Balance de seis años de Gobierno austericida. Daños y perjuicios
Estado de des(h)echo
CTXT
No estaríamos peor si Rajoy no hubiese nombrado ministros de Justicia en estos años. Las reformas legales que se han aprobado pueden y deben contrarreformarse sin que se pierda calidad en la respuesta a ningún conflicto; las relaciones entre el Ejecutivo y la cúpula judicial (CGPJ) han abundado en los vicios que ya venían arrastrándose; y la estructura organizativa judicial (Juzgados y Tribunales) ha sido descuidada por completo, hasta provocar una huelga de jueces que expresó un malestar explicado en una tabla reivindicativa que parece elemental. Si por algo se han caracterizado los gobiernos de Rajoy no ha sido en absoluto por una apuesta en la modernización de la Administración de Justicia. Es fácil sospechar que la que hay le servía. ¿Para qué mejorarla?
Ruiz-Gallardón (o quizás Montoro) hizo de la Justicia una justicia tasada (y por tanto desigual, poniendo un precio discriminatorio al ejercicio de la tutela judicial efectiva), redujo el CGPJ a una especie de Comité Ejecutivo más fácilmente manejable y preparó unos interesantes anteproyectos de Ley Orgánica del Poder Judicial (con el establecimiento de los tribunales de instancia provinciales) y de Ley de Enjuiciamiento Criminal (con la instrucción atribuida al Ministerio Fiscal bajo control judicial) que habrían supuesto avances importantes largamente esperados. Su dimisión a causa del rechazo del propio Gobierno de su ley del aborto frustró esas reformas ambiciosas, que Catalá no supo o no quiso continuar (con la excepción de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que en general mereció aprobación en la comunidad jurídica). Catalá, de buen verbo, se dejó llevar y se limitó a suplir con palabras su completa inacción. Quizás porque empezó sin proyecto y se quedó más tiempo del previsto.
El legado de Rajoy en materia de Justicia tiene más cargas que bienes. Deja un Tribunal Constitucional desacreditado por el nombramiento de un presidente que fue militante de partido y por la reforma que lo convirtió en ejecutor de sus propias decisiones (árbitro que interviene en los lances del juego), y la Ley Mordaza (el nombre a veces es la esencia) no ha mejorado la calidad de la expresión y la protesta públicas, pero sí ha exacerbado su criminalización hasta extremos no soportables. Deja Rajoy unos derechos fundamentales erosionados, expuestos a una percepción de la seguridad ciudadana, de la tranquilidad pública y de la respuesta a la delincuencia que sólo provocan más sufrimiento en términos colectivos, más cárcel y más temor en el ejercicio de conductas hasta hace poco consideradas derechos sin más, además de un rosario de agravios con sed de sentencia ejemplarizante. Y deja por último, aunque su responsabilidad sea sólo indirecta, un problema político de primera magnitud incrustado en los estrechos e impredecibles cauces de un proceso penal que comprometerán cualquier solución propiamente política: la represión y reconducción de la Legislatura de la independencia en Cataluña.
Han sido años perdidos para la Justicia. Perdidos y mal empleados. La nueva ministra de Justicia, de intensa experiencia profesional, encuentra un terreno yermo, claudicante y derrotado. La democracia española tiene una larga y acumulada deuda histórica con la Justicia tanto en el aspecto presupuestario como en el de impulso modernizador. Cualquier iniciativa bien pensada desde el principio que vaya en la línea de reforzar la independencia judicial, la contención en la represión gubernativa (que no tiene las garantías del proceso penal), la redefinición legal de delitos y penas controvertidos socialmente, la despolitización de los nombramientos de la cúpula judicial y la proposición de un verdadero Pacto por la Justicia con previsiones presupuestarias realistas, podría hacer de estos dos años de Sánchez un bienio virtuoso.
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| http://ctxt.es/es/20180620/Firmas/20293/herencia-gobierno-pp-rajoy-legado-juridico-catalu%C3%B1a-economia-mujeres.htm |
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