El franquismo, ¿un grillete en el tobillo del Tribunal
Supremo?
Emilio Silva
"En consecuencia determinamos que el teniente coronel
Antonio Tejero, durante las horas en las que estuvo al mando del Congreso de
los Diputados, entre la tarde de 23 de febrero de 1981 y las primeras horas del
24, en las que había dimitido el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y no
llegó a ser investido Leopoldo Calvo Sotelo, puede considerarse que fue presidente
del Parlamento y presidente del Gobierno de España".
¿Alguien imagina que en un documento oficial, el teniente
coronel de la guardia civil que entró al hemiciclo del Parlamento al grito de
"quieto todo el mundo" fuera considerado, presidente del Congreso de
los Diputados? Pues el Tribunal Supremo, al reconocer en un auto la jefatura
del Estado al general golpista Francisco Franco, a partir del 1 de octubre de
1936, ha hecho algo bastante parecido. ¿Ha sido casual?
Salvo excepciones señaladas, la formación en materia de
Derechos Humanos de la judicatura española es totalmente deficitaria y esto
afecta de forma acentuada a los miembros del Tribunal Supremo, que comenzaron
su formación judicial hace más de treinta años. Alguien ha diseñado esa
ignorancia en materia de derecho humanitario y ha sido sin duda la misma élite
que durante décadas no ha querido que se estudie en los colegios la represión
franquista, que el tratamiento cinematográfico de la dictadura sea en general
subvencionadamente laxo o que la impunidad de los crímenes de la dictadura sea
un muro jamás resquebrajado.
El reconocimiento por parte de la sección cuarta del
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, fechando el 1 de octubre de
1936 como el inicio de la jefatura de Estado del dictador Francisco Franco no
es casual. No lo es cuando el auto confunde adecuadamente el interés general
con los objetivos de los herederos del dictador, cuando utiliza su jefatura del
Estado como un argumento a su favor, sin llamarlo dictador ni golpista en
ningún momento y sin mencionar a sus miles de víctimas que son hoy obligadas a
pagar con sus impuestos la tumba del dictador.
El 1 de octubre de 1936, aunque realmente la decisión fue el
29 de septiembre, en Burgos, una ciudad lejana al frente, el general Franco se
autoproclama, con ayuda de otros cuatro golpistas engalonados, jefe del Estado.
Felicitado por la Alemania nazi, la Italia fascista y el estado Vaticano,
Franco utilizará la fecha de su advenimiento a esa inexistente jefatura del
Estado como un hito en la historia del "renacer" de España.
"El 1º de octubre próximo se cumple el primer
aniversario del momento histórico en que asumiendo por gracia de Dios y
verdadera voluntad España, los máximos poderes, fue solemnemente proclamado
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos nacionales de tierra, mar y
aire el excelentísimo señor general don Francisco Franco y Bahamonde, jefe
nacional de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Caudillo Supremo
del movimiento Salvador de España....
España, la España nacional, consciente de cuánto debe a su
Caudillo anhela rendirle en la fecha memorable que se avecina el homenaje de
adhesión y gratitud que le es debido. Por lo expuesto y recogiendo el sentir
unánime de este nuestro Pueblo Español, se dispone: Artículo 1: Se establece la
Fiesta Nacional del Caudillo que se celebra anualmente el 1º de octubre para
conmemorar la fecha en que fue proclamado jefe del Estado Español el
excelentísimo Sr.D. Francisco Franco Bahamonde".
Esta orden apareció en el boletín oficial franquista el 28
de septiembre de 1937, dictada por la Presidencia de la Junta Técnica del
Estado. Así constituyó la dictadura el 1 de octubre como una de sus fechas
fundacionales, festiva, exaltadora y promocionada para nombrar avenidas,
hospitales y colegios. Después de que en democracia desaparecieran muchos de
esos nombres la fecha quedó disuelta en el calendario, como un recuerdo para la
gente mayor y ningún significado para la menor.
Durante los últimos años, uno de los principales argumentos
conservadores de quienes defienden indirectamente el franquismo criticando la
recuperación de la memoria histórica es que los perdedores de la guerra y sus
descendientes quieren cambiar la historia. Pero quiénes realmente la quieren
cambiar son los que inventan una legitimidad inexistente, una versión
revisionista que acaba de ser respaldada, nada más y nada menos, que por toda
una sala del Tribunal Supremo y por unanimidad.
El 10 de mayo de 1936, en el Palacio de Cristal del
Parque del Retiro de Madrid se reúnen 911 compromisarios elegidos en todo el
territorio español por sufragio universal. Tenían que nombrar al presidente del
Gobierno de la República. Manuel Azaña recibió 754 de los 847 votos emitidos. Seguidamente, en el Palacio
Nacional, hoy Palacio Real, se hizo el acto institucional, desfiló la policía,
el ejército, fue una jornada tranquila de una democracia y sólo faltaban dos
meses para el 18 de julio.
El 1 de octubre de 1936, cuando el general golpista
Francisco Franco leía el telegrama de Rudolf Hess que en nombre de Adolf Hitler
le felicitaba, el presidente del Gobierno era Manuel Azaña. Mientras Franco y
sus "generalazos" le gritaban a la democracia de 1936 "quieto
todo el mundo", y llenaban las cunetas de hombres y mujeres que habían
construido nuestras primeras urnas con sufragio universal, quienes creían en el
pueblo, quienes estaban construyendo un país gobernado por la ciudadanía y no
por los látigos de los terratenientes, ni los púlpitos, ni los cañones.
Unos destruían España y otros la seguían construyendo. Y
quien hizo todo ese daño, quien asesinó a miles de maestros y maestras, quien
dejó 114.226 personas desaparecidas en las cunetas, es reconocido por el
Tribunal Supremo de 2019 como legítimo jefe de Estado, aunque fuera
autoproclamado por la pólvora y la sangre. La sala del Supremo, colocando uno
de sus pies fuera de la democracia, considera que el Caudillo tiene derecho a
un tratamiento especial y por eso suspende cautelarmente una decisión del
Congreso de los Diputados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario