Okupas: el gran montaje de la derecha populista
Por Jaime Palomera y Diana Virgós
Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total. Y la cifra de ocupaciones supuestamente conflictivas, unas 8.500, es absolutamente ridícula ante las más de 700.000 familias desahuciadas.
Es cada vez más habitual, especialmente en campaña electoral: llegan los mítines y el populismo reaccionario saca a pasear viejos fantasmas para desviar la atención respecto a las causas de nuestros problemas. Para esconder su falta de propuestas e incluso defender ocurrencias que, en circunstancias normales, serían inadmisibles. ¿Que no quiero ver tantos pobres? Agitamos el espantajo del racismo. ¿Que la natalidad está por los suelos? Agitamos entonces la prohibición del aborto. Dime de qué careces y te diré qué miedo difundes.
El problema de la vivienda no está a salvo de estas maniobras inspiradas en Trump. Y no deja de sorprender. Cuando apenas hemos salido de una estafa hipotecaria brutal y ya nos encontramos en una burbuja del alquiler, debería ser fácil deducir que algo falla en el sistema. Sin embargo, antes de que nos dé por reflexionar sobre cuál es el origen de nuestra crisis habitacional, el trifachito ha decidido ponerse la máscara de Halloween para meternos miedo: cuidado, que vienen los okupas. Pero, ¿son las ocupaciones de primeras y segundas residencias un problema de primer orden, como dicen PP, Ciudadanos, Vox, e incluso PDeCat o PNV?
Nada más alejado de la realidad. Las viviendas ocupadas sin contrato representan un 0,34% del total en todo el Estado. Lo decía el estudio del Institut Cerdà en 2017, financiado nada menos que por Banc Sabadell (entidad poco interesada en minimizar las ocupaciones). Y entre esas casas, solo una de cada diez es identificada como problemática. Es decir, las supuestas “mafias” que dañan la convivencia, que obsesionan a los populistas de derechas, a la telebasura y a las empresas de seguridad, son estadísticamente insignificantes: el 0,03% sobre el total de viviendas. Otro informe, del Observatori DESC, lo corrobora: el porcentaje de escaleras donde hay malas relaciones con quienes ocupan en precario tiende a ser estadísticamente anecdótico.
Aunque nos taladran día y noche con la historia de los jubilados a quienes le ocuparon su casa cuando se fueron de vacaciones, lo cierto es que es un problema muy residual. La mayor parte de ese 0,34% de casas ocupadas pertenece a bancos, fondos buitre y grandes empresas. Y la cifra de ocupaciones supuestamente conflictivas, unas 8.500 en todo el Estado, es absolutamente ridícula al lado de las más de 700.000 familias que han sido desahuciadas en la última década (expulsiones, por cierto, que en el 65% de casos han sido protagonizadas por bancos rescatados). O del número de casas vacías según el último censo: 3,5 millones en todo el Estado, un tercio de las viviendas no habitadas de todo Europa. Lo sorprendente es que la cifra de ocupaciones no se haya disparado. Que los barrios no hayan estallado.
Otro bulo muy repetido. “Los okupas son parásitos sociales que buscan cómo aprovecharse del trabajo y los impuestos de los demás”. Falso. Según la Obra Social BCN, de cada cuatro personas que ocupan, tres lo hacen porque no pueden pagarse una casa. Para no terminar bajo un puente. Porque la realidad es que los precios del mercado están totalmente desvinculados de los ingresos de la mayoría social, y no hay alternativas: la vivienda pública apenas llega al 2% del parque total, a años luz de la media europea (15%).
He ahí el meollo de la cuestión, que los populistas de derechas ocultan de forma sistemática. Detrás de las demonizadas ocupaciones hay un problema diez mil veces mayor: la especulación inmobiliaria que ellos promueven activamente. Solo hace falta recordar qué hizo el Gobierno del PP tras la gran crisis financiera. Se ha hablado mucho de cómo el Ejecutivo de Rajoy se negó a rescatar a millones de familias hundidas por la estafa hipotecaria mientras salvaba a los culpables. Sin embargo, lo sucedido en la última década es incluso más grave de lo que pensábamos.
Hay que remontarse a los meses que van entre 2012 y 2013. Las cajas y bancos, rescatados con nuestro dinero, se habían convertido en las mayores inmobiliarias del país. Había que sacar aquel enorme stock de vivienda, manchado de dolor y vidas rotas, al mercado. Como fuera. Había que reactivar la burbuja. Viendo que las generaciones más jóvenes (que son siempre la base del mercado inmobiliario) no podían acceder al crédito hipotecario y cada vez vivían más de alquiler, los poderes públicos facilitaron que la especulación pudiera trasladarse a ese terreno. Primero, pusieron la alfombra roja a fondos buitre como Blackstone para que pudieran acaparar buena parte de las viviendas y destinarlas al alquiler, a través de sociedades que empezaron a gozar de privilegios fiscales (las Socimis, que son las Sicav del sector inmobiliario). A renglón seguido, legislaron para quitarle derechos a los inquilinos, adaptando sus condiciones de vida a los planes de negocio de fondos y bancos. Redujeron la duración de los contratos. Facilitaron las expulsiones. Y así, en pleno crecimiento de la demanda, garantizaron una mayor rotación en el mercado y un aumento vertiginoso de los precios.
Los resultados de esta política estatal son conocidos. Los beneficios inmobiliarios se han triplicado, recuperando ya los niveles de 2007, año del estallido hipotecario. Pero lo han hecho a costa de empobrecer a millones de hogares y disparar los desahucios, que han vuelto a las cifras de los peores años de crisis financiera. Con la diferencia de que ahora son, sobre todo, por impago de alquiler. Y de que la amenaza de desahucio ya no afecta solo a los más pobres: la burbuja del alquiler se come en España más sueldo que en ningún otro país de la OCDE.
Habiendo un 13% de casas vacías sobre el total y un 0,03% de ocupaciones conflictivas, ¿por qué elige el populismo de derechas hacer política en torno a lo segundo? ¿Por qué se ceban con esa minoría de okupas sin alternativa en lugar de abordar el problema de los fondos buitre o los 165 desahucios al día? Por un lado, creen que les es electoralmente rentable. Azuzar el miedo de millones de propietarios hablando de “mafias okupas” no soluciona nada, pero sale gratis y puede dar votos. Por otra parte, la derecha sirve a poderosos intereses privados, que están en guerra. El fantasma del okupa que se mete en tu casa cuando bajas la guardia es tanto un chivo expiatorio para encubrir las políticas pro-especulación como una herramienta para profundizar en ellas. Fue la base sobre la que justificaron la última vuelta de tuerca a la ley de desahucio exprés y ahora plantean reformas del código penal, cambios funcionales para empresas cuyo negocio consiste en vaciar edificios para alquilar y vender lo más rápido posible. En otras palabras, a quien sirven las derechas no es al pequeño propietario, sino al buitre que les llama por teléfono quejándose de que cuesta demasiado echar a la gente, o de los activistas que le han ocupado el edificio para exigir su expropiación. De hecho, buitres y políticos profesionales suelen coincidir en los mismos círculos de poder: Aznar, Aguirre, Pujol o Zaplana… son todos apellidos que suenan en los consejos de administración de fondos buitre.
Desengañémonos. No vivimos en un paraíso para la okupación, sino para la especulación. Las familias que habitan una casa sin contrato, así como las que no tienen hogar, son expresiones de la mercantilización de la vivienda, que cada cinco minutos deja a alguien en la calle. Y mientras sigamos tratándola como un producto financiero, el problema irá a más. Nunca como hoy había sido tan urgente realizar cambios profundos, que pongan la vivienda a la altura de la sanidad y la educación. Nunca había sido tan necesario combatir la propaganda antisocial de quienes amparan a una minoría privilegiada a costa de la miseria de millones.
es miembro del Sindicato de Inquilinas. Investigador en el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (UAB) y en la Hidra Cooperativa.
es miembro del Sindicato de Inquilinas. Comunicadora en el Ayuntamiento de Gavá.
Mientras .- ver https://www.eldiario.es/madrid/viviendas-publicas-buitre-Madrid-archivo_0_904310224.html
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