jueves, 30 de julio de 2020
miércoles, 29 de julio de 2020
¿Dónde está la Salud Pública?
Confinamientos 2.0 ¿Dónde está la Salud Pública?
Joan Benach
Realizar encierros extremos sólo puede servir como “solución
final”. En España ha sido la alternativa a una salud pública enormemente débil,
sin capacidad para vigilar, educar, prevenir y actuar
La pandemia ha mostrado nuestra radical fragilidad como
especie, pero también numerosas insuficiencias e hipocresías sociales. Hemos
visto el trabajo “esencial”, pero enormemente precarizado, de muchas mujeres,
migrantes, obreros y jóvenes en el área de cuidados, el comercio o la industria
alimentaria cuyos trabajos antes se etiquetaron de "poco
cualificados" para así justificar unos sueldos muy bajos y unas malas
condiciones de trabajo.
La pandemia ha revelado también la crucial importancia
de la sanidad pública y de sus profesionales. Pero no basta con que éstos
reciban aplausos y premios, o escuchar hipócritamente que son “héroes”, o que
la sanidad es muy importante; las palabras valen de muy poco si no se
convierten en hechos. Para ello, hay que transformar profundamente una sanidad
pública subfinanciada, recortada, mercantilizada, hospitalocéntrica y
medicalizada, en una sanidad construida entorno a la atención primaria y
comunitaria, los servicios sociales, y una atención centrada en la integralidad
psicobioecosocial humana y menos en la biomedicina y la tecnología. Si los
actuales servicios sociosanitarios públicos son débiles, ¿qué decir de la Salud
Pública?
Recordémoslo las veces que sea necesario: la “Salud Pública” no es lo
mismo que la “Sanidad Pública”. Ésta última trata de diagnosticar, curar o
rehabilitar las posibles secuelas de enfermedades como la covid-19 o tantas
otras, así como también ayudar al bien morir. En cambio, la salud pública tiene
como objetivo prevenir la enfermedad, así como proteger, promover y restaurar
la salud de toda la población. Unos pocos ejemplos de esa ingente e
imprescindible tarea son la necesidad de mejorar la salud del medio laboral, la
salud ambiental o la salud mental, el construir una potente y efectiva red de
vigilancia epidemiológica, o actuar eficazmente ante los determinantes sociales
de la salud para así reducir las desigualdades.
Sin embargo, para hacer frente
a objetivos de tanta importancia y dificultad, los recursos actuales de la
salud pública son ínfimos y su visibilidad social casi inexistente. ¿Por qué?
Por una parte, porque tenemos una salud pública débil, desmantelada y nunca
desarrollada, cuya financiación es muy escasa. Pensemos que en nuestro medio
los recursos de salud pública apenas si representan menos del 2% del
presupuesto de salud (y buena parte de ellos se destinan a las vacunas), y que
la formación y número de especialistas disponibles es muy limitado. Por otro
lado, la salud pública tiene poca visibilidad ya que uno de sus objetivos
fundamentales es analizar y prevenir problemas cuyo impacto no es inmediato.
Cuando aparecen nuevos brotes se tienden a generar acciones “curativas”,
perceptibles y necesarias, como aumentar el número de camas, la disponibilidad
de plazas en las UCIs, o crear hospitales de campaña. Sin embargo, muchas acciones
esenciales de salud pública no ofrecen ganancias económicas, políticas o
sanitarias directas y tangibles, por lo que con gran frecuencia quedan
injustamente olvidadas o pospuestas. ¿Es eso sensato? Si alguien señalara que
limpiar un bosque o disponer de un parque bien equipado de bomberos no es algo
rentable porque en este momento no hay incendios, eso podría parecernos un
sinsentido. Pues bien, la pandemia es un “macroincendio” que fue posible
controlar no con distintas medidas de salud pública sino mediante un
confinamiento radical, pero que sigue aún activo.
En el caso de la gestión del Govern catalán, junto a
divulgar eslóganes publicitarios (“frenemos el virus”, “este virus lo paramos
unidos”), apuntar una superioridad infundada (“nosotros lo haríamos mejor”), y
hacer recomendaciones personales (“quédate en casa, usa la mascarilla, mantén
la distancia social, lávate las manos”), las políticas han sido parciales,
tardías e improvisadas, con una actuación que hay que calificar de reactiva y
muy deficiente.
Los ejemplos abundan. Sólo recientemente se ha nombrado a un
Director de la unidad de seguimiento de la Covid-19, se ha esperado casi dos
meses a nombrar un nuevo secretario de Salud Pública, y cuatro meses en crear
un Comité de expertos que proponga como cambiar el sistema de salud y las
residencias. Otro ejemplo de negligencia fue la caída en el olvido del informe
realizado a finales de abril por Oriol Mitjà, un epidemiólogo que trató de
asesorar al Govern con posibles instrumentos y posibles estrategias de acción
para realizar el desconfinamiento, donde por ejemplo destacaba la necesidad de
hacer tests masivos entre las dos decenas de miles de trabajadores temporeros
de Lleida. Como es lógico, disponer de documentos con estrategias y posibles
acciones a realizar (tests, rastreadores, confinamientos parciales, etc.) no es
lo mismo que ejecutarlas y llevarlas a cabo.
Hay muchos más ejemplos de
incapacidad y displicencia. La ineficiente acción de las tareas de rastreo
externalizadas a Ferroser Servicios Auxiliares, una empresa filial de Ferrovial
que recibió cerca de 18 millones de euros. La negligencia en crear un número de
“rastreadores” suficiente para detectar, seguir y aislar posibles contagios,
especialmente por lo que hace al riesgo existente en trabajos precarizados,
residencias y reuniones (o aglomeraciones) juveniles y familiares.
En Catalunya
apenas si ha habido doscientos rastreadores, que ahora se han duplicado, pero
que en realidad deberían multiplicarse por 8 o por 10. Existen unos sistemas de
información y vigilancia epidemiológicos muy limitados y unas medidas de
comunicación y prevención mal enfocados. Y se persiste con insistencia en
afirmar que la salud colectiva depende básicamente de la biomedicina
(investigación biológica, epidemiología clínica, especialistas médicos,
tecnologías digitales) en lugar de en los determinantes ecosociales de la salud
o, también, en insistir como estrategia fundamental en la responsabilidad
individual (la salud depende de uno mismo) en vez de en la acción política e
institucional. Todos ellos son síntomas claros de una inaceptable visión
reduccionista y mercantilista de la salud y de tener una salud pública muy
precarizada.
Si bien al principio de la pandemia en marzo, tanto en
Catalunya como en España, se produjeron errores lógicos al saber muy poco de un
virus nuevo, más tarde gran parte de las acciones se han caracterizado por la
falta de previsión y la incapacidad de anticipación. No se aprendió la lección,
faltando claridad y valentía para actuar. Sin un liderazgo adecuado y sin
invertir en serio en salud pública difícilmente podrá controlarse la pandemia,
evitar nuevos brotes, y prevenir sus substanciales efectos a corto y largo
plazo en la salud colectiva. Realizar confinamientos extremos sólo puede servir
como “solución final” cuando la pandemia está fuera de control, pero no, como
ha ocurrido en el Estado español, como alternativa al hecho de tener una salud
pública enormemente débil y sin los medios adecuados para planificar, vigilar,
educar, prevenir y, sobre todo, actuar, con diligencia y efectividad. Para ello
hay que desarrollar instrumentos fundamentales como son por ejemplo la Agencia
de Salud Pública de Catalunya o el Centro Estatal de Salud Pública, previsto en
la nunca desarrollada Ley General de Salud Pública española de 2011. ¿Por qué
tal pasividad?
En general, porque el modelo hegemónico de la salud impide que
la salud pública sea una prioridad en la que deben gastarse muchos más medios y
recursos. Y en relación a la pandemia, porque después del radical confinamiento
que redujo drásticamente el número de contagios, muchos políticos –y buena
parte de la población también– creyeron que todo “estaba controlado”, o bien
porqué se creyó que la situación mejoraría al calor del verano, sin entender
que prevenir y actuar ante pandemias de evolución incierta siempre requiere
disponer de un sistema de salud pública preparado y muy potente.
Para hacer
frente a la pandemia del coronavirus, al igual como ocurre con tantas otras
epidemias comunes (el tabaquismo, el cáncer, los accidentes, la violencia de
género, la salud mental, la precariedad o las desigualdades, entre otras
muchas), debe reforzarse urgentemente la salud pública con fuertes inversiones
y reformas estructurales profundas.
Para hacer frente a una pandemia cuya
evolución es imposible de prever, y a una gravísima crisis económica que ya
tenemos encima, debemos utilizar con rapidez y eficiencia todos los
instrumentos de los que nos provee la salud pública: la planificación, la
vigilancia y análisis epidemiológico, la educación sanitaria comunitaria, el
análisis de los determinantes sociales y la equidad, entre otras muchas
herramientas y estrategias.
La forma en cómo miramos la pandemia, se refleja en las
soluciones que buscamos y en cómo actuamos. ¿De qué servirá controlar
nuevamente la pandemia con nuevos confinamientos masivos, si se gestiona con
poca humildad y competencia una visión distorsionada de los problemas de salud
colectiva? ¿De qué servirá si finalmente se logra controlar la pandemia, aunque
se logre un tratamiento adecuado o se desarrolle una vacuna efectiva, si todo
eso no alcanza a toda la población del planeta? ¿De qué servirá la contención
de esta pandemia, si no somos capaces de prevenir las futuras pandemias que
previsiblemente van a emerger a causa de la crisis ecosocial y climática que
padecemos?
La pandemia no es solamente un fenómeno biológico, epidemiológico o
personal, sino un complejo fenómeno de salud pública cuyas causas e impactos de
tipo biológico, eco-social, político, económico y sanitario debemos comprender
integral e integradamente si queremos actuar con efectividad y equidad. Todas
ellas son tareas esenciales de la Salud Pública, pero ¿dónde está la Salud
Pública?
Joan Benach es
profesor, investigador y salubrista (Grup Recerca Desigualtats en Salut,
Greds-Emconet, UPF, JHU-UPF Public Policy Center), GinTrans2 (Grupo de
Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (UAM).
Fuente:
Represión de las protestas contra Trump .
Represión a las protestas contra Trump deja un
muerto y 45 detenidos
HispanTV / La Haine
Este fin de semana varias ciudades de EE.UU. fueron
escenario de protestas contra el Gobierno y violencia policial, que se saldó
con un muerto y 45 detenidos.
Además de una persona que murió la noche del sábado
tiroteada durante una marcha del movimiento “Black Lives Matter” en Austin
(Texas), la Policía estadounidense también detuvo a por lo menos 45 personas en
un día en las manifestaciones.
“La policía ha realizado 45 detenciones en relación con los
disturbios en el distrito este. Un total de 21 agentes sufrieron heridas
después de ser golpeados con ladrillos, piedras y otros materiales”, explicó el
domingo la Policía de Seattle a través de su cuenta de Twitter.
Estos comentarios se produjeron en momentos que varias
ciudades de Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, Nueva York, Austin o
Richmond habían sido en las últimas 24 horas escenario de masivas protestas
contra el presidente estadounidense Donald Trump, así como la brutalidad
policial en este país.
Esta nueva noche de disturbios, se vivió de forma intensa
especialmente en Seattle (estado de Washington) y Portland (Oregón), avivadas
por la decisión de la Administración Trump de reforzar la presencia de agentes
federales en algunas ciudades del país. ( No todas federales sino milicias y agentes de fronteras , mientras el ejercito se negó a salir a la calle ) (1)
Las fuerzas antidisturbios se enfrentaron a los
manifestantes en las afueras de una cárcel juvenil en Seattle, dispersándolos
con gases pimienta y lacrimógenos. Por tanto, algunos de los manifestantes
levantaron paraguas para evitar ser alcanzados por el gas pimienta.
Las protestas en curso en EE.UU. estallaron a partir del
pasado 25 de mayo, por la muerte de George Floyd, un afrodescendiente desarmado
que fue asesinado a manos de un agente de la Policía de Mineápolis (Minesota).
No obstante, la gestión del inquilino de la Casa Blanca ante las
manifestaciones ha generado una ola de críticas en el país.
El magnate neoyorquino, además de agudizar la situación al
tachar de “matones” a los manifestantes y amenazar con ordenar que les disparen
si no cesan las marchas, ha ordenado enviar fuerzas federales a todos los
estados y ciudades del país gobernados por “los demócratas liberales” que
protestan contra el racismo y la violencia policial.
Según varios analistas, las protestas antirracismo en EE.UU.
preocupan a Trump porque “están profundizándose y se deben a problemas muy
estructurales” del país.
Durante una protesta pacífica celebrada la semana pasada en
Los Ángeles (EE.UU.), un hombre negro en silla de ruedas fue golpeado y
detenido por la fuerza luego de que los agentes arremetieran de manera violenta.
Un vídeo divulgado del incidente muestra al hombre
identificado más tarde como Joshua Wilson, de 34 años, cayendo de su silla de
ruedas mientras los oficiales lo golpean. Según informes, Wilson ha sido
liberado después de pagar una fianza de 35 000 dólares, por haber luchado
contra los policías que lo atacaban (2).
Nota (1) ..Recordemos este artículo en el The New York Times.
https://www.nytimes.com/es/2020/07/22/espanol/opinion/portland-protestas-trump.html
Nota (2)Ver video en el enlace ..https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/video-represion-a-las-protestas
martes, 28 de julio de 2020
La represión de la prensa en USA .
Un periodista es detenido cada cuatro días en Estados Unidos
En lo que llevamos de año, organizaciones en defensa de la libertad de expresión han contabilizado 176 ataques a la prensa y se investigan otros 200, una cifra “sin precedentes” que contrasta con los 150 de todo 2019 o los 134 de 2018.
MANUEL RUIZ RICO
Fuente , El Público.
Cada cuatro días, un periodista es detenido en Estados Unidos. Hasta el viernes pasado (esto es, en los primeros 205 días del año), un total 50 profesionales de los medios (reporteros, fotógrafos, cámaras de televisión) habían sido arrestados por la policía. Es una cifra que no tiene precedentes en la historia reciente del país y se debe, fundamentalmente, al incremento de la tensión policial tras las protestas antirracistas y contra la brutalidad policial que se desataron tras la muerte en Mineápolis de George Floyd, el 25 de mayo. Todo esto bajo el mandato de un presidente, Donald Trump, cuyos ataques a la prensa y los medios de comunicación son recurrentes.
Ésas son las cifras que revela el US Press Freedom Tracker el programa de rastreo de las agresiones a la prensa gestionado por la Fundación de la Libertad de Prensa en colaboración con el Comité para Proteger a los Periodistas y más de doce organizaciones vinculadas al periodismo y la libertad de expresión. Las 50 detenciones contabilizadas en los primeros casi siete meses de 2020 contrastan con las nueve de todo el año pasado, las 11 de 2018 y las 38 de 2017. Con todo, en estos tres años y medio, la policía estadounidense ha detenido a 108 periodistas, una media de un periodista cada 12 días.
lunes, 27 de julio de 2020
El fascismo trumpista
La ocupación de Trump de las ciudades estadounidenses ha comenzado
Fuente .. The New York Times.
Manifestantes en Portland fueron detenidos en las calles sin orden judicial por agentes no identificados. Y se anunció que en Chicago podría suceder lo mismo. ¿Ya podemos llamarlo fascismo?
Un mes después de la toma de posesión de Donald Trump, un historiador de la Universidad de Yale, Timothy Snyder, publicó el libro superventas Sobre la tiranía: Veinte lecciones que aprender del siglo XX. Fue parte de una pequeña cascada de títulos que tenían la intención de ayudar a los estadounidenses a encontrar su rumbo a medida que el nuevo presidente atacaba la democracia liberal.
Una de las lecciones de Snyder fue: “Desconfía de las fuerzas paramilitares”. Escribió: “Cuando las fuerzas paramilitares partidarias de un líder se entremezclan con la policía y las fuerzas oficiales, ha llegado el final”. En 2017, la idea de agentes no identificados vestidos con camuflaje que se llevaran a personas de izquierda en plena calle sin órdenes de aprehensión podría haber parecido como una fantasía febril de resistencia. Ahora está ocurriendo.
Según una demanda legal presentada el viernes por la fiscala general de Oregón, Ellen Rosenblum, agentes federales “han usado vehículos particulares para manejar por el centro de Portland, detener a manifestantes y subirlos a los vehículos sin identificación de los agentes” desde al menos el martes pasado. Los manifestantes no son arrestados ni se les dice por qué están siendo retenidos.
No hay manera de conocer la afiliación de todos los agentes —han usado uniformes militares con parches que solo dicen “Policía”—, pero The New York Times reportó que algunos de ellos son parte de un grupo de la Patrulla Fronteriza “que normalmente se encarga de investigar a organizaciones de contrabando de droga”.
El gobierno de Trump ha anunciado que tiene la intención de enviar una fuerza similar a otras ciudades; el lunes 20 de julio, el Chicago Tribune reportó planes de desplegar a alrededor de 150 agentes federales en Chicago. “No necesito una invitación del estado”, dijo en Fox News el lunes Chad Wolf, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, y agregó: “Vamos a hacer eso, les guste que estemos ahí o no”.
En Portland, vemos cómo luce una ocupación como esa. Oregon Public Broadcasting reportó el caso de Mark Pettibone, de 29 años, que el miércoles pasado fue detenido en la calle por hombres no identificados, subido de manera apresurada a una miniván sin distintivos de ninguna agencia de seguridad y llevado a una celda en la corte federal. Finalmente, fue liberado sin saber quién lo secuestró.
Un agente federal le disparó en la cabeza a Donavan La Bella, de 26 años, con munición de impacto —un tipo no letal para control de multitudes—; La Bella fue hospitalizado y requirió cirugía reconstructiva. En un video ampliamente difundido, un veterano de la Marina de 53 años fue rociado con gas pimienta y golpeado después de acercarse a agentes federales para preguntarles sobre sus juramentos de defender la Constitución, lo que lo dejó con dos huesos rotos.
Existe algo particularmente aterrador en el uso de los agentes de la Patrulla Fronteriza en contra de los disidentes estadounidenses. Después del ataque contra los manifestantes cerca de la Casa Blanca el mes pasado, los militares rechazaron los intentos de Trump de usarlos en contra de los ciudadanos. Los policías de muchas ciudades están dispuestos a violentar a los inconformes, pero ellos están bajo el control de las autoridades locales. Por el contrario, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) de Estados Unidos está bajo el control de la autoridad federal, tiene líderes que son devotos fanáticos de Trump y está saturada de políticos de extrema derecha.
“No me sorprende que Donald Trump eligió a la CBP para que fuera a Portland e hiciera esto”, me dijo Joaquin Castro, representante demócrata de Texas. “Ha sido una agencia muy problemática en términos de respetar los derechos humanos y la ley”.
Es verdad que la CBP no es una milicia extragubernamental y por ello podría no encajar de manera precisa en el esquema que Snyder presenta en Sobre la tiranía. Sin embargo, cuando hablé con Snyder el lunes, sugirió que la distinción no es tan significativa. “El Estado tiene permiso de usar la fuerza, pero el Estado tiene permiso de usar la fuerza conforme a las reglas”, dijo. Estos agentes, al operar fuera de los papeles que normalmente desempeñan, se comportan, de manera evidente, sin ley.
Snyder señaló que la historia de la autocracia ofrece varios ejemplos de agentes fronterizos usados en contra de enemigos del régimen.
“Esta es una forma clásica en que la violencia ocurre en regímenes autoritarios, ya sea en la España de Franco o en el imperio ruso”, dijo Snyder. “Las personas que están acostumbradas a cometer violencia en la frontera luego son traídas para cometer violencia contra personas en el interior”.
A Castro le preocupa que debido a que los agentes no se identifican a sí mismos, grupos de extrema derecha podrían fácilmente hacerse pasar por ellos para ir en contra de sus enemigos de izquierda. “Se vuelve más probable entre más se use esta táctica”, dijo.
El viernes, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tuiteó sobre lo que pasa en Portland: “Trump y sus ‘stormtroopers’ [tropas de asalto] deben ser detenidos” (en una posible referencia a las Camisas Pardas que ayudaron al ascenso al poder de Adolf Hitler). No mencionó qué planea hacer el Congreso para detenerlos, pero la Cámara de Representantes pronto votará en torno a un proyecto de ley de asignaciones de seguridad nacional. Las personas indignadas por las tácticas de Estado policiaco del gobierno deberían exigir, como mínimo, que el Congreso retenga el financiamiento del departamento hasta que esas tácticas sean detenidas.
Durante el gobierno de Trump, ha habido un debate sobre si el autoritarismo del presidente es detenido por su incompetencia. Aquellos que piensan que la preocupación sobre el fascismo es exagerada pueden citar varias instancias en las que el gobierno ha sido criticado después de exceder sus límites. Sin embargo, con demasiada frecuencia, la Casa Blanca ha perseverado, al deformar la vida estadounidense hasta que lo que antes parecía ser la peor situación posible se convierte en el “statu quo”.
Bolivia golpe agolpe.
El Gobierno de facto posterga hasta octubre las elecciones en Bolivia
Fuentes: CLAE
Los argumentos prorroguistas no solamente se refieren a que el acto electoral podría elevar el número de casos de contagio sino, de manera velada, se amenaza con la ejecución de un segundo golpe de Estado conducido por militares cercanos a la embajada estadounidense y a los partidos neoliberales y conservadores.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) postergó las elecciones generales que habían sido programadas para el 6 de septiembre y eligió como nueva fecha el próximo 18 de octubre en base a «consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico».
La decisión, anunciada por el presidente del TSE, Salvador Romero, obedece a informes elaborados por un Comite de Científicos que responde al gobierno de facto, y que señaló en los últimos días que la pandemia de coronavirus tendrá sus picos más altos a finales de agosto y principios de septiembre.
Programados inicialmente para mayo y luego promulgados en septiembre por la presidenta interina, Jeanine Áñez, estos comicios reemplazan a los de octubre de 2019, anulados por denuncias de fraude impulsadas y orquestadas por la secretaría general de la OEA,que nunca fueron comprobadas, y que derivaron en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el pasado 10 de noviembre.
Una eventual segunda vuelta se realizaría el 29 de noviembre y una posesión de las nuevas autoridades en diciembre.
El ente comicial justificó la modificación, por tercera vez, de la realización de las elecciones debido a la crisis sanitaria agravada por la pandemia de la Covid-19 en el país. La fecha original estaba prevista para el 3 de mayo, se pospuso para el 2 de agosto y luego para el 6 de septiembre, antes de la decisión ahora de realizarlas el 18 de octubre de este año.
Los argumentos prorroguistas no solamente se refieren a que el acto electoral podría elevar el número de casos de contagio sino, de manera velada, se amenaza con la ejecución de un segundo golpe de Estado conducido por militares cercanos a la embajada estadounidense y a los partidos neoliberales y conservadores.
Sin embargo, las movilizaciones de los sectores populares en todo el país han conseguido que importantes grupos de jefes, oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas se pronuncien públicamente contra la mala gestión del Gobierno, el que prácticamente ha dejado abandonada a la población frente a la pandemia, señala el analista Eduardo Paz Rada.
Un nuevo golpe llevaría a una situación de enfrentamiento con el pueblo movilizado. Tras el golpe de Estado de noviembre de 2019 se produjeron las masacres de Senkata en El Alto y Sacaba en Cochabamba, cuando murieron más de 30 personas y quedaron heridas cerca de un millar. A partir de ese momento se produjo también la persecución y detención de centenares de dirigentes políticos y sociales.
La crisis económica ha dejado sin trabajo a más del 20% de la población económicamente activa, la recesión alcanza niveles elevados, el gobierno ha paralizado la inversión pública y la tendencia al aumento de la pobreza y la extrema pobreza es evidente. A esto se suman los hechos de corrupción en la compra de insumos médicos y en las empresas estatales Entel e YPFB, entre otros.
Paz Rada señala que el discurso de ministros, autoridades y medios de comunicación en sentido de que los masivos sectores de la población que incumplían la cuarentena y salían en busca de trabajo, medios de subsistencia y realización de pequeñas actividades comerciales y productivas eran “ignorantes” y “masistas” y por esa razón se infectaban del virus, se volcó radicalmente porque ocho ministros, más de una decena de viceministros y otras autoridades han sido quienes han contraído la enfermedad.
Más aún, la propia autoproclamada presidenta, Jeannine Áñez, tiene coronavirus y gobierna desde su aislamiento en la casa presidencial. La diferencia es que estas autoridades tienen pruebas de contagio, médicos, fármacos, terapia intensiva y atención especializada, de las que carece la población
La autoridad electoral afirmó que esa determinación no requiere del envío de un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa para avalar la nueva fecha del proceso electoral, ya que, según Romero, el Tribunal actúa en el marco de la ley y sus competencias constitucionales.
La decisión se dio a conocer luego de una serie de demandas de postergación por parte de distintos frentes políticos de derecha y ultraderecha. Incluso la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez se refirió al tema en las últimas horas al manifestar que espera que se pueda ir a las urnas cuando la población «no sienta peligro». Los que sienten peligro de ser exopulsados por el voto son los golpistas.
El depuesto presidente Evo Morales, habló de un «nuevo golpe a la democracia» y dijo que la postergación de la fecha de elecciones, ilegal e inconstitucional, solo provocará un mayor sufrimiento al pueblo boliviano porque prolonga la agonía del gobierno en un mar de incapacidades y ambiciones que le impidió, en ocho meses, tomar medidas para manejar la catástrofe humana y económica actual».
Añadió que el único órgano del Estado que puede modificar ese plazo es la Asamblea Legislativa Plurinacional, escribió Morales en Twitter donde reafirmó que el anuncio del TSE fue unilateral. Denunció que el gobierno de facto quiere ganar más tiempo para continuar con la persecución contra dirigentes sociales y candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Sin embargo, desde hace varios días, varias organizaciones políticas alertan que son argucias para prolongar la permanencia en el poder de la presidenta de facto, Jeanine Añez, y evitar un eventual regreso al gobierno del MAS con el candidato Luis Arce.
Mientras, las organizaciones populares coordinadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, que reúne a campesinos, indígenas, mujeres y vecinos de los barrios marginales de las grandes ciudades, se movilizan y luchan por la supervivencia cotidiana, la recuperación de la democracia y la realización inmediata de los comicios.
Diversas encuestas establecen que los candidatos del Movimientos Al Socialismo (MAS), Luis Arce y David Choquehuanca, ganarían las elecciones en una primera vuelta frente a los candidatos de la derecha de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, y de JUNTOS, la presidenta de facto Jeannine Áñez y Samuel Doria Medina.
Luis Arce hizo referencias a una encuesta interna del MAS que le daba importante ventaja electoral, varios partidos y los ultraconservadores Comités Cívicos han comenzado una acción con el objetivo de que el TSE anule la personería jurídica del MAS y no participe de los comicios después que no pudieron sustentar y comprobar la denuncia de fraude en las elecciones de octubre de 2019, cuando ganó las elecciones Evo Morales en primera vuelta
*Sociólogo y periodista bolivano, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Y ver..
" ¿Hasta cuándo EEUU y la UE serán cómplices de un gobierno de facto que no se quiere ir, que reprime a los movimientos sociales y que genera pánico psicológico en la población mediante la manipulación del Covid-19? "
https://rebelion.org/el-silencio-complice-de-eeuu-y-la-ue-en-los-planes-prorroguistas-en-bolivia/
y ver ..https://actualidad.rt.com/actualidad/361408-marchas-masivas-bolivia-miles-protestan
" ¿Hasta cuándo EEUU y la UE serán cómplices de un gobierno de facto que no se quiere ir, que reprime a los movimientos sociales y que genera pánico psicológico en la población mediante la manipulación del Covid-19? "
https://rebelion.org/el-silencio-complice-de-eeuu-y-la-ue-en-los-planes-prorroguistas-en-bolivia/
y ver ..https://actualidad.rt.com/actualidad/361408-marchas-masivas-bolivia-miles-protestan
domingo, 26 de julio de 2020
Los propagandistas del odio.
Diario negro contra Podemos: de la mentira en portada a la
agresión en la calle
Esos comportamientos periodísticos infames que atentan
contra cualquier código ético y deontológico acaban poniendo una diana en la
cara de los responsables políticos de Unidas Podemos
Antonio Maestre
La línea editorial de muchos medios de comunicación
considera peligroso el discurso económico de Unidas Podemos. Es algo conocido
desde la aparición morada en 2014 en el panorama político español, de manera
legítima pueden considerar sus posiciones tan nefastas como para combatirlas de
manera crítica. Es aceptable e incluso conveniente para la pluralidad
informativa y de opinión, pero cuando esa línea editorial transgrede la verdad
de forma grotesca pierde toda legitimidad hasta convertirse en uno de los
grandes problemas de nuestra democracia.
La deslegitimación y la deshumanización han sido dos claves
fundamentales del pensamiento mediático conservador para desestabilizar a
Podemos cuando aspiraba a gobernar, algo que se atenuó cuando consideraron que
dejaba de ser un riesgo y que ha vuelto a enardecerse con motivo de la
capacidad que está mostrando Unidas Podemos para aprobar medidas que implican
la reducción de beneficios para sus dueños. Esta semana se han producido varios
hechos que muestran el nivel de desprecio a la verdad que mueve la información
periodística de algunos de esos medios para hacerla pasar de legítima a
indecente.
La portada de El Mundo decía que Irán había inyectado 9,3
millones de euros a la productora de Pablo Iglesias. Venía firmada por Fernando
Lázaro, un habitual de estos petardos periodísticos, que también fue uno de los
periodistas firmantes de la noticia falsa de la cuenta en Suiza de Xavier
Trías. El titular de la noticia se veía reducido en el cuerpo, de la productora
de Pablo Iglesias se pasaba a decir que estaba vinculada a Podemos hasta acabar
indicando que era la productora de la que cobraba Pablo Iglesias. De ser el
dueño de la productora en el titular pasa a ser un autónomo que factura con esa
empresa al final de la noticia. Sin ruborizarse.
La portada dista mucho de ser cierta. De hecho es
manifiestamente falsa. La productora no es de Pablo Iglesias, sino que está
dirigida por Mahmoud Alizadeh Azimi, que es el encargado de producir los
contenidos en España de Hispan TV, de capital iraní. Pablo Iglesias simplemente
facturaba la realización de Fort Apache y el importe de esa facturación fueron
93.000 euros brutos en tres años. Nada que ver con esos 9,3 millones, que son
el dinero que maneja la productora en sus muchos trabajos en España.
En algunos de esos proyectos han participado insignes
artistas, algunos de ellos muy patrióticos. 360 Global Media es una productora
que ha trabajado en España con Bertín Osborne, Marta Sánchez, Alejandro Sanz o
Nena Daconte, que está casada con un miembro del PP. Pero es que además esa
misma noticia ya fue publicada por Okdiario en 2016. La misma, sin cambio
alguno: “La TV de Pablo Iglesias ha recibido 9,3 millones del Gobierno de Irán
desde paraísos fiscales”. La noticia era igual de falsa en 2016 que en 2020,
pero al menos hace cuatro años era una novedad. De hecho, la querella de Manos
Limpias por esos hechos ya fue desestimada en febrero de 2016 por considerar el
juez que no había nada constitutivo de delito.
La noticia falsa, y plagiada a Okdiario cuatro años después,
llevaba aparejado un editorial que acababa con esta frase: “Las cloacas del
partido del vicepresidente huelen cada vez peor”. La confesión involuntaria de
la campaña contra Podemos es esa, negar la existencia de unas cloacas de las
que El Mundo formó parte con algunos de sus periodistas y que publicaron
informaciones falsas creadas desde una organización policial corrupta dirigida
por adversarios políticos. Porque ese sí es un hecho incontestable, la
existencia de esas cloacas. Negarla acusando a la víctima de victimario es
asegurarse salvar el propio pellejo. Sirva como colofón que una de las
periodistas estrella de El Mundo participó, cuando ya se cobraba por hacerlo,
en Fort Apache sin que eso sea motivo para acusarla de estar financiada por
Irán. Porque entonces tendríamos que acusar a Fernando Lázaro de estar
financiado por el dictador Teodoro Obiang al cobrar de la empresa a la que
Guinea Ecuatorial mete publicidad.
La campaña de difamación ha tenido actores necesarios en
otros sectores, también jueces y fiscales, y de ello se han servido varios
medios para no dar tregua al acoso y derribo. Siempre con el nexo común de
negar la existencia de unas cloacas del Estado que precisa de colaboradores en
algunos medios. La mejor defensa es siempre un buen ataque. El caso Dina ha
sido la última excrecencia de ese tipo de actuaciones. Darle la vuelta a un
caso en el que Pablo Iglesias era parte perjudicada para hacerle aparecer ante
la opinión pública como culpable. Todo basado en que Pablo Iglesias habría
destruido la tarjeta de Dina Bousselham antes de entregársela. Esa acusación se
desmoronó como un castillo de naipes esta semana cuando la empresa encargada de
haber analizado la tarjeta Micro SD del móvil de Bousselham remitió un informe
asegurando que la tarjeta llegó a ellos físicamente intacta. Es decir, Pablo
Iglesias se la entregó a Dina sin dañar. Los medios de comunicación que han
hecho de esa acusación una campaña feroz no solo no se disculparon, sino que
volvieron a retorcer los hechos. La verdad nunca les ha interesado. La realidad
es solo un estorbo para su fin, que ya no es periodístico, sino político.
Estas campañas no caen en saco roto. Puede que no consigan
el objetivo principal de derrocar a Pablo Iglesias y descabalgarlo del
gobierno, pero convierten en enemigo al adversario político a ojos de la
opinión pública más radicalizada. Cuando se deshumaniza al rival todo está
justificado en su presencia. Por ello esos comportamientos periodísticos
infames que atentan contra cualquier código ético y deontológico acaban
poniendo una diana en la cara de los responsables políticos de la formación
morada. Las mentiras en portada terminan legitimando que se golpee el coche de
Yolanda Díaz al grito de “cerda” y “zorra” y que echen a Juan Carlos Monedero
de un bar entre insultos de “maricón de mierda”. Es el diario negro contra
Podemos, aquel que convierte la disensión y la crítica en señalamiento público
con noticias falsas. Propagandistas del odio.
https://www.eldiario.es/opinion/diario-negro-mentira-portada-agresion-calle_129_6128051.html
y ver ..
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/31/dos_meses_escraches_diarios_pablo_iglesias_109274_1012.html
y ver ..
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/07/31/dos_meses_escraches_diarios_pablo_iglesias_109274_1012.html
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