Un maquillaje trampa que tiene como objetivo hacer modificaciones “visibles”, pero que en suma no generarán cambios sustanciales
Un maquillaje trampa que tiene como objetivo hacer modificaciones
“visibles”, pero que en suma no generarán cambios sustanciales tal cual
se evidencia en las posiciones que se presentarán hoy.
Y llegó el día… el día en
los partidos políticos “dicen” que van a cambiar las cosas, que se va a
derogar la Ley Mordaza o que se va a reformar para que reine la
democracia en el Estado español.
Pero… a poco de leer en
profundidad las escasas informaciones proporcionadas por los
departamentos de prensa de las formaciones políticas y/o de las agencias
noticiosas es más que evidente que será un cambio para que nada cambie.
Un maquillaje trampa que tiene como objetivo hacer modificaciones
“visibles”, pero que en suma no generarán cambios sustanciales gane
cualquiera de las posiciones que se presentarán hoy.
Además, la única ley que
será debatida hoy es la ley de seguridad ciudadana, no se hablará sobre
la reforma del código penal ni sobre el pacto anti-yihadista,
legislaciones que complementan la rebaja de derechos que ha insertado la
Ley de Seguridad Ciudadana.
Noticia en construcción…
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El pleno del Congreso debatirá y votará este martes sendas
proposiciones de ley del PSOE y del PNV que buscan sustituir la
actual ley de seguridad ciudadana, conocida por sus detractores
como ‘ley Mordaza’. Esta norma, impulsada en el 2015 por el entonces
ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, está recurrida por la
oposición en el Tribunal Constitucional.
Ambas iniciativas se debatirán conjuntamente en la sesión plenaria,
si bien todo apunta a que la que se llevará el favor de la Cámara será
la del PNV puesto que tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, como Ciudadanos ven con mejores ojos la propuesta de los
nacionalistas vascos.
Con su propuesta, el PSOE pretende derogar las sanciones a las
personas que participan en manifestaciones, a quienes se manifiestan
delante del Congreso y el Senado, y por utilizar imágenes de miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Mientras se tramita la nueva ley, y “para que no haya un vacío
legal”, los socialistas proponen volver “temporalmente” a la anterior
ley de seguridad ciudadana, que aprobaron los socialistas en 1992,
conocida como ‘ley Corcuera’, y que estuvo en vigor hasta el 2011.
Sin embargo, otros grupos de la oposición, como Ciudadanos, aseguran
que no creen que volver a una norma “antigua” como la ‘Ley Corcuera’ sea
“lo más apropiado” para “corregir” la ley de seguridad ciudadana, que, a
su juicio, es “muy mejorable”.
Por su parte, el PNV propone en su texto alternativo cambios sustanciales en 44 preceptos de la
‘ley Mordaza’ con
el objetivo de que ésta sea “más respetuosa con los derechos
fundamentales y las libertades públicas“. Entre otros aspectos, plantea
que deje de ser una infracción grave (con hasta 30.000 euros de multa)
el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de
autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o que deje
de considerarse grave manifestarse ante el Congreso y el Senado
perturbando la seguridad pública.
Además, los nacionalistas vascos abogan por establecer un
“procedimiento legal y efectivo” de devoluciones en frontera, respetando
la normativa internacional de derechos humanos y de protección
internacional.
También plantean que no se necesaria comunicación previa alguna de
las reuniones o manifestaciones espontáneas y pacíficas con ocasión de
hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita
demora, “siempre que no perturben la seguridad ciudadana”.
Por eso hoy más que nunca recordamos el documento de la Plataforma Ciudadana No Somos Delito:
Las trampas de las reformas de la Ley Mordaza
En los últimos meses se suceden los intentos por tomar la iniciativa
de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza por excelencia, y
apuntarse el presunto tanto de acabar con una ley que cuenta con el
rechazo de más del 80% de la ciudadanía.
Desde la
Plataforma No Somos Delito hemos estado siguiendo de cerca
este proceso y nos preocupa que ninguno de
los textos alternativos presentados por PSOE y PNV recojan una regulación garantista del ejercicio de los derechos fundamentales.
En definitiva, nos enfrentamos al riesgo de que se consume la trampa
de cambiar algo para que todo siga igual, evitando además entrar en un
debate sereno, profundo y articulado con todos los actores sobre el
concepto de seguridad ciudadana y las necesidades reales de legislación
Para ayudar a que esto no suceda, queremos informar a la ciudadanía
de las cuestiones que más nos preocupan sobre dichas propuestas de ley
en este artículo, que es el resultado de un profundo trabajo de
análisis de ambas reformas realizado por un grupo de más de 20 juristas y ciudadanía en general.
1. Justificación de las reformas
A pesar de que
PSOE alude
en su exposición de motivos a la amplia contestación social como el
principal motivo de necesidad para reformar la ley vigente, sin embargo
su propuesta de derogación combina lo peor de la Ley Mordaza y de la Ley
Corcuera, más conocida esta ultima como Ley de Patada en la Puerta (LO
1/1992). Y esto, sumado a que el texto presentado por el grupo
socialista sigue abusando del uso de conceptos jurídicos indeterminados y
genéricos, que dificultan la definición del ámbito de aplicación de
esta ley, lo que nos dejaría de nuevo ante una situación de indefensión
frente a la norma, una de las principales críticas sociales a la ley
vigente.
Por su parte, el
PNV anuncia
en su exposición de motivos una ampliación del derecho de huelga y los
derechos y libertades de los extranjeros en España (derogación de las
devoluciones en caliente incluida). Pero, si continuamos la lectura del
texto, descubrimos que ¡no se incluyen tales cambios!, ya que dichos
conceptos no aparecen desarrollados en su articulado.
2. ¿Una ley de seguridad ciudadana para proteger los derechos de las personas?
Nos preocupa mucho, la noción de seguridad ciudadana que manejan
las reformas presentadas tanto por el PSOE como el PNV.
En el caso del PNV se coloca en el mismo plano la protección de los
derechos fundamentales y la de los bienes, entendiendo la esfera pública
como un espacio de
“uso y disfrute públicos” y
no como un espacio para el libre ejercicio de derechos, concepción que
se aleja mucho de lo que necesita la ciudadanía y de la defensa de los
derechos fundamentales. Además de que esta reforma mantiene en su
definición de seguridad ciudadana conceptos jurídicos indeterminados
como
“tranquilidad y convivencia ciudadanas”, que amplían el margen de discrecionalidad a la hora de aplicar dicha ley.
Por su lado, el PSOE mantiene el mismo prisma que el PP sobre
seguridad ciudadana confundiendo este concepto con el mantenimiento del
orden público; además, de que no introduce en el texto ninguna
definición. La única definición posible que encontramos en el texto
sobre la noción de seguridad ciudadana es la referente a la finalidad de
aplicación de la ley destinada a
“asegurar
la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la
utilización pacífica de las vías y espacios públicos, así como la de
prevenir la comisión de delitos y faltas”. Definición que usa de
nuevo conceptos jurídicos genéricos, volviendo a la inseguridad jurídica
que esto supone para la ciudadanía.
3. Home Sweet Home: registros domiciliarios.
En esta ocasión el PNV pierde una preciosa oportunidad para regular
de manera más garantista este apartado de registros domiciliarios,
ignorando de nuevo que, salvo casos de autorización u orden judicial,
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sólo deben intervenir en
domicilios particulares en supuestos tasados.
Es aun peor en este punto la propuesta del PSOE, que en el Capítulo 3
recoge la posibilidad de entrada y registro en domicilios en diferentes
supuestos, algunos de los cuales son competencia municipal y podrían
ser usados para facilitar desalojos ilegales. Se incluye, además, una
potestad de entrada en edificios de entidades públicas sin necesidad de
autorización previa que, nuevamente, puede ser utilizado como excusa
general para desalojar actos de protesta. En este mismo capítulo,
recupera la posibilidad de realizar controles en la vía pública o en
carretera para
“el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social”, sin describir a qué supuestos se refiere.
4. Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE)
Respecto a evitar arbitrariedad en las actuaciones de los
funcionarios públicos en la propuesta registrada por el PNV, el texto no
especifica los supuestos en los que está justificada esta intervención.
Los criterios propuestos para delimitar su actuación van desde el
amplio marco de los
“indicios” de participación y el vago espectro de que
“se considere razonablemente necesario”.
Tanto PNV como PSOE pierden la oportunidad de regular de manera más
garantista los supuestos en los que se puede requerir la documentación a
fin de evitar controles de identidad discriminatorios y la posibilidad
de regular con rigor los derechos que asisten a la persona “retenida”
para ser identificada. Respecto de los principios que deben regir la
actuación de los poderes públicos en relación con la seguridad
ciudadana, el PSOE destaca la
“cooperación y la lealtad institucional”, omitiendo
otros principios esenciales para la protección de nuestros derechos
como la legalidad, la igualdad de trato y no discriminación,
oportunidad, proporcionalidad y responsabilidad.
Procede señalar que ambas propuestas mantienen, además, el valor
probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad. Resulta
preocupante comprobar cómo en un procedimiento tan poco garantista como
es el sancionador se insiste en no revisar una previsión que supone, de
facto, una pérdida de posibilidades del derecho a la defensa.
6. Mantienen o incrementan los supuestos de infracciones
La propuesta del PNV mantiene 3 de las 4 infracciones muy graves,
eliminando la sanción por manifestaciones frente infraestructuras en las
que se presten servicios básicos para la comunidad, salvo en el
supuesto en que la intrusión en las mismas produzca
“una interferencia grave en su funcionamiento”,
un término ambiguo que no es precisamente exculpador. De
las infracciones graves, el PNV mantiene 7 de las tipificadas en la
actual Ley Mordaza. En el caso de las multas por obstrucción a la
autoridad, como son las protestas por desahucios, el PNV por un lado
elimina de este supuesto la figura de las autoridades judiciales, pero
por otro lado mantiene la figura de las autoridades administrativas, con
lo que se podrían seguir sancionado las protestas por desahucios de
vivienda municipal y autonómica que ahora son particularmente
frecuentes. Además mantiene 10 de las 17 infracciones leves, lo cual
resulta preocupante, ,,entre ellas, la sanción por falta de respeto a
agentes de las FCSE, responsable de miles de multas infundadas desde que
entró en vigor la actual ley. .
En la proposición del PSOE se incrementan de 4 a 11 el número de
infracciones muy graves y desaparece solo una infracción. En cuanto a
las infracciones graves, el PSOE reproduce 11 de las infracciones
existentes e introduce 7 nuevas en su mayoría relacionadas con el uso y
gestión de establecimientos y locales. De las infracciones
leves mantiene 6 e incorpora 5 nuevas infracciones además de numerosos
conceptos jurídicos indeterminados, como
la alteración seguridad colectiva, actividades con trascendencia para la seguridad, etc.
Por último, otra cuestión que preocupa mucho es el Registro Central
de Infracciones contra la seguridad ciudadana, o listas negras de
infractores, que quedaría derogado por parte del PSOE, pero sin
especificar qué pasará con los datos ya existentes en el registro, y que
se mantiene vigente en el caso del PNV.
7. Derecho a la protesta
El PSOE mantiene 3 infracciones muy graves referidas al ejercicio del
derecho de reunión y rescata de la Ley Corcuera las sanciones por
la provocación de reacciones en el público que alteren la seguridad ciudadana,,
la cual extiende la responsabilidad del individuo a las reacciones de
terceras personas. Además, añade otra infracción muy grave, como la de
causar desórdenes graves en vías públicas y daños graves a los bienes públicos. Entre las leves, introducen 3 nuevas infracciones:
la
desobediencia a agente de la autoridad, la alteración de la seguridad
colectiva u originar desórdenes en las vías públicas. Y mantiene además la
infracción por la celebración de reuniones o manifestaciones en lugares
de tránsito público (artículo 26 j) ,lo que nos llama poderosamente la
atención ya que precisamente este fue uno de los artículos de la Ley
Mordaza (37.1) que recurrieron ante el Tribunal Constitucional.
El PNV introduce una disposición final que modifica la Ley reguladora
del derecho de reunión, posibilitando la celebración de manifestaciones
espontáneas y pacíficas en supuestos de urgencia, una reivindicación
ciudadana constante, así como una exigencia por parte de la
jurisprudencia europea. Pero respecto a la responsabilidad de los
promotores u organizadores de manifestaciones o
concentraciones, mantienen exactamente la misma regulación que la ley
vigente.
8. Criminalización de la pobreza
Nos preocupa gravemente que la proposición de la Ley de Seguridad
Ciudadana del PNVmantenga la aberración jurídica que suponen las
devoluciones en caliente en la frontera sur. vulnerando el derecho de
asilo. En su texto se limitan a señalar la exigencia de una regulación
en el plazo de 3 meses para poder llevar a cabo las devoluciones
conforme a la legalidad internacional, algo que de facto es ilegal.
Caben señalar también cambios positivos aunque poco significativos en
comparación a todo aquello que nos preocupa. La propuesta del PSOE
contempla una rebaja de la cuantía de las sanciones respecto de la ley
vigente en dos de los tipos de infracciones, volviendo a Ley Corcuera
(LO 1/1992). En su caso, el PNV aunque mantiene las mismas cuantías
introduce que las sanciones impuestas no podrán ser superiores a la que
corresponda por infracción penal y propone además eliminar las sanciones
por el uso no autorizado de imágenes de Cuerpos y Fuerzas de seguridad
del Estado, las perturbaciones graves de la seguridad ciudadana en
manifestaciones ante Congreso y Senado y los desórdenes y
obstaculización en la vía pública. Incorporando además una disposición
que posibilita la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas
en supuestos de urgencia.
En vista a que estas propuestas de reforma se están llevando a cabo
sin contar con la sociedad civil e ignorando que han sido plataformas
ciudadanas, entidades sociales, operadores jurídicos y órganos
nacionales e internacionales de Derechos Humanos las que hemos
conseguido, con nuestro trabajo reflexivo de análisis y denuncia, que
esta norma tenga hoy un poco menos de repercusión negativa en los
derechos de las personas. Desde
No Somos Delito hemos
organizado un debate ciudadano que se celebrará el viernes 17 de marzo
en la Nave de Terneras de Matadero Madrid para analizar algunas de las
cuestiones más inquietantes recogidas tanto en la Ley Mordaza como en
los proyectos alternativos presentados por los distintos grupos
parlamentarios y proponer cómo debería ser una legislación respetuosa
con los derechos humanos sobre esta materia.
Evolución del comercio exterior de mercancías en España
Desglose de la demanda interna en España (tasas de variación interanual)
Consumo de los hogares (tasas interanuales)