¿Se habrá infiltrado Pablo Iglesias en los gobiernos de Francia y Alemania?
Juan Torres López
Hace unos días, el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias hizo referencia en un mensaje de Twitter al artículo 128 de la Constitución Española que dice: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Lo hizo para subrayar que, en estos momentos de emergencia sanitaria, "cobra sentido la noción patriótica de la primacía del interés general del país", un principio constitucional que lógicamente puede llevar a que puntualmente se disponga que alguna propiedad privada quede al servicio del bien común.
Enseguida, los medios de comunicación y los dirigentes y economistas de derechas arremetieron contra Pablo Iglesias, una vez más, con la desmesura y crueldad con que suelen referirse a lo que hagan o digan los líderes de Podemos. Por esa declaración han acusado al vicepresidente de "querer imponer su ideología comunista y de amenazar a la propiedad privada" o de tener intenciones incluso más radicales y tremendas. Libertad Digital decía en un gran titular: "El pánico se desata: Iglesias instaura un régimen comunista". Esdiario se refería al mensaje del líder de Podemos diciendo que el "tuit chavista de Pablo Iglesias aterroriza a todo el mundo con ahorros". El diario El Economista aseguraba, también a toda plana, que "Iglesias quiere nacionalizaciones y socializar ahorros como Venezuela". El economista José Carlos Díez dejó de ser economista observador, como le gusta definirse a sí mismo, para convertirse en psicólogo: "España tiene un vicepresidente del Gobierno comunista obsesionado con expropiar empresas". Y el máximo líder del PP, Pablo Casado, se sumaba al clamor general, como no podía ser menos, asegurando que el vicepresidente "amenaza con expropiar la propiedad privada" o que quiere "nacionalizar la economía como en Venezuela". Otros líderes o medios le han pedido la dimisión por "amenazar" con la aplicación de ese principio constitucional.
Los juicios tan dramáticos y extremistas contra Iglesias son realmente chocantes si se tiene en cuenta que no mencionó ningún artículo de la extinta constitución soviética ni de la bolivariana de Venezuela sino uno de la española. Sorprende porque no parece lógico que, quienes a todas horas manifiestan su compromiso con nuestra Carta Magna y se denominan a sí mismos los constitucionalistas, puedan mostrar tanto temor cuando se invoca uno de sus artículos. Si hay algo de comunista, de bolivariano, de radical y terrible en la declaración de Pablo Iglesias será porque todo eso está en nuestra Constitución y no porque lo haya afirmado el vicepresidente. Y si esa idea le parece peligrosa a la derecha (¡como si hubiera sido Podemos quien redactara un artículo bolchevique!) parece que lo lógico no es pedir la dimisión de quien invoca a la Constitución sino que se cambie el texto que no les gusta. Claro que entonces se estarían negando a ellos mismos y mostrando que su acendrado constitucionalismo es una farsa de cartón piedra.
Quienes critican a Iglesias por recordar la letra y el espíritu del 128 olvidan (seguramente lo saben, pero no quieren tenerlo en cuenta) que preceptos de ese tipo se encuentran, con una u otra redacción concreta, en casi todas las constituciones avanzadas y que es precisamente su ausencia lo que da problemas en momentos como los que estamos viviendo. Así lo ha reconocido nada más y nada menos que el expresidente Felipe González en un artículo de prensa en el que subraya la necesidad de tenerlo presente, naturalmente, reconociendo y cumpliendo al mismo tiempo con el resto de los principios constitucionales, como no puede ser de otra forma.
Concretamente, González afirma que "el enorme desafío, tanto sanitario como económico-social, cargado de incertidumbres, que nos plantea la pandemia de la covid-19, exige, por tanto, que el Estado asuma ese papel previsto en el artículo 128 de la Constitución, respetando todo su contenido y respondiendo, de acuerdo con nuestra realidad, a la defensa del interés general que se invoca". Con tal de atacar al gobierno, los constitucionalistas dejan en papel mojado la letra de la Constitución que dicen defender y acusan de agredirla a quienes precisamente reclaman que se aplique cuando sea necesario. El mundo al revés con tal de impedir que gobierne la izquierda.
Son unas acusaciones tan exageradas y estruendosas, tan desproporcionadas y malvadas que lo que muestran es que el constitucionalismo de partidos como el PP, Ciudadanos o Vox es falso, de pacotilla. No puede ser de otro tipo dada la escasísima confianza que tienen en la Constitución que dicen defender. Ni aplicar su artículo 128 supondría poner en marcha el comunismo, ni Pablo Iglesias, ni su partido, ni su gobierno podrían llevar acabo, puesto que la propia Constitución contempla mecanismos e instituciones para impedirlo, actuaciones contra ella. Si quienes han levantado la voz contra las declaraciones de Iglesias encuentran tan radical e inadecuado el contenido de la Constitución y si creen que sólo con invocar unos de sus principios se la pone en peligro, si para ellos es tan peligrosa e incapaz de defenderse a sí misma, lo que no se entiende es que la defiendan. O, mejor dicho, sólo puede entenderse que digan que la defienden con tanto ahínco porque mienten. La Constitución les importa un rábano y sólo están preocupados por dinamitar a cualquier gobierno que defienda -con la Constitución en la mano- intereses que no sean los de la grandes empresas o los de la cúpula que controla la Iglesia Católica. Las falsedades, como dijo Voltaire, no sólo se oponen a la verdad, sino que a menudo se contradicen entre sí.
Curiosamente, hay una buena prueba de que detrás de las acusaciones de la derecha sólo hay histrionismo y ningún peligro de que el gobierno destruya la economía por recurrir al artículo 128 de la Constitución: gobiernos tan poco sospechosos de izquierdismo como los de Francia y Alemania están yendo mucho más lejos de lo que ha ido en España el vicepresidente Pablo Iglesias.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, afirmó la semana pasada que allí se está valorando la posibilidad de tomar participaciones en las empresas que lo necesiten e incluso realizar nacionalizaciones. Y el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, también ha anunciado que llevarán a cabo nacionalizaciones si fuese necesario. Y hasta el presidente Trump ha ordenado a General Motors y a Ford que se pongan a fabricar respiradores.
El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, afirmó la semana pasada que allí se está valorando la posibilidad de tomar participaciones en las empresas que lo necesiten e incluso realizar nacionalizaciones. Y el ministro de Economía alemán, Peter Altmaier, también ha anunciado que llevarán a cabo nacionalizaciones si fuese necesario. Y hasta el presidente Trump ha ordenado a General Motors y a Ford que se pongan a fabricar respiradores.
No es que Iglesias se haya infiltrado en los gobiernos de Francia y Alemania y los esté haciendo bolcheviques. No. Lo que simplemente ocurre es que, en momentos de emergencia como los que estamos viviendo, lo lógico es que los gobiernos tengan esa previsión y que invoquen el mismo principio al que hizo referencia el vicepresidente español.
Una epidemia como la de la covid-19 nos obliga a utilizar todos los recursos necesarios para salvar vidas humanas y, desgraciadamente, a elegir entre preservar la salud confinando durante algún tiempo a la población o salvar la economía. Y la derecha, por cierto, también aprovecha esta terrible disyuntiva para criticar al gobierno, haga lo que haga: si hay muertes, dice que Pedro Sánchez e Iglesias las desean y no las evitan y, si el gobierno decide confinar a la población para evitarlas, los acusan de paralizar la actividad económica para destruirla por un capricho ideológico, por una obsesión, como dice Díez.
Para poder disponer de todos los medios que necesita nuestro sistema sanitario y para evitar que miles de empresas cierren por la obligada inactividad, el gobierno no puede tener la más mínima duda: si hace falta colocar a las empresas privadas al servicio del interés común debe hacerlo, lo mismo que debe proteger a todas las empresas que lo necesiten, cueste lo que cueste y de cualquier manera que sea, para evitar que desaparezcan. Hay muchas empresas españolas que tienen servicios de logística por todo el mundo ¿no es lógico, por ejemplo, que se recurra a sus redes para aprovisionarnos con seguridad en estos momentos de crisis? ¿no es razonable que se obligue, si fuera preciso, a que se reconviertan las que hagan falta para producir aquí lo que ahora no se pueda conseguir en los mercados internacionales, como algunos productos sanitarios?
Y eso hay que hacerlo, eso sí, con la máxima prudencia e incluso con comedimiento, en el fondo y en las formas, para que nadie pueda creer que hay amenaza donde sólo se está deseando que haya cuidado y protección. Esperemos que el gobierno sea capaz de superar la agresión continuada, que acierte en el tratamiento de la crisis, que actúe con inteligencia y mayor prontitud para garantizar los ingresos perdidos por las empresas y las personas y que no tengamos que ver a empresas y bancos, no sólo en España sino en el resto de Europa, pidiendo ellos mismos ser nacionalizados.
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