Juan Torres López
Fuentes: Ganas de escribir
El Gobierno acaba de aprobar un decreto con nuevas medidas encaminadas a tratar de reducir el precio de la luz y la respuesta de las compañías que conforman el oligopolio eléctrico no se ha hecho esperar.
Puesto que se puede encontrar su descripción y análisis detallado en otro lugar de este diario, evito comentarlas una a una y me limitaré a señalar los aspectos más generales que a mi juicio hay que tener en cuenta para valorar su pertinencia y posibles efectos.
A estas alturas del problema creo que cualquier persona medianamente bien informada y no sectaria tiene claras las principales cuestiones relativas al precio de la luz en España.
En primer lugar, es obvio que está subiendo excesivamente para millones de hogares y empresas, poniendo en peligro la recuperación económica e incluso la estabilidad social, de modo que tomar medidas para frenar esa subida es obligado para el Gobierno.
En segundo lugar, es imprescindible tener presente que el precio tan elevado de la luz en España no es una circunstancia coyuntural sino estructural. Como se ha explicado con todo detalle en muchos análisis e investigaciones y yo mismo resumí de modo muy divulgativo en estas páginas la semana pasada (El gran engaño que hay detrás del recibo de la luz), la causa de este fenómeno es la inadecuada regulación de nuestro sector eléctrico. Un pequeño grupo de empresas conforman un oligopolio que controla el mercado y puede manipular no solo el precio mayorista sino también los costes no correspondientes a la producción que se incluyen en el recibo; y, en consecuencia, también el precio final que pagan los consumidores. Su enorme poder e influencia política les ha permitido influir en los gobiernos y lograr que las normas legales se hagan a su dictado y que las autoridades reguladoras o no se atrevan, o no puedan o no quieran poner coto a sus operaciones.
Es cierto que en los últimos meses hay circunstancias coyunturales que están provocando que el precio de algunas fuentes de suministro eléctrico se disparen. Las que utilizan gas porque el precio de éste último ha aumentado muchísimo, tanto por la mayor demanda como por restricciones de oferta que se están produciendo por razones geoestratégicas. Las que son contaminantes y han de adquirir bonos de carbono, porque el precio de estos últimos también se ha disparado como consecuencia de la gran demanda y de la especulación que la Unión Europea permitió e incentivó al considerarlos como productos financieros. Y, en el caso de algunas hidroeléctricas, porque parece que han manipulado la disponibilidad de agua en embalses.
Sin embargo, ninguna de esas circunstancias coyunturales tendría que haber provocado la subida del recibo de la luz tan extraordinaria que estamos sufriendo si a) no hubiera una regulación que impone -como ya es bien sabido- el precio de la fuente más cara a todas las demás; b) si los gobiernos no se hubieran dejado influir por el oligopolio permitiendo que sus empresas manipulen a su antojo y con absoluta falta de transparencia los costes, cantidades y precios; y c) si el PP no hubiera frenado, en beneficio de las eléctricas que ya dominaban el mercado español y del capital alemán, el desarrollo de las energías renovables en España.
Resulta obvio, por tanto, que es imposible frenar completamente la subida que se viene produciendo en el precio de la luz sin modificar la estructura y el funcionamiento del mercado, sin evitar que el oligopolio manipule los precios. Pero esto es algo que no se puede conseguir de un día para otro.
A corto plazo, con la inmediatez que reclama la subida extraordinaria que se viene registrando, no se puede hacer otra cosa que lo que comenzó a hacer el Gobierno español desde junio pasado y lo que aprobó ayer martes en Consejo de ministros. En primer lugar, reducir los impuestos que recaen sobre el sector, algo que estrictamente hablando no resuelve mucho, pues lo que deja de pagarse por un lado en la factura de la luz hay que afrontarlo por otro. Simplemente se traslada de unos a otros la carga que supone el coste excesivo del consumo eléctrico. En segundo lugar, reducir los beneficios extraordinarios y totalmente injustificados que el sistema de fijación del precio proporciona a las empresas que facturan como si pagaran el gas o bonos de carbono para producir electricidad cuando no los utilizan. En tercer lugar, eliminar cuanto antes otras rentas que perciben las compañías eléctricas gracias a su influencia política y que se traducen en costes para los consumidores; o tratar de reducir algunos otros costes de producción o distribución de las eléctricas con la esperanza de que trasladen ese ahorro al precio y algunos componentes de la parte regulada del precio final de la luz. Finalmente, ayudar a pagar el recibo a los hogares que carecen de renta suficiente y no pueden disponer de este bien básico.
Por tanto, las medidas que ha tomado el Gobierno son obligadas por la amenaza que supone la subida tan grande del precio de la luz; son sensatas porque efectivamente pueden hacer que disminuya, siempre que el precio del gas y los bonos de carbono no sigan disparándose; son, por supuesto, legítimas, puesto que a nadie más corresponde garantizar el suministro suficiente y a un precio asequible de un bien básico y estratégico para la sociedad y la economía nacional como es la luz; son medidas justas porque el beneficio que recorta a las eléctricas es económicamente injustificado, e incluso menos gravosas para ellas que para el resto de la sociedad que ha de soportar el mayor sacrificio presupuestario que conllevan otras de las medidas adoptadas; son eficientes, puesto que van a obligar a actuar con más transparencia y a que el oligopolio se piense mejor las formas que tiene de manipulación del mercado y desincentiva la especulación en su seno; y respetan las normas impuestas por la Unión Europea, lo que no es poca cosa. Aunque, eso sí, nadie se debe llevar a engaño, son medidas temporales, incluso algunas confiadas a que en los próximos meses se rebaje la tensión, lo cual no es nada seguro; y son, desde luego, limitadas sin se contemplan desde un punto de vista fundamental: de momento, no hacen más que apuntar a las líneas por donde debería ir la reforma estructural del mercado pero dejan prácticamente intactos sus problemas de fondo.
La respuesta del oligopolio, puesto que las centrales nucleares son en realidad propiedad de las eléctricas que dominan todo el mercado, ha sido brutal: amenazar con su «cierre desordenado», una decisión que tiene más que ver con el comportamiento de las mafias, el extremismo político o el terrorismo empresarial que con el de directivos mínimamente responsables que conocen la naturaleza del negocio que tienen entre manos. Entre otras cosas, porque una central nuclear no se puede cerrar por exclusiva voluntad de sus propietarios, como les ha tenido que recodar la ministra Teresa Ribera.
Las compañías eléctricas que operan en España tiene mucho que callar. Desde 1984 y encabezadas por Endesa e Iberdrola han estafado unos 14.000 millones de euros solo mediante sus contadores, su privatización fue y ha seguido siendo un expolio y se comportan en el mercado como jugadores tramposos. Imagínense una partida de póker en la que se dan cartas a cuatro jugadores pero en la que todos ellos forman parte de un mismo grupo con el mismo interés: si se enseñan las cartas y deciden de común acuerdo cuánto apuesta cada uno, podrían determinar sin ninguna dificultad quién va a perder y ganar, cuánto y en qué partida. Pues así funcionan las eléctricas en España: unas de sus filiales son productoras, otras comercializadoras y otras vendedoras, y todas ellas actúan bajo el mismo interés propio en todas las tecnologías. Se compran y venden entre ellas, entre sus filiales, de modo que pueden determinar las cantidades y fijar los precios a su antojo, y pueden conformar el mix eléctrico final según les convenga. Operaciones, claro está, que se camuflan en sus cuentas y libros, de modo que resulta muy difícil, casi imposible si además no se tiene mucho interés, que sean conocidas fuera de sus propias organizaciones. Así funciona un oligopolio que ha conseguido dominar al legislador y al regulador, a las autoridades que se supone que deben controlarlo.
Lo mejor que puede hacer el Gobierno es tener cautela y ser valiente. No hace falta tener muchas luces, valga ahora la expresión más que nunca, para imaginar la presión que personas tan influyentes como ex presidentes del Gobierno, exministros y banqueros, académicos y periodistas al servicio y con sueldo de las eléctricas deben estar generando sobre Pedro Sánchez y sus ministros y sobre los medios para que los ataquen sin piedad.
A mi juicio, la mejor respuesta sería informar a la ciudadanía. Quizá convocar una comisión plenamente independiente de expertos nacionales e internacionales que evaluase el modo en que ha funcionado y funciona el oligopolio y el coste monetario y social que tiene para todos los españoles y hacer una gran difusión de sus conclusiones. Mientras que la ciudadanía no sepa lo que han hecho las eléctricas y no se de cuenta de quiénes son los verdaderos responsables, no ya de la actual subida de la luz sino de otras cosas mucho peores de las que son responsables, será muy difícil que un Gobierno decente pueda llevar a cabo reformas de calado en el sector eléctrico, por muy buena voluntad que tenga. Entre otras cosas, porque el oligopolio viene contando desde hace muchos años con un gran apoyo para hacer lo que viene haciendo en la administración civil y en la de Justicia y por supuesto con el de sus partidos, los de la derecha, como inmediatamente se han encargado de mostrar los dirigentes del Partido Popular y Vox. Quien paga manda.
De momento hay que felicitar al que preside Pedro Sánchez, porque por muy limitadas que estén siendo todavía las medidas adoptadas, es la primera vez que nuestros representantes le hablan de tú a tú al antidemocrático poder eléctrico que expolia a los españoles.
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