De fabricar el 'informe Pisa' a la muerte política de
Rosell: los 11 intentos fallidos de acorralar a Podemos en la justicia.
Álvaro Sánchez Castrillo
Desde el nacimiento del partido han sido inadmitidas al
menos siete denuncias o querellas centradas en la supuesta financiación ilegal
de la formación morada, la mayoría impulsadas por Manos Limpias
Tampoco prosperaron las querellas contra Juan Carlos Monedero
por fraude fiscal, y el montaje alrededor de Victoria Rosell terminó siendo
tumbado por la justicia
Prácticamente desde su nacimiento, la financiación de
Podemos ha estado en primera plana. La tormenta, que ha vuelto a arreciar con
la denuncia presentada el pasado mes de diciembre por el exabogado de Podemos
José Manuel Calvente, fue especialmente intensa durante los primeros compases
de vida del partido. Se abrían periódicos, televisiones y radios con las
últimas informaciones relativas a supuestos fondos procedentes de Venezuela o
Irán. Una rueda que se retroalimentaba a medida que todas estas cuestiones
intentaban judicializarse. Es lo que en el partido liderado por Pablo Iglesias
se llamó directamente “la máquina del fango”. Sin embargo, ninguna de todas
esas acciones judiciales que asociaciones vinculadas a la ultraderecha
iniciaron en su día terminaron llegando a buen puerto. Sin embargo, algunas de
ellas sí que llegaron a provocar situaciones de notable indefensión. El caso
más paradigmático fue, sin duda, el que afectó a la reputada magistrada
Victoria Rosell, que tuvo que soportar que una querella que le impidió
presentarse a las generales del 26-J. Finalmente terminó en nada y ella está de
nuevo en primera línea, pero momentáneamente tuvo que apartarse.
El primero en querellarse contra Podemos fue el Partido
Socialista de la Justicia, liderado POR José Emilio Rodríguez Menéndez. Este
abogado acudió al Tribunal Supremo sólo nueve meses después de la creación de
la formación acusándola de haber recibido financiación de Venezuela. La
querella se sostenía sobre una noticia publicada en el diario El País en la que
se señalaba que la fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS),
considerado el germen del partido y en cuyo consejo ejecutivo figuraban tres de
sus dirigentes, había recibido desde 2002 unos 3,7 millones de euros del
Gobierno de Venezuela. El Alto Tribunal ni siquiera la admitió a trámite.
“Alude a la relación de los querellados tanto con la Fundación CEPS como con el
partido político Podemos; y de esta sola mención es de la que parece que extrae
la conclusión de que por medio de la primera se financia el partido citado”,
señalaba el auto, que añadía que no se desprendía del relato de hechos “indicio
alguno de acción delictiva”.
Las acciones judiciales relacionadas con la financiación del
partido se intensificaron en los primeros meses de 2015, con las elecciones
generales a la vuelta de la esquina y con Podemos subiendo como la espuma en
los sondeos. En febrero, el pseudosindicato ultra Manos Limpias volvió a acudir
al Supremo acusando a Pablo Iglesias de delitos de desobediencia, contra los
derechos de los trabajadores, organización criminal, apropiación indebida,
tráfico de influencias o un delito contra la Hacienda Pública por, entre otras
cosas, utilizar la productora Con Mano Izquierda para gestionar fondos que
tendrían como origen Venezuela e Irán. De nuevo, el caso ni siquiera llegó a
judicializarse. Fue archivada por considerar los magistrados que los hechos,
opiniones y sospechas vertidas se exponían “confusamente en un totum revolutum”
en el que resultaba “difícil advertir” la presencia de los múltiples delitos
que se ponían sobre la mesa.
No fue la única ocasión en la que el colectivo liderado por
Miguel Bernard intentó que los tribunales investigaran las actividades de Pablo
Iglesias como productor y presentador de televisión en La Tuerka. También
probaron suerte en el Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid. Los
argumentos eran exactamente los mismos. Y los delitos que se ponían sobre la
mesa, también. Sin embargo, el pseudosindicato ultra volvió a chocar contra
este muro. Ni siquiera se admitió a trámite la querella. Recurrieron ante la
Audiencia Provincial de Madrid. Y, de nuevo, batacazo. La Sección Decimoquinta confirmó
la decisión tomada en primera instancia. “No se ha aportado indicio alguno
diferente”, sostuvieron los magistrados.
Poco tiempo después, Manos Limpias volvió a intentarlo con
otra querella en la que se incorporaba el famoso informe Pisa, ese documento
sin membrete policial y sin firma, difundido a bombo y platillo por varios
medios de comunicación, que posteriormente se demostró falso. Era comienzos de
2016. Por aquel entonces, la formación liderada por Pablo Iglesias acababa de
entrar en el Congreso con 69 diputados y las negociaciones para conformar
Gobierno estaban en plena ebullición. En abril de ese mismo año, tras horas y
horas de debates televisivos sobre esta cuestión, el Supremo volvió a dar
carpetazo al asunto. Lo hizo a través de un auto en el que, de nuevo,
recordaban que las “meras afirmaciones” sin estar “mínimamente avaladas” por
algún elemento que respalde su “verosimilitud” no justifican la apertura de una
causa penal. Y en este caso, sostenían los magistrados, no se aportaba “fundamento
acreditativo mínimo”.
Ese mismo informe fabricado terminó también en la Audiencia
Nacional a raíz de una denuncia interpuesta por la formación política Unión
Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España
(UCESP). De nuevo, el caso terminó siendo archivado. El magistrado Alejandro
Abascal Junquera decidió hacer suyos los argumentos puestos sobre la mesa por
el Ministerio Público, que tachó el documento aportado de “conjunto desordenado
de reproducciones de noticias”. “No existe el más mínimo sustento documental o
de otro tipo que acredite su existencia [la de delito fiscal o blanqueo de
capitales]”, recogía el auto.
¿Cobro en Granadinas?
En julio de ese mismo año, volvió a caer otra denuncia más
contra Podemos por financiación ilegal. En este caso, las acciones judiciales
las había iniciado ante el Supremo un particular a raíz de una información
publicada en mayo –sólo quedaba un mes para la repetición electoral– por
OkDiario en la que se aseguraba que Pablo Iglesias habría cobrado algo más de
272.000 dólares del Gobierno de Venezuela a través de una cuenta bancaria
radicada en San Vicente y las Granadinas, una información que fue desmentida
por la propia entidad financiera. De nuevo, los magistrados señalaron que las
“simples noticias” no constituyen “verdaderos” indicios de delito. Presentar
tres fotocopias, continuaba el Alto Tribunal, no “justifican” la apertura de un
procedimiento penal.
Exactamente lo mismo pasó al partido ultraderechista Vox
cuando acudió a los tribunales con esta misma información bajo el brazo y una
querella contra el líder de Podemos por los delitos de blanqueo de capitales,
delitos electorales y delitos que comprometen la paz o la independencia del
Estado. De nuevo, la jueza que se hizo cargo del caso inadmitió la querella por
considerar que las “sospechas” eran insuficientes. Los artículos periodísticos
puestos sobre la mesa no aportaban ningún elemento que sustentasen las
afirmaciones realizadas.
Errejón, Monedero y Rosell
Durante este lustro, las acciones judiciales también han
tenido en el punto de mira a otros destacados dirigentes de la formación
morada. Uno de ellos fue Íñigo Errejón, actual líder de Más País, por su famosa
beca en la Universidad de Málaga. De nuevo, fue Manos Limpias la que intentó
judicializar el caso a través de una querella por un delito de estafa. Y, de
nuevo, no lo consiguió. El Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga terminó
acordando el sobreseimiento de las actuaciones “por no resultar debidamente
justificada la perpetración del delito”. La misma suerte tuvo el
pseudosindicato unos meses antes con la denuncia que había presentado ante la
Fiscalía del Principado de Asturias por las ayudas públicas que el entonces
diputado de Podemos en la región, Daniel Ripa, había recibido para su tesis
doctoral. Manos Limpias le acusaba de malversación y estafa por recibir 60.000
euros “sin que transcurrido el plazo fijado en las bases de la convocatoria
hubiera sido presentada la correspondiente tesis”. “No está avalada por ninguna
prueba”, concluyó el Ministerio Público.
También se ha intentado sentar en el banquillo de los
acusados a otro de los fundadores de Podemos: Juan Carlos Monedero. En su caso,
los tribunales rechazaron dos querellas –una de Manos Limpias y otra de la
Asociación Pro Justicia Siglo XXI– por delito fiscal en las que se acusaba al
político de no haber declarado al fisco por los trabajos de asesoría que había
realizado para gobiernos latinoamericanos. En el momento en el que se iniciaron
las acciones, Monedero ya había regularizado su situación. Junto a este,
también causó mucho ruido el caso que afectó a la jueza Victoria Rosell, que
decidió no presentarse a las generales del 26-J por el proceso judicial que
entonces tenía abierto. La causa se inició a raíz de una querella interpuesta
contra ella por el exministro de Industria José Manuel Soria por prevaricación,
cohecho y retardo malicioso de un proceso penal. Sin embargo, el caso dio un
giro cuando el empresario sobre el que giraba el asunto denunció que el sustituto
de Rosell en el juzgado le había dado indicaciones de lo que tenía que decir
para perjudicar a la magistrada. Con esta información sobre la mesa, el TSJ de
Canarias no dudó en dar carpetazo al asunto.
Y
Y
https://www.publico.es/politica/denunciante-enreda-juez-supuestos-sobresueldos-cobraba.html
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