miércoles, 21 de febrero de 2024

¿Quo vadis Unión Europea?

¿Quo vadis Unión Europea?

 

Por Miguel Medina Fernández-Aceytuno

| 21/02/2024 |  

 

 

El nuevo Reglamento 386/2024 del Consejo de la Unión Europea obedece a la estrategia que impone el imperialismo y la OTAN a los gobiernos sumisos miembros de la UE orientada hacia una guerra generalizada de grandes proporciones para prolongar su hegemonía en el mundo en detrimento del naciente mundo multipolar.

 El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado en 19 de enero pasado el Reglamento 386/2024 del Consejo de la Unión Europeapor el que se establecen medidas represivas contra quienes apoyen, faciliten o permitan acciones violentas por parte de Hamás y la Yihad Islámica Palestina. En su artículo 9 establece que: «Queda prohibida la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas contempladas en el artículo 2.» Y este último precepto reglamentario indica como una de las actividades prohibidas las «que apoyen, material o financieramente, o ejecuten acciones que socaven o amenacen la estabilidad o la seguridad de Israel, junto con, en nombre de, por cuenta de o en apoyo de Hamás, de la Yihad Islámica Palestina, de cualquier otro grupo afiliado o de cualquier célula, entidad afiliada, grupo escindido o derivado de ellos».

 Al mismo tiempo, no debemos olvidar la decisión del Consejo de la Unión Europea de 8 de agosto de 2019 que actualiza la lista de personas, grupos y entidades consideradas como terroristas. En este elenco se encuentra la organización Hamás junto con el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Partido Comunista de Filipinas, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán o la Dirección de Seguridad Interna del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán, entre otras tantas organizaciones.

 El listado se elabora por un órgano político y por razones esencialmente de oportunidad política atendiendo a decisiones que pudiera haber adoptado alguna autoridad judicial o equivalente competente [1]. El procedimiento principia por una decisión consistente en el inicio de una investigación o un enjuiciamiento por un acto terrorista o un intento de llevar a cabo o de facilitar un acto de este tipo, o una condena por alguno de estos actos. No son los órganos judiciales de cada estado miembro de la UE los que determinan en cada procedimiento penal, con respeto a las garantías que informan los principios del derecho punitivo moderno, los encargados de establecer en sus fallos dispositivos si tal o cual organización es o no terrorista, sino un órgano político ajeno a la judicatura, cuyo listado, además, vincula a la judicatura facilitando el recurso a la predeterminación del fallo, vicio que prohíbe el artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. [2]

 Un texto de apoyo público a la resistencia palestina y a sus principales organizaciones, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina o Hamás, podría constituir base para el enjuiciamiento de su autor por presunto delito de enaltecimiento del terrorismo regulado en el artículo 578 del Código Penal. [3]

 En este listado de personas, grupos y entidades consideradas como terroristas, la Unión Europea no incluye al Estado de Israel ni a su gobierno actual. Tampoco al Ejército israelí. Ni siquiera a la organización Likud fundada en 1973 por Menájem Beguín y que hoy encabeza Benjamín Netanyahu. Todos ellos son responsables de una agresión militar contra el pueblo palestino desde el 7 de octubre pasado con el resultado de más de 27 mil palestinos asesinados por los bombardeos e incursiones de Israel, y de ellos más del 60% son mujeres, niñas y niños. Más de 7.000 personas desaparecidas en Gaza y otros lados del territorio de Palestina; 56 mil heridos, que incluyen mil niñas y niños con brazos y/o piernas amputadas; 60% de los hogares palestinos detraídos; 103 periodistas muertos, 144 funcionarios de Naciones Unidas asesinados y más de 300 médicos y enfermeras muertos por los ataques. Se constatan 136 mil casos de diarrea infantil y 180 mil personas afectadas por infecciones respiratorias. De 36 hospitales quedan 13 y les falta agua, luz, medicinas, anestesia e insumos médicos.

 La Corte Internacional de Justicia ha constatado, por una muy amplia mayoría de sus jueces, que esplausible que Israel esté violando en Gaza sus obligaciones conforme a la Convención sobre el Genocidio en el marco general del derecho humanitario. La Orden sobre medidas provisionales de 26 de enero pasado -aún no se ha dictado sentencia definitiva- exige a Israel adoptar todas las medidas a su alcance para prevenir la comisión de actos susceptibles de ser calificados como genocidio, velando con efecto inmediato para que su ejército no cometa tales actos. También requiere a Israel para que tome todas las decisiones necesarias para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio, así como a tomar resoluciones efectivas que permitan la llegada inmediata de servicios básicos y asistencia humanitaria a la población de Gaza.

 El mundo al revés: el Reglamento 386/2024 de la UE reprime el apoyo a las víctimas y a sus organizaciones de la resistencia palestina que se defienden del genocidio sionista y, al mismo tiempo, protege al autor de las atrocidades que se cometen en la Franja de Gaza. Si aplicáramos con rigor los mismos criterios que adopta el Consejo de la Unión Europea para con la resistencia palestina al estado de Israel, a su ejército, a su gobierno y a la organización Likud que comanda Benjamín Netanyahu, llegaríamos a la nada sorprendente conclusión de que todas estas entidades deberían haber sido incluidas en el listado de personas, grupos y organizaciones consideradas como terroristas por el Reglamento arriba reseñado. Y en tal caso, la UE con “su” Reglamento estaría realizando una labor de enaltecimiento del terrorismo.

 En cualquier caso, conviene señalar, una vez más, que la resistencia palestina y sus organizaciones, cuando defienden a su pueblo frente al agresor sionista, ejercen tanto el legítimo derecho de defensa como el inalienable derecho a la autodeterminación de los pueblos.

 

 En diciembre de 1982, tras la invasión israelí al Líbano seis meses antes, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/37/47 sobre el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Respaldaba, sin reservas, este derecho inalienable del pueblo palestino asu libre determinación, la independencia nacional, la integridad territorial, la soberanía y la unidad nacional sin interferencia extranjera, y reafirmaba la legitimidad de su lucha por esos derechos «por todos los medios necesarios, incluyendo la lucha armada» con el límite del respeto al derecho humanitario, condenando al mismo tiempo las actividades expansionistas de Israel en el Medio Oriente y el «bombardeo continuo contra civiles palestinos.» Un motivo suficiente para que del listado de personas, grupos y entidades de la UE sean excluidas las organizaciones que conforman la resistencia palestina.

 En cuanto que el Consejo de la UE “legitima” la actuación del estado de Israel en la Franja de Gaza y reprime al mismo tiempo las actuaciones de la resistencia palestina frente al genocidio, el Reglamento 386/2024 transgrede la propia Constitución Europea. El artículo 2 dispone que: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto a los derechos humanos. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la no discriminación.» Y entre sus objetivos, indica el artículo 3 que la finalidad de la Unión «es promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y en sus relaciones con el resto del mundo «la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y equitativo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, la estricta observancia y el desarrollo del Derecho internacional, y en particular al respeto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.»

 De igual forma, la UE con este Reglamento se aparta de la Carta de las Naciones Unidas, en cuyo artículo primero indica como propósito de las Naciones Unidas la de «Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz», así como «Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.»

 Asimismo, el Reglamento citado infringe la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la quese expone que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente; que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Finalmente, el artículo 30 dispone que: «Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.»

 Finalmente, el Reglamento de la UE contradice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cuyo artículo primero dispone que: «Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural.» Y el artículo quinto añade «Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él.»

 El Reglamento 386/2024 del Consejo de la Unión Europea obedece a la estrategia que impone el imperialismo y la OTAN a los gobiernos sumisos miembros de la UE orientada hacia una guerra generalizada de grandes proporciones para prolongar su hegemonía en el mundo en detrimento del naciente mundo multipolar.

 La UE no es más que la expresión política, económica y social de la OTAN en Europa. Así quedó meridianamente claro en su Nuevo Concepto Estratégicoque la organización atlantista aprobó a finales de junio de 2022 en Madrid y en el que podemos leer: «La Unión Europea es un socio único e imprescindible para la OTAN. Los aliados de la OTAN y los miembros de la UE comparten los mismos valores. La OTAN y la UE desempeñan funciones complementarias, congruentes y que se refuerzan mutuamente… Sobre la base de nuestra larga cooperación, mejoraremos la asociación estratégica entre la OTAN y la UE… como la movilidad militar…  Las iniciativas para aumentar el gasto en defensa, desarrollar estrategias coherentes y reforzar mutuamente las capacidades, al tiempo que se evitan duplicaciones innecesarias, son clave para nuestros esfuerzos por hacer más segura la zona euroatlántica.»

 Mientras el Consejo de la UE aprueba el Reglamento 386/2024, por omisión mira hacia otro lado dejando hacer la masacre sionista del pueblo palestino, sin condenar el genocidio ni reclamar un alto el fuego permanente. Entretanto, la UE por acción continúa armando a Israel, con programas como el Horizon Plus, que  financia a dos empresas israelíes que fabrican los drones con los que están matando a los chiquillos de la Franja de Gaza, apoyando lo que obscenamente llama su “derecho a defenderse” y, también, como con este Reglamento, reprimiendo la solidaridad con las víctimas con lo que  marca una peligrosa pendiente liberticida que asume, implícita e incluso explícitamente, medidas de censura y represión características de la derecha más extrema y antidemocrática.

 Notas:

 [1] Como, por ejemplo, la que propone la Fiscalía y el gobierno de Polonia tendente a declarar ilegal al Partido Comunista de este país

 

[2] Artículo 851 LECr. «Podrá también interponerse el recurso de casación por la misma causa: 1.º Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo.»

 

[3] Artículo 578.1: «El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses.» Véase sentencia del Tribunal Supremo 52/2028 de 31 de enero que cita la del mismo órgano judicial 354/2017 de 17 de mayo.

 

Miguel Medina Fernández-Aceytuno es abogado

  1.  

martes, 20 de febrero de 2024

El último recurso de Julian Assange

 

 El último recurso de Julian Assange

 Por Chris Hedges

| 20/02/2024  

Julian Assange presentará esta semana el último recurso ante la justicia británica para evitar su extradición. Si es extraditado, será la muerte de las investigaciones sobre los entresijos del poder por parte de la prensa.

 Si esta semana se deniega a Julian Assange el permiso para recurrir su extradición a Estados Unidos ante un panel de dos jueces del Tribunal Supremo de Londres, no le quedará ningún recurso dentro del sistema judicial británico. Sus abogados pueden pedir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una suspensión de la ejecución en virtud del artículo 39, que se concede en «circunstancias excepcionales» y «sólo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable». Pero no es nada seguro que el tribunal británico acceda. Puede ordenar la extradición inmediata de Julian antes de una instrucción en virtud de la Regla 39 o puede decidir hacer caso omiso de una petición del TEDH para permitir que dicho tribunal europeo estudie su caso.

 La persecución de casi 15 años contra Assange, que se ha cobrado un alto precio en su salud física y psicológica, se hace en el marco de la extradición a Estados Unidos, donde sería juzgado por presunta violación de 17 cargos de la Ley de Espionaje de 1917, con una posible condena de 170 años.

 El «delito» de Julian es haber publicado en 2010 documentos clasificados, mensajes internos, informes y vídeos del Gobierno y el ejército de Estados Unidos, facilitados por la denunciante del ejército estadounidense Chelsea Manning. Este vasto material reveló masacres de civiles, torturas, asesinatos, la lista de detenidos en Guantánamo y las condiciones a las que estaban sometidos, así como las Reglas de Enfrentamiento en Irak. Quienes perpetraron estos crímenes -incluidos los pilotos de helicópteros estadounidenses que abatieron a tiros a dos periodistas de Reuters y a otros 10 civiles e hirieron gravemente a dos niños, todos ellos captados en el vídeo Collateral Murder– nunca han sido procesados.

 Julian expuso lo que el imperio estadounidense trata de borrar de la historia.

 La persecución de Julian es un mensaje aciago para el resto de nosotros. Si desafías al imperio estadounidense y sacas a la luz sus crímenes, no importa quién seas, no importa de qué país vengas, no importa dónde vivas, serás perseguido y llevado a los EE.UU. para pasar el resto de tu vida en uno de los sistemas penitenciarios más duros de la tierra. Si Julian es declarado culpable, significará la muerte del periodismo de investigación sobre el funcionamiento interno del poder del Estado. Poseer material clasificado, y mucho más publicarlo, -como yo hice cuando era reportero de The New York Times– será criminalizado. Y esa es la cuestión, tal y como lo ven The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País y The Guardian, que publicaron una carta conjunta pidiendo a Estados Unidos que retirara los cargos contra él.

 El primer ministro australiano Anthony Albanese y otros parlamentarios federales votaron el pasado jueves a favor de que Estados Unidos y Gran Bretaña pongan fin al encarcelamiento de Assange, señalando que “se limitó a ejercer su labor como periodista” para revelar “pruebas de malas prácticas por parte de EE.UU.”

 El caso legal contra Julian Assange, que cubrí desde el principio y volveré a cubrir desde Londres esta semana, tiene un toque extravagante a lo Alicia en el País de las Maravillas, donde jueces y letrados hablan en tono solemne sobre la ley y la justicia mientras se burlan de los más básicos principios de las libertades civiles y la jurisprudencia.

 ¿Cómo pueden seguir adelante las audiencias cuando la empresa española de seguridad de la embajada ecuatoriana, UC Global, donde Julian se refugió durante siete años, proporcionó a la CIA grabaciones de vigilancia de las reuniones entre Julian y sus abogados, desvirtuando la confidencialidad abogado-cliente? Solo por esto, el caso debería haber sido desestimado.

 ¿Cómo puede el Gobierno ecuatoriano dirigido por Lenin Moreno violar el derecho internacional al rescindir el estatus de asilo de Julian y permitir a la Policía Metropolitana de Londres entrar en la Embajada ecuatoriana -territorio soberano de Ecuador- para llevar a Julian al furgón policial que le esperaba?

 ¿Por qué aceptó el tribunal el argumento estadounidense de que Assange no es un periodista legítimo?

 ¿Por qué Estados Unidos y Gran Bretaña ignoraron el artículo 4 de su Tratado de Extradición que prohíbe la realizada por motivos políticos?

 ¿Cómo puede haber seguido adelante el caso contra Julian Assange después de que el testigo clave por Estados Unidos, Sigurdur Thordarson –un estafador y pedófilo convicto- admitiera haber inventado las acusaciones que hizo contra Julian Assange?

 ¿Cómo es posible que Assange, un ciudadano australiano, sea acusado de violar la Ley de Espionaje de EE.UU. cuando no ha participado en actos de espionaje y no residía en aquel país cuando recibió los documentos filtrados?

 ¿Por qué los tribunales británicos permiten que Julian sea extraditado a EE.UU. cuando la CIA –además de vigilar a Assange por video las 24 horas del día mientras permanecía en la embajada ecuatoriana- consideró su secuestro y asesinato, con unos planes que incluían su potencial muerte a tiros en las calles de Londres con la participación de la Policía Metropolitana?

 ¿Cómo se puede condenar a Julian como editor cuando él, a diferencia de Daniel Ellsberg*, no obtuvo ni filtró los documentos clasificados que publicó Wikileaks?

 ¿Por qué el Gobierno de Estados Unidos no acusa de espionaje al editor del New York Times o del Guardian por publicar los mismos documentos filtrados junto con Wikileaks?

 ¿Por qué se ha mantenido a Assange en confinamiento solitario en una prisión de alta seguridad sin juzgarlo durante casi cinco años cuando su única violación técnica de una ley fue incumplir las condiciones de la fianza cuando pidió asilo en la embajada de Ecuador? Normalmente eso conllevaría tan solo una multa.

 ¿Por qué se le ha denegado la libertad bajo fianza después de su traslado a la prisión de Belmarsh?

 Si Julián es extraditado su linchamiento judicial empeorará. Su defensa se verá obstaculizada por las leyes antiterroristas estadounidenses, incluida la Ley de Espionaje y las Medidas Administrativas Especiales (SAM). Se le seguirá impidiendo hablar en público -salvo en contadas ocasiones- y salir en libertad bajo fianza. Será juzgado en el Tribunal del Distrito Este de Virginia, donde el Gobierno estadounidense ha ganado la mayoría de los casos de espionaje. El hecho de que el jurado esté compuesto en su mayoría por personas que trabajan o tienen amigos o familiares que trabajan para la CIA y otras agencias de seguridad nacional con sede cerca del tribunal contribuye sin duda a esta serie de decisiones judiciales.

 Los tribunales británicos han dificultado notoriamente desde el principio la cobertura del caso, limitando severamente los asientos en la sala del tribunal, proporcionando enlaces de vídeo que han resultado defectuosos y, en el caso de la audiencia de esta semana, prohibiendo a cualquier persona fuera de Inglaterra y Gales, incluidos los periodistas que habían cubierto previamente las audiencias, acceder a un enlace a lo que se supone que son procedimientos públicos.

 Como de costumbre, no se nos ha informado sobre fechas ni horarios. ¿Tomará el tribunal una decisión al final de la vista de dos días, el 20 y 21 de febrero? ¿O esperará semanas, incluso meses, para dictar sentencia, como ha hecho anteriormente? ¿Permitirá que el TEDH examine el caso o enviará inmediatamente a Julian a EE.UU.? Tengo mis dudas de que el Alto Tribunal pase el caso al TEDH, dado que el brazo parlamentario del Consejo de Europa, que creó el TEDH, junto con su Comisario de Derechos Humanos, se oponen a la «detención, extradición y procesamiento» de Julian porque representa «un precedente peligroso para los periodistas». ¿Aprobará el tribunal la petición de Julian de estar presente en la vista, o se le obligará a permanecer en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Thamesmead, al sureste de Londres, como ya ha ocurrido otras veces? Nadie es capaz de decírnoslo.

 Julian se libró en enero de 2021 de la extradición cuando la jueza Vanessa Baraitser del tribunal de magistrados de Westmister rechazó la solicitud de extradición. En su resolución de 132 páginas argumenta que existe un “riesgo sustancial” de que Assange cometa suicidio a causa de la severidad de las condiciones a las que sería sometido en el sistema penitenciario estadounidense. Pero se trataba de un hilo muy fino. La juez aceptó que Estados Unidos presentó todos los cargos “de buena fe” y rechazó los argumentos de que su caso tenía motivaciones políticas y que no sería sometido a un juicio justo en aquel país. También negó que su procesamiento fuera un ataque a la libertad de prensa.

 La decisión de Baraitser fue anulada cuando Estados Unidos apeló al Tribunal Supremo de Londres. Aunque este aceptó las conclusiones sobre el “riesgo sustancial” de suicidio si era sometido a ciertas condiciones en la prisión estadounidense, también aceptó las cuatro garantías ofrecidas por la Nota Diplomática 74 de EE.UU., entregada en febrero de 2021, que prometía que Julian sería “bien tratado”.

 El Gobierno de Estados Unidos afirmó en la nota diplomática que sus garantías «responden totalmente a las preocupaciones que llevaron a la juez [del tribunal inferior] a poner en libertad al Sr. Assange». Las «garantías» afirman que Julian no será sometido a [Medidas Administrativas Especiales]** SAM. Prometen que Julian, ciudadano australiano, podrá cumplir su condena en Australia si el Gobierno australiano solicita su extradición. Prometen que recibirá atención clínica y psicológica adecuada. Prometen que, antes y después del juicio, Julian no será recluido en la Instalación Administrativa de Máxima Seguridad (ADX) de Florence, Colorado.

 Parece tranquilizador. Pero forma parte de la cínica pantomima judicial que caracteriza la persecución de Julian.

 Nadie está en prisión preventiva en ADX Florence. ADX Florence tampoco es la única prisión de máxima seguridad de EE.UU. en la que Julian puede ser encarcelado. Podría ser recluido en una cualquiera de las otras instalaciones similares a Guantánamo, en una Unidad de Gestión de Comunicaciones (CMU). Las CMU son unidades altamente restrictivas que reproducen el aislamiento casi total impuesto por las SAM. Las «garantías» no son jurídicamente vinculantes. Todas vienen con cláusulas de excepción.

 En caso de que Julian haga «algo con posterioridad al ofrecimiento de estas garantías que se ajuste a las condiciones para la imposición de las SAM o la designación a ADX», estará sujeto, reconoce el tribunal, a estas formas más duras de control. El hecho de que Australia no solicite el traslado «no puede ser motivo de crítica a EE.UU., ni razón para considerar que las garantías son inadecuadas para responder a las preocupaciones de la juez», dice la sentencia. E incluso si no fuera así, Julian tardaría entre 10 y 15 años en recurrir su sentencia hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, tiempo más que suficiente para destruirlo psicológica y físicamente. Amnistía Internacional afirmó que «esas garantías no valen ni el papel en que están escritas».

 Los abogados de Julian intentarán convencer a dos jueces del Tribunal Supremo de que le concedan permiso para recurrir varios de los argumentos contra la extradición que la juez Baraitser desestimó en enero de 2021. Sus abogados, si se les concede el recurso, argumentarán que procesar a Julian por su actividad periodística representa una «grave violación» de su derecho a la libertad de expresión; que Julian está siendo procesado por sus opiniones políticas, algo que el tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos no permite; que Julian no debe ser extraditado para ser procesado cuando la Ley de Espionaje «se está ampliando de una manera sin precedentes e imprevisible»; que los cargos podrían ser modificados dando lugar a que Julian se enfrente a la pena de muerte; y que Julian no recibirá un juicio justo en los EE.UU. También están pidiendo el derecho a presentar nuevas pruebas sobre los planes de la CIA para secuestrar y asesinar a Julian.

 Si el Tribunal Supremo autoriza a Julian a recurrir, se programará una nueva vista en la que alegará los motivos de su recurso. Si el Tribunal Supremo deniega a Julian el permiso para apelar, la única opción que le queda es recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Si no puede llevar su caso ante el TEDH, será extraditado a Estados Unidos.

 La decisión de solicitar la extradición de Julian, contemplada por la administración de Barack Obama, fue impulsada por la administración de Donald Trump tras la publicación por parte de WikiLeaks de los documentos conocidos como Vault 7, que exponían los programas de ciberguerra de la CIA, incluidos los diseñados para vigilar y tomar el control de automóviles, televisores inteligentes, navegadores web y los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes.

 La cúpula del Partido Demócrata se volvió tan sanguinaria como los republicanos tras la publicación por parte de WikiLeaks de decenas de miles de correos electrónicos pertenecientes al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a altos cargos demócratas, incluidos los de John Podesta, presidente de la campaña de Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016.

 Los correos electrónicos de Podesta sacaron a la luz que Clinton y otros miembros del Gobierno de Obama sabían que Arabia Saudí y Qatar -que habían donado millones de dólares a la Fundación Clinton- eran los principales financiadores del Estado Islámico de Irak y Siria. Revelaron transcripciones de tres conversaciones privadas que Clinton mantuvo con Goldman Sachs, por las que cobró 675.000 dólares, una suma tan elevada que sólo puede considerarse un soborno. Los correos electrónicos mostraban a Clinton diciendo a las élites financieras que quería «comercio abierto y fronteras abiertas» y que creía que los ejecutivos de Wall Street eran los mejor posicionados para gestionar la economía, una afirmación que contradecía sus promesas electorales de reforma financiera. Expusieron la estrategia de la campaña de Clinton, autodenominada «Pied Piper» (flautista de Hamelín), que utilizaba sus contactos en la prensa para influir en las primarias republicanas «elevando» a lo que ellos llamaban «candidatos más extremos», para asegurarse de que Trump o Ted Cruz ganaran la nominación de su partido. Expusieron el conocimiento previo de Clinton de las preguntas de un debate de primarias. Los correos electrónicos también expusieron a Clinton como una de las artífices de la guerra y la destrucción de Libia, una guerra que ella creía que abrillantaría sus credenciales como candidata presidencial.

 Algunos periodistas pueden argumentar que esta información, al igual que los diarios de guerra, debería haber permanecido secreta. Pero si lo hacen, no pueden llamarse periodistas.

 La cúpula demócrata, que intentó culpar a Rusia de su derrota electoral frente a Trump -en lo que se conoció como Rusiagate-, acusó a los correos electrónicos de Podesta y a las filtraciones del DNC de haber sido obtenidos por piratas informáticos del Gobierno ruso, aunque una investigación encabezada por Robert Mueller, el exdirector del FBI, «no desarrolló suficientes pruebas admisibles de que WikiLeaks supiera o incluso estuviera voluntariamente ciego ante» cualquier supuesto hackeo por parte del Estado ruso.

Julian ha sido perseguido porque proporcionó al público la información más importante sobre los crímenes y la mendacidad del Gobierno estadounidense desde la publicación de los Papeles del Pentágono. Como todos los grandes periodistas, él era independiente. Su objetivo era desenmascarar al poder.

Hizo pública la matanza de casi 700 civiles que se habían acercado demasiado a los convoyes o los puestos de control de EE.UU., incluyendo a mujeres embarazadas, ciegos, sordos y no menos de 30 niños.

Hizo públicas las muertes no comunicadas de más de 15.000 civiles iraquíes y la tortura y maltrato de unos 800 hombres y muchachos, de entre 14 y 89 años, en el centro de detención de Guantánamo.

 

Nos mostró que Hillary Clinton ordenó en 2009 a diplomáticos estadounidenses espiar al secretario general de la ONU Ban Ki-Moon y otros representantes de dicho organismo de China, Francia, Rusia y Reino Unido, un espionaje que incluía la obtención de sus ADN, escaneo del iris, huellas dactilares y claves personales de acceso.

 

Sacó a la luz que Obama, Hillary Clinton y la CIA apoyaron el golpe militar de junio de 2009 en Honduras, que derrocó al presidente Manuel Zelaya, elegido democráticamente, y lo reemplazó por un régimen militar asesino y corrupto.

 

Reveló que Estados Unidos lanzó en secretó misiles, bombas y ataques con drones en Yemen, que provocaron la muerte de decenas de civiles.

 

Ningún otro periodista contemporáneo ha estado a la altura de sus revelaciones.

 

Julian es el primero. Nosotros somos los próximos.

 

(N. del T.): *Analista de las Fuerzas armadas de EE.UU. que filtró al New York Times los Papeles del Pentágono.

 

** Medidas de seguridad del sistema penitenciario estadounidense, muy restrictivas, para presos especialmente peligrosos

  Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://chrishedges.substack.com/p/assanges-final-appeal

domingo, 18 de febrero de 2024

El PP gana de nuevo en Galicia por el sistema electoral .

 

                                                                                    


Los resultados dan un respiro a Feijóo.. ( Viñeta de Vergara   en  El diario.es)


 

El efecto del sistema electoral en el resultado del 18F: así ha beneficiado al PP en las elecciones de Galicia

El PP consigue el 53% de los escaños con el 47% de los votos, una prima del sistema electoral gallego que le permite mantener la mayoría absoluta en la comunidad

  https://www.eldiario.es/galicia/efecto-sistema-electoral-resultado-18f-beneficiado-pp-elecciones-galicia_1_10935519.html.

Nota del  blog .-En Galicia no   va bien nada,  hay una inmensa Galicia vacía y una total desindustrialización desde la entrada en la UE que  destrozo la flota pesquera y las  lecherías con el cupo  europeo . En los años de Feijóo    cada año se marchan los más jóvenes y mejor formados.

Un estudio de la Revista Galega de Economía analiza los datos de los gallegos y gallegas que se han ido fuera buscando trabajo.

Son más de 315.000 personas entre 2003 y 2010, y de ellos un 47% son menores de 30 años.  Que  son mas que el   PSOE- PSG  acaba de sacar en Galicia.

Cada año se van casi la mitad de las personas con una licenciatura universitaria.

https://www.eldiario.es/galicia/tercera-emigracion-marchan-jovenes-formados_1_5135339.html

El PP con esa ley electoral y los medios de comunicación comprados o , amordazados sería un milagro que hubiese perdido las elecciones . Además dos días antes regó con dinero público a ciertos colectivos desde mariscadoras a ancianos.

Galicia un país envejecido

 file:///C:/Users/loisd/Downloads/Dialnet-ElDespoblamientoEnGalicia-6399267%20(1).pdf

miércoles, 14 de febrero de 2024

Galicia , el neoliberalismo provinciano de la derecha española

 

El neoliberalismo provinciano de Rueda-Feijoo

Albino Prada

11/02/2024

Me centraré aquí en dos cosas que a los dirigentes del Partido Popular no les gusta nada airear. Que, por un lado, su política en lo social y económico es neoliberalismo puro y duro (como el de Trump, Milei o Meloni) en beneficio de los más privilegiados. Y, por otro lado, que para ellos la Xunta de Galicia es poco más que el gobierno de cuatro provincias españolas subordinadas a los intereses centrípetos de la megametrópoli madrileña. En ambos casos se acercan cada vez más a las posiciones de Vox: neoliberalismo radical más beligerancia contra las nacionalidades periféricas del Reino de España. Vayamos por partes.

En materia económica y social, su neoliberalismo se oculta bajo una capa de tecnocracia y eficiencia, aunque, sorprendentemente, no quieren ver ni en pintura un balance objetivo de los resultados que han logrado durante años y años de Gobierno. Para evitarlo cuentan con muchas amistades mediáticas bien alimentadas con fondos públicos. Neoliberalismo puro: regar a los amigos ricos con abundantes subsidios con fondos que son ahorrados en recortes a la mayoría social.

Las medidas neoliberales que la derecha viene aplicando en Galicia desde hace muchos años están teniendo consecuencias negativas en la cantidad y calidad del empleo (por ejemplo en la elevada contratación temporal que depende de la Xunta), en la situación de la educación y la sanidad o en servicios para las personas mayores (en todos los casos con el abuso de los conciertos con empresas privadas), también en el imposible acceso a la vivienda de los jóvenes o a las residencias de ancianos, en la gestión de los recursos naturales del país, en la oficina de subcontrataciones chistosas que es la CRTVG, en el deterioro del medio ambiente natural y ambiental, en la anorexia y regresión de los ingresos de la comunidad autónoma e, incluso, en el crecimiento económico del país, por citar solo algunos de los efectos causados.

La anorexia a la que los neoliberales Rueda y Feijoo someten los programas sociales de la Xunta de Galicia se puede comprobar día a día en el desastre de las crecientes listas de espera, en el bajo cupo de plazas públicas en las residencias de mayores, en el imposible o costoso acceso a la vivienda para los más jóvenes o en la entrega de recursos naturales a empresarios amigos en lugar de municipios y cooperativas, sólo por poner algunos ejemplos.

La otra cara de esos desastres es que ni siquiera logran -a cambio y como prometieron- su objetivo sacrosanto: el crecimiento del PIB. Pues según el Informe 2022 del Consejo Económico y Social de Galicia (en la página 74), Galicia no sólo está perdiendo peso de forma permanente en el PIB español, sino que también estamos perdiendo peso de forma contínua en términos de empleo. Con lo quye el objetivo de romper con la regresión demográfica del país se convierte en una quimera.

Vaya un dato demoledor: según el INE, en Galicia la población joven (entre 16 y 34 años) pasó de 750.000 personas en 2002 a 470.000 en 2023. Una caída que va camino de la mitad en veinte años, mientras que en el conjunto del Reino de España ese mismo colectivo es casi estable.

La alternativa a este desastre neoliberal, que hoy puede beneficiarse de políticas alternativas del actual Gobierno Central (por ejemplo en la revalorización de las pensiones, en la mejora del salario mínimo interprofesional o en las prestaciones por desempleo), pasa porque la Xunta de Galicia se ponga al servicio de la mayoría de los ciudadanos y no al de grupos de presión económicos, mediáticos o empresariales. Una réplica y alternativa al neoliberalismo provinciano que gobierna -es un decir- la Xunta. Y a eso es a lo que vamos porque, sin pestañear, estos adalides de la desigualdad social simular ser abanderados patriotas de la igualdad entre todos los ciudadanos del Reino de España.

En este segundo aspecto, la deriva del Partido Popular hacia la recentralización y paralización de las Autonomías en la última década (con su clímax en el recurso al Tribunal Constitucional contra el Estatuto catalán), es cada vez más cercana a la postura de su ahora socio habitual (Vox) que proclama a las claras su deseo de retornar a un provincianismo español predemocrático. Una deriva que ha provocado un enorme conflicto social en Cataluña y una ola de odio pseudopatriótico en gran parte del Reino de España, con el riesgo de extenderse al País Vasco y a todos aquellos que no se apunten a esta nueva Cruzada.

Una deriva hacia una España unitaria, centrípeta y radial en la que una ciudad-provincia (el Madrid ayusista y aznarista) se agiganta como una metrópoli global con diversas periferias subordinadas. Con una lógica centrípeta, y a la vez neoliberal, que obliga al resto a una devaluación de la fiscalidad propia (en sucesiones o patrimonio) y empuja a una competencia fiscal a la baja dentro del reino de España. Círculo vicioso del que siempre se benefician los más ricos y el cáncer centrípeto. Ajenos a cualquier pacto fiscal federal que evite estas asimetrías, mientras jalean el mantra de la igualdad.

En esta convergencia y deriva de la derecha, Galicia sólo se entiende como una región de cuatro provincias subordinadas a tal lógica (en el caso del AVE radial, la red de autopistas radiales sin peaje, el uso de los recursos naturales, la normalización lingüística, los medios de comunicación, el folklorismo, la no reforma estatutaria, la privatización de los servicios públicos, el alcance y escala de las áreas comerciales, etc.), a cada paso más lejos de una mutación federalizante del actual marco autonómico (como he desarrollado recientemente en este semanario digital).

La posición alternativa, por tanto, debe definirse como un punto de encuentro entre las que asumen la plurinacionalidad y la igualdad institucional de los territorios del Reino de España, al servicio del bienestar social de sus respectivos ciudadanos, en la hoja de ruta de una transformación federalizadora del Estado de las Autonomías. Un punto de encuentro entre todos los que consideramos dicho Estado una estación de paso y no un punto final.

En este contexto, las políticas lingüísticas, culturales, de financiación pública, la gestión de los recursos del país, las redes de infraestructuras, las demarcaciones provinciales, la integración internacional (por ejemplo en la Eurorregión con Portugal), etc. debieran ser compartidos y consensuados con las estrategias de las distintas nacionalidades de una España federalizante. Para así, por ejemplo, no mantener un Senado centrípeto sino federalizador.

Para todo ello creo que es necesario despertar del sueño provinciano, y falsamente igualitario, de las derechas y de los sectores sociales, empresariales y mediáticos que vienen alimentando su prolongada y paralizante hegemonía electoral y política en Galicia. Despertar también de las variadas posiciones localistas de las ciudades del país que no son más que falsas salidas de ese sueño, al tiempo que son una comprobación de ese fracaso.

Por ese doble motivo, por ser neoliberal y provincial, con un balance tan preocupante otra mayoría debe aportar el aire fresco de una alternativa política en la Xunta de Galicia. Una mayoría alternativa de votos que ya se registró en comicios anteriores, y que sólo gracias a la circunscripción provincial -asimétrica en la igualdad de votos para obtener diputados- permite al Partido Popular sumar mayorías de diputados. Necesitamos ampliar esa mayoría social para gobernar con una hoja de ruta igualitaria dentro del país y entre las naciones del Reino de España.

Publicado en gallego en Tempos Dixital: https://temposdixital.gal/a-contratempo/feijoo-rueda-eleccions.htm

Albino Prada  Colaborador de Sin Permiso. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Santiago de Com-postela, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, fue miembro del Consejo Gallego de Estadística, del Consejo Económico y Social de Galicia y del Consello da Cultura Galega. Su último libro es “¿Sociedad de mercado o sociedad decente?” (Universidade de Vigo, 2023)

https://www.sinpermiso.info/textos/el-neoliberalismo-provinciano-de-rueda-feijoo

 

martes, 13 de febrero de 2024

Deuda militar

 

Deuda militar

 Pascual  Serrano.

  Los ejércitos de EEUU y Reino Unido deben a los países pobres 110.000 millones de dólares de compensación climática por emisiones de carbono

 Según los cálculos elaborados por el think tank Common Wealth, una organización sin fines de lucro financiada por fundaciones filantrópicas y donaciones con base en el Reino Unido y que también trabajó en Estados Unidos, el costo social de las emisiones de carbono de los ejércitos de estos dos países citados es aproximadamente de 111.000 millones de dólares. Un dinero que se sustrae de las finanzas de las naciones más amenazadas por la crisis climática.

 Los acuerdos climáticos internacionales establecen que los países, las empresas o las entidades que emiten gases de efecto invernadero reciben una asignación de derechos de emisión, que representan una cierta cantidad de emisiones permitidas. Estos derechos pueden ser comprados, vendidos o transferidos entre las partes participantes en el mercado. Si una entidad tiene excedentes de derechos de emisión porque ha reducido sus emisiones, puede vender esos excedentes a otras entidades que necesiten más derechos para cumplir con sus metas de reducción de emisiones.

 Es evidente que son los países más pobres los que, por su poca industrialización y consumo, tienen excedentes de derechos de emisión para vender; y que son los ricos los que, al contaminar más y necesitar más derechos de emisión, pagan a los pobres para poder contaminar lo que estos segundos no hacen. Pues bien, en ese cálculo no se han incluido los 430 millones de toneladas de CO₂ que han emitido los militares del Reino Unido y de EEUU desde que entró en vigor el Acuerdo Climático de París, en 2016. Eso supone más del total de emisiones de gases de efecto invernadero producidos en el Reino Unido en 2022.

No olvidemos que las emisiones de fuentes militares no se abordan en los acuerdos internacionales sobre el clima. Como resultado del cabildeo estadounidense, las emisiones militares en el extranjero se eximieron del Protocolo de Kioto de 1997 y la presentación de informes sobre emisiones militares siguió siendo voluntaria en el Acuerdo Climático de París de 2015.

 Los derechos para emitir esos millones de toneladas de CO₂, según el estudio de Common Wealth, se calculan en los 110.000 millones de dólares, 106.000 millones atribuibles a las emisiones de los EEUU y 5.000 millones a las emisiones del Reino Unido. Un dinero que nunca pagaron estos dos países.

 La organización denuncia así que “la presencia de EEUU y el Reino Unido en el extranjero muestra los diversos modos a través de los cuales las bases militares, su actividad y su infraestructura producen daños ambientales y residuos tóxicos”.

 No solo eso, “los militares del Reino Unido y EEUU disponen de su propia industria militar internacional para suministrar equipos y servicios. En ambos países, esa industria es beneficiaria de la inversión pública y de muchas decisiones estatales. Por ejemplo, en los EEUU, el presupuesto del Departamento de Defensa aprobado el pasado diciembre en el Senado fue de 886.000 millones de dólares. El gasto en defensa de Estados Unidos representa casi el 40% de los gastos militares de los países de todo el mundo, según cifras del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) referidas a 2022. De hecho, Washington gasta más en defensa que los siguientes 10 países juntos.

Desde 2001, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha representado entre el 77% y el 80% del consumo total de energía del gobierno de EEUU, mientras que el Ministerio de Defensa del Reino Unido representa al menos el 40% de las emisiones del sector público británico.

Conmon Wealth recuerda que “las estrategias industriales centradas en el ejército tanto de los EEUU como del Reino Unido se han beneficiado de la intervención estatal, mientras que los sectores verdes han sufrido una falta de apoyo”.

 Los costos de la contaminación militar y los daños ambientales se están sufriendo con mayor intensidad en los países del Sur Mundial, que se enfrentan a los efectos difusos, pero cada vez más intensos, del calentamiento global. Según las recomendaciones del estudio anglosajón, “como paso inicial para corregir su contribución histórica y actual a la crisis ecológica, los EEUU y el Reino Unido deberían contribuir junto a otros grandes emisores de CO₂, con los fondos necesarios para compensar a los países del Sur que enfrentan la crisis climática y la escasez de contribuciones por parte para los países contaminantes del Norte”.

 “Reducir la huella global de EEUU y el Reino Unido de casi 900 bases militares e introducir un super fondo militar, similar al administrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, para pagar la rehabilitación ambiental de las comunidades afectadas por materiales peligrosos, la contaminación y los residuos de bases e infraestructura militares son algunas de las medidas necesarias para corregir todo el espectro de impactos ambientales”, añade la Fundación.

En un estudio de 2019, la Universidad de Brown (EEUU) estimó que desde la invasión de Afganistán en 2001, el ejército de Estados Unidos había emitido 1.212 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, con una media anual mayor que la de muchos países industrializados como Suecia, Noruega o Suiza.

Otro informe de las universidades británicas de Durham y Lancaster concluyó que el ejército de EEUU es “uno de los mayores contaminadores de la historia” y afirmó que, si fuese un país, sería el 47 mayor emisor de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta solo las emisiones por uso de combustible.

 Si el drama de las muertes y la destrucción de las guerras no fuera una suficiente razón para renegar de los ejércitos y exigir un menor gasto militar, ahora observamos la contaminación de su industria y los mecanismos de las grandes potencias para evitar las responsabilidades financieras establecidas en los acuerdos mundiales de medioambiente.

 

Fuente: GLOBALTER  . https://www.elviejotopo.com/topoexpress/deuda-militar/

domingo, 11 de febrero de 2024

La guerra contra el periodismo denunciante .

  El Reino Unido intensifica la guerra contra el periodismo denunciante con una nueva Ley de Seguridad Nacional

KIT KLARENBERG

·9 DE FEBRERO DE 2024

 Según una nueva ley represiva, los ciudadanos británicos podrían enfrentarse a prisión por socavar la línea de seguridad nacional de Londres . Con la intención de destruir WikiLeaks y otros que exponen crímenes de guerra, la ley es una amenaza directa al periodismo crítico de seguridad nacional.

Era la tarde del 17 de mayo de 2023 y acababa de llegar al aeropuerto Luton de Londres. Estaba de camino a mi ciudad natal para visitar a mi familia. Antes de aterrizar, el piloto ordenó a todos los pasajeros que tuvieran sus pasaportes listos para su inspección inmediatamente después de desembarcar del avión. En ese momento, me di cuenta de que un escuadrón de seis agentes antiterroristas británicos vestidos de civil y con expresión pétrea esperaban en la pista, estudiando intensamente los documentos de identificación de todos los viajeros.

 Tan pronto como los policías me identificaron, me ordenaron que los acompañara a la terminal del aeropuerto sin explicación alguna. Allí me presentaron a dos funcionarios cuyos nombres no pude conocer, quienes posteriormente se referían entre sí utilizando indicativos anodinos. Me invitaron a un registro desnudo digital y me sometieron a un interrogatorio en el que no derecho tenía a guardar silencio, ni a negarme a responder preguntas, ni a retener los números PIN de mis dispositivos digitales o tarjetas SIM. Si hacía valer algún derecho a la privacidad, me enfrentaba a un arresto y hasta 48 horas de custodia policial.

 Elegí cumplir. Y así fue como durante las siguientes cinco horas me senté con un par de policías antiterroristas anónimos en una habitación trasera sin aire, sin ventanas y con un calor insoportable. Me tomé las huellas dactilares, tomé hisopos de ADN invasivos e investigue todos los aspectos imaginables de mi vida privada y profesional, mis conexiones con amigos y familiares y mi formación académica. Quería saber por qué escribo, digo y pienso las cosas que hago, los detalles de cómo me pagan por mi periodismo de investigación y en qué cuenta bancaria.

 Me detuvieron en virtud de la Ley de Seguridad Fronteriza y Antiterrorismo de Gran Bretaña de 2019, que la ONU ha calificado de draconiana y represiva. Según sus poderes del Anexo 3, cualquier persona que ingrese a territorio británico bajo sospecha de “actividad hostil” en nombre de una potencia extranjera puede ser detenida, interrogada durante seis horas y confiscada y almacenada el contenido de sus dispositivos digitales. Los "actos hostiles" se definen como cualquier comportamiento considerado amenazante para la "seguridad nacional" de Gran Bretaña o su "bienestar económico".

 Lo que es más inquietante es que el Anexo 3 no despierta sospechas. Según sus términos , “es irrelevante si una persona es consciente de que la actividad en la que está o ha estado involucrada es una actividad hostil, o si un Estado para o en nombre de la cual, o en interés de la cual, se lleva a cabo un acto hostil haya instigado, sancionado o de otro modo tenga conocimiento de la realización del acto”. Debe ser una conspiración bastante elaborada cuando los conspiradores ni siquiera saben que están conspirando.

 Resulta que el Estado británico creía erróneamente que The Grayzone tenía una relación con el notorio servicio de seguridad ruso FSB. Basaron su suposición no en ninguna evidencia, sino en nuestra habilidad para producir periodismo de investigación fáctico basado en documentos pasados ​​a este medio de forma anónima, a través de cuentas de correo electrónico desechables. Esta actividad es una práctica común para los medios de comunicación occidentales, los grupos de derechos humanos y los muy venerados equipos de investigación de “código abierto” como Bellingcat, patrocinado por el gobierno de Estados Unidos . Si yo y el resto de The Grayzone cometimos algún error, fue al publicar material que el estado de seguridad nacional de Estados Unidos y el Reino Unido no quiere que sea de dominio público.

 Ahora, el gobierno británico está llevando su guerra contra el periodismo de investigación a un nuevo nivel a través de su poco conocida Ley de Seguridad Nacional. Según esta ley, las autoridades de Londres se han otorgado el poder de vigilar, acosar y, en última instancia, encarcelar a cualquier ciudadano británico que deseen por motivos igualmente libres de sospecha. Los disidentes de todo tipo ahora deben preocuparse de que todo lo que hagan o digan puedan llevarse a la cárcel por largas penas, simplemente por no respetar la rígida línea de seguridad nacional de Londres.

 Entre los principales cabilderos a favor de estas medidas autoritarias se encuentra Paul Mason, el famoso periodista que se hizo pasar por un líder de la izquierda británica hasta que The Grayzone lo desenmascaró como un colaborador de seguridad del Estado empeñado en destruir el movimiento contra la guerra. desde dentro.

 Inspirada en la Ley de Espionaje de EE.UU. UU., diseñado para criminalizar la denuncia de irregularidades

En diciembre de 2023, tras 18 meses de tramitación a través de procedimientos parlamentarios, entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional británica. Con el objetivo de proteger a Gran Bretaña de la amenaza de espionaje y sabotaje por parte de actores hostiles dentro y fuera del país, la ley introduce una serie de delitos penales completamente nuevos con sanciones severas y consecuencias de amplio alcance para la libertad de expresión. De hecho, los términos de la ley son tan amplios que los individuos casi inevitablemente infringirán la ley sin quererlo, sin tener la intención de hacerlo o incluso sin saberlo.

 Como hasta la fecha nadie ha sido procesado en virtud de la ley, sus ramificaciones completas siguen sin estar claras. Sin embargo, el aparato de seguridad e inteligencia de Londres disfruta ahora de amplios poderes para vigilar lo que se puede decir sobre las actividades del gobierno británico en el extranjero.

 Dadas las aterradoras implicaciones de la ley, los periodistas, los grupos de derechos de prensa y las organizaciones de libertades civiles del Reino Unido deben alzarse en armas. Sin embargo, las serias críticas a la ley estuvieron en gran medida ausentes de las principales publicaciones durante las distintas fases del debate en el parlamento.

El escrutinio de la Ley contra la libertad de prensa se ha dejado casi exclusivamente en manos de periodistas independientes como Mohamed Elmaazi . En un artículo para Consortium News de julio de 2022 , Elmaazi señaló que “comparte muchos elementos” con la “draconiana Ley de Espionaje de 1917” de Washington, que actualmente se utiliza para procesar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

 "Los denunciantes, periodistas y editores que se centran en cuestiones relacionadas con la seguridad nacional pueden correr mayor riesgo de ser procesados", advirtió Elmaazi.

 Los legisladores británicos citaron explícitamente a WikiLeaks en múltiples debates parlamentarios sobre la ley. El motivo detrás de la ley, insistieron, era prevenir y disuadir nunca más las “divulgaciones no autorizadas” por parte de cualquier individuo u organización. En el camino, difamaron repetidamente al fundador de Wikileaks, Julian Assange, repitiendo como un loro la narrativa demostrablemente falsa de que la exposición de WikiLeaks de los crímenes de guerra occidentales amenazaba vidas inocentes.

 Por ejemplo, durante un debate en la Cámara de los Comunes en junio de 2022 , un parlamentario conservador preguntó a la ministra del Interior laborista, Yvette Cooper, si condenaba “el vertido masivo de información de dominio público al estilo WikiLeaks”. Calificaron esa actividad de “enormemente irresponsable”, ya que “puede poner vidas en riesgo”. Cooper respondió que condenaba “enérgicamente” dicha actividad:

 “Algunos de los ejemplos de filtraciones que hemos visto ponen en riesgo la vida de los agentes, ponen en riesgo partes vitales de nuestra infraestructura de inteligencia y seguridad nacional y son altamente irresponsables. Necesitamos salvaguardias para protegernos contra ese tipo de impacto dañino en nuestra seguridad nacional”.

 De hecho, un informe filtrado del Pentágono de 2011 concluyó que no hubo “ningún 'impacto estratégico' significativo” en la publicación por parte de WikiLeaks del Diario de guerra de Afganistán o de los Registros de guerra de Irak, proporcionados a Assange por la entonces Soldado estadounidense Chelsea Manning. Durante el posterior juicio de Manning, los abogados del gobierno estadounidense se vieron obligados a admitir que nadie había resultado perjudicado de ninguna manera como resultado de sus revelaciones. La fiscalía admitió esta conclusión durante el procedimiento inicial de extradición de Assange en febrero de 2020. Por lo tanto, un pilar central del caso del Estado británico a favor de la Ley de Seguridad Nacional se basa en mentiras.

 En realidad, el gobierno británico desarrolló su vendetta contra Wikileaks después de haber sido expuesto repetidamente por sus propios abusos contra los derechos humanos y el asesinato de civiles inocentes.

 Una investigación en curso ha estado confirmando una investigación de la BBC que reveló que un “escuadrón SAS mató a 54 personas en circunstancias sospechosas durante una gira de seis meses”, y luego falsificó pruebas para incriminarlos como insurgentes armados.

 En febrero de 2011, después de que las fuerzas especiales británicas mataran a ocho civiles afganos desarmados en una redada, un oficial escribió en privado a otro : “Aunque el asesinato y el [SAS] a menudo han sido compañeros de cama habituales, ¡esto está empezando a parecer una locura! " Su colega respondió: "Me parece deprimente que [sic] haya llegado a esto... En última instancia, un fracaso masivo de liderazgo... y cuando suceda el próximo Wikileaks, seremos arrastrados con ellos".

 Una ley destinada específicamente a criminalizar WikiLeaks amenaza a los denunciantes

Durante el debate de la Cámara de los Comunes de 2022, el diputado conservador Sir Robert Buckland, nombrado caballero, encabezó la acusación contra WikiLeaks. Buckland, que en su anterior función como Secretario de Estado de Justicia era responsable de “defender el estado de derecho y proteger la independencia judicial”, argumentó que la Ley de Seguridad Nacional era una herramienta vital para procesar a “aquellos como Julian Assange que arrojan datos de una manera que no tiene en cuenta la seguridad de los operadores y otras personas afectadas”. Más tarde comentó: “ninguno de nosotros [en el Parlamento] quiere ver a Julian Assange y los de su tipo dominando aquí”.

 La Corte Suprema del Reino Unido expresó una opinión muy diferente cuando, en 2018, sostuvo en una decisión unánime que los cables publicados por WikiLeaks son admisibles como prueba en los procedimientos judiciales.

 Otro legislador conservador nombrado caballero, Sir John Hayes, desestimó las sugerencias de que la Ley de Seguridad Nacional podría afectar las actividades periodísticas legítimas, argumentando que sólo apuntaría a “una revelación tipo WikiLeaks disfrazada de guardián de la libertad o alguna otra tontería por el estilo ”. No obstante, admitió que si bien los principales amenazados por la legislación son aquellos que “trabajan directamente para una potencia extranjera”, sus objetivos también podrían incluir a aquellos que no “trabajan directamente para una potencia extranjera, pero... podrían [énfasis añadido ] estar ayudando a una potencia extranjera. o actuar indirectamente para tal potencia extranjera”.

 De manera similar, abunda el lenguaje especulativo y vago en toda la ley, que criminaliza a cualquiera que “copie”, “retenga”, “divulgue”, “distribuya” o “proporcione acceso a” información protegida, si se cumple la “ condición ” de potencia extranjera ”. La “información protegida” se define como material que está “restringido de alguna manera” o material que “es razonable esperar” estaría restringido de alguna manera.

 Quienes sean declarados culpables de compartir o publicar dicha información se enfrentan a penas que van desde multas elevadas hasta cadena perpetua. Para el Estado británico es irrelevante si la información protegida se les filtra directamente o si simplemente la encontraron por accidente.

 Más preocupante es la negación por parte de la ley de cualquier defensa de “interés público” a quienes revelan información protegida. Un puñado de legisladores británicos presentes durante el debate parlamentario de junio de 2022 expresaron ansiedad por esta advertencia, solo para ser rechazados agresivamente por el ministro de Seguridad y Fronteras, Damian Hinds. Hinds sostuvo que tal disposición “sin duda conduciría a más revelaciones no autorizadas”.

 Luego insistió: “Es imposible para [un denunciante] tener una idea completa del daño que podría derivarse de su divulgación. Ese punto puede ser aprovechado por personas con intenciones maliciosas”.

 Otros dos delitos penales creados por la ley se relacionan con "obtener beneficios materiales de un servicio de inteligencia extranjero". Por lo tanto, si un ciudadano británico dentro o fuera del país "obtiene, acepta o acepta aceptar, o retiene un beneficio material" de un gobierno extranjero "en circunstancias en las que no existe una base legítima para ese beneficio", puede esperar una pena máxima de prisión. Plazo de 14 años. Si acepta un “beneficio material” que en realidad no se materializa, aún podrían ser encarcelados hasta por una década.

 En una hoja informativa oficial, el gobierno británico admite que estos delitos penalizan expresamente a los ciudadanos cuando es “difícil demostrar” que han “cometido un delito de espionaje”. De manera similar, el gobierno reconoce que “no es posible probar un vínculo entre [un] beneficio proporcionado y lo que la persona ha hecho (o se espera que haga) un cambio”.

 Como dice el documento, "los beneficios materiales pueden incluir beneficios financieros, cualquier cosa que tenga el potencial de resultar en un beneficio financiero e información". Estos beneficios "podrán proporcionarse... directa o indirectamente".

 Esta definición inquietantemente amplia aumenta la probabilidad de que los ciudadanos británicos puedan infringir la ley sin proponérselo. ¿La lectura de una publicación de una cuenta anónima de una red social, administrada en secreto por un Estado “hostil”, sería clasificada como recepción de “información” y, por lo tanto, un “beneficio material”?

 Ahora las autoridades británicas tienen más poder que nunca para detener a ciudadanos y visitantes por mera sospecha de su peligro para imperativos de seguridad nacional vagamente definidos. Según la Ley de Seguridad Nacional, “no es necesario identificar un servicio de inteligencia extranjero en particular” para procesar a ciudadanos británicos por recibir “beneficios materiales” de estados “hostiles”.

 En otras palabras, ¿deberían las autoridades de Londres simplemente sospechar que alguien podría de alguna manera beneficiarse de la posesión de “información” proporcionada por una potencia “extranjera” desconocida, que pudo haber encontrado en Internet o haber sido proporcionada de una forma u otra? sin su consentimiento? solicitud o consentimiento expreso, podrían ser tildados de delincuentes y encerrados.

 Los periodistas británicos se muestran más dóciles que nunca ante las autoritarias

La campaña del Estado británico para silenciar las voces disidentes se basa en el funcionamiento en Londres de un mecanismo de censura poco conocido pero devastadoramente eficaz conocido como Comité Asesor de Medios de Defensa y Seguridad (DSMA) .

 Compuesto por representantes de los servicios de seguridad e inteligencia, veteranos militares, funcionarios gubernamentales de alto rango, jefes de asociaciones de prensa, editores y periodistas, el comité determina a puerta cerrada qué cuestiones relacionadas con la seguridad nacional pueden ser cubiertas por la prensa y de qué manera. .

 En ocasiones, el Comité emite lo que se conoce como “avisos D”. En teoría, se trata de solicitudes voluntarias para que los medios de comunicación no difundan determinadas informaciones u omitan detalles considerados perjudiciales para la seguridad nacional. Si bien los destinatarios no están legalmente obligados a cumplir, son plenamente conscientes de que una negativa podría significar un proceso bajo la Ley de Secretos Oficiales de 1989, especialmente si la información en cuestión es el resultado de una " divulgación no autorizada ". Alternativamente, un periodista infractor podría simplemente ser incluido en la lista negra, perdiendo el acceso a sesiones informativas oficiales y extraoficiales ya información privilegiada de los funcionarios, lo que luego amenazaría su empleo. Como resultado,son pocos los ejemplos de medios que ignoran los “avisos D” .

 El Comité DSMA estima que los periodistas envían voluntariamente entre el 80 y el 90 por ciento de sus historias para su revisión cuando sospechan que el organismo podría considerarlas objetables, según el libro del periodista Ian Cobain de 2016, The History Thieves . El año anterior a la publicación del libro de Cobain, el vicepresidente del Comité se jactaba de que, "en promedio, un periodista consultaba la secretaría todos los días laborables".

 En 2013, cuando el denunciante Edward Snowden filtró documentos que mostraban que el Reino Unido monitoreaba en secreto las comunicaciones de diplomáticos extranjeros en las reuniones del G20 en Londres, el Comité rápidamente sometió las revelaciones a una notificación D. Con la inusual excepción de The Guardian , los medios británicos atendieron en gran medida la solicitud de censura.

 Sin embargo, el otro contradictorio Guardian guardó silencio en octubre de 2023, cuando la DSMA envió un aviso D a las principales publicaciones solicitando que no mencionaran a las “Fuerzas Especiales y otras unidades involucradas en operaciones de seguridad, inteligencia y antiterroristas” en Gaza. Desde entonces, la discusión sobre el asunto ha desaparecido en gran medida del discurso público y, con ella, cualquier consideración sobre si el SAS (y por extensión el Estado británico) está involucrado activamente en el genocidio de Israel contra el pueblo palestino.

 Las actas disponibles públicamente de la reunión del Comité de junio de 2023 muestran que los asistentes discutieron la Ley de Seguridad Nacional. El subdirector de Seguridad Nacional, Tom Murphy, aseguró a los representantes de la prensa reunidos que la legislación “tendía a proteger las libertades periodísticas”. Aún así, argumentó que “una defensa del interés público” no podía ser parte de la ley, ya que era “inadecuada”.

 Murphy luego afirmó que el "fuerte énfasis de la Ley... en contrarrestar el espionaje y [su] énfasis explícito en los estados extranjeros significaba que era muy poco probable que un verdadero denunciante quedara atrapado en su red". Pero un abogado del organismo británico de comercio de medios News Media Association , que estuvo “ampliamente involucrado en las discusiones sobre la redacción” de la ley, se mostró en desacuerdo.

 El abogado declaró que el “efecto paralizador” de la legislación era “inevitable” y advirtió a los periodistas “que tuvieran cautela” en el futuro. El vicepresidente interino del Comité, el director de Política y Estándares Editoriales de la BBC, David Jordan, también expresó su preocupación de que "permaneciera el peligro real de consecuencias no deseadas".

 Evidentemente, incluso algunos miembros del Comité reconocieron que la mera existencia de la ley sirve para amordazar aún más a los periodistas británicos, y que se negarán a publicar artículos sobre el estado de seguridad por temor a que informes de interés público puedan llevarlos a la cárcel. .

 En la misma reunión, el subsecretario de la DSMA, el capitán retirado de la Armada Jon Perkins, señaló que durante el período comprendido entre octubre de 2022 y abril de 2023, había sido material de “extrema sensibilidad (en términos de seguridad nacional)” “protegido contra divulgación involuntaria”. Este material era “de la naturaleza más sensible que había visto” desde que se unió al cuerpo.

 Si bien la “naturaleza” de ese “material” no se especifica, es difícil no preguntarse si Perkins se refería a la serie de investigaciones de The Grayzone precisamente durante el mismo período sobre el papel secreto y líder de Londres en la guerra de poder en Ucrania. Estas revelaciones innovadoras recibieron una enorme atención internacional y, en consecuencia, fueron informadas por los principales medios de comunicación en todos los rincones del mundo, excepto en Gran Bretaña.

 Durante mi interrogatorio por parte de la policía antiterrorista británica, este medio me investigó intensamente sobre mis investigaciones relacionadas con Ucrania. También parece que mi reportaje sobre una de las figuras mediáticas más famosas –y aparentemente comprometidas– de la izquierda británica desencadenó mi detención.

 Paul Mason sugiere que se procese a The Grayzone por exponerlo

En junio de 2022, The Grayzone expuso al periodista británico Paul Mason por su connivencia con un alto funcionario de inteligencia del Ministerio de Asuntos Exteriores británico en una campaña clandestina para tildar a la izquierda pacifista británica de vehículo para los gobiernos ruso y chino. La publicación del material, que fue enviado a este medio a través de cuentas anónimas, era claramente de interés público.

 Desde entonces, Mason ha afirmado que sus correos electrónicos habían sido pirateados y difundidos por el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. En diciembre de 2023, escribió un artículo de opinión en el que alegaba que los correos electrónicos filtrados “ pueden [énfasis añadido] ser una mezcla de correos electrónicos reales, editados, alterados y falsos”, sin especificar si lo eran y, de ser así , cómo.

 Mason afirmó que fue objeto de "una campaña de ciberespionaje diseñada para alterar el funcionamiento de nuestra democracia" y su "capacidad de funcionar", "destruyendo" su reputación y "saboteando" su trabajo. Tras la negativa casi universal de los medios británicos a informar sobre los hallazgos de The Grayzone, Mason atribuyó su silencio a que los periodistas defendían "el principio básico de no utilizar material obtenido ilegalmente y no verificable".

 Una explicación alternativa podría ser que las entidades estatales intimidaron a los periodistas para que no informaran sobre el escándalo. Mason parece, como mínimo, haber intimidado con éxito a los medios de comunicación independientes para que permanecieran en silencio, y en un caso supuestamente utilizó la amenaza de un litigio para obligar a una publicación a eliminar un artículo de la web por completo. Mientras tanto, los abogados de la autodenominada “experta en desinformación” Emma Briant, mencionados en los correos electrónicos filtrados de Mason, enviaron cartas amenazadoras de cese y desistimiento a The Grayzone, MintPress News y Novara Media.

 Mason concluyó su artículo de opinión señalando que, “afortunadamente, gracias a la Ley de Seguridad Nacional de 2023, cuyas disposiciones completas entrarán en vigor este mes, el Estado tendrá mejores herramientas para hacer frente a este tipo de ataques en el futuro”. Terminó con una amenaza velada, argumentando que según la ley:

 “Si daña la reputación de alguien, lo amenazas o mientes deliberadamente sobre él, y lo haces intencionalmente para apoyar una operación de interferencia por parte de un estado extranjero, te enfrentas a hasta 10 años de cárcel... Estos poderes aún no se han probado en los tribunales. . Espero que se les haga la prueba”.

 Sin embargo, entre las muchas condiciones que deben cumplirse se incluyen que se hayan hecho “tergiversaciones” y que se cumpla la condición de potencia extranjera.

 Quizás las leyes británicas sobre difamación y la creencia equivocada de Mason de que todavía tiene algo de credibilidad que preservar, lo disuadieron de pedir abiertamente que el personal de The Grayzone fuera procesado por reportar hechos. Pero esa fue claramente su implicación.

 Afortunadamente para nosotros, esto requeriría que las autoridades británicas aplicaran la Ley de Seguridad Nacional retrospectivamente (ex post facto). Tal acción está prohibida por el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que Gran Bretaña sigue siendo signataria, al   menos por ahora.

https://thegrayzone-com.translate.goog/2024/02/09/uk-national-security-act-wikileaks/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=sc

viernes, 9 de febrero de 2024

Eric Hobsbaum: la política de identidad y la izquierda

 

Eric Hobsbaum: la política de identidad y la izquierda

3 febrero, 2024  

 

CONFERENCIA DEL HISTORIADOR ERIC HOBSBAUM, en “INSTITUTE OF EDUCATION”, LONDRES, 1996

 La política de la identidad asume que una de las muchas identidades que todos tenemos es la que determina, o al menos domina nuestra política: ser mujer, si eres feminista, ser protestante si eres unionista de Antrim, ser catalán, si eres nacionalista catalán, ser homosexual si estás en el movimiento gay. Y, por supuesto, que hay que deshacerse de las demás, porque son incompatibles con la identidad “verdadera”

 La política de identidad y la izquierda

 Mi conferencia trata de un tema sorprendentemente nuevo. Nos hemos acostumbrado tanto a términos como «identidad colectiva», «grupos identitarios», «políticas identitarias» o, para el caso, «etnicidad», que resulta difícil recordar lo reciente de su aparición como parte del vocabulario actual, o jerga, del discurso político.

 Por ejemplo, si consultamos la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, publicada en 1968 – es decir, escrita a mediados de la década de 1960-, no encontraremos ninguna entrada sobre identidad, excepto una sobre identidad psicosocial, de Erik Erikson, que se ocupaba principalmente de cosas como la llamada «crisis de identidad» de los adolescentes que intentan descubrir lo que son, y un artículo general sobre la identificación de los votantes. Y en cuanto a la etnicidad, en el Oxford English Dictionary de principios de los años setenta sólo aparece como una palabra rara que indica «heathendom and heathen superstition» y está documentada por citas del siglo XVIII.

 En resumen, se trata de términos y conceptos que no empezaron a utilizarse realmente hasta la década de 1960. Su aparición es más fácil de seguir en EE.UU., en parte porque siempre ha sido una sociedad inusualmente interesada en controlar su temperatura social y psicológica, su presión sanguínea y otros síntomas, y sobre todo porque la forma más obvia de política de identidad -pero no la única-, la etnicidad, siempre ha sido fundamental en la política estadounidense desde que se convirtió en un país de inmigración masiva procedente de todas partes de Europa.

 A grandes rasgos, la nueva etnicidad hace su primera aparición pública con Beyond the Melting Pot, de Glazer y Moynihan, en 1963, y se convierte en un programa militante con The Rise of the Unmeltable Ethnics, de Michael Novak, en 1972. El primero, no hace falta que lo diga, fue obra de un profesor judío y de un irlandés, hoy senador demócrata por Nueva York; el segundo procede de un católico de origen eslovaco.

 De momento no hace falta que nos preocupemos demasiado de por qué ocurrió todo esto en los años sesenta, pero permítanme recordarles que -al menos en los EE.UU. que marcan estilo- esta década también vio surgir otras dos variantes de la política de identidad: el movimiento moderno (es decir, post sufragista) de mujeres y el movimiento gay.

 No estoy diciendo que antes de los años sesenta nadie se planteara preguntas sobre su identidad pública. En situaciones de incertidumbre a veces lo hacían; por ejemplo, en el cinturón industrial de Lorena, en Francia, cuya lengua y nacionalidad oficiales cambiaron cinco veces en un siglo, y cuya vida rural pasó a ser industrial y semiurbana, mientras que sus fronteras se redibujaron siete veces en el último siglo y medio.

 No es de extrañar que la gente dijera: «Los berlineses saben que son berlineses, los parisinos saben que son parisinos, pero ¿ quiénes somos nosotros?». O, por citar otra entrevista: «Vengo de Lorena, mi cultura es alemana, mi nacionalidad es francesa, y pienso en nuestro dialecto provinciano»[1].

 En realidad, estas cosas sólo conducen a auténticos problemas de identidad cuando se impide a la gente tener las identidades múltiples y combinadas que son naturales para la mayoría de nosotros. O, más aún, cuando se les desvincula «del pasado y de todas las prácticas culturales comunes»[2]. [Sin embargo, hasta la década de 1960, estos problemas de identidad incierta se limitaban a zonas fronterizas especiales de la política. Todavía no eran centrales.

 Desde los años sesenta parecen haber adquirido una importancia mucho mayor. ¿Por qué? Sin duda, hay razones particulares en la política y las instituciones de tal o cual país -por ejemplo, en los peculiares procedimientos impuestos a EE.UU. por su Constitución-; por ejemplo, las sentencias sobre derechos civiles de los años cincuenta, que primero se aplicaron a los negros y luego se extendieron a las mujeres, proporcionando un modelo para otros grupos identitarios.

 De ello puede deducirse, especialmente en los países en los que los partidos compiten por los votos, que constituirse en tal grupo identitario puede proporcionar ventajas políticas concretas: por ejemplo, discriminación positiva en favor de los miembros de tales grupos, cuotas en los puestos de trabajo, etcétera. Esto también ocurre en EE.UU., pero no sólo allí. Por ejemplo, en la India, donde el gobierno se ha comprometido a crear igualdad social, puede resultar realmente rentable clasificarse como casta baja o pertenecer a un grupo tribal aborigen, para disfrutar del acceso adicional a puestos de trabajo que se garantiza a dichos grupos.

 La negación de la identidad múltiple

 Pero, en mi opinión, la aparición de la política de la identidad es consecuencia de las extraordinariamente rápidas y profundas convulsiones y transformaciones de la sociedad humana en el tercer cuarto de este siglo, que he intentado describir y comprender en la segunda parte de mi historia del «breve siglo XX», La era de los extremos. Esta no es sólo mi opinión. El sociólogo estadounidense Daniel Bell, por ejemplo, argumentó en 1975 que «la ruptura de las estructuras de autoridad tradicionales y de las unidades sociales afectivas previas -históricamente nación y clase- hace que el apego étnico sea más saliente»[3].

 De hecho, sabemos que tanto el Estado-nación como los antiguos partidos y movimientos políticos de clase se han debilitado como consecuencia de estas transformaciones. Más aún, hemos vivido -estamos viviendo- una gigantesca «revolución cultural», una «extraordinaria disolución de las normas, texturas y valores sociales tradicionales, que dejó huérfanos y desamparados a tantos habitantes del mundo desarrollado».

 Si se me permite seguir citándome a mí mismo, «nunca se utilizó la palabra «comunidad» de forma más indiscriminada y vacía que en las décadas en que las comunidades en el sentido sociológico se vuelven difíciles de encontrar en la vida real» [4]. Los hombres y las mujeres buscan grupos a los que puedan pertenecer, con seguridad y para siempre, en un mundo en el que todo lo demás se mueve y cambia, en el que nada más es seguro. Y lo encuentran en un grupo identitario.

 De ahí la extraña paradoja que ha identificado el brillante sociólogo caribeño de Harvard Orlando Patterson: la gente elige pertenecer a un grupo de identidad, pero «es una elección basada en la creencia, fuertemente arraigada e intensamente concebida, de que el individuo no tiene otra opción que pertenecer a ese grupo específico» [5]. [5] A veces se puede demostrar que se trata de una elección. El número de estadounidenses que se declaran «indios americanos» o «nativos americanos» casi se cuadruplicó entre 1960 y 1990, pasando de medio millón a dos millones, lo que es mucho más de lo que podría explicarse por la demografía normal; y, por cierto, dado que el 70% de los «nativos americanos» se casan fuera de su raza, no está nada claro quién es exactamente un «nativo americano» desde el punto de vista étnico [6].

 Entonces, ¿qué entendemos por esta «identidad» colectiva, este sentimiento de pertenencia a un grupo primario, que es su base? Llamo su atención sobre cuatro puntos.

 En primer lugar, las identidades colectivas se definen negativamente, es decir, contra los demás. Nosotros» nos reconocemos como «nosotros» porque somos diferentes de «Ellos». Si no hubiera «Ellos» de los que somos diferentes, no tendríamos que preguntarnos quiénes somos «Nosotros». Sin «los de fuera» no hay «los de dentro». En otras palabras, las identidades colectivas no se basan en lo que sus miembros tienen en común: pueden tener muy poco en común, salvo no ser los «Otros».

 Los unionistas y los nacionalistas de Belfast, o los bosnios serbios, croatas y musulmanes, que de otro modo serían indistinguibles – hablan el mismo idioma, tienen el mismo estilo de vida, tienen el mismo aspecto y se comportan igual-, insisten en lo único que les divide, que resulta ser la religión. Por el contrario, ¿qué da unidad como palestinos a una población mixta de musulmanes de diversos tipos, católicos romanos y griegos, ortodoxos griegos y otros que bien podrían -como sus vecinos del Líbano- luchar entre sí en circunstancias diferentes? Simplemente que no son los israelíes, como la política israelí les recuerda continuamente.

 Por supuesto, hay colectividades que se basan en características objetivas que sus miembros tienen en común, incluido el sexo biológico o características físicas políticamente sensibles como el color de la piel, entre otras. Sin embargo, la mayoría de las identidades colectivas son como las camisas y no como la piel, es decir, son, al menos en teoría, opcionales, no ineludibles.

 A pesar de la moda actual de manipular nuestros cuerpos, sigue siendo más fácil ponerse otra camisa que otro brazo. La mayoría de los grupos de identidad no se basan en similitudes o diferencias físicas objetivas, aunque a todos ellos les gustaría afirmar que son «naturales» y no construidas socialmente. Ciertamente, todos los grupos étnicos lo hacen.

 En segundo lugar, se deduce que en la vida real las identidades, como las prendas de vestir, son intercambiables o combinables entre sí, en lugar de únicas y, por así decirlo, pegadas al cuerpo. Porque, por supuesto, como saben todos los encuestadores de opinión, nadie tiene una y sólo una identidad. Los seres humanos no pueden describirse, ni siquiera con fines burocráticos, más que por una combinación de muchas características. Pero la política de la identidad asume que una de las muchas identidades que todos tenemos es la que determina, o al menos domina nuestra política: ser mujer, si eres feminista, ser protestante si eres unionista de Antrim, ser catalán, si eres nacionalista catalán, ser homosexual si estás en el movimiento gay. Y, por supuesto, que hay que deshacerse de los demás, porque son incompatibles con el «verdadero» Yo.

 Así, David Selbourne, ideólogo polivalente y denunciador general, pide con firmeza a ‘El judío en Inglaterra’ que ‘deje de fingir ser inglés’ y reconozca que su ‘verdadera’ identidad es la de judío. Esto es peligroso y absurdo. No hay incompatibilidad práctica a menos que una autoridad externa te diga que no puedes ser ambas cosas, o a menos que sea físicamente imposible ser ambas cosas.

 Si quisiera ser simultánea y ecuménicamente un católico devoto, un judío devoto y un budista devoto, ¿por qué no podría? La única razón que me lo impide físicamente es que las respectivas autoridades religiosas me digan que no puedo combinarlas, o que me resulte imposible llevar a cabo todos sus rituales porque unos se interpongan en el camino de otros.

 Por lo general, la gente no tiene ningún problema en combinar identidades, y esto, por supuesto, es la base de la política general, a diferencia de la política de identidades seccionales. A menudo la gente ni siquiera se molesta en elegir entre identidades, bien porque nadie se lo pregunta, bien porque es demasiado complicado. Cuando se pide a los habitantes de Estados Unidos que declaren su origen étnico, el 54% se niega o es incapaz de dar una respuesta.

 En resumen, la política de identidad exclusiva no es algo natural para la gente. Es más probable que les venga impuesta desde fuera, de la forma en que los habitantes serbios, croatas y musulmanes de Bosnia que vivían juntos, socializaban y se casaban entre sí, se han visto obligados a separarse, o de formas menos brutales.

 Lo tercero que hay que decir es que las identidades, o su expresión, no son fijas, aun suponiendo que uno haya optado por uno de sus muchos yos potenciales, del mismo modo que Michael Portillo ha optado por ser británico en lugar de español. Se desplazan y pueden cambiar, si es necesario más de una vez. Por ejemplo, los grupos no étnicos, todos o la mayoría de cuyos miembros son negros o judíos, pueden convertirse en grupos conscientemente étnicos. Esto le ocurrió a la Iglesia Cristiana Bautista del Sur con Martin Luther King. Lo contrario también es posible, como cuando el IRA Oficial pasó de ser de nacionalista feniano a una organización de clase, que ahora es el Partido de los Trabajadores y forma parte de la coalición gubernamental de la República Irlandesa.

 Lo cuarto y último que hay que decir sobre la identidad es que depende del contexto, que puede cambiar. Todos podemos pensar en los miembros de la comunidad gay del Oxbridge de los años 20 que, tras la crisis de 1929 y el ascenso de Hitler, cambiaron, como les gustaba decir, del Homintern al Comintern. Burgess y Blunt, por así decirlo, trasladaron su homosexualidad de la esfera pública a la privada. O consideremos el caso del erudito clásico alemán protestante Pater, profesor de clásicas en Londres, que de repente descubrió, después de Hitler, que tenía que emigrar porque, según las normas nazis, en realidad era judío, un hecho que hasta ese momento desconocía. Se definiera como se definiera, ahora tenía que encontrar otra identidad.

 El universalismo de la izquierda

 ¿Qué tiene que ver todo esto con la izquierda? Ciertamente, los grupos identitarios no ocupaban un lugar central en la izquierda. Básicamente, los movimientos sociales y políticos de masas de la izquierda, es decir, los inspirados por las revoluciones americana y francesa y el socialismo, eran coaliciones o alianzas de grupos, pero mantenidas unidas no por objetivos específicos del grupo, sino por grandes causas universales a través de las cuales cada grupo creía que sus objetivos particulares podían realizarse: democracia, República, socialismo, comunismo o lo que fuera. El propio Partido Laborista en sus grandes días fue a la vez el partido de una clase y, entre otras cosas, de las naciones minoritarias y las comunidades inmigrantes de los británicos peninsulares. Era todo esto, porque era un partido de igualdad y justicia social.

 No malinterpretemos su pretensión de ser esencialmente clasista. Los movimientos políticos obreros y socialistas no fueron nunca, en ningún lugar, movimientos esencialmente confinados al proletariado en el sentido marxista estricto. Excepto quizás en Gran Bretaña, no podrían haberse convertido en movimientos tan vastos como lo hicieron, porque en las décadas de 1880 y 1890, cuando los partidos obreros y socialistas de masas aparecieron de repente en escena, como campos de campanillas en primavera, la clase obrera industrial en la mayoría de los países era una minoría bastante pequeña y, en cualquier caso, gran parte de ella permanecía al margen de la organización obrera socialista.

 Recordemos que en la época de la Primera Guerra Mundial los socialdemócratas contaban con entre el 30% y el 47% del electorado en países como Dinamarca, Suecia y Finlandia, que apenas estaban industrializados, así como en Alemania. (El mayor porcentaje de votos alcanzado por el Partido Laborista en este país, en 1951, fue del 48%). Además, el caso socialista de la centralidad de los trabajadores en su movimiento no era un caso seccional.

 Los sindicatos perseguían los intereses sectoriales de los asalariados, pero una de las razones por las que las relaciones entre los partidos laboristas y socialistas y los sindicatos asociados a ellos nunca estuvieron exentas de problemas fue precisamente que los objetivos del movimiento eran más amplios que los de los sindicatos. El argumento socialista no era sólo que la mayoría de la gente eran «trabajadores manuales o cerebrales», sino que los trabajadores eran la agencia histórica necesaria para cambiar la sociedad. Así que, fueras quien fueras, si querías el futuro, tenías que ir con el movimiento obrero.

 Por el contrario, cuando el movimiento obrero se redujo a nada más que un grupo de presión o un movimiento seccional de trabajadores industriales, como en la Gran Bretaña de los años 70, perdió tanto la capacidad de ser el centro potencial de una movilización popular general como la esperanza general del futuro.

 El sindicalismo «economicista» militante antagonizó a la gente que no estaba directamente implicada en él hasta tal punto que dio al toryismo thatcheriano su argumento más convincente -y la justificación para convertir al tradicional Partido Tory de «una nación» en una fuerza para librar una guerra de clases militante. Es más, esta política de identidad proletaria no sólo aisló a la clase obrera, sino que la dividió enfrentando a grupos de trabajadores entre sí.

 Entonces, ¿ qué tiene que ver la política identitaria con la izquierda? Permítanme afirmar con firmeza lo que no debería ser necesario reafirmar. El proyecto político de la izquierda es universalista: es para todos los seres humanos. Como quiera que interpretemos las palabras, no es libertad para los accionistas o los negros, sino para todos. No es la igualdad para todos los miembros del Garrick Club o para los minusválidos, sino para todos. No es fraternidad sólo para los viejos etonianos o los gays, sino para todos. Y la política de identidad no es esencialmente para todos, sino sólo para los miembros de un grupo específico. Esto es perfectamente evidente en el caso de los movimientos étnicos o nacionalistas. El nacionalismo judío sionista, simpaticemos o no con él, se refiere exclusivamente a los judíos, y cuelga -o más bien bombardea- al resto. Todos los nacionalismos lo son. La pretensión nacionalista de que están por el derecho de todos a la autodeterminación es falsa.

 Por eso la izquierda no puede basarse en políticas identitarias. Tiene una agenda más amplia. Para la izquierda, Irlanda ha sido históricamente uno, pero sólo uno, de los muchos grupos de seres humanos explotados, oprimidos y victimizados por los que ha luchado. Para el nacionalismo iraquí, la izquierda era, y es, sólo un aliado posible en la lucha por sus objetivos en determinadas situaciones. En otras, estaba dispuesta a pujar por el apoyo de Hitler, como hicieron algunos de sus dirigentes durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto se aplica a todos los grupos que hacen de la política identitaria su fundamento, étnico o de otro tipo.

Ahora bien, la agenda más amplia de la izquierda significa, por supuesto, que apoya a muchos grupos identitarios, al menos parte del tiempo, y éstos, a su vez, miran a la izquierda. De hecho, algunas de estas alianzas son tan antiguas y tan estrechas que la izquierda se sorprende cuando llegan a su fin, como la gente se sorprende cuando los matrimonios se rompen después de toda una vida.

 En Estados Unidos casi parece contra natura que los «étnicos» -es decir, los grupos de inmigrantes pobres en masa y sus descendientes- ya no voten casi automáticamente al Partido Demócrata. Parece casi increíble que un negro estadounidense pueda siquiera plantearse presentarse a la Presidencia de los EEUU como republicano (pienso en Colin Powell). Y sin embargo, el interés común de los americanos irlandeses, italianos, judíos y negros por el Partido Demócrata no derivaba de sus etnias particulares, aunque los políticos realistas les rindieran pleitesía. Lo que les unía era el hambre de igualdad y justicia social, y un programa que se creía capaz de hacer avanzar ambas.

 El interés común

 Pero esto es justo lo que muchos en la izquierda han olvidado, al sumergirse de cabeza en las profundas aguas de la política identitaria. Desde la década de 1970 ha habido una tendencia -una «tendencia creciente»- a ver la izquierda esencialmente como una coalición de grupos e intereses minoritarios: de raza, género, preferencias sexuales u otras preferencias culturales y estilos de vida, incluso de minorías económicas como la vieja clase obrera industrial que se ensucia las manos. Esto es bastante comprensible, pero es peligroso, entre otras cosas porque ganar mayorías no es lo mismo que sumar minorías.

 En primer lugar, permítanme repetirlo: los grupos identitarios son sobre sí mismos, para sí mismos, y para nadie más. Una coalición de estos grupos que no se mantiene unida por un único conjunto común de objetivos o valores, sólo tiene una unidad ad hoc, más o menos como los Estados aliados temporalmente en guerra contra un enemigo común. Se disuelven cuando dejan de estar tan unidos.

 En cualquier caso, como grupos identitarios, no están comprometidos con la izquierda como tal, sino sólo para conseguir apoyo para sus objetivos dondequiera que puedan. Pensamos en la emancipación de la mujer como una causa estrechamente asociada a la Izquierda, como sin duda lo ha sido desde los inicios del socialismo, incluso antes de Marx y Engels. Sin embargo, históricamente, el movimiento sufragista británico anterior a 1914 fue un movimiento de los tres partidos, y la primera mujer diputada, como sabemos, fue en realidad una tory [7].

 En segundo lugar, sea cual sea su retórica, los movimientos y organizaciones reales de la política identitaria sólo movilizan a las minorías, en todo caso antes de adquirir el poder de la coerción y la ley. Puede que el sentimiento nacional sea universal, pero, que yo sepa, ningún partido nacionalista secesionista en Estados democráticos ha obtenido hasta ahora los votos de la mayoría de su electorado (aunque los quebequeses estuvieron a punto el pasado otoño, pero entonces sus nacionalistas tuvieron cuidado de no exigir realmente la secesión completa con tantas palabras). No digo que no pueda ocurrir o que no vaya a ocurrir, sino que la forma más segura de conseguir la independencia nacional mediante la secesión hasta ahora ha sido no pedir a la población que vote a favor de ella hasta que ya se ha conseguido por otros medios.

 Eso, por cierto, son dos razones pragmáticas para estar en contra de la política identitaria. Sin esa compulsión o presión externa, en circunstancias normales apenas moviliza a más de una minoría, incluso del grupo objetivo. De ahí que los intentos de formar partidos políticos femeninos separados no hayan sido formas muy eficaces de movilizar el voto femenino. La otra razón es que obligar a las personas a adoptar una, y sólo una, identidad las divide unas de otras. Por tanto, aísla a esas minorías.

 Por consiguiente, comprometer a un movimiento general con las reivindicaciones específicas de grupos de presión minoritarios, que ni siquiera son necesariamente las de sus electores, es buscarse problemas. Esto es mucho más evidente en EE.UU., donde la reacción contra la discriminación positiva a favor de determinadas minorías y los excesos del multiculturalismo es ahora muy poderosa; pero el problema también existe aquí.

 Hoy en día, tanto la derecha como la izquierda cargan con la política de la identidad. Por desgracia, el peligro de desintegrarse en una pura alianza de minorías es inusualmente grande en la izquierda, porque el declive de los grandes lemas universalistas de la Ilustración, que eran esencialmente lemas de la izquierda, la deja sin ninguna forma obvia de formular un interés común más allá de las fronteras seccionales. El único de los llamados «nuevos movimientos sociales» que cruza todas esas fronteras es el de los ecologistas. Pero, por desgracia, su atractivo político es limitado y es probable que siga siéndolo.

 Sin embargo, hay una forma de política identitaria que es realmente global, en la medida en que se basa en un llamamiento común, al menos dentro de los confines de un único Estado: el nacionalismo ciudadano. Visto desde una perspectiva global puede ser lo contrario de un llamamiento universal, pero visto desde la perspectiva del Estado nacional, que es donde la mayoría de nosotros todavía vivimos, y es probable que sigamos viviendo, proporciona una identidad común, o en la frase de Benedict Anderson, «una comunidad imaginada» no menos real por ser imaginada.

 La derecha, especialmente la derecha en el gobierno, siempre ha pretendido monopolizar esto y normalmente todavía puede manipularlo. Incluso el thatcherismo, el sepulturero del «toryismo uninacional», lo hizo. Incluso su fantasmal y moribundo sucesor, el gobierno de Major, espera evitar la derrota electoral condenando a sus oponentes como antipatriotas.

 ¿Por qué entonces ha sido tan difícil para la izquierda, ciertamente para la izquierda de los países de habla inglesa, verse a sí misma como representante de toda la nación? (Hablo, por supuesto, de la nación como la comunidad de todas las personas de un país, no como una entidad étnica). ¿Por qué les resulta tan difícil siquiera intentarlo? Al fin y al cabo, la izquierda europea comenzó cuando una clase, o una alianza de clases, el Tercer Estado en los Estados Generales franceses de 1789, decidió declararse «la nación» frente a la minoría de la clase dominante, creando así el concepto mismo de «nación» política.

 Después de todo, incluso Marx previó tal transformación en El Manifiesto Comunista [8]. [8] De hecho, se podría ir más lejos. Todd Gitlin, uno de los mejores observadores de la izquierda estadounidense, lo ha expresado de forma dramática en su nuevo libro, The Twilight of Common Dreams: «¿Qué es una izquierda si no es, al menos de forma plausible, la voz de todo el pueblo? [9]

 La voz apagada del Nuevo Laborismo

 Y ha habido momentos en los que la izquierda no sólo ha querido ser la nación, sino que ha sido aceptada como representante del interés nacional, incluso por aquellos que no sentían especial simpatía por sus aspiraciones: en EEUU, cuando el Partido Demócrata rooseveltiano era políticamente hegemónico, en Escandinavia desde principios de los años treinta. En términos más generales, al final de la Segunda Guerra Mundial la izquierda, en casi toda Europa, representaba a la nación en el sentido más literal, porque representaba la resistencia a Hitler y sus aliados y la victoria sobre ellos. De ahí el notable matrimonio entre patriotismo y transformación social que dominó la política europea inmediatamente después de 1945.

 No menos en Gran Bretaña, donde 1945 fue un plebiscito a favor del Partido Laborista como el partido que mejor representaba a la nación frente al toryismo uninacional liderado por el líder de guerra más carismático y victorioso de la escena. Esto marcó el rumbo de los siguientes treinta y cinco años de la historia del país. Mucho más recientemente, François Mitterrand, un político sin compromiso natural con la izquierda, eligió el liderazgo del Partido Socialista como la mejor plataforma para ejercer el liderazgo de todos los franceses.

 Se podría haber pensado que hoy era otro momento en el que la izquierda británica podía reclamar hablar en nombre de Gran Bretaña -es decir, de todo el pueblo- contra un régimen desacreditado, decrépito y desmoralizado. Y, sin embargo, ¡qué pocas veces se oyen las palabras «el país», «Gran Bretaña», «la nación», «patriotismo», incluso «el pueblo» en la retórica preelectoral de quienes esperan convertirse en el próximo gobierno del Reino Unido!

 Se ha sugerido que esto se debe a que, a diferencia de 1945 y 1964, «ni el político ni su público tienen más que una modesta creencia en la capacidad del gobierno para hacer mucho»[10]. [10] Si esa es la razón por la que los laboristas hablan a la nación y sobre la nación con una voz tan apagada, es triplemente absurdo. En primer lugar, porque si los ciudadanos realmente creen que el gobierno no puede hacer mucho, ¿por qué deberían molestarse en votar a uno en lugar de a otro, o para el caso, a cualquier otro?

 En segundo lugar, porque el gobierno, es decir, la gestión del Estado en interés público, es indispensable y lo seguirá siendo. Incluso los ideólogos de la derecha loca, que sueñan con sustituirlo por el mercado soberano universal, lo necesitan para instaurar su utopía, o más bien distopía. Y en la medida en que lo consiguen, como en gran parte del mundo ex socialista, la reacción contra el mercado devuelve a la política a los que quieren que el Estado vuelva a ser socialmente responsable.

 En 1995, cinco años después de abandonar su antiguo Estado con alegría y entusiasmo, dos tercios de los alemanes del Este piensan que la vida y las condiciones en la antigua RDA eran mejores que las «descripciones e informes negativos» de los medios de comunicación alemanes actuales, y el 70% piensa que «la idea del socialismo era buena, pero teníamos políticos incompetentes».

 Y, lo que es más incontestable, porque en los últimos diecisiete años hemos vivido bajo gobiernos que creían que el gobierno tiene un enorme poder, que han utilizado ese poder realmente para cambiar nuestro país decisivamente a peor, y que, en sus últimos días siguen intentando hacerlo, y para embaucarnos en la creencia de que lo que ha hecho un gobierno es irreversible por otro. El Estado no desaparecerá. Es asunto del gobierno utilizarlo.

 El gobierno no consiste sólo en ser elegido y luego reelegido. Se trata de un proceso que, en política democrática, implica enormes cantidades de mentira en todas sus formas. Las elecciones se convierten en concursos de perjurio fiscal. Por desgracia, a los políticos, que tienen un horizonte temporal tan corto como los periodistas, les cuesta ver la política como algo distinto de una campaña permanente.

 Si Sin embargo, hay algo más allá. Ahí está lo que el gobierno hace y debe hacer, ahí está el futuro del país. Están las esperanzas y los temores del pueblo en su conjunto, no sólo de «la comunidad», que es una evasiva ideológica, o de la suma total de los que ganan y gastan (los «contribuyentes» de la jerga política), sino del pueblo británico, el tipo de colectivo que estaría dispuesto a aplaudir la victoria de cualquier equipo británico en la Copa del Mundo, si no hubiera perdido la esperanza de que todavía pudiera existir tal cosa. Porque no es el menor síntoma del declive de Gran Bretaña, con el declive de la ciencia, el declive de los deportes de equipo británicos.

 Fue la fuerza de la Sra. Thatcher, que reconoció esta dimensión de la política. Se veía a sí misma dirigiendo a un pueblo «que pensaba que ya no podíamos hacer las grandes cosas que una vez hicimos» -cito sus palabras- «aquellos que creían que nuestro declive era irreversible, que nunca podríamos volver a ser lo que fuimos»[11].] No era como otros políticos, en la medida en que reconocía la necesidad de ofrecer esperanza y acción a un pueblo desconcertado y desmoralizado. Una falsa esperanza, tal vez, y sin duda un tipo de acción equivocada, pero suficiente para permitirle barrer a la oposición, tanto dentro de su partido como fuera, y cambiar el país y destruir gran parte de él. El fracaso de su proyecto es ahora manifiesto.

 Nuestro declive como nación no se ha detenido. Como pueblo estamos más perturbados, más desmoralizados que en 1979, y lo sabemos. Sólo aquellos que pueden formar el gobierno post-Tory están demasiado desmoralizados y asustados por el fracaso y la derrota como para ofrecer algo que no sea la promesa de no subir los impuestos.

 Puede que ganemos así las próximas elecciones generales y espero que lo hagamos, aunque los tories no librarán la campaña electoral principalmente sobre los impuestos, sino sobre el unionismo británico, el nacionalismo inglés, la xenofobia y la Union Jack, y al hacerlo nos cogerán desprevenidos. ¿Creerán realmente los que nos han elegido que cambiaremos las cosas? ¿Y qué haremos si se limitan a elegirnos, encogiéndose de hombros al hacerlo? Habremos creado el Nuevo Partido Laborista. ¿Haremos el mismo esfuerzo para restaurar y transformar Gran Bretaña? Aún estamos a tiempo de responder a estas preguntas.

 [1] M.L. Pradelles de Latou, «Identity as a Complex Network», en C. Fried, ed., Minorities, Community and Identity, Berlín 1983, p. 79.

[2] Ibid. p. 91.

 [3] Daniel Bell, «Ethnicity and Social Change», en Nathan Glazer y Daniel P. Moynihan, eds., Ethnicity: Theory and Experience, Cambridge, Mass. 1975, P. 171

 [4] E.J. Hobsbawm, La era de los extremos. The Short Twentieth Century, 1914-1991, Londres 1994, p. 428.

 [5] O. Patterson, «Implications of Ethnic Identification», en Fried, ed., Minorities: Community and Identity, pp. 28-29. O. Patterson, «Implications of Ethnic Identification», en Fried, ed., Minorities: Community and Identity, pp. 28-29.

 [6] O. Patterson, «Implications of Ethnic Identification», en Fried, ed., Minorities: Community and Identity, pp. 28-29.

 [7] Jihang Park, «The British Suffrage Activists of 1913», Past & Present, nº 120, agosto de 1988, pp. 156-7.

 [8] «Puesto que el proletariado debe ante todo adquirir la supremacía política, debe elevarse a ser la clase nacional, debe constituirse en nación, él mismo sigue siendo nacional, aunque no en el sentido burgués». Karl Marx y Federico Engels, El Manifiesto Comunista, 1848, parte ii. La edición original (alemana) dice «la clase nacional»; la traducción inglesa de 1888 dice «la clase dirigente de la nación».

 [9] Gitlin, The Twilight of Common Dreams, Nueva York 1995, p. 165.

 [10] Hugo Young, «No Waves in the Clear Blue Water», The Guardian, 23 de abril de 1996, p. 13.

 [11] Citado en Eric Hobsbawm, Politics for a Rational Left, Verso, Londres 1989, p. 54.

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