuvieron más alternativa que prestar estos billones a extranjeros cuyos problemas subsiguientes llevaron a sufrir grandes pérdidas.

Este no es un problema alemán solamente, sino uno que afecta a otros países con superávits de la UE. El periódico alemán Handelsblatt reveló hace poco un notable revés. Mientras que en 2007 las corporaciones de la UE ganaron cerca de €100 mil millones ($113 mil millones) más que sus contrapartes estadounidenses, en 2019 la situación se había revertido.

Más aún, se trata de una tendencia en aceleración. En 2019, las ganancias corporativas se elevaron un 50% más rápido en EE.UU. que en Europa, y se espera que la recesión causada por la pandemia las afecte menos, con una pérdida de 20% en 2020 comparada con un 33% en Europa.

El núcleo del enigma europeo es que, si bien es una economía con superávits, su fragmentación asegura que las pérdidas de ingreso de los trabajadores alemanes y griegos ni siquiera se conviertan en utilidades sostenibles para los capitalistas europeos. En pocas palabras, tras la narrativa de la frugalidad del norte acecha el fantasma de una explotación inútil.

Los reportes de que el COVID-19 hizo que la UE elevara sus apuestas son muy exagerados. La lenta muerte de la mutualización de la deuda europea garantiza que al gigantesco aumento de los déficits fiscales nacionales le siga una austeridad de proporciones equivalentes en cada país. En otras palabras, aumentará la intensidad de la guerra de clases que ya ha socavado los ingresos de las mayorías. “Pero ¿qué hay del fondo de recuperación de €750 mil millones que se ha propuesto?”, se podría preguntar. “¿No es un paso adelante el acuerdo de emitir deuda en común?

Sí y no. Los instrumentos de deuda en común son una condición necesaria pero no suficiente para aliviar la guerra de clases intensificada. Para desempeñar un papel progresista, la deuda en común debe financiar a los hogares y las empresas más débiles en toda el área económica común: tanto en Alemania como en Grecia. Y debe hacerlo automáticamente, sin depender de la buena disposición de los oligarcas locales. Debe funcionar como un mecanismo de reciclaje automático que traspase superávits a aquellos en déficit dentro de cada ciudad, región y estado. Por ejemplo, en los EE.UU. las estampillas de alimentos y los pagos de seguridad social apoyan a los más vulnerables en California y Missouri, al tiempo que reasignan recursos netos de un estado al otro sin la intromisión de los gobernadores estatales o los burócratas locales.

En contraste, la asignación fija del fondo de recuperación de la UE a los estados miembros hará que se enfrenten entre sí, ya que la cantidad fija de dinero que se dé a Italia o Grecia se presenta a la clase trabajadora alemana como un impuesto. Más todavía, la idea es transferir los fondos a los gobiernos nacionales, lo que en la práctica equivale a confiar su distribución a la oligarquía local.

Fortalecer la solidaridad de los oligarcas de Europa no es una buena estrategia para empoderar a las mayorías del continente. Muy por el contrario. Cualquier “recuperación” que se logre con esa fórmula defraudará a los europeos y lanzará a la mayoría a un sufrimiento mayor.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen



Yanis Varoufakis  Co-fundador del Movimiento por la Democracia en Europa (DIEM25), Yanis Varoufakis es diputado y portavoz de este grupo en el Parlamento griego y profesor de economía de la Universidad de Atenas. Ex-ministro del Gobierno de Syriza, del que dimitió por su oposición al Tercer Memorándum UE-Grecia. Es autor, entre otros, de El Minotauro Global.
Fuente:
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-economic-recovery-class-war-by-yanis-varoufakis-2020-06/spanish
 Fuente en castellano  https://www.sinpermiso.info/textos/ue-la-guerra-de-clases-del-covid

La pandemia, blindaje para Feijóo

La pandemia, blindaje para Feijóo


El sondeo del CIS para el 5 de abril muestra que el virus disparó la popularidad de la Xunta y hundió a PSOE y Comunes

En febrero un 27,5% de los gallegos creía que la gestión de la Xunta era buena o muy buena, porcentaje que en junio, tras el impacto mucho menor que la pandemia tuvo en Galicia, escaló al 41,5%. Cuando se desconvocaron las elecciones gallegas y vascas del 5 de abril, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ya había elaborado sus encuestas, que no se publicaron hasta el pasado martes.

En Galicia la comparación con el sondeo del 12-J revela que los efectos del virus dispararon la valoración de la labor de Alberto Núñez Feijóo e impulsaron a la nacionalista Ana Pontón como la referente de la oposición, mientras hundían las opciones de los partidos del Gobierno, PSOE y Galicia en Común, la marca de Podemos.


Galicia ha vuelto a 1997, pues el resultado que salió de las urnas el pasado domingo es exactamente el de la noche electoral de hace 23 años, con 41 escaños para el PP, 19 para el BNG y 15 para el PSOE. Después, en el escrutinio del voto exterior, los populares le arrebataron un diputado al Bloque. Ahora, ante el recuento de mañana, los de Feijóo se hallan en condiciones de quitarle uno al PSOE, en Pontevedra, donde les faltan 45 votos para obtenerlo. Con una diferencia tan pequeña y muy pocos sufragios del exterior, será crucial la revisión de las actas de las mesas de dentro de Galicia

https://www.lavanguardia.com/politica/20200719/482384133142/nunez-feijoo-galicia-xunta-coronavirus.html


Nota del blog  .  Recordemos que en las últimas elecciones generales  PP y PSOE estaban casi empatados  en Galicia  y en un análisis anterior  del blog  ya se había apuntado esto como clave. El control  de los medios de comunicación  que reflejaba las campañas del PP nacional contra el gobierno él lo  utilizaba  con formas  más templadas  de gestor austero..  patrimonizando  Galicia . Y diciendo que Galicia tenía  la mejor sanidad de España , porque los brotes en Galicia eran   menores , en  parte por su aislamiento . y no tener por ejemplo aeropuertos internacionales

sábado, 18 de julio de 2020

¿Qué pasa con la sanidad catalana y Ferrovial?


Ferrovial sigue recibiendo prebendas de la Generalitat a pesar de su implicación como sobornante en el ‘caso Palau’
  
Kaos. Estado Español  .Publicado el Jun 7, 2020

La empresa de los Del Pino sigue haciendo pingües negocios con numerosos servicios públicos catalanes. A pesar de su implicación como empresa sobornante en el ‘caso Palau’, Ferrovial acaba de recibir el rastreo del Covid-19 en Cataluña, la externalización del 061 y sigue manteniendo la sede el SEM, entre  otros muchos servicios públicos que siguen siendo fuente de beneficios privados.



¿Qué pasa con la sanidad catalana y Ferrovial? El personal de Emergencias de Cataluña (SEM) y del resto del sistema púbico está con la mosca tras la oreja por la externalización del rastreo de los contactos de personas contagiadas con el virus SARS-CoV-2 a la empresa salpicada por el caso Palau. La plantilla alerta de que la cotizada ha ganado la licitación de 17,7 millones sin concurso y por la vía de urgencia cuando ya retiene la gestión del teléfono 061 por medio de prórrogas. También tiene el mantenimiento de la sede del SEM y trató de meterse en el mantenimiento de Bellvitge y Vall d’Hebron, el mayor hospital de Cataluña.

Preguntado por sus contratos públicos logrados durante el estado de alarma, Ferrovial se ha remitido a los portales de Transparencia de la Generalitat de Cataluña. El caso es que el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), acaba de externalizar el sistema de contact tracing de casos de Covid-19 en Cataluña a Ferroser, filial de Ferrovial, tal y como avanzó El Confidencial. Lo ha hecho sin concurso, por la vía de urgencia –prevista por la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) en caso de estado de alarma– y por un valor de 17,7 millones de euros. Los sindicatos del SEM afean la «discreción extrema» y la «opacidad» de la gerencia con el encargo.

Se da la circunstancia de que el ingeniero Roger Junqueras, hermano de Oriol Junqueras, es alto cargo del grupo Ferrovial como responsable de la unión temporal de empresas (UTE) Pedalem Barcelona, que tiene la gestión pública del servicio de bicicletas Bicing en Barcelona.



Otros negocios de Ferrovial con la Salud pública catalana

Antes de hacerse con el contrato del contact tracing del Covid-19 en Cataluña, la firma ya ganó el servicio de teleoperación del 061, un dial que es la puerta de entrada al sistema sanitario catalán. Lo hizo en 2014, año en el que desplazó a Qualytel Services, Atento Teleservicios España –que había gestionado la línea desde 2011– y Konecta BTO. EWl grupo renovó la concesión en 2017 y en 2018. En el ínterin, el consejero de Salud en el exilio, Toni Comín le cedió parte de las urgencias.

No todo el mundo ha visto bien estas prórrogas. Los sindicatos han denunciado a la empresa en Inspección de Trabajo en más de 14 ocasiones. Alertan de precariedad laboral y del hecho de que no podían «ni levantarse para ir al baño» durante su jornada. Admitiendo parte de las reclamaciones de la plantilla, el exgerente del SEM, Joan Sala, reconoció en 2017 «fraude en la contratación» por parte de Ferrovial. Ello, dijo, había obligado a castigar al contratista. El mismo año, Ferrovial perdió el 50% de los teléfonos de emergencias en Cataluña, al ceder el 112, con sede en el Centro de Coordinación (CeCos) de Reus (Tarragona).
Ferrovial, compañía salpicada por el caso Palau, cuya sentencia ratificada por el Tribunal Supremo ha confirmado las mordidas de CDC en obra pública para financiarse vía el coliseo cultural, también hace negocio con otros servicios públicos. En febrero de este año firmó el acuerdo de mantenimiento de la sede del SEM en L’Hospitalet de Llobregat. También en febrero, Ferrovial se hizo con uno de los lotes del mantenimiento de ambulatorios del Instituto Catalán de Salud (ICS).





 y ver  



 y ver  https://www.eldiario.es/catalunya/politica/fiscalia-palau-supremo-directivos-ferrovial_1_2838962.html

 Nota del blog .- ¿ Nos acordamos de cuando votaban NO al estado de alarma? . Y que ellos solos lo resolvían mejor...https://www.lavanguardia.com/opinion/20200718/482350615217/enfadados-y-asustados-asi-estamos.html

jueves, 16 de julio de 2020

El periodismo banal .

El Periodismo Gillette

Pura cháchara

El Periodismo Gillette condena a esos colegas que llaman activistas porque muestran ‘una ideología’. Así postulan que lo que ellos despliegan no es ideología
Martín Caparrós (Cháchara) 
Hace unos días me fui del New York Times. Hoy empiezo a publicar en este espacio propio, chiquito, modesto, donde nadie me va a decir qué puedo escribir y qué no. Me parece que no hay nada más valioso –y, a veces, más difícil.

       Estamos, como siempre, en un momento raro. Más allá de la confusión momentánea del virus, los diarios tradicionales, ya digitalizados, siguen buscando sus maneras. La mayoría cae presa de la lógica del rating: una nota importa menos por lo que ve que por cuántos la miran. Muchos medios se someten a esa dictadura del número, donde los que definen qué vale la pena publicar son los miles o millones que cliquean o no sobre un título más o menos engañoso: el Periodismo Clic. Por algo la palabra clic significó, durante siglos, la comitiva de lameculos que festejaban todas las ocurrencias de algún jefe –y ese sentido sigue vivo en la clica centroamericana, otro nombre de la banda mara.


       Aquí, para lamer consumidores y anunciantes, las notas se vuelven cada vez más banales, cada vez más amarillas, cada vez más necesitadas de cariño; no pensadas para contar lo que creemos que debe ser contado sino la cantidad de lectores que las miran. Para lo cual abundan las preguntas en lugar de títulos, los títulos falaces, el chisme irrelevante, la sangre pegajosa: como si sus autores, que ahora llaman editores, asumieran que sus lectores son idiotas y que solo se interesarán por materiales ídem.

       Por eso hemos dicho, tantas veces, que importa escribir contra el público –o, por lo menos, contra esa idea desdeñosa del público que se hacen muchos editores. Porque esa idea es eficaz: crea lo que imagina. Cuanta más mierda se les dé a las moscas, más querrán las moscas comer mierda –digo, para mostrar que no he olvidado mi francés. Más se acostumbrarán, más la pedirán: mejor, entonces, podrán cagarlos los que siempre lo han hecho.

       Y que si alguna vez se dijo que hacer periodismo es contar lo que alguien no quiere que se sepa, ahora se puede suponer que hacer periodismo es contar lo que muchos no quieren saber. Escribir a favor del público, pero un público utópico, entendido como una legión de inteligencias exigentes, movilizadas. A favor de un público que quizá no exista, pero que solo puede llegar a existir si creemos que sí –y trabajamos para él.

Muchos medios, muchos editores se debaten en este problema: ¿hacerlo bien o ganar plata? Y algunos de los más serios, de los mejor intencionados caen, creo, en una trampa para bisontes. Se ha difundido por el mundo –y, mucho, por Latinoamérica– cierto modelo de periodismo americano. Cada vez me apena más la influencia que alcanzó en nuestros países ese periodismo atildado, pasteurizado, tan seguro, tan satisfecho de sí mismo, tan bien afeitado que podríamos llamarlo Periodismo Gillette. Es ese periodismo que llega con ínfulas de superioridad moral porque les preguntan las cosas a dos o tres personas y balancean lo que dicen las unas y las otras y usan mucho la palabra fuente y, en general, escriben como si se aburrieran. Disculpe, señora Rosenberg, ¿usted qué opina del señor Hitler? Perdone, señor Hitler, ¿usted qué piensa de la señora Rosenberg?

       Es un periodismo paranoico, donde los medios más copetudos ya no confían en los periodistas que contratan y les hacen fuck-checking, la famosa verificación de datos. Durante siglos se supuso que los periodistas trabajaban de conseguir información correcta; ahora sus jefes no lo creen –no les creen– y ponen a alguien a controlarlos. Se quejan de que no tienen dinero, echan gente con ganas pero se gastan lo que dicen que no tienen en seguridad: en paranoia. Es, con perdón de las camareras de los hoteles, lo mismo que hacen algunas cadenas cuando las obligan a limpiar de a dos cada habitación, para garantizar que cada una, al estar sola, no se tiente y robe. La práctica paranoica es coherente con este mundo de hipercontrol construido a partir de los miedos. Sería lógico que el ejemplo del periodismo se difundiera: que, por ejemplo, en cirugía se impusiera el cut-checking, donde un colega más bisoño vuelve a abrir al paciente para ver si el primero no se olvidó una gasa sucia o un pedacito de tumor.

       Es, está claro, un periodismo elaborado en los Estados Unidos para ciertas características del pensamiento americano, con perdón del oxímoron. Un periodismo –¿un pensamiento?– que busca, básicamente, la verdad, porque cree que existe una verdad, porque viene de un país que cree en la verdad porque usa unos billetes que dicen que In God we trust, y quien confía en Dios se cree que existe la verdad: Una Verdad. Es la base de la conducta religiosa, contra los incrédulos que pensamos que no existe la verdad sino miradas, diversidad, conflicto. Que la verdad se aplica a hechos tan banales como dónde estaba usted ayer a las ocho menos cuarto –aquí o allá, no en tres lugares– o que si dijo digo no dijo diego, pero nunca a las cuestiones realmente complejas, las que importan, donde lo que hay, siempre, son relatos, visiones.
 (O se aplica, en su defecto, a las cuestiones definidas por la ley: si hay una ley que dice que no se puede conducir a más de 100 por hora, conducir a 104 contraviene esa ley. Si otra ley dice que las naranjas de una frutería son propiedad del dueño de la frutería, llevarse una naranja contraviene esa ley. Si otra dice que un funcionario público no debe obtener beneficios económicos de su puesto más allá de su sueldo, obtenerlos contraviene esa otra. Por lo cual el Periodismo Gillette se siente muy cómodo en ese terreno bien señalizado de la corrupción: hay una verdad visible, está muy claro cuándo algo es malo y cuándo no. En cambio, cuando ese mismo ministro decide gastar legítimamente la plata del Estado en una autopista en lugar de un hospital –tomar una decisión, hacer política–, ya no hay verdad; todo se vuelve cuestión de opiniones, de visiones del mundo: todo se complica.

       Es la causa principal de esa tendencia a presentar la política como un relato policial: quién roba, quién no roba, quién es el culpable. La información poli-poli se ha asentado porque permite juzgar sin pensar: ciñéndose a las leyes que todos decimos aceptar. Allí el Periodismo Gillette hace su agosto, y es una mirada que sí comparte con el resto de la sociedad: lo que alguna vez llamamos honestismo.)
 Las escuelas de periodismo ofrecen el Periodismo Gillette como la forma canónica de hacerlo, igual que las escuelas de economía enseñan a sacar plusvalía y las de derecho a usar la ley en beneficio de los dueños. El P.G. sirve, antes que nada, para definir lo que es noticia: lo que pasa en el poder –político, más que nada, no vaya a ser– y sus alrededores. El P.G. decidió hace unas décadas que debía dedicarse a “fiscalizar el poder”, y se empeña en formar parte de él para vigilar sus errores y excesos. Honestista a fondo, se jacta sobre todo cuando consigue cargarse a un funcionario –sus gunners se van marcando ministros en las cachas– porque cree que esa es la mejor manera de purificar el sistema y conseguir que siga funcionando, pero se presenta como neutro: evita preguntarse si su trabajo no sirve, sobre todo, para mantener este sistema funcionando, y qué es este sistema, cómo y a quiénes beneficia, cómo y a quiénes condena.

       Gracias a esa política de mantenimiento del poder constituido, el Periodismo Gillette funciona en diálogo permanente con los demás poderes constituidos, los gobiernos que le cuentan sus cositas, los políticos que le entregan a sus compañeros en desgracia, los empresarios que le compran sus buenas voluntades, los riquísimos que –incluso– lo subvencionan para lavar sus conciencias y, sobre todo, para ayudar a que ese sistema que los hizo riquísimos no se desmorone.

       Sus medios y sus periodistas, mientras tanto, condenan a esos colegas que llaman activistas porque muestran “una ideología”. Así postulan que lo que ellos despliegan no es ideología: defender la economía de mercado y la propiedad privada y la delegación del poder no lo es; eso es pelear por la verdad, la libertad, la democracia, todo eso que no se puede cuestionar.

 Pero, mientras tanto, el Periodismo Gillette y el Periodismo Clic –¿quién no oyó hacer clic a una gillette?–, ambos dos, están perdiendo el monopolio. Hasta hace unos años quien quisiera difundir una noticia, una opinión, dependía de ellos: ellos tenían el papel, las imprentas, los circuitos de distribución, la plata; sin ellos no había forma de circular palabra escrita. Ya no: ahora el intermediario diario no es indispensable. Puede seguir funcionando como garantía de cierto cuidado: si Juan Pepe publica sus palabras por ahí sueltas muchos podrían no creerle; en cambio, si Juan Pepe las publica en tal o cual medio, entonces sí. Pero para un periodista con algún recorrido esa legitimación no es indispensable; los medios, ahora, en general, se necesitan como gerencia de recursos: oficinas que recauden el dinero necesario para trabajar, para vivir de ellos. Nada que no se pueda reemplazar con cierto esfuerzo.

       Así que muchos medios se preocupan. Están en crisis y, como mantienen algún poder de difusión, nos quieren convencer de que su crisis es la crisis del periodismo. Nada más falaz: en muchos lugares, de muchas formas, se está haciendo muy buen periodismo; a menudo, no se publica en los grandes periódicos. Yo acabo de salir de uno porque no quería seguir haciendo lo que tuve que hacer demasiadas veces en mi vida: pelearme con editores que ejercían su pequeño poder para tratar de mantenerme dentro de sus estrechísimos esquemas. Siempre me interesó, dentro de mis estrechísimas posibilidades, romper esos esquemas, buscar formas.

       Así que ahora volveré a hacer algo que los periodistas sudacas conocemos bien: trabajar por nuestra cuenta y riesgo, invertir horas y esfuerzos en hacer lo que nos interesa más allá de que, en principio, no haya quien lo pague. Digo: trabajando en otras cosas para poder trabajar en las cosas que nos importan. Así trabajé tantos años; así se hace, todavía, mucho del mejor periodismo.

       Ahora, entonces, quiero armarme un lugar donde no tenga excusas: donde pueda pensar y publicar lo que quiera, donde pueda acompañar y jalear esa búsqueda, aprender, participar. Cháchara, entonces, ahora: medio medio, un cuarto propio. Aquí publicaré/subiré, de ahora en más, lo que se me cante. Una columna, una crónica, un poema en arameo –ojalá un poema en arameo–, fotos propias y ajenas, un comentario breve, los dibujitos de un amigo, los desastres de Messi, un video si me atrevo, lo que pueda. Supongo que lo haré por lo menos una vez por semana; a veces será más. Y, cuando lea o vea por ahí cosas que me interesen, también lo registraré en la columna del costado, por si les interesa a otros. Y a veces, ojalá, invitaré a algún amigo.

       Esta es su casa de usted, como dicen los mejicanos, porque es mi casa de mí: un lugar para andar a sus anchas, a nuestras anchas. Así que aquí nos veremos, espero, sin regularidad, sin garantías: cháchara, pura cháchara. Por alguna razón, la palabra cháchara se usa mucho unida a la palabra pura; es otro infundio que, de ahora en más, voy a tratar de desmentir.

----------------------------
...............................