¿Cómo funciona y quién controla al Tribunal de Cuentas?
Como ocurre con buena parte de los órganos que según la constitución monárquica deberían velar por el buen funcionamiento de nuestra singular democracia (léase, por ejemplo, el Poder Judicial) tanto la elección de sus miembros como su funcionamiento plantean serias dudas sobre su verdadera independencia y parecen, asimismo, ser un foco de toda suerte de enchufismo y prebendas.
Veamos el ejemplo del Tribunal de Cuentas, cuyos doce consejeros actuales fueron elegidos en 2012, siete propuestos por el PP y cinco por el PSOE, y cuyo mandato es de nueve años, hasta 2021.
Su elección se remonta al 17 de julio de 2012 cuando el gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy pactó con el PSOE de Alfredo Pérez Rubalcaba los nomb4res de los seis miembros que compondrían durante nueve años la mesa de este órgano a propuesta del Congreso. Al día siguiente se hizo lo mismo con los seis restantes en el Senado. Tanto socialistas como populares aseguraban la mayoría de tres quintos necesaria para esos nombramientos.
Dos años después, en 2014, se hizo público que los lazos familiares o de parentesco alcanzaban a 100 empleados de los 700 que la institución empleaba en total. En ese momento, el presidente era el ex diputado Ramón Álvarez de Miranda, que sigue ocupando una de los puestos del Consejo. De los 12 miembros, 7 habían sido propuestos por el PP y los otros por el PSOE, uno de ellos consensuado con IU.
La actual presidenta es María José de la Fuente. El órgano, de control mayoritario por el PP, ha estado varias veces en el centro del debate público por actuaciones sospechosas relacionadas con la proximidad a los partidos políticos de los encargados de tomar decisiones. El año pasado, por ejemplo, decidió absolver a la ex alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y a siete altos cargos de su Gobierno de una condena que les habría obligado a pagar 25,7 millones de euros por la venta fraudulenta de 1.860 viviendas públicas al fondo buitre Blackstone.
Dos consejeros propuestos por el Partido Popular tuvieron un papel decisivo en esa resolución: Margarita Mariscal (ex ministra de Justicia con Aznar) y José Manuel Suárez. También figura en el consejo Manuel Aznar, el hermano del ex presidente del Gobierno.
Entre sus prebendas cabe señalaar que cada consejero recibe la suma de 122.168,06 €, además de contar con coche oficial y dos secretarias por cabeza. El presupuesto total del Tribunal supera los 63 millones de euros, de los cuales más de 57 van a personal con un sueldo medio que supera los 3.000 euros.
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