Pesadilla judicial
Antes que probar su independencia ante el poder político, a la fiscalía y a la fiscal debería haberles preocupado bastante más demostrar su absoluta dependencia de la ley y su compromiso con la verdad
Ese y no otro es su trabajo
La fiscal general del Estado, María José Segarra, tenía un trabajo principal durante esta legislatura. Devolver la racionalidad jurídica, la tipicidad penal y la proporcionalidad punitiva al llamado juicio al ‘procés’. Para seguir al frente de la jauría política, mediática y jurídica que persigue a los presos, al Gobierno, a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez al grito de “golpistas” y “cómplices” ya teníamos a los fiscales del Supremo y al anterior fiscal general, Sánchez Melgar. Cumplir esa misión es la única causa que puede justificar tanto su nombramiento como el relevo de su antecesor. Alguien debió explicárselo cuando fue designada y alguien debió advertirle que iba a exigirle enormes dosis de coraje jurídico y cívico. Si no se lo explicaron, ella debería saberlo. No tiene excusa.
La función del escrito de acusación no consiste en demostrar su
independencia frente al gobierno de turno, ante un jurado popular
formado por tertulianos y lideres de la oposición que calificaran de
traición todo cuanto no sea darles la razón. Su función principal reside
en cumplir con la misión de “promover la acción de la Justicia en
defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés
público tutelado por la ley…(articulo 1. Ley del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal). El trabajo de la fiscalía no es construir una
acusación, es defender la ley.
El momento para hacerlo era ahora. En el escrito
provisional de acusación se hallaba la oportunidad para presentar una
acusación razonada y razonable por desordenes y desobediencia, lejos de
esta hipérbole penal de la rebelión o la sedición. La fiscal general no
solo no ha cumplido con su tarea, sino que, exhibiendo dosis asombrosas
de cobardía jurídica y cívica, ha firmado un escrito que convierte el
juicio al ‘procés’ en una pesadilla jurídica que se llevará por delante
la credibilidad del Tribunal Supremo y la imagen internacional de
España.
Cuando, ante el tribunal, los fiscales
presenten argumentos tan concluyentes como que “Pese a reivindicar el
pacifismo de la movilización, apeló también (Jordi Cuxart) a la
determinación mostrada en la Guerra Civil (empleando la expresión “¡No
Pasarán!”) y retó al Estado a acudir a incautar el material que se había
preparado para el referéndum…” el bochorno se volverá insoportable.
Cuando, ante el tribunal, los fiscales presenten como prueba del alcance
de la rebelión el discurso del Rey el 3-O, no sabremos si reír o
llorar. Cuando, ante el tribunal, los fiscales pretendan demostrar la
concurrencia de violencia sin citar como testigo ni a uno solo de los
ciudadanos apaleados el 1-O y descalificando todos sus testimonios en el
escrito sin una sola prueba, el asombro recorrerá Europa. Cuando, ante
el tribunal, los fiscales pretendan probar el uso de los Mossos como
fuerza armada en apoyo del supuesto golpe con el testimonio protegido de
un único mosso, entre más de 17.000, el esperpento de tratar a un
cuerpo policial como una mafia criminal habrá llegado a su apoteosis.
Son solo algunos ejemplos delirantes de un escrito de acusación donde,
desatendiendo sus obligaciones como acusación pública, todo aquel
testimonio o prueba que contradice el relato de los fiscales ha sido
ocultado, silenciado o tergiversado. Si tan claro es que las denuncias
de violencia policial son falsas ¿por qué no se llama a las supuestas
victimas para demostrar la simulación de sus heridas? Si tan valido es
el discurso real para probar la gravedad de la rebelión ¿por qué los
fiscales no citan ni una sola de las múltiples declaraciones públicas
del presidente Rajoy y sus ministros, afirmando que la situación estaba
bajo control y ni se había celebrado referéndum alguno? Es más, ¿cómo se
pretende probar una acusación de rebelión sin que la ratifique con su
testimonio ni un solo miembro del gobierno que, en teoría, debió hacerle
frente? Antes que probar su independencia ante el poder político, a la
fiscalía y a la fiscal debería haberles preocupado bastante más
demostrar su absoluta dependencia de la ley y su compromiso con la
verdad. Ese y no otro es su trabajo.
Nota .- Lo increible es como manipulan las palabras de el rey , la Fiscalía invoca el mensaje dirigido por el Rey al país el 3 de
octubre como signo de la gravedad de los acontecimientos. Los fiscales
afirman, en este sentido, que el Monarca actuó ante el “levantamiento
generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia que se
estaba desarrollando con el fin de conseguir la secesión de ese
territorio autonómico, y considerando la magnitud y gravedad del ataque
al orden constitucional que se había producido”. El Rey –añaden– obró
precisamente como “primer garante del orden constitucional”. En ningun momento el rey dijo lo subrayado arriba indicado en negritas , asi dicho , es una manipulación de la fiscalia para justificarse..con el rey .
Y luego la Fiscalía solicita 25 años de prisión para Oriol Junqueras como máximo
responsable de la dirección del proceso –las conclusiones no se
refieren a Carles Puigdemont, que está declarado en rebeldía- y que está exiliado .. y que si seria el máximo responsable.
y ver ..
https://www.lavanguardia.com/politica/20181107/452784956631/sin-compasion.html
y ver ..
https://www.lavanguardia.com/politica/20181107/452784956631/sin-compasion.html
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