jueves, 1 de junio de 2017

Rajoy planea.



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 Reino de España: del Plan A, al Plan B, al Plan C… de Rajoy


G. Buster

28/05/2017

La victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE el pasado 21 de mayo ha cerrado definitivamente el Plan A de Mariano Rajoy para esta legislatura ciénaga. A pesar del ensordecedor apoyo de la prensa a Susana Díaz –y tras los resultados del debate entre los candidatos a Patxi López- la espectacular movilización del 80% de un censo de más de 180.000 afiliados ha acabado volcando con más del 50% la votación a favor de Pedro Sánchez.
Y todas las fuerzas políticas han sacado una primera  conclusión evidente: las primarias socialistas han sido una condena directa de la política de la gestora del PSOE de permitir primero la formación de un gobierno minoritario de Rajoy y de hacer después una “oposición útil”, que no ha sido otra cosa que un intento melancólico de apuntalar el bipartidismo del régimen del 78.
El reconocimiento más importante de este hecho es el del propio Rajoy.  Todavía no ha “encontrado un minuto” para felicitar al nuevo jefe de la oposición, que le calificó de “indecente” en el último debate televisivo que tuvieron. Por sorpresa compareció ante la prensa en directo, no a través de la habitual pantalla de plasma, al día siguiente de las primarias socialistas y tras la reunión del Comité Ejecutivo del PP: “Para mi no cambia nada en el PSOE. No va a haber adelanto electoral”.
En realidad todo había cambiado ya hace tres meses, cuando aparcó el apoyo de la gestora del PSOE al nuevo presupuesto exigido por la UE para 2017, a pesar de su compromiso con el techo de gasto, para no perjudicar la candidatura de Susana Díaz. La presidenta de la Junta de Andalucía, por otro lado había sido uno de los puntales de la Conferencia de Presidentes Autonómicos que había pactado la reforma de su sistema de financiación. Pero el Plan B para la aprobación de los presupuestos ha supuesto poco después la voladura incontrolada de ese mismo acuerdo, al tener que pactar bilateralmente con el PNV y las dos ramas del autonomismo canario un auténtico “cuponazo”. Las necesidades tácticas de Rajoy han acabado por demoler uno de los pilares del régimen del 78: la financiación del estado de las autonomías.
Con Pedro Sánchez, como secretario general elegido gracias a la campaña de movilización del “NO es NO” del PSOE, no hay Plan A. Solo queda la gestión chapuza de la ciénaga a corto plazo. Pero incluso sin capacidad de recuperación parcial de las consecuencias políticas de los presupuestos del “cuponazo”, porque el PSOE ya no está para “oposiciones útiles”. Y el Plan B es por si mismo el ejemplo de la “inestabilidad”, que se supone el mayor peligro para el cumplimiento del acuerdo trienal de austeridad con la UE y para hacer frente al desafío del referéndum de autodeterminación catalán, que son los únicos dos objetivos en esta legislatura del minoritario gobierno Rajoy.
Es muy difícil vender “estabilidad”, como política del mal menor que justifique un gobierno minoritario, cuando su partido, el PP, está hasta el cuello en el lodazal de la corrupción; cuyo principal aliado, Ciudadanos, no tiene otras señas de identidad que la denuncia de la corrupción del PP y su anti-catalanismo; el PNV puede alardear de un acuerdo presupuestario vasco que hasta Bildu y Errakin-Podemos han dicho que votarán a favor, pero difícilmente podrá apoyar la represión del referéndum catalán por mucho que distancie del PDeCAT; y los autonomistas canarios, en versiones A y B, pueden esperar sentados a las promesas, porque una vez más, carentes de un concierto como el vasco, no recibirán sino una mínima parte de los casi 3.000 millones prometidos para los próximos años. La única ventaja de estos últimos es que Cataluña esta muy lejos de Canarias y podrán volver a venderse por segunda vez apoyando la represión del gobierno del PP (no perderse a este respecto la enternecedora entrevista del diputado de Nueva Canarias del que depende todo el Plan B).
Para escapar de la inflexibilidad del Plan B en relación al referéndum catalán, Rajoy necesita un Plan C. Y ha puesto en marcha ya el aparato mediático -el institucional y el de la “policía patriótica” llevan mucho tiempo funcionando- para crear las condiciones que lo hagan posible. Y cuatro o cinco meses, si se respeta mínimamente la “hoja de ruta” catalana, pueden dar para mucho.
Pedro Sánchez y la “plurinacionalidad”
Además del “No es NO” a Rajoy, Sánchez ha introducido en las primarias el principio de la “plurinacionalidad” del Reino de España, que a su juicio exige cambiar la actual táctica del palo por la zanahoria con las instituciones autonómicas catalanas y las fuerzas que apoyan el referéndum (80%) y la independencia (41%, según la última encuesta). En realidad esta convencido que el gobierno Rajoy no tiene margen de maniobra para otra política que el palo, es decir la prohibición y represión del referéndum. Que por lo tanto, sobre la cresta de la represión, se convocarán elecciones autonómicas anticipadas en Cataluña. Y que en esas elecciones puede reconstruir un PSC destrozado en el espacio político de un catalanismo volcado en la reforma del Estatut, que incluya un sistema fiscal propio, frente a la impotencia independentista, la indignación referendaria melancólica de Catalunya en Comú y el españolismo sin vuelta atrás de Ciudadanos y los restos del PP en Cataluña.
Esta estrategia tiene el inconveniente –sobre todo fuera de Cataluña- de que se parece demasiado a la de Zapatero, estrangulada por los poderes fácticos y el Tribunal Constitucional de la mano del recurso del PP. Pero las consecuencias a ambos lados del Ebro –y más allá de los Pirineos- de la represión del referéndum pueden ser de tal calibre, por mucho que tenga lugar en el marco del “Estado de derecho”,  que puede hacer del acuerdo de 2006 entre Más y Zapatero una aspiración irredenta de las clases dominantes peninsulares, o de lo que ahora Enric Juliana llama “el oficialismo”.
Esta “tercera vía” –y su urgencia- ante la cuestión del referéndum catalán es la que ha aconsejado a los derrotados en las primarias (aparatos territoriales y barones y exdirigentes del PSOE), además de la magnitud de la victoria de Pedro Sánchez, a buscar los mecanismos para condicionarlo como secretario general en el inminente Congreso de junio. Por el momento tienen bastante éxito. En todas las federaciones se ha aceptado la composición de listas de consenso de delegados sobre la base de la proporción de los resultados de las primarias.  Es decir, una ejecutiva “sanchista” con un comité federal donde la “oposición” puede contar con cerca del 49% de los miembros. Y una parte de los “ganadores” (diputados, concejales..) no está dispuesto a repetir semejante apuesta a todo o nada en su vida, sobre todo ahora que han sobrevivido.
El punto de consenso, sin embargo, queda fuera del Plan A de Rajoy. La reconstrucción del PSOE como fuerza dominante en la izquierda exige, en cualquier caso, contar con una alternativa de gobierno apoyada por el resto de la izquierda, es decir por Unidos Podemos (que tiene el mismo problema estratégico a la inversa).  Pero a la espera de que se produzca una recuperación del voto socialista por encima del de Unidos Podemos, en el horizonte de unas elecciones generales en 2020, se producen algunos puntos de coincidencia, aunque sea indirectamente, con la estrategia de alianzas asimétricas de Rajoy: la confrontación con Unidos Podemos y el respeto al “Estado de derecho” (la Constitución de 1978) frente al referéndum catalán. Esos son los mimbres del Plan C de Rajoy.
¿Una moción de censura inútil?
¿Qué hacer entonces en este interregno de la legislatura ciénaga en la transición del Plan A, al Plan B, al Plan C?
Un interregno, por otro lado, marcado por la subida de nivel de las aguas fétidas de la corrupción en el ciénaga y la ejecución inmisericorde del “plan más completo de lucha contra la corrupción en Europa” por parte del gobierno. Que, por si alguien lo ha olvida, por el momento ha conseguido la inusitada reprobación por el Congreso de los Diputados del ministro de justicia, el fiscal general del estado y el fiscal anti-corrupción. Y, según las grabaciones de la “Operación Lezo”, que el ex tesorero de la Caja B, Luis Barcenas, haya pactado y se haya reconciliado con la misma dirección del PP que destruyó a martillazos –con alevosía, según las declaraciones- los discos duros de los ordenadores de Barcenas. Solo la dirección del PP de Rajoy y el periodista Ernesto Ekaizer –que ha dedicado los últimos años de su vida al análisis periodístico de las causas y de los implicados- son ya capaces de tener una visión global del alcance de la corrupción del régimen del 78. Mucho más meritoria por parte de la dirección del PP, porque no solo le falta distancia escénica sino que, además, sostiene que es solo comprensible como una suma nominalista de casos individuales. En el caso de la Asamblea de Madrid, 21 dimitidos ya de los 48 miembros del grupo parlamentario conservador. Falta por declarar Rajoy.
Un interregno en el que se siguen aplicando unas políticas de austeridad, en la senda del acuerdo trienal del gobierno Rajoy con la UE, que a pesar de todo tipo de chapuzas técnicas a cargo de los ministros Montoro y De Guindos, se sigue gestionando la “recuperación” a favor de los mismos intereses que durante la crisis. Todavía no se ha recuperado el nivel del PIB, descontada la inflación, de 2008; el crecimiento del consumo de los hogares ha caído el primer trimestre del año del 0,7 al 0,4%, aunque el sector exterior parece relanzarse (3% de exportaciones y 3,8% de importaciones); la inversión en bienes de equipo suma ya un 3%, y el gasto público en el primer semestre reaparece en el ciclo artificial de “relanzamiento y frenada en seco” del gasto presupuestario de Montoro. Pero todos los indicadores del gasto social y del consumo siguen congelados, no solo por los recortes presupuestarios, sino por el 31% de la temporalidad y el paro superior al 18% (a pesar de reducirse la población activa)y una capacidad de endeudamiento familiar saturada. Eso es lo que alienta la campaña de removilización social de CCOO y UGT y las Marchas de la Dignidad, que ha tenido su última edición el pasado 27 de mayo en Madrid.
La amenaza de que el interregno se hiciera interminable, con la desmoralización social colectiva y el agotamiento del espíritu del 15-M, es lo que ha obligado a Unidos Podemos a tomar la iniciativa de la moción de censura. Las razones tácticas se acumulaban –y entre ellas la no menor de abrir la perspectiva de una alternativa de izquierda en el proceso de las primarias socialistas-, pero sobre todo venia exigida por la necesidad de un cambio de horizonte de las elecciones generales del 2020, como pretende Rajoy, a uno de movilización social, en la calle y en las instituciones, para forzar unas elecciones anticipadas en 2018.
Es posible que la decisión de registrar la moción de censura antes de conocer el resultado de las primarias socialistas haya sido un error táctico. Al menos así parecía reconocerlo la oferta de retirar la moción de Unidos Podemos si el PSOE de Pedro Sánchez registraba la suya, con el apoyo asegurado de Unidos Podemos. Pero los ritmos del proceso congresual socialista son más lentos y ello ha dejado aparentemente aislado a Unidos Podemos con su moción.
Rajoy cree poder despacharla recomendando “tila” y ninguneándola, haciéndose representar por el portavoz del PP, Rafael Hernando. Pero en una moción de censura condenada a perderse en votos –como las dos anteriores habidas- lo importante no es un recuento final que se intuye, sino los argumentos puestos sobre la mesa, el diagnóstico de la situación, la capacidad de denuncia y el eco que tenga en los demás grupos al fijar sus posiciones y, sobre todo, en la calle. Es un mecanismo de representación institucional de las movilizaciones en la calle, que dejan así de ser extra-parlamentarias, para inscribirse en una estrategia de construcción de una alternativa política.
El efecto de esta lógica de construcción de una alternativa de izquierda puede abrir un boquete importante en el Plan C de Rajoy, porque la moción de censura tendrá lugar cinco días antes de que se celebre el Congreso del PSOE.  La cuestión de la “estabilidad” del gobierno minoritario de Rajoy pasará a primer plano, teniendo en cuenta además que a la vuelta del verano tendrá que enfrentarse con la cuestión del referéndum catalán. Sin el paraguas de la gestora del PSOE, con lo que está cayendo, la ciénaga se puede convertir en inhabitable incluso para las ranas del PP.

 
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El Estado de deshecho del PP .

Los jueces amigos del PP, que ascienden por el PP y juzgarán al PP.


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El PP ha ocupado todos los puestos clave de la Justicia en la lucha contra la corrupción. Solo falta uno, y no se le escapará.



 
El diario.es.




Cospedal aplaude a Concepción Espejel tras condecorarla
Cospedal aplaude a Concepción Espejel tras condecorarla.
1. La  nueva presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se llama Concepción Espejel, pero mejor llámenla Concha; "querida Concha", que es como se dirigen a ella sus amigos, entre los que destaca María Dolores de Cospedal, que incluso la condecoró. Antes de este último ascenso a la presidencia, sus propios compañeros en la Audiencia apartaron a Espejel del caso Gürtel por su evidente proximidad al PP, una razón más que suficiente como para que no continuase en un tribunal que lleva los grandes casos de corrupción con el PP como protagonista principal. En vez de salir por la puerta de atrás, se ha ganado un nuevo ascenso. Nada inesperado para quienes conocen su trayectoria, sus amistades y la forma en la que el Gobierno controla la carrera judicial.
2. "Querida Concha" Espejel fue nombrada presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara en 2002. La puso en ese cargo la mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los años del Gobierno de José María Aznar. Su ejercicio en el poder de este juzgado no decepcionó al PP. Como presidenta de esa Audiencia Provincial, Espejel impulsó uno de los procesos penales que María Dolores de Cospedal utilizó en sus años como oposición en Castilla-La Mancha: el del terrible incendio de Guadalajara del verano de 2005.
3. Aquel incendio fue provocado por unos excursionistas que descuidaron el fuego de una barbacoa. Ardieron doce mil hectáreas y durante las labores de extinción murieron 11 personas por un cambio inesperado del viento. El PP culpó al Gobierno del PSOE de negligencia, se personó en el juicio como acusación popular y pidió penas de cárcel para varios políticos y altos cargos del PSOE en la Junta de Castilla-La Mancha. Querían convertir aquel incendio en "el Prestige de Zapatero". Y Espejel ayudó.
4. La primera jueza que llevó el caso del incendio –Concepción Azuara, entonces titular del Juzgado de Sigüenza– veía como único culpable al excursionista y se resistió a imputar a ninguno de los políticos a los que acusaba el PP. La Audiencia Provincial presidida por Espejel se dedicó a revocar varias de las decisiones de esta jueza y la obligó a aceptar cientos de diligencias inútiles que pedía el PP para cercar a los políticos del PSOE. Tras dos años de resistir contra esas presiones, Azuara fue apartada en una decisión donde el Poder Judicial conservador no solo impidió que terminase la instrucción, sino que incluso se saltó la Ley Electoral.
5. La nueva jueza que se ocupó del incendio dio un giro radical al caso, para plena satisfacción del PP y de la Audiencia Provincial que presidía Espejel. Llegó a imputar a 15 políticos y altos cargos del PSOE en un proceso penal que duró siete años y que al final quedó en nada. Concepción Espejel fue ascendida al CGPJ (oh, sorpresa: con los votos del PP) y la Audiencia Provincial, ya sin ella al frente, exoneró a todos los políticos y condenó únicamente al excursionista. La sentencia criticó muy duramente la "irrelevante" e "inútil" instrucción penal, porque "desde el inicio estaban determinadas las causas, la autoría del mismo y la forma en que se produjo": una barbacoa. 
6. Antes de ascender como vocal del CGPJ, Concepción Espejel recibió un favor más. Mientras que otros vocales del Consejo que también venían de presidir una Audiencia Provincial dimitieron del cargo antes de ir al Poder Judicial, Espejel mantuvo ambos sin dimitir de su destino anterior. Gracias a este privilegio, que permitió la mayoría conservadora en el Poder Judicial, Espejel pudo después llegar a la Audiencia Nacional.
7. Cuando los presidentes de las Audiencias Provinciales y otros puestos similares dejan el cargo, tienen dos años en los que pueden solicitar cualquier destino dentro de su categoría por encima de otros candidatos con más puntos, según el artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como Espejel no dimitió de su puesto en Guadalajara cuando fue al CGPJ, ese plazo de dos años no había empezado siquiera a contar. De ese modo, Espejel pudo escoger destino, y así llegar a la presidencia de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional por encima de otros candidatos con más experiencia y méritos en la carrera judicial.
8. Cuando llegó a la presidencia de la Sala Segunda, Espejel puso en marcha algunos cambios para imponer su criterio. Modificó el sistema de reparto y garantizó así que ella en persona presidiría todos los juicios que pasasen por su sección. Casualmente, uno de estos juicios iba a ser el que más preocupaba entonces al PP: el del caso Gürtel. 
9. En el tribunal de la Gürtel, Espejel iba a estar acompañada por otro juez más que amigo del PP, Enrique López: habitual de los cursos de la FAES, portavoz del CGPJ conservador que hizo de oposición a Zapatero, juez del Constitucional hasta que fue detenido conduciendo borracho su moto y columnista de La Razón. Pero López y Espejel fueron recusados y apartados de esta causa por su cercanía al PP.
10. Fueron los propios compañeros de Espejel en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional quienes votaron apartarla de la Gürtel por ser cercana al PP. Y es esta misma sala que aceptó su recusación la que ahora ella va a presidir, gracias a los votos del CGPJ nombrado por el PP. Así funciona el rodillo de la derecha en el mundo judicial. ¿Que un juez es apartado por sus propios compañeros porque no tiene apariencia de imparcialidad? Pues lo ascendemos. A Espejel, y a Enrique López también.
11. Como presidenta de la Sala de lo Penal, Espejel controlará el tribunal que juzgará todos los grandes casos de corrupción en España; todos los que pasan por la Audiencia Nacional. Podrá presidir cualquier juicio que pase por las cuatro secciones penales e intervenir en las sentencias. Y por si acaso ese control no es suficiente, Enrique López estará en la segunda línea de defensa: en la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
12. Cualquier procesado tiene derecho a una segunda instancia, pero los que iban de entrada a la Audiencia Nacional o a un Tribunal Superior de Justicia autonómico –porque eran aforados– la perdían porque de ahí pasaban directamente al Tribunal Supremo. La Sala de Apelaciones se ocupará ahora de esta segunda instancia –que exige Europa– y podrá revisar sentencias, condenas, hechos probados… Tendrá más margen de maniobra incluso que el Supremo, que no se mete en revisar los hechos. Será una sala para gobernarlos a todos, como explica Elisa Beni en este interesante y clarificador artículo. Allí revela que Enrique López, en 2002, presumía de que su amigo el ministro de Justicia de aquel momento, José María Michavila, le había prometido el puesto. Ha tardado unos años, porque el PP perdió las elecciones en 2004, pero, sin duda, López presumía con razón.
13, Enrique López y con él Eloy Velasco han conseguido esta cotizada plaza de la Sala de Apelaciones gracias a otro favor del Consejo General del Poder Judicial. En teoría, el destino va por puntos, pero el CGPJ añadió un requisito más, a la medida del juez preferido por la FAES. En la carrera judicial no existe una especialización en Penal, pero hace dos décadas, solo durante un ejercicio, estuvo en marcha un cursito a distancia y por ordenador que, casualmente, Enrique López sí aprobó. Gracias a ese cursito en Penal, que el CGPJ ahora considera fundamental, López ha ganado esta plaza por delante de muchos jueces con más puntos y experiencia, pero menos amigos en el PP. Ya saben, la meritocracia habitual.
14. Con José Manuel Maza en la Fiscalía General del Estado, con Manuel Moix en Anticorrupción, con Concepción Espejel en la presidencia de la Sala de lo Penal, con Enrique López en la Sala de Apelaciones… Al PP solo le queda un juzgado que a toda costa va a intenta controlar: el sexto de instrucción de la Audiencia Nacional. Eloy Velasco lo acaba de dejar, y en teoría se cubrirá por concurso, entre todos los candidatos con más antigüedad.
15. El sustituto de Velasco tendrá en ese juzgado muchas decisiones delicadas que tomar. Allí está el caso Púnica, el caso Lezo, la financiación ilegal del PP de Madrid,  el chivatazo de un miembro del Gobierno a Ignacio González o el Canal de Isabel II. Allí investigan  el patrimonio de Alberto Ruiz-Gallardón por  la compra de Inassa en sus años como presidente autonómico, el contrato de la Asamblea de Madrid que aprobó Cristina Cifuentes a un donante de Fundescam, las campañas electorales de Esperanza Aguirre… Con la Gürtel casi cerrada, Paco Correa sin tirar de la manta y Luis Bárcenas dispuesto a callar, el número 6 es el juzgado más explosivo para el Gobierno de Rajoy.
16. Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. ¿Qué harán ahora para garantizarse un instructor amigo en este puesto fundamental? No descarten que aparezca un candidato con el superpoder 340 que permitió a Espejel llegar a la Audiencia Nacional. O un inesperado magistrado conservador con la experiencia necesaria para quedarse con la plaza. O que regrese desde Roma el juez titular del 6, Manuel García Castellón, que lleva 17 años viviendo como un embajador en puestos muy bien pagados que elige a dedo el Gobierno. El propio Ignacio González especulaba con esta posibilidad en su sincera explicación de cómo mandar a los jueces "a tomar por culo a Onteniente".
17. ¿Hay algo más grave que la corrupción? Sin duda, la impunidad, y que en la protección de los corruptos el Gobierno arrase con uno de los pilares del Estado: la confianza en la Justicia.
"Lo esencial para el buen funcionamiento de nuestras democracias es la justicia. Sin buenos magistrados, sin un sistema judicial eficaz, el régimen democrático no puede sobrevivir". La cita es de Margaret Thatcher y, a pesar de la autora, es una gran verdad. 


 http://www.eldiario.es/escolar/jueces-PP-ascienden-gracias-juzgaran_6_648895137.html


  Españamá
 http://www.eldiario.es/escolar/mentiras-Manuel-Moix-sociedad-Panama_6_649595056.html


 Nota .-. Al poner el titular , dude  si poner deshecho o desecho .. pienso que expresa mejor lo que es  , deshecho  de  deshacer que desecho de residuo ..sino  no se explica la resistencia ..y qué aun exista .

miércoles, 31 de mayo de 2017

El cuento de no poder sostener el estado de bienestar.



La oficina de estadística europea Eurostat acaba de publicar los últimos datos de deuda pública e intereses de España y del resto de países europeos y son bastante claros al respecto.
De 1995 a 2016, la deuda pública española ha aumentado en 811.349 millones de dólares (de 295.604 millones a 1,106 billones de euros) y en ese periodo España ha pagado 509.730 millones de euros en intereses. Es decir, que 62 de cada 100 euros del incremento que ha tenido la deuda pública española corresponden a intereses. Dicho de otra manera, eso significa que si nuestra deuda pública es tan elevada no es porque el gasto social o el público en general hayan sido muy grandes sino porque se renunció a que lo financiara el banco central, que puede hacerlo sin intereses. Es fácil deducir que si eso hubiera ocurrido, si el Estado español hubiera sido financiado en las mismas condiciones en que el Banco Central Europeo financia actualmente a la banca privada, la deuda pública española no sería superior al 100% del PIB sino que ni siquiera pasaría de la mitad.


 VER ..

  http://www.eldiario.es/zonacritica/Bienestar-insostenible-resulta-imposible-mantenerlo_6_647845230.HTML


 http://www.publico.es/economia/espana-movilizado-mas-350-000.html

martes, 30 de mayo de 2017

Los guardianes del Pujolismo y la última fase del “procés”.




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La improvisación y la opacidad marcan la última fase del “procés”

Bez


Desde las elecciones autonómicas de 2015 han pasado ya casi dos años, pero en Cataluña la situación es idéntica a aquella noche del 27 de septiembre en que Artur Mas declaró que los independentistas habían ganado el supuesto plebiscito. La diferencia es que hemos entrado ya en el tiempo de descuento y nadie sabe realmente qué hacer. La legislatura “excepcional” de 18 meses, que debía llevar Cataluña a las puertas de la independencia, habría debido terminar esta primavera, pero nadie parece darse por enterado. La hoja de ruta soberanista se ha cambiado tropecientas veces y cada uno la interpreta a su gusto. De la declaración de independencia express se ha vuelto a la “pantalla” superada del referéndum, del cual no se sabe ni la modalidad, ni la pregunta, ni la fecha (se baraja el 1 de octubre). Hay quien saca otra vez de la chistera la fantomática Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y quien, demostrando un desconocimiento asombroso de la realidad, propone “acampadas indefinidas” y “ocupación de infraestructuras”. Por más inri, el gobierno de Puigdemont ha conseguido aprobar en un año y medio apenas 5 de las 45 leyes prometidas. El fracaso de la aceleración independentista es manifiesto.
Acorralar a los comunes
Lo que parece evidente, más allá de las declaraciones altisonantes y los eslóganes de campaña, es que nadie tiene un plan. Todo se rige por la improvisación, mientras la opacidad reina soberana y se justifica con la necesidad de no dar pistas al Gobierno central y al Tribunal Constitucional (TC). Además, la supuesta unidad de las formaciones independentistas se resquebraja cada día más, mostrando la estrenua lucha de poder existente entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partit Demòcrata Europeu Catalá (PDeCAT) por la conquista de la centralidad en el Principado. El procés soberanista no da más de si y todos, aunque no lo admitan, son conscientes de ello. El problema es cómo salir airosos del atolladero y cargar a otro el muerto del fracaso de la “revolución de las sonrisas”.
En estos últimos días hemos tenido sobradas prueba de ello. El objetivo de republicanos y exconvergentes es poner en un aprieto a los comunes, que el pasado mes de abril han presentado su nuevo partido. La pieza clave de esta estrategia de acoso es el referéndum. Los comunes, que en diciembre se sumaron al Pacte Nacional pel Referendum (PNR), han defendido siempre una consulta con garantías, negándose a apoyar un referéndum unilateral sin reconocimiento internacional. Y efectivamente el pasado viernes los comunes estaban presentes en el participado acto organizado por el PNR en Barcelona para presentar el medio millón de firmas y los muchos apoyos recogidos en toda España y también en el extranjero para un referéndum pactado con el Estado.
Sin embargo, las formaciones independentistas intentan poner en duda la buena fe de los comunes, tildándolos de quintacolumnistas del Gobierno central. Todo sirve para culpabilizar a la formación liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, del fracaso de un proceso en que jamás ha participado: desde el caos que se está viviendo en el aeropuerto de El Prat a la carta que la alcaldesa escribió al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que el Gobierno catalán reconsidere su decisión de no acusar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por el expolio del Palau de la Música. Una decisión, la de la Generalitat, que tildar de desfachatez es poco.
Convergència, acorralada por los casos de corrupción
Y es que la antigua Convergència sigue cada semana más acorralada por los casos de corrupción: además del caso Palau, en el caso del 3% se ha pedido de nuevo que se investigue al exconsejero y mano derecha de Artur Mas, Germà Gordó, considerado por la Fiscalía Anticorrupción, el “conseguidor” de la financiación irregular del partido, mientras en el caso Adigsa un empresario ha afirmado ante el tribunal que tuvo que pagar mordidas del 20% que iban a parar a CDC y que Mas estaba informado de ello. El castillo de naipes del pujolismo se viene abajo y además la exCDC, sumida en una crisis interna descomunal, sin un liderazgo y con continuos bandazos ideológicos, tiene las arcas vacías, hasta el punto de que ha debido recurrir a una “caja de solidaridad”, montada por la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, para pagar las multas que el TC impuso a Mas, Ortega, Rigau y Homs.
A todo esto se suma el trabajo de la Fiscalía que sigue su curso. Además de la investigación por desobediencia al TC de la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y de cuatro miembros de la mesa de la Cámara autonómica, la Fiscalía se ha querellado también contra la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, por haber firmado el acuerdo marco para el suministro de urnas a la Generalitat que se podrían utilizar por el referéndum. El pánico empieza a cundir entre las formaciones independentistas.
La exConvergència parece un boxeador aturdido que antes de caerse al suelo lanza golpes a ciegas. Y Esquerra la sujeta, aunque desde una posición de fuerza, siempre bien acompañada por los anticapitalistas de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Esta parece la única explicación de decisiones que dejan asombrados por su falta de democracia, como la reforma del reglamento del Parlamento para poder aprobar, sin conocimiento previo y con lectura única, la supuesta ley de “desconexión” o el bloqueo de la comisión de investigación de la Cámara autonómica acerca de las declaraciones del exjuex y exsenador de ERC Santi Vidal.
A la espera de las elecciones autonómicas
El único plan existente, si de plan se puede hablar, es el de provocar la reacción del Gobierno central para poder reanimar las bases soberanistas. Parece ser esto lo único que queda, junto a un intento de campaña de internacionalización del proceso independentista que ha llevado Mas, Puigdemont y Junqueras a Estados Unidos y Francia. Una campaña que, de todos modos, se hace sobre todo para uso y consumo interno.
Bajo la misma lógica, este lunes Puigdemont, junto al vicepresidente Oriol Junqueras y al consejero de Asuntos Exteriores Raül Romeva, dará una conferencia en el Auditorio la Caja de la Música de Madrid bajo el título “Un referéndum para Cataluña. Invitación a un acuerdo democrático”, a la cual se han invitado dirigentes políticos españoles y el cuerpo diplomático presente en Madrid. Según Puigdemont, se trata de la “última oportunidad” para negociar el referéndum con el Estado. La respuesta del Gobierno central no ha tardado en conocerse y se resume en el boicot a la iniciativa, acompañado, sin embargo, por la oferta de que el presidente catalán explique en el Congreso sus planes para el referéndum. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha explicado que, aunque el Gobierno “no puede negociar ni permitir” el referéndum, “cualquier planteamiento puede ser modificado por los cauces constitucionales”. ¿Señales de diálogo? En el entorno de Puigdemont no se percibe así y se teme que sea una encerrona para que todo acabe como con Ibarretxe en 2005. También por esto, el presidente de la Generalitat, aunque se alegró de la oferta, afirmó que no la iba a aceptar sin un pacto previo sellado con Mariano Rajoy. Todo sigue muy enquistado.
¿Qué pasará después? Todos saben que el Estado central no dejará celebrar el referéndum, pero a estas alturas la Generalitat no podrá no convocarlo, a menos que no quiera perder cualquier credibilidad entre las bases soberanistas. Así que el TC intervendrá y se organizará algo, quizás una manifestación masiva o un nuevo 9N. Y más pronto que tarde se convocarán unas nuevas elecciones autonómicas. Ahí será donde se jugará el verdadero partido: el de la lucha por la hegemonía en Cataluña.
Fuente: http://www.bez.es/733517550/improvisacion-opacidad-marcan-ultima-fase-proces.html



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http://ctxt.es/es/20170524/Politica/12909/CTXT-Llei-Transitorietat-referendum-Proces.htm


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http://kaosenlared.net/wp-content/uploads/2017/05/rajoyplasma3.jpg


Entrevista a Guillem Martínez, autor de "CT o la Cultura de la Transición"
“Rajoy no es nadie”

Atlántica XXII