sábado, 29 de septiembre de 2018

La responsabilidad de los historiadores



Josep Fontana, en 2002 en su despacho de la sede del Institut Jaume Vicens Vives.


La responsabilidad de los historiadores
La relación de Josep Fontana con el polémico simposio 'Espanya contra Catalunya' nació de una manipulación y derivó en un malentendido
GONZALO PONTÓN

Con la excepción de Julián Casanova, no vi en la prensa escrita en castellano a ningún otro historiador no catalán que haya recordado a Fontana en el momento de su desaparición. Me parece extraño: no hace tanto que muchos de ellos lo subían a los cuernos de la luna. En cambio, algún medio electrónico sí le ha recordado como “un gran historiador y, al tiempo, como un gran manipulador”, porque “se había convertido en un vulgar propagandista político volcado en chuscas labores de agitación al servicio de los patronos del procés”. Y se ha mencionado “aquel congreso presidido (sic) por Fontana que llevó por lema España contra Cataluña: la más destilada elaboración magistral de eso que se llama pedagogía del odio”.



Tengo la convicción de que ni uno solo de los grandes historiadores españoles, a los que creo conocer bien, escribiría jamás un texto tan deleznable. Pero no estoy tan seguro de que la defensa de la identidad catalana que siempre hizo Fontana no le haya pasado factura en el justiprecio de algunos de esos historiadores que hoy no tienen nada que decir sobre él. En el artículo citado se alude al simposio Espanya contra Catalunya: una mirada històrica (1714-2014), que tuvo lugar en Barcelona en diciembre de 2013. Entonces, algunos de esos historiadores amigos no se callaron: me llamaron escandalizados. Les expliqué lo que había pasado, que aclaro ahora públicamente, porque es relevante para lo que sigue.

 



 SIGUE...
 


viernes, 28 de septiembre de 2018

España...La justicia es del PP


Pablo Casado y la justicia española


Ignacio Escolar .El diario.es

El PP nombró a los fiscales jefes que nombraron al fiscal que ha decidido sobre la imputación del presidente del PP

Si Pablo Casado no estuviera aforado, le habría tocado otro juez, otro fiscal. Cualquier otro que es probable que no debiera favores a un partido u otro en su carrera profesional

A Pablo Casado le regalaron un título oficial sin merecerlo. Obtuvo un máster en una universidad pública  sin cumplir con los mínimos requisitos que sí se exigió a otros estudiantes de esa misma promoción. No fue a clase. No fue a los exámenes. Le convalidaron 18 asignaturas de 22, algo que la universidad no hizo con otros alumnos que tenían exactamente la misma licenciatura que él. Supuestamente solo realizó cuatro trabajos. Supuestamente, porque ni siquiera ese mínimo esfuerzo está probado porque Casado no los quiere enseñar.

Empiezo así este artículo porque es simple y llanamente la verdad. Nos reafirmamos en todo lo publicado sobre el máster de Pablo Casado. Son unos hechos que no van a cambiar, decida lo que decida el Tribunal Supremo sobre la imputación del presidente del PP.

Va a ser la Justicia, y no la prensa, quien determine si Casado tiene responsabilidad penal por estos hechos. Pero es la prensa, y no la justicia, quien garantiza el derecho de todos los ciudadanos a recibir una información veraz sobre lo que pasó en este chiringuito académico de la URJC.

En los próximos días, visto el escrito del fiscal, el Tribunal Supremo probablemente rechazará la  propuesta de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de imputar a Pablo Casado.

La decisión la van a tomar cinco jueces. Cuatro de ellos son conservadores frente a una progresista. Y cuando les llamo conservadores no me refiero a su forma de pensar. También suele coincidir, pero la razón por la que los califico así es porque estos cuatro jueces ascendieron al Supremo gracias a los votos de la la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A su vez estos vocales conservadores del CGPJ fueron escogidos gracias a los votos del PP, el partido que preside Pablo Casado.

En resumen: el PP nombró a la mayoría de los vocales del CGPJ y esos vocales nombraron a los jueces que decidirán si se imputa al presidente del PP.

Dos de estos cuatro jueces han dado incluso cursos en la FAES, que suelen ser remunerados. Es la misma FAES donde trabajaba el propio Pablo Casado.

La única jueza progresista de estos cinco jueces también llegó al Supremo con los votos de los vocales conservadores. El clásico intercambio de cromos a cambio de que los vocales nombrados por el PSOE apoyaran a su vez a un candidato conservador.

Todos los vocales del CGPJ llegan a ese puesto nombrados a dedo por los partidos. Y todos los jueces llegan a su vez al Tribunal Supremo nombrados a dedo por los vocales del CGPJ. En esto consiste en España el privilegio del aforamiento, en esto se resume la independencia judicial.

Es un trabalenguas muy fácil de entender: los políticos nombran a los que nombran a los que les van a juzgar.

La Fiscalía tampoco es igual para todos
Además de estos cinco jueces, la imputación de Casado también depende de un fiscal. El caso lo asumió Luis Navajas, el jefe de los fiscales del Supremo, también conservador. Y al llamarle conservador, tampoco me refiero a su ideología, sino a su carrera profesional.

Luis Navajas fue ascendido a teniente fiscal del Tribunal Supremo por Eduardo Torres Dulce, entonces fiscal general del Estado. Y Torres Dulce fue nombrado en ese puesto por el Gobierno de Mariano Rajoy, entonces presidente del PP. Hace un año, Navajas fue fiscal general del Estado de forma interina, tras el fallecimiento de José Manuel Maza, exfiscal general del Estado, que le mantuvo como teniente fiscal del Supremo: el número dos de toda la Fiscalía. Maza, a su vez, también fue nombrado por el Gobierno del PP.

En resumen: el PP nombró a los fiscales jefes que nombraron al fiscal que ha decidido sobre la imputación del presidente del PP. La fiscal general del Estado, por su parte, no ha dado instrucciones a la Fiscalía del Supremo, así que parece que el fiscal Navajas ha decidido con total autonomía.

Si Pablo Casado no estuviera aforado, le habría tocado otro juez, otro fiscal. Cualquier otro que es probable que no debiera favores a un partido u otro en su carrera profesional. Tal vez alguien como la jueza Carmen Rodríguez-Medel, que es quien ha investigado el caso Máster y ha encontrado todos estos indicios de delito contra el líder del PP. O alguien como los fiscales de Madrid a los que les tocó el caso, que apoyaron durante medio año de instrucción todas las decisiones de esta jueza.

Dudo que la jueza Rodríguez-Medel vaya a hacer carrera en el Tribunal Supremo. Tampoco los fiscales que la acompañaron en esta investigación.

Datos erróneos en el escrito del fiscal
Con estos mimbres en el Supremo, parecía difícil que el resultado fuese muy desfavorable para el presidente del PP. Pero el escrito que este viernes ha firmado el fiscal del Supremo Luis Navajas ha despejado las pocas dudas que pudieran existir sobre el desenlace final.

No me ha sorprendido su postura. Sí la argumentación del fiscal, que incluye afirmaciones más que controvertidas. Datos objetivamente erróneos y también indicios de delito que el fiscal ignora en su argumentación. Son estos cuatro.

1. El fiscal Navajas considera que " no existe dato alguno que avale, ni siquiera de forma indiciaria" la acusación de la juez Rodríguez-Medel cuando argumenta que Enrique Álvarez "concierta con un grupo de alumnos escogidos que se matriculen en el máster, pagando la tasa, para que, tras solicitar el reconocimiento legítimo de 40 créditos, solo queden 20 por calificar" y que esos 20 créditos restantes se consigan "indiciariamente a cambio de nada". Según el fiscal, esta afirmación " carente de prueba alguna, no pasa de ser una mera sospecha o conjetura".

Es falso. Difícilmente puede ser "una simple sospecha y conjetura" cuando  una de los cuatro alumnos VIP ya ha confesado ante la jueza que fue justo esto lo que pasó. María Dolores Cancio, imputada en este caso, reconoció en el interrogatorio que Enrique Álvarez Conde le dijo que no tenía que hacer trabajos ni ir a clase para aprobar. También fue el catedrático de la URJC quien le indicó cómo tenía que hacer para convalidar las asignaturas.

María Dolores Cancio tiene exactamente el mismo expediente y convalidaciones que Pablo Casado y que otras dos estudiantes del mismo máster, que también están imputadas. Ninguno de estos cuatro alumnos VIP fue a clase ni a los exámenes. Todos sacaron sobresalientes sin merecer esa calificación. Todos los que han declarado ante el juez –todas menos Casado– han confirmado que fue Álvarez Conde quien les dijo qué es lo que tenían que hacer.

2. El fiscal también asegura que las convalidaciones de 40 créditos –18 de las 22 asignaturas– fueron "un reconocimiento" que se permitió " a todos los alumnos matriculados en el máster, fueran o no escogidos".

Es falso. La juez lo detalla bastante bien. En el curso había 15 alumnos: 11 que no recibieron convalidación alguna y otros cuatro –los VIP, Casado entre ellos– que aprobaron 18 asignaturas con esas convalidaciones. Los 11 alumnos corrientes no fueron nunca informados de que tenían este opción, a pesar de que contaban con licenciaturas iguales a las de los alumnos VIP.

3. El fiscal también dice que la jueza cae en una contradicción al asegurar que ese reconocimiento de 40 créditos a través de convalidaciones es "legítimo". Y es cierto que la propia juez dice que " no se aprecia la vulneración arbitraria y grosera del ordenamiento jurídico" con esa convalidación.

Pero es falso que esto sea una contradicción. Lo que explica la propia juez no es que sea ilegal convalidar asignaturas, sino que solo se ofreció esa posibilidad a aquellos alumnos que tenían una relación personal con Álvarez Conde o con el poder político –como Pablo Casado–. Al resto de los alumnos, que también han declarado en el juzgado como testigos, no les avisaron de que podían recurrir a ese atajo para aprobar.

4. Pero la omisión más clamorosa del fiscal es que Casado no pisó ni las clases ni los exámenes. Solo habla de ese tema una vez, cuando enumera los cuatro indicios de presuntos delitos que detalla la juez y cita la " inasistencia a las clases del máster, siendo conocedor de que era presencial".

No lo vuelve a mencionar, a pesar de que no se trata solo de un indicio penal, sino también de un hecho incontestado.

Que el máster era presencial no es una elucubración, es un dato. Que los alumnos ordinarios iban a clase no es discutible, es un dato. Que los demás alumnos tuvieron que examinarse para aprobarlo tampoco es una apreciación de la jueza. Es otro dato más, que prueba el evidente trato de favor para quienes se libraron de todos estos esfuerzos.

Que Casado no fue a clase ni a los exámenes tampoco es una sospecha, una opinión o una deducción: son datos que él mismo ha confesado públicamente.

¿Cuándo prescribe la responsabilidad política?
La jueza que investigó el máster de Casado pide al Supremo la imputación del presidente del PP por dos presuntos delitos: cohecho impropio y prevaricación administrativa.

El primer presunto delito, el más evidente, es por recibir un título regalado siendo diputado autonómico –el cohecho impropio pena con multa e inhabilitación a aquellos políticos y funcionarios públicos que reciben dádivas así–.

El segundo presunto delito, la prevaricación administrativa, es el más difícil de demostrar. Este delito quien sin duda lo comete es el que regala un título a alguien sin merecerlo en una universidad –en este caso, sería presuntamente el imputado Álvarez Conde–. Pero la juez considera que Casado también puede ser responsable como cooperador necesario. Según su escrito, Casado debía saber que estaba recibiendo el beneficio de un presunto delito. Según la jueza, necesariamente tuvo que participar en él porque sin su colaboración es imposible que existiera ese presunto delito, y que por tanto hay indicios de una responsabilidad penal.

Es imposible que a alguien le regalen un título sin que lo sepa. Más aún cuando lo cuelga en su currículum oficial. Es también imposible que alguien reciba un trato de favor tan flagrante sin ser consciente de él, argumenta igualmente la jueza. Salvo que Casado crea que en la universidad pública española se aprueban cursos de un año con cuatro trabajitos, es evidente que tuvo que ser consciente de que recibía un título por la cara: el resultado de una presunta prevaricación.

Este segundo delito, el de la prevaricación, era la clave de toda la causa contra Casado y no solo porque tenga una condena mayor. También por la prescripción. La juez argumenta que en este caso ambos delitos van ligados, y por tanto la prescripción que cuenta es la mayor: la del delito de prevaricación –diez años– frente al cohecho impropio, que prescribe en solo cinco años (cuando Casado hizo el máster era un plazo aún más corto: tres años).

Si hay indicios de prevaricación, el cohecho impropio no ha prescrito y ambos delitos se pueden investigar y juzgar. Si no los hay, Casado queda libre de toda investigación penal porque el cohecho impropio, por sí solo, en el caso de Casado no se puede juzgar porque habría prescrito ya su responsabilidad judicial.

La decisión del fiscal Navajas ha sido después refrendada públicamente por la fiscala general del Estado, María José Segarra. Aunque ella ha sido más contundente en sus argumentos al subrayar que hay indicios de que Pablo Casado cometió un delito de cohecho impropio, pero está prescrito. Es algo que, en un par de líneas, también despacha Luis Navajas en su escrito de forma bastante menos clara.

Que el presidente del PP se libre por una prescripción no le debería eximir de su responsabilidad política. Aunque Casado ya ha dicho que su ética es la ley, y por tanto considera la falta de una condena como la absolución política por todo lo que hizo mal.

Las consecuencias de que Casado se libre
Con el criterio que acaba de fijar la Fiscalía, en España, no sería delito aceptar un título regalado de la Universidad. Solo tendrían responsabilidad penal los profesores, no los alumnos. Solo se podría condenar a quien recibe un título regalado cuando es un político o funcionario, y solo si se le pilla antes de cinco años. Es decir, solo por el delito de cohecho impropio.

Es un criterio curioso. Es el que presumiblemente el Supremo puede fijar para alegría de Pablo Casado y, como consecuencia, para alegría de muchos otros más.

La exministra Carmen Montón puede estar tranquila, a pesar de que este mismo viernes la justicia ha empezado a investigar su máster irregular. Si el Supremo se suma a la posición de la Fiscalía, tampoco ella tendría ninguna responsabilidad penal porque el presunto cohecho impropio, en su caso, también estaría prescrito.

También se salvaría Cristina Cifuentes –salvo que demuestren que participó en la falsificación de su acta–. La expresidenta de Madrid no quedaría inhabilitada y, por tanto, ya no se arriesgaría a perder su plaza de funcionaria en la Universidad.

También se salvarían de cualquier condena las decenas de alumnos VIP a los que, durante años, Enrique Álvarez Conde enchufó. Los que hoy ya conocemos y los que aún faltan por desvelar.

Es una pésima noticia para todos los cientos de miles de estudiantes que se esfuerzan en la Universidad española. Especialmente para todos los alumnos "ordinarios" de la promoción de Casado o de Cifuentes, y que sí hicieron su máster con mucho trabajo en la URJC.

Es una gran noticia… para la impunidad.

P. D. Raquel Ejerique y quien esto firma seguimos imputados por el delito de "revelación de secretos", por informar de todos los amaños cometidos en esa Universidad. Cifuentes nos pide hasta cinco años de prisión.

 https://www.eldiario.es/escolar/Pablo-Casado-justicia-espanola_6_816878339.htm

Y ASÍ FUE... 


https://www.eldiario.es/politica/Pablo-Casado-Tribunal-Supremo_0_818918239.html

a pesar de ...
 https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Provincial-Master-Fiscalia-Supremo_0_819268294.html


Nota -- ¿Dónde está el rector del máster de Cifuentes, Casado y Montón?
Mariano Rajoy le nombró magistrado del Tribunal Constitucional en 2013, tras su etapa en la URJC donde se relacionó con la primera plana del PP


 y ver 
 Comentario en el País.





 640HACE 3 MINUTOS
Paco Cucúrbitas . el País

Pues con razón Casado estaba tan tranquilo cuando se presentó a como candidato a dirigir el PP: los jueces nombrados por un CGPJ nombrado directamente por su partido le han salvado. Les es indiferente que pueda haber habido realmente un concierto de voluntades entre los acusados o que esto dé un mensaje pésimo a todos los estudiantes o al prestigio de la URJC y de la política española en general. Divertido que entre los jueces estén Marchena (que ya se cubrió de gloria en la expulsión de Garzón, por no hablar del caso quizá delictivo de su hija) y Llarena (otro que tal, que se ha puesto la botas a la hora de infringir principios jurídicos básicos en su obviamente nula instrucción del caso de los presos políticos y exiliados). Ambos jueces se han estado trabajando, supongo, su futuro ascenso al TC o al TEDH, aunque dadas sus más que evidentes inclinaciones políticas quizá habrían hecho esto gratis. Jueces en venta y resoluciones para llevar, así de claro. Y después se quejarán de que hay quien no confía en la "justicia" española, tanto fuera como dentro de España. 
 OTRO COMENTARIO ..
#80 Petin1  | 28/09/2018 - 15:52h el Diario.es..
Un Fiscal/Defensor y Cinco “Jueces” que no quieren ser justos.
Si se imputa al sobornable Casado, hay que imputar a 4 rectores de la URJC y uno de ellos es, ahora, magistrado del TS, los otros tres tienen negocios privados en ella, también habría que imputar a directores de Institutos, a profesores, funcionarios y al claustro, con lo que la Universidad quedaría completamente irreconocible, así que no se acusa al sobornable y fin del capítulo, pero es que, también, han ¿sacado? el máster este año, jueces, fiscales y abogados.
Esa es nuestra Justicia, denigran a la jueza que ha trabajado con honradez y cuatro estómagos agradecidos a los que les importa más tapar la indecencia que limpiar de ella la Educación, se cargan todo su trabajo.
No “señor” Casado, en esta España corrupta e indecente no estamos todos, no todos somos iguales.
Fiscal defensor: Luís Navajas Ramos, archivó las causas de la Guardia Civil del cuartel de Intxaurrondo, dijeron fue el mayor centro de torturas de Europa, donde estaba implicado el general Galindo según Público.
“Jueces”: Miguel COLMENERO, íntimo amigo de Ángel Acebes y de J.M. Aznar, Manuel MARCHENA, que ya ha archivado varios casos contra el PP, Pablo LLARENA, juez del proceso catalán del 1-O, que aún mantiene a los políticos catalanes en la cárcel y que Soraya Santamaría se refirió a él como “hombre de casa”, Francisco MONTERDE, conservador y Ana María FERRER, progresista.
Con semejante cuadro no es de extrañar que hasta un juez de barrio belga se sepa más justo que todo un Tribunal Supremo nuestro.



jueves, 27 de septiembre de 2018

¿ La UE contra Trump?


La insólita coalición

Publicado elCategoríasEurasia
Cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU aunados para torear a Trump.
El lunes pasó algo curioso en Nueva York: cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron con la comisaria europea de exteriores, Federica Mogherini, y el ministro de exteriores de Irán, Javad Zarif, para torear a Donald Trump. El asunto era el acuerdo con Irán.
El gobierno iraní está cumpliendo ese acuerdo firmado por todos ellos en 2015. Eso lo reconoce hasta Theresa May. Sin embargo, Estados Unidos, animado por Israel y los miembros más demenciales de su belicista administración, se ha retirado para regresar a la que ha sido su política desde que la revolución iraní derrocara al sha: el cambio de régimen. A quienes pretendan respetar lo firmado y hacer tratos con Teherán, Trump les promete sanciones a través de su control de los canales bancarios y comerciales del que su país es dueño. Los ministros de exteriores de Francia, Reino Unido, Rusia y China, más la comisaria europea y el ministro iraní, se han rebelado contra Trump, declarando la vigencia del acuerdo: los más viejos del lugar no recuerdan nada semejante.
“Los participantes subrayan su determinación de proteger la libertad de sus operadores económicos para realizar legítimos negocios con Irán”, señala la declaración. Y su punto octavo abre a Irán el Banco Europeo de Inversiones como canal para sus negocios comerciales con el mundo. Se pondrá en marcha, “un mecanismo especial para facilitar los pagos relacionados con las exportaciones de Irán, incluido el petróleo, y las importaciones, lo que ayudará y tranquilizará a los operadores económicos que realicen negocios legítimos con Irán”. Mogherini aclaró que este sistema podría abrirse a otros países fuera de la UE, y ha subrayado que todos los firmantes actuales del pacto atómico lo apoyan.
Después de que Trump manifestara ante la Asamblea General de la ONU que, “los dirigentes iraníes siembran el caos, la muerte y la destrucción” en el mundo, y glosara sus sanciones (que desde abril han hecho perder más de dos tercios de su valor a la moneda local y que el 5 de noviembre aún se reforzarán más) como medio para defenderse de las, “sangrientas intenciones de Teherán”, la declaración de los cuatro más dos sonó potente. En el caso de la Unión Europa casi como una verdadera declaración de independencia. ¿Verdaderamente?
Desde que Trump se fue del acuerdo y anunciara sus sanciones a las empresas que negocien con Irán, las mayores empresas europeas con expectativas allá se han ido en estampida; PSA, Total, Renault, VW, Daimler, y diversos bancos europeos. No parece que el anuncio del lunes vaya a cambiar eso, porque los negocios de esas empresas con Estados Unidos pesan mucho más que lo que puedan ganar en Irán. Solo las pequeñas empresas sin negocios con Estados Unidos podrán correr el riesgo. Aún así, mientras los europeos no dispongan de su propio Swift, es decir de un sistema independiente de transacciones financieras fuera del alcance del dólar y de los bancos americanos, como ha mencionado el ministro alemán de exteriores, Heiko Maas, el desafío será pólvora mojada. Otra cosa sería si los gobiernos europeos de la UE fueran capaces de proteger de forma efectiva a sus empresas del abuso que representa la extraterritorialidad de las leyes de Estados Unidos.
Pero incluso sin eso, la insólita coalición del lunes sienta un pequeño precedente. Lo que hoy no existe y convierte a esas declaraciones en algo parecido a papel mojado, puede existir mañana. Ninguna moneda ha dominado la economía mundial eternamente y el dólar no será excepción. Es más, el intento de Trump de chantajear a los demás con su moneda y su control de las redes comerciales internacionales, puede volverse contra el. Y en eso estamos.
PS: El 22 de septiembre Irán sufrió el más mortífero atentado de su última década: 25 muertos, la mitad de ellos civiles incluido un niño de cuatro años, en un ataque a un desfile militar en la ciudad de Ahvaz. Se conmemoraba el inicio de la guerra con Irak, una guerra de ocho años (1980-1988) propiciada por occidente en respuesta a la revolución de 1979 y que dejó la factura de un millón de muertos en Irán. La magnitud del atentado equivale a los vistos en París, Londres o Barcelona. El Estado islámico lo reivindicó. Pero en víspera de la llegada del Presidente iraní, Hasán Rohaní, a Naciones Unidas (donde pronunció un discurso lleno de buen sentido), no se podía permitir que un atentado presentara como víctima al Irán que se hace pasar como principal factor de terrorismo en el mundo. Así que se optó por titulares que difuminaran lo sucedido: “Los guardias revolucionarios, objetivo en un desfile militar en Ahvaz” y similaresLa compasión es selectiva.

miércoles, 26 de septiembre de 2018

El poder de la blasfemia.


  El poder de la blasfemia

"Si hay algo eterno que podemos llamar aún España es precisamente esta combinación: la cárcel y la blasfemia"

Por Santiago Alba Rico   

Willy Toledo ha pasado una noche en la cárcel por blasfemar. Si hay algo eterno que podemos llamar aún España -y eso para todos, por muy ligeros o postmodernos que nos queramos- es precisamente esta combinación: la cárcel y la blasfemia.

Toledo se ha cagado en Dios, lo que es una estupidez; o lo parecía antes de que una asociacion católica lo denunciase y un juez admitiese a trámite la denuncia. En España todo el mundo blasfema; todo el mundo ha blasfemado siempre, sobre todo los católicos y, cuando en España todo el mundo era católico, blasfemaban sólo los católicos. Ahora bien, cuando los católicos españoles se cagan en Dios no están pensando en Dios sino en la Iglesia. España -recuerda Villacañas en su libro sobre el poder político- ha sido un país extraño en el que la Iglesia ha regido durante siglos de modo inquisitorial los destinos de una población naturaliter cristiana, de manera que el anticlericalismo furibundo español, antes de adoptar formas ateas, era profundamente católico: pensemos, por ejemplo, en la quema de conventos de 1834, cuando los vecinos católicos de Lavapiés atribuyeron la epidemia de peste que asolaba la ciudad a un envenenamiento de las fuentes públicas por parte de las órdenes religiosas instaladas en Madrid.



Por lo demás, siempre he interpretado en este sentido un misterioso pasaje de los Episodios Nacionales en el que Galdós, en el marco de la primera guerra carlista, habla de la relación difícil del aspirante Don Carlos con su máximo general, Rafael Maroto, un hombre de cuyo fervoroso catolicismo nadie podía dudar. Pues bien, dice Galdós en las últimas páginas de su novela Vergara: “(Don Carlos) odiaba cordialmente a Maroto, no por mal militar, que no lo era, ni por desafecto a su causa, sino porque en cierta ocasión de apuro, atravesando la frontera de Portugal, había soltado D. Rafael en los regios oídos la interjección más común en bocas españolas, desacato que el meticuloso Rey no perdonó nunca”. ¿Qué “interjección” se le escapó al impulsivo y beato Maroto que su rey, tan necesitado de su ayuda, no le pudo perdonar? Sin duda una blasfemia; probablemente un “me cago en Dios”; y si su rey no se lo pudo perdonar no fue porque descubriese de pronto que su general era ateo, sino porque se percató de que era algo peor: un católico anticlerical y, por lo tanto, un carlista tibio (como quedó demostrado en el famoso “abrazo de Vergara” con Espartero en 1839).

Más allá de este caso sujeto a especulación, todos sabemos que los católicos blasfeman y se cagan en Dios no contra Dios sino contra la Iglesia, dentro de la cual muchos de ellos se han sentido siempre incómodos o engrilletados. En este sentido, uno de los graves errores de la Segunda República Española, y más en una situación de rebelión militar “católica”, fue la de obligar a los blasfemos católicos a elegir entre el ateísmo y la Iglesia, dentro de la cual los católicos al menos  podían blasfemar. Es fuera de la Iglesia donde no se puede, como lo demuestra la denuncia contra Willy Toledo por parte de una asociación compuesta sin duda por católicos que blasfeman libremente, pero que no pueden aceptar el anticlericalismo consciente y premeditado de un ateo.

Muchos católicos se cagan en Dios por amor a Dios y rechazo de la Iglesia. Incluso muchos curas se cagan en Dios, porque esa expresión, junto a “me cago en la hostia”, se encuentra en la línea de salida -en la superficie- del rico repertorio blasfemo y palabroto del pueblo español plurinacional. Esas “interjecciones” están ahí, a disposición de todos, y salen del alma apenas una contrariedad, pequeña o grande, asalta nuestras vidas. Un católico blasfema, aunque no lo sepa, contra la Iglesia; y la Iglesia le perdona su anticlericalismo plebeyamente cristiano. Un cura blasfema, en cambio, para unirse más al Dios en el que cree firmemente (los que creen firmemente en él). O para interiorizar su misión como su representante y apropiarse -fervor rayano en la herejía- parte de su sustancia divina.




El “me cago en Dios” de un cura es como el “me cago en tu madre” de una madre que regaña al hijo que ha cortado los flecos del sillón o hecho trizas la vajilla. Al cura blasfemo (que es el bueno, el verdadero creyente) le sale del alma regañar a Dios con un “me cago en Dios” -pienso en algunos teólogos de la liberación ante flagrantes casos de injusticia- porque lo sienten suyo y así lo hacen más suyo, y se lo arrebatan un poco a los “malos” que invocan su nombre con solemnidad hipócrita y distancia humanamente despectiva.

No se puede escapar de España blasfemando. Todos blasfeman; todos blasfemamos. Lo que los católicos blasfemos no pueden quizás tolerar del “me cago en Dios” de Willy Toledo es precisamente que no le ha “salido del alma”; que le ha salido de la ideología, de la voluntad fría -diría Pavese- de añadir un clavo en la crucifixión de Cristo. Que no le haya salido del alma sino de la ideología vuelve en realidad más ingenua e infantil la blasfemia: una palabrota antigua, un poco obsoleta o pasada de moda, la autocomplacencia afirmativa y audaz de un niño en la fase oral que paladea el verbo más que el nombre y al que excita su propio coraje escatológico.

Ahora bien: ocurre que algunos católicos no ven aquí una niñería antigua, como la veo yo, ni un empobrecimiento ideológico; ven, del mismo modo que esos fanáticos musulmanes que atacan las pésimas e infantiles caricaturas del Charlie Hebdo, un ataque real a su Dios, al que creen absolutamente real, de manera que de pronto la blasfemia banal de Toledo, que pincha en nervio vivo, adquiere un sentido que en el contexto sociológico actual no tiene. Ese “sentido”, en todo caso, podía haberse quedado ahí, en una batalla en internet entre un niño valiente y un grupo de fanáticos musulmanes (quiero decir católicos) si no fuese porque, de manera inesperada, ha intervenido la justicia, y no precisamente, como sería de rigor, para defender al niño malhablado de los fanáticos ofendidos.

Porque es aquí donde interviene el otro rasgo típicamente “español”: la cárcel. Lo que da verdadero sentido, de manera retrospectiva, a la infantil blasfemia de Toledo (que se vuelve así grande, misteriosa y subversiva) es la cárcel. Es en este “sentido” adventicio, a contrapelo del contexto social, donde estamos ahora obligados a movernos todos, con independencia de lo que pensemos del twit de Toledo; blasfemar tiene el sentido que le ha conferido la persecución judicial y ya no podemos escapar a él, y no debemos hacerlo, en defensa precisamente del contexto social (que disolvería el sentido de la blasfemia) y, en consecuencia, de la libertad de expresión. Por alargar la cosa más allá de un “me cago en Dios” ideológico, podemos decir que Toledo, Hasel, Valtonyc, los independentistas catalanes encarcelados -y todo ello al margen de que nos gusten o no sus canciones o sus posiciones políticas- no habrían hecho nada si nada se hubiera hecho contra ellos. El “sentido” de sus actos, derivado del fanatismo religioso y de la persecución judicial, se habría perdido en el contexto social, como una chiquillada o una broma, si el Estado español fuese un poco más democrático -fuese realmente democrático.

Resulta que en España, el país más blasfemo y descarado del mundo, el más frívolo y más olvidadizo, tiene sentido blasfemar, además de sonido. Así que ahora, por culpa de unos fanáticos y una mala ley, estamos obligados a tomárnoslo en serio, ese sentido, hasta que se disuelva de nuevo -y desaparezca inaudible- en el repertorio palabrotero banal y en la banal rutina democrática.


lunes, 24 de septiembre de 2018

. La aznarización y la degeneración del régimen del 78..

 La aznarización del régimen del 78

 

Por Rodrigo Amírola

 Siempre resulta complicado advertir por qué será recordado uno en el futuro. En el caso de la política y la historia, las cosas se enmarañan aún más, porque ésta no es solo una acumulación museística de acontecimientos pasados, sino la interpretación de hechos históricos, que inevitablemente se realiza desde un determinado presente. La semana pasada asistimos en España a una reaparición mediática que nos lo recuerda: la del expresidente del Gobierno José María Aznar. Ni más, ni menos que por partida doble: primero, en la sede de la soberanía popular en el contexto de una comisión de investigación sobre la financiación irregular de su partido y, en segundo lugar, en un debate organizado por el diario el País, presidido por su nueva directora y junto al expresidente socialista Felipe González. Decía que era complicado predecir la imagen histórica de Aznar porque si durante sus dos mandatos completos como presidente del Gobierno sucedieron muchos acontecimientos — y algunos de excepcional importancia– para el devenir del régimen del 78, imagínense la dificultad añadida de imaginarla cuando sigue siendo un actor de actualidad.
Demasiados acontecimientos y contradicciones para perfilar una imagen sencilla. Aznar, un inspector de finanzas del Estado con un liderazgo gris y un fuerte complejo con Felipe González, pero con un fuerte amor propio y tenaz, se hizo con la Presidencia del Gobierno, cargando contra la corrupción de los socialistas y ofreciendo un horizonte nuevo. España cambió durante esos años, que no solo marcarían un punto de inflexión en el régimen del 78, sino su consolidación. Por un lado, la segunda Transición, como se decía en la época, se había consolidado con la llegada del partido de la derecha española, el Partido Popular, al Gobierno, garantizando así la alternancia bipartidista, esto es, “la prueba” de que la Constitución daba cabida a proyectos bien diferentes en el poder. Por el otro, algunos de los graves problemas que hoy nos amenazan se llevaban tiempo incubando y ya se veían florecer: la corrupción sistémica de unas élites cada vez más ensimismadas y las fuertes tensiones de su acuerdo en relación a la cuestión territorial, que alimentaron un nuevo nacionalismo español sin complejos y una visión unilateral de la norma constitucional, y un nacionalismo catalán más alejado de Madrid y despreocupado del devenir de España.

Dos intervenciones, dos síntomas de decadencia

14 años después, en su primera intervención de la semana pasada, Aznar regresaba al Congreso para declarar sobre la financiación irregular de su partido, la famosa caja B de Bárcenas y los graves casos de corrupción, que acabaron con el Marianato, sacando al Partido Popular del Gobierno. Engreído, rebosante de cinismo y sin complejos abandonó por completo el principio de realidad a la hora de hablar de su partido y se escudó en la responsabilidad jurídica. Varios portavoces de los grupos parlamentarios se lo recordaron sin mucho éxito. Había dominado la derecha española y presidido su partido y el país durante ocho largos años, pero ahora resultaba que entonces no estaba en ninguna parte pasa asumir responsabilidades. Su vanidad proyectaba una irresponsabilidad sin límites.

Desde su perspectiva, Aznar se sabía el paladín en la sala contra los enemigos de España y cargó, uno por uno, contra todos ellos: el PSOE, el independentismo y Podemos. Acusó al primero de una corrupción más grave y profunda que la de su propio partido, al segundo de dar un golpe de Estado y de estar permanentemente aletargado y predispuesto a volar por los aires la lealtad constitucional y a Pablo Iglesias de ser un enemigo de las libertades y la democracia. Fue completamente incapaz de realizar ninguna autocrítica, incluso ante el dócil portavoz de Ciudadanos (Toni Cantó), que le trató con un tacto y una delicadeza desmesurada, más allá de la simple cortesía parlamentaria.

Esta intervención de Aznar fue saludada y recibida de manera favorable por la derecha social y mediática. Los ecos fueron relativamente al unísono: por fin, alguien hablaba claro desde la derecha en la sede de la soberanía y se oponía dialécticamente con claridad y soltura a los verdaderos enemigos de España. Lejos de ser la originalidad de su contenido o la alta calidad parlamentaria de su intervención la causa de su repercusión mediática, tal diagnóstico solo puede hablarnos de una cierta actualidad de Aznar.

Días más tarde, su debate con el expresidente socialista Felipe González arrojaba una conclusión común, que podía haberse fraguado en esa misma sesión de la comisión de investigación al Partido Popular: el gran problema de España era la falta de lealtad de las élites catalanas a la nación española. Según una concepción aparentemente compartida por ambas partes sobre la Transición, aquella se basó en dos grandes acuerdos: no mirar hacia el pasado y hacerlo hacia el futuro, y el reconocimiento de la pluralidad de España a cambio de lealtad constitucional por parte de las fuerzas nacionalistas de los territorios históricos. Las élites catalanas habrían roto este último con su “golpe de Estado” o la “ruptura de las reglas del juego”, poniendo en jaque el orden constitucional. Ni una reflexión de qué dinámicas políticas, económicas o sociales habrían llevado a España y a Catalunya hasta este momento, ni tampoco ninguna idea para remediarlo más allá del mantra de la Constitución y la ley.

Tampoco aparecieron otras demandas crecientes de la sociedad como el reconocimiento de nuevos derechos o el blindaje de algunos ya reconocidos, ni ninguna propuesta relevante de actualización ante cambios sociales relevantes. Felipe González apuntó tímidamente a una posible reforma constitucional, pero, eso sí, volviendo a compartir lo fundamental con Aznar: la nación española es la única nación política. Y, por lo tanto, no cabe hablar en serio de una reforma en profundidad de la estructura territorial del Estado: federación, confederación o independencia. Los dos expresidentes, el popular y el socialista, ambos orgullosos de pertenecer al régimen del 78, no fueron capaces de proyectarlo hacia el futuro.

Regreso al futuro
Aznar, como el nuevo Partido Popular dirigido por Casado, parece querer volver con fuerza, recogiendo lo mejor del pasado para proyectarse hacia el futuro. El problema es que, a diferencia del protagonista de Regreso al futuro, la película de ciencia ficción dirigida por Robert Zerneckis, no tiene manera de poner a sus padres de acuerdo para garantizar su existencia, porque estos ya no existen como en su día creyó que fueron.


Además de su concepción de España, la otra idea que amaga con aparecer desarrollada en el debate con González solo muestra lo que ha cambiado todo en este tiempo: su anglofilia en política internacional. En un mundo en el que Trump ha vencido a sus amigos republicanos y el Brexit está en marcha, esa anglofilia solo puede chocar con su pretendido europeísmo y la UE como Casado ha puesto de manifiesto cargando contra Schengen, debido al juicio de Puigdemont en Bélgica.


La Constitución del 78, aquella en la que cabían los proyectos ideológicos más diversos e incluso opuestos entre sí, no parece ya recoger una distinción relevante entre nacionalidades y regiones y despliega así un nacionalismo español desacomplejado con ansias recentralizadoras e incapaz de reconocer la pluralidad sustantiva de España. Éste es seguramente el legado más actual de Aznar, que tiene ramificaciones en toda la derecha política (el nuevo Partido Popular de Casado, Ciudadanos y su concepción homogeneizadora del país y también en el resurgimiento de una fuerza como Vox), pero también en una parte importante del PSOE y de la cultura política española. Esa visión unilateralista que nos hace no afrontar seriamente nuestra principal neurosis, alejándonos si es preciso del principio de realidad


 y ver 

 Mientras  a la brunete mediática la caída de Rajoy  y la subida  de Casado la cogió con el pie cambiado   y se puso al día ..
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2018/1261/Index%20Politica%20Portada.htm

 no solo ..

  

¿La Fiscalía del Supremo prevarica ?



 Un escrito para tapar la corrupción
El escrito de la Fiscalía del Supremo está destinado a tapar un caso de corrupción que ha sido detectado e investigado escrupulosamente por la magistrada-juez

Javier Pérez Royo


La magistrada-juez del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid dirigió una exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante la imposibilidad de continuar la instrucción sobre el Máster de Derecho Público Autonómico impartido en el Instituto de Derecho Público, dirigido por el profesor Enrique Álvarez Conde, en la Universidad Rey Juan Carlos, al tener que extender su investigación a D. Pablo Casado,  cuya conducta solo puede ser investigada por el Tribunal Supremo por tener la condición de diputado.

La exposición razonada es un texto de 54 páginas, en el que la magistrada-juez hace un trabajo de orfebrería jurídica, a fin de que el Tribunal Supremo disponga de la información necesaria para poder formarse una opinión y poder actuar en consecuencia. En el escrito se delimita con precisión el problema, que es el siguiente: se ha detectado que en el Máster de Derecho Público Autonómico en el curso académico 2008-2009 hubo dos clases de alumnos matriculados.

La mayoría, que acudieron a clase, no les convalidaron ninguna asignatura, presentaron trabajos de los que guardan documentación acreditativa e hicieron exámenes. Se incluye la identificación de los 11 alumnos mediante las iniciales de sus nombres y apellidos. Hubo cuatro alumnos, por el contrario, que ni asistieron a clase, les convalidaron 18 de las 22 asignaturas, no conservan documentación acreditativa de ningún tipo de haber presentado trabajos para aprobar las asignaturas que no les habían sido convalidadas, ni de haberse examinado de ellas. Se incluye la identificación de la misma manera.

Se da la circunstancia de que estos cuatro alumnos se diferencian de los demás por  su actividad política en el PP.

La magistrada desarrolla pacientemente la investigación de esa desigualdad entre unos alumnos y otros y tras estudiar toda la documentación relativa a la regulación del Máster, sus características y reconocimiento de créditos, tras entrevistarse con todos los alumnos, llega a la conclusión de que hay hechos indiciariamente típicos de dos delitos, que en su opinión son los de cohecho impropio y prevaricación. A continuación, relaciona los indicios del actuar delictivo de tres de los cuatro alumnos que recibieron un trato distinto de los demás. Lo hace porque estos alumnos no están aforados.

La investigación de todos estos extremos ocupa 46 de las 54 páginas de la exposición razonada. En la página 47, la magistrada-juez relaciona los hechos e indicios de actuar delictivo en relación con la persona aforada, Pablo Casado. Se dirige al Tribunal Supremo cuando ya ha concluido la investigación y cuenta con el testimonio de los tres alumnos que recibieron un trato distinto al de sus compañeros, en el que confiesan de manera inequívoca la imposibilidad de encontrar justificación jurídica alguna al trato recibido.

Pablo Casado, entiende la magistrada-juez, se encuentra en una situación idéntica a la que se encuentran los otros tres alumnos no aforados. Justamente por eso, se dirige al Tribunal Supremo sugiriendo la práctica de determinadas diligencias, que ella considera imprescindibles y que no ha podido acordar por tratarse de persona aforada. Pablo Casado no aparece en las primeras 46 páginas de la exposición razonada porque está aforado, pero su conducta en cuanto alumno del Máster no se diferencia en lo más mínimo de la conducta de los tres alumnos no aforados. En consecuencia, todo lo que se dice en esas 46 páginas vale presuntamente también para Pablo Casado. Es lo que el Tribunal Supremo tiene que verificar, ya que la magistrada-juez no puede hacerlo.

El Tribunal Supremo, como es debido, ha dado traslado de la exposición al Ministerio Fiscal, a fin de que emita su parecer sobre la misma. El fiscal Luis Navajas emitió su opinión el 21 de septiembre en un escrito extraordinariamente breve, en el que desautoriza la exposición razonada e interesa el ARCHIVO de las actuaciones.

Lo primero que sorprende del escrito del Ministerio Fiscal es que empieza la lectura de la exposición razonada por las páginas 48 y 49, haciendo desaparecer la fundamentación jurídica que pacientemente la magistrada ha construido durante su investigación. En consecuencia, los hechos e indicios de conducta delictiva que se han acreditado por la juez quedan reducidos a “mera sospecha o conjetura” carente de todo valor indiciario.

Sorprende, en segundo lugar, que en ningún momento el Ministerio Fiscal intenta rebatir que la conducta de Pablo Casado sea la misma que la de los tres alumnos no aforados y sin poner en cuestión los hechos e indicios enumerados en la exposición razonada, que son los mismos para los cuatro.

El escrito del Ministerio Fiscal es de una desfachatez inaudita. Desconoce el trabajo de investigación de la magistrada-juez y cuando cita alguna parte del mismo, como la relativa a la convalidación de asignaturas, lo hace para hacerle decir a la exposición razonada lo contrario de lo que dice. Pues la magistrada-juez dice, efectivamente, que la convalidación de asignaturas es legítima, pero añade que esa posibilidad únicamente le fue ofrecida a cuatro alumnos y no a los demás que tenían su misma titulación. El Ministerio Fiscal se queda con que las convalidaciones son legítimas, para llegar a la conclusión de que, puesto que son legítimas,  no hay nada que investigar en la conducta de Pablo Casado.

El escrito está destinado a tapar un  caso de corrupción que ha sido detectado e investigado escrupulosamente por la magistrada-juez. Podría ser un indicador claro de cómo la corrupción está penetrando en nuestro sistema de administración de justicia y de cómo el aforamiento es un instituto que posibilita que esa corrupción queda impune.


Esta es la razón última por la que no se va a aprobar la reforma constitucional sobre los aforamientos. Al PP no le interesa que la Sala Segunda del Tribunal Supremo pierda esa facultad.  Se disfrazará el rechazo de la forma que sea, pero la razón de verdad es esa. La Sala Segunda es nuestra y el aforamiento es, para nosotros,  una institución de valor incalculable.

domingo, 23 de septiembre de 2018

España atrincherada en sus obsesiones.


 "Como si de un país bananero se tratara"




Esa España convencida de la supremacía de sus excepciones a las normas generales sufre anomalías, “como si de un país bananero se tratara”. La interpretación de las leyes se topa, a veces, con una notable contaminación de prejuicios. El paquete se completa con políticos y medios afines,  decididos a imponer sus opiniones como preceptos.



Rosa María Artal 
  

 La frase dibuja el retrato de una España atrincherada en sus obsesiones. “Exigiendo como si de un país bananero se tratara” fue uno de los lamentos de jueces reunidos en un chat institucional tras la negativa del tribunal alemán de Schleswig Holstein a extraditar a Carles Puigdemont por rebelión. El estupor de una justicia tuerta por sus prejuicios ideológicos que se manifiesta sin cautela, seguros de sus criterios. Forman parte de esa España convencida de la supremacía de sus excepciones a las normas generales. Y que no deja ahí las pruebas de su existencia.

Apenas encajada la noticia de ese preocupante chat,  la Fiscalía del Supremo decide no investigar el Máster de Pablo Casado en la Rey Juan Carlos. Tres compañeras de máster con las mismas 18 convalidaciones y los mismos cuatro sobresalientes en las cuatro asignaturas restantes están imputadas, él no, dado que el aforamiento del que disfruta por ser diputado incluye asuntos privados. Tras la sorprendente disposición de la Fiscalía, la decisión última es del alto Tribunal. Cuatro de los cinco jueces a cargo del caso, recordemos, están nombrados  por el PP.




España sufre estas anomalías, “como si de un país bananero se tratara”. Son insostenibles.
Dejando a un lado prejuicios precisamente, el problema de base puede seguirse a través del procés catalán. El abogado Gonzalo Boye solía dar en las redes el parte meteorológico de las incidencias judiciales. Amanecía soleado en Europa para sus defendidos pero los persecutores, dueños absolutos de la verdad, nunca cogieron el paraguas. Ningún país  ha considerado a ninguno de los políticos catalanes que se fueron de España reos de los graves delitos que se les imputan, tal como se desarrollaron los hechos. Por las mismas acusaciones permanecen encarcelados otros políticos, algunos desde hace 11 meses en prisión preventiva sin juicio.
España tiene una justicia propia de un país autoritario, con sus leyes y códigos mordaza, tras los cambios ejecutados por el gobierno del PP. Y siguen vigentes pese a haber un nuevo ejecutivo. La justicia belga tampoco aceptó mandar a España al rapero Valtònyc a cumplir  nada menos que tres años y medio de prisión “por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey en las letras de sus canciones”. Por muy chirriantes que sean. La interpretación de esas leyes se topa, a veces, con esas cabezas que muestran una notable contaminación de prejuicios. El paquete se completa con políticos y medios afines,  decididos a imponer sus opiniones como preceptos.
García Albiol, el líder de un PP minimizado electoralmente en Catalunya, afirma que los jueces del chat expresan “el sentir de la mayoría de los catalanes”. Su presidente nacional, Pablo Casado, ha llegado a calificar de “ xenófoba” la Diada de Cataluña.  La máquina de tuits y declaraciones de Albert Rivera y sus Ciudadanos suelta casi cada hora soflamas en el mismo sentido. Con las ideas básicas del ideario común: golpe de Estado, supremacismo, totalitarismo, nazismo, violencia. Y sin duda encuentran público propicio.
En esa España, José María Aznar, ex presidente del Gobierno por el PP, acude a declarar en el Congreso por la financiación ilegal de su partido y lo convierte en un mitin político de desaforados ataques a sus enemigos. La agria faz se vuelve vapuleo justo en las crónicas de la prensa al servicio de lo que representa. Le sigue una conversación con Felipe González, moderada por la directora de El País, para hablar de la Constitución, prevista sin duda con anterioridad.  En este acto Aznar se muestra simpático y hasta bromista, dicen.
Luego sabemos por Gabriela Wiener que Aznar saca un libro. “Aznar ha usado a la Comisión Investigadora del Congreso, a Iglesias, a Rufián, para promocionar su libro, su regreso a la política y anunciarnos que pese a haber quedado herida de muerte, tras la debacle del gobierno popular y su financiación ilegal, la derecha para él está más viva que nunca. Azul o naranja”, escribe nuestra compañera de eldiario.es
“Como si de un país bananero se tratara”, la España oficial rescata los jarrones agrietados y les da un baño de ultramontana modernidad. Siguen pareciendo del “todo a cien" 
“Como si de un país bananero se tratara”, el año judicial abre con esta foto de sus próceres, a pesar de la inapelable lucha de las mujeres por ocupar de una vez el lugar que nos corresponde. Florentino Pérez (ACS) entrega a Isidro Fainé ('la Caixa') el Premio Forbes a la Filantropía, al tiempo que el ex-ministro Soria se hacía con una puerta giratoria en  Volkswagen a quien favoreció en el conflicto de la emisión de gases. Miembros poderosos del IBEX, periodistas como Juan Luis Cebrián, la Iglesia Católica, el líder de la Familia Franco y otros se unen en una fundación "para promover valores". Lo que ellos consideran valores. Y por si faltara poco la burguesía catalana suspira por Manuel Valls para llevarlo a la alcaldía de Barcelona, cuando Francia lo ha desahuciado y hasta  el partido de Macron le rechazó. 
“Como si de un país bananero se tratara” la sanidad gestionada por el PP en Madrid, con apoyo hasta ahora de Ciudadanos, paga hasta seis veces más por el mismo tratamiento en un hospital concertado que en uno público. Mientras una alcaldesa y diputada regional reivindica al Caudillo que ganó la guerra y lo convierte así en modo plausible de llegar al poder.
El capítulo de las corrupciones  - largo capítulo echen un vistazo- nos lleva a Torrelodones y la infame amenaza de un edil del PP, queremos la silla y de no conseguirá esto podría tener consecuencias personales, no deseables.  “Como si de un país bananero se tratara”. Siciliano. Ha dimitido. Y Santas Pascuas.
En Llanes, un idílico municipio asturiano, el concejal de IU, Javier Ardines, de 52 años, fue encontrado muerto a golpes el 16 de agosto. Hace más de un mes en el que las noticias han pasado muy por encima del hecho. Imaginemos que hubiera sido de otro partido. El periodista Carlos Prieto ha hecho un reportaje desde el mismo Llanes para El Confidencial, modélico. Sigue las trazas de por qué medio pueblo se sintió agraviado por Ardines al punto de querer su muerte. Y vamos palpando la corrupción instalada en el rico municipio, el caciquismo, el feroz clientelismo, las familias enfrentadas, los miedos de los vecinos, incluso a hablar. Algunos lo hacen: “el concejal más coherente que ha tenido este pueblo en 40 años”, “el cargo público más quijotesco de Asturias”. Javier Ardines renunció incluso a su sueldo de concejal y siguió trabajando en la pesca. Salió solo de casa de madrugada hacia el barco. Y así le mataron.
Estas lacras están presentes en multitud de lugares de España, copados por reyezuelos de taifas sin otro partido real que el poder y el dinero. “Como si de un país bananero se tratara”.  Intoxican la médula espinal de España. Intentar cambiarlo acarrea sus riesgos mientras tantos sean cómplices con su silencio. Esperemos que el ADN tomado a media vecindad de Llanes y la dignidad de algunos resuelvan al menos el caso. La limpieza ha de hacerse mucho más a fondo.
Un país bananero, hallazgo semántico. Siempre se ha hablado de repúblicas bananeras. España es una monarquía. El miércoles tuvo un acto solemne en el Teatro Real de la Villa y Corte. Con la presencia de Felipe VI y Letizia, autoridades y celebridades varias. Se representaba Fausto, de Gounod, con montaje de La Fura dels Baus.
Las crónicas cortesanas lo dejaron bien claro: “D os lazos amarillos malogran el éxito de la Fura dels Baus en el Teatro Real” ¿Qué tragedia pudo ocasionar semejante desastre, ensombrecer tamaño resplandor? Veamos “El escenógrafo y responsable del vídeo Alfons Flores y el figurinista Lluc Castells lucían el símbolo político contra el Estado”.  No lo es. Es el símbolo que pide la liberación de los presos que de haberse ido a otro país de Europa no estarían encarcelados. Qué disgusto para el selecto público que contaba con, nos dicen, “personalidades como Isabel Preysler o Carmen Lomana, entre otros”.
Abucheos, aplausos y vivas al Rey en su tribuna. La Reina llevaba –dice la crónica social- un look  atrevido y elegante con pendientes regalados  por Bvlgari en el nacimiento en su día de su hija Leonor.
Claro que no somos un país bananero. Aquí las bananas, las habichuelas, el rape, los autobuses, los estudios, se trabajan con esfuerzo. Hasta la coherencia y el valor, aunque cueste. El contraste es demasiado duro. Tanto, que una tibieza gubernamental puede llevar a perder la partida.



sábado, 22 de septiembre de 2018

Siria y nuestros amigos yihadistas de Idlib .


  Siria, vivir peligrosamente

 Rafael Poch .

Eurasia .rafaelpoch

Occidente no está dispuesto a dejar caer a sus amigos yihadistas y amenaza con ataques. Rusia cede, le derriban otro avión e intenta no perder la cara

En las últimas semanas la guerra de Siria nos ha hecho vivir peligrosamente. Se daban todos los ingredientes para un incidente militar e incluso un conflicto, entre Estados Unidos y Rusia; cruce de amenazas, gran despliegue de fuerzas militares en la zona, y sobre todo ausencia de canales de contacto entre las partes implicadas. No faltaba nada.

Las amenazas occidentales de ataques militares si Rusia y el gobierno de Damasco se atrevían a poner punto final a su victoria arrollando militarmente a nuestros amigos yihadistas de Idlib, llevaron a Rusia a pactar con Turquía la cancelación de su ofensiva contra aquel reducto. Los occidentales, Estados Unidos, Francia e Inglaterra (hasta en Alemania se discutía una participación militar claramente anticonstitucional), ya adelantaban el casus belli para justificar su intervención: la profecía de que Damasco utilizaría armas químicas.

Los gobiernos y medios de comunicación occidentales afirman que eso ya ha sucedido en varias ocasiones (Houla, Ghuta y Jan-al-Assal) incluida la víspera de la llegada de una delegación de la ONU a Damasco para inspeccionar, precisamente, el desarme químico del régimen. La naturaleza y paternidad de tales ataques está todo menos clara, no así el beneficiario de tales noticias. Supuestos o reales, esos ataques casi siempre han aparecido cuando el régimen estaba registrando un avance militar significativo en la guerra. Ahora, el anuncio occidental de su posibilidad, parecía un preparativo y una amenaza para el caso de que Rusia y Siria pusieran algo parecido a un punto final al grueso de la guerra acabando con el último reducto yihadista importante.

El mensaje de la OTAN es claro: no aceptaremos una derrota en esa guerra que haga desaparecer a nuestros amigos yihadistas del escenario. Ante esa presión Rusia pospuso su ofensiva. Ese fue el resultado de los inquietantes tanteos y despliegues militares sin precedentes que ponen en contacto a potencias nucleares en bandos contrarios en la zona. Pero hubo algo más.

Zanjada esa tensión por la decisión rusa, el lunes por la noche fue derribado un nuevo avión militar ruso en la región. El oso ruso gruñó, pero Putin, consciente de los riesgos que corre, ha decidido rebajar el asunto. ¿Fue una batería antimisiles de Damasco la que lo derribó por error el avión ruso, como se ha dicho? ¿Fue el enésimo raid aéreo israelí el causante del accidente con fuego amigo que costó la vida a quince soldados rusos? No sabemos qué ocurrió. En este asunto es importante no perder la cara. En cualquier caso Putin ha optado, de nuevo, por la opción menos mala: rebajar el incidente. No es la primera vez.

El 12 de septiembre de 2016 la aviación de Estados Unidos bombardeó Siria pocos días después de que Moscú llegara a un acuerdo con el Secretario de Estado John Kerry para evitar colisiones militares e incluso cooperar con información. Oficialmente murieron entre 64 y 84 soldados sirios y otros cien resultaron heridos. ¿Hubo también víctimas rusas y se silenciaron para no perder la cara? No lo sabemos, pero el bombardeo estuvo claramente dirigido a reventar el acuerdo alcanzado. El propio Kerry declaró tres meses después que, “por desgracia tenemos divisiones en nuestras propias filas que hacen extremadamente difícil cumplir el acuerdo (alcanzado con los rusos), tenemos gente en nuestro gobierno que se opone enérgicamente” (Boston Globe, 18 de diciembre de 2016). Tras dejar el cargo Kerry fue aún más claro, acusando directamente al Pentágono de boicotear el acuerdo. “Por lo visto, los militares no hacen caso al comandante en jefe (entonces Obama)”, le dijo a Putin su ministro de exteriores Sergei Lavrov. “Hay gente en Washington que está haciendo todo lo posible para impedir que estos acuerdos sean aplicados”, dijo Putin en octubre de 2017 (Foro de Valdai).

Las cosas siguen igual, sino peor con Trump. Occidente, y Estados Unidos en primer lugar, no acepta la recuperación militar de Rusia. Que haya respondido militarmente en Ucrania, reunificando Crimea, y que haya impedido la operación de cambio de régimen en Siria, es algo que no se perdona y que se quiere castigar, para evitar que otros sigan el ejemplo. Todo ello no hace sino evidenciar el enorme riesgo que Rusia (66.000 millones de dólares de gasto militar) asume ante un adversario mucho más poderoso que ella como es la OTAN (954.000 millones).

Estamos en el tablero de un desequilibrado juego sin normas y eso nos hace vivir aun más peligrosamente que durante la guerra fría cuando había un aparente equilibrio de fuerzas, canales y acuerdos para evitar riesgos.

viernes, 21 de septiembre de 2018

El saqueo neoliberal en España . .


Resultado de imagen de 'Crisis S.A. El saqueo neoliberal' (Akal,



Privatizaciones: como si no hubiera un mañana (I)


El Estado empezó a desprenderse hace 30 años de sus bancos y de sus empresas de energía, telecomunicaciones y transportes. Los gobiernos de González iniciaron el proceso, que tuvo su auge con Aznar y ha culminado en las legislaturas de Zapatero y Rajoy.


ANA TUDELA


“Este Gobierno no cree en las privatizaciones”. Mandíbula al suelo. Mirada alrededor. Sí, es la planta 17 de Torre Espacio y el que habla es Josep Piqué, ministro de Industria en la época más desaforada de venta de empresas públicas que ha conocido España, la del primer Gobierno Aznar (1996-2000); coautor del mapa que convirtió en poco más de tres años de “inmediatamente privatizables” en privatizadas las llamadas joyas de la abuela y hoy consejero delegado de OHL. [Abandonó OHL en junio de 2016 y entró en el de Seat en enero de 2017]. El Gobierno que ocupa actualmente el palacio de La Moncloa es del mismo partido que entonces pero, comenta Piqué:  “No tengo claro que sea del mismo signo político”. La operación de venta del 49% de Aena cerrada recientemente, la primera venta de una gran empresa pública desde los tiempos de Aznar, le sabe a poco. “Eso no es una privatización, es lo que los franceses llaman abrir el capital. El Estado sigue siendo dueño del 51%”, argumenta. Nada que ver con su etapa en el primer Gobierno de Aznar. ¿Qué ocurrió entonces?

Año 1996. El Partido Popular llega al poder y se encuentra la puerta abierta. Los gobiernos socialistas de Felipe González se han encargado de abrir el melón de la venta al capital privado de participaciones en grandes empresas públicas, no solo en pérdidas como Seat, vendida al grupo Volkswagen, sino también algunas de las que, lejos de suponer un lastre para el Estado, daban altos beneficios. Por aquello de la crítica mutua (el bipartidismo se ha creído siempre eterno), los populares dirán que aquellas ventas socialistas por partes no tenían más sentido que hacer caja. La realidad es que, cuando llega el PP al Gobierno, de Telefónica queda ya solo un 21% en poder del Estado; de Argentaria, un 28,1%; de Repsol, un 10%; de Gas Natural (a quien se le vendió la pública Enagás creando un monopolio gasístico de facto), un 3,8%... Sigue siendo mayoritario el capital público en Tabacalera (52,4%) y sobre todo en la pieza más valiosa del joyero: Endesa, en la que el Estado mantenía el 67% del capital. 

CON EL CAMINO DESBROZADO, EL PP ACOMETE LAS PRIVATIZACIONES DEFINITIVAS COMO QUIEN SE ARRANCA UN DIENTE CON UNA CUERDA ATADA A UN PICAPORTE

Con el camino desbrozado, el PP acomete las privatizaciones definitivas como quien se arranca un diente con una cuerda atada a un picaporte. Rápido. De raíz. Sin vuelta atrás. No lo vendieron todo pero vendieron mucho, empresas de todo tipo enajenadas por adjudicación, subasta o en la Bolsa mediante OPV. Y lo importante, pusieron en manos privadas la totalidad (salvo porcentajes residuales en la mayoría de los casos) de los sectores estratégicos en tiempo récord. En cuestión de meses, los representantes del sector público salieron de los consejos de administración de Endesa o Telefónica, las empresas que daban luz y telefonía a los ciudadanos, dejando como único objetivo de los gestores desde ese momento uno: aumentar su beneficio. No sería la última vez que un político se sentaba en las plantas nobles de esas y otras privatizadas. Sus sillones han sido el mullido aterrizaje de decenas de ellos, protagonistas en muchos casos de las normativas que han convertido esas empresas en máquinas de hacer dinero. La diferencia: ya no tomaban parte en los consejos como representantes del Estado. Se habían convertido, por arte de su paso por la Administración pública, en valiosos consejeros, con el cuajo de lucir en la pechera el título de independientes.



Alrededor de 4,5 billones de pesetas (el equivalente a unos 27.000 millones de euros sin actualizar con el IPC) fueron ingresados por las arcas públicas solo en la primera legislatura de Aznar en concepto de privatizaciones, de los que más de 3,6 billones (21.600 millones de euros) se lograron con operaciones de venta pública en la Bolsa (OPV). La cifra es más del doble que la obtenida en los 13 años de Gobierno socialista pero, digan lo que digan por ahí los que ligan las privatizaciones con el cumplimiento de los objetivos de Maastricht, aquello no sirvió para reducir déficit más que de forma indirecta (Europa no lo permitía, de hecho) ni la deuda pública española dejó de crecer en términos absolutos. Sí lo hizo con respecto al PIB (hasta situarse por debajo del 60% que marcaba la barrera de entrada en el euro), pero porque era el PIB el que, superada la crisis del 93, crecía a un ritmo de entre el 2,5% registrado en 1996 y el 5% de 1995 o del año 2000.

Si la economía iba tan bien, ¿por qué tanta prisa? “Estábamos entrando en una fase del ciclo económico que permitía que los mercados financieros y de valores absorbieran un proceso de privatizaciones muy amplio. Había que aprovechar esa circunstancia”, comenta Piqué. “Las cosas que tienes que hacer en política, si son significativas y profundas, hazlas al principio”, añade. Sin duda. Fueron tan rápidos que parecía que el plan estuviese elaborado desde tiempo atrás. Y, sin embargo, asegura Piqué, “no hubo mucha preparación. Lo que hubo fue bastante osadía”.

Puede ser. Aunque haciendo un flash back a aquella época, ahora, casi veinte años después, parezca más bien una operación sistemática en la que el Gobierno primero colocó a sus allegados en las empresas que se iban a privatizar, les permitió rodearse de consejeros independientes, seleccionados en su mayoría por ellos mismos (lo que cuestionaba su independencia), así como blindarse desde los estatutos con medidas como la obligación de llevar tres años en el consejo para ser elegido presidente o bien lograr el apoyo de hasta el 85%, como se estableció en Telefónica (75% en el caso de Argentaria). Cuando sus chicos ya tenían el cinturón de seguridad puesto, despegaron las privatizaciones definitivas.

HACIENDO UN FLASH BACK A AQUELLA ÉPOCA, AHORA, CASI VEINTE AÑOS DESPUÉS, PAREZCA MÁS BIEN UNA OPERACIÓN EN LA QUE EL GOBIERNO COLOCÓ A SUS ALLEGADOS EN LAS EMPRESAS QUE SE IBAN A PRIVATIZAR

No los seleccionó ni el Parlamento ni siquiera el Consejo de Ministros. En reuniones en petit comité del entonces flamante vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía Rodrigo Rato y del propio Piqué, mantenidas con Josep Vilarasau (director general de La Caixa) y Emilio Ybarra (presidente del BBV) se eligieron, por ejemplo, a los presidentes de Telefónica y de Repsol.  El 5% que tenían tanto el BBV como La Caixa en Repsol; así como el 5% de La Caixa y el 3% de BBV en Telefónica en aquel momento bastaron para compartir con ellos el bastón de mando. ¿Por qué?

El invento del núcleo duro y el poder de la banca

Los socialistas no solo inauguraron la era de las privatizaciones. Felipe González puso a su Gobierno a trabajar en lo que, según él, era una colaboración entre los sectores público y privado. El objetivo era que determinadas entidades financieras se convirtieran en accionistas estables y participasen en la gestión de las empresas que, estando participadas por el Estado, perteneciesen a sectores con alta capacidad de desarrollo futuro. Así se formaron los núcleos duros.

Con una inversión limitada de la que sacarían pingües beneficios en forma de dividendos y plusvalías, las entidades financieras se convirtieron en pieza clave del poder empresarial en la nueva España que se preparaba para entrar en el euro. La estrategia de los núcleos duros y el protagonismo de las entidades financieras se convertiría en marca España. No solo en las privatizadas. BBV (después BBVA), presente de forma histórica en empresas como Vidrala (de la que saldría en 2004), tomó posiciones en Telefónica, Repsol, Iberdrola, Acerinox, Gamesa, Gas Natural, Iberia o Sogecable. El Santander y el BCH también tejieron su red de participaciones industriales centrándose en aquella segunda mitad de los noventa en Endesa, Airtel (después intercambiada por un porcentaje en Vodafone), Cepsa, Unión Fenosa, Retevisión (germen de Auna) o en Ono-Cableuropa. Caja Madrid, con Blesa al frente, tomaría participaciones en Telefónica, Endesa, Iberia o Indra. Las cajas vascas también apostaron por poner un andamio a sus resultados con participaciones industriales. La BBK (hoy fusionada junto con Kutxa y Vital en Kutxabank) apostó por Euskaltel, Retevisión, Iberdrola o Petronor. También se unieron a los núcleos duros empresas que no pertenecían al sector financiero, como algunas de las privatizadas o como El Corte Inglés que apostó, por ejemplo, por Iberia. La entrada de la empresa de distribución y la de la caja madrileña se hicieron en detrimento de la participación de los, hasta entonces, únicos accionistas de referencia privados de Iberia: British Airways, con quien acabaría fusionándose, y American Airlines. 

LA ESTRATEGIA DE LOS NÚCLEOS DUROS Y EL PROTAGONISMO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS SE CONVERTIRÍA EN MARCA ESPAÑA

La idea del núcleo duro ya se vio bien temprano que se iba de las manos. La fusión del Santander y el BCH amplió de forma extraordinaria su poder en el panorama empresarial e hizo saltar las alarmas en el Gobierno de Aznar, que actuó en dos sentidos: aprobó una normativa que limitaba la participación de una entidad financiera en dos empresas del mismo sector y animó la fusión de Argentaria. Esta última entidad había sido diseñada por el ministro de Economía socialista Carlos Solchaga sumando bancos públicos con la intención expresa de privatizarla y crear con ella un contrapeso al poder creciente del Santander y el BBV. El PP también mantuvo al principio su intención de mantener Argentaria independiente, pero, ante el movimiento capitaneado por Emilio Botín, cambió de planes y propició su unión con el BBV.

Los elegidos

Argentaria precisamente había sido uno de los primeros destinos de los chicos de Rato. Apenas 15 días después de llegar al poder, el PP sustituyó en la presidencia a Francisco Luzón por Francisco González. Luzón no se fue a fundar Podemos ni era un quintacolumnista del comunismo metido en la entidad. De hecho, fue rápidamente fichado por Emilio Botín y se encargaría con el tiempo de convertir América Latina en la principal fuente de ingresos del Santander. La única explicación para su salida cuando llegó el PP es que no era de los suyos. Los elegidos.

Tras el de Argentaria vendría el nombramiento al frente de Telefónica de Juan Villalonga, compañero de pupitre de Aznar en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, y de quien dicen que tuvo que hacer una ronda de autobombo por La Caixa y el BBV para salvar las reticencias del presidente del Gobierno a protagonizar un dedazo tan obvio. César Alierta, un hombre de Rato y amigo de Francisco González, fue puesto al frente de Tabacalera. Alierta preside Telefónica [abandonó la presidencia en marzo de 2016] desde que Villalonga cruzó la línea roja y salió del círculo de los elegidos, allá por el año 2000, y no dudó en devolverle el favor a Rato con este ya imputado por la información ofrecida al mercado en la salida a Bolsa de Bankia. Alfonso Cortina, presidente de Portland y consejero del BBV, fue por quien apostó también Rato para situarlo al frente de Repsol y Rodolfo Martín Villa, ministro de UCD durante la Transición, fue nombrado presidente de Endesa. En aquellos tiempos tuvo lugar también el nombramiento de Miguel Blesa, inspector de Hacienda y amigo y excompañero de piso de Aznar en Logroño, al frente de Caja Madrid. La entidad financiera madrileña, gracias en buena medida a la gestión de Blesa, lejos de protagonizar una privatización, se convertiría con el tiempo en protagonista de todo lo contrario: una gran operación de nacionalización ya dentro de Bankia, acometida por el Partido Popular en su vuelta al Gobierno.

Con los consejos casi totalmente renovados (al coincidir los nombramientos de consejeros afines con la salida de los representantes del Estado) y rodeados de sus elegidos, muy parda había que liarla para salir por la puerta de aquellas empresas recién privatizadas.

Parda como aprobar planes escandalosos de stock options para directivos y que estos saliesen a la luz en plena campaña electoral, por mucho que se haya escrito del tema. Este país está curado de espanto de retribuciones multimillonarias a ejecutivos de la gran empresa. Parda como intentar fusionar Telefónica con una empresa pública como la holandesa KPN, poniéndose en contra de todo el núcleo duro y parte incluso de los independientes, y al mismo tiempo enfadar a Ana Botella, la influyente esposa de Aznar hoy alcaldesa de Madrid [hasta junio de 2015], dejando a una de sus amigas más íntimas, Concha Tallada (esposa de Villalonga hasta el año 2000 y compañera de Botella en el Colegio Bienaventurada Virgen María), por una Miss México como Adriana Abascal. Mientras Botella consolaba a Tallada, con quien acababa de fundar una empresa de comercialización de arte, joyas y antigüedades, en aquel año 2000, la CNMV reabría una investigación a Villalonga que desembocó en su renuncia. Mucho se habló de en qué medida estuvo la mano de Aznar detrás de aquella actuación del regulador de los mercados. 

Sea como fuere, cuando se quiso buscar sustituto a Villalonga, se comprobó lo bien que funcionaban los blindajes creados por los elegidos. Intentar nombrar a alguien que no perteneciese ya al consejo suponía un grave riesgo, puesto que había consejeros independientes que mantenían la fidelidad a Villalonga, como Alberto Cortina y Martín Velasco. Este último, amigo de Villalonga desde los tiempos en la consultora McKinsey, a pesar de ocupar puesto de independiente había hecho fortuna en la controvertida venta a Telefónica de Olé, el portal de Internet germen de Terra, así como con la salida a Bolsa de esta última. Tampoco había dudado meses antes el presidente de Campofrío, Pedro Ballvé, otro de los independientes de la era Villalonga, en vender al grupo Telefónica un 5% de Telepizza, participación que la teleco vendería años después perdiendo las dos terceras partes de lo pagado. El hecho es que algunos de los llamados independientes podían impedir la mayoría necesaria para nombrar al sustituto de Villalonga. Se habló de nombrar a Isidre Fainé, presidente de La Caixa, vicepresidente de Telefónica y vicepresidente de Repsol, que cumplía con el requisito de llevar tres años en el máximo órgano ejecutivo de la compañía, pero eso habría podido molestar al BBVA. Aquella situación y su cercanía a Rato convirtieron en presidente de Telefónica a César Alierta. 

¿Por qué cayó Villalonga? Otros sobrevivieron a comportamientos cuestionables en el ámbito empresarial y ahí siguen. El propio Alierta fue encontrado culpable de uso de información privilegiada durante su etapa como presidente de Tabacalera, aunque tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo consideraron que el delito había prescrito. Al frente del BBVA sigue Francisco González quien, siendo el presidente de la entidad pequeña en la fusión entre BBV y Argentaria, fue el que permaneció al frente sin que se conozca cuánto sabía el Gobierno, cuando animó la fusión, de la contabilidad secreta en paraísos fiscales del BBV que llevó a los tribunales al expresidente de la entidad, Emilio Ybarra, para luego quedar archivada por la Audiencia Nacional. Para entonces Francisco González llevaba años disfrutando de la presidencia del banco en solitario pactada desde la fusión. Hasta cuando la Fiscalía Anticorrupción le pisó los talones por la venta de FG Valores y pidió a Deloitte los soportes documentales de la auditoría de la sociedad, González salió airoso debido a que la documentación ardió en la planta 23 del Windsor la noche anterior a la fecha en la que iba a ser entregada.

Continuará

Ana Tudela es autora del libro Crisis S.A. El saqueo neoliberal (Akal, 2014).


Ana Tudela es periodista, graduada de la Universidad Complutense de Madrid en 1996. Autora del libro 'Crisis S.A. El saqueo neoliberal' (Akal, 2014). Ha vivido la fundación de dos periódicos, el cierre de uno de ellos y la fundación de la edición española de la revista Forbes. Ha trabajado para el Opus, el liberalismo neocon y para un trotskista y nunca habría adivinado quién iba a tratar peor a sus trabajadores. Intentó dejar el periodismo y vivir del cuento pero no le ha resultado fácil. Ahora estudia Economía a distancia.