lunes, 20 de mayo de 2019

Amancio Ortega se ha vuelto caritativo .



30-05-2018

Entrevista a Ehsan Ullah Khan
“Me duele que aquí la sociedad no reaccione contra la esclavitud”

La marea


Ehsan Ullah Khan, referencia mundial en la lucha contra el trabajo esclavo infantil, sostiene que Inditex, H&M, Apple y otras grandes multinacionales emplean mano de obra esclava en los países más desfavorecidos y ante la pasividad de las sociedades ricas.


Ehsan Ullah Khan gira la cabeza para escuchar con el único oído que conserva tras las torturas que ha sufrido en sus 12 estancias en las cárceles de Pakistán, su país natal, al que tiene vetado el acceso desde 2001. Pero el oído no es lo único que ha perdido a lo largo de una vida luchando contra la esclavitud, en particular la de los niños y las niñas. En el pasado sus enemigos intentaron asesinarle y le arrebataron la vida a sus compañeros de lucha, entre ellos Iqbal Masih, el niño esclavo al que ayudó a liberar en 1992 y que se convirtió en el símbolo mundial de la lucha contra la esclavitud. A pesar de todo ello, este activista pakistaní sigue predicando la no violencia. “Mi creencia es fuerte y creo que la tortura entraña tortura. Si torturas hoy, estarás sembrando eso mismo en el futuro”, asegura.
Ullah Khan (Baluchistán, 1947) es fundador y presidente del Frente de Liberación del Trabajo Forzado, una organización que desde su fundación ha logrado liberar a más de 100.000 personas en régimen de esclavitud. Su amigo Kailash Satyarthi, Nobel de la Paz en 2014, le define como “un mártir en vida”. Ullah Khan, que actualmente vive en Suecia como refugiado político, se encuentra estos días en España tratando de despertar conciencias en contra del trabajo forzoso al que las grandes multinacionales someten a sus trabajadores, principalmente en países de Asia, África y América Latina. Su labor en nuestro país no solo se limita a la palabra, sino que también promueve acciones de protesta, como cuando el año pasado animó a la gente a tirar sus prendas frente a una tienda de Zara en Santiago de Compostela en protesta por la explotación de refugiados sirios en algunos de sus talleres en Turquía.
¿Cómo definiría la esclavitud hoy en día?
Divido la esclavitud en dos partes: la de las personas adultas, y la de los niños, la esclavitud infantil, aquellos que son forzados a abandonar la escuela para trabajar en diferentes profesiones. Para mí, ellos son esclavos. Se viola su derecho a la infancia.
¿Y la esclavitud adulta?
La esclavitud adulta está ligada a la definición de las convenciones 5 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo, y la declaración de Derechos Humanos. Gente que obtiene menos de un dólar [al día] por su trabajo, incluso dos dólares, son esclavos. Actualmente la mayoría trabajan para multinacionales en diferentes lugares del mundo. Yo hago una diferenciación en función de su género: las mujeres son mayoría. Ellas trabajan en su puesto laboral y en casa se ocupan de otras muchas responsabilidades, como el cuidado de los niños. Por tanto, las mujeres son mayoría, incluso en la esclavitud infantil ellas están más victimizadas que los chicos.
¿Puede hablarme del rol de las mujeres en la lucha contra la esclavitud?
Creo que habría que hablar de la liberación de la mujer, en el ámbito individual y en el colectivo. Sin esto, será imposible liberar y educar a las nuevas generaciones. Las mujeres son profesoras, madres, líderes. Si ellas no reciben educación, no vivirán en mejores condiciones y no se cumplirán las aspiraciones de las nuevas generaciones. Las mujeres son víctimas de numerosos tipos de explotación, también abuso sexual en los lugares de trabajo.
La esclavitud es algo que parece lejano para una sociedad como la española, ¿cuáles son los factores clave para entenderla?
Hay que entender en primer lugar que la esclavitud infantil y adulta está controlada de una u otra forma por transnacionales. Esas personas están explotadas alrededor de todo el mundo. Podemos citar ejemplos como el de la industria minera o la textil, o de otra aún mayor: la industria armamentística. Hay muchos niños sufriendo violencia en diversos países por causa de este sistema económico, incluso se les usa como niños soldados en Afganistán, Camboya, varios países africanos… Esto va de la mano tanto de distintas industrias: la armamentística, la minera, para la extracción de oro, diamantes o el coltán de nuestros teléfonos. A fin de cuentas, todo tipo de esclavitud entraña un conflicto que está bajo el control del mercado. No podemos entender la esclavitud moderna sin diferenciarla de la esclavitud de épocas anteriores. Hoy en día los esclavos están controlados incluso por Internet, por el teléfono. Pongamos el ejemplo de la industria textil en España, Estados Unidos o Suecia: solo es necesario hacer un pedido a través del móvil mientras las multinacionales siguen contratando a gente local para que se encargue de buscar y emplear a esclavos en otros países, siempre buscando el producto al menor precio. Esto hace que crezca la competición entre empresas, pero también entre grupos étnicos en esos países. Hay ejemplos muy recientes, como el de los niños refugiados en las fábricas de Turquía. Si ahora vas a cualquier tienda de ropa, encontrarás productos fabricados en ese país. Esas mismas marcas también operan en Etiopía, Birmania, Bangladesh. ¿Por qué no empiezan a invertir para que haya mejores sistemas sociales, como los que tenéis en Europa? ¿Por qué no tratan de buscar los lugares con las mejores condiciones para tratar de expandirlas?
¿Qué interpretación tienen de la esclavitud estas multinacionales?
Han expandido una interpretación criminal de la esclavitud. Además, está incluso demostrado científicamente que la mano de obra infantil genera desempleo. No se obtiene nada. Cuando los niños van al colegio, la escuela se convierte en una ayuda, en una especie de industria que elimina pobreza, genera nuevos puestos de trabajo, edificios, profesores, libros y material educativo. ¿Por qué no invertimos más en la industria educativa en lugar de la armamentística? Siempre digo que tenemos que aumentar la producción de lápices, no de balas. Si produces más balas, crearás situaciones horribles. Si produces más bolígrafos, traerás entendimiento, serás capaz de acercar a las personas, porque no hay unidad posible sin conocimiento ni comprensión. Ningún médico ni científico puede curar una enfermedad sin conocer sus causas, y con la esclavitud sucede lo mismo. El gran enemigo de la sociedad reside en el control, en el conflicto armado, en la falta de entendimiento. Hace setenta años España estaba en guerra, pero gracias a la inversión en educación, ahora las personas tienen una mente más abierta y pueden diferir en sus ideas, pero saben que se resuelven debatiendo y no tomando las armas. En Pakistán, el Gobierno destina el 2% del gasto público a la educación. El 1% va a educación primaria, un 0,5% para corrupción, mientras que el 37% del presupuesto va a fines militares. Hace poco en Murcia me hablaron de una importante investigación contra el cáncer. Les dije que es necesario repasar nuestros estilos de vida, y prestar más atención a los niños. Fíjate en los menores que son explotados en la industria algodonera. Usan pesticidas, venenos que van a parar a sus pulmones y les provocan cáncer. En todo esto se crea una dinámica trágica en la que niños con poco dinero mueren, y otras personas son salvadas. Y si esos niños dejan de trabajar, sus padres morirán. Eso es inhumano. Se utiliza la religión, el orden social, el clientelismo, se esgrime la propiedad de la tierra para justificar esa esclavitud. En Europa, por ejemplo, los países que producen armas deberían dejar de suministrarlas a naciones con esclavos y hambre infantil. Fíjate: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad son los mayores exportadores de armamento. Y tienen poder de veto. Con toda certeza, si estos cinco países decidieran parar el suministro de armas a países con esclavos, en cuestión de un par de años la esclavitud estaría abolida.
¿Qué me dice de los informes de Responsabilidad Social Corporativa de estas grandes multinacionales?
Si, por ejemplo, lees los informes de Apple, creerás que están trabajando duro para respetar el medio ambiente, los derechos laborales… Sin embargo, muchas de sus trabajadoras en China del proveedor Foxconn se siguen suicidando porque no soportan sus condiciones laborales. Foxconn también emplea a menores de entre 13 y 17 años, pero no verás nada de esta actividad criminal en sus informes. Yo lo llamo ‘iWash’ o lavado de imagen.
La irrupción del comercio digital parece estar aumentando la distancia entre el consumidor y el trabajador esclavo que produce lo que compra. ¿Qué opina al respecto?
Mira este pequeño instrumento [señala los teléfonos móviles sobre la mesa]. Esta tecnología debería decirte que Zara, Inditex, etcétera, son esclavistas. En Internet puedes encontrar miles de páginas de información sobre esclavitud, puedes ver cuántas multinacionales emplean esclavitud infantil. Cuando compramos, deberíamos recordar que somos seres humanos con responsabilidades y que, si no podemos ayudar, al menos podemos no empeorar las cosas. Hace 10 años la excusa era que “no lo sabíamos”. Ya no tenemos excusa. Pide a tu gobierno y a las multinacionales que creen un fondo económico para vigilar y comprobar que cada producto tiene un origen limpio. Tenemos más medios que nunca para verificar todo esto. Si vendo o compro droga, la policía me arresta, ¿por qué? Porque es ilegal. La esclavitud también es ilegal, va en contra de la declaración de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución española, la religión. Si todos estos productos de Zara y demás empresas van en contra de esto, deberían ser declarados ilegales, como la droga. La gente que los vende, quienes los compran, deberían asumir su corresponsabilidad. Esta es la campaña que estamos promoviendo para despertar conciencias en la sociedad, porque sin eso no podremos cambiar nada. Una camisa no es producida por un solo país, sino que las grandes compañías, Inditex, H&M, obtienen el algodón en países como Etiopía o Egipto o Pakistán, la tejen y tiñen en India, la llevan a China para que jóvenes mujeres en circunstancias muy malas la ensamblen y finalmente la traen aquí.
¿Qué ha cambiado tras la tragedia del Rana Plaza en Bangladesh?
Hubo un gran debate a nivel internacional entre los consumidores y los gobiernos, pero fue temporal. Gobiernos y multinacionales hicieron grandes promesas, dijeron que darían dinero y dejarían de actuar así pero, ¿qué han hecho? Primero, establecer prohibiciones en Bangladesh y saltar desde ahí a Turquía y Birmania. Con el tiempo han olvidado sus promesas. Tanto gobiernos como multinacionales forman parte de esa mafia corrupta, de la parte alta, y creo que deberían bajar a la tierra. Aún perdura la discusión sobre el sector textil, a veces crece, otras decae. Yo me sigo reuniendo con diferentes colectivos y sectores, religiosos, sindicatos, estudiantes… El próximo año lanzaremos una campaña para concienciar y llamar a la acción, y contaremos con el apoyo de la Universidad de Salamanca. También la de Alicante ha prometido sumarse, así como el gobierno local de Valencia.
Si usted va a una zona industrial de Bangladesh o Pakistán, es posible que encuentre marcas como Primark, Mango, C&A, H&M… ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando llega a la Gran Vía de Madrid y encuentra las mismas marcas?
Bueno, me forzaron a salir de mi país y ahora no tengo nacionalidad ni puedo volver, pero cuando luchaba allí, me sentía poderoso pensando en todo el trabajo que tenía por delante. Pienso que los países que hablan de democracia, derechos y libertad deberían actuar mejor. Ahora vivo en Suecia, y cuando veo todas esas marcas, siento mucha rabia en mi interior. Siento más dolor en Europa que en Pakistán, porque allí al menos podía sentir que calaba mi mensaje contra la explotación. Aquí me duele que la sociedad, que valora los derechos humanos, no reaccione contra la esclavitud. Por eso reclamo a los medios de comunicación españoles y europeos que tomen un papel activo en la lucha por la libertad. En Europa tengo que luchar contra las multinacionales, que aquí tienen otra parafernalia y sistema, y a veces pienso que nunca habría imaginado que alguien mayor y extranjero como yo acabaría yendo de ciudad en ciudad para hablar de esto. Me reconforta pensar que podemos hacerlo, y lo estamos haciendo. Si nos unimos , seremos muy poderosos. Estos países solo son democráticos con ellos mismos y a veces ni eso, porque explotan a sus propios trabajadores.
¿Cómo le presionan las grandes corporaciones?
No recuerdo su nombre, pero allá por el año 97 empezó a presionarme una gran compañía sueca a raíz de mi trabajo con niños de India, porque yo coordinaba la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. El jefe de la compañía me llamó para pedirme que parase porque estaba mal. Le dije que no, y él me respondió que tendría problemas legales. Yo le respondí “si emprende acciones legales, estoy seguro de que perderá, porque yo tengo más pruebas que usted, y perderá mucho dinero. Mejor dedique ese dinero a sus trabajadores”. Cuando llegué de Pakistán recibí muchas amenazas por teléfono, incluso de muerte, pero trato de no tomármelo muy en serio. Ahora mi línea está protegida. Ya he cambiado tres veces de número. Tengo el apoyo de una gran organización, también me defienden en muchos colegios. Siento que no tengo nada que perder y eso me hace más fuerte. He estado 12 veces en la cárcel, he sido condenado por alta traición, he sido atacado por la mafia en repetidas ocasiones. Han intentado matarme y encarcelarme durante más de 50 años, es algo de lo que no hablo porque quiero quitarle importancia. Mira, si corres delante del perro, el perro corre detrás y pierdes el tiempo. Yo me quedo en mi sitio y que vayan a donde quieran, no me importa. Seguiré haciendo presión a favor de esta causa, hasta que no pueda más. Y soy musulmán, pero creo que cada cual debería cargar su propia cruz [saca un rosario blanco de su monedero], cada cual debería cargar con la responsabilidad que tenemos ante las otras personas y sus derechos.





Doce claves 'ocultas' de la donación de Amancio Ortega

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sábado, 18 de mayo de 2019

Justicia sin fronteras



”Justicia sin fronteras”

rafaelpoch

Publicado el eurasia .Cómo la justicia universal se configuró como instrumento de dominación imperial

 La Corte Penal Internacional (CPI) no investigará los crímenes de Estados Unidos en Afganistán, es decir su política de torturas a prisioneros, los bombardeos de objetivos civiles, como bodas y hospitales, así como la destrucción de infraestructuras. Todo ello a pesar de que según la investigación preliminar de la propia CPI, “había motivos para pensar que allá se han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad”.
 La decisión de marcha atrás adoptada por el tribunal de la ONU fue consecuencia de las amenazas de la administración Trump, expresadas por el peligroso demente consejero de seguridad nacional, John Bolton. En septiembre Bolton advirtió contra el propósito afgano de la CPI, diciendo que “Estados Unidos usará todos los medios necesarios para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados de la injusta persecución de ese tribunal ilegítimo” y que el tribunal no debe atreverse a investigar “a Israel u otros aliados de Estados Unidos”. Bolton amenazó directa y personalmente a los jueces y fiscales de la CPI con “impedir su entrada en Estados Unidos”, “incautar sus fondos en el sistema financiero de Estados Unidos y perseguirles judicialmente en el sistema penal de Estados Unidos”. “No cooperaremos con la CPI, no la asistiremos, no nos sumaremos a ella, la dejaremos morir por si sola porque todo lo que la CPI se propone ya está muerto para nosotros”.
 En marzo estas amenazas se concretaron en la retirada del visado de entrada en Estados Unidos a la fiscal jefe de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, quien respondió discretamente diciendo que seguiría investigando el asunto afgano “sin miedo”. El 12 de abril, una escueta nota de la CPI, que tiene su sede en La Haya, informaba que se abandonaba la investigación afgana “porque en este momento no serviría a los intereses de la justicia”. Trump caracterizó ese anuncio como “una gran victoria nacional”.
 Uno de los veteranos de la CPI, el juez alemán Christoph Flügge, ya dimitió en protesta por las amenazas de Bolton y dos semanas después un grupo de expresidentes y miembros de la CPI criticaron la rendición, expresando su “decepción”, “frustración” y “exasperación” por la situación. Ahí se acabó todo.
 Justicia de vencedores
 En un artículo publicado el 10 de abril, el juez español Baltasar Garzón explicaba que “la CPI es un órgano judicial independiente”. La simple realidad es que no tiene nada que ver con ello. Como tantas otras buenas y nobles ideas, la justicia sin fronteras representada por la CPI no solo no ha sido independiente sino que, más allá de pequeños logros, ha sido genuina expresión de la justicia de los vencedores.
 Esa es una maldición que persigue al concepto de justicia universal desde sus mismos inicios, desde los juicios de la posguerra mundial de Nuremberg y Tokio, donde las potencias ocupantes nombraron a jueces y fiscales y supeditaron todo principio de independencia a sus intereses, en particular al de utilizar los recursos humanos de los criminales vencidos en la “lucha contra el comunismo”. Eso determinó desde la inmunidad del emperador del Japón y otros criminales de guerra, hasta la superficial desnazificación emprendida en Alemania.
 El tribunal interaliado de Nuremberg que se proponía juzgar a cinco mil personas, no juzgó más que a 210. En diversos juicios, norteamericanos, británicos y franceses condenaron a 5000 personas, de las que apenas 700 lo fueron a la pena capital. Más del 90% de los miembros de las SS ni siquiera llegaron a ser juzgados. Los nuevos conceptos acuñados como el de “guerra de agresión” o “crímenes contra la humanidad” se redujeron a las guerras y los crímenes de los perdedores.
 “Solo una guerra perdida es un crimen”, sentenció el juez indio Radhabinod Pal, tras su experiencia en los procesos de Tokio.
 La misma consideración vale para el Tribunal penal para la antigua Yugoslavia creado por la ONU en 1993 y que actuó como el brazo judicial de la OTAN, reduciendo el drama yugoslavo a una “agresión serbia”, ignorando enormidades como la expulsión de 200.000 serbios de Croacia, la intervención extranjera y sin entrar en los crímenes de la OTAN matando civiles, usando bombas de fragmentación, destruyendo infraestructuras y medios de comunicación. ¿Cómo iba a ser de otro modo, si, como explicó el infame portavoz de la OTAN, Jamie Shea, “fueron los países de la OTAN quienes crearon el tribunal, lo financiaron y sostuvieron diariamente”? La CPI siguió esa misma estela.
 Situación delicada, papel inequívoco
 Especialmente tras el fin de la guerra fría, Estados Unidos disfrazó su nacionalismo de protección de la mundialización y del internacionalismo. En ese contexto, la justicia universal, la política de derechos humanos (no confundir con los derechos del hombre y el ciudadano) y la ideología de las guerras humanitarias contenida en la fórmula “responsabilidad de proteger”, casaban muy bien con ese internacionalismo imperialista al que tantas ONG´s se apuntaron. Al mismo tiempo, Washington fue consciente de que un tribunal penal internacional con jurisdicción universal podía suponer un peligro para sus propios crímenes. Eso colocó a la CPI en una posición delicada desde sus inicios. Estados Unidos e Israel (así como China, Cuba, Siria, Irak y Yemen), votaron por distintos motivos contra la creación del tribunal, que se instituyó en marzo de 2003. Previamente Washington elaboró un arsenal legislativo la American Servicemembers Protection Act que no solo excluye a su personal de cualquier investigación sino que autoriza al Presidente a liberar usando la fuerza militar si es necesario (“utilizar todos los medios necesarios”, dice), a cualquier detenido en nombre de la CPI.
 Financiada en un 75% por países europeos y Canadá (Alemania un 20%), la CPI ignoró la guerra de Irak desde el principio. Su fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, un magistrado argentino con un papel ambiguo durante la dictadura y grandes dotes de adaptación al poder establecido, dio garantías de que nunca emprendería causas contra ciudadanos americanos, tampoco hizo nada contra Israel tras las mortíferas masacres de 2008 en Gaza. La CPI no existió en Libia más que para criminalizar al bando perdedor, y, como explicaba Tor Krever en un completo informe publicado en 2014 “ha institucionalizado la impunidad” y el doble rasero.
 La simple realidad no es solo que la CPI no es “independiente”, como dice Garzón, sino que ha legitimado las intervenciones humanitarias y los cambios de régimen, protegiendo a las potencias imperiales y siendo cómplice de su belicismo, responsable de los peores crímenes y las mayores mortandades en lo que llevamos de siglo. 

jueves, 16 de mayo de 2019

Sombría Polonia .

Lúgubre Polonia

Mundo obrero


El nacionalismo siempre conduce al precipicio y la guerra. Pronto hará treinta años que sucumbió la Polonia socialista, y veinte desde que la nueva Polonia nacionalista y conservadora se incorporó a la OTAN, aunque los peligros vienen de lejos. Ahora, con la crisis en Ucrania y hablando de nuevo sobre Crimea, Estados Unidos y la OTAN aumentan sus tropas en todo el este de Europa, junto a las fronteras rusas.Los turcos bautizaron a Polonia como Lechistán, y, en los años de Adam Jerzy Czartoryski (un príncipe varsoviano que fue ministro de asuntos exteriores del zar, y que después participó en la revuelta de 1830 y tuvo que exiliarse a París), los católicos polacos llegaron a un acuerdo con el imperio otomano: en 1842, Czartoryski, que vivía en el hotel Lambert parisino, viajó al Turco para alquilar un territorio al sultán, donde se establecieron oficiales polacos derrotados para vivir en Turquía como si fuera Lechistán, y combatir junto a ella contra Rusia. Durante la guerra de Crimea, también Mickiewicz, el poeta nacional polaco, llegó a Estambul, para luchar contra Rusia, enrolando a soldados ucranianos, polacos e incluso judíos, a quienes denominó “los húsares de Israel” dentro de una división de cosacos otomanos: la guerra de Crimea enfrentaba al imperio turco, Francia, Gran Bretaña y el Piamonte-Cerdeña de Víctor Manuel II y Cavour contra Rusia. Esa alianza hoy olvidada de católicos polacos con musulmanes otomanos todavía se recuerda en algunos lugares de Turquía, como en Polonezköy, donde pueden verse retratos de Ataturk junto a otros del papa anticomunista polaco Karol Wojtiła.
Esa obsesión antirrusa del catolicismo nacionalista polaco fue una constante incluso durante las décadas de la Polonia socialista, aunque, entonces, el gobierno comunista de Varsovia la contuvo e impulsó la solidaridad con otros pueblos y no la guerra. Después, con la revancha anticomunista, de nuevo el conservadurismo nacionalista se apoderó del país. La gran paradoja de esa Polonia nacionalista, que hace treinta años enterraba con premura el socialismo real y clamaba por la libertad, es que ha vivido desde entonces en la revancha y la contrarrevolución, borrando las huellas del socialismo, persiguiendo a los veteranos de las Brigadas Internacionales, derribando los recuerdos de la resistencia antifascista, enterrando la memoria del Ejército Rojo que liberó a Polonia de los nazis, aceptando colaborar en la opresión de otros países, en Afganistán o en Iraq, en Siria o en Ucrania.
En 2003, el intelectual polaco Adam Michnik (junto al al checo Václav Havel y el húngaro György Konrád), justificaba a George W. Bush y sus mentiras y consideraba la sanguinaria guerra e invasión de Iraq que lanzó Estados Unidos como “políticamente justificada”. Bronislaw Geremek, que fue ministro de exteriores en Varsovia, calificó la guerra como una “intervención humanitaria”, aunque causó centenares de miles de muertos y destruyó Iraq. El gobierno de Kwasniewski decidió participar en la guerra junto a Washington, aunque nada se le había perdido a Polonia en las orillas del Tigris. Después, el Pentágono encargó a las tropas polacas que ocupasen algunos territorios iraquíes: en las ruinas de Babilonia, tras haber arrasado el museo y parte del yacimiento, el general polaco Andrzej Tyszkiewicz y sus soldados posaron satisfechos ante una gran bandera norteamericana.
Esa es la Polonia de las últimas décadas: mientras la progresista permanece oculta, el nacionalismo polaco acompaña al imperialismo norteamericano en sus aventuras militares, acepta el escudo antimisilesdel Pentágono, acoge cárceles secretas de la CIA, colabora con Washington en las operaciones de acoso a Cuba y Venezuela, entrena a los paramilitares que actuaron en los días del golpe de Estado del Maidán en Ucrania, en 2014. Ahora, Jarosław Kaczyński, principal dirigente del partido de extrema derecha que gobierna el país, recibe al dirigente de ese nuevo partido fascista que ha surgido en España, a la vez que el presidente, Andrzej Duda, ofrece a Washington abrir una gran base militar en Polonia con el nombre de Camp Trump.
Pobre Polonia, decía luchar por su libertad y ha quedado convertida en un aplicado agente norteamericano en la Unión Europea; triste Polonia, gobernada por la extrema derecha; lúgubre Polonia, atizando el militarismo y el acoso a Moscú, pidiendo a Estados Unidos que destaque en las fronteras de Rusia más soldados, más armamento, más angustia y miedo.



martes, 14 de mayo de 2019

El feminismo y los estudios culturales.

 

Resultado de imagen de feminismo

"Fortunas del feminismo"

  Nancy Fraser
"Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis neoliberal"
Nancy Fraser (2015): Fortunas del Feminismo. Del capitalismo gestionado por el Estado a la crisis neoliberal, Madrid, Traficantes de Sueños.
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Fortunas del feminismo recoge diez ensayos de Nancy Fraser en un periodo de veinticinco años de carrera intelectual. El camino que nos lleva de un ensayo a otro está edificado sobre los cimientos de la propuesta política de la autora, que realiza una llamada a la recuperación del radicalismo en el movimiento feminista actual. Mediante su trabajo nos recuerda que las sucesivas crisis que está sufriendo el régimen neoliberal, agudizadas por la globalización, amenazan la igualdad en un sentido multidimensional y que en este escenario, las mujeres ocupan una posición crítica entre patriarcado y neoliberalismo.
Partiendo de la necesidad de hacer frente a dicha situación mediante la reformulación de la lucha feminista, Fraser analiza la evolución de dicho movimiento partiendo de la década de los setenta del siglo veinte hasta el presente, y entendiendo el feminismo como “un drama en tres actos” (2015: 17) que abordaremos brevemente a continuación. En el primer acto, el feminismo radical desveló el androcentrismo inherente al sistema capitalista mediante la afirmación: “lo personal es político” (Millett, 1969-2010). En el segundo acto, las luchas pusieron el acento en la política cultural de la diferencia, en un tiempo en que el neoliberalismo se centraba en acrecentar la desigualdad social. En el tercer acto, que se corresponde con la época actual, se estaría produciendo una revitalización del feminismo radical, preparado para denunciar las injusticias derivadas del auge de los mercados que escapan al control estatal.
La obra sigue esta lógica feminista en tres actos, conformándose su estructura en tres partes. La primera de ellas se centra en el tiempo en que el feminismo elaboraba una crítica al Estado del bienestar y buscaba su transformación hacia la justicia de género desde la radicalización del feminismo socialista. Nos referimos al feminismo de la segunda ola que emergió junto a los nuevos movimientos sociales de 1960 que cuestionaban los principios fundamentales de la modernidad capitalista (materialismo, consumismo, control social, represión sexual, etc.). Y es que, más allá de las mejoras que el proyecto moderno ha supuesto para la Humanidad, “también es cierto que su programa filosófico y epistemológico se ha agotado, al menos en su versión más claramente racionalista y ratio-universalista” (Reverter, 2001: 96-97). Reconociendo esta idea, el movimiento feminista se centró en politizar lo personal, permitiendo que las luchas por la distribución socioeconómica integraran la justicia de género. De este modo, Fraser nos recuerda que “las primeras feministas de la segunda ola no intentaron tanto desmantelar el Estado del bienestar como transformarlo en una fuerza capaz de ayudar a superar la dominación masculina” (2015: 20).
A tenor de esta realidad y para comenzar a perfilar su propuesta, la autora realiza una crítica a la obra de Jürgen Habermas (1987a, 1987b). Señala que dicho autor no consiguió alcanzar todo el potencial radical de su propia crítica a la socialdemocracia, ya que estableció distinciones analíticas (2015: 48) entre lo público y lo privado, y la reproducción simbólica y material, olvidando el sexismo que las vertebraba, y por tanto, naturalizando la desigualdad de género. Sin embargo, la autora sostiene que la propuesta dialógica habermasiana aún tiene mucho que aportar a la teoría feminista. Así, desde una lógica comunicativa, Fraser rescata las categorías habermasianas, releyéndolas y haciendo visible su implicación con el género para pasar de la satisfacción de necesidades objetivista propia de los Estados del bienestar actuales, a la interpretación de las necesidades desde una perspectiva de género.
En la misma línea de discernir las necesidades de justicia de la población, acusa a Michel Foucault de centrar su crítica en los discursos expertos y pasar por alto el potencial de las intersecciones que se dan entre estos y los discursos de oposición, de donde Fraser intenta rescatar los diferentes discursos sobre “las necesidades” para guiar a un nuevo activismo feminista. Su crítica filosófica a estos dos autores nos permite ver que “la determinación de las necesidades básicas de las personas no puede hacerse desde un lugar central y bajo un punto de vista que pretende no tener lugar alguno, refiriéndose a ciudadanos abstractos, ni puede estar sujeta a un conjunto único de criterios supuestamente absolutos” (Olivé, 2010: 56). Es decir, Fraser amplía la lógica discursiva habermasiana para integrar la cuestión de género y se nutre de los lugares de choque entre Estados y grupos sociales para detectar las necesidades de justicia que se encuentran en la sociedad y frente a las que los diferentes Estados deben responder.
El segundo acto arranca con la llegada de los años ochenta y el resurgimiento del neoliberalismo, que provocó el abandono de la redistribución igualitaria por parte de los Estados. Hablamos de un contexto en el que el Estado del bienestar dejó de ser un punto de partida para las feministas, que se unieron a programas políticos más oportunos para una época postsocialista. Se trata de la política del reconocimiento, una política de identidad que se dirigía más al valor de la diferencia cultural que a la consecución de una redistribución y una igualdad económica. En este sentido, mientras que en el primer acto el acento se ponía en transformar las bases de la economía política, en este segundo acto, el énfasis se situó en la cultura (p.167). Y es que, aunque la primera intención del feminismo al abordar las problemáticas culturales fue la de ampliar el abanico de sus luchas, lo que acabó teniendo lugar fue una canibalización del feminismo cultural sobre la economía política, hecho que a la autora le parece contraproducente para los fines mismos del movimiento por la igualdad.
Para poner en evidencia dicha cuestión, la autora revela el carácter contraproducente del feminismo lacaniano (2015: 169-188) y se defiende de las críticas lanzadas contra su teoría por parte de autoras como Judith Butler (2015: 207-218). Y es que desde el punto de vista de Fraser, estas corrientes del feminismo cultural, al evitar un análisis profundo de las estructuras institucionales, acaban convirtiendo el lenguaje y la subjetividad en los focos de lucha del feminismo, cuando la verdadera transformación reside centralmente en las estructuras materiales de la sociedad. Des este modo, sostiene que el auge del esencialismo en la corriente feminista ha contribuido al progresivo desligamiento entre reconocimiento y redistribución en las últimas décadas. Por esta razón, según su perspectiva, se hace indispensable reconocer que la subordinación de género se cruza con otros ejes de subordinación que deben articularse conjuntamente para conseguir una verdadera justicia de género.
Por tanto, la posición de la autora defiende que el giro cultural debería complementarse con el feminismo socialista, combinar la política del reconocimiento con la redistribución feminista a través de la concepción de la justicia como paridad de participación (2015: 195). Al fin y al cabo, lo que no nos permite olvidar Fraser a través de sus ideas es que “el Estado Liberal vino a consolidar la estructura patriarcal a través de argumentos filosóficos y herramientas jurídicas” (Salazar, 2012: 98), que precisan de una deconstrucción profunda que vaya más allá de los aspectos culturales y se centre en los económicos y políticos.
La tercera parte analiza las peculiaridades del nuevo escenario global y de las fuerzas transnacionales que vertebran los diferentes escenarios del mundo, y cómo esto afecta a las reclamaciones feministas. En esta línea, Fraser señala tres tipos de obstáculos producto de estas confluencias que impiden la participación política en igualdad dentro de las sociedades democráticas: la distribución (economía política), el reconocimiento (cultura) y la representación (política). Así pues, en un contexto como el actual se pasa del qué de la justicia al quién debería ser considerado para la justicia y cuál es su comunidad. En este marco, la autora acusa a un peligroso vínculo entre el feminismo y el neoliberalismo (2015: 279). Para dar explicación a esta afirmación expone tres elementos en los que se ha producido dicha peligrosa alianza. En primer lugar, el énfasis del feminismo en las cuestiones culturales y su progresivo olvido de las cuestiones materiales, ha acabado por hacer un favor al neoliberalismo, siempre interesado en sofocar las luchas sociales que se centran en aspectos socioeconómicos. En segundo lugar, la crítica feminista al salario familiar ha acabado por legitimar otro interés del capitalismo, esto es: la familia con dos proveedores, mujeres que trabajan fuera y dentro del hogar. Es decir, una mujer doblemente explotada bajo la apariencia de mayor igualdad. En tercer lugar, la crítica del feminismo al paternalismo del Estado del bienestar ha acabado confluyendo con la crítica del neoliberalismo al Estado niñera. Esto ha supuesto que cada vez exista menos intervención estatal en las cuestiones de justicia social, dejando a los mercados actuar libremente.
En definitiva, Fraser destaca que un feminismo que pretenda ser efectivo en un contexto caracterizado por el auge feroz de los mercados, el neoliberalismo y la globalización, debe saber articular tres componentes de la justicia: redistribución, reconocimiento y representación (2015: 22). Al mismo tiempo, dicho feminismo debe hacer confluir su lucha con otras fuerzas políticas anticapitalistas (Tormey, 2015) que se articulen en los diferentes contextos territoriales, inevitablemente interconectados. Sin duda, Fortunas del feminismo recoge las principales ideas de Nancy Fraser, quien a través de un recorrido por el desarrollo de la lucha feminista, nos propone abrir nuevos caminos para un feminismo que se mueva en un contexto globalizado, digital y transnacional. Su receta queda clara: redistribución, reconocimiento y representación desde el feminismo socialista para recuperar la radicalidad inherente a toda la lucha por la igualdad.
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BIBLIOGRAFÍA
Habermas, J. (1987a): Teoría de la acción comunicativa Vol. I.
Racionalidad de la acción y racionalización social, Madrid, Taurus.
Habermas, J. (1987b): Teoría de la acción comunicativa Vol. II. Crítica de la razón funcionalista, Madrid, Taurus.
Millett, K. (2010): Política Sexual, València, Ediciones Cátedra. [1ª Edición en inglés 1969].
Olivé, L. (2010): «Multiculturalidad, interculturalismo y el aprovechamiento social de los conocimientos», Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi, 10, pp. 45-66. [http://dx.doi.org/10.6035/Recerca].
Reverter, S. (2001): «Feminismo y democracia: una crítica antifundamentalista», Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi, 1, pp.
95-108. [http://dx.doi.org/10.6035/Recerca].
Salazar, O. (2012): «Otras masculinidades posibles: hacia una humanidad diferente y diferenciada», Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi, 12, pp. 87-112. [http://dx.doi.org/10.6035/Recerca.2012.12.6].
Tormey, S. (2015): «Democracy will never be the same again: 21st Century Protest and the Transformation of Politics», Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi, 17, pp. 107-128.
[ttp://dx.doi.org/10.6035/Recerca.17.6].
Texto completo en: https://www.lahaine.org/eO5

sábado, 11 de mayo de 2019

El fracaso de Trump en Venezuela .


Fracaso tras fracaso
Maduro flota, Trump se hunde y lleva a EE.UU. a una crisis institucional

CLAE / Rebelión


A los fracasos de inteligencia y las erróneas evaluaciones políticas sobre la realidad venezolana, las retóricas bélicas contra Irán, las amenazas a México por la crisis migratoria y a China en medio de una guerra económica, mientras la Marina de EEUU asaltaba un carguero norcoreano, se suma la crisis constitucional ante la negativa de la administración de Donald Trump a colaborar con el Congreso y el resurgimiento del fantasma de un juicio político al presidente.Desde el fallido golpe de Estado del 30 de abril contra el gobierno venezolano, apoyado explícitamente por el régimen de Trump, analistas y políticos se sorprendieron por los fracasos de inteligencia y evaluaciones políticas erróneas del trío de halcones integrado por el secretario de Estado, Mike Pompeo; el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y el encargado especial para Venezuela, Elliott Abrams, quienes insistían que derrocar al gobierno venezolano iba a ser fácil y rápido. Pero el presidente constitucional Nicolás maduro sigue en el poder.
Los principales medios de prensa estadounidenses señalan que el propio Trump está frustrado y duda sobre la estrategia agresiva hacia Venezuela, e incluso se queja de haber sido engañado sobre qué tan fácil sería sustituir a Maduro con el opositor Juan Guaidó. Fuentes oficiales filtraron a la prensa que lo ocurrido el 30 de abril ha dejado a un lado la opción de una respuesta militar estadounidense y que ahora se está considerando un plazo más largo para lograr el objetivo de un cambio de gobierno en el país sudamericano.
Pompeo y Bolton han insistido ante los medios en que no hubo ninguna falla de inteligencia, que siguen apoyando a Guaidó, y que estas cosas a veces toman su tiempo. Pero analista de Washington señalan que los días de Pompeo al frente de la cancillería están contados, luego que, no lograra mantener a sus cómplices y aliados en la lucha contra Venezuela, que van buscando soluciones pacíficas, más allá de las presiones, chantajes (incluso del FMI y del banco Mundial) y amenazas bélicas.
El terrorismo mediático fue parcialmente derrotado por la realidad, y los planes estadounidenses van llevando a profundas crisis a sus aliados latinoamericanos: los militares colombianos y brasileños se han opuesto a participar en aventuras militares (y menos aún ser carne de cañón de los intereses estadounidenses), mientras las profundas crisis sociales y económicas corroen a otros gobiernos neoliberales de la región, chantajeados por los préstamos del Fondo Monetario Internacional (por ejemplo, se teme que Mauricio Macri no pueda terminar su mandato).
Por su parte, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, advirtió nuevamente que Estados Unidos está en una crisis constitucional por la negativa del regimen de Trump a cooperar con las investigaciones y controles legislativos, en un enfrentamiento que ya involucra al mismo hijo del presidente, conminado a presentarse ante un comité del Senado.
El New York Times insistió en que el caos se ha apoderado de los altos funcionarios de la administración Trump, tras el fracaso de los planes golpistas. «Mientras que la administración comenzó de manera segura en Venezuela, reuniendo a decenas de países en contra del presidente venezolano, los críticos dijeron que su respuesta se había vuelto caótica y caótica a medida que la crisis se extendía», señaló. John Bolton acusó a militares venezolanos de abandonar el plan, y el secretario de Estado, Mike Pompeo endilgó la responsabilidad en los gobiernos ruso y cubano.
Para el medio esta actitud evidenció el «desespero» ante el fracaso, llevando a estos funcionarios a contradecir a la misma CIA que «ha concluido que Cuba está mucho menos involucrada y su apoyo ha sido mucho menos importante de lo que creen los altos funcionarios de la administración».
Desde que el “autoproclamado” Juan Guaidó decidió nombrar un “embajador” para que ocupara la sede diplomática de Venezuela en Washington, un colectivo internacional denominado Code Pink se instaló en esa porción de territorio venezolano, para defender la legalidad consagrada en el derecho internacional, específicamente lo establecido en la Convención de Viena del año 1961.
“Los asedian, agreden, bloquean y hasta les cortan la electricidad. ¿No les suena conocido? Es la misma estrategia ilegal del imperialismo contra el pueblo venezolano”, dijo el canciller venezolano Jorge Arreaza, en clara alusión al asedio a la embajada de Cuba durante el golpe contra el entonces presidente Hugo Chávez en 2002.
El texto desaparecido del Departamento de Estado
Seis días antes del fallido golpe del autoproclamado «presidente interino» Juan Guaidó, junto con un puñado de desertores militares, el Departamento de Estado de EEUU publicó un texto informativo titulado: «Fact Sheet: U.S. Actions on Venezuela« en el que confesaba y celebraba como parte de sus «logros» los gravísimos ataques y daños a la economía de Venezuela. Tras apercibirse de que el texto evidenciaba el papel central de la administración Trump en el intento de golpe y de la naturaleza incriminatoria de su publicación, el Departamento de Estado actuó rápidamente para eliminar la página.


La periodista Anya Parampil, del sitio web The Grayzone, publicó una copia completa del informe eliminado, que refuta cualquier afirmación de que Guaidó sea independiente de Washington, ya que el Departamento de Estado encabezó su lista de logros o «resultados clave» con respecto a Venezuela, el hecho de que Guaidó haya «anunciado su presidencia interina (…) en enero».

El documento, se jactaba sádicamente de que la política de EEUU había impedido que el gobierno venezolano participara en el mercado internacional y había llevado a la congelación de sus activos en el extranjero y que unos 3,2 mil millones de dólares de los venezolanos habían quedado congelados.

También presume que gracias a sus políticas “la producción de petróleo de Venezuela cayó a 736 mil barriles por día en marzo (una caída del 36% de la producción en dos meses), reduciendo sustancialmente” los ingresos del gobierno y celebra que «la empresa de refinación Citgo ahora esté bajo el control del gobierno interino».

Grupo de Contacto: hay que negociar

En Costa Rica, el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, integrado por países de la Comunidad del Caribe (Caricom) Bolivia, México, Ecuador, Uruguay, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, se reunió con el objetivo de seguir abordando la situación en el país suramericano, donde recientemente grupos de la extrema derecha intentaron dar un golpe de Estado y generar violencia.

La alta representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, reiteró el rechazo a una intervención militar, tal como han amenazado voceros del gobierno estadounidense, y destacó la necesidad de encontrar una solución pacífica a la situación. “Los recientes acontecimientos son el resultado de la desesperación y la falta de un horizonte político… y confirman la urgente necesidad de un proceso político y pacífico que lleve a una solución democrática y venezolana enmarcada en la Constitución de Venezuela”, dijo.

Mogherini fue mucho más cauta que en meses anteriores, separándose de la presiones de Washington a sus “aliados”, e indicó que la comunidad internacional y los países regionales deben encontrar una solución “venezolana” dejando atrás la injerencia. “Sin injerencia, sin ninguna forma de despliegue militar, pero creando las condiciones para que surja un proceso político”, explicó.

También el canciller español Josep Borrell, criticó al presidente Donald Trump por comportarse como un “cowboy dispuesto a desenfundar” contra Venezuela, e insistió en que Madrid rechaza “las presiones que bordean las intervenciones militares”, porque “esa no es la solución para Venezuela”.
Mirko C. Trudeau: Economista-jefe del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), Analista de temas de EEUU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)
http://estrategia.la/2019/05/10/fracaso-tras-fracaso-maduro-flota-trump-se-hunde-y-lleva-a-eu-a-una-crisis-institucional/



 y ver  ...


viernes, 10 de mayo de 2019

España y el imperialismo estadounidense

España, al servicio del imperialismo estadounidense


 Nuestro gobierno es el más fiel servidor del Departamento de Estado de EEUU. Reconocer al golpista venezolano Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela, aceptar a un enviado de éste como su representante diplomático y ahora alojar a Leopoldo López y a su familia en la embajada española en Caracas, supera con mucho de lo que yo creía capaz a Pedro Sánchez y su gobierno para cumplir las órdenes de Donald Trump.
Nunca en la historia de nuestras relaciones internacionales, especialmente con América Latina, los gobiernos españoles, ni siquiera los de la dictadura, mostraron un servilismo, una entrega tan absoluta a los deseos y los mandatos del imperio norteamericano.
Y no solamente Sánchez ha aceptado a ese fantoche de Guaidó que se autoproclama presidente de Venezuela, para lo que nadie le ha elegido ni existe legislación ni nacional ni internacional que lo avale, sino que la propaganda oficial, expresada en declaraciones repetidas del presidente del gobierno español y de su ínclito ministro de Exteriores, Josep Borrell –el que nos explicaba que los misiles que enviamos a Arabia Saudí son tan inteligentes que sólo matan a quien tienen que matar-, se dedica a engañar al pueblo español.
A Nicolás Maduro lo ha elegido el pueblo venezolano en elecciones libres, absolutamente legales y legítimas. El gobierno bolivariano ha ganado las elecciones 19! veces de 20. Los observadores internacionales que han asistido a los numerosos comicios celebrados en el país, han explicado que el sistema de votaciones, reparto de colegios y recuento de votos tiene todas las garantías, con una seguridad muy por encima de la que existe en EEUU, cuyas sospechas de pucherazos varios se han hecho famosas.
La afirmación repetida de que el régimen venezolano es una dictadura quedará escrita para la historia como una de las grandes infamias de la propaganda política española. En Venezuela existen toda clase de partidos políticos, desde el Partido Comunista a los de extrema derecha como el que alberga a Guaidó y Leopoldo López,  que tienen locales abiertos y hacen su propaganda cotidianamente, se presentan a elecciones que se convocan cumpliendo los plazos de la Constitución, y realizan las campañas sin obstáculo alguno. En el país se publican decenas de periódicos, revistas, panfletos y libros, se emiten programas de radio y de televisión, se celebran conferencias, coloquios, debates, de la oposición –fragmentada en varios partidos-, en los que se critica acerbamente el régimen bolivariano sin que nadie se lo impida.          Cuando en el día de hoy, 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa las asociaciones de periodistas nos explican que en México han sido asesinados cien profesionales desde 2006,  cuatro este año, ayer el último.  Que incluso en Europa: Eslovaquia y Malta, han sido víctimas de tiroteos dos, un hombre y una mujer, sin que se hayan aclarado los crímenes, en España los grandes medios de comunicación al servicio del Capital, únicamente balbucean que en Venezuela se persigue la libre información, sin que ninguno ofrezca datos ni cifras concretas de tal persecución.
Para los españoles debería resultar insultante que se afirme que el régimen de Maduro es una dictadura, cuando todos los días la Televisión Española nos obsequia con las imágenes de los mítines, las manifestaciones, las ruedas de prensa, pública y multitudinariamente en las calles,  que monta la oposición, que  se ha alzado en sublevación pretendiendo usurpar la presidencia a Maduro. Para un país como España que ha sufrido una de las más crueles dictaduras del mundo durante cuarenta años, debería ser motivo de indignación oír declarar a su presidente del gobierno, elegido democráticamente, y a sus ministros, que en Venezuela se vive una dictadura.
El gobierno venezolano muestra una permisividad impensable en Francia o en Alemania ante las proclamas de los políticos de la oposición que exhortan a sublevarse a la población civil y, lo más peligroso de todo, al Ejército. En esos países, como en tantos otros democráticos, tales llamamientos   serían reprimidos inmediatamente y encarcelados quienes lo hicieran.
Leopoldo López fue condenado a quince años de prisión por incitar, ordenar y organizar, con otros secuaces de los partidos de derecha, las “guarimbas”, disturbios, que desencadenaron turbas de delincuentes y mercenarios en 2014, durante varios meses, y que ocasionaron decenas de muertos, destrozos de mobiliario público, incendios de colegios y hospitales, asaltos y lesiones a la población civil y a las fuerzas de orden público.
La oligarquía venezolana, con la complicidad de la burguesía y la clase media reaccionarias, ha estado saboteando el régimen socialista bolivariano desde que se implantó. Ninguna de ellas quiere abandonar los privilegios de ser los lacayos de EEUU y dejar de recibir los beneficios de las coimas y comisiones que perciben por la entrega del petróleo a las grandes corporaciones norteamericanas, mientras el pueblo venezolano vivía en los ranchitos de cartón de las colinas, sin agua, descalzo, hambriento e infestado de parásitos.
El gobierno bolivariano ha montado la sanidad y la educación públicas, que no existían; ha creado una decena de Universidades populares; ha construido miles de viviendas, con los servicios de electricidad y agua corriente, para los trabajadores, y ha facilitado a las mujeres la posibilidad de organizar un Movimiento Feminista que se extiende a lo largo y lo ancho de todo el país. Y todo eso no puede consentirlo la burguesía que ha reinado en Venezuela durante doscientos años, apropiándose de los recursos naturales del país y hundiendo al pueblo en la miseria.
Para colofón de la tolerancia que está mostrando el Presidente Maduro y sus ministros, el Fiscal General del Estado y la policía encargada de reprimir los disturbios, el criminal Leopoldo López, que ha quebrantado su arresto domiciliario en el que cómodamente cumplía su condena, se presenta ante la prensa en la entrada de la embajada española y se dedica durante más de media hora a hacer declaraciones subversivas que pretenden exaltar los ánimos de la población y lograr que el Ejército se subleve contra el Presidente legítimo, sin que fuera detenido inmediatamente. Sería bueno recordar el encierro que Julian Assange ha soportado durante siete años por no poder salir ni a la puerta de la embajada ecuatoriana en Londres, y cómo ha sido detenido y encarcelado recientemente por actuaciones muchísimo menos peligrosas de las que están cometiendo desde hace años los políticos de la derecha venezolana.
El embargo de los recursos financieros y de los productos de primera necesidad, así como la bajada de los precios del petróleo, organizados por EEUU, han llevado al país a la situación de carestía económica que ahora denuncian Guaidó y sus conmilitones, cuando son los principales instigadores y cómplices de semejante situación. Porque la derecha venezolana, como la de todo el mundo, antes hundirá en la miseria a su pueblo y lo llevará a una confrontación armada en la que será masacrado, que aceptar que en su país se construya el socialismo.
Y no solo la conducta de EEUU en Venezuela debería ser motivo de una condena internacional, en vez de las miserables genuflexiones que los gobiernos europeos realizan para ponerse al servicio del imperio, sino que la actuación del gobierno de ese país durante casi doscientos años tendría que servir de repudio de cualquier político decente.
Desde 1846 el Ejército estadounidense ha invadido casi todos los países al sur de Río de Grande, comenzando por una infame guerra arrebató a México el norte de su territorio, incluidos los Estados de California y Texas. En 1898 el gobierno de EEUU provocó la guerra contra España en Cuba y a su derrota nuestro país tuvo que ceder Puerto Rico, Hawai, Guam y Filipinas. A partir de ese momento Panamá, República Dominicana, Honduras, Granada, El Salvador, Cuba , Guatemala, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Venezuela, han sido ocupadas militarmente, bombardeadas, saqueadas, intervenidas económicamente, impuestos sus gobernantes y falsificadas sus elecciones por el Departamento de Estado de EEUU y la CIA.
Estos acontecimientos forman parte de la historia de Latinoamérica, no será nuestro gobierno quien pueda fingir desconocimiento. Los recursos naturales de las naciones al sur de Río Grande han sido y son víctimas del ansia depredadora e imperialista de su vecino del Norte, que todos temen. Solamente unos lacayos al servicio de la industria militar estadounidense y  del Capital pueden posicionarse de acuerdo con los dictados de Trump, como están haciendo los gobiernos europeos y el nuestro, que están obedeciendo las órdenes recibidas de Washington.  
Ciertamente las genuflexiones que el gobierno español realiza ante Marruecos y Arabia Saudí, aliados fervientes de EEUU, para apoyar sus desmanes, no permitían esperar de este PSOE, tan socialista, una postura de dignidad e independencia frente al imperio norteamericano, pero lo que está realizando con Venezuela supera con mucho lo que el pueblo español se merece y debe aguantar. Porque el régimen bolivariano ha intentado durante veinte años construir una sociedad más justa y solidaria en paz, sin que las fuerzas de la oligarquía lo hayan consentido. Para eso tienen el enorme apoyo del gobierno de EEUU.
Si de esta operación se deriva una intervención militar estadounidense en Venezuela, que todos los días reclama el golpista Guaidó y que Trump parece encantado de llevar a cabo, y se producen miles de víctimas y la derrota del pueblo, el gobierno de Pedro Sánchez será tan culpable como Trump, y España escribirá una de las más vergonzosas páginas de su historia.
 Nota del blog .-
    Recordemos además que la ONU no reconoció a Guaidó . Ni la OEA , Ni la mayoria absoluta de los estados . Y  con Trump  lo mismo nos las esta dando a   la UE por todos lados , pero nada seguimos lo mismo .

 ver  ..







jueves, 9 de mayo de 2019

Libia. Caos , indiferencia e inercia

  El caos permanente de Libia. Indiferencia e inercia

Investig’Action

Traducido del francés para Rebelión por Caty R.

En el actual desorden internacional, algunos asuntos son víctimas de un silencio ensordecedor por parte de la mayoría de los estados y de los grandes medios de comunicación, silencio al que acompaña un desinterés manifiesto del mundo intelectual y particularmente de los juristas más eminentes quienes, sin embargo, teóricamente deberían sentirse muy concernidos. Es el caso, entre otros, del problema kurdo, los pueblos autóctonos del Golán anexionado, Cachemira, la reunificación de Corea, etc. Y la cuestión libia desde 2011 (1). El único punto en común de esas situaciones de crisis crónica cuyo origen es antiguo, es la extrema debilidad de los pueblos directamente afectados, los cuales no están en condiciones, por diferentes razones, de influir con fuerza en las relaciones internacionales. Las grandes potencias «vigilan» para que dichas situaciones permanezcan más o menos ignoradas por la opinión internacional con el fin de evitar que resurjan, ya que sus intereses económicos o estratégicos estarían en causa.
La complejidad, que en algunos casos alcanza un nivel que parece inextricable, facilita este «mantenimiento en la sombra» sin suscitar, aunque solo sea, la curiosidad intelectual de los juristas especializados, de quienes aunque podamos admitir que no tienen la obligación de señalar la conveniencia (dejando a los políticos esta tarea), al menos tienen la responsabilidad de cuestionar los procesos de retroceso del derecho, fuente de miseria social y de crisis masivas.
1. ¿Por qué esa falta de atención?
Ante la constatación preocupante de la indiferencia (al menos aparente) de los juristas expertos en el terreno del derecho internacional y de los politólogos analistas de las relaciones internacionales, debemos buscar las causas de esta nueva «traición de los intelectuales»
Es particularmente desgarrador para quienes, en el corazón del mundo occidental, todavía son sensibles a la tesis querida de G. Scelle, eminente jurista de mediados del siglo XX, favorable al «desdoblamiento funcional» que hacía responsables a las grandes potencias, como Estados Unidos (o Francia), de sustituir la ausencia de un poder mundial centralizado y de neutralizar a las soberanías enfrentadas.
Esta concepción parece prolongar hasta nuestros días la vieja tradición de los «estados civilizados» superiores a pueblos a los que consideran inferiores y a los que por lo tanto tendrían plena legitimidad para imponer sus puntos de vista por todos los medios y escoger sus lugares de intervención dominadora.
Al igual que los grandes medios de Europa y Estados Unidos, numerosos juristas y politólogos, lejos de ponerse en el lugar de los sirios, intervienen exclusivamente para describir la organización y el funcionamiento «técnico» de las instituciones y las normas o para criticar a los «enemigos» más o menos declarados (por ejemplo China o Rusia) con ocasión de sucesos puntuales (por ejemplo el conflicto ruso-ucraniano) con el mismo espíritu que lo hacen los estados en los que residen.
Ese descriptivismo selectivo dominante, que ignora las prácticas estatales, viola claramente la legalidad internacional y en particular el principio de igualdad soberana de los estados, como fue el caso de la intervención en Libia en 2011 y en el conflicto armado de varios meses que siguió hasta la ejecución sumaria de Muammar Gadafi, merece, al parecer, la búsqueda de hipótesis explicativas.
La primera hipótesis es la confirmación del seguidismo doctrinal tras la política: así la doctrina dominante ejerce una función de legitimación de las relaciones de fuerza existentes y particularmente de la política seguida por los estados que las aprueban. Lo que escribía en 1905 el profesor Bonfils sigue siendo el fundamento del enfoque actual: «Francia, a pesar de algunas debilidades pasajeras, siempre ha sido la campeona de la justicia y el humanismo» (2). Muchos son los herederos oficiosos del profesor Louis Le Fur (Précis de Droit International public, Dalloz, 1931) que lo único que hacen es expresar de forma erudita el consenso ideológico de su tiempo y su mundo, marcado por el «centrismo occidental». Como en el pasado y como en la doctrina estadounidense, los contemporáneos se preguntan sobre la «ilegibilidad de algunos estados» al derecho internacional, demasiado poco «civilizados» para beneficiarse del derecho común, antaño la doctrina francesa casi unánimemente señalaba los pueblos «salvajes o bárbaros» por no considerarlos desde el punto de vista del derecho «miembros regulares de la comunidad internacional», es decir, como los estados europeos y Estados Unidos. Los juristas críticos que aparecieron a mediados del siglo XX, particularmente durante los años 1970-1980, que se inspiraban en el marxismo y se preocupaban por la igualdad soberana de todos los estados, fueron considerados «ideólogos subversivos» (3).
No debemos protestar por la utilización de la fuerza armada contra Irak o a favor de Kosovo ni examinar la muy «flexible» interpretación de la Resolución 1973 del Consejo de Seguridad en 2011, que concluyó en la liquidación total el régimen de la Jamahiriya libia por iniciativa del Gobierno francés y sus aliados británico, estadounidense y Catarí. Como en la época colonial (en particular durante la «guerra» de Argelia, calificada en derecho de «operación policial»), Francia no puede trabajar más que por el «bien común de la humanidad» (Le Fur). El recurso a la fuerza armada se lamenta de forma unánime, pero como dijo en el pasado el Instituto de Derecho Internacional, que no compartía «la utopía de aquéllos que quieren la paz a cualquier precio», la guerra es «un mal inherente a la humanidad e inevitable».
El seguidismo doctrinal se conformó con adoptar los desvíos de las estrategias estatales, es decir, hoy el «derecho del humanismo», después la «seguridad», antes que procedimientos considerados «ineficaces» (por ejemplo los del capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas, basados en la negociación y el acuerdo) y los fundamentos considerados inapropiados (la soberanía de los estados, por ejemplo).
Parodiando a Bourdieu, es obvio que para los juristas la mayoría de las veces el derecho no es una lucha. Al contrario, es el silencio o la prudencia extrema los que se imponen en materia de injerencia, de ética internacional (muy apropiada para soslayar el derecho), la guerra contra los «enemigos combatientes» según la clasificación estadounidense de los prisioneros de Guantánamo, lugar inédito de detención con respecto al que los trabajos jurídicos occidentales han sido escasos.
El arcaico concepto de la «guerra justa» se ha reintroducido en la «modernidad» jurídica. La ilegalidad se convierte para la OTAN, o en el marco de ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad, en un concepto lícito del derecho consuetudinario, como en el caso de la injerencia humanitaria, en desafío de las posiciones de la Corte Penal Internacional ( fallo Nicaragua-Estados Unidos del 27 de junio de 1986 ).
La deconstrucción del derecho internacional calificada a veces de «clásica» para señalar su arcaísmo (apoyada por algunas corrientes doctrinales como lo demuestra la construcción de teorías «nuevas» ampliamente apoyadas por los gobiernos y los medios occidentales, como la «injerencia humanitaria» y la «responsabilidad de proteger», están en el origen de la «legalidad-legitimidad moderna», apropiada para los intereses contemporáneos de las potencias occidentales.
Como señaló André Hauriou en su último escrito en 1974, las investigaciones jurídicas están «de acuerdo con el gusto de los tiempos» (4). Es evidente que Libia no está de moda. La profesión de jurista es una con su objeto, existe una especie de fraternidad entre el científico y su objetivo y Libia nunca se ha beneficiado.
El drama es que encontramos, en particular entre los autores estadounidenses, posicionamientos que tomó la doctrina nacionalsocialista de la Alemania de los años 1930-1940. Heinrich Rogge, por ejemplo, considera que «ningún principio jurídico de derecho positivo debe estorbar el libre desarrollo de los pueblos civilizados». Esa es la posición actual del Departamento de Estado. La distancia es mínima si se sustituye «libre desarrollo de los pueblos civilizados» por la expresión de los «principios universales», incluida la vía de las injerencias polimorfas en todos los pueblos y en todos los estados.
La OTAN y las potencias occidentales, tanto en los Balcanes como en Libia, Siria y Yemen en los últimos años, han impuesto los intereses de algunos estados y algunas empresas bajo el paraguas de «valores democráticos» a aquéllos que juzgados de «autoritarios», «totalitarios», o simplemente no fiables, como el régimen de la Jamahiriya, no tenían legitimidad para sobrevivir.
El resultado es el desarrollo en un buen número de países de un caos generalizado del que Libia es la ilustración más flagrante: a iniciativa de las potencias occidentales, las instituciones implosionaron, se destruyó el sistema económico y los recursos petroleros son saqueados por las milicias relacionadas con las grandes empresas. El intervencionismo de fuerzas externas es de naturaleza múltiple, las tribus recobraron su hostilidad tradicional y los exciudadanos de la Jamahiriya no tienen otra razón para vivir que sus intereses individuales de naturaleza mercantil.
Así se comprende el silencio casi total de los medios, del mundo intelectual (incluidos los juristas y los politólogos) respecto a una situación que es «la obra» iniciada por la Francia de Sarkozy contra Libia, la catástrofe libia es el resultado de un «apocalipsis legal» tolerado por el mundo jurídico y apoyado por la política.
2. Impunidad de los responsables del caos libio
Las exigencias que se imponen con respecto a Libia parecen evidentes.
Libia no puede ser considerada por el mundo occidental una simple suministradora de petróleo de calidad al precio más bajo posible y un espacio estratégico que permite a los europeos externalizar el control de los movimientos migratorios procedentes del África subsahariana.
En primer lugar el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región solo puede ser el resultado de la normalización de la situación en todas las regiones de Libia, el resultado de la reconstrucción de un Estado estable con instituciones adaptadas a la sociología del país, lo que solo se puede concebir en el respeto de la soberanía de Libia.
En segundo lugar, como los dirigentes occidentales no dejaron de proclamar a favor de Camboya, por ejemplo, a propósito del proceso de los Jemeres Rojos, la justicia debe pasar por favorecer la reconciliación contra todos los responsables de la situación del pueblo libio sumido desde hace ocho años en la miseria, la corrupción, los enfrentamientos armados y la presencia dominadora de los Hermanos Musulmanes, Al Qaeda y el Dáesh, por otra parte combatidos por los occidentales y Rusia. Porque ciertamente las fracturas en la sociedad libia fueron estimuladas por fuerzas exteriores cuyas preocupaciones no tenían nada de humanitarias y actuaban a favor o en contra de los dirigentes y sobre ciertos grupos libios mucho antes de los sucesos de Bengasi en febrero de 2011 (5).
Catar y los Hermanos Musulmanes de Egipto y Túnez, especialmente, proporcionaron los medios materiales, políticos y mediáticos (en particular el canal de televisión Al Jazeera) presentados como liberadores y demócratas contra la dictadura de Gadafi.
Sin verificar los hechos, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Moreno Ocampo, así como los medios occidentales declararon, entre otras denuncias, que se distribuyó viagra a las fuerzas del régimen, con el fin de justificar de antemano ante la opinión internacional los ataques que vendrían (6).
Este ambiente favoreció la adopción de la resolución 1973 (presentada por Francia y Gran Bretaña) en 2011, adoptada por el Consejo de Seguridad el 17 de marzo de 2011, dirigida a prohibir el sobrevuelo de las aeronaves del régimen sobre el territorio libio, con el fin de proteger a las poblaciones civiles de eventuales bombardeos. Estados Unidos sin embargo había prevenido: el Consejo de Seguridad considerará «ir más allá de una simple zona de exclusión». Las declaraciones del Secretario General de la OTAN, A. F. Ramussen, añadiendo que la organización atlántica proseguiría «su misión mientras fuese necesario, la cuestión no es tanto saber si Gadafi caerá, sino cuándo». Según la OTAN, esta «guerra de Libia» (y no oficialmente «contra Libia») se basaba en el derecho humanitario, totalmente instrumentalizado.
No fue hasta el 8 de septiembre de 2016 cuando la comisión de Investigación del Parlamento británico entregó su informe en el que se señalaba la ilegalidad de esa intervención armada poniendo de manifiesto la responsabilidad de Nicolas Sarkozy y David Cameron, que agitaron informaciones falsas difundidas por las redes de exiliados libios y los canales de televisión Al-Jazeera Al-Ardia: «La intervención limitada, dirigida oficialmente a proteger a los civiles, se transformó de manera oportunista en una campaña para derrocar al régimen. Esta política no estaba basada en una verdadera estrategia que permitiera organizar el país pos-Gadafi. Dio como resultado el hundimiento económico y político, las guerras entre las tribus y las milicias, las crisis humanitarias y migratorias, la ampliación de las violaciones de los derechos humanos, la propagación de las armas del régimen libio en toda la región y el crecimiento del Estado Islámico en el norte de África».
Ese informe fue confirmado por Amnistía Internacional, que desde el 23 de junio de 2011 denunció las informaciones falsas sobre el comportamiento de las fuerzas regulares contra los civiles (7). Solo 48 horas después de la votación de la resolución 1973, y a pesar de que la Unión Africana dirigida por Jean Ping había decidido intervenir para encontrar una solución política y pacífica a la crisis, se lanzaron los primeros bombardeos aéreos. Se trataba de obstaculizar de forma urgente cualquier negociación y cualquier transacción: el objetivo real, especialmente para Sarkozy y el Estado francés era eliminar, por diversas y variadas razones, incluidas las personales, a Gadafi y su régimen (8). Los bombardeos especialmente intensivos sobre Sirte, su ciudad, las ejecuciones de los miembros de la familia de Gadafi y las circunstancias de su muerte (9) son otros tantos elementos demostrativos (10).
A los bombardeos de las poblaciones de pueblos y ciudades libias, a los crímenes y actos de tortura de las milicias anti-Gadafi, se añade el caos generalizado que se pretendía en el conjunto del país desde hace casi ocho años.
Ese caos que reina en el territorio libio, donde se enfrentan dos autoridades con pretensiones gubernamentales (Trípoli frente a Bengasi), varias asambleas (no representativas) y las diversas tribus tradicionales, así como diversas milicias islamistas, demuestran a menudo una criminalidad común. El conjunto, impregnado de la presencia de islamistas de diversas tendencias se mantiene. Esa profunda confusión no pone en cuestión los intereses de las grandes empresas petroleras que revenden en el mercado mundial el petróleo libio saqueado a bajo precio a las milicias y a los micropoderes que lo poseen. Dicha confusión no perturba a Francia ni a los demás estados europeos, que buscan una solución para detener la llegada de emigrantes al continente. Además la Unión Europea financia a las autoridades libias que controlan, arrestan y detienen a los emigrantes que buscan asilo en el continente europeo.
Esta casi anarquía no se debe únicamente a las divisiones entre los libios. Cada bando y cada grupo se benefician, más o menos según sus obediencias, de apoyos extranjeros políticos y financieros, italiano, francés, estadounidense, catarí, etc., que estimulan las contiendas y rivalidades y suprimen cualquier soberanía libia. Los estados europeos y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen una responsabilidad especial en esas violaciones de los principios fundamentales de la Carta de la ONU.
El asunto de la congelación de los activos libios es muy significativo.
Desde la resolución 1973 (2011) el Consejo de Seguridad tiene bloqueados los activos libios, en particular los fondos soberanos depositados por Trípoli en diferentes bancos occidentales. Algunos capitales se desbloquearon en 2011, antes de la caída de la Jamahiriya, para financiar la insurrección (11). Esos activos no solo siguen congelados casi ocho años después, sino que el bloqueo fue prolongado por la resolución 2441 (2018) hasta el 15 de febrero de 2020. Sin embargo la primera resolución 2009 (2011), confirmada por varias resoluciones más, preveía la restitución «al pueblo libio de esos activos, así como sus intereses y dividendos».
El hecho de que el Consejo de Seguridad no haya conseguido reunir las condiciones para determinar cuál es el poder legítimo en Libia y no pueda darle los medios materiales para conseguir su efectividad, demuestra que existe contra el pueblo libio una especie de guerra usurera, de naturaleza económica y financiera, con el fin de imponer a Libia una política económica conforme a los deseos de las potencias dominantes.
Pero debido a eso las Naciones Unidas son cómplices de una situación en la que el conjunto de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales de Libia se violan sistemáticamente mientras las lógicas comerciales se criminalizan en un clima general de corrupción, que solo suscitan reacciones muy moderadas de las instancias encargadas del problema, en particular el «Comité libio» y la Organización de Expertos de las Naciones Unidas sobre los Activos Libios.
Otro hecho revelador relacionado con la práctica de ciertos bancos (entre ellos el Société Générale (12), el BNP, etc.), es que parece que nadie sabe dónde están los intereses y dividendos, miles de millones, de esos activos libios que deben restituirse según las resoluciones de las Naciones Unidas y del organismo de Expertos de las Naciones Unidas.
La impotencia del Consejo de Seguridad, que favorece el mantenimiento de las divisiones en el pueblo libio y el desarrollo de una «economía gris», se unen a la indiferencia mostrada por los estados occidentales, a pesar de algunos encuentros multilaterales sin efectos concretos.
La «responsabilidad de proteger a los civiles» que fue invocada en el Consejo de Seguridad para la intervención de la OTAN que siguió podría volverse contra las personas que la esgrimieron como un argumento pseudojurídico durante la agresión. La situación caótica de Libia merecería una nueva intervención en nombre de esa «responsabilidad de proteger», pero ese tipo de injerencia siempre se practica en sentido único, las potencias occidentales todavía no han optado claramente entre el ejército de Haftar (en Cirenaica y Bengasi) y el Gobierno de Fayez el Sarraj (en Trípoli), ya que el desorden establecido no cuestiona sus intereses.
Para salir de las múltiples contradicciones que sufre el pueblo libio, y los países vecinos por contagio (13), se impone ante todo el respeto de su soberanía, competencia del Consejo de Seguridad encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad. La voluntad de las grandes potencias, el intervencionismo actual obviamente no tienen por objetivo promover la soberanía de los pueblos pequeños.
Así, los crímenes cometidos en 2011 por la OTAN, los dirigentes de varios países occidentales (14), Catar y los responsables de las fuerzas armadas contra las poblaciones civiles, que constituyen crímenes de guerra, así como su inercia desde 2011 hasta hoy, al igual que los dirigentes de empresas que se aprovechan del caos para mejorar sus beneficios, podrían tener que someterse a la justicia penal si esta no fuera, como la CPI, una justicia política incapaz de sancionar a los ciudadanos de las grandes potencias. En realidad la CPI solo ejerce su competencia con respecto a los actos cometidos en África, porque «es el único espacio lo bastante marginal políticamente para no enfrentarse a los obstáculos de Estados Unidos y lo bastante débil políticamente para no desafiar a la Corte» (15). La presencia de jueces africanos no es en absoluto una garantía de imparcialidad ya que se atienen, lo mismo que los jueces occidentales, a un formato al estilo Common Law inadecuado para los problemas surgidos en los países del Sur (16).
Es difícil imaginar, aunque un recurso siempre es políticamente útil si se publica, que la CPI cuestione a los dirigentes de la OTAN o a los responsables franceses, ingleses o estadounidenses.
Aunque en 2017 la agresión se convirtió en un crimen según la CPI, esta nueva competencia no puede aplicarse a lo sucedido en 2011. Solo los crímenes de guerra cometidos en Libia son susceptibles de un proceso pero, como en Costa de Marfil, los responsables occidentales y sus aliados tienen todas las posibilidades de librarse (17).
No se pueden esperar de la CPI condenas penales a los destructores de Libia fuentes de eventuales reparaciones para un pueblo globalmente víctima de las operaciones de la OTAN.
En cuanto a los obstáculos para el cobro de los activos libios (18) son de tal complejidad y a menudo las consideraciones financieras (de los bancos de negocios) tan importantes, que es posible que solo se puedan restituir cuando se decida que deberán utilizarse para establecer una dirigencia libia estable a la que se dictará la política que decidan las potencias.
La increíble «desaparición» de los intereses y dividendos de los activos libios, congelados por la actuación de ciertos bancos de acuerdo con algunas instancias estatales en violación de las decisiones de las Naciones unidas, es un indicio que revela el carácter esencialmente político de la cuestión de la restitución de dichos activos necesarios para la reconstrucción de Libia.
Salvo que se logre la unión de las fuerzas libias favorables al respeto de la soberanía del país y el apoyo que pudieran recibir de las potencias extranjeras frente a las injerencias de 2011 a 2019, el caos libio se prolongará hasta acabar en un alineamiento con la política impuesta por intereses (especialmente petroleros y estratégicos) indiferentes a las necesidades del pueblo libio.
Una vez más la exigencia de respeto a la legalidad pasará a la cuenta de pérdidas y ganancias.
Notas:
(1) La suerte que sufre el pueblo palestino moviliza a algunas asociaciones de solidaridad en el mundo occidental, así como a algunos movimientos universitarios y se libra así de la indiferencia de la que se beneficia la política israelí desde hace más de medio siglo.
(2) Prólogo del Manual de Derecho Internacional Público de Rousseau (1905).
(3) Véanse, por ejemplo, las apreciaciones aportadas por el movimiento de juristas «Critique du Drouet», fundado en los años 70, al que se comparó con una «disidencia» subversiva «afortunadamente» insignificante para la comunidad de los juristas «clásicos».
(4) Véase de A. Hauriou «Réflexions sur les statuts épistémologiques respectifs du pouvoir et de la liberté». RDP. 1974, p. 643.
(5) Conviene señalar que, paradójicamente, los disturbios de Bengasi en los que se basó la presunta intervención humanitaria fueron acompañados de colgamientos, degüellos o mutilaciones que recuerdan los métodos de los islamistas argelinos, los del Estado islámico en Irak y los del Dáesh en Siria.
(6) Esa noticia falsa, así como la del bombardeo de la población de Bengasi por la aviación del régimen, que nunca existió, fueron repetidas por todos los grandes medios occidentales y desarrolladas por diversas personalidades (como Bernard Henri Lévy) del mundo político, de las artes y las letras sobre la única base de una antigua hostilidad hacia la persona y el régimen de Gadafi.
(7) Véase el artículo de J. Ping en Le Monde diplomatique de agosto de 2014 ¿Era necesario matar a Gadafi? Uno de los tres puntos aceptado por Trípoli era la renuncia de Gadafi al poder. El llamamiento del obispo de Trípoli, monseñor Matinelli, pidiendo un «gesto humanitario hacia el coronel Gadafi que protegió a los cristianos de Libia», no fue escuchado.
(8) Uno de los aliados africanos de Francia más estables, Idriss Deby, presidente de Chad, lo expresó abiertamente el 16 de diciembre de 2014 en Dakar, en la clausura del Foro sobre la Paz y la Seguridad en África: «el objetivo de la OTAN era asesinar a Gadafi. Ese objetivo se cumplió». Véase también Avec les compliments du Guide , de F. Arki. K. Laske, Fayard. 2018.
(9) Véase la descripción del linchamiento de Gadafi por las milicias de Misrata (brigadas Al Nimer y al Assad), tras los ataques del escuadrón 3-mars-Ardennes al vehículo que transportaba a Gadafi y a uno de sus hijos ( Human Rights Watch . 16 de octubre de 2012).
(10) Con respecto a las víctimas civiles de los bombardeos de las fuerzas de la OTAN, de las que Amnistía Internacional da cuenta en su informe « Libia, las víctimas olvidadas de los ataques de la OTAN», de 2012, (tras una investigación sobre el terreno en enero y febrero de 2012), vino la respuesta: La propia OTAN (carta del 13 de marzo de 2012) se atrevió a afirmar que «como había ordenado explícitamente el Consejo del Atlántico Norte, ningún civil y ningún individuo específico, civil o militar, fue nunca objetivo en el curso de esa operación. Véase también el informe de Amnistía Internacional «La lucha por Libia, asesinatos, desapariciones y torturas», 13 de septiembre de 2011.
(11) Los ejecutivos del Banco Central libio, a través de los Hermanos Musulmanes, revelaron al Tesoro estadounidense las cuentas bancarias del país, lo que permitió congelar los activos en menos de una semana desde el principio de las protestas y beneficiar al consejo Nacional de Transición antes de la caída del régimen, es decir, desde el 1 de septiembre de 2011.
(12) Hay un proceso abierto ante el Tribunal Supremo de Londres contra la Société Générale y ha comenzado una instrucción en Bélgica con respecto a los intereses de los activos libios depositados en los bancos belgas cuya utilización parece que fue autorizada por el Gobierno belga y el Tesoro Público belga desde 2012.
(13) Las intervenciones militares francesas, incapaces de controlar el territorio como en Malí, por ejemplo, basadas en la «seguridad» no hacen más que agravar la situación y exacerbar las tensiones sociales locales sin arreglar nada en la lucha contra los «yihadistas» (quienes por otra parte tienen poca afinidad con los islamistas de Irak y Siria). La desaparición del Estado libio es una de las fuentes de desestabilización de los países vecinos, cuyas dificultades esenciales resultan de cuestiones económicas, sociales, inmobiliarias y secundariamente religiosas.
(14) Señalemos que Alemania se desmarcó y rechazó cualquier participación en la operación «Protector unificado» de la OTAN contra Libia.
(15) Véase «Dominic Ongwen on Trial: the ICC’s African Dilemmas », de A. Branch, en International Journal of Transitional Justice, 2017, p. 34.
(16) Esta particularidad que favorece la propensión a sancionar a los ciudadanos del Sur por hechos que también podrían reprocharse a los representantes del mundo occidental, ya fue denunciada por el juez indio Radhabinod Pal, del Tribunal Internacional militar para Tokio, y por el internacionalista Georg Schwarzenberger.
(17) Más que hacia una reorientación, la Corte Penal Internacional (CPI) camina hacia el declive. Aumentan los países que se retiran del Estatuto de Roma (algunos estados africanos, Filipinas, etc.) y vuelven incierto el futuro de la CPI. La creación de esta jurisdicción fue prematura. La «comunidad» internacional no tiene una existencia real, no existe una cohesión ideológica y todavía menos intereses comunes. La CPI, y numerosos estados ya son conscientes, presenta todas las características de una jurisdicción política al servicio de los dominantes. Los juristas occidentales, en general entusiastas en 1998 cuando se adoptó el Estatuto, se han vuelto más «cautos» en cuanto a su valoración.
(18) Los tratados internacionales no regulan la cuestión de la restitución de los activos adquiridos por la corrupción (Véase de T. Balmelli «La restitution des avoirs acquis par la corruption: de l’obligation morale à l’obligation juridique» en T. Balmelli. B. Jaggi. Les traités internationaux contre la corruption, 2004. (Suisse), p. 63 y s.
Robert Charvin  es profesor emérito de derecho (especializado en las relaciones internacionales) en la Universidad de Niza Sophia-Antipolis, decano honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Economicas de Niza y consultante en Derecho Internacional, derecho de las relaciones internacionales.
Fuente: https://www.investigaction.net/fr/libye-un-chaos-entretenu-indifference-et-inertie/


 Y VER

  https://www.rebelion.org/noticia.php?id=255666