‘LAWFARE’ URBANO Y
ATAQUE A LO PÚBLICO
Josep María Montaner .
Extracto del libro 'Lawfare urbano. Ofensiva judicial contra
la Barcelona de Ada Colau' (Icaria, 2023) que denuncia cómo funcionan las
querellas judiciales para frenar los proyectos municipales de transformación
ecológica y social
.Desde la diversidad de la izquierda no se pueden
minusvalorar los efectos negativos del lawfare y de las fake news, ya que en
algunos casos han alcanzado algunos de sus objetivos. Consiguen que algunos
renuncien, obstaculizan proyectos, imponen una agenda y un vocabulario
reaccionarios y retrógrados y, en definitiva, han propiciado un avance de la
ultraderecha.
Hoy los efectos son visibles a través de la mayor presencia
de manifestaciones, testimonios y símbolos fascistas en esta expansión de la
guerra judicial (lawfare) y en las mentiras (fake news) transmitidas en algunos
canales de televisión y algunos medios, tanto explícitamente reaccionarios como
en los mainstream. Parafraseando a Voltaire, que escribió que “el último grado
de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”, en relación a las
tácticas de la extrema derecha hoy podríamos establecer que “el último grado de
perversidad es hacer servir la democracia para dinamitarla”.
Toda esta presión mediática tiene sus efectos: por la
insistencia en crear percepción de inseguridad y violencia; por fomentar el
individualismo y el “sálvese quien pueda”; por intentar desprestigiar a ciertas
ciudades innovadoras —tal como se intenta hacer infundadamente con Barcelona—,
y por querer favorecer a ciertas multinacionales, como las de los taxis
privados o las compañías de seguridad.
Los objetivos del lawfare, a cualquier escala, son los de la
sacralización del ámbito privado y del mundo empresarial. Para ello es
necesario desacreditar la gestión pública, ponerle todas las trabas posibles
para que se ralentice o no consiga los objetivos que se habían decidido
democráticamente. Además, este laminar el prestigio de lo público tiene un fin
ulterior: si la administración no funciona bien, no tiene sentido pagar
impuestos. Por lo tanto, siguiendo el dictado conservador y de la extrema
derecha, que se reduzcan los impuestos. Y por ello, es tan perverso el lawfare
que promueven aquellos políticos, técnicos y expertos que estuvieron en la
administración y han conocido unos mecanismos administrativos que ahora quieren
entorpecer.
En el caso de Barcelona, todas las querellas son en reacción
a las medidas introducidas para mejorar la ciudad
En el caso de Barcelona y el lawfare urbano, todas estas
querellas han sido y son siempre reacción a las medidas introducidas para
mejorar la ciudad —acceso a la vivienda, calidad del espacio público, menos
tráfico, menos contaminación, etc.—, demostrando claramente que el Ayuntamiento
ha tomado la iniciativa, aunque los antiguos poderes no se resignen a aceptar
que ya no tienen tantísima influencia y acceso directo a la gestión municipal
como antes.
La mayoría de estos casos de lawfare han tenido y tienen un
doble objetivo, aunque no se ganen: difamar al gobierno municipal y a su
alcaldesa, y demorar lo máximo los planes y proyectos urbanísticos. Tal como ha
sucedido en casos ya citados, como la Reforma del Plan General Metropolitano de
Gracia, la Superilla Barcelona o las obras de la remodelación de la Via
Laietana, aunque en ningún caso se han conseguido parar.
Sin embargo, esta ofensiva judicial, aunque no consiga sus
objetivos finales, sí que consigue, en algunos casos, retrasar los procesos
administrativos y, además puede llegar a amedrentar a las personas de la
administración, ya sean políticos o sean funcionarios. Con ello, la gestión
municipal se hace aún más lenta. Al exceso de protocolos, medidas y reducciones
decretadas en el 2012 por el gobierno del Partido Popular, con el Decreto-Ley,
de 25 de junio, de medidas urgentes para la contención del gasto público y la
adaptación del funcionamiento de los servicios públicos, y con el Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, ahora se suma el plus de
lentitud por las querellas que frenan procesos de licitación y proyectos
urbanos. No solo son mecanismos de la antipolítica y de la reducción de la
democracia, sino que tienen por objetivo ir desgastando y desprestigiando la
gestión pública y su sistema de tasas y pago de impuestos.
(............)
Por suerte, podemos afirmar que todos estos ataques judiciales,
a pesar de poner continuamente zancadillas, han terminado intensificando la
coherencia y los objetivos de la institución municipal, aumentando la precisión
para todos los trámites y reforzando la voluntad y la responsabilidad para
consolidar y aumentar las capacidades, los campos sociales de actuación y las
competencias.
Hoy recursos, mañana leyes .
Y es que a pesar de esta carrera de obstáculos en que se ha
convertido la gestión municipal en Barcelona, se demuestra que quien ha
planteado los conceptos hegemónicos, como escribiría Antonio Gramsci, es el
Ayuntamiento de Ada Colau: por las reacciones rabiosas y sistemáticas que
genera, porque la mayoría de medidas municipales las va legislando y
promoviendo la Generalitat de Catalunya; y porque cada una de ellas (superilla,
servicios sociales, mediación en los desahucios, atención a la salud mental,
alojamientos de proximidad provisionales, política de vivienda…) va ganando
reconocimiento y premios alrededor del mundo.
La influencia que las medidas adoptadas en Barcelona están
teniendo en otros países y ciudades es notoria
De esta manera, no solo estos proyectos no se han conseguido
frenar, sino que algunas de estas medidas tan polémicas para algunos, y tan en
sintonía con nuestros tiempos, han sentado precedente en leyes, normativas y
proyectos. Muchas de las medidas sociales, en relación a la vivienda, contra la
contaminación o a favor del espacio público propuestas en Barcelona han sido
replicadas en otros municipios catalanes y por la misma Generalitat de
Catalunya. La Zona de Bajas Emisiones ha sido reconocida por el Ministerio de
Transición Ecológica del Gobierno español como modelo a seguir en las ciudades
de todo el Estado. La norma del 30 % de vivienda asequible ha sido incluida en
la nueva Ley del Derecho a la Vivienda del actual gobierno, aún pendiente de
aprobación cuando se redacta este libro.
La influencia que las medidas adoptadas en Barcelona están
teniendo en otros países y ciudades es notoria. Por ejemplo, el gobierno de
Japón se inspiró en las medidas tomadas en Barcelona contra los apartamentos
turísticos ilegales gestionados por Airbnb, para reducir drásticamente en el
2018 el número de apartamentos turísticos, pasando de los 62.000 que tenía
Airbnb a unos 13.800. Y en cualquier texto sobre Airbnb y el problema urbano y
social de los apartamentos turísticos, Barcelona, junto a Ámsterdam, París y
Nueva York, es una de las ciudades más citadas por sus medidas de control y
regulación.
Los movimientos urbanos de resistencia a la turistificación
de los barrios más monumentales de Atenas han planteado el Plan Especial
Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) de Barcelona como modelo
alternativo de referencia a seguir. Y tanto las dos superillas realizadas —la
del Poblenou y la de Sant Antoni, que han servido de prototipo y prueba—, como
el proyecto global Superilla Barcelona, con sus ejes y plazas verdes en las
intersecciones de las calles, han sido reconocidas por la ONU como un ejemplo
de cómo las ciudades pueden combatir la crisis climática.
Con motivo de la cumbre de ciudades en Buenos Aires en
octubre del 2022, el Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado que son hasta 250 las
ciudades que han pedido información técnica sobre las superillas (como Nueva
York o el land alemán de Baden-Württemberg) o se han inspirado en ellas, como
la ciudad de Bogotá, con sus “Barrios vitales”; la de Berlín, donde se denominan
“Kiezblocks”; Viena, que ya tiene una larga tradición de peatonalización, donde
se llaman “Grätzl”; o Los Ángeles, que las ha tomado en cuenta para su proyecto
de “Park Blocks”. Dicha cumbre ha significado, entre otras cosas, el
reconocimiento internacional a la Superilla Barcelona. Y sin ir tan lejos, el
modelo superilla de Barcelona ha sido adoptado por municipios próximos como
Santa Coloma de Gramenet o Cornellà de Llobregat, o por ciudades afines como
Valencia.
En materia de innovación en políticas de vivienda, Barcelona
se ha situado, por primera vez en su historia, como un referente. Por su
política de promoción de cooperativas en cesión de uso y una incipiente
Community Land Trust. Por su acuerdo para crear la entidad metropolitana de
vivienda, Habitatge Metròpolis Barcelona, basada en un acuerdo púbico-privado.
Por haber potenciado la creación del Observatori Metropolità de l’Habitatge y
la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda. Por los dos alojamientos de
proximidad provisionales (APROP) ya realizados, el primero, en Ciutat Vella,
proyectado por el arquitecto David Juárez de Straddle 3, con Eulia Arkitektura
y Yaiza Terré Estudi, que recibió el Premio New European Bauhaus, al mejor
proyecto de vivienda modular el 16 de septiembre del 2021; y el segundo,
terminado a mediados del 2022 en la plaza de las Glòries, con 42 viviendas para
personas y familias en situación de vulnerabilidad. Y por la promoción de
nuevos sistemas de producción industrial de vivienda social.
Y es que el estado del mundo nos pide, necesariamente, ir en
una la misma dirección. Y esta dirección es la que Barcelona, junto a otras
ciudades, está señalando.
* Este texto es un extracto del libro ‘Lawfare urbano.
Ofensiva judicial contra la Barcelona de Ada Colau’ (Icaria, 2023), que acaba
de ser publicado.
JOSEP MARIA MONTANER Arquitecte, catedràtic de l’ETSAB-UPC i exregidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona
https://www.elcritic.cat/opinio/josep-maria-montaner/lawfare-urbano-y-ataque-a-lo-publico-159559
y ver
https://www.publico.es/politica/judicial-indignado-lawfare-guarda-silencio-guerra-judicial-colau-caso-neurona.html#md=modulo-portada-bloque:4col-t5;mm=mobile-big
No hay comentarios:
Publicar un comentario