El PSOE en su paradoja.

 

El PSOE en su paradoja: obedecer al régimen bloqueando al mismo tiempo el normal funcionamiento del régimen

Pedro Antonio Honrubia Hurtado y Beto Vasques

 Kaosenlared

El bloqueo actual que vive la situación política española hunde sus raíces en eso que desde el 15M en adelante hemos venido a definir como “crisis de régimen”. Ante la nueva realidad política instalada en el estado tras los resultados de las pasadas elecciones del 20D, expresada en un parlamento que ha dejado atrás el orden político tradicional (bipartidismo + apoyo oscilante sustentado en las fuerzas vascas y catalanas conservadoras), la institucionalidad propia del régimen del 78 se enfrenta  a su propia trampa: un modelo que, en tanto parlamentarista, debería estar preparado para funcionar mediante mayorías parlamentarias diversas y plurales, pero que estaba diseñado en la práctica para operar, a partir de gobiernos monocolores uniformes, como sustento de un régimen bipartidista y ahora, consecuentemente, se muestra incapaz de resolver la situación por sí misma y en última instancia se expresa como una realidad totalmente dependiente de la voluntad de unos partidos que, cada cual por sus propios motivos, no parecen dispuestos a ponerse de acuerdo.

Crisis de institucionalidad y crisis en la capacidad del régimen para imponer sus lógicas

Así, ni la actual constitución ni la actual ley electoral tienen capacidad para responder a la grave crisis de gobernabilidad que estamos viviendo. Tanto que incluso la convocatoria de una sesión de investidura por parte del candidato a presidente del gobierno mandatado por el Rey parece estar sujeto a interpretación.  Cuando la aritmética parlamentaria no sirve por sí misma para dar un gobierno al estado, el sistema debería estar preparado para dar una pronta respuesta a la situación, pero en el caso del estado español vemos que ocurre todo lo contrario. El sistema no está preparado para responder a una situación como la actual y ello ya es en sí mismo un reflejo de que, ante la nueva realidad política y electoral presente, el régimen del 78 se encuentra en una profunda crisis. Una institucionalidad que ya no es capaz de dar respuesta a las necesidades básicas del sistema político establecido es una institucionalidad que necesita urgentemente una regeneración y profundas reformas capaces de adaptar ese sistema  a la realidad del momento. Se exprese en forma de reforma constitucional o se exprese en forma de proceso constituyente, refundar un modelo anacrónico y caduco, incapaz de responder a los retos de época,  parece ya algo más que una evidencia a los ojos de todo el mundo. Urge pues adaptar el sistema político español tanto a la nueva realidad multipartidista como a la realidad plurinacional que le es inherente y que se expresa a través de ella, así como a las expectativas de las nuevas generaciones de electores que demandan cambios en profundidad. El poder de decisión debe volver urgentemente a manos del pueblo y dejar de estar secuestrado en manos de los partidos políticos y sus circunstancias. No es democráticamente aceptable que el voto de la ciudadanía sea incapaz de dar un gobierno al estado y que esta situación se pueda prolongar indefinidamente en tanto aquellos partidos a los que votan sean incapaces de ponerse de acuerdo.

Aunque en realidad tal crisis de institucionalidad no es más que el reflejo de que el orden político que emergió de la “transición” se encuentra irremediablemente en decadencia: falla su capacidad institucional porque ha dejado de operar su capacidad para construirla. En una situación de normalidad política cabría esperar que aquellos partidos tradicionalmente vinculados al régimen fueran capaces de llegar a un acuerdo que facilitara el desbloqueo de la situación, pero si algo caracteriza a las situaciones de “crisis de régimen” es, precisamente, como estamos viendo también, que las “lógicas de régimen” dejan de operar. Los diferentes actores políticos piensan y actúan en función de la defensa de sus propios intereses y se “autonomizan” de los mandatos que tales lógicas de régimen deberían imponer. El “sálvese quien pueda” se convierte entonces en la pauta central del comportamiento de aquellos mismos que hasta entonces habían respondido obedientemente a las demandas del sistema. Solo en caso de que estos intereses converjan en una misma alternativa capaz de dar respuesta a la situación de bloqueo se puede esperar una solución. Y en la situación actual los actores del régimen solo parecen coincidir en un punto: en la obediencia a la orden dada por los poderes fácticos del estado para impedir que Unidos Podemos pueda llegar a formar parte de un gobierno.  Algo que PP, PSOE y Cs comparten y en lo que sí son capaces de ponerse de “acuerdo”, pero que, en sí mismo, no sirve para poder dar una salida al bloqueo imperante.

Para alcanzar esa solución tales partidos no solo deben impedir que Unidos Podemos forme parte de un gobierno (algo que hasta ahora están sabiendo hacer con eficiencia) sino, además, va de suyo, deberían ser capaces de encontrar puntos comunes de acuerdo que permitan la formación de un gobierno sin la presencia de la formación morada. Si lo primero resulta un mandato relativamente sencillo de obedecer tanto por PP, como por PSOE y por Cs, incluso desde la aplicación de la lógica del “sálvese quien pueda” en la que se mueven actualmente cada uno de ellos, lo segundo ya parece bastante más complicado. PP, PSOE y, en menor medida, Cs, luchan por su propia supervivencia y en esa lucha los acuerdos cruzados encuentran dificultades. El PP no pudo apoyar en su momento un gobierno de PSOE y Cs, como era deseo de los poderes fácticos y así lo expresaron ejerciendo todo tipo de presiones contra Rajoy, porque corría riesgo de caer en cierta irrelevancia política que pondría a muchos de sus principales dirigentes, cercados por la corrupción, en una situación complicada y al propio partido abocado a una incertidumbre que podría hacer estallar todo tipo de tensiones internas. Además Rajoy se sentía ganador de las elecciones y no estaba dispuesto a ceder su puesto a una “coalición de perdedores”. De la misma forma ahora el PSOE no parece dispuesto a facilitar un gobierno del PP en tanto que siente la amenaza de Unidos Podemos como partido capaz de disputarle la hegemonía tradicional que ha tenido en la izquierda  y que ello podría conducirlo al temido proceso de “pasokización” que tratan de evitar a toda costa. Además, el partido se ve envuelto en luchas internas de poder que llevan a Sánchez a no poder  ceder, esto es, a no querer ser quien, como máximo responsable de la formación, entregue el partido al PP con su abstención y perder por ello, como consecuencia directa, su cargo de Secretario General en el próximo Congreso del partido. Esa dinámica se acentúa además con el relevo de la vieja guardia del partido arrastrada por su debacle post 15M. Las nuevas élites socialistas, en su mayoría jóvenes cuadros forjados en el aparato del partido, se cultivaron en la lógica de las disputas internas entre las diferentes familias del partido, caracterizada precisamente por la autonomía política frente a las exigencias del sistema (el partido es lo primero).

Así, entre unos intereses y otros, partidistas y personales, nos vemos arrastrados todos y todas a un teatrillo de las élites donde lo que ya parece estar dirimiéndose es, finalmente, saber cuántas veces hará falta pasar por las urnas antes de que las matemáticas hagan posible un gobierno sin la presencia de Unidos Podemos en él, independientemente de quién esté al frente. Paradójicamente, la “crisis de régimen” puede acabar llevando a una recomposición temporal de dicho régimen por vía de una sucesiva repetición de elecciones hasta que, en el peor de los casos, se imponga una matemática capaz de hacer posible que los intereses de todos los partidos del régimen, y en especial los intereses de PP y PSOE, salgan indemnes, o, en el mejor, hasta que el desafío real de Unidos Podemos ejerciera tanta fuerza por sus resultados electorales que ello forzara a PP y PSOE a alcanzar un acuerdo de aquellos en los que deben asumir ciertos costes comunes y compartidos. De momento no nos encontramos en ninguna de ambas situaciones y, por tanto, la repetición de elecciones, por segunda vez en pocos meses, empieza a vislumbrase como una posibilidad bastante real, en tanto y cuanto nadie parece querer asumir el coste que le supondría variar su posición original y quedar así señalado como el principal “dañado” en el posible acuerdo de investidura.

La paradoja del PSOE y su proyección hacia el futuro

En todo este entramado de intereses cruzados entre los intereses propios y los intereses de régimen  aparece el PSOE una vez más, como partido del régimen por excelencia que es, en una posición central y decisiva. En sus manos estaría la posibilidad de ofrecer una salida a la situación de bloqueo explorando la formación de un gobierno en coalición junto a Unidos Podemos. Pero  tanto su visión tradicional de la política como su obediencia debida al régimen y sus mandatos lo siguen impidiendo. El PSOE ni quiere, ni puede, ni le dejan formar este tipo de gobierno “alternativo”, capaz de desbloquear la situación con apoyo de las fuerzas vascas y catalanas en la investidura, sobre la base de un acuerdo de gobierno proporcional y sustentado en las partes programáticas compartidas por ambas formaciones. No por casualidad desde el PSOE se inventan cada día una excusa diferente para no tener que sentarse a negociar en serio un gobierno de coalición. Si Podemos toma la iniciativa y propone un gobierno de coalición, es porque tomó la iniciativa y exigió “sillones”, si no la toma, es porque no la toma y “no es el momento”, y  así un largo etcétera. En cambio sí que pudo sentarse a negociar con Cs un acuerdo de gobierno que contó con el visto bueno de las élites mediáticas y económicas españolas.

El PSOE se expresa con ello actualmente como el principal responsable de un doble bloqueo: por un lado como responsable de que no se abra la posibilidad de explorar una alternativa que permitiese pensar en un gobierno distinto a los que hemos venido teniendo durante las últimas décadas y, por otro lado, como responsable de que sea imposible dar una salida, desde las lógicas de régimen propias del modelo moribundo, a la situación actual. Es decir, aunque por un lado se expresa como el principal garante de los intereses del régimen (pues de él depende que se pudiera explorar una alternativa y se niega), por otro se expresa también como la principal resistencia a que el régimen pueda seguir operando con normalidad (según lo que las urnas dijeron hasta por dos veces en relación a los resultados de los diferentes partidos que son necesarios para un acuerdo de régimen). Una paradoja perversa que tiene paralizado al sistema político español y que agudiza la crisis de régimen imperante.

No obstante el PSOE haría bien en pensar que la partida real no se está desarrollando sobre la bases del duelo electoral entre partidos a corto plazo, sino sobre la necesaria evolución del sistema político español hacia un modelo capaz de recoger con eficiencia las necesidades actuales de la realidad política en el estado español. Como después del 20D y como antes del 26J, el PSOE tiene ante sí un dilema que, antes o después, tendrá que resolver: o formar parte del nuevo bloque de cambio progresista y plurinacional que se está fraguando en el estado, o seguir formando parte de lo “viejo” y, en última instancia, facilitar la consolidación y avance de un nuevo bloque conservador del que formaría  parte junto al PP y a un Cs más o menos importante y/o debilitado en función de los tiempos políticos.

Apoyar al PP o forzar unas terceras elecciones con su doble negativa (no al PP y no a Unidos Podemos), en última instancia sitúan al PSOE en la misma posición “conservadora”, vinculada a lo que muere y no a lo que nace en la izquierda, que, antes o después, lo castigará con fuerza ante su propio electorado tradicional. La crisis de régimen no va a desaparecer y el PSOE está totalmente preso de ella.  Entre las opciones que manejan como decisión a corto plazo los diferentes sectores con poder en el partido, todas ellas le llevan a situarse, como decisión a medio plazo, en el bloque conservador que se verá confrontado duramente, y ya veremos si superado, por el empuje de una alternativa política plurinacional y progresista que, apoyada en fuerzas diversas, quiere facilitar la emergencia de lo “nuevo”, haciendo posible un cierre de la actual crisis de régimen, expresado como ruptura y como nacimiento de un nuevo orden político y constitucional, que responda a las necesidades reales del momento y no al “cierre por arriba” que intentan las élites. El PSOE sigue echando guiños para el lado de lo viejo.

Este teatrillo, por suerte, no va con Unidos Podemos

Y eso que gobernar en coalición con el PSOE bajo la presidencia de Pedro Sánchez sería poco menos que un martirio televisado para Unidos Podemos. En el fondo el No a la “alternativa”, en este contexto actual, es el mejor regalo que Pedro Sánchez puede hacerle al futuro a medio y largo plazo de Unidos Podemos, aunque ahora mismo tanto él como su equipo piensen lo contrario. Mejor incluso que lo que se pueda derivar irremediablemente de una posible abstención para dejar gobernar a Rajoy un tiempo determinado. Debemos estar contentos por ello: este teatrillo del régimen sigue sin ir con nosotros.

 

Demagogia demoscópica.

 

Demagogia demoscópica 

Un análisis a la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), organismo dependiente del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, refleja tres líneas que muestran, según mi saber y entender, la tendenciosidad de la cosa: el propio cuestionario, la presentación de los datos  y el sesgo de la muestra

El movimiento separatista catalán ha destacado por su gran habilidad en poner en circulación eufemismos que disimulan y suavizan su propuesta secesionista (derecho a decidir por derecho de autodeterminación, independencia o soberanía por separación, …) y por el uso espúreo de la demoscopia.
Se les ha de reconocer cierto mérito por haber logrado que haya calado en un amplio espectro social y político, la idea de que el 80% de catalanes están a favor del eufemístico derecho a decidir. No quiero entrar aquí en el uso oportunista que algunos partidos (algunos, por cierto, que por su origen y su pretendida nueva forma de hacer política, se les presuponía mayor seriedad en sus propuestas) han hecho del término, sólo resaltar que esta idea se basa en una manipulación de los resultados de algunas encuestas.
Estoy seguro de que en más de una encuesta más de un 80% de ciudadanos de Catalunya han respondido que sí cuando se les ha preguntados si querían decidir sobre las cosas que les afectaban. Faltaría más. Como dijo el profesor Morente, lo extraño es que un 20% quiera que sean otros los que decidan. No hace falta profundizar mucho para darse cuenta de que la trampa está en la pregunta, ya que si lo que pretendemos es establecer cómo se deben tomar las decisiones en un sistema político democrático, no se trata de discutir quien tiene derecho a decidir, que lo tiene cualquier ciudadano afectado por lo que se vaya a decidir, sino cuándo, cómo y con quien se va decidir. Pero esto ya es demasiado complejo y nos fastidia el eslogan facilón del 80%.
Todo esto viene a cuento por la última hazaña del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), organismo dependiente del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, que acaba de dar a luz el Baròmetre d’Opinió Política. 2ª onada 2016.
Sus frutos:
“Aumenta el sí a la independencia, según el CEO” (Portada de La Vanguardia del 23/7/16).
“Los partidarios de la independencia superan a quienes la rechazan” (Titular página 16, La Vanguardia del 23/7/16).
“El sí a la independencia supera al no en Cataluña”. (Titular página 17, El País edición nacional del 23/7/16).
“El 26J da aire al independentismo” (Titular página 1 del suplemento Cataluña, El País edición Cataluña).
“… Mientras el CEO dice que los partidarios de un Estado catalán superan en cinco puntos a quienes desean seguir en España y el independentismo crece este año a la velocidad de un punto mensual,…” (Fernando Ónega, La Vanguardia, 23/7/16).
“…, ni siquiera cuando el sí al Estado independiente aventaja al no.” (Kepa Aulestia, la Vanguardia, 26/7/16)
Si esto es lo que destacan medios tibios como La Vanguardia o claramente contrarios como El País, y comentaristas poco proclives al separatismo cómo Ónega y Aulestia, nos podemos imaginar (prefiero no comprobarlo) el uso que habrán hecho de estos datos la prensa y medios de comunicación del movimiento. Un balón de oxígeno, ahora que el aire empezaba a faltar, para subir la cuesta del próximo 11 de setiembre.
El problema es que todos estos titulares y todos los que se habrán publicado por ahí se basan en unos datos manipulados que nunca deberían dar pie a los titulares antes citados.
Supongo que expertos en demoscopia y estudiosos de las ciencias sociales podrían hacer un análisis más profundo y una disección más certera de este barómetro. Un servidor, que no soy ni una cosa ni la otra pero que he leído algo sobre el tema, he encontrado tres líneas que reflejan, según mi saber y entender, la tendenciosidad de la cosa: el propio cuestionario, la presentación de los datos  y el sesgo de la muestra.
Respecto al cuestionario. Sería excesivo detallar todas y cada una de las preguntas que anteceden a la pregunta clave, “P31. I més concretament, “Vol que Catalunya sigui un Estat independent”?”, pero si algún lector tiene la paciencia de leerse el cuestionario podrá observar una sucesión de preguntas relativas a la valoración de la situación política y económica, siempre diferenciando entre Cataluña y España, seguidas de otras relativas a las relaciones entre Cataluña y España y de otras relativas a donde se han de tomar las decisiones. Todo un camino que, a mi entender, predispone la respuesta al punto clave.
Pero de todas ellas, si hay una que encuentro escandalosa y perversa es la P52 (que, por cierto, se inserta después de la P12 y, por tanto, antes de la P31) que dice textualmente:
P52. Amb quina frase se sent més identificat/ada?
1.      Soc un/a català/ana que viu a Catalunya.
2.      Soc un/a català/ana que viu a Espanya
3.      Soc un/a espanyol/a que viu a Catalunya
4.      Soc un/a espanyol/a que viu a Espanya
5.      Cap de les anteriors/una altra.
98.  No ho sap
99.  No contesta
Toma ya! Queda excluido ser español y catalán y vivir en una Cataluña dentro de España.
Respecto a la presentación de los datos. En el dossier de prensa y, seguramente por ello, en la mayoría de reseñas de la prensa, se ofrece la evolución del resultado de la famosa P31 desde junio de 2015, con lo que el valor de 47,7 a favor de la independencia por 42,4 en contra, es con mucho el más favorable a las tesis separatistas. Lo que no se dice, ni se muestra, ni se apunta, es que entre junio del 2011 a noviembre de 2013, se había preguntado:
P39. I més concretament, si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria?
Con resultados a favor del sí que oscilaban entre un 42,9% en junio de 2011 a 54,7% en noviembre de 2013, habiendo llegado a un 57% en octubre de 2012. Los resultados a favor del no nunca superaron el 30%. En los barómetros de 2014 se suprimió la pregunta siendo sustituida por preguntas relativas a la cosa del 9N de 2014. Finalmente, el 2015 se reemprende pero con un formato lo suficientemente distinto cómo para justificar que no se ofrezca la serie histórica.
Es decir, un 47,7% a favor de la separación, sigue estando muy por debajo de los valores alcanzados durante el punto álgido del proceso, entre 2012 y 2013, cuando no bajaba del 50% y llegó a un 57%. Y esto es lo que no se dice.
En este sentido es mucho más clara la presentación del resultado de la pregunta 30, sobre qué debería ser Cataluña. En este caso sí se da la serie histórica, desde mayo de 2006, y donde se observa claramente la caída del separatismo después de la cosa del 9N de 2014. Esta información no la he visto reflejada en ningún medio.
Respecto al sesgo de la muestra. Éste es el aspecto clave para obtener unos resultados lo más cercanos posible a lo que piensa el conjunto de la sociedad. Seguro que conseguir una muestra representativa es muy difícil, pero para ello hay una serie de controles y preguntas que van determinado la idoneidad de los entrevistados. En este caso, tratándose de una encuesta de contenido político y que se empieza dos días después de unas elecciones y que una de las preguntas es por quien han votado en estas elecciones, parece obvio que la muestra debería ajustarse bastante a estos los resultados electorales.
Pues no. Según datos del propio barómetro (P40), la muestra tiene las siguientes desviaciones respecto a la realidad de las elecciones, repito, celebradas dos días antes:
En comú Podem: 20,5 en vez de 15,97, +4,53.
ERC: 18,3, en vez de 11,84, +6,46.
CDC: 9.7, en vez de 9,07, +0.63.
PSC: 11, en vez de 10,50, +0,50.
PP: 4,3, en vez de 6,71, -4,41
C’S: 5,7, en vez de 7,12, -1,42
Es decir, se han encuestado un 7,09% más de votantes de partidos separatistas, un 5,33% menos de votantes de partidos no separatistas y un 4,53% más de votantes de partidos que aún no lo saben.
Y todo este trabajo, para alcanzar un glorioso 47,7%, aún por debajo del 48 y pico de las elecciones plebiscitarias. Visto lo visto, llego a la conclusión de que el “procés” debe de estar peor de lo que parece.
Blog Metiendo Bulla, 29 de julio de 2016
* Domènec Benet es librero de Calella de la Costa

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 Nota del blog  .

 Pero además  en otra pregunta efectuada por el CEO  ,en  la misma encuesta,  el 41,6% de los encuestados creen que Catalunya debería ser un Estado independiente; el 26,5%, una comunidad autónoma, el 20,9% un Estado dentro de una España federal y el 4% una región de España. Un crecimiento de la opción independentista (del 38,5% al 41,6%),


 O sea , que quieren que Catalunya se convierta en un Estado independiente un 47.7 % pero deberia ser el 41,6%..   Baja 6,1% 

 En el 2012 ante la pregunta sobre la independencia decian si el 51%  +-  y cuando se preguntaba si se queria separar de España solo el 32% decia que si.

 Pero lo curioso es que la prensa solo ponia el primer titular como ahora.


 

El agotamiento del mercado laboral español

Lo llaman empleo, cuando no lo es

Alejandro Inurrieta

Vozpópuli

Descifrar las cifras de la EPA comienza a ser un ejercicio de debate en el desierto, trufado de hooligans que ensalzan la temporalidad cuando están en el gobierno, y la critican cuando están en la oposición. Todavía retumban en el ideario colectivo cuando la hoy Vicepresidenta del Gobierno en funciones, Dña. Soraya Sáenz de Santamaría elevaba el debate económico con aquella frase lapidaria: el sol sale siempre en abril, y lo mismo hace el empleo gracias al turismo.
El debate post EPA sólo es para hooligans en el Gobierno
Por tanto, el debate sobre empleo se reduce a ensalzar los meses de verano, creyendo que la población es lo suficientemente inmadura para dejarse engañar por dadivas en forma de contratos basura, que antes que termine el verano habrán finalizado y el ciclo de desempleo volverá a comenzar hasta los albores de la primavera siguiente. Este bucle en el que hemos caído ya dura muchos años, trufado eso sí por una enorme burbuja inmobiliaria alentada por un empresariado atrasado y, en un porcentaje no desdeñable que vive de los chanchullos ligados a la política municipal y autonómica, que apenas sabe hacer nada fuera del BOE y los diversos boletines autonómicos. Esta mezcla explosiva ha creado una pantalla, divulgada por los afines en los medios de comunicación, que no deja ver la realidad del mercado laboral en España, pero también en el resto del mundo occidental.
El verano es proclive al señuelo del empleo basura hasta que llegue el otoño
Los datos de la EPA apenas merecen un análisis somero. Se crea empleo temporal, la tasa de temporalidad aumenta hasta el 25,72%, pero el ritmo de creación se frena respecto al bienio 2013-2015, tanto en datos brutos, como desestacionalizados, lo mismo que la reducción del paro. A pesar de crecer a un ritmo de casi el 3%, la tasa de paro oficial sigue en el 20%. Los servicios y la agricultura salvan los muebles, en un país donde la industria sigue perdiendo empleo, y la construcción se asoma tímidamente a la superficie, tras varios años en coma. El empleo se crea sobre todo en las costas, especialmente Baleares, pero también Murcia o Cataluña, y País Vasco, y avanza más lentamente en Galicia, Madrid o Andalucía. El empleo creado es básicamente temporal, aunque en el stock predomine el empleo indefinido, cada vez peor pagado, con menos derechos y con un alto riesgo de ir reduciéndose a medida que el paro tecnológico se instale definitivamente en lo poco que queda en España.
Las cifras del 2trim 2016 apuntan a una moderación en la creación de empleo
La situación de los hogares sigue siendo dramática en muchos casos, con más de 2,1 mill de parados de larga duración y 1,4 mill hogares que tienen a todos sus miembros en paro, dando la verdadera dimensión del problema: hay un desempleo crónico que es probable que nunca más volverá a trabajar. Así mismo, es un mercado con una elevadísima rotación, prueba de ello es que en este trimestre 1,6 mill de personas han saldo del desempleo, y han entrado en él 1,4 mill de personas.
Pero las variables menos tratadas, pero más relevantes sigue siendo la tasa de actividad y la tasa de empleo. La primera sigue por debajo del 60%, un 59%, y la de empleo en el 47%, por lo que existe un grave problema de empleabilidad y crecimiento potencial, fruto del agotamiento del modelo de producción elegido y la expulsión de una parte no desdeñable de nuestro mejor capital humano. Es decir, España corre el riesgo de ser una economía sonde solo puedan trabajar un colectivo cada vez más reducido en un entorno demográfico envejecido y con amplios colectivos que tendrán que ser subsidiados si no queremos asistir a una verdadera revolución social.
Los datos de actividad y tasa de empleo revelan el agotamiento del mercado laboral español incapaz de llegar al pleno empleo
Con estas pinceladas estadísticas se puede entrever que el problema es aún más gordo. Estamos en el umbral, ya desde hace tiempo, en el que el factor trabajo languidece. Las tasas de empleo y actividad, verdadero termómetro del futuro, nos indican que no hay trabajo para todo, que como ya anticipó Rifkin, estamos ante el fin del trabajo como lo hemos conocido hace 60 años. Por un lado, el shock tecnológico que ya está aquí, la robotización, no tiene vuelta atrás, y los nuevos empleos que se crearán no podrán absorber el desempleo masivo de todos aquellos trabajadores que no podrán entrar en este selecto mundo d la tecnología.
Estamos ante el fin del empleo para colectivos cada vez más amplios de la población
El escaso empleo no tecnológico que irá creando será cada vez de peor calidad, con menores derechos y peor pagado, por lo que el debate estúpido que se enciende tras la publicación de la EPA o el paro registrado en España tenderá a extinguirse. Será sepultado por la angustia que irán percibiendo los políticos ante la inacción que les atenaza porque no saben qué hacer con toda la mano de obra sobrante que nunca más trabajará. O establecemos una renta básica para estos colectivos, o habrá que asistir a una revuelta social. Pero está claro que se eso no se habla en la esperpéntica contienda electoral a la que asistimos en España, cada vez cada menos tiempo.
Fuente: http://vozpopuli.com/blogs/7523-ainurrieta-lo-llaman-empleo-cuando-no-lo-es

La liberalización cambiaria en Argentina.

Informe Económico de CELAG

Consecuencias de la liberalización cambiaria en Argentina en la era Macri

Alfredo Serrano Mancilla y Francisco Navarro Gálvez

CELAG

2/8/2016

• Tras la liberalización cambiaria en Argentina implementada por el gobierno de Macri, el tipo de cambio muestra una depreciación entorno al 56%. Pasando de 9,66 a 15,07 pesos por dólar (USD) a fecha 20 de julio de 2016 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución del tipo de cambio en Argentina (2014-2016)

• En perspectiva histórica, desde que el peso argentino dejó de tener una relación cambiaria fija con el dólar (régimen que se mantuvo de 1991 a 2002), el tipo de cambio promedio (desde 2003) hasta que el Ministro de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Macri, Alfonso Prat Gay, puso fin a las restricciones cambiaras fue de 4,3 pesos por USD; mientras que el promedio desde el levantamiento ha sido muy cercano a 15 pesos por USD. (Gráfico 2)

Gráfico 2. Evolución del tipo de cambio en Argentina (2003-2016) y tipo de cambio promedio

• Un ajuste liberalizador de este tipo conlleva una depreciación de gran magnitud que tiene consecuencias sobre la inflación y, por lo tanto, sobre la depreciación real del salario. En este caso, en el primer semestre del 2016 la tasa de inflación ha acumulado un 27,1% y la tasa interanual se ha situado en el 45,3%, muy por encima de la inflación de los últimos años.
• El poder adquisitivo, medido a través del salario real, presenta una caída de un 8% desde noviembre de 2015 a marzo del 2016.
• Debido a la estructura comercial argentina, con fuerte dependencia de importaciones en distintos productos, la devaluación puede traducirse en un aumento de las importaciones.
• En este sentido, aunque las importaciones en total han disminuido levemente (2%) en los primeros cinco meses del 2016, el análisis desagregado sectorialmente muestra fuertes incrementos de estas importaciones en el último mes de mayo en sectores relacionados con los bienes de consumo como, por ejemplo, bebidas-alimentos (45%); marroquinería (83%); calzado (46%); juguetes (53%).
• La transmisión de la devaluación a los precios podría ir más allá de aquellos bienes comerciados internacionalmente. En economías con situaciones estructurales de inestabilidad de precios donde el dólar es una referencia para la fijación de precios domésticos de aquellos productos “no internacionalizados”, las presiones inflacionistas pueden ser aún mayores si el traspaso se extiende a estos bienes y servicios.
• La liberalización cambiaria tuvo además un efecto contraproducente en relación a las reservas internacionales.
• Por un lado, la devaluación no atrajo más oferta de dólares. Todo lo contrario. Los exportadores privados no liquidaron ventas a pesar del tipo de cambio más atractivo. Siguen esperando que suba mas para continuar negociando la liquidación. Aumenta así la dependencia de este sector.
• Por otro lado, se incrementó la demanda de dólares para simplemente ahorrar. Es decir, se canalizó recursos para ahorro sin destinarlo a ningún tipo de inversión productiva.
• Esto provocó que esta caída de dólares fuera sustituida con mayor deuda externa. En el primer trimestre de 2016 la economía argentina aumentó su endeudamiento externo en un 11% [1]. El objetivo fue hacer frente a la constante fuga de capitales (en forma de divisas) causada por la reemisión de utilidades, por servicios (turismo especialmente, que suma una pérdida neta en el primer trimestre del año de 2.110 millones de dólares) y por la fuga de ahorros hacia el dólar (este concepto ha supuesto desde la aplicación de la libre flotación hasta marzo de 2016 unos 6.142 millones de dólares).
• No hay que olvidar además que el gobierno de Macri ha decidido también el pago de la deuda pública mediante reservas.
• En julio de este año se ha establecido por decreto el uso de 3.952 millones de dólares de las reservas del Banco Central para cancelar los vencimientos de deuda con organismos multilaterales de crédito durante el 2016.

Además, cabe resaltar el siguiente dato que demuestra cómo la devaluación no ha servido para nada, o mas bien, se podía afirmar que ha perjudicado a la economía argentina: se registró en junio un déficit presupuestario primario sin rentas financieras de 45.099,7 millones de pesos (3.006,65 millones de dólares). El resultado representa un incremento del déficit con respecto a junio 2015 de 22.375,5 millones de dólares.
Nota:
[1] Gran parte del aumento vino determinado por el desembolso de un crédito puente de 5000 millones de dólares recibido por el Banco Central, y otros 5200 millones del swap de monedas con China.
Fuente: http://www.celag.org/informe-economico-consecuencias-de-la-liberalizacion-cambiaria-en-argentina-en-la-era-macri/

Tribunal Constitucional y desmantelamiento del Estado social.

Eliminada la universalidad del derecho a la salud

Tribunal Constitucional y desmantelamiento del Estado social

Sebastián Martín

Cuarto Poder

A día de hoy, todavía abundan quienes hablan de “Estado de derecho” para referirse al modelo político vigente. La fórmula no puede ser más imprecisa. El Estado de derecho fue la forma política predominante en Europa durante el siglo XIX hasta el final de la I Guerra Mundial. Se caracterizaba por racionalizar las actuaciones del poder público con el fin de comunicar seguridad jurídica a los ciudadanos. Obedecía a la divisa ilustrada de que ningún hombre debe obedecer a otro hombre, sino todos, sin distinción, a la ley común. Y para ello era indispensable recoger en una Constitución los órganos y los procedimientos a través de los cuales esta ley debía discutirse, aprobarse y aplicarse.
Este dispositivo de liberación respecto de los particularismos y sometimientos propios de la sociedad feudal se reveló bien pronto como estructura de dominación. El imperio de la ley, si por un lado emancipó, por otro también sometió. A la discusión y elaboración de las leyes estaba llamada solamente una minoría de varones potentados. Su contenido sustantivo tenía que ver con la protección de la propiedad privada y con las garantías anejas al comercio. Vinculaba, ante todo, a los tribunales de justicia en su función de amparo de la persona y su hacienda; mucho menos a la administración, en la que aún regía la discrecionalidad. Por eso el Estado de derecho decimonónico, pese a protocolizar algunos actos del poder, continuó teniendo inclinaciones excluyentes y arbitrarias.
Romper con ellas fue el objetivo de las repúblicas democráticas de la primera posguerra. Una de sus pretensiones consistió en someter los actos administrativos a la ley. El ciudadano podría acudir así a los tribunales en amparo de sus derechos, no solo frente a las agresiones de terceros, sino de los propios poderes públicos. Pero lo que supuso de veras un salto cualitativo en la organización del Estado fue el decidido empeño de proporcionar un valor jurídico supremo a la Constitución; y no por capricho, sino por blindar los derechos en ella enunciados. El valor de la ley fundamental había sido antes meramente político: carecía de mecanismos efectivos de garantía frente a su conculcación, más allá de la incierta pérdida de legitimidad ante la opinión pública sufrida por el conculcador. Con la puesta en planta de tribunales constitucionales, la torna giró. El valor de la Constitución sería netamente jurídico y su contenido estaría protegido incluso frente a las leyes parlamentarias que lo contrariasen. Había nacido en Europa el “Estado constitucional”. Al “imperio de la ley” debía remplazarlo el “imperio de los derechos”.
La institucionalización de este tipo de Estado trata de ser una síntesis virtuosa entre el principio democrático y el principio constitucional, entre la voluntad de las mayorías sociales formada en ejercicio de las libertades políticas y la protección integral de los derechos declarados en la norma fundamental. Contra lo que suelen sostener los constitucionalistas más anquilosados, la Constitución en su sentido moderno no se limita a ser enunciación de principios ambiguos con el fin de ceder toda la decisión política a los gobiernos de turno. Su vocación actual es justo la inversa, la de sustraer todo el ámbito decisorio posible a la arbitrariedad de los poderes, racionalizando, orientando y limitando al máximo sus actuaciones. Pero no en nombre de las puras formas, sino de la salvaguardia de los derechos constitucionales. Es esa, y no otra, la esencia ética del constitucionalismo contemporáneo.
Bien cierto es que el artificio de dejar en manos de un colegio de expertos la defensa de los derechos frente al dictado de la ley no carece de imprevistos. La historia judicial europea y norteamericana está llena de episodios reaccionarios de boicot judicial a leyes parlamentarias de tono social. La llegada del III Reich es, de hecho, incomprensible sin la acusadísima politización conservadora de la justicia, que apelaba al principio de igualdad ante la ley para abolir las conquistas del derecho laboral. Sin embargo, en la democracia actual estos peligros deberían haberse conjurado ya. Para eso mismo conforman los “derechos sociales” un principio informador de la interpretación jurisprudencial (art. 53.3 CE); por eso también se vincula el contenido de los derechos al derecho internacional (art. 10.2) y con ese mismo fin se obliga a todos los poderes públicos a remover los obstáculos que impidan alcanzar mayores dosis de igualdad real (art. 9.2).
Tampoco es garantía de mejor protección de los derechos el concentrarla en una corte de juristas de élite permeables a las pulsiones del poder. Existen alternativas, desde desconcentrar el control de constitucionalidad a todos los jueces, hasta elegir por sorteo para cada caso de una lista amplia a los magistrados llamados a ejercerlo, como ha propuesto Juan Carlos Escudier. Incluso ha habido constitucionalistas (Albert Noguera) que han reclamado algún dispositivo de control popular directo en el nombramiento de los magistrados, sustrayendo el monopolio de su designación a los partidos.
El caso es que en nuestro actual sistema político no contamos con otro garante de los derechos frente a las decisiones del poder ejecutivo y legislativo que el propio Tribunal Constitucional. Sin embargo, ya ha dado suficientes muestras de contravenir esta función garantista. Prefiere desempeñar una labor de blanqueo de las medidas que prosiguen con el actual desmontaje del Estado social. Ya lo demostró cuando avaló el uso del decreto ley para aprobar la última reforma laboral. Y ahora vuelve a hacerlo permitiendo la eliminación de la universalidad en la protección del derecho a la salud.
Por lo que se conoce de auto, el Tribunal vuelve a legitimar la práctica, expresamente prohibida por el art. 86.1 CE, de regular mediante decreto asuntos concernientes a derechos. Y no cabe plantear como excusa que la protección a la salud conforma tan solo un “principio rector de la política social”, no sujeto, por tanto, a reserva de ley, pues el citado art. 86.1 veta el decreto para todos los “los derechos, deberes y libertades” del título I, donde también se encuentra el art. 43.
El problema del planteamiento del Tribunal es, además, de principio. Su misión natural no es la de amparar la discrecionalidad gubernamental frente a la intangibilidad de los derechos, sino justo la contraria. Con el auto del pasado día 21, rechazado por tres votos particulares, vuelve a pervertirse su función. Y según lo han descrito los medios, la perversión se verifica con una falacia argumental. El art. 13.1 hace extensible a los extranjeros el goce de todos los derechos constitucionales, salvo el de sufragio, en los “términos que establezcan los tratados y la ley”. Por eso, para avalar el recorte sanitario, el Tribunal se refiere a la legítima capacidad del legislador para modular el ejercicio del derecho a la salud por parte de los extranjeros. Pero una cosa es regular por ley su ejercicio y otra muy distinta es negarlo. Nada impide, en efecto, introducir requisitos legales que impidan su disfrute fraudulento, como pasa con el turismo sanitario. Pero la modulación de un derecho no puede equivaler a su discriminatoria supresión para un determinado sector, el de los extranjeros asentados en España, a los que las restricciones normativas vigentes impiden obtener la residencia oficial.
Deslizar que, en caso contrario, se estaría admitiendo una suerte de derecho abusivo a “prestaciones gratuitas” roza el trazo grueso, pues desprecia la aportación económica que realiza la población inmigrante sin residencia legal a través de su trabajo no regularizado y de impuestos indirectos. Por otra parte, admitir la eliminación de un derecho como mecanismo de estabilización económica del sistema sanitario sienta un funesto precedente. Nadie negaría la tutela judicial a los extranjeros sin residencia porque el aparato de justicia resulta económicamente deficitario.
Con la mayoría de este Tribunal Constitucional ajena a su labor garantista no sigue quedando otra a la ciudadanía que la reivindicación activa de los derechos, como en el caso de la salud ha venido demostrando la Marea Blanca. Y el horizonte perseguido debe ser el de una reforma constitucional que equipare en todos sus extremos el derecho a la asistencia sanitaria con el derecho a la educación, donde los miserables argumentos economicistas y ordenancistas sobre su oportunidad, extensión y grado de protección parecen encontrarse aún en franca posición de debilidad. Solo así podría restaurarse en este punto la lógica del imperio de los derechos frente al vetusto principio del imperio de la ley propio del Estado de derecho.
Sebastián Martín es profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla.
Fuente: http://www.cuartopoder.es/tribuna/2016/07/28/tribunal-constitucional-desmantelamiento-del-estado-social/8916

El terrorismo es política.

Ni islam ni locura, el terrorismo es política.

Bruno Guigue

Madaniya

Traducido del francés para Rebelión por Caty R.

Según los primeros datos de la investigación, parece que el autor de la vil matanza de Niza se burlaba de la religión, no rezaba, no respetaba el Ramadán, coleccionaba conquistas masculinas y femeninas, llevaba una vida disoluta, era aficionado a las webs violentas y tenía una lamentable tendencia a arreglar sus diferencias con una pistola automática. Opino que ya es hora de sacar algunas enseñanzas de semejante retrato, que ordena los hechos, y analizar los daños colaterales que producen las interpretaciones de los atentados. A años luz de las prácticas islámicas habituales, ese retrato del autor de la masacre del 14 de julio como hedonista compulsivo, colérico y sin tabús, tiene mucho interés. Lo menos que se puede decir es que cubre de ridículo a la manada de tele-expertos dispuesta a descubrir en cualquier golpe el escalofrío apocalíptico de la yihad global.
Para los que solo quieren ver en el terrorismo el estadio supremo del fanatismo religioso este desmentido es categórico y no admite discusión. Resulta ya difícil mantener la tesis de la responsabilidad inmemorial del islam cuando sabemos que el asesino era musulmán de la misma forma que los Borgia eran católicos y que además 10 de las 84 víctimas de la masacre de Niza eran de confesión musulmana.
Este examen implacable de los hechos también pone contra las cuerdas a esos políticos ansiosos que se arrojan sobre la presa fácil del islam al menor suceso susceptible de echar leña al fuego. Quizá con la esperanza de pasar al Frente Nacional por la derecha, con una arriesgada maniobra, no ven que se cubren de vergüenza y cavan su tumba política. Mientras alguno reclama a gritos la prohibición del velo islámico en Francia para luchar contra el terrorismo, no sabemos si reír o llorar ante esa intención ridícula y el evidente intento de manipulación.
Es obvio que el autor del crimen abominable de Niza estaba poseído por una violencia sorda. Alimentada de fracasos y frustraciones el asesino del Paseo de los Ingleses la desencadenó de repente perpetrando un acto horrible, una carnicería masiva. ¿Por qué? En el fondo nadie lo sabe con exactitud.
Se pueden glosar sin fin sus motivaciones, recurrir a los expertos más sabios, movilizar todos los recursos de la psicología y la sociología, pero el objeto de estudio ha desaparecido con el acto que lo hizo nacer. El haz de sus justificaciones se volatilizó con él y eliminó para siempre cualquier explicación exhaustiva. Queramos o no el engranaje que condujo a la tragedia del 14 de julio corre el riesgo de permanecer rodeado de misterio.
Sin embargo eso no significa que no haya nada que comprender. Se ha señalado, con razón, la falta de motivación política explícita del asesino. Pero no todos los terroristas dejan para la posteridad un testamento político destinado a justificar sus crímenes.
En este caso la ausencia de discurso puede permitir cualquier discurso. Y además hay que admitir que la lectura apolítica de la acción criminal del 14 de julio está seriamente rebatida por una reivindicación a posteriori.
La justificación del acto por la organización terrorista transforma el propio acto a espaldas del autor, disipa la ambigüedad inicial.
La reivindicación, formulada por el Dáesh, sería muy oportuna, ¿pero quién puede demostrarlo? Y si se presenta una prueba, ¿qué se podría deducir? Añadida al modus operandi utilizado (el camión asesino), la reivindicación del atentado por parte de la organización terrorista, sin excluirla totalmente, parece invalidar la hipótesis de un acto aislado, desnudo de toda significación política y cometido bajo el efecto de un ataque de locura.
Sí, un atentado ha sido perpetrado por un individuo decidido a matar ciegamente y ese crimen ha sido reivindicado por una organización terrorista internacional que no deja de invitar a sus afiliados a cometer esos crímenes. Con partidarios diseminados por todas partes, en realidad el Dáesh no tiene ninguna necesidad de organizar previamente los atentados, ya que le basta con atribuirse la paternidad después. La violencia de los adeptos que pasan a la acción se inscribe espontáneamente en el proyecto de subversión por el terror que constituye la obsesión yihadista desde la creación de Al-Qaida con el patrocinio estadounidense-saudí.
Es por lo que el autor del crimen (individual) y su padrino (colectivo) comparten claramente la responsabilidad. Ambos en conjunto perpetran esta monstruosidad, uno porque la comete y otro porque la reivindica. El terrorismo no existe porque haya ciertos locos que lo ejecutan, pero no existirían esos locos si no hubiera una organización que difundiera las consignas. No dejaremos de repetirlo: el terrorismo es un asunto político. Y si brinda a los desequilibrados un medio de expeler su malestar es porque la organización existe antes que los locos y los utiliza como «soldados de la yihad».
Pero por el contrario, si se interpreta el terrorismo desde el punto de vista psiquiátrico se ofrece una coartada que oculta el significado. Libre de cualquier racionalidad, incluida la asesina, el yihadismo se reduce al estatuto de curiosidad antropológica. Se convierte en una especie de agujero negro del pensamiento, una aberración sin causa asignable, como si nada pudiera explicarla salvo el desorden mental de sus actores. Se quiere condenar a los terroristas por lo que hacen, pero al mismo tiempo se les despoja de toda responsabilidad política.
Al igual que la que solo ve la impronta del islam, esta interpretación del fenómeno yihadista, al ocultar su motivación primigenia, lo despoja de cualquier análisis racional. Y arroja una cortina de humo sobre las razones de ese peligro letal que nuestros dirigentes, por cinismo y cobardía, hacen crecer pretendiendo combatirlo.

Bruno Guigue, en la actualidad profesor de Filosofía, es titulado en Geopolítica por la École National d’Administration (ENA), ensayista y autor de los siguientes libros: Aux origines du conflit israélo-arabe , L’Economie solidaire , Faut-il brûler Lénine?, Proche-Orient: la guerre des mots y Les raisons de l’esclavage, todos publicados por L’Harmattan.
Fuente: http://www.madaniya.info/2016/07/20/ni-islam-ni-folie-la-terreur-est-politique/

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 De aquellos polvos estos lodos

https://www.rebelion.org/noticia.php?id=214935

Los errores de Syriza y sus consecuencias.

El economista y miembro de la Plataforma por la Salida del Euro, Ramón Franquesa, participa en el “Campus Praxis” de Valencia

“Para demasiados intelectuales de izquierda es una grosería cuestionar la actual UE”

Enric Llopis

Rebelión

Huelgas generales, movilizaciones populares… La población griega se había empobrecido en un 40% y continuaba la subordinación a la Troika, con un ejecutivo de coalición encabezado por Antonis Samaras (Nueva Democracia), apoyado por el PASOK e Izquierda Democrática. Syriza capitalizó el malestar. En los comicios de mayo de 2012 superó al PASOK y se quedó a un escaso 3% de Nueva Democracia. Pero en enero de 2015 se impuso en las elecciones con un discurso que planteaba renegociar el pago de la deuda (en el primer trimestre de 2016 la deuda pública griega se situó en el 176,3% del PIB). Syriza había asumido hasta el momento buena parte del programa de los movimientos sociales, pero ¿evaluó correctamente la situación? “Puede discutirse en el caso de Alexis Tsipras dónde acababa la estupidez y comenzaba la soberbia, pero el diagnóstico fue totalmente equivocado”, afirma el economista y miembro de la Plataforma por la Salida del Euro, Ramón Franquesa. Tal vez el líder de Syriza confiaba en que con inteligencia, juventud, seducción, apoyo social y pulcritud ante la corrupción podría convencer a la Troika para que aflojara el dogal. Hoy, ¿significa la “capitulación griega” el fin de la izquierda europea? El profesor de Economía en la Universitat de Barcelona y coautor de “Librarse del euro” (Icaria), Ramón Franquesa, ha abordado la cuestión en el curso de verano “Campus Praxis” de Valencia, en el que colaboran Sodepau, El Viejo Topo y la universidad. Subraya las limitaciones de la estrategia de Tsipras: no preparó a la población para una posible expulsión del euro, tampoco expandió los contactos internacionales para obtener nuevas líneas de crédito y comercio (aunque países como Rusia se ofrecieron de manera unilateral), ni diseñó planes para evitar una fuga de masa monetaria de euros. “Tampoco lo hizo su ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, que no fue capaz ni tan sólo de preparar (disponiendo de los funcionarios de todo un ministerio), un plan alternativo, un plan B”, defiende Franquesa.
Sólo quedaban dos caminos ante los poderes financieros y la Troika: pagar hasta el último céntimo de la deuda o romper con el sistema del BCE y el euro. El nuevo gobierno de izquierdas no desarrolló medidas de “contingencia” ante las amenazas perpetradas por Berlín y Bruselas, pero “otras instituciones sí desplegaron una estrategia ofensiva”, subraya el profesor de Economía de la Universitat de Barcelona. Por ejemplo, en el parlamento heleno la exdiputada del PASOK, Sofía Sakorafa, figuraba entre quienes impulsaron el Comité por la Auditoría de la Deuda Pública, que subrayó el origen ilegítimo de ésta. La canciller Merkel hizo saber al gobierno heleno que no vería con agrado el resultado de este informe en las negociaciones. “Ni Tsipras ni su ministro Varoufakis se atrevieron a sacar el citado informe del Parlamento, para plantarlo ante la Troika”.
“Con un nulo sentido de la previsión, el gobierno dejó que se agotaran los plazos de la deuda entre enero y el verano de 2015”, añade Ramón Franquesa. Ya en el límite, se convocó un referéndum en el que se preguntaba al pueblo griego sobre la austeridad, los recortes y el pago de la deuda, pese a que en el programa con el que Syriza llegó al gobierno parecía todo bien claro. Si el ejecutivo pretendía ganar el referéndum, “¿cómo permitió que los bancos privados sacaran del país una enorme cantidad de masa monetaria en los días previos a la consulta?”, se pregunta el economista y miembro de la Plataforma por la Salida del Euro. Los ciudadanos griegos se vieron obligados a racionar la retirada de dinero en los cajeros. Se extendió el miedo.
En el resto de Europa, mientras, los medios informativos sostenían que si los griegos no pagaban sus deudas, las poblaciones europeas tendrían que abonar la factura. Pero en medio de las coacciones y la presión de los medios de comunicación, el pueblo heleno se pronunció. El 5 de julio de 2015 se convocó el referéndum sobre las condiciones del rescate planteado por la UE, el FMI y el BCE. Con una participación del 62,5%, votaron “no” el 61,3% de los electores. ¿Qué ocurrió tras el referéndum? “Una terrible paradoja y decepción”, afirma Ramón Franquesa. El ejecutivo de Tsipras desconsideró el mandato popular y pidió el tercer rescate al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), lo que implicaba la aceptación de “reformas” tributarias y “ajustes” en el gasto público; también exigencias de recortes y “reformas” mucho más severas que las rechazadas en la consulta.
Franquesa recuerda que el primer “paquete” de imposiciones fue aprobado en el parlamento el 15 de julio con el apoyo de Nueva Democracia y el PASOK, mientras varios diputados disidentes de Syriza votaban en contra. Los sindicatos convocaron protestas en Atenas. Tsipras defenestró de inmediato a los ministros y viceministros que votaron contra el “rescate”. Sólo una semana después, el parlamento dio el plácet al segundo bloque de reformas. “Se cumplían así las condiciones que permitieron el 28 de julio iniciar las negociaciones del tercer rescate entre Grecia y los acreedores”, explica el profesor de Economía. El jalón siguiente de la cronología se sitúa el 11 de agosto, cuando el gobierno y el conjunto de acreedores (FMI, Comisión Europea, BCE y Mecanismo Europeo de Estabilidad) alcanzaron un acuerdo sobre las medidas a las que Grecia debía someterse. El parlamento heleno las refrendó tres días después, con los votos de dos tercios de los diputados de Syriza y el apoyo de los partidos del “establishment”. ¿Qué representó el llamado “Memorando de Entendimiento”? Incluía la creación de un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros, la aplicación de nuevos recortes en el gasto social y cambios tanto en el mercado laboral como en los servicios públicos (educación, salud, pensiones y salarios).
Ramón Franquesa insiste en que Syriza “pasó a efectuar un recorte mucho más severo del que se rechazó en el referéndum”. Tanto es así que el tercer memorando “resultó demoledor en sus exigencias, algunas de las cuales tuvo que aprobarlas el parlamento griego en 48 horas”. ¿Qué “mensaje” se pretendía trasladar? “Es lo que les espera a los súbditos (y no sólo griegos) si osan levantarse”. Más aún, “la reacción de Merkel a la consulta me recuerda mucho a la de Hitler ante la insurrección de Varsovia: no bastaba con derrotarlos, había que pulverizarlos de manera ejemplar”. Y no solo se trata de la emigración económica. La llamada crisis de la deuda ha tenido efectos devastadores como el deterioro generalizado de los niveles de salud, el aumento de los suicidios, la violencia y la disminución en la esperanza de vida. También ha dado lugar a números estremecedores en las puntas de la recesión.
Un 10% de los niños helenos en situación de “inseguridad alimentaria”, además de la creciente desnutrición entre los escolares. Tasas de desempleo del 26% (la más alta de la UE), y de paro juvenil del 51,2%; unos 2,5 millones de griegos viviendo por debajo del umbral de la pobreza, lo que incluye al 40% de los niños y el 45% de los jubilados (el número de personas en riesgo de caer por debajo del citado umbral es de 3,8 millones). En un manifiesto difundido en mayo de 2016 (“Un Plan B para no ir a ninguna parte”), miembros de la Plataforma por la Salida del Euro como Ramón Franquesa, Pedro Montes y Diosdado Toledano denunciaron que en Grecia, en julio de 2015, “no hubo un golpe de estado financiero, sino la entrega de un gobierno que, mandatado por los ciudadanos a negociar nuevos ajustes y recortes, claudicó ante la Troika y aceptó estrangular con más fuerza a los trabajadores y capas populares griegas”.
¿Qué queda de Syriza como referente de la izquierda, de modelo para la “nueva política”? En Cataluña, recuerda Ramón Franquesa, EUiA planteaba convertirse en la Syriza catalana. En los grandes mítines Pablo Iglesias y Alberto Garzón rivalizaban por comparecer al lado de Tsipras. “Syriza se había convertido en un faro para el Partido de la Izquierda Europea y los partidos emergentes, ¿qué queda de todo aquello?”, se pregunta el economista. Primero, el silencio. Además, “se continúa haciendo política sin abordar el problema de la deuda y el sistema monetario y político de la UE”. La cuestión no se trató en la última campaña electoral, pese a la vigencia del debate sobre el “brexit”. La política, hoy, no se cuestiona el marco impuesto por la UE; se acepta que no es posible cambiarlo ni salir del mismo, pese a que se trata de una “argolla de acero” que deja un escaso margen de libertad. Pero la política interna de un país de la Eurozona no puede aislarse del naufragio de Syriza, la reforma laboral en Francia, la reforma constitucional italiana o la Gran Bretaña del “brexit”. Según el miembro de la Plataforma por la Salida del Euro, estas consideraciones entran de lleno en la incorrección política. “Para demasiados intelectuales que se reclaman de izquierdas e internacionalistas, es una grosería cuestionar la actual UE”.

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Nota del blog.


Esta claro que Zyriza al ganar las elecciones el primer paso y sin avisar debía  haber declarado el  control del capital de sus bancos  fuera corralito o no lo fuera y no esperar que se lo declarara el BCE como hizo luego para hundirlos en la miseria, sino hicieron eso  menos iban a salir del euro, cuando la mayoría aquí y allá  son partidarios de estar en el por mucha desafección que escenifiquen...y que el palo a Syriza fue a Podemos lo mismo o a quien plantee  alternativa.
 La mecánica destructiva creativa  del capital es de cajón.
Varoufaquis  ya avisó todo el tiempo que el mango de la sartén lo tenía el BCE. Y qué en la negociación era fundamental el papel del BCE  y así fue . El BCE cambio su política pero después del palo a Grecia .

 Y de todos modos las cosas se ven claras así que pasan, pero  previsible era,   ya se vio con Chipre y Grecia era igual pequeña pero adecuada para dar un segundo escarmiento, que desde luego  si que te tiene que ver el Brexit con ello aunque  no estén en el euro.
 El mecanismo de "destrucción creativa" ya lo vimos en Oriente Medio e igual la crisis general no era un problema de deuda pública y menos en España, pero lo transforma en un problema  como ya había  echo en Grecia,  ya se había denunciado como experimento anteriormente.

 Y Syriza luego de controlar su banca,  ya estaba bajo control de su banco central, sacar la auditoria  clave además para cualquier salida del euro o no y negociar,  mientras además se reclamaba el capital exterior y si era necesario a los dueños de ese capital mandarle la  hacienda encima, desde que se entra en una moneda común ya se sabe lo difícil que es controlarla . Los estados se quedan sin mecanismos de control .
Y quién dice el control del capital de los depósitos bancarios al igual el control del capital de los que tiene el dinero en Suiza y el exterior que no sea empresarial y digo control y no nacionalización .Al final hubo corralito  y tuvieron que hacerlo mismo pero ya cuando no quedaba nada. Y encima se comió las culpas de la crisis  de los gestores anteriores tanto griegos como comunitarios. Y sirvió para taparlos .Ya se ve la reacción oficial europea ante el Brexit imprevisto, que se vayan... que se vayan rápido, mientras en el G20  temen una segunda recesión.