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jueves, 29 de marzo de 2018
martes, 27 de marzo de 2018
Rajoy denunciado ante la ONU.
Denuncian ante la ONU
Gobierno de Rajoy, un mal ejemplo para el respeto de los derechos humanos
Prensa Renaddhh
La Red Nacional de Derechos Humanos
(Renaddhh), Organización No Gubernamental e independiente, participa en
la 63° Sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(DESC), quien presentó informe sobre la evaluación de España ante este
organismo.
El informe presentado por Oscar Reina, defensor de los derechos humanos y Secretario General del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) denuncia la grave crisis social que vive el pueblo Español, mediante la aplicación medidas neoliberales por el gobierno de Mariano Rajoy, Oscar Reina expresó: “España tiene un déficit acumulado de personas en paro (sin empleo) de 3.731.700 [1]. El incremento de la precariedad laboral acelera la creación de empleo que no brindan protección social a los trabajadores, se estima que para el último trimestre del año 2017, la totalidad del empleo que se ha creado ha sido temporal. Los indefinidos han caído en 29.000, y los temporales han crecido 245.000”.
El defensor de los derechos humanos, manifestó a los expertos de la ONU, “el gobierno del Sr. Rajoy y el Sistema Judicial emplea la persecución y represión de los activistas de los derechos humanos y a la sociedad civil, que reclaman el respecto y cumplimiento de los DESC. Para el año 2015, se contabiliza en España, 81 casos penales y administrativos en curso, que afectan a más de 300 trabajadores/as que participaron en acciones de huelga. Si se suman las peticiones de penas de prisión en su contra, superan los 120 años de cárcel. Desde hace cuatro años la Fiscalía empezó a remitirse al artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de tres a cuatro años y medio de prisión para los trabajadores”.
Reina destaco “conjuntamente se ha producido una derivación creciente de los fondos públicos al sector privado deteriorando el sistema sanitario público y favoreciendo la búsqueda en el sector privado de las prestaciones que no se consiguen en la Sanidad Pública, lo que explica por ejemplo que los seguros privados sanitarios son los que han tenido un mayor crecimiento en 2016 (el 3,6%) [2]”.
Derecho al Inmigrante
Reina, llamo la atención de los Expertos del Comité de la ONU, ante la política de Xenofobia y discriminación del Gobierno del Sr. Rajoy hacia los inmigrantes indocumentados, “progresivamente se aprueban normativas que vulnera los derechos humanos de personas en situación migratoria irregular, desde el gobierno se reduce la asistencia y el apoyo humanitario a esta población, la mayoría de estas víctimas huyen de la guerra o de la represión de sus gobiernos, en países donde España tiene negocios de exportación con la industria armamentística [3]. Se ha hecho una práctica cotidiana de los órganos policiales, la intimidación, violencia física y psicológica, tortura, persecución y encarcelamientos de los inmigrantes, por el simple motivo de ser indocumentados, se han creados cárceles para inmigrantes que vulneran los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, como lo es el centro penitenciario Málaga II, en Archidona y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)”.
El activista social Oscar Reina, expresó su preocupación la trata de personas en España “otro drama de la criminalización de los indocumentados es el incremento del tráfico de personas, citó el informe de Save the Childrent”. “La policía estima que sólo en 2014 había en nuestro país 13.983 mujeres y niñas en riesgo de trata con fines de explotación sexual. Es la punta de un iceberg que puede llegar, según otras fuentes, a las 45.000 mujeres y niñas provenientes de países como Rumanía, Nigeria, Paraguay o Brasil. Una dramática violación de los derechos humanos, la más cruel de las manifestaciones de violencia de género, que se hace más grave cuando hablamos de niñas y niños dada su especial vulnerabilidad y el daño físico, psicológico y psicosocial que sufren” [4].
Por último, El defensor de los derechos humanos Oscar Reina, solicito protección al Comité de la ONU ante las amenazas de hostigamiento e intimidación que ha sido víctima de la policía y el gobierno español, denunció: “La intervención ante este ustedes, representa un riesgo a mi integridad física a mi retorno a España por parte del gobierno y los organismos de seguridad. En tal sentido, solicito respetuosamente, exhorten al gobierno Español al cese de la represión y hostigamiento de los defensores de derechos humanos y la no represaría a las organizaciones y defensores de derechos humanos que hemos participado en esta sesión” puntualizó.
Notas:
[1] http://www.ine.es/daco/daco42/
[3] http://www.publico.es/economia
[4] https://www.savethechildren.es
El informe presentado por Oscar Reina, defensor de los derechos humanos y Secretario General del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) denuncia la grave crisis social que vive el pueblo Español, mediante la aplicación medidas neoliberales por el gobierno de Mariano Rajoy, Oscar Reina expresó: “España tiene un déficit acumulado de personas en paro (sin empleo) de 3.731.700 [1]. El incremento de la precariedad laboral acelera la creación de empleo que no brindan protección social a los trabajadores, se estima que para el último trimestre del año 2017, la totalidad del empleo que se ha creado ha sido temporal. Los indefinidos han caído en 29.000, y los temporales han crecido 245.000”.
El defensor de los derechos humanos, manifestó a los expertos de la ONU, “el gobierno del Sr. Rajoy y el Sistema Judicial emplea la persecución y represión de los activistas de los derechos humanos y a la sociedad civil, que reclaman el respecto y cumplimiento de los DESC. Para el año 2015, se contabiliza en España, 81 casos penales y administrativos en curso, que afectan a más de 300 trabajadores/as que participaron en acciones de huelga. Si se suman las peticiones de penas de prisión en su contra, superan los 120 años de cárcel. Desde hace cuatro años la Fiscalía empezó a remitirse al artículo 315.3 del Código Penal, que contempla penas de tres a cuatro años y medio de prisión para los trabajadores”.
Reina destaco “conjuntamente se ha producido una derivación creciente de los fondos públicos al sector privado deteriorando el sistema sanitario público y favoreciendo la búsqueda en el sector privado de las prestaciones que no se consiguen en la Sanidad Pública, lo que explica por ejemplo que los seguros privados sanitarios son los que han tenido un mayor crecimiento en 2016 (el 3,6%) [2]”.
Derecho al Inmigrante
Reina, llamo la atención de los Expertos del Comité de la ONU, ante la política de Xenofobia y discriminación del Gobierno del Sr. Rajoy hacia los inmigrantes indocumentados, “progresivamente se aprueban normativas que vulnera los derechos humanos de personas en situación migratoria irregular, desde el gobierno se reduce la asistencia y el apoyo humanitario a esta población, la mayoría de estas víctimas huyen de la guerra o de la represión de sus gobiernos, en países donde España tiene negocios de exportación con la industria armamentística [3]. Se ha hecho una práctica cotidiana de los órganos policiales, la intimidación, violencia física y psicológica, tortura, persecución y encarcelamientos de los inmigrantes, por el simple motivo de ser indocumentados, se han creados cárceles para inmigrantes que vulneran los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, como lo es el centro penitenciario Málaga II, en Archidona y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)”.
El activista social Oscar Reina, expresó su preocupación la trata de personas en España “otro drama de la criminalización de los indocumentados es el incremento del tráfico de personas, citó el informe de Save the Childrent”. “La policía estima que sólo en 2014 había en nuestro país 13.983 mujeres y niñas en riesgo de trata con fines de explotación sexual. Es la punta de un iceberg que puede llegar, según otras fuentes, a las 45.000 mujeres y niñas provenientes de países como Rumanía, Nigeria, Paraguay o Brasil. Una dramática violación de los derechos humanos, la más cruel de las manifestaciones de violencia de género, que se hace más grave cuando hablamos de niñas y niños dada su especial vulnerabilidad y el daño físico, psicológico y psicosocial que sufren” [4].
Por último, El defensor de los derechos humanos Oscar Reina, solicito protección al Comité de la ONU ante las amenazas de hostigamiento e intimidación que ha sido víctima de la policía y el gobierno español, denunció: “La intervención ante este ustedes, representa un riesgo a mi integridad física a mi retorno a España por parte del gobierno y los organismos de seguridad. En tal sentido, solicito respetuosamente, exhorten al gobierno Español al cese de la represión y hostigamiento de los defensores de derechos humanos y la no represaría a las organizaciones y defensores de derechos humanos que hemos participado en esta sesión” puntualizó.
Notas:
[1] http://www.ine.es/daco/daco42/
[3] http://www.publico.es/economia
[4] https://www.savethechildren.es
domingo, 25 de marzo de 2018
La Llarenalitat ..
Estado de excepción encubierto en Catalunya: doble catarsis sobre el régimen del 78
Daniel Raventós
Gustavo Buster
25/03/2018La sesión de investidura del Parlament de Catalunya del jueves 22 de marzo y la prisión provisional ordenada por el juez Llarena contra el candidato a la presidencia de la Generalitat y otros cinco diputados independentistas el sábado 24 de marzo, como consecuencia del auto del Tribunal Supremo del 21 del mismo mes, así como la reactivación de las euro-ordenes de detención contra los exiliados, que han llevado a la detención en Alemania del President Carles Puigdemont, han supuesto una doble catarsis, que son en realidad las dos caras de la misma moneda. Por una parte, la dirección del proceso independentista, en manos de Junts per Catalunya y ERC, ha agotado su capacidad de iniciativa. Por otra, su judicialización represiva pretende impedir cualquier acumulación de fuerzas soberanista para una negociación “bilateral” entre la Generalitat y el gobierno central. El régimen del 78 solo se puede mantener ya en Catalunya mediante la represión y la intervención permanente de sus instituciones políticas. Un estado de excepción cada vez menos encubierto.
La prisión provisional para una nueva tanda de políticos electos catalanes ordenada por el juez Llarena es un nuevo significativo en la escalada represiva del régimen del 78 contra las libertades democráticas de Catalunya y, bueno sería que algunos tomaran nota, del resto del Reino de España. Una parte importante de la ciudadanía catalana (y no únicamente independentista como se pretende interesadamente desde el bloque constitucionalista) está indignada. Y salió a la calle masivamente en muchísimas ciudades y pueblos de Catalunya el viernes 23 de marzo. Alguien lo dejó muy bien expresado: “Ahora Catalunya es una manifestación”. Y lo seguirá siendo, sin la menor duda. La indignación está más que justificada: hay representantes políticos elegidos, en unas elecciones convocadas por el gobierno español, en la cárcel o el exilio y mientras, “personas juzgadas y condenadas por corrupción, blanqueo y otras barbaridades siguen en libertad –por ejemplo Urdangarín-…” según palabras de la poca sospechosa de ser independentista catalana María José Pintor Sánchez-Ocaña.
Una nueva fase política
Basta comparar el discurso de investidura del candidato Jordi Turull con el auto del Tribunal Supremo para constatar la nueva fase política abierta esta semana. El primero solo es comprensible en su inanidad autonomista como parte de la estrategia de defensa de Turull; mientras que el segundo establece toda una genealogía de la voluntad política de la dirección independentista para justificar la acusación del delito de rebelión, no en el (supuesto) hecho incontestable de su “alzamiento violento”, sino en su potencial intencionalidad de utilizar el “poderío de las masas” para doblegar a la autoridad del estado.
Ninguna de estas dos posiciones políticas sobre lo que ha sido el largo proceso soberanista catalán pueden dar cuenta de la realidad social y política vivida por millones de personas. La de Turull: porque pretende evadir la naturaleza profunda de la crisis del régimen del 78, con la ingenua pretensión de una recuperación de las instituciones políticas catalanas intervenidas, al mismo tiempo que se mantiene el horizonte soberanista gestionado desde Bruselas. La de Llarena: porque es una teoría conspirativa elitista que pretende convertir un movimiento pacífico de millones de personas en un golpe de estado de una minoría agitadora.
Desde el comienzo del procés -tras la sentencia del Tribunal Constitucional en junio de 2010 contra el estatuto de autonomía de 2006, la manifestación de julio “Som una nació, nosaltres decidim”, las elecciones autonómicas de noviembre de 2010 y el rechazo del “pacto fiscal” aprobado por el Parlament por el gobierno Rajoy en septiembre del 2012- la estrategia de acumulación de fuerzas soberanista en la calle para su gestión “bilateral” posterior por la Generalitat, ha fracasado una y otra vez. En definitiva, porque la parte esencial no era la movilización social, sino su instrumentalización: la negociación entre las élites centrales y autonómicas del régimen del 78 de la redistribución fiscal que permitía mantener un cierto nivel de consenso popular a través del gasto social y de consenso oligárquico mediante el acceso clientelar al gasto público.
Estos mecanismos de presión inter-oligárquicos estaban -y están- inscritos en la propia naturaleza del “estado de las autonomías”. Lo que bloqueó la gestión de su sistema de financiación común fueron las políticas de ajuste neoliberales a partir de mayo de 2010 con el gobierno Zapatero, en primer lugar, y luego la ofensiva reaccionaria del PP, uno de cuyos principales éxitos fue el recurso contra el nuevo Estatuto de autonomía catalán de 2006. La escalada de la movilización social soberanista articuló un catalanismo popular que, al situar en primer plano el “derecho a decidir” - otra forma de decir el tradicional y democrático derecho a la autodeterminación-, reafirmaba su soberanía y sus aspiraciones democrático-republicanas frente a la gestión institucional autonomista de CiU primero y del PDeCAT después. Una tensión en el campo soberanista que, a medida que se reforzaban organizaciones como la ANC, Òmnium Cultural y los Municipis per la Independència, se trasladaba a un cuestionamiento de la hegemonía de CiU-PDeCAT por ERC, y el reforzamiento en paralelo, en menor medida, de la CUP.
A pesar de los vaivenes políticos del procés, de la tenacidad de la movilización popular por conseguir el referéndum del 1 de octubre y de la huelga cívica del 3 de octubre, de la respuesta electoral del 21 de diciembre a la intervención de la Generalitat, la estrategia de negociación “bilateral” de la dirección independentista del procés se ha mantenido frente a la alternativa de una estrategia unilateral de desarrollo de un proceso constituyente republicano. Como han explicado los dirigentes del procés, la República catalana fue “proclamada sin efectos jurídicos”. Y en vez de una defensa política colectiva frente a la represión judicial, se respondió con una multiplicidad de defensas basadas en la minimización de las responsabilidades individuales.
El mérito de la CUP, ante el agotamiento evidente de esta estrategia, que la dirección del procés ha conducido a un callejón sin salida, ha sido explicarlo con todas sus consecuencias: ni habrá recuperación de las instituciones autonómicas, ni el estado español permitirá una nueva acumulación de fuerzas entorno a ellas, ni puede haber una negociación “bilateral” sobre el alcance de la soberanía catalana. La República catalana, el proceso constituyente popular para su construcción, es incompatible con el régimen del 78.
La narrativa del auto del Juez Llarena atribuye a la dirección del procés, acusada de rebelión, una lógica causal conspirativa que implicaría su propio desbordamiento por una movilización popular capaz de limitar la capacidad de acción política y represiva del estado español, creando espacios para el propio ejercicio de su soberanía. Se trata de una lectura liberal-conservadora de las consecuencias potenciales de la “rebelión de las masas”, más allá de su manipulación en un conflicto inter-oligárquico, que responde a una visión explicativa -y justificativa- de la represión de los movimientos populares bajo la I Restauración y los primeros años de la II República, especialmente en octubre de 1934, y el posterior golpe de estado militar el 18 de julio de 1936.
En este sentido, la “normalización” no es sino una “superación de la fractura” que pasa por la represión selectiva de la dirección independentista y una represión generalizada del movimiento soberanista popular. Es decir, contra gran parte de la población catalana. Incluso en su fórmula mejor intencionada, vamos a suponerlo así, la de Miquel Iceta y el PSC, para limitar esta represión a un “mal menor” que permita una utópica vuelta a la alternancia en la Generalitat entre un tripartito transversal de las izquierdas catalanas y una derecha catalanista reconstituida, frente al peligro que significa el nuevo lerrouxismo de Ciudadanos. Se trata de un espejismo más o menos autoimpuesto.
La resistencia al régimen del 78 como prioridad
La represión y la intervención de las instituciones catalanas son aspectos mórbidos de la crisis estructural múltiple del régimen del 78. Una crisis que se sigue acentuando en términos de corrupción, incapacidad de gestión fiscal y presupuestaria, aumento de las tensiones territoriales nacionales y crecimiento de la desigualdad. No existen alternancias políticas factibles a nivel autonómico, de la misma manera que no es creíble una coalición Ciudadanos-PP, como sugieren las encuestas de opinión actuales, para encauzar y “regenerar” el régimen del 78. Este régimen no se puede regenerar, aun menos por la derecha que lo parasita.
Las cosas solo pueden ir a peor mientras la movilización de las resistencias populares -como las mujeres el 8 de marzo, los pensionistas, las mareas sanitarias- no construyan una nueva correlación de fuerzas y las bases de una alternativa de izquierdas al régimen del 78. Una alternativa que sin el reconocimiento claro, explícito y constante del derecho de autodeterminación de las naciones históricas Catalunya, País Vasco y Galicia, y de la propia España (¿es que se ha podido expresar y autodeterminar alguna vez su ciudadanía sobre esta monarquía impuesta por la dictadura franquista o la República?) está abocada al más espectacular de los fracasos.
Un componente esencial de esas movilizaciones será la defensa de las libertades democráticas, que hoy están suprimidas en Cataluña por la represión judicial y la intervención de sus instituciones políticas. La respuesta en positivo al agotamiento de la estrategia procesista comienza por la defensa unitaria del espacio democrático de la movilización popular, contra la judicialización y la represión de las libertades de asociación y manifestación. No es posible una “recuperación de las instituciones” con políticos encarcelados por rebelión o perseguidos en el exilio por intentar ejercer el mandato democrático de sus electores. De nada servirá en este sentido un Govern elegido antes del próximo 22 de mayo si se somete a las condiciones de los gestores del art.155, sea el gobierno Rajoy, sus fiscales o el Tribunal Constitucional. Como tampoco la convocatoria estatal de nuevas elecciones autonómicas para intentar forzar la voluntad del electorado hasta que el bloque del art. 155 tenga una mayoría parlamentaria.
La nueva fase abierta en la política catalana, concretada en la declaración institucional del President del Parlament Torrent tras suspender la segunda sesión de investidura, tiene como prioridad la recuperación de las libertades políticas intervenidas mediante la movilización social de un frente antirepresivo. El que Catalunya en Comú se haya sumado y participen en él organizaciones sociales y sindicales no independentistas, en una mayoría democrática soberanista, puede ser decisivo a la hora de estructurar la resistencia contra el régimen del 78. De momento, gran parte de la población de Catalunya está en la calle por la defensa de la libertad y la democracia.
www.sinpermiso.info, 25 de marzo 2018
Nota .- Puede ser mucho mas problematico un movimiento descontrolado
sin lideres o con ellos en la carcel , cuando ademas tienen el apoyo de dos
millones de personas,que provoquen un "Maidan " en la calle , las primaveras de colores no solo se producen contra dictaduras .
La prisión preventiva del juez Llarena.
Un estado de excepción a la vieja usanza
El 155 no está en la Constitución para perseguir penalmente a los adversarios políticos ni para convertir el “estado de excepción autonómico” en un “estado de excepción”; sin embargo, exactamente para eso es para lo que ha servido
Y, sin embargo, exactamente para eso es para
lo que ha servido. Al día siguiente de que el Consejo de Ministros
decidiera activar las medidas autorizadas por el Senado, el Fiscal
General aprovechó la ocasión para activar querellas ante la Audiencia
Nacional y el Tribunal Supremo contra los miembros del Govern y de la
Mesa del Parlament. La sincronización entre la acción del Gobierno, de
la Fiscalía, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo no pudo ser
más perfecta. Y para activarlas mediante la “fabricación” de una
acusación por un delito inexistente, el delito de rebelión, que más de
cien profesores de derecho penal de las Universidades españolas
consideran que no ha sido cometido por las personas contra las que la
querella se ha dirigido. En el día de ayer, 23 de marzo, el juez
instructor acaba de dictar un auto de procesamiento, acompañado de la
medida cautelar más extrema que puede adoptarse.
Estamos volviendo a algo que hemos conocido en el
pasado: la declaración del “estado de excepción” para, a continuación,
actuar contra los adversarios, transformados de esta manera en
“enemigos”, a los que hay que destruir. La lógica que se está siguiendo
contra el nacionalismo catalán no es una lógica propia de la democracia,
sino de épocas predemocráticas. Los que ya tenemos una edad conocimos
esta forma de actuar por parte del Estado. La utilización del aparato
jurídico del Estado a través de la declaración de un estado de excepción
para reprimir penalmente al adversario, convertido de esta manera en
enemigo, político. Esa es la lógica del estado de excepción. Al
adeversario polítco no se le combate políticamente, sino que se le
persigue penalmente. Es lo que se está haciendo con el nacionalismo
catalán. No hay que hacer política. Únicamente cabe la represión penal.
El 155 político no fue más que la coartada para el 155 penal. Para el
nacionalismo catalán sólo vale la Constitución Negativa, que es,
justamente, en lo que consiste el Código Penal.
¿A
qué “normalidad” se puede volver tras el auto dictado en el día de ayer
por el juez Pablo Llanera? La vuelta a la normalidad era el objetivo
declarado de la aplicación del artículo 155 CE. Así se presentó
públicamente la activación de la coacción federal y en tales términos
fue aceptada por el PSOE. ¿Qué queda de ese objetivo tras un auto que es
el anticipo de una condena? ¿O es que la normalidad a la que se
pretende volver es la anterior a la entrada en vigor de la Constitución
de 1978?
De Mariano Rajoy y de su partido, que no
está disuelto porque la Fiscalía General del Estado, que tan diligente
es en otros asuntos, no se considera vinculada por la Constitución, que
dice textualmente que “las asociaciones que persigan fines o utilicen
medios constitutivos de delitos SON ILEGALES” (art. 22.2), no cabe
esperar nada. Pero del PSOE sí cabría esperar algún tipo de reacción.
¿Cómo piensa Pedro Sánchez que se puede proceder en este momento a la
investidura del President de la Generalitat? ¿Cuántos parlamentarios van
a quedar suspendidos, que no inhabilitados, en los próximos días una
vez que sea firme el auto de procesamiento? ¿Puede reflejar, tras esas
suspensiones la composición del Parlament la voluntad del cuerpo
electoral expresada el 21D? ¿Puede el nacionalismo tomar algún tipo de
iniciativa política con sus máximos dirigentes en prisión y amenazados
los demás con esa misma situación en cuanto se expresen de conformidad
con la ideología con la que se presentaron ante los electores? ¿Se puede
dirigir Catalunya democráticamente sin que los nacionalistas puedan
participar en su condición de nacionalistas en la vida política?
Estamos volviendo a una etapa negra de la historia de España que
pensábamos que habíamos dejado definitivamente atrás. A través de la
activación del artículo 155 CE el Gobierno de Mariano Rajoy, con el
concurso explicable aunque lamentable de Ciudadanos, e inexplicable del
PSOE, ha lanzado a la Fiscalía General, y a través de ella a la
Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo a la persecución penal del
nacionalismo, como si fuera un enemigo al que hay que aniquilar.
¿Es este el Estado social y democrático de Derecho definido en la
Constitución, uno de cuyos objetivos, de acuerdo con el PREÁMBULO era
“proteger a todos los españoles y PUEBLOS de España en el ejercicio de
los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e
instituciones”?
y ver ...
El diario Süddeutsche Zeitung, el gran diario de Munich y segundo de Alemania, ha publicado un reportaje muy crítico con la forma como el Gobierno español está llevando el conflicto con Catalunya.
http://cort.as/-3Egg
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) ha instado al Estado español a que se comprometa a garantizar los derechos políticos del excandidato a la investidura y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, en prisión provisional desde hace más de cinco meses acusado de un presunto delito de rebelión. La Vanguardia .
Nota .- El Llarena cumple con lo que decia la Soraya y decapita la cupula secesionista, el problema es que esos diputados eligidos ademas con especial garantias decapita un parlamento elegido por el articulo 155, es como su suicidio del estado d e derecho y de la democracia , las elecciones no salieron como queriamos y ahora toma, y el TS se convierte en Audiencia nacional del estado de excepcion ejecutivo en Cataluña al dictar presion preventiva , el TS es ahora la Audiencia Nacional , Y Llerena su juez de instrucion , con un auto que es una aberración, uno aun recuerda que una ley franquista de 1944 declaraba a las huelgas sedición..el ejemplo de que se puede hacer pero diferente esta en el caso de Mas , pero claro el ya no molesta , este un auto de venganza para q ue la jauria nacional populista de estado aulle ¡a por ellos oe oe oe! y un suicido del estado de derecho . Que un imputado que pudiera fugarse se le aplique presion preventiva seria lógico pero a aplicarsela a los que se presentan y se entregan es esperpentico.
sábado, 24 de marzo de 2018
Catalunya: España, a un paso de la crisis nerviosa. DOCUMENTAL. francés
El documental, obra de Sylvain Louvet, Gary
Grabli y Julie Peyrard, expone los orígenes del independentismo catalán y
entrevista a los protagonistas de la actual situación, tanto a los
independentistas como a los unionistas, además de analistas europeos.
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