El franquismo del Tribunal Supremo .

 En memoria de Rafael Chirbes.

Javier Pérez Royo

 Leer aquí  ..https://www.eldiario.es/contracorriente/memoria-rafael-chirbes_132_6135666.html

 y ver ..https://www.eldiario.es/contracorriente/tribunal-supremo-maoista_129_6126752.html

¿Dónde está la Salud Pública?

Confinamientos 2.0 ¿Dónde está la Salud Pública?

Joan Benach  

Realizar encierros extremos sólo puede servir como “solución final”. En España ha sido la alternativa a una salud pública enormemente débil, sin capacidad para vigilar, educar, prevenir y actuar

La pandemia ha mostrado nuestra radical fragilidad como especie, pero también numerosas insuficiencias e hipocresías sociales. Hemos visto el trabajo “esencial”, pero enormemente precarizado, de muchas mujeres, migrantes, obreros y jóvenes en el área de cuidados, el comercio o la industria alimentaria cuyos trabajos antes se etiquetaron de "poco cualificados" para así justificar unos sueldos muy bajos y unas malas condiciones de trabajo.

 La pandemia ha revelado también la crucial importancia de la sanidad pública y de sus profesionales. Pero no basta con que éstos reciban aplausos y premios, o escuchar hipócritamente que son “héroes”, o que la sanidad es muy importante; las palabras valen de muy poco si no se convierten en hechos. Para ello, hay que transformar profundamente una sanidad pública subfinanciada, recortada, mercantilizada, hospitalocéntrica y medicalizada, en una sanidad construida entorno a la atención primaria y comunitaria, los servicios sociales, y una atención centrada en la integralidad psicobioecosocial humana y menos en la biomedicina y la tecnología. Si los actuales servicios sociosanitarios públicos son débiles, ¿qué decir de la Salud Pública? 

Recordémoslo las veces que sea necesario: la “Salud Pública” no es lo mismo que la “Sanidad Pública”. Ésta última trata de diagnosticar, curar o rehabilitar las posibles secuelas de enfermedades como la covid-19 o tantas otras, así como también ayudar al bien morir. En cambio, la salud pública tiene como objetivo prevenir la enfermedad, así como proteger, promover y restaurar la salud de toda la población. Unos pocos ejemplos de esa ingente e imprescindible tarea son la necesidad de mejorar la salud del medio laboral, la salud ambiental o la salud mental, el construir una potente y efectiva red de vigilancia epidemiológica, o actuar eficazmente ante los determinantes sociales de la salud para así reducir las desigualdades.

 Sin embargo, para hacer frente a objetivos de tanta importancia y dificultad, los recursos actuales de la salud pública son ínfimos y su visibilidad social casi inexistente. ¿Por qué? Por una parte, porque tenemos una salud pública débil, desmantelada y nunca desarrollada, cuya financiación es muy escasa. Pensemos que en nuestro medio los recursos de salud pública apenas si representan menos del 2% del presupuesto de salud (y buena parte de ellos se destinan a las vacunas), y que la formación y número de especialistas disponibles es muy limitado. Por otro lado, la salud pública tiene poca visibilidad ya que uno de sus objetivos fundamentales es analizar y prevenir problemas cuyo impacto no es inmediato.

 Cuando aparecen nuevos brotes se tienden a generar acciones “curativas”, perceptibles y necesarias, como aumentar el número de camas, la disponibilidad de plazas en las UCIs, o crear hospitales de campaña. Sin embargo, muchas acciones esenciales de salud pública no ofrecen ganancias económicas, políticas o sanitarias directas y tangibles, por lo que con gran frecuencia quedan injustamente olvidadas o pospuestas. ¿Es eso sensato? Si alguien señalara que limpiar un bosque o disponer de un parque bien equipado de bomberos no es algo rentable porque en este momento no hay incendios, eso podría parecernos un sinsentido. Pues bien, la pandemia es un “macroincendio” que fue posible controlar no con distintas medidas de salud pública sino mediante un confinamiento radical, pero que sigue aún activo.

En el caso de la gestión del Govern catalán, junto a divulgar eslóganes publicitarios (“frenemos el virus”, “este virus lo paramos unidos”), apuntar una superioridad infundada (“nosotros lo haríamos mejor”), y hacer recomendaciones personales (“quédate en casa, usa la mascarilla, mantén la distancia social, lávate las manos”), las políticas han sido parciales, tardías e improvisadas, con una actuación que hay que calificar de reactiva y muy deficiente.

 Los ejemplos abundan. Sólo recientemente se ha nombrado a un Director de la unidad de seguimiento de la Covid-19, se ha esperado casi dos meses a nombrar un nuevo secretario de Salud Pública, y cuatro meses en crear un Comité de expertos que proponga como cambiar el sistema de salud y las residencias. Otro ejemplo de negligencia fue la caída en el olvido del informe realizado a finales de abril por Oriol Mitjà, un epidemiólogo que trató de asesorar al Govern con posibles instrumentos y posibles estrategias de acción para realizar el desconfinamiento, donde por ejemplo destacaba la necesidad de hacer tests masivos entre las dos decenas de miles de trabajadores temporeros de Lleida. Como es lógico, disponer de documentos con estrategias y posibles acciones a realizar (tests, rastreadores, confinamientos parciales, etc.) no es lo mismo que ejecutarlas y llevarlas a cabo. 

Hay muchos más ejemplos de incapacidad y displicencia. La ineficiente acción de las tareas de rastreo externalizadas a Ferroser Servicios Auxiliares, una empresa filial de Ferrovial que recibió cerca de 18 millones de euros. La negligencia en crear un número de “rastreadores” suficiente para detectar, seguir y aislar posibles contagios, especialmente por lo que hace al riesgo existente en trabajos precarizados, residencias y reuniones (o aglomeraciones) juveniles y familiares. 

En Catalunya apenas si ha habido doscientos rastreadores, que ahora se han duplicado, pero que en realidad deberían multiplicarse por 8 o por 10. Existen unos sistemas de información y vigilancia epidemiológicos muy limitados y unas medidas de comunicación y prevención mal enfocados. Y se persiste con insistencia en afirmar que la salud colectiva depende básicamente de la biomedicina (investigación biológica, epidemiología clínica, especialistas médicos, tecnologías digitales) en lugar de en los determinantes ecosociales de la salud o, también, en insistir como estrategia fundamental en la responsabilidad individual (la salud depende de uno mismo) en vez de en la acción política e institucional. Todos ellos son síntomas claros de una inaceptable visión reduccionista y mercantilista de la salud y de tener una salud pública muy precarizada.

Si bien al principio de la pandemia en marzo, tanto en Catalunya como en España, se produjeron errores lógicos al saber muy poco de un virus nuevo, más tarde gran parte de las acciones se han caracterizado por la falta de previsión y la incapacidad de anticipación. No se aprendió la lección, faltando claridad y valentía para actuar. Sin un liderazgo adecuado y sin invertir en serio en salud pública difícilmente podrá controlarse la pandemia, evitar nuevos brotes, y prevenir sus substanciales efectos a corto y largo plazo en la salud colectiva. Realizar confinamientos extremos sólo puede servir como “solución final” cuando la pandemia está fuera de control, pero no, como ha ocurrido en el Estado español, como alternativa al hecho de tener una salud pública enormemente débil y sin los medios adecuados para planificar, vigilar, educar, prevenir y, sobre todo, actuar, con diligencia y efectividad. Para ello hay que desarrollar instrumentos fundamentales como son por ejemplo la Agencia de Salud Pública de Catalunya o el Centro Estatal de Salud Pública, previsto en la nunca desarrollada Ley General de Salud Pública española de 2011. ¿Por qué tal pasividad?

 En general, porque el modelo hegemónico de la salud impide que la salud pública sea una prioridad en la que deben gastarse muchos más medios y recursos. Y en relación a la pandemia, porque después del radical confinamiento que redujo drásticamente el número de contagios, muchos políticos –y buena parte de la población también– creyeron que todo “estaba controlado”, o bien porqué se creyó que la situación mejoraría al calor del verano, sin entender que prevenir y actuar ante pandemias de evolución incierta siempre requiere disponer de un sistema de salud pública preparado y muy potente. 

Para hacer frente a la pandemia del coronavirus, al igual como ocurre con tantas otras epidemias comunes (el tabaquismo, el cáncer, los accidentes, la violencia de género, la salud mental, la precariedad o las desigualdades, entre otras muchas), debe reforzarse urgentemente la salud pública con fuertes inversiones y reformas estructurales profundas. 

Para hacer frente a una pandemia cuya evolución es imposible de prever, y a una gravísima crisis económica que ya tenemos encima, debemos utilizar con rapidez y eficiencia todos los instrumentos de los que nos provee la salud pública: la planificación, la vigilancia y análisis epidemiológico, la educación sanitaria comunitaria, el análisis de los determinantes sociales y la equidad, entre otras muchas herramientas y estrategias.

La forma en cómo miramos la pandemia, se refleja en las soluciones que buscamos y en cómo actuamos. ¿De qué servirá controlar nuevamente la pandemia con nuevos confinamientos masivos, si se gestiona con poca humildad y competencia una visión distorsionada de los problemas de salud colectiva? ¿De qué servirá si finalmente se logra controlar la pandemia, aunque se logre un tratamiento adecuado o se desarrolle una vacuna efectiva, si todo eso no alcanza a toda la población del planeta? ¿De qué servirá la contención de esta pandemia, si no somos capaces de prevenir las futuras pandemias que previsiblemente van a emerger a causa de la crisis ecosocial y climática que padecemos? 

La pandemia no es solamente un fenómeno biológico, epidemiológico o personal, sino un complejo fenómeno de salud pública cuyas causas e impactos de tipo biológico, eco-social, político, económico y sanitario debemos comprender integral e integradamente si queremos actuar con efectividad y equidad. Todas ellas son tareas esenciales de la Salud Pública, pero ¿dónde está la Salud Pública?

Joan Benach  es profesor, investigador y salubrista (Grup Recerca Desigualtats en Salut, Greds-Emconet, UPF, JHU-UPF Public Policy Center), GinTrans2 (Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (UAM).

Fuente:

https://ctxt.es/es/20200701/Firmas/32899/Joan-Benach-salud-publica-sanidad-tratamientos-prevencion-covid-pandemia.htm

Represión de las protestas contra Trump .

  Represión a las protestas contra Trump deja un muerto y 45 detenidos

HispanTV / La Haine

Este fin de semana varias ciudades de EE.UU. fueron escenario de protestas contra el Gobierno y violencia policial, que se saldó con un muerto y 45 detenidos.

Además de una persona que murió la noche del sábado tiroteada durante una marcha del movimiento “Black Lives Matter” en Austin (Texas), la Policía estadounidense también detuvo a por lo menos 45 personas en un día en las manifestaciones.

“La policía ha realizado 45 detenciones en relación con los disturbios en el distrito este. Un total de 21 agentes sufrieron heridas después de ser golpeados con ladrillos, piedras y otros materiales”, explicó el domingo la Policía de Seattle a través de su cuenta de Twitter.

Estos comentarios se produjeron en momentos que varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Nueva York, Austin o Richmond habían sido en las últimas 24 horas escenario de masivas protestas contra el presidente estadounidense Donald Trump, así como la brutalidad policial en este país.

Esta nueva noche de disturbios, se vivió de forma intensa especialmente en Seattle (estado de Washington) y Portland (Oregón), avivadas por la decisión de la Administración Trump de reforzar la presencia de agentes federales en algunas ciudades del país. ( No todas federales sino milicias y agentes de fronteras , mientras el ejercito se negó a salir a la calle ) (1)

Las fuerzas antidisturbios se enfrentaron a los manifestantes en las afueras de una cárcel juvenil en Seattle, dispersándolos con gases pimienta y lacrimógenos. Por tanto, algunos de los manifestantes levantaron paraguas para evitar ser alcanzados por el gas pimienta.

Las protestas en curso en EE.UU. estallaron a partir del pasado 25 de mayo, por la muerte de George Floyd, un afrodescendiente desarmado que fue asesinado a manos de un agente de la Policía de Mineápolis (Minesota). No obstante, la gestión del inquilino de la Casa Blanca ante las manifestaciones ha generado una ola de críticas en el país.

El magnate neoyorquino, además de agudizar la situación al tachar de “matones” a los manifestantes y amenazar con ordenar que les disparen si no cesan las marchas, ha ordenado enviar fuerzas federales a todos los estados y ciudades del país gobernados por “los demócratas liberales” que protestan contra el racismo y la violencia policial.

Según varios analistas, las protestas antirracismo en EE.UU. preocupan a Trump porque “están profundizándose y se deben a problemas muy estructurales” del país.

Durante una protesta pacífica celebrada la semana pasada en Los Ángeles (EE.UU.), un hombre negro en silla de ruedas fue golpeado y detenido por la fuerza luego de que los agentes arremetieran de manera violenta.

Un vídeo divulgado del incidente muestra al hombre identificado más tarde como Joshua Wilson, de 34 años, cayendo de su silla de ruedas mientras los oficiales lo golpean. Según informes, Wilson ha sido liberado después de pagar una fianza de 35 000 dólares, por haber luchado contra los policías que lo atacaban (2).

Nota (1) ..Recordemos este artículo  en el The New York Times. 
https://www.nytimes.com/es/2020/07/22/espanol/opinion/portland-protestas-trump.html


Nota (2)Ver video en el enlace  ..https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/video-represion-a-las-protestas

La represión de la prensa en USA .

Un periodista es detenido cada cuatro días en Estados Unidos

En lo que llevamos de año, organizaciones en defensa de la libertad de expresión han contabilizado 176 ataques a la prensa y se investigan otros 200, una cifra “sin precedentes” que contrasta con los 150 de todo 2019 o los 134 de 2018.

 

MANUEL RUIZ RICO

  

Fuente , El Público.

Cada cuatro días, un periodista es detenido en Estados Unidos. Hasta el viernes pasado (esto es, en los primeros 205 días del año), un total 50 profesionales de los medios (reporteros, fotógrafos, cámaras de televisión) habían sido arrestados por la policía. Es una cifra que no tiene precedentes en la historia reciente del país y se debe, fundamentalmente, al incremento de la tensión policial tras las protestas antirracistas y contra la brutalidad policial que se desataron tras la muerte en Mineápolis de George Floyd, el 25 de mayo. Todo esto bajo el mandato de un presidente, Donald Trump, cuyos ataques a la prensa y los medios de comunicación son recurrentes.

Ésas son las cifras que revela el US Press Freedom Tracker el programa de rastreo de las agresiones a la prensa gestionado por la Fundación de la Libertad de Prensa en colaboración con el Comité para Proteger a los Periodistas y más de doce organizaciones vinculadas al periodismo y la libertad de expresión. Las 50 detenciones contabilizadas en los primeros casi siete meses de 2020 contrastan con las nueve de todo el año pasado, las 11 de 2018 y las 38 de 2017. Con todo, en estos tres años y medio, la policía estadounidense ha detenido a 108 periodistas, una media de un periodista cada 12 días.

https://www.publico.es/internacional/libertad-prensa-periodista-detenido-cuatro-dias-estados-unidos.html

El fascismo trumpista

La ocupación de Trump de las ciudades estadounidenses ha comenzado

Por Michelle Goldberg

 Fuente .. The New York Times.

Manifestantes en Portland fueron detenidos en las calles sin orden judicial por agentes no identificados. Y se anunció que en Chicago podría suceder lo mismo. ¿Ya podemos llamarlo fascismo?

Un mes después de la toma de posesión de Donald Trump, un historiador de la Universidad de Yale, Timothy Snyder, publicó el libro superventas Sobre la tiranía: Veinte lecciones que aprender del siglo XX. Fue parte de una pequeña cascada de títulos que tenían la intención de ayudar a los estadounidenses a encontrar su rumbo a medida que el nuevo presidente atacaba la democracia liberal.

Una de las lecciones de Snyder fue: “Desconfía de las fuerzas paramilitares”. Escribió: “Cuando las fuerzas paramilitares partidarias de un líder se entremezclan con la policía y las fuerzas oficiales, ha llegado el final”. En 2017, la idea de agentes no identificados vestidos con camuflaje que se llevaran a personas de izquierda en plena calle sin órdenes de aprehensión podría haber parecido como una fantasía febril de resistencia. Ahora está ocurriendo.

Según una demanda legal presentada el viernes por la fiscala general de Oregón, Ellen Rosenblum, agentes federales “han usado vehículos particulares para manejar por el centro de Portland, detener a manifestantes y subirlos a los vehículos sin identificación de los agentes” desde al menos el martes pasado. Los manifestantes no son arrestados ni se les dice por qué están siendo retenidos.

No hay manera de conocer la afiliación de todos los agentes —han usado uniformes militares con parches que solo dicen “Policía”—, pero The New York Times reportó que algunos de ellos son parte de un grupo de la Patrulla Fronteriza “que normalmente se encarga de investigar a organizaciones de contrabando de droga”.

El gobierno de Trump ha anunciado que tiene la intención de enviar una fuerza similar a otras ciudades; el lunes 20 de julio, el Chicago Tribune reportó planes de desplegar a alrededor de 150 agentes federales en Chicago. “No necesito una invitación del estado”, dijo en Fox News el lunes Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, y agregó: “Vamos a hacer eso, les guste que estemos ahí o no”.

En Portland, vemos cómo luce una ocupación como esa. Oregon Public Broadcasting reportó el caso de Mark Pettibone, de 29 años, que el miércoles pasado fue detenido en la calle por hombres no identificados, subido de manera apresurada a una miniván sin distintivos de ninguna agencia de seguridad y llevado a una celda en la corte federal. Finalmente, fue liberado sin saber quién lo secuestró.

Un agente federal le disparó en la cabeza a Donavan La Bella, de 26 años, con munición de impacto —un tipo no letal para control de multitudes—; La Bella fue hospitalizado y requirió cirugía reconstructiva. En un video ampliamente difundido, un veterano de la Marina de 53 años fue rociado con gas pimienta y golpeado después de acercarse a agentes federales para preguntarles sobre sus juramentos de defender la Constitución, lo que lo dejó con dos huesos rotos.

Existe algo particularmente aterrador en el uso de los agentes de la Patrulla Fronteriza en contra de los disidentes estadounidenses. Después del ataque contra los manifestantes cerca de la Casa Blanca el mes pasado, los militares rechazaron los intentos de Trump de usarlos en contra de los ciudadanos. Los policías de muchas ciudades están dispuestos a violentar a los inconformes, pero ellos están bajo el control de las autoridades locales. Por el contrario, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) de Estados Unidos está bajo el control de la autoridad federal, tiene líderes que son devotos fanáticos de Trump y está saturada de políticos de extrema derecha.

“No me sorprende que Donald Trump eligió a la CBP para que fuera a Portland e hiciera esto”, me dijo Joaquin Castro, representante demócrata de Texas. “Ha sido una agencia muy problemática en términos de respetar los derechos humanos y la ley”.

Es verdad que la CBP no es una milicia extragubernamental y por ello podría no encajar de manera precisa en el esquema que Snyder presenta en Sobre la tiranía. Sin embargo, cuando hablé con Snyder el lunes, sugirió que la distinción no es tan significativa. “El Estado tiene permiso de usar la fuerza, pero el Estado tiene permiso de usar la fuerza conforme a las reglas”, dijo. Estos agentes, al operar fuera de los papeles que normalmente desempeñan, se comportan, de manera evidente, sin ley.

Snyder señaló que la historia de la autocracia ofrece varios ejemplos de agentes fronterizos usados en contra de enemigos del régimen.

“Esta es una forma clásica en que la violencia ocurre en regímenes autoritarios, ya sea en la España de Franco o en el imperio ruso”, dijo Snyder. “Las personas que están acostumbradas a cometer violencia en la frontera luego son traídas para cometer violencia contra personas en el interior”.

A Castro le preocupa que debido a que los agentes no se identifican a sí mismos, grupos de extrema derecha podrían fácilmente hacerse pasar por ellos para ir en contra de sus enemigos de izquierda. “Se vuelve más probable entre más se use esta táctica”, dijo.

El viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tuiteó sobre lo que pasa en Portland: “Trump y sus ‘stormtroopers’ [tropas de asalto] deben ser detenidos” (en una posible referencia a las Camisas Pardas que ayudaron al ascenso al poder de Adolf Hitler). No mencionó qué planea hacer el Congreso para detenerlos, pero la Cámara de Representantes pronto votará en torno a un proyecto de ley de asignaciones de seguridad nacional. Las personas indignadas por las tácticas de Estado policiaco del gobierno deberían exigir, como mínimo, que el Congreso retenga el financiamiento del departamento hasta que esas tácticas sean detenidas.

Durante el gobierno de Trump, ha habido un debate sobre si el autoritarismo del presidente es detenido por su incompetencia. Aquellos que piensan que la preocupación sobre el fascismo es exagerada pueden citar varias instancias en las que el gobierno ha sido criticado después de exceder sus límites. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la Casa Blanca ha perseverado, al deformar la vida estadounidense hasta que lo que antes parecía ser la peor situación posible se convierte en el “statu quo”.

Michelle Goldberg

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Bolivia golpe agolpe.

 El Gobierno de facto posterga hasta octubre las elecciones en Bolivia

Boris Acosta Reyes  

Fuentes: CLAE

Los argumentos prorroguistas no solamente se refieren a que el acto electoral podría elevar el número de casos de contagio sino, de manera velada, se amenaza con la ejecución de un segundo golpe de Estado conducido por militares cercanos a la embajada estadounidense y a los partidos neoliberales y conservadores.

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) postergó las elecciones generales que habían sido programadas para el 6 de septiembre y eligió como nueva fecha el próximo 18 de octubre en base a «consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico».

La decisión, anunciada por el presidente del TSE, Salvador Romero, obedece a informes elaborados por un Comite de Científicos que responde al gobierno de facto, y que señaló en los últimos días que la pandemia de coronavirus tendrá sus picos más altos a finales de agosto y principios de septiembre. 

Programados inicialmente para mayo y luego promulgados en septiembre por la presidenta interina, Jeanine Áñez, estos comicios reemplazan a los de octubre de 2019, anulados por denuncias de fraude impulsadas y orquestadas por la secretaría general de la OEA,que nunca fueron comprobadas, y que derivaron en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el pasado 10 de noviembre.

Una eventual segunda vuelta se realizaría el 29 de noviembre y una posesión de las nuevas autoridades en diciembre.

 El ente comicial justificó la modificación, por tercera vez, de la realización de las elecciones debido a la crisis sanitaria agravada por la pandemia de la Covid-19 en el país. La fecha original estaba prevista para el 3 de mayo, se pospuso para el 2 de agosto y luego para el 6 de septiembre, antes de la decisión ahora de realizarlas el 18 de octubre de este año.

Los argumentos prorroguistas no solamente se refieren a que el acto electoral podría elevar el número de casos de contagio sino, de manera velada, se amenaza con la ejecución de un segundo golpe de Estado conducido por militares cercanos a la embajada estadounidense y a los partidos neoliberales y conservadores.

Sin embargo, las movilizaciones de los sectores populares en todo el país han conseguido que importantes grupos de jefes, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas se pronuncien públicamente contra la mala gestión del Gobierno, el que prácticamente ha dejado abandonada a la población frente a la pandemia, señala el analista Eduardo Paz Rada.

Un nuevo golpe llevaría a una situación de enfrentamiento con el pueblo movilizado. Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 se produjeron las masacres de Senkata en El Alto y Sacaba en Cochabamba, cuando murieron más de 30 personas y quedaron heridas cerca de un millar. A partir de ese momento se produjo también la persecución y detención de centenares de dirigentes políticos y sociales.

La crisis económica ha dejado sin trabajo a más del 20% de la población económicamente activa, la recesión alcanza niveles elevados, el gobierno ha paralizado la inversión pública y la tendencia al aumento de la pobreza y la extrema pobreza es evidente. A esto se suman los hechos de corrupción en la compra de insumos médicos y en las empresas estatales Entel e YPFB, entre otros.

Paz Rada señala que el discurso de ministros, autoridades y medios de comunicación en sentido de que los masivos sectores de la población que incumplían la cuarentena y salían en busca de trabajo, medios de subsistencia y realización de pequeñas actividades comerciales y productivas eran “ignorantes” y “masistas” y por esa razón se infectaban del virus, se volcó radicalmente porque ocho ministros, más de una decena de viceministros y otras autoridades han sido quienes han contraído la enfermedad. 

Más aún, la propia autoproclamada presidenta, Jeannine Áñez, tiene coronavirus y gobierna desde su aislamiento en la casa presidencial. La diferencia es que estas autoridades tienen pruebas de contagio, médicos, fármacos, terapia intensiva y atención especializada, de las que carece la población

La autoridad electoral afirmó que esa determinación no requiere del envío de un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa para avalar la nueva fecha del proceso electoral, ya que, según Romero, el Tribunal actúa en el marco de la ley y sus competencias constitucionales. 

 La decisión se dio a conocer luego de una serie de demandas de postergación por parte de distintos frentes políticos de derecha y ultraderecha. Incluso la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez se refirió al tema en las últimas horas al manifestar que espera que se pueda ir a las urnas cuando la población «no sienta peligro». Los que sienten peligro de ser exopulsados por el voto son los golpistas.

El depuesto presidente Evo Morales, habló de un «nuevo golpe a la democracia» y dijo que la postergación de la fecha de elecciones, ilegal e inconstitucional, solo provocará un mayor sufrimiento al pueblo boliviano porque prolonga la agonía del gobierno en un mar de incapacidades y ambiciones que le impidió, en ocho meses, tomar medidas para manejar la catástrofe humana y económica actual».

Añadió que el único órgano del Estado que puede modificar ese plazo es la Asamblea Legislativa Plurinacional, escribió Morales en Twitter donde reafirmó que el anuncio del TSE fue unilateral. Denunció que el gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Sin embargo, desde hace varios días, varias organizaciones políticas alertan que son argucias para prolongar la permanencia en el poder de la presidenta de facto, Jeanine Añez, y evitar un eventual regreso al gobierno del MAS con el candidato Luis Arce.

Mientras, las organizaciones populares coordinadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que reúne a campesinos, indígenas, mujeres y vecinos de los barrios marginales de las grandes ciudades, se movilizan y luchan por la supervivencia cotidiana, la recuperación de la democracia y la realización inmediata de los comicios.

Diversas encuestas establecen que los candidatos del Movimientos Al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca, ganarían las elecciones en una primera vuelta frente a los candidatos de la derecha de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, y de JUNTOS, la presidenta de facto Jeannine Áñez y Samuel Doria Medina.

Luis Arce hizo referencias a una encuesta interna del MAS que le daba importante ventaja electoral, varios partidos y los ultraconservadores Comités Cívicos han comenzado una acción con el objetivo de que el TSE anule la personería jurídica del MAS y no participe de los comicios después que no pudieron sustentar y comprobar la denuncia de fraude en las elecciones de octubre de 2019, cuando ganó las elecciones Evo Morales en primera vuelta

*Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

http://estrategia.la/2020/07/24/otro-golpe-gobierno-de-facto-posterga-hasta-octubre-las-elecciones-en-bolivia/

 Y  ver..

 "  ¿Hasta cuándo EEUU y la UE serán cómplices de un gobierno de facto que no se quiere ir, que reprime a los movimientos sociales y que genera pánico psicológico en la población mediante la manipulación del Covid-19? "

https://rebelion.org/el-silencio-complice-de-eeuu-y-la-ue-en-los-planes-prorroguistas-en-bolivia/

 y ver  ..https://actualidad.rt.com/actualidad/361408-marchas-masivas-bolivia-miles-protestan

Los propagandistas del odio.

Diario negro contra Podemos: de la mentira en portada a la agresión en la calle

Esos comportamientos periodísticos infames que atentan contra cualquier código ético y deontológico acaban poniendo una diana en la cara de los responsables políticos de Unidas Podemos

Antonio Maestre

  

La línea editorial de muchos medios de comunicación considera peligroso el discurso económico de Unidas Podemos. Es algo conocido desde la aparición morada en 2014 en el panorama político español, de manera legítima pueden considerar sus posiciones tan nefastas como para combatirlas de manera crítica. Es aceptable e incluso conveniente para la pluralidad informativa y de opinión, pero cuando esa línea editorial transgrede la verdad de forma grotesca pierde toda legitimidad hasta convertirse en uno de los grandes problemas de nuestra democracia.

La deslegitimación y la deshumanización han sido dos claves fundamentales del pensamiento mediático conservador para desestabilizar a Podemos cuando aspiraba a gobernar, algo que se atenuó cuando consideraron que dejaba de ser un riesgo y que ha vuelto a enardecerse con motivo de la capacidad que está mostrando Unidas Podemos para aprobar medidas que implican la reducción de beneficios para sus dueños. Esta semana se han producido varios hechos que muestran el nivel de desprecio a la verdad que mueve la información periodística de algunos de esos medios para hacerla pasar de legítima a indecente.

La portada de El Mundo decía que Irán había inyectado 9,3 millones de euros a la productora de Pablo Iglesias. Venía firmada por Fernando Lázaro, un habitual de estos petardos periodísticos, que también fue uno de los periodistas firmantes de la noticia falsa de la cuenta en Suiza de Xavier Trías. El titular de la noticia se veía reducido en el cuerpo, de la productora de Pablo Iglesias se pasaba a decir que estaba vinculada a Podemos hasta acabar indicando que era la productora de la que cobraba Pablo Iglesias. De ser el dueño de la productora en el titular pasa a ser un autónomo que factura con esa empresa al final de la noticia. Sin ruborizarse.

La portada dista mucho de ser cierta. De hecho es manifiestamente falsa. La productora no es de Pablo Iglesias, sino que está dirigida por Mahmoud Alizadeh Azimi, que es el encargado de producir los contenidos en España de Hispan TV, de capital iraní. Pablo Iglesias simplemente facturaba la realización de Fort Apache y el importe de esa facturación fueron 93.000 euros brutos en tres años. Nada que ver con esos 9,3 millones, que son el dinero que maneja la productora en sus muchos trabajos en España.

En algunos de esos proyectos han participado insignes artistas, algunos de ellos muy patrióticos. 360 Global Media es una productora que ha trabajado en España con Bertín Osborne, Marta Sánchez, Alejandro Sanz o Nena Daconte, que está casada con un miembro del PP. Pero es que además esa misma noticia ya fue publicada por Okdiario en 2016. La misma, sin cambio alguno: “La TV de Pablo Iglesias ha recibido 9,3 millones del Gobierno de Irán desde paraísos fiscales”. La noticia era igual de falsa en 2016 que en 2020, pero al menos hace cuatro años era una novedad. De hecho, la querella de Manos Limpias por esos hechos ya fue desestimada en febrero de 2016 por considerar el juez que no había nada constitutivo de delito.

La noticia falsa, y plagiada a Okdiario cuatro años después, llevaba aparejado un editorial que acababa con esta frase: “Las cloacas del partido del vicepresidente huelen cada vez peor”. La confesión involuntaria de la campaña contra Podemos es esa, negar la existencia de unas cloacas de las que El Mundo formó parte con algunos de sus periodistas y que publicaron informaciones falsas creadas desde una organización policial corrupta dirigida por adversarios políticos. Porque ese sí es un hecho incontestable, la existencia de esas cloacas. Negarla acusando a la víctima de victimario es asegurarse salvar el propio pellejo. Sirva como colofón que una de las periodistas estrella de El Mundo participó, cuando ya se cobraba por hacerlo, en Fort Apache sin que eso sea motivo para acusarla de estar financiada por Irán. Porque entonces tendríamos que acusar a Fernando Lázaro de estar financiado por el dictador Teodoro Obiang al cobrar de la empresa a la que Guinea Ecuatorial mete publicidad.

La campaña de difamación ha tenido actores necesarios en otros sectores, también jueces y fiscales, y de ello se han servido varios medios para no dar tregua al acoso y derribo. Siempre con el nexo común de negar la existencia de unas cloacas del Estado que precisa de colaboradores en algunos medios. La mejor defensa es siempre un buen ataque. El caso Dina ha sido la última excrecencia de ese tipo de actuaciones. Darle la vuelta a un caso en el que Pablo Iglesias era parte perjudicada para hacerle aparecer ante la opinión pública como culpable. Todo basado en que Pablo Iglesias habría destruido la tarjeta de Dina Bousselham antes de entregársela. Esa acusación se desmoronó como un castillo de naipes esta semana cuando la empresa encargada de haber analizado la tarjeta Micro SD del móvil de Bousselham remitió un informe asegurando que la tarjeta llegó a ellos físicamente intacta. Es decir, Pablo Iglesias se la entregó a Dina sin dañar. Los medios de comunicación que han hecho de esa acusación una campaña feroz no solo no se disculparon, sino que volvieron a retorcer los hechos. La verdad nunca les ha interesado. La realidad es solo un estorbo para su fin, que ya no es periodístico, sino político.

Estas campañas no caen en saco roto. Puede que no consigan el objetivo principal de derrocar a Pablo Iglesias y descabalgarlo del gobierno, pero convierten en enemigo al adversario político a ojos de la opinión pública más radicalizada. Cuando se deshumaniza al rival todo está justificado en su presencia. Por ello esos comportamientos periodísticos infames que atentan contra cualquier código ético y deontológico acaban poniendo una diana en la cara de los responsables políticos de la formación morada. Las mentiras en portada terminan legitimando que se golpee el coche de Yolanda Díaz al grito de “cerda” y “zorra” y que echen a Juan Carlos Monedero de un bar entre insultos de “maricón de mierda”. Es el diario negro contra Podemos, aquel que convierte la disensión y la crítica en señalamiento público con noticias falsas. Propagandistas del odio.

https://www.eldiario.es/opinion/diario-negro-mentira-portada-agresion-calle_129_6128051.html


 y ver ..
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/31/dos_meses_escraches_diarios_pablo_iglesias_109274_1012.html

El Rey emérito el pesebre y los apesebrados .

40 años riéndole las gracias a Juan Carlos I: así se fraguó el gran fracaso de la prensa

La revelación de las actividades ilícitas del rey emérito demuestran la connivencia que tuvo con la prensa. Repasamos los motivos con varios referentes del periodismo en esos años

leer...
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-07-19/rey-juan-carlos-fortuna-corinna-prensa_2687188/

  Y ver...Juan Carlos Primero y Felipe VI el Último .
 
https://www.publico.es/tremending/2020/07/10/tremending-topic-mientras-el-campechano-sacaba-100-000-euros-al-mes-de-su-cuenta-de-suiza-entre-2008-y-2012-tu-vivias-por-encima-de-tus-posibilidades/

Tiempos de distopía

 Foto de Blade Runner

La distopía era esto 

Ernesto H. Vidal 

Fuentes: CTXT

Las historias de las que nos hablaban los libros de ciencia-ficción de hace décadas se han colado en nuestras vidas por los huecos mientras no estábamos mirando, y ahora avanzan como una apisonadora sin frenos

“El Repartidor pertenece a un cuerpo de élite, a una orden sagrada. Rebosa esprit de corps.” Así empieza Snow Crash, la novela cyberpunk de Neal Stephenson. Publicada en 1992, nos presenta una sociedad estadounidense donde la agenda neoliberal se ha erigido triunfante; el gobierno prácticamente ha desaparecido, y su lugar lo ocupan las grandes corporaciones que lo controlan todo: franquicias, carreteras, divisas, agencias de seguridad privada que hacen las veces de policía. En este mundo decadente, buena parte de la población sobrevive como repartidores y korreos, encargados de entregar puntualmente los pedidos mientras se juegan la vida entre el tráfico a cambio del dinero justo para sobrevivir. ¿Les suena de algo?

Los adalides de la ‘gig economy’ prometían que, si bien los sueldos no eran muy altos, esta permitiría reducir el paro, lo que luego permitiría aumentar los salarios. Mentían en todo

Cuando leemos el término distopía mucha gente piensa automáticamente en obras como 1984,  de George Orwell o Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Pero yo siempre he sostenido que quienes más acertadamente anticiparon los aspectos más oscuros y decadentes de nuestro presente fueron los autores del subgénero cyberpunk, más concretamente William Gibson y Neal Stephenson. Sus novelas, más allá de letreros de neón y tribus urbanas con las que se asocian estos universos, hablan de mundos donde el capitalismo ha triunfado en toda su oscura gloria, donde las corporaciones gobiernan soberanas en lugar de los Estados y el grueso de la población ha sido reducida a un precariat alienado que malvive de trabajos puntuales y mal pagados, como espadas de alquiler de la era digital tratando de arañar el dinero suficiente para seguir viviendo un día más. Un mundo en decadencia que, francamente, cada vez se parece más al nuestro.

No voy a descubrir a nadie, a estas alturas, lo que es la gig economy. Se han vertido ríos de tinta hablando de plataformas como Uber o Glovo, que llevan tantos años entre nosotros que ya las hemos normalizado en nuestro día a día. Pero con el mundo sumergiéndose de cabeza en la mayor crisis de este siglo, cortesía de la pandemia de coronavirus, las mentes que urdieron la gig economy no van a dejar pasar la oportunidad de enraizar hasta los cimientos su modelo de negocio en nuestra sociedad, siempre en nombre de la creación de empleo y el crecimiento.

La pasada recesión fue testigo del surgimiento de estas plataformas, que vendían las bondades de un nuevo paradigma de trabajo que permitía tener horarios flexibles y compaginar tu ocupación principal con ese otro empleo, todo desde la facilidad de una app. Los adalides que nos vendían este futuro prometían que, si bien los sueldos no eran muy altos, sus plataformas permitirían reducir el desempleo, lo que posteriormente permitiría aumentar los salarios. Por supuesto, mentían en todo. A pesar de que el número trabajadores de Uber y otras plataformas de ridesharing creció como la espuma, los conductores vieron cómo sus ingresos se reducían un 53% entre 2013 y 2017. No ha sido la única plataforma en la que ha pasado esto. Los conductores han tenido que trabajar cada vez más y más horas, hasta el punto de que algunos conductores viven en sus vehículos. Paralelamente, las empresas artífices de la gig economy se aferraron con uñas y dientes al mantra de que sus trabajadores no eran realmente “sus” trabajadores, sino agentes autónomos, simples usuarios de su aplicación, que debían correr con todos los gastos derivados de su actividad, pagar sus cuotas de autónomo y hacerse responsables de cualquier eventualidad. Se instauró un sistema de puntuación para los trabajadores por el cual, si su calificación descendía por debajo de un umbral arbitrario, estos perdían el acceso a la aplicación y, con ello, sus ingresos. Todas las conquistas, fruto de décadas de lucha por los derechos laborales, fueron barridas de un plumazo, eso sí, en nombre de la tecnología que venía a hacer nuestras vidas más fáciles.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte los gobiernos y la justicia han frenado una parte de los atropellos de estas plataformas. Numerosas sentencias han obligado a reconocer a sus trabajadores como asalariados, no como autónomos, o han obligado a pagar el salario mínimo a sus empleados. Y aún así, lejos de disuadir a los inversores, todos estos contratiempos no han sido óbice para que estos destinen miles de millones en estos proyectos. Uber está valorado en más de 120.000 millones de dólares, pese a haber tenido unas pérdidas de 1.100 millones en 2019. Ese mismo año Glovo cerró una ronda de financiación de 150 millones de euros, a pesar de haber perdido 45,7 millones en el ejercicio anterior. La única explicación posible para que tantos inversores se dediquen a arrojar dinero a estas trituradoras es que esperan que las condiciones cambien para imponer su sistema. Y es aquí donde entra 2020 como elefante por cacharrería, con la economía desplomándose y el desempleo alcanzando cifras récord. Sin saber todavía si una segunda ola de contagios sumirá aún más al mundo en la crisis, es cierto que se avecina una larga temporada de recesión, terreno abonado para los abanderados del neoliberalismo y sus políticas de austeridad, pero también para una segunda ola de falsas promesas de como la gig economy es la única que nos puede sacar del atolladero. Sus profetas no se detendrán en plataformas como Uber, Glovo, y similares. Su objetivo es claro: uberizar todos los sectores de la economía y la sociedad, incluyendo la sanidad y la educación. Nos hablarán de crear “mercados competitivos” y de cómo, mediante el libre mercado y la competencia, los salarios subirán y todos seremos más ricos, ignorando que la historia nos ha demostrado que mienten. Nos hablarán de cómo estas plataformas “apenas tienen barreras de entrada” y cualquiera con una app puede hacerles la competencia, escondiendo que estas compañías tienen a su disposición miles de millones que no dudarán en usar para deshacerse de cualquiera que ose competir con ellas y no tenga un capital similar. Nos venderán una utopía de libertad y milagros tecnológicos, cuando lo que nos quieren colar es un infierno de precariedad y subempleos con el único fin de hacer más ricos a los ricos, mientras el grueso de la sociedad se pelea entre ella por las migajas.

En tiempos de crisis es muy difícil no ser pesimista. Las distopías de las que nos hablaban los libros de ciencia-ficción de hace décadas se han colado en nuestras vidas por los huecos mientras no estábamos mirando, y ahora avanzan como una apisonadora sin frenos. Por eso se hace imperativo luchar con todas nuestras fuerzas. Es necesario, casi una obligación moral, creer que podremos salir airosos de este pulso entre una sociedad justa y digna para todos o una distopía de miseria y precariedad. Al menos ahora ya le hemos visto las orejas al lobo. Por mucho que las esconda tras una app.

Ernesto H. Vidal, profesor.

Fuente: https://ctxt.es/es/20200701/Firmas/32782/Ernesto-H-Vidal-historias-capitalismo-distopia-gig-economy-Uber-Glovo.htm 

Canciones contra la monarquía española

Las mejores canciones contra la monarquía española

• Es buen momento para recordar la música que ha alzado la voz contra la monarquía. Aquí, una selección de temas que, de momento, parecen haber pasado el corte legal
• Grupos como La Polla, Albert Pla, Def Con Dos, El Drogas, Reincidentes, Ska-P, La Raíz, Habeas Corpus u Obrint Pass han criticado a la monarquía en sus letras

 

https://www.cuartopoder.es/cultura/2020/07/19/las-mejores-canciones-contra-la-monarquia-espanola/

UE. Aprobadas las medidas anticrisis ( información rectificada )

Ni blinda la reforma laboral de Rajoy ni obliga a rebajar las pensiones: qué dice la 'letra pequeña' del acuerdo europeo

Álvaro Sánchez Castrillo

La condicionalidad ligada al fondo de recuperación europeo ha sido desde el primer minuto uno de los principales caballos de batalla de los países del Sur. España, Italia o Portugal dejaron claro en todo momento que no aceptarían ni exigencias leoninas ni hombres de negro que evocasen a los momentos más complicados de la Gran Recesión. Ahora, después de tres duros meses de negociaciones, los Veintisiete han dado finalmente luz verde al ansiado acuerdo. Sin embargo, el texto aprobado no ha terminado de cerrar la discusión sobre la condicionalidad en suelo español. Desde la derecha, asumen que el plan postpandemia suscrito por los Estados miembros deja al Gobierno de Pedro Sánchez atado de pies y manos en el mantenimiento de la reforma laboral o en materia de pensiones. Sin embargo, los dos partidos que forman parte del Ejecutivo de coalición mantienen su compromiso de eliminar, por lo menos, los aspectos más lesivos. En este sentido, los expertos consultados por infoLibre entienden que esta cuestión “no se encuentra” en la famosa condicionalidad y que, por tanto, Moncloa tiene margen de maniobra para hacerlo.

El debate sobre las exigencias ligadas al desembolso de los fondos ha estado muy presente durante la cumbre. Sobre todo por la presión ejercida por Holanda como portavoz del denominado grupo de los frugales –junto con Austria, Dinamarca o Suecia–. “Si el Sur necesita ayuda de otros países para gestionar la crisis, y lo entiendo porque tienen poco margen financiero para hacerlo, lo razonable es que pidamos el compromiso claro de reformas. Si los préstamos se convierten en transferencias, las reformas son incluso más cruciales y (es necesaria) la absoluta garantía de que van a tener lugar”, señalaba en los primeros compases del cónclave el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Es decir, entre los planes del Ejecutivo holandés no estaba presentar ante el Parlamento nacional un texto que no obligase a “acelerar de nuevo” a aquellos países “que se han quedado atrás en cuanto a reformas laborales o de pensiones”.

La condicionalidad, finalmente, ha quedado fijada en las primeras páginas del acuerdo. ¿En qué términos? El texto [consultar aquí en PDF] establece que los planes nacionales de recuperación y resiliencia con la agenda de reformas e inversiones, que deben remitir a Bruselas, serán evaluados por la Comisión Europea “durante los dos meses posteriores a la presentación”. “Los criterios de coherencia con las recomendaciones específicas para cada país, así como el fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición verde y digital también será un requisito previo para una evaluación positiva”, recoge el acuerdo, que establece que el plan del país tendrá que ser aprobado por el Ecofin por “mayoría cualificada”. Esto impide que Estados como Holanda tengan capacidad para vetar los proyectos de entrada, tal y como exigía La Haya en todo momento durante las negociaciones.

Los planes que pongan sobre la mesa los Veintisiete, en resumen, deberán estar en todo momento dentro del marco de las recomendaciones del Semestre Europeo. A esta condicionalidad se ha agarrado este martes la derecha para intentar rebajar la celebración del Gobierno. En la segunda jornada de los cursos de verano organizados por la Universidad Complutense, el presidente del PP, Pablo Casado, señaló que el pacto conllevará cambios y “responsabilidad” en el uso de los fondos, además del “mantenimiento de reformas que ya están funcionando, como la reforma laboral o la sostenibilidad de las pensiones”. Desde el Ejecutivo de Sánchez, en cuyo pacto de gobierno con Unidas Podemos figura la revalorización de estas últimas conforme al IPC y la modificación de la norma laboral, no parecen verlo de la misma forma. “El acuerdo de coalición cabe perfectamente en el acuerdo alcanzado en la Unión Europea”, sostuvo en una entrevista televisiva el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

No se establece que se "tenga que mantener la reforma laboral"

Los expertos consultados por este diario entienden que el texto consensuado no ata de pies y manos al Ejecutivo para cumplir con sus compromisos. “Tiene margen para hacerlo. Esta condicionalidad está centrada en proyectos concretos, no en políticas internas. Es decir, el Estado plantea una serie de propuestas y Bruselas analiza si va en la línea de las directrices marcadas. Si es modernizador, si está centrado en energías verdes, si está orientado hacia la digitalización”, sostiene al otro lado del teléfono Diego López Garrido, ex secretario de Estado para la Unión Europea y vicepresidente de la Fundación Alternativas, que añade que en el Semestre Europeo no se establece “que España tenga que mantener la reforma laboral”. Una posición similar mantiene Ignacio Molina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid: “No está en esa condicionalidad. Las pensiones no aparecen en el Semestre Europeo. Y del mercado laboral se hace mención sólo a su dualidad. Punto”, sostiene el experto, que centra su principal preocupación en cómo va a ser capaz el país de gestionar tanto dinero. En concreto, unos 140.000 millones de euros.

En el último documento de recomendaciones centrado en España, el Consejo Europeo mostraba su preocupación por los “muy altos niveles de desempleo y segmentación del mercado laboral” registrados incluso antes de la pandemia. Y recomendaba al país que durante 2020 y 2021 diese pasos para “respaldar el empleo” mediante “medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos fiscales a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones”, además de “reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos”. No era la única recomendación que se ponía sobre la mesa. También se pedía aplicar “políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda”, pero no fijaba ninguna manera concreta de conseguirlo. En cuanto a las inversiones, insistía en la necesidad de que se centrasen en la transición ecológica y digital, en el transporte sostenible o en fuentes de energía limpias y eficientes. En definitiva, nada de reforma laboral. Nada de pensiones.

La Comisión Europea, en su último informe sobre la economía española enmarcado en el Semestre Europeo, tampoco puso claramente un cerrojo alrededor de la reforma laboral de 2012. Simplemente recordó que la norma había desempeñado “un importante papel en el fomento de una recuperación económica intensiva” y que era clave que “cualquier nueva medida” sólo fuera adoptada “tras una detenida evaluación de sus efectos potenciales y que se preserven los logros de las reformas anteriores”. Pocas semanas después de la publicación del documento, y a raíz del sonado acuerdo con EH Bildu, se preguntó al portavoz principal del Ejecutivo comunitario por la posición de Bruselas sobre la derogación de la norma. “Depende de los Estados miembros juzgar cuál es la mejor manera de llevar a cabo las reformas necesarias para lograr los objetivos que puedan ser descritos en nuestras recomendaciones del Semestre Europeo”, explicó en rueda de prensa el alemán Enric Mamer.

El freno de emergencia

Holanda quería que para la aprobación de los desembolsos fuera necesaria unanimidad. No consiguió esta capacidad de veto. En el acuerdo se fijó que con una mayoría cualificada era suficiente. Eso sí, La Haya consiguió incluir en el texto un freno de emergencia para paralizar el desembolso de los fondos. En este sentido, el texto establece que una vez abierto el grifo de dinero la Comisión Europea pedirá al Comité Económico y Financiero que evalúe si los Estados están cumpliendo. “[Este] Se esforzará en alcanzar un consenso. Si, excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen serias desviaciones respecto del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes, pueden solicitar al presidente del Consejo Europeo que remita el asunto al próximo Consejo Europeo”, recoge el acuerdo aprobado. Esto puede mantener bloqueado el flujo de fondos, al menos, durante tres meses.

Molina no cree que La Haya vaya a tirar de este mecanismo para tratar de paralizar cualquier intento de reforma laboral o para imponer a España ningún retoque en materia de pensiones. “No se atreverá, sería una declaración de guerra inaudita a otro Estado miembro”, sostiene el politólogo, que considera que este mecanismo está más pensado “para evitar casos de erosiones del Estado de derecho” con países como Polonia o Hungría. “En definitiva, nadie va a criticar retoques justificados de la reforma laboral y ni la condicionalidad o el freno de emergencia impiden esos cambios. Eso sí, también es cierto que a nivel político al Gobierno no le va a resultar sencillo hacer cambios importantes que no gusten a Bruselas cuando está recibiendo importantes sumas de dinero. Por eso, yo creo que lo más conveniente sería que si quiere hacer la reforma, la hiciese con cuidado. O si no, que espere hasta casi el final de la legislatura para llevar a cabo estos cambios”, sentencia el profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma.

ttps://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/22/

Acuerdo histórico en la UE: 750.000 millones contra el covid-19 con 390.000 en transferencias directas

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/21/

acuerdo_historico_750_000_millones_contra_con_390_000_transferencias_directas_109107_1012.html