Escándalo fiscal en Luxemburgo: las investigaciones están
siendo bloqueadas
Sven Giegold
Ernest Urtasun
Estos días, Antoine Deltour, exempleado de una de las
grandes asesorías de empresas, debería estar de celebración. Hace un año
exactamente, unos periodistas hicieron público, con su ayuda, el escándalo
fiscal más grande en la historia de la Unión Europea: LuxLeaks. Sin embargo,
nos tememos que Deltour no debe tener muchas ganas de celebrar nada, puesto que
ha sido procesado en Luxemburgo por robo y revelación de secretos. En los
próximos meses tendrá que presentarse ante los tribunales, que pueden
condenarle a hasta cinco años de cárcel. Una recompensa muy generosa para una
persona que ha arriesgado su seguridad y su bienestar actuando en favor del interés
común, desvelando gravísimas irregularidades fiscales.
Mientras tanto, las consecuencias para los implicados en el
escándalo LuxLeaks son hoy limitadas –por decirlo de forma suave. Las empresas
intermediarias que han asesorado y negociado los acuerdos para las
corporaciones multinacionales no han sido acusadas, y las grandes
multinacionales implicadas, por supuesto, tampoco.
De hecho, muchos de estos acuerdos siguen aplicándose. Hasta
la fecha sigue sin aclararse quién tiene la responsabilidad política de estos
chanchullos fiscales, que no sólo se dieron en Luxemburgo. Jean-Claude Juncker,
por ejemplo, el actual presidente de la Comisión Europea y anterior primer
ministro de Luxemburgo, sigue negando obstinadamente haber estado involucrado
de forma alguna en los acuerdo con los grandes consorcios, los denominados “tax
rulings“. Recientemente declaró ante la Comisión Especial sobre la evasión
fiscal del Parlamento Europeo que la administración tributaria de su país actúa
de forma completamente independiente del Gobierno.
Lo mismo podemos decir de Jeroen Dijsselbloem. El ministro
de Finanzas de los Países Bajos, socialdemócrata y jefe del Eurogrupo, declaró
no haber sabido nada de los chanchullos fiscales y los define como algo
completamente normal.
¿Es normal que las grandes multinacionales que actúan en la
UE desvíen cada año –al margen de las agencias tributarias, como si se tratara
de contrabando– un importe equivalente al doble del impuesto de la renta anual
que se paga en España?
Desde hace meses, la comisión especial TAXE del Parlamento
Europeo intenta aclarar estos hechos. Los diputados y diputadas que formamos
parte de ella queremos averiguar qué tipo de chanchullos fiscales se
practicaron y saber si se siguen produciendo en los diferentes países miembros
de la UE y quiénes son sus responsables.
Pero la Comisión Europea y numerosos Gobiernos de los
estados miembros de la UE dificultan nuestro trabajo. Desde hace meses
retienen, por ejemplo, algunos documentos clave sobre reuniones de los
gobiernos sobre la cuestión. En condiciones absurdas, sólo unos pocos diputados
pudieron ver algunos documentos confidenciales en una sala de lectura, bajo
estrictas medidas de seguridad, sin móviles ni ordenadores y por un tiempo
limitado. En esa sala no está permitido tomar apuntes acerca del contenido de
las más de 800 páginas redactadas en un inglés muy técnico, y además se
requiere para ello firmar un compromiso de confidencialidad para acceder a
ella.
Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando además comprobamos que
se habían tachado numerosos fragmentos en esos mismos documentos. Países como
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Gran Bretaña y también España, se negaron a
desvelar algunos informes de sus funcionarios. Así se imposibilita el ejercicio
de un control democrático y un esclarecimiento contundente del caso LuxLeaks.
Tras las revelaciones de LuxLeaks, Jean-Claude Juncker
prometió una revolución en la legislación fiscal comunitaria. En noviembre de
2014 Juncker se presentó ante el Parlamento Europeo como un pecador arrepentido,
declarando que tal situación era inaceptable y prometiendo elaborar y presentar
una legislación fiscal severa y amplia para la Unión Europea. Un año después,
prácticamente nada ha cambiado: la Comisión dirigida por Juncker anunció planes
ambiciosos que inmediatamente fueron rechazados por muchos estados miembros.
Entre estas medidas se encuentra fijar una base imponible
común del impuesto de sociedades. Se trata de algo que tiene sentido y que
debería ser discutido, aunque se trata, en términos políticos, de una propuesta
que requiere tiempo para aplicarse.
En cambio, hasta la fecha no se han hecho propuestas
eficaces que podrían ser aprobadas a través de una mayoría simple en el
Consejo.
Daremos sólo dos ejemplos: para destapar casos de dumping fiscal,
hay que publicar información que indica qué empresa consigue qué cantidad de
ganancias en qué país y dónde paga sus impuestos. Según las estadísticas, las
empresas estadounidenses obtienen el 10% de sus ganancias fuera de EEUU, en
Luxemburgo. Es obvio que eso no tiene nada que ver con la economía real, sino
que es resultado de una competencia fiscal desleal. Pero esos datos no son
públicos. Todavía hoy esperamos que la Comisión Europea presente una propuesta
en este sentido.
En segundo lugar, entre los miles de acuerdos entre países y
multinacionales que fueron inspeccionados, la Comisión Europea hasta ahora sólo
ha declarado dos como ilegales: Fiat (Luxemburgo) y Starbucks (Países Bajos).
La Comisaria de competencia de la UE, Vestager, está actuando bien en estas
investigaciones. Pero lamentablemente, en su departamento tan solo hay 20
funcionarios que se dedican al complicado tema del dumping fiscal –y tienen que
encargarse de toda la Unión Europea. Por eso es previsible que muchas de las
investigaciones contra multinacionales nunca lleguen a abrirse.
Las ciudadanas y los ciudadanos europeos tenemos derecho a
saber quiénes son los responsables de esta evasión fiscal de miles de millones
de euros, así como a disfrutar de una legislación fiscal justa, que no otorgue
un trato preferente a las grandes corporaciones. Por eso celebramos que el
Parlamento Europeo haya decidido dar continuidad por otros seis meses a la
Comisión especial del Parlamento Europeo que investiga estos hechos, llamada
TAXE, para que los diputados y diputados podamos cumplir verdaderamente con
nuestro deber de control democrático y para que podamos aclarar quién tiene la
responsabilidad política sobre estos chanchullos fiscales. Y para seguir
exigiendo a la Comisión Europea que presente de una vez sus anunciadas
propuestas de cambios legislativos, garantizando que no se queden en simples
cambios cosméticos, sino que creen una nueva base del sistema tributario en la
Unión Europea.
Estamos seguros que esa sería también una justa recompensa
para el informador Antoine Deltour, perseguido judicialmente. Con la actitud de
bloqueo por parte de los actuales dirigentes de la UE, uno se pregunta quién es
realmente el delincuente aquí.
Sven Giegold
Europarlamentario del Grupo Los Verdes/Alianza Libre
Europea. Miembro fundador de Attac Alemania y militante de Bündnis 90/Die
Grünen. Miembro de la Comisión Especial TAXE del Parlamento Europeo.
Ernest Urtasun
Europarlamentario de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).
Miembro de la Comisión Especial TAXE del Parlamento Europeo.
Fuente:
Público, 8 de diciembre 2015
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