domingo, 5 de abril de 2020

¿ Nuestra Constitución es comunista?

¿Se habrá infiltrado Pablo Iglesias en los gobiernos de Francia y Alemania?

Juan Torres López




Hace unos días, el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias hizo referencia en un mensaje de Twitter al artículo 128 de la Constitución Española que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Lo hizo para subrayar que, en estos momentos de emergencia sanitaria, "cobra sentido la noción patriótica de la primacía del interés general del país", un principio constitucional que lógicamente puede llevar a que puntualmente se disponga que alguna propiedad privada quede al servicio del bien común.
Enseguida, los medios de comunicación y los dirigentes y economistas de derechas arremetieron contra Pablo Iglesias, una vez más, con la desmesura y crueldad con que suelen referirse a lo que hagan o digan los líderes de Podemos. Por esa declaración han acusado al vicepresidente de "querer imponer su ideología comunista y de amenazar a la propiedad privada" o de tener intenciones incluso más radicales y tremendas. Libertad Digital decía en un gran titular: "El pánico se desata: Iglesias instaura un régimen comunista". Esdiario se refería al mensaje del líder de Podemos diciendo que el "tuit chavista de Pablo Iglesias aterroriza a todo el mundo con ahorros". El diario El Economista aseguraba, también a toda plana, que "Iglesias quiere nacionalizaciones y socializar ahorros como Venezuela". El economista José Carlos Díez dejó de ser economista observador, como le gusta definirse a sí mismo, para convertirse en psicólogo: "España tiene un vicepresidente del Gobierno comunista obsesionado con expropiar empresas". Y el máximo líder del PP, Pablo Casado, se sumaba al clamor general, como no podía ser menos, asegurando que el vicepresidente "amenaza con expropiar la propiedad privada" o que quiere "nacionalizar la economía como en Venezuela". Otros líderes o medios le han pedido la dimisión por "amenazar" con la aplicación de ese principio constitucional.
Los juicios tan dramáticos y extremistas contra Iglesias son realmente chocantes si se tiene en cuenta que no mencionó ningún artículo de la extinta constitución soviética ni de la bolivariana de Venezuela sino uno de la española. Sorprende porque no parece lógico que, quienes a todas horas manifiestan su compromiso con nuestra Carta Magna y se denominan a sí mismos los constitucionalistas, puedan mostrar tanto temor cuando se invoca uno de sus artículos. Si hay algo de comunista, de bolivariano, de radical y terrible en la declaración de Pablo Iglesias será porque todo eso está en nuestra Constitución y no porque lo haya afirmado el vicepresidente. Y si esa idea le parece peligrosa a la derecha (¡como si hubiera sido Podemos quien redactara un artículo bolchevique!) parece que lo lógico no es pedir la dimisión de quien invoca a la Constitución sino que se cambie el texto que no les gusta. Claro que entonces se estarían negando a ellos mismos y mostrando que su acendrado constitucionalismo es una farsa de cartón piedra.
Quienes critican a Iglesias por recordar la letra y el espíritu del 128 olvidan (seguramente lo saben, pero no quieren tenerlo en cuenta) que preceptos de ese tipo se encuentran, con una u otra redacción concreta, en casi todas las constituciones avanzadas y que es precisamente su ausencia lo que da problemas en momentos como los que estamos viviendo. Así lo ha reconocido nada más y nada menos que el expresidente Felipe González en un artículo de prensa en el que subraya la necesidad de tenerlo presente, naturalmente, reconociendo y cumpliendo al mismo tiempo con el resto de los principios constitucionales, como no puede ser de otra forma.
Concretamente, González afirma que "el enorme desafío, tanto sanitario como económico-social, cargado de incertidumbres, que nos plantea la pandemia de la covid-19, exige, por tanto, que el Estado asuma ese papel previsto en el artículo 128 de la Constitución, respetando todo su contenido y respondiendo, de acuerdo con nuestra realidad, a la defensa del interés general que se invoca". Con tal de atacar al gobierno, los constitucionalistas dejan en papel mojado la letra de la Constitución que dicen defender y acusan de agredirla a quienes precisamente reclaman que se aplique cuando sea necesario. El mundo al revés con tal de impedir que gobierne la izquierda.
Son unas acusaciones tan exageradas y estruendosas, tan desproporcionadas y malvadas que lo que muestran es que el constitucionalismo de partidos como el PP, Ciudadanos o Vox es falso, de pacotilla. No puede ser de otro tipo dada la escasísima confianza que tienen en la Constitución que dicen defender. Ni aplicar su artículo 128 supondría poner en marcha el comunismo, ni Pablo Iglesias, ni su partido, ni su gobierno podrían llevar acabo, puesto que la propia Constitución contempla mecanismos e instituciones para impedirlo, actuaciones contra ella. Si quienes han levantado la voz contra las declaraciones de Iglesias encuentran tan radical e inadecuado el contenido de la Constitución y si creen que sólo con invocar unos de sus principios se la pone en peligro, si para ellos es tan peligrosa e incapaz de defenderse a sí misma, lo que no se entiende es que la defiendan. O, mejor dicho, sólo puede entenderse que digan que la defienden con tanto ahínco porque mienten. La Constitución les importa un rábano y sólo están preocupados por dinamitar a cualquier gobierno que defienda -con la Constitución en la mano- intereses que no sean los de la grandes empresas o los de la cúpula que controla la Iglesia Católica. Las falsedades, como dijo Voltaire, no sólo se oponen a la verdad, sino que a menudo se contradicen entre sí.
Curiosamente, hay una buena prueba de que detrás de las acusaciones de la derecha sólo hay histrionismo y ningún peligro de que el gobierno destruya la economía por recurrir al artículo 128 de la Constitución: gobiernos tan poco sospechosos de izquierdismo como los de Francia y Alemania están yendo mucho más lejos de lo que ha ido en España el vicepresidente Pablo Iglesias.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, afirmó la semana pasada que allí se está valorando la posibilidad de tomar participaciones en las empresas que lo necesiten e incluso realizar nacionalizaciones. Y el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, también ha anunciado que llevarán a cabo nacionalizaciones si fuese necesario. Y hasta el presidente Trump ha ordenado a General Motors y a Ford que se pongan a fabricar respiradores.
No es que Iglesias se haya infiltrado en los gobiernos de Francia y Alemania y los esté haciendo bolcheviques. No. Lo que simplemente ocurre es que, en momentos de emergencia como los que estamos viviendo, lo lógico es que los gobiernos tengan esa previsión y que invoquen el mismo principio al que hizo referencia el vicepresidente español.
Una epidemia como la de la covid-19 nos obliga a utilizar todos los recursos necesarios para salvar vidas humanas y, desgraciadamente, a elegir entre preservar la salud confinando durante algún tiempo a la población o salvar la economía. Y la derecha, por cierto, también aprovecha esta terrible disyuntiva para criticar al gobierno, haga lo que haga: si hay muertes, dice que Pedro Sánchez e Iglesias las desean y no las evitan y, si el gobierno decide confinar a la población para evitarlas, los acusan de paralizar la actividad económica para destruirla por un capricho ideológico, por una obsesión, como dice Díez.
Para poder disponer de todos los medios que necesita nuestro sistema sanitario y para evitar que miles de empresas cierren por la obligada inactividad, el gobierno no puede tener la más mínima duda: si hace falta colocar a las empresas privadas al servicio del interés común debe hacerlo, lo mismo que debe proteger a todas las empresas que lo necesiten, cueste lo que cueste y de cualquier manera que sea, para evitar que desaparezcan. Hay muchas empresas españolas que tienen servicios de logística por todo el mundo ¿no es lógico, por ejemplo, que se recurra a sus redes para aprovisionarnos con seguridad en estos momentos de crisis? ¿no es razonable que se obligue, si fuera preciso, a que se reconviertan las que hagan falta para producir aquí lo que ahora no se pueda conseguir en los mercados internacionales, como algunos productos sanitarios?
Y eso hay que hacerlo, eso sí, con la máxima prudencia e incluso con comedimiento, en el fondo y en las formas, para que nadie pueda creer que hay amenaza donde sólo se está deseando que haya cuidado y protección. Esperemos que el gobierno sea capaz de superar la agresión continuada, que acierte en el tratamiento de la crisis, que actúe con inteligencia y mayor prontitud para garantizar los ingresos perdidos por las empresas y las personas y que no tengamos que ver a empresas y bancos, no sólo en España sino en el resto de Europa, pidiendo ellos mismos ser nacionalizados.

sábado, 4 de abril de 2020

¿Una economía de guerra?


Economía de guerra para frenar el coronavirus? Aún no

¿Una economía de guerra?



Fuentes: Observatorio de la crisis

Si todos los países fueran iguales la pandemia terminaría como lo muestra el gráfico de más abajo.  La tasa de inicio de las infecciones de la Covid-19 duraría por lo menos de 40-50 días.
Muchos países no están todavía cerca del punto máximo y no hay ninguna garantía de que el pico se produzca en el mismo momento. Los métodos de mitigación y eliminación (test, autoaislamiento, cuarentena y cierres) no funciona de las misma manera en todo el mundo.  Pero, en última instancia, habrá un pico en todas partes y la pandemia disminuirá, aunque tal vez, sólo sea para volver el próximo año.

viernes, 3 de abril de 2020

Neoliberalismo contaminado

Neoliberalismo contaminado


Fuentes: Alternatives/Viento Sur
La novedad de la situación actual reside en la mecánica infernal que se ha desencadenado. En 2008 fue la esfera financiera la que encendió la mecha, que después de transmitió a la esfera productiva. Hoy es todo lo contrario: la actividad económica está en parte estancada y este brutal frenazo vuelve, como un bumerán, a golpear a las finanzas. Y esta implosión de las finanzas profundizará la recesión.
El hundimiento de la pirámide financiera
Sin embargo, existe un vínculo con la crisis anterior. De hecho, todas las políticas implementadas desde 2008 tienen como objetivo volver al business as usual y, en particular, a preservar de todas las formas posibles el valor de los títulos financieros, como derechos de giro sobre el valor creado. Si, por el contrario, hubiéramos confinado a las finanzas a las únicas funciones útiles que pueden cumplir, el mecanismo infernal podría haberse encuadrado mejor.
Más fundamentalmente, el agotamiento de las ganancias de productividad condenaba al capitalismo a un funcionamiento patológico consistente en capturar un máximo de valor, compensando con el aumento de las desigualdades el agotamiento de esa fuente esencial de su dinamismo. Dicho de otra forma, el coronavirus no contamina un quinto de un organismo sano sino un organismo ya alcanzado de enfermedades crónicas. La epidemia funciona como un revelador: las modalidades de salida de la crisis precedente no han remediado verdaderamente las fragilidades estructurales de la economía mundial.
Desde la crisis de 2008, se ha hecho todo o casi para que nada cambie. Se ha desarrollado la práctica de las recompras de acciones, han explosionado los repartos de dividendos, la titulización ha recomenzado su marcha, el endeudamiento privado ha aumentado considerablemente… No faltan estudios sobre estos diversos temas: el Banco Internacional de Pagos, por ejemplo, ha multiplicado las advertencias.
El estallido de la burbuja era pues previsible, incluso sin el coronavirus. Dan testigo de ello las advertencias del último Global Financial Stability Report del FMI (octubre de 2019). Este informe estaba centrado sobre los riesgos engendrados por los bajos tipos de interés, y dos de sus principales autores, Tobias Adrian y Fabio Natalucci, resumieron los principales mensajes en un blog. Insisten en el sobreendeudamiento de las empresas: “La deuda de las empresas cuyos beneficios no pueden cubrir las cargas de los intereses podrían aumentar a (…) cerca del 40 % del total de la deuda de las empresas en los países estudiados, entre los cuales Estados Unidos, China y los países europeos”.
La masacre del aparato productivo
La constatación de los economistas del FMI puede ser completada con un estudio muy documentado sobre los Estados Unidos. Los autores observan que son las pequeñas y medianas empresas las que están endeudadas más fuertemente, de forma que estarán más duramente afectadas por la crisis del coronavirus. Se plantea aquí un tema debatido muy ampliamente, el de la distancia creciente entre las empresas superestrellas, que captan el valor creado y las empresas zombis que sobreviven gracias a los bajos tipos de interés.
Pero los autores de este estudio señalan que las empresas de la mitad baja han aumentado su capacidad de producción a lo largo de los últimos decenios, mientras que el 10% de lo alto de la escala han permanecido a remolque. Temen la “catástrofe inminente” que amenaza si se deja a las pequeñas empresas sucumbir, ya que representan, a pesar de su fragilidad, una de las “principales fuentes de creación de empleo y de innovación”.
La política monetaria acomodaticia no ha estimulado a la economía real: al contrario, ha permitido al capital financiero retomar su trayectoria exuberante
El otro efecto de los bajos tipos de interés que señala el FMI es una asunción excesiva de riesgo: “el muy bajo tipo de interés ha empujado a los inversores institucionales como las compañías de seguros, los fondos de pensiones y los gestores de activos a buscar títulos más arriesgados y menos líquidos para alcanzar sus objetivos de rentabilidad. Por ejemplo, los fondos de pensiones han aumentado su exposición a otras clases de activos tales como el capital-inversión y el inmobiliario”.
La política monetaria acomodaticia no ha estimulado a la economía real: al contrario, ha permitido al capital financiero retomar su trayectoria exuberante. Pero ha conducido también a una situación inédita de bajos tipos de interés, incluso negativos, y al agotamiento de las municiones de los bancos centrales. Incluso antes de la pandemia, el pronóstico de los expertos del FMI era ya inquietante: “las semejanzas existentes en las carteras de los fondos de inversión podrían amplificar un movimiento de liquidación de activos en los mercados; las colocaciones ilíquidas de los fondos de pensiones podrían restringir su papel tradicional de estabilizador de los mercados”. Eso es justamente lo que está sucediendo y existe el riesgo de que la deflagración sea aún más brutal con el virus.
La zona euro, ¿distribuida al estilo puzzle?
Se ha abandonado al menos provisionalmente el dogma del 3%, pero Europa sigue mal preparada. Es una idea excelente la relajación de la constricción presupuestaria, pero eso no responde a todos los problemas. Uno de ellos es la distancia (spread) entre los tipos de interés sobre las deudas públicas. En un primer momento, Christine Lagarde cometió una gran metedura de pata, al declarar que “el BCE no está para estrechar la spread”, aunque después sacó el bazooka que calmó un poco las inquietudes de los mercados financieros.
Pero llegará un momento en el que será necesario considerar el paso a la velocidad superior, a saber, a la mutualización (eurobonos o coronabonos) o incluso a la monetización. Es la conclusión a la que llega Patrick Artus: “Si todos los países de la zona euro están afectados (por el aumento de los tipos de interés a largo plazo en respuesta a los déficits públicos fuertemente incrementados), la mutualización de los déficits públicos suplementarios aligera el peso para los países periféricos (en los que el alza de los tipos de interés es más fuerte) pero no resuelve el problema global de exceso de los déficits públicos. La única solución es pues la monetización de los déficits públicos suplementarios por el BCE, es decir una apertura importante del Quantitative Easing sobre las deudas públicas”. Sin embargo, hay un gran riesgo de que, como en la precedente crisis, Europa solo reaccione con retraso sobre el acontecimiento, o a contratiempo, debido a los desacuerdos internos y de la propensión a gestionar la crisis a nivel estatal.
Los emergentes, ¿en el ojo del ciclón?
Es probable que el virus se extienda a los países emergentes o en desarrollo, hasta ahora relativamente no afectados. No solo están mal equipados desde un punto de vista sanitario sino que están ya duramente golpeados por las repercusiones de la crisis. En gran parte dependientes de las ventas en parada de materias primas, están viendo disminuir sus recursos. Este es el caso especialmente de los países productores de petróleo.
Y también ahí se encuentra la herencia de la salida de la crisis precedente. La deuda exterior de los países emergentes representa de media “el 160% de las exportaciones, contra el 100% en 2008. En caso de endurecimiento considerable de las condiciones financieras y de alza de los costes de los prestamos tendrán más dificultad para asegurar el servicio de su deuda”, advertía el FMI en su informe ya citado de octubre de 2019.
Ello se agrega la fuga de capitales, que ha tomado proporciones considerables: 83 mil millones de dólares desde el inicio de las crisis. Este sudden stop tendrá graves consecuencias, subrayadas por un grupo internacional de economistas. Los países emergentes y en desarrollo, escriben, “se encuentran ahora confrontados a un freno súbito mientras que se endurecen las condiciones mundiales de liquidez y los inversores huyen del riesgo, arrastrando a depreciaciones monetarias dramáticas. Ello obliga a un ajuste macroeconómico severo, precisamente en el momento en que todos los instrumentos disponibles deberían estar disponibles para enfrentarse a la crisis: se ha endurecido la política monetaria para tratar de conservar el acceso al dólar, mientras que se limita la política presupuestaria por el temor de perder el acceso a los mercados mundiales. Es poco probable que las reservas de cambio proporcionen un tiempo suficiente en todos los países».
Las instituciones internacionales prevén medidas de apoyo, pero David Malpass, el presidente del Banco Mundial (propulsado a ese puesto por Donald Trump) insiste en la condicionalidad en términos que recuerdan a los de la Troika europea respecto a Grecia: “Los países deberán poner en práctica las reformas estructurales susceptibles de acortar el tiempo necesario para la recuperación y crear la confianza en su solidez. En lo que concierne a los países en el que las reglamentaciones excesivas, las subvenciones, los regímenes de concesiones de licencias, la protección o la judicialización de los intercambios, constituyen otros tantos obstáculos, trabajaremos con ellos para dinamizar los mercados y seleccionar los proyectos que permitan asegurar un crecimiento más rápido durante el período de recuperación”.
The Economistha tenido al contrario razón al lanzar esta advertencia: “Si se deja al Covid-19 causar estragos en los países emergentes, se extenderá de nuevo a los países ricos”. Incluido en su dimensión económica, si la producción de materias primas y de bienes intermedios conoce un sudden stop simétrico del de los flujos de capitales.
¿Poner todo a cero?
Será difícil para el sistema económico que vuelva a su funcionamiento anterior a la crisis. Las cadenas mundiales de valor están desorganizadas, las empresas habrán hecho quiebra, está cuestionada la forma de gestión de los gastos públicos, especialmente en materia de salud. Se puede ver en ello la posibilidad de una reorientación fundamental del sistema. Pero no tendrá nada de espontanea: con la suspensión de capítulos enteros del Código de Trabajo, se aprecia claramente que algunos preparan ya el golpe para después.
Después vendrán los discursos sobre el necesario saneamiento financiero, cuya puesta en práctica tendrá el riesgo de engendrar una réplica recesiva, como en 2010. Y sobre todo la vuelta a la ortodoxia tendrá por efecto atrasar todo proyecto de Green New Deal: ¿cómo en efecto imaginar que después de haber derramado miles de millones de euros, las instituciones financieras querrán dedicar las considerables sumas necesarias para la lucha contra el cambio climático?
En una nota en la que se pregunta “¿Qué capitalismo querríamos?”, Patrick Artus dibuja un retrato bastante fiel del capitalismo “inaceptable” (que es el nuestro): “deforma la distribución de ingresos en detrimento de los asalariados, no respeta los compromisos climáticos, no asocia a los asalariados a las decisiones estratégicas de las empresas, deslocaliza masivamente a los países de bajos salarios, consigue una reducción continuada de la presión fiscal de las empresas, lo que obliga a reducir la generosidad de la protección social”. El economista de Natixis considera después dos vías posibles para pasar a un capitalismo aceptable: sea la instauración de un “capitalismo estatal hiper-regulado”, sea una “evolución espontánea del capitalismo que acepta una rentabilidad más débil del capital para el accionista”. Sin embargo, solo hay una cosa de la que convencerse: no hay que contar con una evolución espontánea del capitalismo.
Traducción: viento sur

miércoles, 1 de abril de 2020

¿ Porque necesitamos los eurobonos?

¿Porque necesitamos los eurobonos?.

Ayoze Alfageme 


Las ciencias económicas se han ganado el título de reina de las ciencias sociales por escoger como su campo de estudio el de los problemas resueltos.
Abba Lerner (1972)

Son muchas las críticas que se pueden hacer a la acción política llevada hasta la fecha por los principales Estados europeos para mitigar las consecuencias económicas propiciadas por la crisis del Covid-19. Su imprecisión, su lentitud, su tibieza o su falta de claridad –el mejor ejemplo, el de la rueda de prensa de Lagarde hace dos semanas-. Lo que no se puede menospreciar, sin que ello sea motivo de celebración, es que parece que esta vez los gobiernos de los estados miembros de la zona euro (ZE) y las instituciones de la Unión Europea (UE) están reaccionando a la crisis del coronavirus y a sus consecuencias económicas y sociales de manera algo (o bastante) distinta a la última crisis en 2010-12. No en vano el detonante de la crisis económica en la que ya estamos sumidos, y quién sabe por cuánto tiempo, tiene causas muy distintas a las de la crisis de deuda de hace ya 10 años. Sí, es cierto que podemos argumentar que estábamos ya antes de que apareciera el virus en ciernes de una crisis global, dada la larga y débil recuperación tras la Gran Recesión, pero la percepción pública y política de cómo hemos llegado a esta crisis es totalmente diferente. El culpable ahora es común para todos, es el coronavirus, y justificar cualquier otra cosa o intentar culpar a Estados individuales es, de momento, “repugnante”.
Esta narrativa importa a la hora de poner en marcha por parte de los Estados miembros de la ZE y la UE todas las medidas económicas necesarias para mitigar las consecuencias de la recesión económica que vivimos y que puede dejar la anterior Gran Recesión como su hermana pequeña. Pues, como ya sabemos, los Estados de la ZE no disponen de todas las libertades en política fiscal y monetaria que sí tendrían, por ejemplo, el Reino Unido, Japón o Estados Unidos1. Y esto nos lleva de cabeza a volver a los debates –repetidos hasta la saciedad– sobre cómo se puede abordar en la ZE una crisis donde la emisión de moneda está totalmente externalizada y donde los países miembros se han adherido a una regla de oro: la austeridad. No por repetidos estos debates dejan de ser importantes; y no por repetidas, las conclusiones del mismo han sido asimiladas por todas las partes de igual manera.
La pregunta pertinente es la siguiente: si lo que necesitamos ahora es un aumento del gasto público y, por consiguiente, unos aumentos de los déficits fiscales de unas magnitudes de al menos el 10% del PIB ¿cómo vamos a financiar esos déficits sin poner en riesgo la solvencia de unos Estados que carecen de la capacidad de emitir la moneda con la cual se endeudan? Y más a largo plazo, ¿cómo podemos aprovechar este momento para que la ZE y la UE reviertan los pasos dados hacia la total deslegitimación democrática y su lenta desintegración?
Lo que nos da el Euroo, mejor dicho, lo que nos podría dar
Empecemos por lo obvio pero muchas veces eludido por una parte importante de la izquierda. En concreto por esas voces de la izquierda que creen que Estados como España o Italia estarían mejor siguiendo el camino del Reino Unido y recuperando su plena soberanía monetaria. Pertenecemos a una zona monetaria que aúna en términos de PIB a la mayor área económica tras los EEUU. De aquí se deriva el valor de la moneda euro en los mercados tanto de mercancías como en los mercados financieros, y se deriva también la potencialidad del BCE para imprimir dinero sin que ello mine el valor del euro.
Como ejemplo pongamos el nuevo programa de compra de bonos públicos anunciado por el BCE el pasado 18 de marzo bajo el nombre de Programa de Emergencia contra Pandemias (PEPP, por su siglas en inglés). El Banco Central se ha preparado para gastar 750 mil millones de euros en compra de deuda pública sin necesidad de seguir ninguna ratio de capital aportado al BCE –podrá comprar tanta deuda de cualquier país como estime necesario-. Es un cambio importante respecto a programas de compra de deuda anteriores en los que tenía que comprar montos de deuda proporcionales a la capitalización de cada país. Ahora, en cambio, puede actuar con mayor discrecionalidad. Más adelante volveré a este punto y sus implicaciones políticas.
Lo que importa ahora es entender que en ningún caso puede esperarse que si la gran mayoría de países que ahora pertenecen a la ZE tuvieran sus antiguas monedas nacionales, pongamos España y la peseta o Italia y la lira –con sus historiales de devaluaciones previas a la entrada del euro, sus hasta hace dos días constantes déficits por cuenta corriente y su dependencia y conexión con el comercio exterior para el suministro de todo tipo de bienes y servicios– y anunciasen sus bancos centrales un aumento de compra de deuda pública por valor del 7,5% del total de deuda pública existente (que es lo que representan los 750 mil millones anunciados por el BCE sobre el total de deuda pública de la zona euro) o visto de otra manera, una monetarización de la deuda pública por valor del 5% del PIB (que es lo que representan los 750 mil millones respecto al total del PIB de la ZE), en ningún caso podría esperarse que su moneda se devaluara respecto al dólar menos de un 2% (que es lo que le ha pasado al euro tras el anuncio del BCE). Pues bien, el BCE da este poder a la mayoría de los Estados miembros de la zona euro –esto es, poder monetizar la deuda pública sin que peligre el valor de su moneda–, con excepción de Alemania gracias a su constante superávit comercial, y tal vez Francia. Cuestión harto distinta es la gestión política que se haga, y que se haya hecho hasta ahora, de este poder.
El BCE como financiador de los déficits públicos
Dado el potencial que se le presupone al BCE y que hemos explicado anteriormente, parece natural proponer que debe ser esa institución la que monetice los crecientes déficits fiscales de los países de la ZE en esta crisis económica que comienza. Esa ha sido la reacción de la presidenta del BCE, que algo aprendió desde su puesto de presidenta del FMI durante la crisis griega, y que ha sido aplaudida por economistas y políticos de todo pelaje. Si acaso se puede criticar que los 750 mil millones podrían quedarse cortos más pronto que tarde, pero siempre cabe la posibilidad de prorrogar y extender el programa de compra. He aquí precisamente el problema.
Cuarenta años con un machacón dogma ideológico sobre la conveniencia y única solución natural de que los bancos centrales sean lo más independientes del poder ejecutivo que se pueda, nos han llevado a tener en la ZE al banco central más independiente de todos, léase sin eufemismos: el menos controlable políticamente del planeta. La independencia del BCE, y del sistema de bancos centrales nacionales que lo componen, está grabada en los tratados de creación de la Unión Monetaria Europea, y a menos que los cambiemos y los cambiemos en la dirección que nos gustaría –que nos gustaría en un sentido republicano-democrático– seguirá siendo el Consejo de Gobierno del BCE quien decida si implementar un programa de compra de bonos públicos o no. Es decir, el poder discrecional de creación monetaria con el que juega el BCE es un arma de doble filo. Por ejemplo, en esta reciente propuesta escrita por S. Cutillas, A. Medina, P. Cotarelo y M. Lascorz proponen que los bancos centrales nacionales compren a perpetuidad y con interés del 0% los bonos públicos. Aunque seguro que son conocedores de tal limitación, estos economistas pasan por alto a la hora de hacer su recomendación de economía política que la compra directa de bonos públicos por parte de los bancos centrales nacionales o por el propio BCE está prohibida2. Como solución es buena, el único problema es que ahora mismo es imposible. Nos guste o no en la situación política actual, renegociar estos tratados no está sobre la mesa. Sí lo está, en cambio, la emisión de eurobonos. Situación que hay que aprovechar ya que hace tan solo un mes era algo impensable.
Además no cabe esperar otra cosa: aunque los tratados europeos fueran renegociados, el resultado no dejaría de representar la correlación de fuerzas existentes en los diferentes países y entre los diferentes países que conforman la ZE. Pensar que hay una mayoría política en Europa preparada para hacer de palanca a favor de un cambio del mandato del BCE que nos agrade es simplemente ignorar la realidad en la que nos encontramos. Este argumento también vale para los que siguen pidiendo la vuelta a la soberanía monetaria nacional. Muy bien, volvamos a ella, salgamos de la zona euro e incluso de la Unión Europea. Ahora bien, que nos expliquen cómo exactamente vamos a llegar a que nuestro banco central nacional sea más favorable a una expansión fiscal de lo que el BCE lo es ahora. A fin de cuentas, ¿por qué no deberíamos temer un Boris Johnson a la española en la presidencia?
Ante los problemas políticos no conviene escudarse en tecnicismos. Por citar a dos economistas del agrado de esa izquierda a la que me refería antes, Randall Wray ya nos dijo en esta entrevista en que “lo difícil no es encontrar la solución económica al problema”, refiriéndose a la crisis de la EZ de 2010-12, “lo difícil está en encontrar la disposición política para arreglarlo”. Seguro Wray es bien conocedor de cómo Abba Lerner caracterizaba el campo de estudio de la economía: “una transacción económica”, entiéndase aquí como la financiación de los déficits fiscales, “es un problema político resuelto”3.
Levantar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento
Una salida al dilema de los crecientes déficits fiscales sería el levantamiento del pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) supervisado y controlado por la Comisión Europea (CE) que fuerza a los países de la unión a una constante reducción del gasto y la deuda pública. No han sido pocos los economistas que desde la izquierda (y cada vez más desde posiciones más centristas) han pedido la relajación de esta chaqueta de fuerza fiscal autoimpuesta. Además existen problemas técnicos, con trasfondo político, en el cálculo del output gap (la diferencia entre el PIB real y el PIB potencial) que se utiliza como base para calcular el objetivo de déficit para cada gobierno y que hasta la fecha se ha traducido -¡oh sorpresa!- en una mayor austeridad de lo que lo habría hecho si el potential output se calculase de otra manera. En conjunto, el PEC ha supuesto la inscripción esculpida sobre piedra del mandamiento de la austeridad.
Levantar el PEC es necesario y pertinente. Pero como ocurre con el BCE, tan pronto la CE puede decidir levantarlo como implementarlo de nuevo. Y sí, en este caso la CE está algo más cercana a la soberanía nacional de lo que lo está el BCE. Aun así, pasado 2020 nada hace pensar que la CE no vuelva implementar el PEC y a dictar la senda de recortes para llegar a los objetivos de déficits que correspondan. Es más, sin el programa de compra de bonos públicos del BCE el aumento de los déficits fiscales significa el aumento de las primas de riesgo y, por tanto, se abre la puerta a un escenario de crisis de liquidez o incluso de solvencia por parte de los Estados más débiles de la ZE. Escenario que nos trae de cabeza a la crisis de 2010-12. La solución que necesitamos para permitir el aumento de los déficits fiscales debe incluir medidas concretas para evitar un retorno a la austeridad una vez la crisis sanitaria del Covid-19 pase.
Los eurobonos y las diferentes alternativas
Con este panorama y con la situación política real que tenemos son pocas las alternativas que quedan encima de la mesa. La de los eurobonos es una de ellas y no por haber sido hasta la fecha poco factible políticamente quiere decir que ahora no se pueda aplicar. A fin de cuentas, el gobierno alemán acaba de saltarse su “schwarze Null” (como se conoce a la regla constitucional del déficit fiscal alemán) por la que se obligaba a mantener siempre unas cuentas fiscales balanceadas y está ahora dispuesta a emitir un 10% del PIB alemán en deuda pública. Un movimiento impensable hace tan solo un mes a pesar de las constantes presiones para que el gobierno alemán aumentase el gasto público debido al estancamiento inveterado de su economía y de la de los países a su alrededor.
Propuestas de creación de eurobonos hay muchas (véase aquíaquíaquí, o aquí, y más recientes aquí, o aquí) y no parece necesario barajarlas todas ahora. La pregunta más sencilla, si se quiere ver así, es qué institución debe emitir esos bonos. Dos instituciones son las mejor posicionadas para tal tarea: el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o el Banco Europeo de Inversiones (BEI). La pregunta complicada es cómo acceden los gobiernos al dinero recaudado.
El MEDE ya ha anunciado que tiene disponibles 410 mil millones de euros (3,4% del PIB de la ZE) para prestar a los Estados que lo necesiten a través de líneas de crédito de hasta 2% del PIB de cada país. Pone estas líneas de crédito a disposición de los diferentes gobiernos de la ZE a través de la Línea de Precaución de Crédito Condicionado (Precautionary Conditioned Credit Line, PCCL4). El problema con estas PCCL, además de que un 2% del PIB no da ni para empezar a hacer frente a las necesidades a las que nos enfrentamos, es que viene condicionado a un Memorándum de Entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU). La parte positiva del MEDE es que está legalmente preparado para la emisión de bonos, que ya ha realizado para el rescate de países como Grecia, Portugal o España, y que esos bonos son ya eurobonos de facto en tanto que están respaldados por todos los países de la EZ según el capital aportado por cada uno al MEDE. Además, estos bonos son aceptados por el BCE como activo colateral en transacciones de refinanciación a instituciones financieras.
Como ya he mencionado, el problema de utilizar el MEDE es la condicionalidad -aquí se explica brevemente- impuesta a través de los MoU que han quedado demonizados en el imaginario de la población de varios países, en especial Grecia, como culpables de la imposición de la austeridad, privatizaciones y reformas que han llevado a varios países de la ZE a una larga recesión económica de casi una década. Sin embargo hay que recordar que los MoUs son contratos entre el MEDE (por supuesto, con el Eurogrupo detrás) y el país al que se le concede el crédito, y que por tanto lo que se imprima en ellos está condicionado políticamente. Es precisamente la condicionalidad asociada a los créditos del MEDE lo que le da viabilidad política a esta solución, tanto para los Estados en necesidad como para los escépticos –Alemania y Holanda-. Por ejemplo, se podrían acordar unas condiciones favorables en los MoU que evitarían tener que depender de los autoritarios dictados del BCE y de la CE sobre la compra de deuda pública y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, en los MoU también se puede garantizar que no se impondrán medidas de austeridad para la devolución de esos préstamos ni ahora ni en el futuro. Se puede discutir cuán factible es un acuerdo antiausteridad, pero no se puede negar que es una solución.
Una posible salida, que también evita la estigmatización de aquellos países que reciban los créditos, es hacer un MoU colectivo en el que todos los países de la ZE reciben la misma cantidad en proporción a su PIB y con la misma condicionalidad flexible, por ejemplo, que se gaste en medidas contra la actual crisis actual. Ya sea a través de acuerdos individuales o colectivos, el MEDE tendría que aumentar el límite anunciado del 2% del PIB de cada país y emitir (euro)bonos para financiar los préstamos.
En el caso del BEI la solución es aún más sencilla ya que se podría evitar, en teoría, la condicionalidad de los MoU. El BEI podría emitir eurobonos y directamente gastar en cada país el dinero recaudado por igual cuantía proporcional al PIB de cada país. Como serían transferencias directas del BEI a los países, esto evitaría cualquier aumento de los déficits fiscales. Para que Alemania y Holanda quedasen satisfechos, el Consejo Europeo podría aprobar un paquete de medidas económicas estándar contra la crisis del COvid-19 para condicionar la entrega del dinero. El BEI entregaría el dinero a los gobiernos una vez estos aprobasen en sus respectivos países la implementación de tales medidas. Además, el BEI podría actuar para todos los países de la UE y no solo para los de la ZE.
A modo de conclusión
La mutualización de la deuda, por tanto, no tendría que venir de la mano de una austeridad que condenara una vez más a los países europeos a una larga recesión, sino que podría servir precisamente como palanca para impulsar una recuperación económica rápida y que ayude a los gobiernos a paliar el sufrimiento que esta crisis está provocando y provocará. Es a través de la emisión de eurobonos que los gobiernos podrían tener control tanto sobre la condicionalidad –que no es sinónimo de austeridad- para acceder a los fondos recaudados como sobre la manera en que quisieran gastarlo sin tener que depender del BCE para financiar los déficits fiscales o del EC para poder aumentarlos.
Además, la emisión de eurobonos sentaría un precedente de cara a futuras crisis o, incluso, a su implantación de manera permanente –por ejemplo, para aumentar el presupuesto comunitario-. No se puede concebir una zona monetaria mínimamente igualitaria entre los Estados miembros sin requisar a Alemania el privilegio de emitir los bonos públicos con el tipo de interés más bajo de Europa: esos eurobonos deberían convertirse en el activo de garantía (safe asset) del sistema financiero5. En último lugar, la mera creación de eurobonos, con el consiguiente apoyo del BCE y la garantía por parte de todos los Estados, generaría una preferencia por la utilización de estos bonos a la hora de financiar el gasto público, ya que sin duda serían vistos por los inversores como el activo financiero más seguro en el mercado y por tanto gozarían de un pago de intereses bajo.
En definitiva, lo que se dirime en este debate es si se aprovecha esta crisis para reformar la ZE en la dirección que necesita o si se sigue pavimentando el camino a la ya en marcha lenta desintegración de la ZE y la UE.
(Agradezco los comentarios y sugerencias de Laura de la Villa, Julio Martínez Cava y Edgar Manjarín).
Notas:
1 Siempre es curioso que aquellos que claman en favor de la salida del Euro no pongan como ejemplo países con soberanía monetaria plena como Brasil, México o Rusia.
2 Es curioso, además, que su propuesta sea bien parecida a otra, de Francesco Giavazzi y Guido Tabellina, que también presentan pero que rechazan en su artículo. Ver esta reseña para conocer las tesis de Francesco Giavazzi. En cualquier caso, la diferencia entre la propuesta de Cutillas et al. y la de los economistas italianos es que en la de los primeros, los bancos centrales compran directamente la deuda pública, y en la de los segundos, los bancos centrales la compran en el mercado secundario de deuda pública como hace ya, aunque con límites, el BCE.
3 Véase Abba Lerner (1972) The Economics and Politics of Consumer Sovereignity, The American Economic Review, Vol. 62, No. 1/2.
4 Queda como anécdota, no por ello poco significativa, que Lagarde haya eliminado la elegibilidad de los bonos públicos para el programa de compra de activos OMT del BCE de aquellos gobiernos que accedan a la Enhanced Conditioned Credit Line, el otro programa de préstamo del MEDE, como medida de presión a los gobiernos para la aprobación de los eurobonos. Tras la aprobación del PEPP por parte del BCE el OMT pierde, de momento, relevancia.
5 Se puede justificar también la creación de los eurobonos para la mejora de la estabilidad financiera. Dejo este punto para otro momento. Por ejemplo, para cuando empecemos a ver bancos italianos o españoles en problemas. En caso de que el MEDE emita bonos para financiar préstamos bajo MoU individuales, es seguro que esos bonos no serán tomados como el activo más seguro de la EZ.
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Ayoze Alfageme  ex-alumno del posgrado de Sin Permiso. Actualmente es doctorando en economía política en la Universidad de Ginebra.

martes, 31 de marzo de 2020

Holanda paraíso fiscal



Holanda, campeona mundial de la evasión fiscal, tiene por qué callar

Fuentes: Público


Trabajadores en una plantación de amapolas en la localidad holandesa de Lisse. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Tal y como se está informando ampliamente estos últimos días, Holanda y Alemania encabezan el grupo de países que se niegan a que la Unión Europea haga frente mancomunadamente a los efectos del coronavirus sobre la economía europea. Están en su derecho, pero no parece que eso sea muy coherente con la pertenencia a una unión económica y monetaria. Como tampoco son muy de recibo los argumentos con que justifican su posición.
Las declaraciones del ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, han sido especialmente duras. Argumenta, por un lado, que si se emitiera deuda común, suscrita por todos los países (eurobonos), los países del sur que en su opinión no han hecho bien los deberes financieros, generarían un problema de riesgo moral para los del norte que sí han cumplido con todas sus obligaciones.
Los economistas llamamos riesgo moral a la situación que se produce cuando un agente tiene información, sabe las consecuencias sobre otros de sus acciones y a pesar de ello las lleva a cabo para aprovecharse. Es decir, el ministro holandés considera que si España, Italia, o Portugal saben que el resto va a asumir mancomunadamente sus deudas lo que harán será endeudarse más de lo debido.
Eso es algo que evidentemente podría ocurrir (y que yo creo que se debe evitar en una unión económica) pero traer este argumento a colación cuando el problema que podría ocasionar la deuda de los países de la periferia es una emergencia sanitaria que también afecta a los países del norte es, cuanto menos, una clara muestra de cinismo.
Está por ver si finalmente el coste de la pandemia es más elevado en unos países que en otros y habría que analizar en su momento las razones de las disparidades que pudieran producirse y actuar en consecuencia. Pero, de antemano, no parece riguroso considerar que el gasto de unos vaya a ser más ineficiente que el de otros. Y si de momento es diferente no creo que se pueda decir que se deba a una cuestión de eficiencia o capacidad para gastar bien, como dice el ministro holandés.
De hecho, parece inevitable que en países como Italia o España se necesite más dinero para la pandemia si se tiene en cuenta que aquí se está hospitalizando a las personas mayores, mientras que en Holanda se las considera ya desahuciadas y se las deja morir en casa. O porque la estrategia que allí se está siguiendo es la de conseguir «inmunidad de rebaño», lo que implica realizar un porcentaje muchísimo menor de pruebas sobre la población total, una alternativa que no sabemos qué coste tendrá, no sólo económico sino en términos de vidas humanas, a medio y largo plazo.
Francamente, no estoy seguro de que gastar menos porque no se lucha para salvar vidas humanas de los abuelos sea una forma superior o más ejemplar de utilizar los recursos.
Un segundo argumento que utiliza ahora el ministro holandés es ya un viejo conocido del relato que domina la política europea: los países de la periferia, los «cerdos» (PIGS en inglés, en referencia a Portugal, Italia, Grecia y España) son intrínsecamente corruptos y malgastan el dinero de los contribuyentes. Otro ministro holandés de finanzas, Jeroen Dijsselbloem, dijo en marzo de 2017 que los países del sur nos gastamos todo el dinero «en copas y mujeres para luego pedir que se nos ayude». Y eso lo dice el ministro de un país que exhibe a las mujeres prostituidas en escaparates.
Yo no voy a negar que en España hay corrupción porque llevo toda mi vida avergonzado tratando de luchar contra ella. Pero eso una cosa y otra el admitir que sólo existe en nuestros países del sur.
En España hay corrupción, por supuesto. Una es la corrupción «al menudeo», la que se da entre la clase política y sabemos que hasta el anterior Jefe de Estado era un vulgar comisionista. Sin embargo, la importantes no es esa. Si se habla tanto de la corrupción política, como si fuese la única, es para ocultar la más onerosa. Los políticos corruptos se quedan, en realidad, sólo con la calderilla, con la propina, porque los grandes ingresos que genera la corrupción, la construcción de los aeropuertos donde no hay aviones, las autopistas por donde apenan pasan coches, los puertos faraónicos innecesarios, las operaciones de ingeniería financiera… se los llevan las grandes empresas, los bancos y los fondos de inversión, y una buena parte de ellos proceden precisamente de países del norte de Europa, como Alemania y Holanda. Las burbujas especulativas de Europa la han financiado principalmente los bancos alemanes y holandeses. Por cierto, a costa de no utilizar esos capitales en el desarrollo de sus economías. Y la corrupción a lo grande está presente en países como Alemania o los Países Bajos desde hace tiempo.
Alemania ha podido llegar a ser una gran potencia exportadora, entre otras cosas, gracias a los sobornos, una práctica tan habitual de sus grandes empresas que hasta hace pocos años incluso se podían deducir de impuestos. Solo a su gigante Siemens se le han descubierto operaciones irregulares por valor de unos 420.000 millones de euros. Volkswagen ha engañado a millones de clientes con el escándalo de los motores diésel; muchas grandes empresas alemanas como Deutsche Bank, Vodafone, Deutsche Telekom o Deutsche Pos, entre otras, han protagonizado también grandes escándalos y el considerado mayor fraude fiscal de la historia europea, el caso Cum-Ex, se organizó en Alemania.
¿Y qué decir de Holanda, a parte de que su gran banco ING ha tenido que pagar multas multimillonarias por blanqueo de capitales? ¿No es eso otra forma de corrupción, más elegante si se quiere, aunque de consecuencias igual o incluso más dañinas en otros aspectos? ¿Y lo que hicieron algunas de sus grandes empresas multinacionales en la Sudáfrica del apartheid no fue corrupción de la más criminal?
¿Acaso el haberse convertido en un auténtico paraíso fiscal para permitir que las grandes empresas no paguen impuestos en los países donde realmente operan no es corrupción?
¿Se puede decir que en los Países Bajos no hay corrupción y que allí se utilizan los recursos públicos con honestidad cuando el país se ofrece como soporte de la ingeniería financiera que mina las arcas de otros Estados? ¿Robar los recursos propios es corrupción y permitir que se roben los de otros, como hace Holanda, no?
Un estudio reciente publicado en una revista del Fondo Monetario Internacional reveló que Holanda y Luxemburgo acogen la mitad de la inversión ficticia mundial, es decir, la que no se realiza realmente, sino que sólo está en las cuentas de las empresas para evadir impuestos. En España se calcula que las grandes empresas multinacionales dejan de pagar unos 13.500 millones de euros en impuestos gracias a la existencia de países como Holanda, que proporcionan la posibilidad de eludirlos.
¿Con qué derecho y fundamento puede descalificar el ministro holandés a los países del sur de Europa por tener más deuda, cuando su país es uno de los grandes mamporreros al servicio de la evasión fiscal que destroza las arcas de esos estados, cuando Holanda es el mayor proveedor mundial de servicios de evasión fiscal del planeta, según un informe de 2017 (Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network)?
¿Con qué fuerza moral puede hablar a otros de eficiencia en el uso de los recursos públicos un país que incluso da nombre al «bocadillo holandés», que no es precisamente una delicia culinaria sino una de las prácticas más sofisticadas para blanquear dinero?
¿Cómo pueden dar lecciones sobre administración de recursos los dirigentes de un país que es la pasarela necesaria para que se practique el terrorismo financiero de nuestros días que arruina a países y a empresas, a la economía productiva del planeta?
Y se olvida el ministro holandés de que si los países del norte pueden acumular grandes excedentes es porque han impuesto en la zona euro un sistema de funcionamiento perverso, que no cuenta con mecanismos adecuados de ajuste, de modo que unos países, como el suyo o Alemania, pueden acumular superávits no sólo porque son más ricos y quizá más eficientes sino porque juegan con la ventaja de haber montado un club en donde las normas tratan por igual a los desiguales.
Los países del norte de Europa, con Alemania y Holanda ahora a la cabeza, están haciendo trampas. Se benefician del euro al haberlo establecido sin una hacienda europea, sin normas que impidan el ajuste efectivo de los desequilibrios y sin mecanismos de protección ante shocks, como una pandemia sin ir más lejos, que produce efectos asimétricos entre los países miembros. Han comprado a precio de saldo las principales empresas de la periferia europea, viven de colocar en esta última sus exportaciones, financiaron y se aprovecharon de burbujas como la inmobiliaria en España y encima nos acusan de derrochadores.
El ministro holandés ha pedido a la Comisión Europea un informe sobre por qué algunos países de la Unión han acumulado reservas financieras en los últimos años, mientras que otros no lo han hecho. Algo que parece mentira, pues cualquier estudiante de tercero de Económicas sabe perfectamente que eso es inevitable que ocurra cuando una unión monetaria, como el euro, está intencionadamente mal diseñada. A Robert Mundell le dieron el Premio de Economía del Banco de Suecia (equivalente al Nobel) por haberlo demostrado hace ya casi sesenta años, en 1961, y cuesta creer que un ministro de finanzas no lo sepa y tenga que pedir que le digan la respuesta.
Le faltó al ministro decir esta vez que los españoles, como toda la población de los demás países del sur de Europa, somos unos vagos y que no nos gusta sino la juerga y la siesta, a pesar de que trabajamos 272 horas más de media al año que los holandeses.
Los dirigentes holandeses, como los alemanes, tienen por qué callar. Los españoles no debemos ocultar nuestros defectos que son muchos. Entre ellos, el haber permitido que nuestras élites corruptas hayan entregado o malvendido tanta de nuestra riqueza a empresas alemanas y holandesas, o el haber permitido que nos incorporaran al euro sin hacer una valoración objetiva, ni permitirnos debatir sus ventajas e inconvenientes. Mas lo que no podemos permitir es que los dirigentes de esos países nos insulten de la manera en que lo han hecho. El presidente de Portugal, Antonio Costa, lo ha dicho con toda claridad: las declaraciones del ministro neerlandés son «repugnantes». Lleva toda la razón.
Los Países Bajos tienen, como Alemania, muchas cosas ejemplares de las que debemos aprender los demás países europeos. Su supremacismo y prepotencia de los últimos tiempos son, sin embargo, inaceptables y yo creo, como he dicho, que injustificados. Es muy chocante que se quiera convertir en la guía moral de Europa dando lecciones de honradez a los demás que un país que deja morir a sus mayores sin atención hospitalaria porque ya son demasiado viejos, que es de facto un paraíso fiscal, o que permite que mujeres exhiban su cuerpo como mercancías en escaparates. Significa que la Unión Europea tiene un problema serio y que vamos a tener que plantearnos si vale la pena ser socios de quienes no saben pronunciar palabras como cooperación o solidaridad.
Juan Torres López es Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Dedicado al análisis y divulgación de la realidad económica, en los últimos años ha publicado alrededor de un millar de artículos de opinión y numerosos libros que se han convertido en éxitos editoriales. Los dos últimos, Economía para no dejarse engañar por los economistas y La Renta Básica. ¿Qué es, cuántos tipos hay, cómo se financia y qué efectos tiene?
Nota del blog   . Como bien dice el País  en una nota final  a un articulo

A VUELTAS CON LA DEUDA Y LOS HOMBRES DE NEGRO

" La firmeza que ha querido demostrar el Gobierno de La Haya en términos financieros choca, por un lado, con el elevado número de muertes en todos los países afectados y los niveles de deuda ya existentes. Hasta el presidente del banco central neerlandés, Klaas Knot, admitía estos días que “cuando ves lo que ocurre con el coronavirus en Italia y España, la llamada a la solidaridad es lógica”. El ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, es cristianodemócrata, y el primer ministro Mark Rutte, liberal de derecha, el partido mayoritario de la coalición, y tradicionalmente cercano al mundo de la empresa. A ninguno de los dos le gusta la idea de los eurobonos porque temen que ello suponga al final el pago comunitario de la deuda nacional española e italiana. Los créditos del MEDE y los propios eurobonos cuentan con el respaldo financiero de todos los países del euro. Pero ni los Países Bajos ni Alemania han tenido que recurrir a ellos porque no tienen problemas de financiación en los mercados. Los créditos del MEDE van asociados a una condicionalidad que supone en la práctica la intervención de las economías a las que se busca ayudar (basta recordar los famosos hombres de negro que supervisaban los planes de ajuste y de reforma como consecuencia de los rescates aprobados durante la crisis financiera). Por otro lado, los eurobones permiten que los países con un elevado nivel de deuda puedan financiarse a precios más baratos de lo que los mercados exigirían a los países individualmente y, como efecto rebote, ello podría acabar encareciendo las emisiones de deuda de países como Alemania o los propios Países Bajos, de ahí su rechazo."