La crisis del ébola destapa la mala gestión del sistema sanitario en Madrid
Celeste López .
Las decisiones que se adoptan hoy tienen sus repercusiones mañana. Una máxima que el común de los mortales suele tener en cuenta pero que, en política, no ocurre tanto. Al fin y al cabo las metas que se fijan tienen un objetivo de apenas cuatro años, el tiempo que transcurre entre unas elecciones y otras. Un ejemplo claro es lo que está ocurriendo en Madrid con el ébola: llega el virus en un momento en que se decidió reconvertir el hospital Carlos III en un centro de media estancia, eliminando su condición de centro de referencia de epidemias y enfermedades infecciosas emergentes. Y no será que no lo advirtieron de manera clara y rotunda los profesionales sanitarios que durante largos meses salieron a la calle un día sí y otro también para protestar por el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña en lo que se conoció como la marea blanca. Pero la respuesta de los políticos fue la que ya es habitual, acusar a esos profesionales de movilizarse por la pérdida de privilegios. Craso error. Al final, la historia da a los sanitarios la razón.
El Carlos III es el claro ejemplo de lo que ha hecho la Comunidad de Madrid en materia sanitaria en la última década. El que fuera en su día el hospital pionero en España en atención a viajeros e inmigrantes, el que contaba con unas unidades de medicina tropical de referencia y que contaba con un laboratorio de microbiología y parasitología con métodos de diagnósticos "que pocos centros de España tienen", según la Sociedad Española de Medicina Tropical y Salud Internacional, en el 2013 (orden 1017/2013) la Consejería de Sanidad transformó este centro en un hospital de media estancia para atender a pacientes derivados de otros hospitales públicos.
Una decisión que ahora se comprueba no sólo errónea sino claramente injustificada en un mundo globalizado en el que la amenaza de virus de todo tipo está más que presente. Ahora, el Carlos III ha tenido que reconvertirse en lo que fue en un tiempo claramente insuficiente. Tanto es así que ayer mismo, expertos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) han concluido que su infraestructura actual "no está diseñada para cubrir este tipo de emergencias" (ver información en la otra página).
Pero hay que remontarse al 2003, con Esperanza Aguirre a la cabeza, para entender qué es lo que ha ocurrido. Entonces, había unos veinte hospitales de gestión enteramente pública. Nueve años después, uno de cada tres hospitales es de gestión privada (total o parcial). Para dar entrada a la iniciativa privada, Aguirre llevó a cabo lo que denominó "plan de modernización de la sanidad pública madrileña que incluye la puesta en funcionamiento de ocho nuevos hospitales y 56 nuevos centros de salud, proceso que tendrá su continuación en el periodo 2007-2011 con la construcción de más de cincuenta y cinco centros de salud y otros cuatro nuevos hospitales", según consta en los comunicados de entonces de la consejería de Sanidad.
Se construyeron esas infraestructuras y el 31 de octubre del 2012, día de presentación de los presupuestos para 2013, el recién elegido presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, anunció su intención de sacar a concurso la gestión de seis hospitales públicos inaugurados en 2008 y de 17 centros de salud... Esto fue la gota que colmó el vaso porque era la segunda oleada de privatizaciones. De pronto, esos miles de profesionales que habitualmente se mantenían en silencio abandonaron sus consultas, cogieron sus batas y se lanzaron a la calle protagonizando una de las movilizaciones más intensas, largas y fructíferas de la historia reciente, la marea blanca. Uno de los éxitos de esta marea fue mantener la presión en la calle, mientras ponían en manos de distintos tribunales las decisiones que al respecto estaba tomando la Comunidad de Madrid: la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contrató un bufete de abogados para tramitar la oposición a las decisiones de la consejería en los juzgados. No era la primera vez que acudían a los tribunales, ya habían presentado querella por presuntas irregularidades cometidas en la fase de adjudicación para la gestión sanitaria externalizada de los primeros hospitales. En octubre del 2013, el juez de instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ratificó la imputación por delitos de cohecho y prevaricación, que pesaba sobre los consejeros de Sanidad madrileños en la época de Esperanza Aguirre,Juan José Güemes y Manuel Lamela por su gestión en la primera época de la externalización sanitaria relativa a los hospitales Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos, en Móstoles; y el hospital de Torrejón de Ardoz.
Además de querer privatizar la gestión de los hospitales y centros de salud citados, el entonces consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, anunció también el cambio de uno de los centros más emblemáticos de Madrid, el de La Princesa: de hospital universitario puntero, por ejemplo, en neurocirugía , a centro especializado en la atención de mayores de 75 años. La batalla que presentaron los profesionales y, sobre todo, los vecinos de la zona, fue tal que poco tiempo después los responsables políticos de Madrid tuvieron que reconsiderar su postura. No ocurrió lo mismo con el Carlos III, que peleó y peleó para evitar su desmantelamiento como centro de referencia de enfermedades infecciosas. Gran parte de su personal especializado fue trasladado al hospital La Paz, incluidos los trajes de protección de los profesionales de los que tanto se hablan ahora.
El Carlos III ha sido la gran víctima de esta política iniciada hace una década. Porque los otros hospitales y centros de salud consiguieron salvarse de la quema. En enero de este año, el presidente Ignacio González anunciaba la paralización del proceso de privatización de los hospitales y centros de salud, tras la decisión de la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de ratificar la suspensión de la externalización. En su resolución, los magistrados han puesto números a "la dimensión extraordinaria del proceso" que podría no tener vuelta atrás en caso de que hubiera seguido adelante, dijeron. Un día después el consejero Javier Fernández-Lasquetty, presentaba su dimisión. En su lugar fue nombrado Javier Rodríguez, de 71 años, un hombre que apareció ante la prensa con una imagen de pacificador y dialogante, cualidades muy necesarias para un sector muy maltratado en los últimos tiempos.
Esas cualidades, sin embargo, no han aflorado. Hay que recordar que en el primer problema que ha surgido desde su acceso al poder, la crisis del ébola, Rodríguez no ha dudado en acusar a la auxiliar de enfermería de "ocultar datos" y de ser una indocumentada porque "no hay que hacer un máster para ponerse un traje". Este es el responsable del sistema sanitario de Madrid.
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