Corrupción en el Fondo de Acceso Global para Vacunas de la ONU
La semana pasada el gobierno de México anunció que iniciaría una demanda contra el Fondo de Acceso Global para Vacunas contra Covid-19 (Covax, por sus siglas en inglés) por no entregar millones de vacunas comprometidas, pese al pago adelantado por 160 millones de dólares que realizó México en 2020.
Faltan entregar vacunas por valor de 75 millones de dólares. Covax ha distribuido a nivel global menos de la mitad de lo que se comprometió tanto sin costo a países de menos recursos como a los que realizaron compras anticipadas.
¿Covax es un fracaso? Sí, lo es para atender la pandemia Covid-19, para la salud pública y para cuidar a quiénes más lo necesitan. Por el contrario, para las trasnacionales farmacéuticas Covax ha sido una maravilla, en consonancia con los objetivos de los actores privados que lo fundaron. Pese a que distribuyó menos vacunas, no bajó las ventas de las transnacionales: fue un negocio adicional para las farmacéuticas que así vendieron más en ventas bilaterales a los países, imponiendo injustas condiciones. Se aseguraron, gracias a Covax, que las vacunas a países que no podían pagarlas fueran de todos modos pagadas a las empresas por gobiernos e instituciones públicas.
Al contrario de lo que muchas personas perciben, Covax no es un mecanismo de Naciones Unidas ni de su Organización Mundial de la Salud (OMS). Pese a que casi 80 por ciento de su presupuesto proviene de gobiernos, la OMS apenas tiene un lugar secundario y en minoría, junto a los coordinadores reales de Covax, que son la Alianza global para la vacunación (Gavi) y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por su sigla en inglés). Ambas alianzas público privadas son controladas por sectores privados, fundadas y financiadas en primer término por la Fundación Bill y Melinda Gates.
El problema fundamental de Covax no es ineficacia, sino que nunca se pensó para el interés público. Se ideó y planificó para favorecer el lucro corporativo, representado en Gavi y CEPI y directamente por la gran industria farmacéutica y otras que se sentaron a la mesa y decidieron estructuras, objetivos y modos de funcionamiento de este mecanismo.
Como explica el experto Harris Gleckman –antes funcionario de ONU– en su reporte sobre Covax, éste fue creado como iniciativa comercial contra la salud pública, justamente para evitar que se creara un mecanismo público de Naciones Unidas, donde las corporaciones e intereses de lucro (aunque pueden cabildear) no hubieran podido sentarse en pie de igualdad y en mayoría, como lo hacen en Covax. Refiero esto en un artículo anterior (https://tinyurl.com/2a494rna).
Declarada la pandemia global, todos los países requieren acceso lo más rápido posible a prevención y tratamientos. Ante esa situación, para obtener los mejores resultados para la mayoría de las poblaciones, la producción y diseminación más segura y efectiva, se debería acudir principalmente a los sectores públicos y nacionales de salud y de investigación, compartir conocimientos y opciones, producir o coproducir tratamientos (no sólo vacunas) en forma amplia en todos los países que tengan la capacidad y/o apoyar la creación de capacidad en más países, para habilitar el mayor alcance global. Esto, además, hubiera fortalecido los sistemas nacionales de salud a corto y largo plazos. Se hubieran podido considerar diversos tratamientos y producir vacunas convencionales basadas en metodologías probadas, en lugar de experimentales, transgénicas y patentadas.
Ante situaciones de emergencia sanitaria, hasta la Organización Mundial de Comercio prevé en sus reglas excepciones por motivos de salud pública, en este caso, suspender las limitaciones de patentes de todos los tratamientos para que se puedan producir en más países y para bajar costos. Excepciones a las que la gran farmacéutica y sus países sede se opusieron fieramente.
En lugar de actuar para el interés público, lo único público que le interesó a Covax fueron los fondos gubernamentales, que canalizó como si fuera un banco de inversiones para compras anticipadas a gran escala a las empresas trasnacionales de vacunas basadas en ingeniería genética. Esto se agregó al gigantesco negocio que hicieron esas empresas en la pandemia, esquilmando a los gobiernos e imponiendo condiciones leoninas en precios y garantías. Se aseguraron además de que pese a ser vacunas con metodologías nunca antes probadas, ningún gobierno pudiera reclamar por los daños, con cláusulas de confidencialidad y de no responsabilidad inéditas, que los gobiernos aceptaron presionados por la emergencia. Un nuevo reporte de Gleckman da cuenta de ello (https://www.tni.org/es/node/25919).
Ante el fiasco de Covax, en lugar de exigir el reintegro de los fondos, el gobierno de México aceptó recibir vacunas genéticas pediátricas, el nuevo paso de negocios de las corporaciones para expandir sus mercados. Son aún más experimentales y aprobadas sólo para emergencia, que ya no es tal. Dichas vacunas no previenen los contagios, la afectación de Covid-19 en niños y niñas es mínima, la vasta mayoría tiene sus propias defensas. Agregan a todo lo anterior cargar a la infancia con riesgos innecesarios que como señalan varios artículos científicos, pueden ser muy graves.
La Jornada
No hay comentarios:
Publicar un comentario