La recuperación de Rajoy no da para subir las pensiones
Juan Torres López
El diario
Si no se pueden subir las pensiones no es porque no haya
recursos, sino porque Rajoy y su Gobierno los han venido distribuyendo a favor
de los que ya tienen más de por sí. Y lo lamentable es que ni siquiera harían
cambios para que las cosas fueran de otro modo.
Manifestación contra el Gobierno por las pensiones ante el
Congreso de los Diputados. LAURA OLÍAS
El presidente Mariano Rajoy ha sido sincero respondiendo a
los pensionistas que le reclaman mejorar las pensiones que reciben. Les ha
dicho que "la recuperación económica no ha llegado a donde todos queremos
que llegue y no tenemos los recursos suficientes para poder subirlas más".
El presidente lleva razón pero solo en parte.
Es cierto que ha habido una recuperación de la economía, tal
y como reflejan la gran mayoría de los indicadores: el crecimiento del PIB, la
inversión y particularmente la que se realiza en bienes de equipo, el consumo
de los hogares, las exportaciones e importaciones, el empleo, las ventas y la
cifra de negocios, el crédito a familias y empresas, e incluso otros más
subjetivos como los de confianza empresarial o de los consumidores.
Negar la evidencia es absurdo. Hemos salido de una situación
muy complicada y la economía española se encuentra ahora en una situación muy
diferente a la de crisis y recesión de años anteriores.
Lo que ocurre, sin embargo, es que esa recuperación
indiscutible se ha producido sobre unas bases que comportan, por decirlo de una
manera suave, demasiadas sombras, sobre todo, porque se ha hecho descansar en
el privilegio de unos pocos en detrimento de la gran mayoría.
Los principales "puntos oscuros" de la
recuperación conseguida por el Gobierno de Rajoy son, a mi juicio, los
siguientes:
Hemos tardado
mucho en salir de la crisis (9 años frente a 2 de Alemania, o 3 de Francia e
Italia) y aquí ocurre como con una gripe: no es igual tenerla durante un par de
días que durante dos meses.
La recuperación es
evidente, como he dicho, pero no semejante en todos los sectores de actividad,
ni claramente consolidada: hay actividades que no terminan de despegar y otras
que presentan signos de retroceso. Por poner solo dos ejemplos, el consumo
privado se ha ralentizado y la inversión no alcanza los niveles precrisis.
Mantenemos un
problema muy grande de deuda que podría ser peligroso si suben los tipos de
interés: la pública aumentó en 2017 a un ritmo de 1.200 euros por segundo y el
Estado tendrá que colocar en los mercados unos 7.000 euros de deuda cada
segundo en 2018, 220.000 millones en todo el año.
El ahorro está en
mínimos históricos y el 58% de los hogares tiene que endeudarse para llegar a
fin de mes.
Efectivamente, se
han creado empleos, pero siguen existiendo problemas muy graves en el mercado
de trabajo: hay 1,7 millones de empleos, 900.000 afiliados y unos 80 millones
de horas semanales menos que antes de la crisis; la tasa de temporalidad es la
más alta de Europa y está en el nivel más elevado desde 2008. El 91% de las
personas que tienen contratos temporales desearían tener uno indefinido y el
58% de las personas que trabajan a jornada parcial quieren hacerlo a jornada
completa. El año pasado se firmaron más de 21 millones de contratos de trabajo
(el 91% temporales), es decir, casi 44 por cada nuevo empleo añadido.
La crisis no se ha
utilizado para cambiar el modelo productivo, sino que más bien se han reforzado
nuestros grandes defectos estructurales: la debilidad de nuestra industria, el
predominio de servicios de bajo valor añadido e intensivos en mano de obra, la
especialización en productos de tecnología medio alta y de calidad medio baja,
la competencia vía precios, la escasa complejidad en nuestra proyección
exterior o exportaciones que recaen sobre las espaldas de muy pocas empresas y
con gran componente de bienes importados, entre otros... Y se han hecho los
recortes más altos de las economías de nuestro entorno con las que hemos de
compararnos en actividades esenciales para el futuro como la investigación, las
energías alternativas, la educación o la lucha contra la desigualdad.
Los beneficios y los costes de lo realizado
para lograr esta recuperación se han repartido muy desigualmente. España es el
país europeo en donde más ha aumentado la desigualdad y ya somos el tercer país
más desigual de Europa: el 79% de los jóvenes (19-30 años) tiene la impresión
de que han sido excluidos de la vida económica a raíz de la crisis; el 24,2% de
entre 20 y 34 ni trabajaba ni estudiaba en 2015; el salario anual de los
jóvenes menores de 26 años que entran al mercado laboral es un tercio inferior
al que hubiesen percibido en 2008; el 86,6% de los españoles que obtienen
rentas ingresan menos de 30.000 euros al año; el 62,6% dice que su situación
económica es igual que hace seis meses, el 23,6% dice que peor y sólo un 13,4%
dice que ha mejorado...
Y, para colmo,
esta recuperación se ha producido paralelamente a una crisis institucional sin
precedentes en nuestra historia, algo que es muy peligroso también para la
actividad económica: la confianza en nuestros representantes políticos
disminuye y la unidad nacional se pone en peligro, en gran parte alentada por
la torpe y pervertida respuesta que el Gobierno de Rajoy ha dado al
independentismo (no se puede explicar de otra manera que haya crecido tanto
bajo su mandato).
En definitiva, es totalmente cierto que el Gobierno de Rajoy
ha logrado recuperar la economía, pero lo ha hecho favoreciendo a los grupos e
intereses económicos ya de por sí más poderosos, concediéndole cada vez más
capacidad de decisión y mejores condiciones para obtener beneficios.
Eso es lo que explica que los salarios hayan caído casi
40.000 millones (y no solo por el menor empleo) en la renta nacional, lo que en
la práctica significa casi tanto dinero menos de ingresos para las empresas,
que el 54% de las horas extraordinarias no se retribuyan, que el 28% de los
contratos firmados en julio pasado y los 2/3 de los temporales de agosto
duraran menos de una semana y que se hayan disparado los contratos de cero
horas.
¿Cómo se va a poder subir las pensiones con esa realidad
laboral, con esa precariedad salarial tan extraordinaria?
El Gobierno de Rajoy ha creado las condiciones para que las
grandes empresas y los bancos obtengan impresionantes beneficios y que tengan
grandes ventajas fiscales, pero a costa de las empresas más pequeñas y medianas
y de las familias.
Como ha señalado
hace poco el economista Vicente Clavero, los seis mayores bancos españoles
(Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) no han pagado, en
conjunto, ni un solo euro por el Impuesto de Sociedades desde el inicio de la
crisis económica, pese a haber ganado 84.000 millones mientras tanto (en
realidad, han tenido un saldo a su favor con Hacienda de 164 millones de
euros). Si hubieran pagado solo el 10% de esos beneficios el Estado podría
haberle dado 1.600 euros a los 5,22 millones de pensionistas españoles que
tienen una pensión de menos de 1.000 euros.
Un buen ejemplo de
cómo y a costa de quién se ha producido la recuperación que ha promovido el
Gobierno de Rajoy es que una sola de las grandes empresas, ENDESA (que antes
era de todos los españoles y fue vendida al capital privado por el Gobierno de
Aznar) repartió en un solo año, 2014, el mayor dividendo de la historia de
España: 14.600 millones de euros. A cambio, en España tenemos la luz más cara
de Europa antes de impuestos y doce veces menos energía solar que en Alemania,
porque Rajoy entregó la cabeza del sector a la señora Merkel nada más empezar a
gobernar.
El Banco de España
ha estimado, muy a la baja, que de los 54.353 millones de euros que se han dado
en ayudas a la banca, sólo se habían recuperado 3.873 millones a finales del
año pasado y que finalmente no se llegarán a recuperar ni 15.000 millones.
De 2007 a 2016, la
participación en la renta nacional del 10% más pobre de la población española
descendió un 17%, mientras que la del 10% más rico creció un 5% y la del 1% más
rico, un 9%.
Teniendo en cuenta todos estos hechos, algunos informes
afirman, yo creo que sin exagerar, que la recuperación económica en España ha
beneficiado cuatro veces más a los grupos de renta más alta que al 90% más
pobre de los españoles. Y con una recuperación tan desigual es natural que el
presidente Rajoy diga que no se pueden subir las pensiones.
Por si no se pueden subir las pensiones no es porque no haya
recursos, sino porque Rajoy y su Gobierno los han venido distribuyendo a favor
de los que ya tienen más de por sí. Y lo lamentable es que ni siquiera harían
cambios extraordinarios para que las cosas fueran de otro modo (como está
ocurriendo, sin ir más lejos, en Portugal):
Dice Rajoy que no
hay dinero para subir las pensiones, pero cada año se destinan casi 5.000
millones de euros a desgravar a los ahorradores que tienen fondos de pensiones
privados. No se solucionaría con ello el problema, pero permitiría una subida
de unos 2.000 euros anuales a los 2,6 millones de pensionistas que cobran menos
de 600 euros al año. Y, por si eso fuera poco, el Gobierno se va a gastar
alrededor de otros 5.000 millones de euros en rescatar autopistas de peaje, con
las que han ganado miles de millones sus constructores.
Sin necesidad de
subir los impuestos sino solo avanzando en la reducción de la economía
sumergida (entre 150.000 y 200.000 millones de euros) o el fraude fiscal (que
algunas estimaciones sitúan en 70.000 millones), tratando simplemente de
alcanzar el porcentaje del PIB que la recaudación de los grandes impuestos
representa en Europa se podrían recaudar unos 25.000 millones anuales
adicionales. Y eso, por no hablar de lo que se podría hacer si las grandes
fortunas españolas tributaran mínimamente por los 120.000 millones de euros que
se calcula que tienen en paraísos fiscales.
Dice Rajoy que no
hay dinero para pensiones pero sí hay para dedicar (en términos reales y sin la
ocultación con que los presenta el Gobierno) más de 18.000 millones de euros
anuales a gasto militar. Y mientras que Rajoy dice que no hay recursos para las
pensiones su Ministra Cospedal se ha comprometido a doblar este gasto en los
próximos siete años.
Con una recuperación con cargas y beneficios tan mal
repartidos es imposible subir las pensiones. Y si seguimos con un modelo
económico al servicio de la banca que gana dinero creando deuda o encareciendo
artificialmente la financiación a base de comisiones, y de las grandes empresas
que destruyen el mercado interior o que explotan nuestras cadenas de creación
de valor, será imposible incluso mantenerlas en el futuro.
Para mejorar y garantizar nuestras pensiones públicas es
imprescindible un pacto nacional que modifique las grandes coordenadas en que
se viene basando nuestro modelo económico, que alcance acuerdos sobre la
distribución de las rentas y las ganancias de productividad, que reparta los
esfuerzos para invertir en el futuro, que apoye a las empresas españolas que pueden
crear y dedicar su valor añadido a crear empleo y riqueza en nuestro país, que
garantice la inversión en I+D+i, que imponga mínimos de justicia fiscal, que
sanee nuestro sistema educativo... Sé que son objetivos difíciles porque chocan
contra el statu quo político y contra los privilegios de las grandes empresas y
bancos pero lograrlos es la única manera de hacer que España no sufra crisis
más profundas en un futuro que puede ser inmediato, por ejemplo, si los
mercados financieros se ponen feos y comienzan a subir los tipos de interés.
