La fórmula para “legalizar” los artículos
inconstitucionales del Estatuto
Por Sara Montero
La ministra de Política Territorial y Función Pública,
Meritxell Batet, planteó hace unos días la posibilidad de revisar algunos
artículos del Estatut de Cataluña que fueron tumbados por el Tribunal
Constitucional en 2010. Muchos consideran esa fecha como el inicio de un
sentimiento de agravio que ha ido alimentando al independentismo hasta hoy. Ese
año, la Justicia tumbó un texto que emanaba del poder legislativo tras el
recurso del PP, que además había hecho campaña abiertamente en contra. Pero,
¿cómo es posible recuperar esos 14 artículos si ya han sido declarados
inconstitucionales? Laia Bonet, profesora de Derecho Administrativo y
secretaria del Govern durante la presidencia de José Montilla (2006-2010), cree
que hay una combinación posible: la “autolimitación por parte del Estado”
y la modificación de varias leyes en el
Congreso. Es consciente de que en la actual situación es muy difícil, pero
celebra que ahora, al menos, se pueda discutir más allá del “sí” y el “no” y se
de paso al debate de ideas
Muchos creen que el primer capítulo de este conflicto está
en 2005, año en el que fue aprobado el Estatut en el Parlament de Cataluña y
pasó a la Cámara Baja. El Congreso de los diputados dio luz verde al texto en
2006, después de haberlo rebajado, o “cepillado”, como dijo el socialista
Alfonso Guerra. En junio de ese mismo año se completó el trámite con el ‘sí’
que le dieron los catalanes en referéndum. Aún así, el mismo día de la
aprobación en el Congreso, el PP ya alertó de que era “el principio del fin del
Estado” y lo recurrió días después al Tribunal Constitucional, como también
haría el Defensor del pueblo y cuatro comunidades autónomas.
Pasaron cuatro años, llenos de polémicas y peticiones de
recusación, hasta que el Constitucional finalmente declaró nulos 14 artículos,
que versaban sobre el catalán como lengua “preferente de las Administraciones
públicas”, el carácter vinculante del Consejo de Garantías Estatutarias, la
exclusividad de la supervisión del Síndic de Greuges (una figura similar al
Defensor del pueblo), las funciones del Consejo de Justicia de Cataluña, la
financiación o las competencias compartidas, entre otras materias.
Además de expresar públicamente su malestar, Montilla puso a
trabajar a su equipo para ver cómo se podían encajar las pretensiones de esos
artículos por otras vías legales. Esos expertos apenas tuvieron unos meses para
estudiar cada demanda. En noviembre de 2010, Artur Mas (CiU) accedió a la
presidencia de la Generalitat tras ganar las elecciones. Nuevo Govern, nuevos
planes. Unos meses antes, había declarado que el Estatut estaba ya “en vía
muerta y desguazado” y que pretendía poner rumbo mirando más lejos: el pacto
fiscal que Rajoy rechazó en 2012.
En 2018, y con Sánchez en la presidencia del Gobierno de
España, vuelve el debate sobre cómo solventar el encaje de Cataluña por la vía
del Estatut. Han cambiado muchas cosas. Ya no existe la sintonía que en 2005
tenían Generalitat y Estado. Laia Bonet rescata esos puentes legislativos
preguntada por Cuartopoder.es.
Cómo conseguir consenso en las competencias
El título VIII de la actual Constitución está tan poco
desarrollado que deja en el aire muchas cuestiones sobre las comunidades
autónomas. Puede ser un problema… o una oportunidad. En 2010 el Tribunal
Constitucional eliminaba la exigencia del Estatut de que en las competencias
compartidas el Estado estableciera las bases a través de “normas con rango de
ley”.
En este caso, Bonet cree que con altas dosis de voluntad
política puede dejarse ese margen de las comunidades autónomas: “Se
solucionaría con autolimitación por parte del Estado. Es decir, que defina las
bases a través normas con rango de ley, pero sin agotar la capacidad para
regular que deben conservar las comunidades autónomas”.
Un trabajo arduo de ingeniería legislativa
Además de esa “autolimitación” por parte del Estado, habría
que hacer un ‘encaje de bolillos’ legislativo para poder introducir algunas de
las demandas catalanas. Bonet interpreta que la sentencia de 2010 establece que
el “Estatut no puede mandar al legislador estatal”, pero en muchos casos no
pone pegas al contenido. Por ello, si los mismos objetivos se trasladasen al
Congreso a través de leyes orgánicas, podrían implementarse.
Por ejemplo, si no corresponde al Estatut decidir el
funcionamiento del Consejo de Justicia de Cataluña, Bonet explica que podría
ser el Congreso quien lo ordenara a través de una reforma de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.
Otro ejemplo, si lo que se pretende es que un ciudadano de
Barcelona pueda presentar un recurso ante el TC escrito en catalán, podría ser
el Congreso el que introdujera esta posibilidad a través de la modificación de
la Ley del Tribunal Constitucional.
En ese mismo sentido, apunta Bonet, podría definirse un
modelo de financiación autonómica “a partir de los principios de ordinalidad y
de nivelación en el que ninguna comunidad autónoma, después de aportar a la
caja común, se quede en peor posición relativa con respecto a las demás”. Esto
se haría a través de la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las
Comunidades Autónomas. Lo mismo ocurre en el caso de la supervisión “exclusiva”
del Síndic de Greuges que tumbó el Constitucional. Bonet cree que “con una
reforma de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo se podría delegar vía
convenio estas mismas funciones”.
Una propuesta muy difícil que requiere tiempo, voluntad y
pedagogía
Durante los últimos meses, el debate sobre el encaje de
Cataluña se ha planteado de manera dicotómica. Sí o no a la independencia, sí o
no al derecho a decidir, sí o no a intervenir Cataluña a través del 155. Por
tanto, Bonet celebra que con el nuevo Gobierno, al menos, se haya abierto la
puerta a un nuevo escenario donde las posturas intermedias ganen protagonismo,
que haya diálogo y que se pueda hablar de nuevo de lo negociable. Es obligación
de los políticos ofrecer soluciones complejas a problemas complejos, aunque lo
simple y lo rápido encaje mejor en los titulares.
Sin embargo, también es consciente de que durante esta
legislatura es muy improbable que se pueda abordar un proceso de esta magnitud.
Aún hay incertidumbre. Habrá que esperar a ver, por ejemplo, si el Govern está
dispuesto a negociar sobre esos puntos, lo que implica también cesiones.
Además, la aritmética parlamentaria es adversa. Para modificar todas las leyes
orgánicas, Sánchez necesitaría la misma mayoría numérica que le hizo ganar la
moción de censura y aún es “pronto para que el independentismo empiece a
trabajar en esa lógica”.
Todo lo acontecido en los últimos meses, que ha sido mucho,
ha hecho que se dañe una condición indispensable para cualquier pacto: la
confianza institucional, que hay que restablecer poco a poco y con política de
pequeños pasos. Es indispensable reconectar. Sin embargo, Bonet advierte:
“Quizá sea demasiado pronto, pero no hay que olvidar que la posibilidad existe
y puede ser un buen método”. Lo veremos en los próximos meses… o en los
próximos años.
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NOTA DEL BLOG .- En España durante cuarenta años no se ha aprobado
ningún cambio sustancial importante de la Constitución . España es uno de los países con mayores barreras para las reformas constitucionales, ya que requiere mayorías
cualificadas en las dos
cámaras y su repetición después de unas elecciones para temas de derechos y la corona , así como un referéndum. Es el
país europeo donde ha habido menos reformas constitucionales solo hubo dos
modificaciones derivadas de la unión
europea , en los últimos 30 años, el voto municipal y la prioridad a reducir el déficit público y pagar la deuda.
Todos los países revisan la constitución y más cuando ha habido tantos cambios por los
derechos y la entrada en la UE, En USA hicieron 27 enmiendas uno cado 8 años , derechos
civiles, impuesto, mandatos presidenciales .. Portugal por
ejemplo fue de los que más reformas hizo
.En Inglaterra son muy fáciles . En Francia hicieron 17 reformas. Y aquí , es
imposible ni adecuarla a la UE , es
tanto así QUE LA CONSTITUCIóN NI MENCIONA QUE ESTAMOS EN LA UE CON UNA SOBERIA
LIMITADA y no se harán hasta que Constitución EXPLOTE .Y lo de Cataluña no deja de ser una implosión .
La Soberanía Nacional
, con frecuencia pronunciada con
grandes palabras que están consagradas en la Constitución y que se arrojan unos
a otros los políticos españoles, se ha convertido en uno de los
conceptos políticos más obsoletos
en el mundo de hoy. En la Unión europea nadie es soberano, ni los
estados tradicionales . Ni la UE tampoco ha creado una soberanía
propia .La población europea vive bajo distintas jurisdicciones
superpuestas como una muñeca rusa. En
las Constituciones de muchos estados miembros la soberanía ni se menciona. La soberanía del estado solo en cuatro . La soberanía
de la nación solo en una pocas repúblicas ex soviéticas .España es un caso
excepcional , proclama la soberanía nacional y se la asigna su defensa a las fuerzas armadas . La UE ni siquiera se
mencionada .España es un país ensimismado en su propia fragmentación,
cuando lo importante debía ser su política exterior. Ya solo provoca tormentas
en vasos de agua . mirándose el
ombligo y en Cataluña lo mismo . Así
solo es un estado periférico débil
limitado y rezagado.
Es imposible modificar la Constitución , no hay cultura de eso
además , aunque la ministra , con buena voluntad , intente dialogar no
solo con Cataluña . y coja este tema para empezar .
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