La Audiencia de Madrid tumba las bases de la campaña mediática contra Podemos.
La Justicia ha desechado la penúltima querella de Manos Limpias
contra el partido de Pablo Iglesias por financiación ilegal y otros tantos supuestos
delitos. El sindicato ultra repite las mismas acusaciones en su nueva ofensiva
contra la formación, que respalda en un informe hecho a medida por la Policía,
pero no por la UDEF, como se afirma.
ALEJANDRO L. DE MIGUEL/ PATRICIA LÓPEZ
El Público.
Cambian las instancias judiciales a las que
recurren, pintan y barnizan ligeramente la superficie de los documentos que
presentan, pero el fondo es el mismo: la supuesta financiación irregular de
Podemos a través de países como Irán o Venezuela, el blanqueo de capitales o
incluso la hipotética constitución de una organización criminal. Es todo un
listado de supuestos delitos repetidos en bucle por el sindicato
ultraderechista Manos Limpias y por varios medios de comunicación
ideológicamente enfrentados con el partido de Pablo Iglesias.
Hace un año, el sindicato ultraderechista lanzó varios
procedimientos contra Iglesias, Juan Carlos Monedero y otros impulsores del
partido o de La Tuerka. De ahí surgieron unas primeras pesquisas policiales que
no convencieron a la Fiscalía ni a los jueces, que desmontaron estas querellas
y los sucesivos recursos. Sin embargo, la Secretaria de Estado de Interior, la
cúpula de la Policía y el sindicato ultraderechista han creado una cadena para
volver a llevar ante el Tribunal Supremo una nueva versión de esa
investigación, en este caso gracias al informe fantasma conocido como PISA, que
nada nuevo aporta sobre lo archivado y sobre el que aún no se ha pronunciado la
Fiscalía.
La sala 15 de
la Audiencia Provincial de Madrid volvía a tumbar esta semana las teorías del
sindicato ultra sobre los múltiples
delitos teóricamente cometidos por el partido y distintos dirigentes,
trabajadores de La Tuerka y su propio secretario general, al inadmitir el
recurso de apelación interpuesto por el sindicato, con el consiguiente archivo
de la querella, como siempre ha venido haciendo hasta hoy.
La respuesta de la Audiencia madrileña al recurso de
apelación del sindicato -fechada el pasado 8 de febrero aunque transcendió el
22- hace referencia a la querella contra la junta directiva de la Asociación
Cultural Producciones con Mano Izquierda (ACPMI, impulsora de la tertulia
política) por los supuestos delitos de desobediencia, contra la Seguridad
Social, organización criminal o alternativamente asociación ilícita, blanqueo
de capitales y delito contra la Hacienda Pública. Unos meses antes de que la
justicia madrileña rechazase por primera vez este proceso, en abril de 2015, el
Tribunal Supremo tumbaba otra querella que
llegaba a comparar a Iglesias con Adolf Hitler, y condenaba al sindicato ultra a correr con las costas del
proceso.
.
En este caso la lista de supuestos delitos era aún más
ambiciosa: delitos contra los derechos de los trabajadores, organización
criminal o alternativamente asociación ilícita, apropiación indebida o
alternativamente delito societario de administración desleal, tráfico de
influencias, cohecho o alternativamente corrupción entre particulares y delito
contra la Hacienda Pública.
"En relación con el fondo o contenido de la querella,
acompañados de simples fotocopias,se exponen confusamente y en un totum
revolutum hechos, opiniones y sospechas, donde es difícil advertir la presencia
de los elementos o requisitos dogmáticos de los múltipes delitos que se dicen
han sido cometidos", respondía el Alto Tribunal. De hecho, el Supremo
aseguró que los hechos denunciados "no son constitutivos de ilícito penal
alguno", e incluso manifestó sus sorpresa por la falta de indicios para
imputar algunos de estos delitos. "Sorprende la imputación de delito
fiscal cuando no se dice nada de las cantidades que debía haber ingresado en
Hacienda".
Y esta es, de nuevo, la base de la respuesta de Audiencia
Provincial de Madrid, que no deja pasar por alto el corta y pega realizado por
el sindicato, al que recuerda que ha querella inadmitida por la Sala II del
Supremo presentaba una "idéntica relación de hechos y
circunstancias".
En este proceso de reciclaje de recortes de periódicos en el
que se repiten nombres y acusaciones, la última carga de profundidad llegaba
hace un par de meses con la creación del informe fantasma PISA (Pablo Iglesias
Sociedad Anónima), que se sustenta en las mismas ideas que las ofensivas
judiciales anteriores, y que a su vez ha dado pie a una nueva querella presentada
ante el Tribunal Supremo el pasado 26 de enero. Hasta ahora, la ofensiva
comenzaba con una denuncia y continuaba en los medios, pero en este caso han
decidido invertir el orden.
El informe fantasma que esgrimen Santamaría e Inda..
Fue vendido con grandes titulares por medios con buenas
relaciones con la cúpula policial, como el digital Ok Diario de Eduardo Inda,
pero el supuesto informe de la UDEF contra Podemos bautizado como PISA no es
mucho más que una suerte de remix de las acusaciones contra la formación, y
desde luego no ha sido elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales
de la Policía, como afirman estos medios.
Según desveló Público, la Secretaría de Estado de Interior
había ordenado a la cúpula policial que encontrara un arma contra la formación
de Iglesias, y finalmente echaron mano de una denuncia que había sido archivada
y que intentaba vincular la financiación del partido morado con los regímenes
de Irán y Venezuela. El encargo fue hecho después de las elecciones generales,
en concreto por un miembro de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) que para
ello solicitó información a diferentes departamentos, como la propia UDEF o el
Servicio de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblanc)
Pero ni es un informe UDEF, ni está respaldado por ninguna
denuncia nueva, ni fue elaborado a petición de la Fiscalía, de Hacienda o de
ningún juzgado. Es más, tras desvelar Público el verdadero origen de este
informe fantasma fabricado a medida fue cuando la Policía remitió el informe a
la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, sin que estos se hayan
pronunciado al respecto hasta la fecha.
Sin embargo, antes de comenzar ese "procedimiento
judicial" como lo definió la vicepresidenta del Gobierno en Funciones,
Soraya Sáenz de Santamaría, en plena rueda de prensa del Consejo de Ministros,
o esa "supuesta investigación" en palabras del titular en funciones
de la cartera de Interior, Jorge Fernández Díaz, la cúpula policial filtró el
documento a medios de comunicación afines, y de algún modo este llegó también a
Manos Limpias, que asienta sobre él una parte importante del peso de su nueva
querella.
La novedad es que en este caso también va dirigida contra la
CUP, a la que imputa los mismos delitos que al partido de Iglesias: asociación
ilícita y contra la Seguridad Social, financiación ilegal de partidos políticos
y justificación y enaltecimiento del terrorismo. Manos Limpias les acusa de
incurrir en "irregularidades" en lo económico desde "su
constitución hasta la actualidad", y eleva el nivel de sofisticación
lingüística para referirse a las "asociaciones y fundaciones sin ánimo de
lucro y mercantiles pantalla, con financiación procedente del asesoramiento que
prestan a terceros países, como Venezuela e Irán".
Además de solicitar comparecencias como la del director del
CNI, Félix Sanz Roldán, el sindicato aporta apenas una docena de documentos, de
los que casi la mitad, cinco, son en esencia únicamente dos adjuntos: de ellos,
tres versan sobre el viaje de algunos miembros de Podemos y la CUP a Venezuela
en 2014, hecho público por ellos mismos, y realizado cuando aún no existía el
partido de Iglesias.
Y aquí es cuando vuelve a escena el informe hecho a medida:
aparece doblemente incorporado -documentos 12 y 13- con el oficio de la
Dirección Adjunta Operativa que dirige el comisario Eugenio Pino. Sin embargo,
nadie ha explicado cómo pudo llegar al poder de Manos Limpias sin que alguien
de la Policía o el Ministerio del Interior cometiera una revelación de secreto.
Las fuentes consultadas recuerdan que, como se anunció desde este diario hace
meses, Porfirio
Jiménez, comisario e hijo del presidente de Manos Limpias fue ascendido a la
DAO. .
Las relaciones entre el sindicato ultraderechista y
determinados comisarios de Policía se remontan a la etapa en la que su
presidente, Miguel Bernard era el secretario de Blas Piñar en Fuerza Nueva. De
hecho, no es la primera vez que un informe que la Policía no reconoce
oficialmente como una investigación cae en manos de Bernard. Uno de los
antecedentes es el Informe Pujol que también fue desvelado por el periodista
Eduardo Inda cuando trabajaba en el periódico El Mundo, y que la Policía no vio
a priori como suyo.
Manos Limpias ha afrontado numerosas polémicas por lanzar
ofensivas judiciales sin pruebas que las respaldasen, pero varios medios de
comunicación y partidos políticos se han aferrado al informe PISA -del que se
han limitado a reproducir la primera página- para desprestigiar a la formación
que se convirtió en tercera fuerza tras las elecciones del 20 de diciembre.
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